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  • Justicia, impunidad y corrupción

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    Para referirme con responsabilidad a la crisis de la Justicia colombiana debo hacer las reflexiones que se leerán a continuación. Invoco paciencia.

    La Justicia, con mayúscula, la entiendo como el conjunto de preceptos y mecanismos que les señalan a las sociedades y a los pueblos los márgenes de acción que garantizan la vida en común y la sociabilidad. La noción de castigo para quienes se salen de ellas nos remite a una vivencia permanente de los seres humanos. Sin Justicia no sería posible existir. Las formas y las instituciones que se han dado los pueblos en cada época dan cuenta de la búsqueda de un estado de cosas que diferencia el bien del mal y es representado por lugares imaginarios -el cielo el infierno, el purgatorio-, y por figuras -el diablo, dios- y se concreta en instituciones de orden religioso y político.

    ¿Por qué? O mejor ¿De dónde nace esa tensión que nos acompaña desde los orígenes? Algunos filósofos responden afirmando que el hombre es un lobo para el hombre, otros consideran que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Algo de razón hay en cada aforismo. Si entendemos que los humanos somos seres morales dotados para distinguir el bien del mal, a diferencia de los animales, entonces veríamos aquellos comportamientos y condiciones que nos son propias y requieren de controles como la ambición, sin la cual estaríamos estancados en el origen y la codicia, que sin límites puede llevar a delinquir.

    Hoy como en el pasado remoto, seguimos encarados a la misma dinámica dilemática entre el bien y el mal y por ello a lo largo de la historia desde las religiones y la política hemos creado teorías, organismos e instituciones cada vez más complejas en la lucha contra los delitos y evitar el colapso.

    Sodoma y Gomorra no han desaparecido, las conductas criminales e indeseables se resisten a desaparecer. El robo, el asesinato, la violencia y la corrupción están siempre al acecho. Pero, hay países y comunidades exitosas en su brega por hacer prevalecer la Justicia, otras son más incompetentes y viven tragedias profundas y dolorosas. La elaboración más avanzada y compleja de la idea de Justicia la encontramos en nuestra era, la Modernidad, en la que funciona como uno de los tres poderes pilares del estado y es independiente de los otros dos, el legislativo y el ejecutivo.

    En Colombia pienso que hay un derrotero destructivo de la Justicia entendida en su más amplia acepción. Encontramos fenómenos de amplia escala y poder como el narcotráfico desde los años ochenta, la violencia con pretextos políticos y prácticas politiqueras. ¿Cómo no pensar que nuestra Justicia, sus leyes y sus órganos han perdido respetabilidad y eficacia no solo por la codicia y la ambición desaforada de riqueza y de poder de ciertas elites, sino también porque ha sufrido ataques que la han debilitado?

    Retrocediendo en el tiempo tenemos hechos que marcan ese camino de destrucción: la justicia penal militar para delitos de rebelión, la alevosa toma del palacio de Justicia por el M-19, el asesinato de jueces y magistrados por el narcoterrorismo, la infiltración del paramilitarismo, la eliminación de la extradición en la constituyente del 91 por sobornos de la mafia, el asesinato de jueces, magistrados y procuradores.

    El mal ejemplo de altas autoridades como el presidente que se hizo elegir con dineros del narcotráfico y fue absuelto por el Congreso, que otro se haya elegido con la compra de votos con dineros fruto de la corrupción y haya convertido recursos públicos en plata de bolsillo (mermelada) para ganar el apoyo de políticos y cooptar órganos judiciales y magistrados.

    La Justicia ha sido atacada desde afuera y desde adentro. Hemos tenido jueces de diverso rango que se han involucrado en las disputas políticas afectando sus fallos. Establecieron el perverso carrusel y la puerta giratoria para merodear de Corte en Corte y se han prestado para hacerles favores a mafiosos. Varios Procuradores y Contralores fueron destituidos y llevados a prisión.

    Cómo no mencionar la imposición del nuevo paradigma consistente en que puede haber paz sin Justicia y se cree, en nombre de la paz una Justicia paralela, la JEP, cuya función es validar la impunidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad y perseguir, acorde con la versión narcoguerrillera de la violencia, a quienes supuestamente financiaron y apoyaron el paramilitarismo.

    La crisis de la Justicia y los escandalosos niveles de corrupción dan lugar a todo tipo de análisis y propuestas como pensar, por ejemplo, que somos un pueblo maldito, un “país de mierda”, sin salvación y a que se formulen propuestas insólitas como “cerrar todas las Cortes”, “convocar una asamblea constituyente” o “realizar una consulta popular”.

    La situación es, sin duda, demasiado crítica, pero no tanto como para darnos por perdidos. En medio del caos, de la desconfianza y de la rabia justificada de las gentes, el hecho de que se estén destapando las ollas podridas y se esté investigando a los responsables es una señal positiva.

    Ojalá que las investigaciones de la actual Fiscalía sobre los escándalos de Odebrecht, Reficar, y financiación ilegal de la campaña presidencial, llegue a los altos poderes del Estado que auparon el despelote en que nos encontramos.

    Darío Acevedo Carmona, 21 de agosto de 2017

  • Un fantasma recorre a Venezuela y a Colombia

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    El muy previsible rumbo dictatorial total que se había previsto para Venezuela y que acaba de reafirmarse con la constituyente de corte fascista es una señal de alerta para Colombia.

    La idea de que existe un peligro para que en nuestro país tome forma un proyecto similar al que se ha impuesto en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, tiene cada vez más racionalidad. Llámesele como se quiera, el proyecto de socialismo remozado del Foro de Sao Paulo sigue ahí, desafiante.

    Yo les sugiero a los incrédulos que se lean los estatutos del “nuevo” partido de las Farc en los que se mantiene la misma formación militar de células y escuadras bajo el nombre de comunas, y la declaración de principios en la que reafirman su adhesión al marxismo leninismo. También deberían visitar las páginas de su centro de pensamiento, anncol.eu, para que lean con sus propios ojos las opiniones, las tesis y los programas que proponen para el país.

    Lo que uno observa en el día a día de las declaraciones de los jefes de las Farc es un lenguaje exigente, desafiante, amenazante: “las Farc no desaparecen, se transforman y las armas las colocamos a un lado” manifestó el prepotente ideólogo Santrich. Se presentan como luchadores del pueblo por la justicia, hablan pestes contra el capitalismo y la propiedad privada conservando su lealtad al Manifiesto Comunista de Marx y Engels.

    Son insistentes en sus alusiones al imperialismo yanqui y a las oligarquías nacionales a las que culpan de todos los males, así como en la defensa de las ideas de gratuidad con todo aquello que les sea útil para atraer incautos: la educación, la salud y muchas otras cosas deben ser brindadas gratuitamente por el Estado, sin decir de dónde van a salir los recursos.

    Ellos tienen a su favor que las gentes atraídas por el demagógico discurso igualitarista desconocen que todo lo que ahora pregonan es parte de una estrategia para acercarse al poder de manera gradual. Ellos siguen las recomendaciones de Lenin, Mao y Stalin en el sentido de que en sociedades atrasadas los comunistas deben establecer alianzas con burguesías nacionales y sectores progresistas para luego dar el salto al socialismo, a la dictadura del proletariado, al régimen de partido único a la supresión de las libertades y la propiedad privada, a la eliminación de la separación de poderes a la persecución de las religiones y a la ideologización del sistema educativo.

    La táctica leninista y gramsciana para la toma del poder es sumamente hábil y contempla múltiples variables y combinación de factores. Uno de ellos apunta a quebrar la unidad del “bloque de clases” dominante a través de la profundización de los movimientos sociales y de la lucha de clases. El proceso de paz entre las Farc y el gobierno Santos dividió ese “bloque de poder”, además, las reformas que se están adelantando a las instituciones y a la constitución son tan radicales que han creado un ambiente de desorden y confusión bastante útil a las aspiraciones de los comunistas.

    Amparados en la idea de la paz se nos ha vendido la idea de una falsa reconciliación con quienes no reconocen sus crímenes y de tener a criminales de guerra como nuevos amigos como si no hubiesen dado suficientes pruebas de su desprecio por la democracia colombiana.

    Los comunistas declarados y vergonzantes sostienen que estos pensamientos son fruto de especulaciones fantasmagóricas que tienen por fin crear miedo y promover el anticomunismo, de la paranoia de gentes que no admiten que la “guerra fría” se acabó. Pero la realidad que nos circunda dice que, si bien la guerra fría ya no existe, el “fantasma del comunismo” sigue recorriendo nuestro continente a pesar de su fracaso estruendoso.

    Si algo caracteriza a los comunistas es su terca insistencia en “la causa” aunque los hechos tozudamente les digan lo contrario. De manera que es innegable, los comunistas están aquí, y a menos que pensemos que el comunismo es una doctrina democrática y que su modelo es positivo, hay que activar las alarmas.

    Y si ya tenemos dirigentes políticos y gobernantes que les sirvieron en bandeja de plata la constitución y otras ventajas cruciales, si hay oficiales de alto rango que se enternecen reconciliándose con sus verdugos, si la clase dirigente, los gremios y los medios, son incapaces de asumir la crítica del entreguismo y subestiman los llamados de alerta ante el peligro, tendríamos la existencia de las condiciones ideales, en términos gramscianos y leninistas, para que los comunistas asalten el poder.

    Para ello no se requiere ser mayoría ni ganar elecciones, preguntémosle a los rusos cómo fue que cien años atrás los bolcheviques, una minoría disciplinada, lograron derrotar a todos los que pensaban que eso era un imposible. Y si no les basta nuestra advertencia, la película la están presentando en Venezuela.

    Darío Acevedo Carmona, 14 de agosto de 2017

  • Estamos retados

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    Ya no hay el más mínimo espacio para un acercamiento en torno al espinoso asunto del acuerdo definitivo de paz y su implementación. El gobierno nacional y el presidente Santos impusieron, como se les dio la gana, su criterio haciendo añicos instituciones y tradiciones que se consideraban intocables.

    El escenario de la gran contienda electoral que se avecina tendrá como contendientes dos grandes bloques conformados en torno al tema de los acuerdos de paz. El gobierno Santos ha convocado a los tradicionales, a las izquierdas y a los progres a unirse en “defensa de la paz”.

    Como para que no nos quepa duda del peligro de avance franco de las fuerzas castrochavistas ahí están Petro, Clara López, Piedad Córdoba, Robledo, las Farc, el Polo, el partido Comunista, la Unión Patriótica, la Marcha Patriótica, que con matices se han solidarizado con el dictador Maduro, y los progres como Claudia López, Mockus, Navarro, Fajardo y la elite del periodismo. Estos últimos y los políticos tradicionales como Roy Barreras, Benedetti, Velasco, Lizcano, De la Calle, Vargas Lleras, Juan Manuel Galán, Simón Gaviria y uno que otro paniaguado y enmermelado repentista, se supone, serían los encargados de contener a la izquierda para que no se desborde y quieren convencernos de que ellos sí son capaces de evitar el avance del castrochavismo.

    De otro lado, están las fuerzas políticas y sectores de opinión que nos opusimos con valentía y en condiciones bastante inferiores triunfamos en el plebiscito, sin otra opción que ganar las elecciones legislativas y las presidencial del 2018 en primera vuelta si se quiere cumplir el objetivo de retomar el rumbo.

    Los expresidentes Uribe y Pastrana forjaron un acuerdo al que pueden entrar todos aquellos que se sientan llamados a participar en esta campaña con sabor a cruzada.

    Es fundamental para la cohesión interna que se defina, lo más rápido posible, cual ha de ser el candidato y si el objetivo de esta alianza republicana es el de “hacer trizas” el acuerdo y su implementación o hacer “modificaciones” en algunos puntos específicos. Se aprecia una mayor tendencia hacia este último ante hechos cumplidos que no hay porqué desconocer. Un solo ejemplo, si ya hay de más de seis mil guerrilleros desmovilizados habrá que sostenerles las seguridades y garantías.

    ¿Qué es, entonces, lo que se debe modificar para retomar el rumbo que traía el país y que se perdió en la mesa de negociación de La Habana? Pienso que lo ideal y antes de entrar en la letra menuda se debe aplicar un criterio transversal a todo aquello que se quiera modificar o reversar que se puede resumir en que todo lo que haya sido acordado por encima o en contra de la Constitución debe ser modificado.

    Habría dos vías para concretar este propósito, la primera consiste en presentar el mismo siete de agosto del 2018 al Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional que contenga, entre otros, los siguientes puntos: 1. Desconocer la calidad de contraparte de las Farc frente al Estado en el acuerdo para una paz estable y duradera. De esta manera se desactiva la presunción de que lo firmado es un tratado internacional inmodificable. 2. Derogar la ley que estableció la creación y normas de funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), para restablecer la soberanía e integridad de nuestro poder judicial y conjurar el peligro de un poder dual o paralelo con integrantes extranjeros. 3. Derogar todos aquellos organismos de control y seguimiento de los acuerdos como el Csivi que tengan delegados de Estados o gobiernos extranjeros. 4. Aplicar en sentido estricto los compromisos del Estado colombiano en materia de delitos internacionales, en particular los relativos a la Corte Penal Internacional en el marco de la reducción de penas de la justicia transicional de su Estatuto. 5. Revisar en profundidad todos los decretos expedidos en el marco inconstitucional del fast track. 6. Ordenar al Ejecutivo la conformación de una Comisión de Alto Nivel para finiquitar las modificaciones a que haya lugar en aplicación del principio expuesto al comienzo del proyecto.

    La segunda vía es convocar un referendo derogatorio de todas aquellas leyes y decretos que hayan alterado o sustituido la Constitución y deformado las funciones de los poderes públicos.

    Coda 1: la consolidación de la dictadura en Venezuela debe tener consecuencias en Colombia. El presidente Santos a última hora, como los oportunistas, les dio la espalda a sus mejores amiguis. Debería, en concordancia con sus “contundentes” declaraciones, excluir de la CSIVI al delegado del Estado dictatorial de Venezuela. La CSIVI es una especie de suprapoder integrado por tres delegados del gobierno nacional, tres de la guerrilla, un delegado por cada país: Noruega, Chile, Cuba y Venezuela, que tiene la función de garantizar el cumplimiento de lo acordado y dirimir los conflictos de interpretación que puedan surgir en su proceso de implementación. Cuando se presente un empate ante una diferencia intervendrán los delegados de esos países de los cuales dos son dictaduras comunistas y uno es vecino nuestro.

    Coda 2: Conteo regresivo para el presidente más impopular de las últimas décadas. Si hay justicia y se demuestra que Odebrecht financió parte de su campaña, su salida debe producirse antes del 7 de agosto de 2018.

    Darío Acevedo Carmona, 7 de agosto de 2017

  • Las Farc aunque se vistan de seda…

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    Tras el discurso de la reconciliación entre los colombianos contenido en el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc se esconde más de un engaño, un adefesio y un peligro.

    El engaño radica en que esta guerrilla tuvo más de cuatro años para organizar un cambio sustancial de su táctica sin renunciar a su objetivo estratégico de implantar en el país el comunismo. Esto significa, no una eliminación de la consigna leninista de la combinación de todas las formas de lucha sino una reingeniería de las prioridades y los énfasis ante el evidente deterioro de su capacidad militar. En adelante darán prelación a la lucha electoral, a la lucha de masas y a la organización de su partido político.

    Quedan frentes rebeldes en zonas de cultivo de coca que continúan secuestrando y extorsionando a los pequeños, medianos y grandes empresarios del agro. Con la venia de los sociólogos del conflicto y del frente civil o quinta columna que ni reconoce su militancia en el PCCC o en la guerrilla, que explican el asunto como algo propio de todos los procesos de desmovilización.

    Dejan un arsenal de cientos de caletas difíciles de ubicar y una dejación de armas individuales a escondidas y sin testigos, con el apoyo de algunos teóricos de la “guerra” que sostienen que “las armas es lo de menos”.

    Es un engaño monumental pregonar a diestra y siniestra que para reafirmar la paz debemos dar pasos en la reconciliación entre todos los colombianos dando a entender que el país estaba dividido polarmente entre colombianos pro guerrillas y colombianos contra ellas. Es claro que dicha tesis y campaña tiene la pretensión de igualar el Estado legítimo de la nación y de la población con unas guerrillas desalmadas y degeneradas. Para ello contaron con el regalo del gobierno Santos y de los negociadores Jaramillo y de la Calle que de entrada y sin forcejeo les otorgaron a las Farc la calidad de contraparte y reconocieron, para poder entregar todo lo que entregaron, el relato de haber sufrido en una guerra civil cruenta y justiciera por más de cincuenta años.

    Es un adefesio que, de buenas a primeras, en un alarde de relativismo moral y de actitud impune se les esté dando a los comandantes guerrilleros responsables de crímenes horrendos y de sufrimientos indecibles un protagonismo y un trato como el que se otorga a los héroes por sus proezas. Desfilan, visitan colegios, universidades, van al Congreso, ofrecen entrevistas para periódicos nacionales y extranjeros, emisoras, noticieros de televisión. Abundan crónicas ejemplares, de tal forma que a una política de reinserción se le agrega indebidamente una generosa mano de pintura radiante que tiene por efecto que las personas olviden y que recordar y exigir justicia y compensación para las víctimas es agresión y venganza.

    Es el triste resultado de lo que hemos llamado en otras columnas la capitulación del Estado

    Es un adefesio grotesco que la guerrilla que toda su vida exaltó la lucha armada, la violencia revolucionaria y el culto al fusil (el poder nace del fusil decía Mao), en un parpadeo aparezca como depositaria y dueña de la paz, de la concordia. Malabares y torceduras que pocos se las creen a pesar de la ayuda de algunos acuciosos oenegeros que años atrás justificaban la lucha armada revolucionaria.

    Y es un adefesio que hayan asumido para el “nuevo” nombre de su partido las iniciales por las que se les conoce insinuando que la guerrillerada como tal no se disuelve ni rompe filas, que se conserva el orden y la jerarquía militar y que no se arrepienten de sus atrocidades. Tal vez y sin querer se les va devolver como un bumerang porque les recordará a los colombianos todas las tragedias y el dolor causado a la sociedad.

    Y son un peligro porque, paso a paso, con la paciencia del pescador, van ocupando espacios de poder y se dan el lujo de reiterar ideas y consignas inadmisibles en una democracia. En efecto, en las tesis y principios las Farc reafirman su adhesión al marxismo-leninismo, una teoría política que preconiza el odio entre las clases, que es enemigo de la propiedad privada, que reniega de la democracia “burguesa”, que se propone la eliminación del capitalismo y que plantea que la clase obrera como vanguardia de la sociedad a través de su partido (en este caso las Farc-ep) deben derrocar por la fuerza y con la violencia revolucionaria a las clases dominantes e instaurar la dictadura del proletariado, el unipartidismo y otras perlas a las que, infortunadamente, la opinión no les presta suficiente importancia.

    Coda: Al momento de escribir estas notas Venezuela se debate, como me decía un amigo y contertulio, entre la alborada y el apocalipsis. Deseamos que sea lo primero.

    Darío Acevedo Carmona, 31 de julio de 2017

  • ¿Punto final?

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    Un numeroso grupo de periodistas colombianos de primera línea suscribiò un documento en el que le manifiestan al expresidente y Senador Alvaro Uribe Vélez que: Es hora… de que deje atrás la práctica sistemática de difamar, calumniar e injuriar a sus críticos como si no fuera un expresidente obligado a dar ejemplo, ni un ciudadano sujeto al Código Penal.”

    Ni una palabra sobre los desafueros de Daniel Samper Ospina, el otro protagonista del embrollo, cuya “difamación, calumnia e injurias” hacen pasar como fino “humor”, con quien se solidarizan a la vez que presentan el problema como un ataque a la libertad de prensa.

    Toda el agua sucia es para el expresidente Uribe para que vayamos viendo el tamaño monumental de la obsesión que aqueja a muchos de los signatarios.

    No es de extrañar, pues con excepción de algunos periodistas que uno no sabe por qué firmaron un texto absolutamente sesgado, que entre otros se destaquen quienes se ensañan en sus columnas contra el expresidente.

    Quise revisar las columnas de algunos de ellos para ilustrar a los lectores sobre el lenguaje desmoralizante utilizado para referirse al expresidente, a su familia, al Centro Democrático y al uribismo, actitud que no es de ahora sino desde que él empezó a descollar en la vida pública.

    Y es como para que se le arrugue el corazón y se le ampolle la piel a Supermán. Apenas había recolectado algunas frases de tres columnistas de un solo medio me di cuenta que necesitaría muchísimo tiempo y páginas para cumplir mi cometido. De modo que no tuve más remedio que repensar el contenido de mi columna.

    Uribe, ciertamente, ha logrado o causado reacciones impensables e increíbles, por ejemplo, que la elite periodística del país se una contra él como un cuerpo herido, solidario, porque uno de los suyos recibió “una calumnia”. Ese cuerpo no se ha pronunciado sobre hechos de la mayor gravedad en tiempos recientes, v. y gr., como cuerpo, insisto, no han dicho ni mu sobre la represión castrochavistamadurista (fenómeno en el que no creen) a la libertad de prensa en Venezuela, pasaron de agache que ante el “acontecimiento mundial de la entrega de armas de la guerrilla más vieja del mundo después de 53 años de guerra cruel y destructiva” no hubieran sido invitados. No fueron testigos del momento en que, como dijo con grandilocuencia Humberto de la Calle, “se partió en dos la historia del país”.

    No han dicho nada, como cuerpo, ante la represión sistemática a la libertad de prensa, de expresión, de opinión, de mercado, de pensamiento, de protesta, impuesta por la dictadura castrista en Cuba y aplican el “tapen tapen” ante los escándalos y errores del gobierno Santos con tal de no darle la razón al “salgareño”.

    Volviendo al pronunciamiento, no se sabe sí los firmantes se conformarían con que Uribe se calle, varios de ellos ya lo han sugerido “hay que silenciar a Uribe”, pero en ninguna de las líneas de ese texto, cuyo borrador según dijeron fue escrito por Ricardo Silva Romero, furibundo antiuribista en sus columnas en El Tiempo y en El País de España, encuentra uno el espíritu autocrítico que les corresponde pues siendo periodistas, se han apartado de su profesión para incursionar con beligerancia en las batallas políticas.

    Como ciudadanos están en su derecho de pensar y tener opción política y partidista. Muchos periodistas han sido presidentes y congresistas, pero, si dan el paso a la militancia, deben entender que se someten a un lógica y a un tratamiento diferente al que se da al periodista profesional, o sea, a dar y recibir palo, afrentas, etc., y por tanto no podrán quejarse, aplica el dicho “quien quiere marrones aguanta tirones” y tendrían que decidir si quieren parecerse a Benedetti a Barreras a Lizcano o a Juan Gossaín.

    Andan por camino errado los periodistas que hacen proselitismo, recitan injurias, acusan temerariamente y hacen alusiones desobligantes a apellidos, a un pueblo, al Centro Democrático y a quienes profesan una religión, creyendo que pueden atacar sin que les respondan pues si les responden inmediatamente sacan la capa de periodistas.

    Los periodistas convertidos en agitadores pueden producir un daño grave a la sociedad. En mi libro La mentalidad de las elites sobre la Violencia en Colombia (El Áncora y Universidad Nacional de Colombia 1995), tuve ocasión de ilustrar cómo se incendiaban los espíritus atizando la lucha fratricida entre liberales y conservadores desde las salas de redacción. Lo reconoció Enrique Santos Montejo, Calibán, abuelo del actual presidente en su columna “Danza de las horas”.

    Así pues, si los firmantes no se consideran parte del problema e insisten en que el expresidente Uribe violó la libertad de prensa, siendo que quien más los ha reconvenido es el presidente en ejercicio, entonces no podemos creer en la sensatez de ese “Punto final” que, en esencia, expresa el profundo y funesto deseo de acallar al hoy Senador Uribe.

    Aún está fresca la tinta del pronunciamiento y ya algunos firmantes lanzaron ataques ultrajantes contra Álvaro Uribe demostrando su incoherencia e inconsistencia. Pueden iniciar por la de esta semana de Cecilia Orozco Tascón y seguir con las de María Jimena Duzán, León Valencia, Daniel Samper Ospina, Daniel Coronell, Ramiro Bejarano, Gabriel Silva Luján, Ricardo Silva Romero, Juan Gabriel Vázquez, William Ospina, Sergio Ocampo Madrid que acusó a Uribe del atentado al Centro Comercial Andino, un tal Gómez Pinilla que dijo “Me cago en la cara de Uribe” y convoca al estilo de los fascistas ordinarios a “silenciar” a Uribe, el trío De la Torre, Felipe Zuleta, Félix de Bedout, y muchos más que quieren sumarse al espíritu de cuerpo antiUribe.

    Todos dispuestos a darnos una lección de “respeto” consistente en que ellos pueden agredir, insultar, injuriar, escupir y matonear y si el afectado se defiende, eso es odio. Será por eso que los solidarios con Samper justifican o banalizan su agresión a la senadora Paloma Valencia y a su hija recién nacida, el comercio con el morbo y en cambio, les dio pena reaccionar como cuerpo ante el anuncio de las Farc de no liberar más menores de edad.

    Darío Acevedo Carmona, 24 de julio de 2017

  • Nosotros también queremos la paz, pero no así

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    La sociedad colombiana ha vivido, no de ahora, sino desde hace muchos años, intensos debates en torno a la violencia política y mafiosa, sobre la democracia, los derechos humanos, las libertades, el llamado, por algunos, conflicto armado o guerra civil, las guerrillas, el paramilitarismo, las mafias, el narcotráfico y, entre otros muchos, sobre las negociaciones de paz con grupos  al margen de la ley.

    Durante los últimos cinco años la política de negociaciones de paz adelantada por el presidente Juan Manuel Santos durante sus dos mandatos con la guerrilla de las Farc ha llevado la discusión a un tono más elevado que el acostumbrado. Sostienen los defensores de la política oficial, empezando por el presidente Santos, sus negociadores y sus principales funcionarios que el país se ha polarizado, que está harto, cansado y “mamado” del debate.

    Diera la impresión que desean que se acallarán las voces críticas como si no tuviesen razón de ser o que no entendieran que la política es un de campo de batalla en el que se enfrentan puntos de vista opuestos, no por capricho, sino porque hay intereses, visiones, ideas, concepciones y proyectos distintos defendidos por quienes aspiran a gobernar.

    En cualquiera de los casos, se percibe un aire de falseamiento del problema porque es la democracia moderna la que al haber convertido en públicos los asuntos del poder dio lugar a vivir la política como arena de lucha en la que la construcción de rivalidades es fundamental. Eso lo explican sociólogos y antropólogos de la política muy reconocidos: la noción amigo-enemigo es consustancial a la política. Por supuesto, se entiende que dicha rivalidad puede tener ribetes relativos o absolutos de acuerdo con la situación de la democracia y las libertades en que se encuentre cada sociedad en un momento dado.

    Y hay hipocresía en quienes se quejan de la rivalidad y la socorrida “polarización”, porque quienes hablan de fatiga, hartazgo o “mamera” son protagonistas, están ubicados en uno de los campos, son corresponsables de la atmósfera en que nos debatimos, ellos no solo han expuesto sino que también han impuesto políticas y decisiones que para muchos colombianos son peligrosas, erróneas, injustificables, como las que hemos apreciado en función de la supuesta terminación de la “pavorosa guerra civil que durante 53 años destruyó al país”.

    Pues bien, un gran parte de la población no aprueba lo que está sucediendo, no lo vamos a repetir en este artículo, pero se hizo evidente en el plebiscito cuando los críticos del proceso ganamos pero fuimos impotentes para evitar que el gobierno desconociera el resultado. Igualmente, las encuestas han revelado de manera sistemática y reiterativa que el porcentaje de desconfianza y escepticismo con la paz de Santos y las Farc es mayor al de las personas que la apoyan.

    Esto quiere decir, primero: en el país no hay una polarización cansona y peligrosa, sino un necesario, oportuno y profundo debate porque las cosas y asuntos en juego son de hondo calado, son sensibles para la población para su presente y su futuro. Es decir, los que participamos como individuos, movimientos o partidos estamos haciendo un ejercicio democrático. Que los términos del mismo se extralimiten no es de extrañar, no somos los únicos a los que esto les sucede, es pan comido en todas partes.

    Segundo, que de parte de los críticos de la paz Santos-Farc no hay apelación ni llamados a la violencia o a la amenaza guerrerista, siendo más bien que estas han salido de la voz de los jefes guerrilleros, del presidente Santos y de parlamentarios de la Unidad Nacional.

    Se ha dicho y demostrado en los hechos que lo deseable en materia tan delicada y sensible como lo es una negociación con fuerzas que han hecho tanto daño, era y es aconsejable construir un amplio consenso para darle mayor legitimidad y apoyo a los acuerdos. Pero, en vez de ser escuchadas esas invocaciones y propuestas, fueron burladas y engañadas. El Gobierno y sus amigos optaron por el camino de la imposición a cualquier precio, mancillaron la voluntad popular expresada en el plebiscito y solo quieren que nos callemos, que no “jodamos más”.

    Pues están muy equivocados y tendrán que entender o sucumbir ante el hecho cierto y contundente de que no somos una minoría y que tenemos altas opciones de triunfar con las tesis de “modificación de los acuerdos” en las elecciones venideras, y verán con sus propios ojos que las cosas se deshacen de la misma forma como se hicieron ya que no hay normas eternas, pétreas o inmutables. La paz que queremos ya ha sido expuesta ampliamente, que quede claro que se ofrecerá a los grupos armados ilegales todo aquello que generosamente permita la Constitución, que ni el Estado ni el nuevo gobierno le van a declarar la guerra a nadie pero que apelará al uso de las armas legítimas solo sí hay grupos que se empeñen en el uso de la violencia.

    Darío Acevedo Carmona, 17 de julio de 2017