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LAS FALLAS DEL FALLO SOBRE EL PLEBISCITO

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Los términos del fallo de la Corte Constitucional sobre el plebiscito nos confirma la presunción de que el proceso de paz del Gobierno Santos apunta a cambiar profundamente todo el ordenamiento del país, incluido el himno nacional.

Nunca se le prestó suficiente atención en el debate sobre las negociaciones de paz a la tesis esgrimida por el Alto Comisionado de Paz, el filósofo Sergio Jaramillo, según la cual para hacer la paz es necesario tomar medidas extraordinarias y excepcionales en el periodo de transición que estaría ya comenzando y que consiste en crear las condiciones para realizar todo lo acordado en La Habana: “La excepcionalidad. Los efectos de 50 años de conflicto no se pueden reversar funcionando en la normalidad. Tenemos que redoblar esfuerzos y echar mano de todo tipo de medidas y mecanismos de excepción: medidas jurídicas, recursos extraordinarios, instituciones nuevas en el terreno que trabajen con suficiente intensidad e impacto para lograr las metas de la transición”. En este postulado cabe desde la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) con su Tribunal omnímodo, hasta un golpe de estado.

El fallo es, en tal dirección, un paso significativo en el propósito de refundar el Estado colombiano promovido e impuesto por las FARC, pues lo que diga la Corte es incuestionable y por lo mismo, los acuerdos quedarán blindados excepto que suceda algo extraordinario, como que en el plebiscito triunfe de manera aplastante el NO. La Corte, no sé si en conciencia, se clavó un mortífero puñal puesto que cuando entre en funciones el Tribunal de la JEP, el sistema judicial colombiano queda subordinado o suplantado.

Pero, la principal falla del fallo radica en haber aceptado, so pretexto de que la ley no dice nada al respecto, que una minoría (13%) tome decisiones trascendentales para el país. Se olvidó la Corte que cuando la ley no dice nada sobre una cuestión se debe aplicar el criterio utilizado en caso similar. En cambio, la Corte nos deja un pésimo ejemplo de democracia al estatuir que las minorías son más poderosas que las mayorías.

Otro problema que la Corte dejó sin resolver fue el relativo a la pregunta del plebiscito, que en todo caso será una sola, negándole a la ciudadanía la opción de expresar su parecer con un sí o un no sobre temas muy diversos y de distinto calibre, de discernir para votar sí en unos casos y no en otros.

Un último fallo es el referente a la decisión de prohibir la financiación estatal de las campañas, en cuanto el sector que apoya el SI es claramente beneficiario desde hace buen tiempo de prerrogativas que se derivan del ejercicio del poder: publicidad de todos las dependencias oficiales a favor de la paz gubernamental, asignación de partidas de inversión (mermelada) vía congresistas, amenazas veladas y directas a alcaldes y gobernadores de cancelación de obras y compromisos en caso de no colaborar con el sí.

El panorama y las condiciones son pues ampliamente favorables al presidente Santos. El Congreso arrodillado, la Constitucional a su favor, los grandes medios ni se diga, el empresariado temeroso de represalias. Y por eso, la batalla por obtener el apoyo ciudadano por el NO se librará en condiciones bastante adversas.

 No obstante, considero que aislarnos de las gentes, de esa opinión con la que podemos aspirar a la derrota de la paz entreguista, sería un error gravísimo. Perderíamos una oportunidad y un espacio para hacernos escuchar en el país y en el exterior. Si nos abstenemos no podremos preciarnos de nada y le dejaremos la vía libre a la paz impune. La abstención  en Colombia es un mal crónico que deslegitima la democracia y que, además, deja el camino expedito a quienes, así sea con pocos votos, imponen sus propuestas.

La abstención en este caso, nos aislaría de millones de seguidores que están alertas en la defensa de los valores republicanos, de la justicia y de la democracia. Decirle a esa opinión que nos vamos a abstener es como paralizarlos, ponerlos en el lugar de espectadores de un gran fraude que legitimará el triunfo del sí sin resistencia.

El plebiscito, no obstante sus limitaciones, es una oportunidad para hablar con las gentes, para llegar donde no hemos podido ir, para darle a conocer al mundo y a la nación las poderosas razones que tenemos para decirle NO a una paz impune. El plebiscito es una de las tantas batallas que habremos de librar para evitar el triunfo de la paz engañosa y entreguista Santos-FARC.

Coincido con quienes caracterizan esta convocatoria como fraudulenta, también eran fraudulentas las que hacía el chavismo en Venezuela, pero, tengamos en cuenta que si no apostamos a ganar con el NO, el gobierno ganará más fácil el plebiscito y en tal sentido, nuestra Resistencia Civil tendremos que librarla en peores condiciones y con menos garantías.

Lo correcto, entonces, es participar en el evento, no dejarle el camino libre al Gobierno. Los que consideramos que este proceso quedó mal hecho y es inconveniente para la nación, debemos oponernos por la vía civilista, y el plebiscito es una de ellas.

Darío Acevedo Carmona, julio 25 de 2016

Comentarios

  • La estrategia se parece a la aplicada en VEnezuela pero ya prfeccionada: el TRibunal Ad HOC lo crean previsivamente alla. En Venezuela lo "tomaron" inconstitucionalmente. Me gustaria enviarle un trabajo sobre el tema.
    DE ENERO 19 A AGOSTO 3 DE 1999
    ( primera ruptura con el ordenamiento jurídico)
    En el ordenamiento jurídico venezolano no se encontraba previsión expresa alguna que previera la formación de una asamblea constituyente.
    Consecuente con el régimen de democracia representativa que consagraba, como sistema político imperante, la Constitución de 1961 preveía la reforma general y la enmienda, por el Poder Legislativo central y las asambleas legislativas de los estados, como procedimientos para implementar cambios en la norma fundamental, lo que, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico resultaba un impedimento para la pretensión presidencial de que se efectuara una reforma constitucional por un órgano distinto al Congreso de la República como lo era una asamblea nacional constituyente. Así, la Fundación para los Derechos Humanos (Fundahumanos), entre otros, interpuso ante la Sala Político Administrativa de la ahora extinta Corte Suprema de Justicia, un recurso de interpretación respecto al articulo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (Referéndum consultivo) en concordancia con el articulo 4 de la Constitución entonces vigente, a los efectos de que, por interpretación constitucional, se subsanara el vacío de regulación relativo a la posibilidad y modos de convocatoria de una asamblea constituyente.
    El 19 de enero de 1999, la Sala Político Administrativa de la ahora extinta Corte Suprema de Justicia, en ponencia del Magistrado Humberto La Roche, determinó que el alcance del referéndum consultivo consagrado por el articulo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, “es que a través del mismo puede ser consultado el parecer del cuerpo electoral sobre cualquier decisión de especial trascendencia nacional distinto a los expresamente excluidos por la propia Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política en su artículo 185, incluyendo la relativa a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”. Consideró el sentenciador que, no obstante la ausencia de previsión constitucional expresa al respecto, la concepción del pueblo como detentador de la soberanía y, por ende, del poder constituyente originario, así lo permitían, concluyendo que “la soberanía popular se convierte en supremacía de la Constitución cuando aquella, dentro de los mecanismos jurídicos de participación, decida ejercerla”
    Dicha sentencia se refiere a la soberanía detentada por el pueblo. La concepción de soberanía tiene distintas acepciones. En una concepción política del término, se establece una equivalencia entre independencia absoluta y soberanía, constituyendo un elemento de la doctrina de la no-injerencia. Pero también alude dicho término, a la titularidad originaria del poder por la nación, de cuya determinación dependerán los principios que han de regir el ejercicio de ese poder en el Estado de que se trate. Cuando se entiende que la consecución del bien común, entendido éste como el de quienes conforman la unidad política de la nación, es el fundamento del poder estatal, serán los principios de la democracia los que impregnarán el orden constitucional del Estado de que se trate. Pero cuando se entiende que la adhesión a un líder carismático es el elemento constitutivo esencial de la autoridad estatal que, a su vez, se sustenta en el monopolio de la coacción y de la fuerza, será la dictadura o el régimen totalitario el sistema político que regirá ese Estado.
    En la tesis de Rousseau, de la soberanía popular absoluta, según la cual el poder del Estado se deriva exclusivamente de la voluntad del pueblo entendido como suma de individualidades, de la cual depende absolutamente, por lo que el pueblo puede recabarlo para si en cualquier momento (El derecho a la revolución está por encima de la legitimidad) los principios de la democracia directa y participativa regirían al Estado, pero la imposibilidad práctica de aplicación de esa tesis a una nación, llevaron a Sieyes a afirmar que es el pueblo como unidad política distinta de las individualidades que la componen, como nación, el detentador de la titularidad del poder estatal, quien lo delega, distribuido, en sus representantes, pudiendo retomar su ejercicio directo cuando así lo decida, como poder constituyente originario no sujeto a normativa alguna emanada de ningún poder constituido ni derivado. El voto es concebido como un derecho, y no como un deber, del ciudadano. Se pretende que son estos últimos los principios que, de conformidad con la Constitución de 1999, impregnan el sistema de democracia participativa y protagónica, directa, imperante en la República de Venezuela después de la promulgación de la Constitución de 1999. La tesis de Rousseau, de la soberanía absoluta, subyace en los artículos 333 y 350 de la Constitución. Este concepto de la soberanía popular absoluta pero con la “innovación” que configura una petición de principio, de considerarla Integra e ilimitadamente “transferida” por el pueblo a la Asamblea Nacional Constituyente, aparece como el criterio justificante tácita y reiteradamente adoptado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para fundamentar la desestimación de múltiples acciones judiciales interpuestas contra actos de la dicha Asamblea. Esa concepción “oficialista”, por distinguirla de alguna manera, se diferencia de la de democracia representativa consagrada en la Constitución venezolana de 1961, en que de conformidad con ésta, el ordenamiento jurídico constitucional es siempre el limite del poder del pueblo cuyo ejercicio directo y anárquico fundado en la soberanía popular absoluta, es inaceptable, lo que no obsta para que se adopte, de quererlo así el pueblo, un nuevo orden constitucional, pero siempre dentro de los mecanismos legalmente previstos, en el entendido de que, mientras no existe el nuevo orden jurídico, rige el establecido, que, sin embargo, no limita a la Asamblea Constituyente en la configuración jurídica de un Estado inédito, de ser ese su objetivo. Ello determinó y explica que la decisión judicial parcialmente transcrita “supra” de 19 de enero de 1999, se refiriera expresamente al ordenamiento jurídico entonces en vigor a la vez que a la libertad del soberano en cuanto se refiera a la estructuración de un nuevo Estado, afirmando que la soberanía popular se transforma en supremacía constitucional “cuando aquella, dentro de los mecanismos jurídicos de participación, decida ejercerla”
    En efecto, la Constitución puede concebirse como el conjunto de normas aceptadas por la nación para regir la organización del Estado y los derechos ciudadanos. Determina, pues, el contexto de los poderes públicos y sus atribuciones, distribución entre distintos poderes públicos y órganos de gobierno que garantiza la supremacía de la nación, al determinar el control de unos poderes sobre los otros. En sentido formal es el texto fundamental, jerárquicamente superior a cualquier otra fuente de derecho, por el cual se rige un Estado específico. Es, entonces, la nación, como entidad distinta de sus componentes individuales, quien detenta el poder constituyente originario, la soberanía, que, de conformidad con la Constitución venezolana de 1961 (Artículo 4) y con la de 1999 (Artículo 5) es intransferible. Si bien es cierto que el poder constituyente originario es autónomo en cuanto al procedimiento que adopte para redactar el texto constitucional y en cuanto al contenido del mismo, no es menos cierto que, ante la imposibilidad práctica de redactar, por sí misma, el texto constitucional, al designar una asamblea constituyente delega o encarga de ello a determinados representantes y, necesariamente por ser intrínseco a la institución de la delegación de poder, limita la delegación, cualitativa y cuantitativamente, en los ámbitos temporal y material, a las competencias o atribuciones expresamente señaladas. Es así que algunos tratadistas extranjeros (Vid. André Hauriou y Jean Gicquel. Droit Constitutionnel et Institutions Polítiques. Septieme Edition. Editions Montchrestien. Paris. 1980. PP. 336 ss. / Philippe Georges. Droit Public. Notions Essentielles. 8° Edition. Editions Dalloz –Sirey. Paris 1992. PP. 26 ss.) distinguen entre la asamblea constituyente ad hoc (Estados Unidos de América) cuyo objeto será exclusivamente la creación del texto constitucional y la asamblea constituyente y legislativa con competencia para dictar leyes (Francia). La asamblea constituyente podrá ser soberana, en tanto que se le atribuya competencia para establecer la obligatoriedad del cumplimiento de la nueva Constitución o, de ser el caso, de ésta y de las leyes que deba dictar, o limitada, cuando el proyecto que elabore, como ocurrió en el caso venezolano y en España en 1978, deba ser sometido a aprobación popular posterior mediante referendo.
    El poder constituyente será entonces originario, es decir, propio de su detentador e inmanente a la existencia de éste, por contraposición al instituido o derivado -como lo llamó Sieyés - que ejercen los representantes electos y que es, en consecuencia, condicionado, en el sentido de que esos representantes si bien no actúan como mandatarios, deben actuar atendiendo a su propio criterio del interés nacional pero dentro de los límites legales, temporales y materiales de sus competencias, quedando sujetos al control de “el soberano” o sus representantes legítimos.
    Ahora bien, como afirma Johannes Messner ( “Ética social, política y económica a la luz del derecho natural” Rialp Navarra S.A. de Ediciones, Madrid, 1967, pp. 943 ss.) la concepción del Estado totalitario moderno se apoya ideológicamente en una concepción colectivista del mundo que exige la total subordinación de la personalidad humana individual y de las unidades sociales a los fines colectivos así como se apoya, sociológicamente, en la afirmación de la posibilidad de organización de una sociedad de masas para los fines que determine el titular del poder, el líder, cuya permanencia presupone la unidad ideológica de una mayoría de la población y la existencia de un aparato estatal muy desarrollado. Este Estado totalitario, en la teoría de la revolución, es manejado por un partido único que controla todos los poderes. La denominada por el actual gobierno de Venezuela “revolución pacifica” pretende establecer un régimen de partido único bajo el amparo de la promulgación de una Constitución democrática cuya interpretación y aplicación, una vez establecido el régimen, dependerán de lo que el partido y su líder consideren ser las necesidades del colectivo y la misión histórica de la nación. Tal es un régimen sin independencia, equilibrio ni control entre poderes públicos pero que crea la apariencia de legitimidad del régimen democrático y, por ende, aceptado por la comunidad internacional.
    Dictada por la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, la citada decisión de 19 de enero de 1999, el presidente, Hugo Chávez Frías, en la Gaceta Oficial de la República N° 36.634 de 2 de febrero de 1999, hizo promulgar el Decreto N°3 , mediante el cual decretó la realización de un referendo “para que el pueblo se pronuncie sobre la convocatoria de una asamblea nacional constituyente”, determinando que “El instrumento electoral contendrá las siguientes preguntas que serán contestadas con un ¨si" o un "no" :
    Primera: ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una Democracia Social y Participativa?
    Segunda: ¿Autoriza usted al Presidente de la República para que, mediante un Acto de Gobierno fije, oída la opinión de los sectores políticos, sociales y económicos, las bases del proceso comicial en el cual se elegirán los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente?
    Del texto mismo del decreto anteriormente transcrito, se evidencia la voluntad del presidente de obtener del pueblo, mediante un referéndum, poderes de extraordinaria amplitud, absolutos – que lo equipararían a un dictador o a un emperador de los tiempos pasados- lo que resultaba incompatible con el régimen de democracia directa y participativa que decía promover. No obstante, tecnicismos de esa entidad no están, por deficiencias culturales y educativas, al alcance de la comprensión inmediata de la mayoría de la población en Venezuela, que en ningún caso elegiría a conciencia la instalación de un régimen dictatorial y menos aún, de corte totalitario.
    El 7 de febrero de 1999, el diario El Universal publico una entrevista realizada al entonces Provincial de los Jesuitas Arturo Sosa SJ., titulada Es plebiscitario el decreto sobre la constituyente en la que expresa que “siento que hay un deseo de darle a la Constituyente un poder absoluto. Lo que se propone en esta pregunta es que ese poder originario que se atribuye al pueblo, se le traspase a la Asamblea y allí esta el peligro… entonces se puede hacer cualquier cosa, como disolver los poderes constituidos. …” Otros artículos fueron publicados sobre el mismo tema, El universal 5 de febrero de 1999, declaración de Hugo Chávez sobre la irrelevancia de las posibles ilegalidades del Decreto; El Nacional 7 de febrero de 1999, Crónica, de Jorge Olavarría tituladas ”La Historia Viva” “ La gran oportunidad” “La clave “ y “La pregunta”.
    Como consecuencia del referido decreto, el Consejo Nacional Electoral, dictó la Resolución Nº 990217-32 de fecha 17 de febrero de 1999, convocando el referéndum para el 25 de abril de 1999, en los términos siguientes:
    “RESUELVE
    PRIMERO: Convocar para el día 25 de abril del año en curso, el Referéndum para que el pueblo se pronuncie sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, de conformidad con el Decreto Nº 3 de fecha 02 de febrero de 1999, dictado por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros.
    SEGUNDO: Las preguntas que deberán responder los votantes, positiva o negativamente, son:
    1. ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa?.
    2. ¿Autoriza usted al Presidente de la República para que mediante un Acto de Gobierno fije, oída la opinión e los sectores políticos, sociales y económicos, las bases del proceso comicial en el cual se elegirán los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente?
    TERCERO: El Consejo Nacional Electoral ejecutará todos los actos necesarios para la celebración del Referéndum.
    Resolución aprobada por el Cuerpo en sesión celebrada de fecha 17 del mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve.”
    La primera de las preguntas formuladas, que se mantuvo idéntica hasta la realización del referendo respectivo y resultó aprobada por la mayoría absoluta de los votos válidos escrutados, consultó al pueblo sobre la conveniencia de convocar una Asamblea Constituyente, “con el propósito” de transformar el Estado y el de la creación de un nuevo ordenamiento jurídico, para lo cual se le encomendó, en las bases comiciales sometidas a consulta que forman parte inseparable del texto que incluye la primera pregunta comentada, la redacción de un proyecto de Constitución en un plazo máximo de seis meses a contar a partir de la instalación de la Asamblea y el sometimiento del proyecto a la aprobación popular posterior, es decir que, puesto que el Estado venezolano ya existía, por lo que no podía hablarse de la creación de un nuevo Estado, a la Asamblea se encomendó una renovación en la fundación del Estado mediante la redacción de un proyecto para una nueva Constitución, como norma fundamental jerárquicamente superior a toda otra norma, a la cual habría de supeditarse todo el ordenamiento jurídico subyacente. No faculta dicha pregunta a la Asamblea Nacional Constituyente que se constituyere – valga aquí la redundancia- para dictar leyes ni tampoco para reestructurar, en manera alguna, a los poderes públicos constituidos, los cuales, electos directamente por el pueblo, debieron mantenerse hasta la entrada en vigencia de la nueva Constitución y, de ser el caso, del régimen de transición, que resultaren aprobados por el pueblo, como en definitiva se estableció en las bases comiciales aprobadas en el primer referéndum que se realizó.
    Contra los indicados decreto y resolución, se intentaron múltiples acciones por inconstitucionalidad de las atribuciones auto-asignadas por el Presidente para dictar las bases comiciales y por la poca claridad de las preguntas a formular al pueblo en la oportunidad de celebrarse la consulta referendaria. Tales acciones judiciales fueron, muchas de ellas, desechadas por la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia por razones de procedimiento, concretamente, porque, en criterio del ponente, el citado decreto “se trata de un acto no recurrible directamente por la jurisdicción contencioso administrativa ya que su examen solo podría efectuarse a través del acto administrativo revisor que le otorga eficacia externa que en este caso es el Consejo Nacional Electoral …” es decir, que de acuerdo con el criterio de esa Sala, la constitucionalidad o ilegalidad de un decreto del Presidente de efectos generales, debería ser revisado por un organismo de rango inferior.
    No obstante, entre esas acciones procedió el recurso contencioso electoral interpuesto el 3 de marzo de 1999, por el abogado Gerardo Blyde, ante la misma Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, declarado con lugar en sentencia dictada el 18 de marzo de 1999, anulando la segunda pregunta contenida en la resolución impugnada, ordenando al Consejo Nacional Electoral reformular el contenido de dicha pregunta, con fundamento en que “... es la Constitución vigente la que permite la preservación del Estado de Derecho y la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente, en caso de que la voluntad popular sea expresada en tal sentido en la respectiva consulta. Así se declara.
    En lo tocante a la inconstitucionalidad alegada, y vista la entidad y trascendencia del asunto planteado, esta Sala procede a emitir pronunciamiento acerca de la cuestión de fondo, independientemente de los alegados vicios formales.
    Ya este Máximo Tribunal en su sentencia del 19 de enero de 1999, al pronunciarse sobre el alcance del artículo 4º constitucional, estableció que el mismo consagra el principio de la representación popular, al declarar que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través de los órganos del poder público, conservando indudablemente la facultad de decidir directamente sobre aspectos para los cuales no haya efectuado delegación.
    Insistió la Corte, en que la posibilidad de delegar la soberanía mediante el sufragio en los representantes populares, no constituye un impedimento para el ejercicio directo del poder en materias en las cuales no existe previsión expresa de la norma, conservando así el pueblo su potestad originaria para casos como el de ser consultado en torno a materias objeto de un referendo.
    Y, ese ejercicio de soberanía no delegado encuentra su cauce precisamente en los mecanismos de participación política directa, el referéndum consultivo, entre otros, como manifestación concreta que permite conocer de primera mano, cuál es la opinión del cuerpo consultado respecto a determinadas materias de evidente trascendencia nacional.
    Se entiende así, que un mecanismo de consulta directo llamado a resolver sobre materias que no han sido previamente delegadas en representantes, debe preservar, mantener y defender como principal valor, el ser fiel expresión de la verdadera voluntad popular. Tal nivel de certeza será el obligado resultado de disminuir, en tanto sea posible, instancias que medien en la expresión o exteriorización de esa voluntad colectiva.
    Dicho en otras palabras, se pretende obtener una expresión popular lo más diáfana posible, lo más cercana al reflejo de voluntad de las mayorías, que implica ineludiblemente la definición de aquellos aspectos relacionados con el régimen de la Asamblea que se pretende instalar. Sólo así se consigue librar el proceso -que por su trascendencia para la vida nacional debe gozar de la plena confianza del colectivo- de toda sombra de dudas o falsas interpretaciones que deriven en un resultado inaceptable.
    Entonces, es indispensable, que formulada la pregunta sobre la conveniencia de instalar una Asamblea Nacional Constituyente, proceda a consultarse sobre aquellas reglas fundamentales que detallen su organización y régimen general.
    La Resolución impugnada en la segunda pregunta, a que se refiere su artículo 2, ignoró tales postulados al pretender delegar, en el ciudadano Presidente de la República, la fijación de las bases del proceso comicial por el que se elegirán los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente; de allí, concluye la Sala, en su inconstitucionalidad, por vulneración del derecho a la participación política implícito en el articulo 50 de la Constitución de la República, como derecho inherente a la persona humana, y así expresamente se declara.
    ... omissis ...
    En efecto, se pregunta mediante ese dispositivo, si se autoriza al ciudadano Presidente de la República para fijar, mediante un acto de gobierno futuro las bases del proceso comicial, oída la opinión de los sectores político, económico y social, relacionadas con la Asamblea Nacional Constituyente. Es evidente que, en modo alguno, se está sometiendo al criterio de los electores el examen sobre una materia determinada y especifica, por el contrario lo que se persigue es que se delegue en una sola persona, la decisión sobre ese asunto, lo cual escapa al mecanismo consagrado en el articulo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, y así se declara.
    Anulado el dispositivo impugnado, corresponderá al Consejo Nacional Electoral, reformular el contenido de la pregunta N° 2 del articulo segundo de la Resolución N° 990217-32 del 17 de febrero de 1999, examinando las bases publicadas como “Propuesta del Ejecutivo Nacional que fija la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente”, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.658 de fecha 10 de marzo de 1999, y decidir sobre su incorporación al referendo consultivo. Así se declara.” (Subrayados añadidos)
    Esta sentencia fue objeto de aclaratoria, dictada el 23 de marzo de 1999, que reafirmó lo ya expresado y afirmó el carácter vinculante de la decisión, y de solicitud de ejecución, ordenada ésta por sentencia de 13 de abril de 1999, a la que nos referiremos “infra”
    El 10 de marzo de 1999, Dicha Resolución No. 990217-32 del Consejo Nacional Electoral fue recurrida por la abogado Ligia Pérez Córdoba, ante la misma Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia (Expediente No15.719 en la nomenclatura que llevaba dicha Sala) por inconstitucionalidad e ilegalidad, la Sala no consideró el Recurso que fue declinado a la futura Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, bajo el No. AA70-E-2001- 000108.
    El mismo 10 de marzo de 1999, en la Gaceta Oficial N° 36.658, fue publicada la “Propuesta del Ejecutivo Nacional que fija las bases de la Convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, analizada en el Consejo de Ministros del 9 de marzo de 1999, la cual será sometida para la aprobación del pueblo en el referéndum convocado por el Consejo Nacional Electoral a celebrarse el 25 de abril de 1999” Estas bases comiciales “propuestas” fueron modificadas en este decreto, en el cual quedaron así:
    “Primero: Se considerara aprobada la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente si el número de votos afirmativos es superior al numero de votos negativos..
    Segundo: La Asamblea Nacional Constituyente estará integrada por ciento tres (103) miembros y tendrá una conformación, unicameral, a la Asamblea Nacional Constituyente solo se elegirán representantes principales.
    Tercero: La elección de los constituyentes será en forma personalizada (por su nombre y apellido) de acuerdo al siguiente mecanismo:
    Se producirá la elección de setenta y seis (76) constituyentes de veinticuatro (24) circunscripciones regionales, coincidentes con los Estados y el Distrito Federal, de acuerdo con su número de habitantes: Amazonas, dos (2); Anzoátegui, tres (3); Apure, dos (2); Aragua, cuatro (4); Barinas, dos (2); Bolívar, cuatro (4); Carabobo, seis (6); Cojedes, dos (2); Delta Amacuro, dos (2); Falcón, dos (2); Guárico, dos (2); Lara, cuatro (4); Mérida, dos (2), Miranda, siete (7); Monagas, dos (2); Nueva Esparta, dos (2); Portuguesa, dos (2); Sucre, dos (2); Táchira, tres (3); Trujillo, dos (2); Vargas, dos (2); Yaracuy, dos (2); Zulia, nueve (9); y Distrito Federal, seis (6). El elector dispondrá de tantos votos como constituyentes se vayan a elegir en la circunscripción a la que pertenezca.
    Se producirá la elección de veinticuatro (29) constituyentes en una circunscripción nacional. El elector dispondrá de un máximo de diez (10) votos.
    Parágrafo Único: En atención al régimen de excepción que los afecta y a los comprornisos asumidos en los tratados y acuerdos internacionales, las comunidades indígenas de Venezuela estarán representadas por tres (3) constituyentes electos de acuerdo con sus costumbres y practicas ancestrales, y el mecanismo que elijan las organizaciones indígenas. El derecho de participación aquí previsto atenderá a la pluralidad de culturas existentes en las distintas regiones del Pals.
    Cuarto: La postulación de los candidatos se podrá presentar en algunas de las siguientes formas:
    Por iniciativa propia,
    Por iniciativa de los partidos políticos legalmente constituidos,
    Por iniciativa de cualquiera de los sectores de la sociedad civil interesados en participar en el proceso. En cualquiera de las formas de postulación antes señaladas se deberá cumplir con los siguientes parámetros:
    Se podrá ser candidato solo en una circunscripción, ya sea en la regional o en la nacional;
    Para ser postulado candidato en la circunscripción nacional se requiere como mínimo veinte mil (20.000) firmas de electores;
    Para ser postulado candidato en una circunscripción regional se requerirá como mínimo:
    c.1 En las entidades territoriales con mas de dos millones (2.000.000) de habitantes, diez mil (10.000) firmas;
    c.2 En las entidades territoriales que tengan entre un millón uno (1.000.001) y hasta dos millones (2.000.000) de habitantes, ocho mil (8.000) mil firmas;
    c.3 En las entidades territoriales que tengan entre quinientos mil uno (500.001) y hasta un millón (1.000.000) de habitantes cinco mil (5.000) firmas;
    c.4 En las entidades territoriales que tengan entre doscientos mil (200.000) y quinientos mil (500.000) habitantes, tres mil (3.000) firmas; y
    c. 5 En las entidades territoriales que tengan menos de doscientos mil (200.000) habitantes, mil (1.000) firmas.
    El elector solo podrá postular candidatos regionales en el circuito regional en el que esté inscrito.
    Quinto: El tiempo de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente será de ciento ochenta (180) días contados a partir del día de su instalación.
    Sexto: Para ser representante de la Asamblea Nacional Constituyente se requerirán las condiciones generales de elegibilidad: ser venezolano por nacimiento y mayor de veintiún (21) años. Los constituyentes electos gozaran de inmunidad en los términos que consagrara la Asamblea Nacional Constituyente.
    Séptimo: No podrán ser elegidos representantes a la Asamblea Nacional Constituyente: el Presidente de la Republica, los Ministros, los Presidentes y Directores de los Institutos Autónomos o Empresas del Estado, los Gobernadores y Secretarios de Gobierno de los Estados y el Distrito Federal, a los Senadores y Diputados al Congreso de la Republica, los Diputados a las Asambleas Legislativas de los Estados, los Alcaldes y Concejales, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Judicatura y demás jueces de la Republica, el Fiscal General, el Contralor General y el Procurador General de la Republica, los Militares activos y los miembros del Consejo Nacional Electoral; a menos que renuncien dentro de los quince (15) días siguientes a la convocatoria. El cargo de constituyente exige la dedicación exclusiva a los deberes inherentes a esta alta función, por lo que es incompatible con cualquier otro destino publico o privado.
    Octavo: El periodo de postulación será de treinta (30) días contados a partir del 25 de abril, fecha de la convocatoria. La campaña electoral tendrá una duración de treinta (30) días contados a partir del cumplimiento del lapso de postulación. La proclamación de los candidatos que resulten electos se realizara dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la elección.
    Novena: La Asamblea Nacional Constituyente se instalará, sin necesidad de previa convocatoria a las diez de la mañana (10;00 a.m.) del día 5 de julio de 1999.
    Decimo: Una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, como poder originario que recoge la soberanía popular, deberá dictar sus propios estatutos de funcionamiento, teniendo como limites los valores y principios de nuestra historia republicana, así como el cumplimiento de los tratados internacionales acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos.
    Undécimo: La Constitución que redacte la Asamblea Nacional Constituyente será sometida a referendo dentro de los treinta (30) días continuos a su sanción. La Constitución quedara definitivamente aprobada si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos”
    El 12 de marzo de 1999, en la Gaceta Oficial N° 36.660, fue, nuevamente, publicada la propuesta del Ejecutivo Nacional que fija las bases comiciales de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, modificando el Aparte Tercero, Parágrafo Único en donde dice: “en atención al régimen de excepción que los afecta” debe decir_ “en atención al régimen de excepción constitucional vigente”, señalando de una vez aunque de forma ambigua, que el régimen jurídico que afectaría el asunto regulado sería de carácter ajeno a la constitucionalidad vigente en Venezuela para aquella fecha, lo cual se contraría la doctrina generalizada en esta materia, que considera que la Asamblea Constituyente que hubiera sido electa para redactar una Constitución o un proyecto de ella, no está sujeta, a efectos de la redacción del nuevo ordenamiento jurídico que regiría, a la normativa constitucional vigente mientras cumple con la delegación asignada, pero en modo alguno que esa Asamblea no estaría sujeta a norma ni limitación alguna. La modificación pretendió sentar un fundamento para la estrategia- encubierta- planificada por el gobierno, que se haría patente mas delante de considerar a la Asamblea Nacional Constituyente un órgano cuasi deificado e imperial. Contra ese decreto Presidencial La Dra. Ligia Pérez Córdoba interpuso un Recurso de Amparo junto Recurso Contencioso de Nulidad por Inconstitucionalidad, ante la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, que solo fue considerado dándosele entrada en la nueva Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia bajo el No 0026 de 8 de marzo de 2000.
    El 16 de marzo de 1999, el Representante del Consejo Nacional Electoral en el Recurso interpuesto por Gerardo Blyde antes referido, consignó, ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, escrito de Informes, en el que defendió la constitucionalidad del acto impugnado, arguyendo que estaba en vía de ser publicado un “acto de gobierno” que sería dictado por el Presidente de la República que sería conocido como Propuesta del Ejecutivo Nacional que fija la Convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente” y que estaba, dice, siendo analizado por el C.N.E. Tal decreto fue publicado en la Gaceta Oficial de 25 de marzo de 1999, como se refiere mas adelante.
    El 18 de marzo de 1999, se publicó la sentencia recaída en el recurso contencioso electoral interpuesto por Gerardo Blyde, antes referida, cuyo carácter vinculante se expresó, y que fue mandada a ejecutar judicialmente, mediante sentencia de 13 de abril de 1999, en la cual se estableció lo siguiente:
    “...Por ello resulta incontestable que el contenido de la base comicial identificada bajo el literal octavo ... omissis ... específicamente en lo referente a calificar la Asamblea Nacional Constituyente como poder originario que recoge la soberanía popular, está en franca contradicción con los principios y criterios vertidos en la sentencia pronunciada por esta Sala el 18 de marzo de 1999, y su aclaratoria del 23 de marzo de 1999, citados anteriormente, induciendo a error al electorado y a los propios integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, si el soberano se manifestase afirmativamente acerca de su celebración, en lo atinente a su alcance y límites.- En consecuencia, y con fundamentación en el expresado razonamiento, esta Sala Político-Administrativa Accidental de la Corte Suprema de Justicia, en ejecución de su sentencia fechada el 18 de marzo de 1999 resuelve: 1) Se reformula la base comicial octava para el referendo consultivo sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente a realizarse el 25 de abril de 1999, en los términos siguientes: Octavo: Una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, ésta deberá dictar sus propios estatutos de funcionamiento, teniendo como límites los valores y principios de nuestra historia republicana, así como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos...”(Copia textual de la referida sentencia) Obsérvese la ambigüedad de la redacción en lo atinente a la limitación incontestable de los términos del mandato conferido por el pueblo al votar eligiendo la constitución de la asamblea y definiendo su objeto, y tiempo de duración del mandato. No está demás acotar que en la doctrina jurídica contemporánea, el conferimiento de un mandato, exige la definición de los límites y atribuciones que se delegan, especialmente cuando están comprendidos en la delegación facultades que van mas allá de la simple administración y está prohibida la delegación de los derechos personalísimos como sería en un caso hipotético y si ello fuere delegable conforme al orden publico- que no lo es- el ejercicio del derecho a elegir o mas todavía del derecho a la libre determinación. Por lo que, a pesar de la ambigüedad de la redacción de la cláusula efectuada por la Corte, en ningún caso podría afirmarse que tal ambigüedad permite la delegación del ejercicio del derecho a la democracia, que se plasmaría en la constitución de un ente representativo – como lo es una asamblea electa- al cual pretendiese atribuírsele poder originario.
    El 25 de marzo de 1999 (Antes de que se dictara la sentencia mandando a ejecutar la decisión de 18 de marzo de 1999) en la Gaceta Oficial de la República N° 36.669, fue publicada la Resolución del Consejo Nacional Electoral N° 990323-70 por la cual se publicaron las bases comiciales propuestas por el Ejecutivo Nacional anulando la segunda pregunta de las contenidas en el Decreto No 3, impugnado como resultado de la interpretación que éste hiciera, del dispositivo de la sentencia dictada el 18 de marzo de 1999 por la Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, en el recurso de nulidad, declarado con lugar, intentado por Gerardo Blyde Pérez, contra la Resolución del Consejo Nacional Electoral N° 990217-32 de 17 de febrero de 1999, aprobatoria de la propuesta de convocatoria presentada por el Ejecutivo y , asimismo, se modificó la Propuesta definitiva del Ejecutivo Nacional publicada el 23 de marzo. En la misma Gaceta Oficial, fue publicada la Resolución del Consejo Nacional Electoral N° 990323-¬71por la cual se establecieron las “Bases Comiciales para el referéndum consultivo sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente a celebrarse el 25 de abril de 1999”, la cual contenía las modificaciones aprobadas por el Consejo Nacional Electoral con respecto a la Propuesta del Ejecutivo Nacional. La Resolución definitiva contenía nueve artículos y determinaba, en el “Primero” que se consideraría aprobada la convocatoria por mayoría simple de los votos positivos válidos efectuados; en el “Segundo” que la Asamblea estaría integrada por 131 miembros, sería unicameral, y solo se elegirían representantes principales; del Tercero al a la “Séptimo” el número, lapsos, procedimientos y requisitos de postulación y elección de candidatos a diputados para la Asamblea Nacional Constituyente, disponiendo que la elección de los 131 miembros constituyentes, se haría en forma personalizada “por nombre y apellido” y de acuerdo al siguiente mecanismo:
    1º. Se producirá la elección de 104 constituyentes, en 24 circunscripciones regionales, coincidentes con los estados y el distrito federal, manteniendo el criterio del 1% de la Población total del país (234.102), de acuerdo con el número de habitantes, que sería lo siguiente:

    ENTIDAD Constituyentistas
    % Elegir
    Distrito Federal 8,43 8
    Anzoátegui 4,72 5
    Amazonas 2
    Apure 2
    Aragua 6,13 6
    Barinas 2,40 2
    Bolívar 5,34 5
    Carabobo 8,59 9
    Cojedes 2
    Delta Amacuro 2
    Falcón 3,12 3
    Guárico 2,65 3
    Lara 6,54 7
    Nueva Esparta 2
    Mérida 3,09 3
    Miranda 10,70 11
    Monagas 2,5 3
    Portuguesa 3,39 3
    Sucre 3,46 3
    Táchira 4,29 4
    Vargas 2
    Trujillo 2,47 2
    Yaracuy 2,14 2
    Zulia 13,15 13
    Total por Región 104
    Indígenas 3
    Circunscripción Nacional 24
    Total General 131


    En su artículo o Base “Quinto”, la Resolución contempla que “El tiempo de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente será de ciento ochenta (180) días contados a partir de su instalación” ; en el Sexto, las condiciones para ser elegido; en el Séptimo, las exclusiones; en su artículo o Base “Octavo”, que “Una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, como Poder Originario que recoge la soberanía popular, deberá dictar sus propios estatutos de funcionamiento teniendo como límites los valores y principios de nuestra historia republicana, así como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas dentro del mas absoluto respeto de los compromisos asumidos” ; y en el Noveno, establecía que “ La Constitución que redacte la Asamblea Nacional Constituyente será sometida a referendo dentro de los treinta días continuos a su sanción. La Constitución quedará definitivamente aprobada si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos” Nótese que mientras el artículo o Base “Quinto” limitó temporalmente a seis (6) meses, las facultades que se otorgarían a la Asamblea, el artículo o Base “Noveno” exigía la aprobación popular referendaria posterior del proyecto de Constitución que debía ser redactado, e igualmente que denomina a los constituyentistas en su artículo o base Segundo, de “Representantes Principales”, es decir que actúan por delegación, lo que implica la exclusión de poder originario para la Asamblea Nacional Constituyente, y no como lo pretendieron la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 14 de octubre de 1999, ponencia de Iván Rincón Urdaneta (Referida “infra”) y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia posteriormente. Nótese, asimismo, que el artículo o Base “Octavo”, vuelve a calificar a la Asamblea Nacional Constituyente de “Poder Originario”, contraviniendo el propósito de la sentencia citada de 18 de marzo de 1999. No obstante, aún aceptando otorgarle a los poderes delegados en dicha asamblea carácter “originario”, lo que es un contrasentido y sería jurídicamente inaceptable, ello no significa, en modo alguno, que se trate de poderes absolutos por la materia ni en el tiempo, ni de una amplitud mayor que la expresada textualmente en las bases comiciales, porque el carácter “originario” alude, en la teoría de Sieyés- que pretenden tomar de fundamento de sus afirmaciones los defensores del régimen- a que se trata de un poder inmediato y no derivado, no delegado ni otorgado por nadie, inmanente a cada individuo que integra la nación, por su sola existencia, y no a la amplitud del poder mismo.
    El 30 de marzo de 1999, en la Gaceta Oficial N° 36.672, fue publicada la Resolución del Consejo Nacional Electoral N° 990324-72, por la cual se establecieron las preguntas que se formularían a los electores en el referéndum convocado para el 25 de abril. Las preguntas, fueron las siguientes:
    Pregunta N°1
    ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa?
    Pregunta N°2
    ¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas parcialmente por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha 24/3/99, y publicadas en su texto íntegro en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.669 de fecha 25/3/99?
    Esta convocatoria y las resoluciones antes referidas fueron objeto de nuevas impugnaciones, entre las cuales la interpuesta por la abogada Ligia Pérez Córdoba, sin que la acción intentada fuera resuelta oportunamente por la Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia.
    En efecto, la abogada Ligia Pérez Córdoba, el 6 de abril de 1999, interpuso recurso contencioso electoral por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad conjuntamente con acción de amparo constitucional “contra las Resoluciones siguientes: a) Resolución N° 990323-70, emanada del Consejo Nacional Electoral en fecha 23 de marzo de 1999 y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.669, de fecha 25 de marzo de 1999 mediante la cual se aprueba dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de 18 de marzo de 1999, en la que se anuló la segunda pregunta del artículo 2° de la Resolución N° 99021732 de 17 de febrero de 1999, contentiva de las bases publicadas como “Propuesta del Ejecutivo Nacional que modifica la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente”, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.658 de 20 de marzo de 1999; b) Resolución N° 990323-71, emanada del Consejo Nacional Electoral en fecha 23 de marzo de 1999, y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.669, de 25 de marzo de 1999, mediante la cual se dictan las bases
    comicialeshttp://www.tsj.gov.ve/search4/oop/qfullhit2.htw?CiWebHitsFile=%2Fde cisiones%2Fselec%2Fabril%2F32%2D050400%2D0026%2Ehtm&CiRestriction= %40Contents+Bases+Comiciales&CiBeginHilite=%3Cb+class%3DHit%3E&CiEn dHilite=%3C%2Fb%3E&CiUserParam3=/search4/ para el Referéndum Consultivo sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente a celebrarse el 25 de abril de 1999”; y c) la Resolución N° 990324-72, emanada del Consejo Nacional Electoral, en fecha 24 de marzo de 1999 y publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.672, de 30 de marzo de 1999, mediante la cual se resuelve incorporar las bases comiciales para el Referendo consultivo sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente a celebrarse el 25 de abril de 1999, mediante la remisión al texto contenido en la Resolución N° 990323¬71, dictada por ese Cuerpo, y señaló las preguntas que se formularon a los electores en el referendo consultivo antes mencionado. ...” en razón, entre otras, de que la referencia a la Resolución dejaba en absoluta ignorancia a la mayoría de la población, del contenido de las bases comiciales sobre cuya aceptación o rechazo debería pronunciarse y de que se infringía el principio de representación proporcional de las minorías (Copia textual de la respectiva sentencia) sin que se produjera pronunciamiento alguno hasta el 5 de abril de 2000, fecha en que la Sala Electoral del para entonces nuevo Tribunal Supremo de Justicia, declaró no tener materia sobre la cual decidir con respecto al recurso planteado, en consideración a “que la controversia esta referida a la declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de las Resoluciones emanadas del Consejo Nacional Electoral, que regulaban lo relativo al referendo para consultar al pueblo acerca de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, dado que dicho acto (Referendo sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente), se realizó el 25 de abril de 1999, e inclusive la referida Asamblea cesó en sus funciones el 30 de enero de 2000, por lo que obviamente, la emanación de una sentencia acerca de la legalidad o constitucionalidad del acto mediante el cual se llamó a Referendo, concerniente a la convocatoria de dicho órgano, carece hoy de todo sentido, tanto práctico como jurídico, aun cuando para la fecha, la pretensión esgrimida, pudo haber sido legítima” (Subrayado añadido) Dicho recurso había sido interpuesto con fundamento, entre otras, en las siguientes alegaciones que, por su calidad, merecen transcribirse : “...de lo que se trata es de lograr un proceso constituyente, democrático, participativo y ajustado al Principio de legalidad, respetando los derechos constitucionales y políticos de los ciudadanos”. Que en la sesión de fecha 23 de marzo de 1999, el Consejo Nacional Electoral aprobó mantener la primera pregunta, sin especificar conforme a la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, que la finalidad de la Asamblea Nacional Constituyente era únicamente crear un orden jurídico, es decir, hacer una Constitución; formuló la segunda pregunta de las bases comiciales de la convocatoria al proceso de referendo de forma genérica; decidió aumentar de 103 a 131 el número de miembros de la Asamblea Nacional Constituyente; desechó la propuesta de las Comisiones Técnica y Jurídica del propio organismo, que planteaba respetar el principio de representación proporcional de las minorías, y decidió que los asambleístas fuesen escogidos con las mismas condiciones de los diputados al Congreso. Que la decisión contenida en la Resolución 990323-71, emanada del Consejo Nacional Electoral en fecha 23 de marzo de 1999, y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.669, de fecha 25 de marzo de 1999, infringía normas de carácter legal y constitucional, contraviniendo el propósito y razón del pueblo en el ejercicio del Poder Constituyente, desacató la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 18 de marzo de 1999 y lesionó los Derechos constitucionales de la recurrente. Que la “Orden de publicación de la propuesta del Ejecutivo Nacional, que fija las bases de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, analizadas en el Consejo de Ministros del 9 de marzo de 1999, la cual será sometida para la aprobación del pueblo para el referéndum, convocado por el Consejo Nacional Electoral, a celebrarse el 25 de abril de 1999”, era un acto administrativo reglamentario de efectos generales, mediante el cual se usurparon las funciones del Poder Legislativo, ya que limitó y violó derechos políticos establecidos en la Constitución de 1961, al crear condiciones especiales de elegibilidad y un sistema electoral nuevo sin representación de las minorías, negando el derecho a la representatividad. Que las bases de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente fueron consideradas por el Consejo Nacional Electoral sin tomar en cuenta los criterios expresados en la sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, del 18 de marzo de 1999. Que la estructura y formulación de la primera pregunta de la convocatoria al referendo del 24 de abril de 1999, para que el pueblo se pronunciara sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, era sobre la finalidad que se perseguía con este nuevo órgano del Poder Público, por lo que no podía conforme a la sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia antes mencionada, ser genérica sino clara y precisa. Que el Consejo Nacional Electoral estaba obligado conforme al articulo 191 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política hacer del conocimiento de los electores la razón de la convocatoria, que en este caso era la elaboración de una nueva Constitución. Que el pueblo era quien debía pronunciarse acerca de la aprobación de las bases para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual era imposible con la formulación de la segunda pregunta en forma genérica, que remitía a una Gaceta Oficial de la República de Venezuela desconocida por el pueblo, al haber sido sólo publicados dos mil ejemplares. Que no se podía establecer un sistema electoral sin representación proporcional de las minorías, porque ello significa que la soberanía se encuentra en manos de los partidos políticos, en detrimento de una verdadera representación de vastos sectores de la población por lo que un sistema electoral así concebido violaría los derechos a la participación y representación proporcional de las minorías consagrados en los artículos 50 y 113 de la Constitución de 1961. ... omissis ... Que el Consejo Nacional Electoral reformuló la segunda pregunta del Referendo para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, pero aún persistiendo los vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad alegados por el ciudadano Gerardo Blyde Pérez en el recurso que dio lugar a la sentencia de la Sala Político Administrativa del 18¬3-99, en tanto que la segunda pregunta se hizo en forma genérica, sin que en el instrumento electoral se señalaran las bases de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Que no dar a conocer las bases para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en el instrumento electoral, contrariaba a la Constitución de 1961 que permitía la preservación del Estado de Derecho y la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente, en caso de que la voluntad popular fuese expresada en tal sentido en la respectiva consulta, como lo señaló la sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia dictada en fecha 18 de marzo de 1999. Que tal como ha sido reformulada la segunda pregunta por el Consejo Nacional Electoral, contravino y desacató la sentencia antes mencionada, porque el Consejo Nacional Electoral recogió exactamente las cuestiones fundamentales sobre las que el pueblo debía decidir con base en la propuesta presidencial ligeramente modificada, sin tomar en cuenta que las mismas fueron fijadas unilateralmente por el Presidente de la República sin oír a las fuerzas sociales del país. Que las resoluciones impugnadas eran inconstitucionales e ilegales por violar el derecho a la soberanía y los derechos políticos, además de que no cumplir con los extremos contenidos en los artículos 181 y 182 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, con relación a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Que lo que se impugna no es el acto de convocatoria del Referendo, sino la cadena de vicios persistentes generados como consecuencia del Decreto N° 3 emanado del Poder Ejecutivo en flagrante desconocimiento de las normas constitucionales. Que en las resoluciones impugnadas existe usurpación de poder, vicio que produce la nulidad absoluta de cualquier acto que se derive de éste. Que del análisis hecho a la segunda pregunta del Referendo la cual fue modificada por el Consejo Nacional Electoral, por mandato de la Corte Suprema de Justicia, se pudo precisar que violó el articulo 4 de la Constitución de 1961, al tomar en cuenta únicamente las bases fijadas por el Poder Ejecutivo, sin atender a las observaciones de todos los partidos políticos, con excepción de los que forman parte del Gobierno, ni de las comisiones que integran ese organismo, sólo se modificó lo que el Poder Ejecutivo les permitió, sin dejar que el pueblo se pronunciara y sin cumplir con los requerimientos del Derecho Constitucional Democrático. Igualmente violó lo dispuesto en el articulo 191 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política puesto que la pregunta formulada al elector no era lo suficientemente clara para ser respondida con plena conciencia, sino totalmente genérica, ya que obedece a la enumeración de una serie de hechos con efectos diferentes, donde existe la presunción de que el elector debía conocerlos. Que la Resolución Nº 990323-71 del Consejo Nacional Electoral estaba viciada de falso supuesto, al tergiversar la interpretación correcta del Derecho conforme a la sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia. Que las Resoluciones impugnadas violaron el Derecho a la representatividad al no existir una verdadera representación del ciudadano y del pueblo con relación al número de representantes. Que la segunda pregunta contenida en la Resolución Nº 990323-71 del Consejo Nacional Electoral estaba viciada de ausencia de base legal, porque la base de cálculo, para la elección de los Constituyentes se hizo en función del 1% y no del 0,55% como ordenaba la Constitución de 1961, violándose con esto los derechos a una Asamblea Nacional Constituyente representativa, igualmente viola el Principio de Soberanía, el Derecho al sufragio como única fuente de legitimidad y el Derecho a la participación, cuando se pretende instalar una Asamblea Nacional Constituyente, controlada autoritariamente por un sistema electoral donde prevalece la dictadura de mayorías partidistas, que a su vez, vienen siendo las minorías con relación al Pueblo, todo ello con poderes ilimitados, para inclusive disolver los Poderes Públicos constituidos. Que las Resoluciones impugnadas violan el Derecho a la igualdad y la no discriminación, al establecer que saldrán electos solo los representantes de las etnias indígenas con mayor población, no permitiendo distribuir los cargos entre las demás etnias indígenas” (Copia textual de la sentencia referida)
    Como ya se expresó en este trabajo, el proceso iniciado correspondía a una forma de crear o modificar la Constitución no prevista en la Constitución de 1961, para entonces vigente, pero que, por argüidas razones de conveniencia política fue convalidada, apelando a la interpretación de los principios constitucionales contenidos en la Constitución de 1961, por la entonces Sala Político Administrativa de la ahora extinta Corte Suprema de Justicia, cuya existencia también respondía al régimen constitucional de 1961, que, de acuerdo con la interpretación de la Sala, mantendría su vigencia hasta la promulgación de una nueva Norma Fundamental sin que ello fuera óbice para que la Asamblea Nacional Constituyente que se instalare, redactare un proyecto de Constitución con innovaciones y determinare el procedimiento que emplearía para ello. No obstante, el procedimiento no se desarrolló conforme a lo previsto por la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, mas bien, el presidente, por decreto, propuso las preguntas que habrían de ser objeto de la consulta, solicitando, en la segunda de ellas, la delegación de la soberanía popular absoluta en su persona para determinar las bases comiciales, lo que fue objeto de la impugnación judicial referida intentada por Gerardo Blyde y declarada con lugar, por lo que el Consejo Nacional Electoral elaboró las bases comiciales que se someterían a consulta popular –ya referidas- en realidad limitándose a complacer la intención contenida en la “propuesta” presentada por el Ejecutivo Nacional, con base a una interpretación propia del contenido de la dicha sentencia de 18 de marzo de 1999 y sin acatar el mandamiento de ejecución de la misma, dictado el 13 de abril de 1999, que ordenaba eliminar los términos “Poder Originario” contenidos en la base comicial octava. Las nuevas “Bases Comiciales” publicadas, calificadas por algunos de “complacientes” fueron, de nuevo, impugnadas por infringir la legislación aplicable a procesos eleccionarios, sin que la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, emitiera, al respecto, pronunciamiento alguno, permitiendo así la continuación de “El Proceso”. Finalmente, se convocó el referéndum consultivo para aprobar o no, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
    El 13 de abril de 1999, la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, dictó la sentencia parcialmente transcrita “supra”, mediante la cual ordenó la ejecución de su sentencia dictada el 18 de marzo de 1999, caso Gerardo Blyde.
    El 21 de abril de 1999, se publicó en la Gaceta Oficial de la República No. 36.684, un “Aviso Oficial” del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual se hace del conocimiento del electorado el nuevo contenido de la Base Comicial octava. suprimiendo la mención ”como poder originario”.
    El 25 de abril de 1999, se realizó el referéndum consultivo resultando aprobada la consulta en los términos y limites fijados por las bases comiciales.
    El 6 de mayo de 1999, en la Gaceta Oficial N° 36.695, fue publicada la resolución del Consejo Nacional Electoral N° 990505-132, mediante la cual se convocó a los electores a concurrir al proceso de votación, a celebrarse el 25 de julio de 1999, para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.
    El 19 de mayo de 1999, el Consejo Nacional Electoral dictó la Resolución N° 990519-154, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36707 del 24 de mayo de 1999, que dictó las “ Normas para la elección de representantes a la Asamblea Nacional Constituyente”. En dicha reglamentación se estableció, en su articulo 1, el marco legal que debía regir el proceso comicial, el cual comprendía: a) Las Bases Comiciales aprobadas por el Referendo del 25/04/1999; b) La Constitución de la República; c) La Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política; d) Las demás leyes de la República; e) Las normas de ese Reglamento; f) Las disposiciones reglamentarias dictadas por el Consejo Nacional Electoral.
    Dichas “normas” extrañamente, no obstante haberse aprobado y publicado en las bases comiciales que la elección de los constituyentes sería en forma personalizada (por su nombre y apellido), contempló en su artículo 31, generalizando, que “cada instrumento de votación, contendrá la lista de los candidatos por nombre y apellido, ordenados alfabéticamente, comenzando por la letra A del nombre y señalados, cada uno de ellos, en forma consecutiva con un número creciente a partir del número uno (1)” añadiendo que en el instrumento de votación no se admitiría la inclusión de símbolos, signos, siglas o colores que identifiquen a los candidatos con las organizaciones postulantes, lo cual resultó una pretendida justificación de las listas o “tubos” diseñados por el Polo Patriótico para la Circunscripción Nacional y, en su artículo 32, estableció que los instrumentos de votación serían diseñados para la Circunscripción Nacional y la Circunscripción Regional, atendiendo a las especificaciones técnicas, al numero de postulados y cualquier otra circunstancia que determine el Consejo Nacional Electoral, sin diferenciar entre una y otra circunscripciones.
    Antes de la realización de las elecciones de los diputados que conformarían la Asamblea Nacional Constituyente, no pocas controversias se plantearon con relación a las mismas. Así, se plantearon conflictos con el propio presidente de la República que hacia lo que sus opositores políticos consideraban campaña electoral, en programas y cadenas televisivas, lo que, por resultar violatorio de la normativa vigente para entonces en dicha materia, originó disposiciones sancionatorias del Consejo Nacional Electoral, fundamentadas en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. La reacción presidencial fue desconocer públicamente, en cadena televisiva, la autoridad del ente y la legalidad de las sanciones, arguyendo que a ese proceso no se le aplicaba la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Ello originó la interposición de un recurso de interpretación ante la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, el 20 de julio de 1999, por los ciudadanos Alberto Franceschi, Jorge Olavarría y Gerardo Blyde, candidatos por la Circunscripción Nacional a la Asamblea Nacional Constituyente, para dilucidar cuales cuerpos normativos se aplicarían al proceso electoral en curso.
    En la decisión respectiva, dictada el 21 de julio de 1999, la Sala Político Administrativa, determinó:
    “...Esta Sala Político Administrativa, fundada en los criterios sentados en las sentencias aludidas precedentemente, en base al ordinal 24° del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de la interpretación planteada en torno al régimen jurídico aplicable al proceso de elección de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que:
    Por cuanto la Asamblea Nacional Constituyente, deriva de un proceso que se ha desarrollado dentro del actual marco del ordenamiento constitucional y legal, el mecanismo para su conformación se rige por todo el ordenamiento jurídico vigente, y específicamente, por las normas que a tal efecto se enunciaron en la Resolución N° 990519-154, del 19 de mayo de 1999, dictada por el Consejo Nacional Electoral , esto es, las Bases Comiciales aprobadas mediante Referendo del 25 de abril de 1999, la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, y las demás normas electorales dictadas al efecto por el Consejo Nacional Electoral” (Copia textual de la referida sentencia. Subrayado añadido,)
    Las elecciones para los diputados que conformarían la Asamblea Nacional Constituyente, se realizaron en la fecha prevista.
    El 1 de agosto de 1999, el diario El Nacional, en su pagina H-2, publicó un artículo titulado “Las llaves de Chávez EL “puntofijismo” recibió una lección de matemáticas”, que, aunque no fue el único artículo publicado en prensa sobre ese tema, cabe destacar que el mismo informaba que Chávez había encargado a sus asesores, entre los cuales el Profesor Nelson Merentes (UCV), diseñar una estrategia matemática que garantizara la elección de sus candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo resultado “llaves y tubos” funcionaron a la perfección. Narra el artículo que Merentes junto con el también profesor (UCV) Ricardo Ríos, o mas bien éste que es el entrevistado, diseñaron tal estrategia sobre modelos estadísticos. La estrategia electoral del Polo Patriótico habría sido una tenaza que asfixió a la oposición. Consistió en hacer dos planchas para la Circunscripción Nacional contentiva de diez candidatos cada una, ninguno de ellos repetido y equilibrándolas al mezclar los menos conocidos con los de mayor aceptación. Igual criterio fue usado en la agrupación de los Estados en cada “llave”. La votación se hizo por plancha completa en este caso y listas cerradas. Y el Polo mando a sus seguidores de determinadas regiones a votar por una de ellas y a los de otras regiones por la otra. De esa manera se aseguraba el triunfo de cerca de veinte de sus candidatos no con votos para cada uno sino para cada plancha (tubo). Asimismo, en las circuns

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