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La paz y la crisis de la Justicia

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Más de la mitad del país, en encuestas sucesivas, manifiesta una visión negativa sobre la marcha del país, sus instituciones, los gobernantes y otros tópicos. Prácticamente nada escapa al escepticismo o pesimismo de las gentes, ni siquiera la supuesta paz firmada hace pocos meses despierta entusiasmo.

La situación más preocupante es la que atraviesa en su conjunto la Justicia y en particular las altas cortes pues los recientes escándalos dejan por el suelo ese elemento fundamental de la sociabilidad que es la confianza, ¿si la sal se corrompe en quién podemos creer?

Para tratar de comprender la razón o el porqué de esta crisis no basta con apelar a los lugares de siempre, a echarle la culpa a toda la sociedad o a decir que esto viene de tiempo atrás. Es necesario fijar la mirada en lo que ha ocurrido en el país desde que se inició un proceso de paz que arroja un balance deplorable en muchos aspectos y muy particularmente en el tema de la Justicia.

La política puesta en marcha por Santos y su equipo de negociadores para firmar la paz con las Farc nos puede dar la clave de la situación crítica. Esa política ha supuesto heridas demasiado graves en el alma de los colombianos. Quizás los advertidos y acuciosos analistas que medran a la sombra de los jugosos proyectos relacionados con el “posconflicto” sigan sosteniendo la estupidez de que las gentes son tontas o están siendo manipuladas. Pero como dice el cuento no hay peor ciego que el que no quiere ver.

En efecto, lo que hemos presenciado en dichas negociaciones es una cadena de mentiras, engaños e imposiciones de boca y de parte del presidente Santos. No las voy a mencionar, pero es indudable que la falta de franqueza, el decir una cosa que después niega en los hechos, se traduce en desconfianza colectiva.

La gente no es boba ni ciega, entiende y ve que a las Farc se le otorgaron prebendas indecibles e injustificadas y que esa organización se burla hasta del sentido común. La impunidad que rodea el conjunto de las concesiones, justificada a contrapelo de las Leyes nacionales y de la juridicidad internacional es fuente de inmoralidad y de nuevas violencias. Se ha llegado al extremo de condenar la exigencia de justicia como un acto de venganza.

La inmoralidad si viene de las altas esferas del poder es mucho más dañina que la que se pueda dar en la cotidianidad de los ciudadanos. Y es que ver convertidos en todos unos respetables señores a un grupo de criminales de guerra como si hubieran estado dedicados a hacer el bien ofende hasta el más malo de la cadena social.

Partamos de reconocer que es absolutamente inmoral haberle dado al Acuerdo Final la categoría de Bloque de Constitucionalidad en cuanto sustituye la Constitución, quiebra la institucionalidad y crea organismos que forman un Estado paralelo.

Todo el desastre que estamos sufriendo tiene que ver, en mi opinión, con el manejo inmoral de la paz. A esa noción se la ha privado de su real significado al convertirla en dogma. Por ella, se nos ha dicho, ha valido la pena firmar ese texto, desconocer el resultado del plebiscito o sea mancillar la voluntad popular, reformar la Constitución por vía exprés, romper el equilibrio de poderes y muchos más desastres.

Al elevar la paz a la condición de fin supremo, ajeno por tanto a las condiciones y a las circunstancias, se cae en el proceder propio de los dictadores o de los iluminados que autojustifican y autolegitiman sus actos y piensan que si a las mayorías no les parece bien es porque están equivocadas y que todo se vale con tal de alcanzar ese fin.

Y entonces viene el proceder inmoral para imponer el dogma desde el alto gobierno y los altos poderes. Si para lograr la paz había que hacerle un montaje al rival y favorito en las elecciones presidenciales del 2014, vale, si había que violar topes de financiación de la campaña, vale, si había que comprar votos distribuyendo “mermelada”, vale, si hay que distorsionar la asignación de cupos indicativos a los congresistas, vale. Si hay que aceitar a la gran prensa con elevada pauta oficial, vale, si hay que repartir puestos a granel para ganar el apoyo de magistrados, vale.

Y así se fue atropellando la tradición, la estabilidad y el estatus de todo lo que se atravesara en el camino de la paz. Perseguir empresarios críticos, vale, desmontar varias cúpulas de generales críticos, vale, otorgar contratos a empresas noruegas para apalancar el nobel, vale.

Si hay que imponer, a como dé lugar, la elección de un nuevo magistrado incondicional y de mediocre hoja de vida para desempatar en la Corte Constitucional la exequibilidad de la implementación del Acuerdo, vale.

De manera que la atmósfera putrefacta que campea tiene, sino el origen si un efectivo agente estimulante que es el ejecutivo, el presidente de la República, todo en nombre de su paz que no es la paz que buscamos y merecemos los colombianos.

No nos vengan a repetir la cantinela de que la crisis moral es del país, de todos, de los millones de personas que se ganan el pan honradamente. NO y mil veces no, la crisis moral tiene nombres propios e instituciones precisas. Las relaciones de cooperación entre los poderes públicos fueron reemplazadas por el soborno, la untada, el billete debajo de la mesa, las gabelas. Si este no es el mayor daño que se le pueda haber hecho al país que nos ilustren cuando fue que estuvimos en un pantanero similar.

Darío Acevedo Carmona, 4 de septiembre de 2017

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