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  • EL INJERENCISMO DEL MODELO CASTROCHAVISTA

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    En otros tiempos las izquierdas proclamaban la soberanía nacional ante la intervención o injerencia norteamericana en nuestros asuntos internos. Hoy las cosas han cambiado drásticamente, la aplauden, pero porque viene de otros países.

    Y no tiene que ver con el fenómeno de la globalización, noción de amplio uso para explicar el supuesto declive de las fronteras nacionales. Se trata más bien de que somos un país en la mira, bien de la burocracia humanitarista como también de parte de un proyecto político regional ideado por el Foro de Sao Paulo, creado en 1990, como una “alternativa de los pueblos latinoamericanos en la búsqueda de la justicia social y la liberación nacional”.

    Una mirada a las conclusiones de la XXII Conferencia de dicho instrumento de movilización y agitación revolucionaria de corte neocomunista, realizada en El Salvador en 2016, en el link (http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/06/27/declaracion-final-del-xxii-encuentro-del-foro-de-sao-paulo-en-el-salvador/) nos da una idea de su persistencia en convertir los lazos de hermandad histórica y cultural de los pueblos americanos en bandería al servicio de una causa ideológica fracasada.

    El injerencismo al que aludimos no es asunto reciente. Desde la Cuba dominada por la dictadura castrista se trazó una línea de organización, preparación y financiación de guerrillas que desestabilizó el continente sumiéndolo en experiencias trágicas a las que Colombia no fue inmune. Imborrable el apoyo que dieron a la creación y aliento de grupos como el ELN, el M-19 y las FARC. Que el proceso de negociaciones de paz haya tenido por sede a La Habana es ya una afrenta a nuestra golpeada dignidad.

    De parte de Chávez y Maduro Colombia ha sufrido varias provocaciones guerreras con la incursión de soldados, tanques y aviones venezolanos en nuestras zonas fronterizas que pueden ser interpretados como una amenaza de castigo si Colombia se suma a las exigencias planteadas por la OEA.

    Nicaragua, gobernado por el corrupto dictador Ortega, nos arrebató miles de kilómetros cuadrados de mar continental. Mientras el dictador, tratado con el rango militarista de “Comandante Ortega” en el Foro,  se dio el lujo de corromper a la Corte Suprema, adueñarse de todos los poderes e instalar un régimen nepotista con su esposa y sus hijos rebasando en trapacería e ignominia al peor de los dictadores de su historia, Anastasio Somoza.

    El gobierno de Colombia ha depositado, en aras de una paz que no convence a las mayorías, la confianza de aspectos claves del “proceso de implementación” a gobiernos y personajes e instrumentos que han sido agresivos con el país. A Cuba le dimos la Sede y hoy es un país garante que ya ofrece becas que nos hace pensar en las “misiones cubanas” disfraz del intervencionismo cubano.

    Venezuela también vigila la marcha de la paz colombiana mientras sirve de refugio a “comandantes guerrilleros”, realiza incursiones militares en nuestro territorio y anima, bajo la idea de “hermandad” a grupos y personalidades para que luchen por la implantación del “Modelo” en el país.

     En el diseño de la Jurisdicción Especial de Paz intervino en calidad de constituyente el comunista español Enrique Santiago quien además sigue entre nosotros diciendo qué y cómo se debe implementar el acuerdo de paz. Para la verificación el CSIVI que cogobierna el país nombró de árbitros a un bonachón exguerrillero tupamaro y expresidente uruguayo,  José Mojica, que descresta calentanos con su vestimenta de humilde pobre, y el expresidente español Felipe González, miembro del socialdemócrata PSOE, del mismo partido que a través de Rodríguez Zapatero salvó de su caída al dictador Maduro. Amigos del revivido elefante Samper y del Modelo en comento nos van a enseñar a resolver diferencias.

    Como si fuéramos un país africano en guerra civil, estamos intervenidos, vigilados y condicionados por organismos internacionales de tipo humanitario que o son ciegos o sufren de miopía ante crímenes de guerra, retención y reclutamiento forzado de menores, violación de mujeres, secuestro de personas, narcotráfico, bombazos contra pueblos pobres e inermes, pescas milagrosas, entre otras hazañas de las guerrillas “justicieras”.

    El representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Todd Howland, se queja por las mínimas modificaciones que se le hicieron a la Jurisdicción Especial de Paz, pero no porque en ellas se consagre impunidad para responsables de crímenes de lesa humanidad de las FARC, para los que creen admisible que no paguen cárcel, sino porque los militares van a recibir el mismo trato.

    Presidentes del orbe, ministros de todo tipo de carteras, personalidades que viajan por el mundo firmando y apoyando “justas causas” políticas, ecológicas y animalistas, actores, poetas, nobeles de todo tipo, que no saben nada de nada de nuestra historia ni de nuestras afugias ni de nuestros sufrimientos y duelos, se han pronunciado en favor de la paz de Santos con las FARC.

    El anterior Secretario del Departamento de Estado, El Vaticano, el presidente de Francia, etc., aplauden una paz que está destruyendo los cimientos de nuestra sociedad. Y quieren que nos traguemos, sin masticar, incongruencias como las de los presidentes de España (Rajoy)  y Francia (Hollande) que negaron a ETA darles algo a cambio de su anunciada entrega incondicional de armas, y en cambio con una guerrilla varias veces más cruel, asumieron una posición de apoyo. Para ellos es sagrado no negociar con terroristas, mucho menos hacer reformas o alterar sus Constituciones o admitir comisiones extranjeras que las vigilen y las supervisen y les llamen la atención.

    De modo que cabe preguntar, ¿por qué, ellos nos quieren convencer de las bondades de algo en lo que no creemos? ¿Será que es aceptable  este tipo de injerencismo?

    Darío Acevedo Carmona, 27 de marzo de 2017

  • CON LAS MANOS EN LA MASA

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    Así comenta el vecindario cuando un ladrón es descubierto in fraganti cometiendo un delito. En una situación así, se piensa que el pillo no tiene salvación, aunque pudieran darse casos en que este, viéndose en apuros, descargue el objeto robado a un lado y exclame “Yo no fui” o “Requísenme, pero eso no es mío”.

    Ni más ni menos es lo que estamos presenciando en el bochornoso episodio, uno más en la larga cadena que tiene en su haber el señor Juan Manuel Santos. Su proceder es tan grave que han resultado vanos y hasta ridículos los esfuerzos de sus escuderos por liberarlo de toda culpa en el episodio de la financiación ilegal de sus dos campañas presidenciales.

    Las declaraciones de Roberto Prieto, su gerente, lo dejan por el suelo, sin opción distinta a la renuncia si en conciencia le quedase un resticio de decoro y de respeto por la ciudadanía. El problema no es que unos millones de camisetas hayan sido o no decisivos, como espetó Horacio Serpa, el escudero de Ernesto Samper en el escándalo del “ochomil”, ni que con afiches o sin afiches de todas formas hubiese ganado la presidencia en 2010 como dijo sin inmutarse el matemático Mockus a quien al parecer se le extravió su brújula ética y quizás por ello no atinó que el problema fue la financiación ilegal de la campaña Santos. Y claro, no faltan los que todo lo miran desde un retrovisor que alcanza a gobiernos anteriores, que remite a la culpa colectiva que diluye la falta en análisis soporíferos con tal de echarle un salvavidas a quien se está ahogando en el mar de sus propias sandeces.

    La cuestión con Santos no puede ni debe pasarse por alto, como si nada hubiese sucedido, como si fuera verdad el “me acabo de enterar”, con que trató de autojustificarse y que en las calles suscitó reacciones de rabia e ironías por su cinismo.

    Lo de Santos es, sin atenuantes, una forma de ser de la que él se ufanó y se sigue ufanando. No es ni siquiera la del tradicional jugador de póker que arriesga y engaña con sus gestos y miradas pero sin dar patadas ni esconder cartas. Santos, para recordar la memorable caracterización que le hiciera Carlos Gaviria, es una persona a la que “no han podido pillar diciendo una verdad”. Aunque él se ha encargado de demostrar que esa no es su completa personalidad. Es una larga órbita desde la organización fallida de un golpe de estado contra Samper y la financiación de su campaña por Odebrecht, las mentiras de la paz y el desconocimiento de la voluntad popular del plebiscito del 2 de octubre.

    La lista de engaños, mentiras, ardides, trampas, mañas y ya hasta delitos es tan profusa como para no dejar dudas de que su problema es irremediable. Lo grave de todo ello es que este señor, bien educado, adinerado, miembro de una de las más rancias familias de la oligarquía cachaca y centralista que se cree dueña del país, con sus procederes ha llevado a la nación a una situación deprimente, de caos institucional, golpe de estado, sustitución de la Constitución, abolición de la separación de poderes.

    Las consecuencias del desorden creado por el señor Santos son catastróficas desde cualquier ángulo y en casi la totalidad de los aspectos. Hay que repetirlo porque no estamos hablando del arroz que se le quemó o de un simple traspié. Se trata de temas capitales para Colombia. Es la demolición sistemática de la confianza y la credibilidad, no mucha por cierto, de un pueblo sufrido, aguantador, doliente, generoso y trabajador.

    Digan lo que quieran los estudiosos de las “causas estructurales” del desastre institucional, échenle la culpa a la clase política, a la política, generalicen, repartan la culpa a tirios y troyanos, enmascaren a su dirigente, tapen su vergüenza por haberlo apoyado refiriéndose a otros gobernantes. Pero no podrán tapar el inmenso peligro que hoy encaramos: en la línea de sucesión caso de que se obtenga su renuncia por presión ciudadana estaría el general Naranjo, el mismo que asesoró la paz entreguista de La Habana y el presidente del Congreso, Lizcanito, envuelto en más de un lío y acusaciones varias, como para decir, “peor el remedio que la enfermedad”.

    Y luego, el panorama de cara a las presidenciales de 2018. Están dadas casi todas las condiciones ideales, según Lenin y Gramsci, para que se produzca el “estallido revolucionario”: división irreparable de las “clases dominantes”, vacío de poder, crisis institucional, amplia desconfianza de la población en sus líderes tradicionales y en sus instituciones, existencia de fuerzas que ya están tratando, ni bobos que fueran, de aprovechar el momento para llamar a la formación de un “gobierno de transición” o “alternativo” e idiotas útiles que perteneciendo al establecimiento piensan que hay que darles su oportunidad.

    ¿Cómo no pensar en la Venezuela de los noventa? Se podría repetir algo parecido? No tengo la menor duda, eso puede llegar por la vía menos pensada y no tan dolorosa, en principio. No sobra advertir que, los que nos dicen que eso no será posible, son los que nos quieren meter como sea el modelito chavista.

    Darío Acevedo Carmona, 20 de marzo de 2017

  • PAZ BIZARRA

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    Ha transcurrido más de la mitad del periodo de 180 días acordado para la “dejación” de armas, la total desmovilización de las Farc y su reintegración a la vida civil y el horizonte de ese proceso es una densa y oscura nube tipo nimbus.

    Después de firmada la supuesta paz y de que Juan Manuel Santos corriera a decirle al mundo la mentira de que se había acabado la última guerra civil en América Latina, la procastrista guerrilla del ELN y otros grupos disidentes nos recordaron, matando soldados y policías, que aquí no se ha terminado ninguna guerra ni mucho menos lo que Colombia ha sufrido en los últimos años que no es otra cosa que, para decirlo en palabras del sociólogo francés Daniel Pécaut, “una guerra contra la sociedad”.

    Que el gobierno nacional haya sido incapaz de exigirle a los elenos el cese de los ataques y hostilidades para iniciar negociaciones de paz no es más que la repetición de la política de humillación del Estado puesta en marcha en las conversaciones de La Habana.

    Hay razones suficientes y categóricas para pensar que el nuevo acuerdo final va mal, pero no por una mala gerencia, que la ha habido, sino porque simple y llanamente todo o casi todo se pactó con desmesuradas e injustificadas ventajas para las Farc y porque no ha respondido a las expectativas de paz de los colombianos.

    Santos, Jaramillo, De la Calle y sus defensores no quieren reconocer que estamos en presencia de un desastre anunciado. Y que son ellos y no el pueblo como dijo en tono insolente el Alto Comisionado de Paz, los que no conocen el país.

    Somos un país en el que están sucediendo hechos anormales, como por ejemplo, que de buenas a primeras, el triunfo del pueblo en el plebiscito haya sido convertido en derrota, se perpretó un golpe de estado sin despliegue militar, sin violencia sin empleo de la fuerza, bastó el engaño, el ardid, la trampa, se suplantó el electorado por un Congreso que cedió sus funciones al Ejecutivo. Colombia ya no tiene una sino dos constituciones, la de 1991 y la del pacto de San Carlos que regirá por 12 o 16 años.

    Y así, hemos derivado en un país con una paz bizarra en el que hay intelectuales que creen, a lo Supermán, que pueden hacer girar la tierra en sentido contrario o con ínfulas siderúrgicas pues retuercen el sentido de la Justicia y de los Derechos Humanos como se retuerce el hierro en las acerías, diciendo que no hay ni un asomo de impunidad en la Jurisdicción Especial de Paz. Hacen maromas gramaticales para justificar una Comisión de Verificación en la que Cuba y Venezuela tienen voto sobre asuntos internos, que la ONU no sea garante de nada, que las Farc no hayan entregado todos los menores de edad, que sus jefes se reúnan con quienes van a nombrar los jueces de la JEP, que no habrá registro ni testimonios independientes sobre la supuesta “dejación de las armas”.

    Colombia era reconocida por contar con el Ejército más profesional y exitoso en la lucha contrainsurgente y antiterrorista, la institución más apreciada por los colombianos, hoy tenemos dos ejércitos y el comandante del oficial hace loby en el Congreso para que los congresistas aprueben leyes que igualan a los militares con los guerrilleros y los obligaría a declarase culpables para salvarse de purgar largas penas.

    Tendremos dos sistemas de Justicia pues estamos a un paso de la aprobación, vía fast track, de la JEP que tendrá poderes omnímodos y juzgará a miles de empresarios, militares y políticos “responsables”, según la “verdad” de las Farc, de la violencia paramilitar.

    Y estamos perdiendo la República unitaria en la medida en que se han consagrado zonas, territorios y jurisdicciones bajo el control exclusivo de las guerrillas. Lo que le ocurrió al gobernador de Antioquia es una muestra de ello.

    Luis Pérez Gutiérrez fue humillado en una de las zonas veredales de concentración donde le fue negado su ingreso. Su enérgica y razonable protesta fue respondida con las mismas palabras entreguistas de siempre por el irredimible Sergio Jaramillo que afirmó que a esas zonas no podían entrar civiles, como si un gobernador, máxima autoridad policial, civil, política y administrativa de un departamento fuese una persona carente de investidura.

    Jaramillo, el filósofo diseñador de este humillante proceso les dio de nuevo la razón, dejando en claro que esas zonas en esencia funcionan como las repúblicas independientes de ingrata recordación de los años sesenta.

    De manera que tiene toda la razón el pueblo colombiano en manifestar a través de las encuestas, como con seguridad lo hará el próximo 1 de abril en las calles, su descontento y desengaño con lo que está ocurriendo.

    Darío Acevedo Carmona, 13 de marzo de 2017

  • LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

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    El expresidente Uribe le ha sacado provecho a su posoperatorio dando puntadas a la propuesta programática del Centro Democrático de cara a la coyuntura electoral.

    En un mensaje grabado de menos de dos minutos explicó por qué lo procedente frente a la paz entreguista del gobierno Santos y en caso de triunfar el candidato del CD para la presidencia, no es ni puede ser echar todo a perder. Recordó que en la campaña del plebiscito el triunfo del NO no significaba la negación de todo lo acordado ni pararse de la mesa ni romper en definitiva las conversaciones con las FARC.

    El mensaje del negociador oficial Humberto de la Calle y de los defensores del acuerdo de La Habana días antes del plebiscito en el sentido de que de ganar el NO todo se iría al traste y se terminaba el proceso, tenía la pretensión de ocasionar pánico colectivo ante la inminente reanudación de una guerra urbana “más cruel para la que las FARC estaban preparadas” según declaró Juan Manuel Santos.

    La respuesta de parte de la campaña del NO consistió en explicar que se votaba negativamente todo porque el gobierno canceló la opción de formular varias preguntas al electorado.

    De modo que, la propuesta actual de Uribe de modificar los acuerdos en aquellos puntos que son lesivos a la Constitución, al ordenamiento institucional y abran las puertas al peligro del castrochavismo es plenamente coherente con lo actuado.

    ¿Qué actitud se va a observar ante la burda imposición de una paz que adolece, cada vez más, de respaldo de la población? ¿Qué proponen los numerosos aspirantes a la presidencia de la República frente al uso y abuso del dictatorial método de violación de la Constitución, el fast track?

    Porque esa será la piedra de toque de la campaña que ya arrancó. ¿Modificar los acuerdos? ¿Continuar sin pausa su implementación?, ¿aceptar los hechos cumplidos?, ¿resignarnos a la humillación de las instituciones?, revocarlos en su totalidad?

    El expresidente Uribe lanzó la consigna para el Centro Democrático, pero, como debe ser consciente de que su partido, aunque pueda ganar la presidencia con su candidato, no tendrá la fuerza suficiente para acometer esa meta, ha procedido a adelantar conversaciones con varios líderes políticos de otras tendencias y vertientes, tal como se hizo en la campaña por el NO para buscar entendimientos y forjar alianzas sin las cuales no sería factible reparar el grave daño hecho al país con la implementación de un acuerdo de paz que se revela cada día más en sus aspectos lesivos, tramposos y ocultos.

    Entre los seguidores del expresidente Andrés Pastrana, del exProcurador Alejandro Ordoñez, de Juan Lozano, de Martha Lucía Ramírez, de figuras históricas de todos los partidos y de otros dirigentes, líderes de opinión, exmagistrados, etc, existe un ambiente propicio para forjar una alianza, especie de Frente Republicano por la defensa de la Democracia y las Libertades que acometa la empresa de encauzar el descontento nacional hacia el retorno a la normalidad, el restablecimiento de la Constitución y la separación de los poderes del Estado.

    Una cumbre de todos ellos sería conveniente y útil en extremo para perfeccionar los términos de esa gran alianza. Los temas relativos a reforma tributaria, impulso de la iniciativa emprendedora, lucha contra la corrupción, reducción de impuestos, impulso a la educación, desarrollo de la infraestructura, reducción del gasto estatal, relaciones internacionales, pueden ser acordados apoyándose en las mejores tradiciones del Estado y de gobiernos anteriores sin mayor dificultad.

    No tengo duda que se está prefigurando ese amplio frente para dar la batalla política más importante y decisiva de las últimas décadas. La Marcha Nacional convocada por el expresidente Uribe para el próximo 1 de abril podría ser el termómetro de su acogida y el impulso definitivo para que se cristalice ese Frente Republicano.

    Los colombianos nos veremos enfrentados en torno a dos campos, por una parte el de las fuerzas continuistas que quieren implementar el camino del desastre y de la otra, las fuerzas que piensan que todo aquello que ha sido destructivo de la institucionalidad y de la Constitución puede ser reconsiderado. Para estas últimas lo ideal sería asumir el compromiso de convocar el 20 de julio de 2018 un referendo revocatorio de tal manera que sea el pueblo quien decida, en últimas, la suerte de todos y cada uno de los puntos contemplados en el segundo acuerdo impuesto a fines de 2016 desconociendo la voluntad popular.

    Darío Acevedo Carmona, 6 de marzo de 2017