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  • JEP, golpe de gracia a la democracia colombiana

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    La Corte Penal Internacional, suscrita por el Estado colombiano desde 2002, puede intervenir en un país signatario cuando su gobierno sea incapaz o se niegue a aplicar su estatuto a responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.

    Esa puerta se abrirá de manera automática en Colombia una vez el Congreso, por la vía golpista del fast track, le de vida a la Jurisdicción Especial de Paz, ese aparato creado en la mesa de conversaciones de La Habana para perseguir y juzgar a todos los involucrados en el fenómeno del paramilitarismo directa o indirectamente y que a los jefes de las Farc incursos en los delitos mencionados tan solo podrá aplicarles sanciones sin prisión y habilitándolos para ser elegibles a los cargos de elección popular.

    La JEP, sin que aún se haya finiquitado el proceso legislativo para su aprobación definitiva, ya de suyo ilegal, ha sido seleccionada por un comité de cinco personalidades, cuatro de ellas extranjeras. La mayoría de cuyos miembros se ha distinguido por defender un punto de vista a favor del gobierno Santos, como se constata en el nombramiento de su exministro de Justicia o por haber sido activistas de Ongs de clara tendencia izquierdista, por militantes marxistas, por juristas que han escrito libelos y consignas contra el expresidente Alvaro Uribe.

    Debe quedar claro, no obstante su pérfida composición para nada garantista, que viene con problemas de mayor calado. El principal es el que tiene que ver con el hecho de que la JEP es un aparato que se ubica por encima de todo el organigrama jurídico del país, de las altas cortes. Podrá revisar fallos de jueces y tribunales, no rendirá cuentas a nada y a nadie, es decir, tendrá poderes absolutos y funcionará por al menos doce años prorrogables.

    Esa imposición, impresentable en cualquier democracia, nunca vista en otras latitudes, viene adosada por unos acuerdos inmodificables según el gobierno y las Farc que convirtieron la mesa de La Habana en una constituyente de facto. De acuerdo con lo firmado y concedido por Santos y de la Calle, no habrá cárcel para guerrilleros responsables de crímenes atroces como secuestros, masacres, reclutamiento de menores, abuso sexual a mujeres, y muchos otros. Esos guerrilleros, además, podrán ser electos desde concejales hasta presidencia sin siquiera lavarse sus manos untadas de sangre.

    La JEP es considerada la joya de la corona, la almendra, el núcleo, en fin, lo más pétreo de los acuerdos de La Habana. Es la gran conquista de una guerrilla ya derrotada en el plano militar. Es vista así por las izquierdas y los amigos de una paz a cualquier precio, incluso, al de arrasar la Constitución y las instituciones. Pero, para las mayorías del país, las que ganaron con el NO el plebiscito de hace un año, es la corona de espinas con la que se inicia en forma el nuevo orden sonado por las guerrillas que no es otro que el de imponer en Colombia su modelo comunista, marxista leninista, su política de venganza contra el uribismo y todo aquello que huela a paramilitarismo y su verdad histórica que los dejará en el sitial de victimas del sistema, perseguidos y excluidos que se vieron obligados a tomar las armas.

    Así las cosas, la pregunta obligada es cuál ha de ser la alternativa para evitar que se consagre tal adefesio. Por fortuna se ha lanzado la propuesta que seguro tendrá amplio eco de convocar un referendo revocatorio de la JEP y de otros peligrosos decretos presidenciales y actos legislativos que amenazan la vida de los colombianos.

    Será necesario escudriñar otras opciones. Se me ocurre que es urgente conformar un equipo de juristas que se han destacado por sus críticos análisis sobre los acuerdos de paz, como Jaime Castro, José Gregorio Hernández y Jesús Vallejo, entre otros, para que preparen un alegato ante la Corte Penal Internacional con el fin de asuma sin mediaciones la investigación de los crímenes y delitos estipulados en su Estatuto ante la incapacidad o declinación manifiesta del gobierno Santos para hacerlo.

    La Corte tendrá que responder, si es firme y leal con sus funciones y si va a hacer respetar sus competencias, pues de no hacerlo, un nuevo gobierno y unas nuevas mayorías en el Congreso, adversos al pacto golpista, podrían entrar a estudiar la renuncia a dicho organismo.

    Sería una consecuencia lógica del mensaje que están dando al mundo Santos y las guerrillas, que no es como afirma el presidente un ejemplo de justicia transicional, sino todo lo contrario, un ejemplo de cómo violar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y promover la impunidad con falsos disfraces.

    Coda: Hace un año el gobierno Santos desconoció alevemente el resultado del plebiscito. Una democracia que se respete debe castigar con destitución y cárcel a quien así procedió.

    Darío Acevedo Carmona, 2 de octubre de 2017

  • ¿Quién ha propiciado esta corrupción?

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    “La Justicia está herida”, fue lo que expresó la juez 40 de control de garantías en la audiencia de imputación de cargos contra el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, después de que el fiscal investigador manifestara que lo ocurrido “Es demoledor para el Estado de derecho”.

    Apoyada en los resultados de la pesquisa, la juez agregó un dato escabroso, el grupo criminal se había concertado desde 2003: "En el 2003 usted y Gustavo Moreno se conocieron a través de José Leónidas Bustos, fue usted quien citó a su apartamento al señor Moreno y le explicó cómo funcionaba la organización, indicándole cómo manejarían los procesos. Luego era usted quien, generalmente, beneficiaba a los congresistas, políticos y gobernadores de quienes se supiera que tuvieran investigaciones en la Corte Suprema de Justicia o en la Fiscalía".

    Y más adelante fue más directa: “Usted y José Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron, entre otros, a Gustavo Moreno, a Leonardo Pinilla y a Gustavo Malo; organización dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad, la administración pública y la recta impartición de justicia (...) nunca antes a tan alto nivel se había prostituido la profesión de abogado en el ejercicio de la magistratura” (citas tomadas de Caracol radio y El Espectador).

    Esa red se burló a la sociedad al convertir el castigo o la absolución en moneda de cambio, deterioró la confianza social en la Corte Suprema y en los órganos de justicia. Resulta asombroso que hubiera estado activa desde hace tantos años sin ser detectada y alarma constatar que esos magistrados hayan sido tan influyentes y decisivos en la politización de la Justicia y en los enfrentamientos de la Corte con el presidente Uribe.

    Resulta entonces que habría que tomar en serio la versión obtenida por el antiguo DAS en el sentido de que una sesión del organismo acogió la propuesta de que las decisiones a tomar contra funcionarios del uribismo serían de orden político y no jurídico. La consecuencia de todo esto, si es que se pretende remediar así sea parcialmente el daño, es que se adelante una revisión por conjueces intachables y no politizados de las sentencias contra ciudadanos, exministros y funcionarios de ese gobierno que la soliciten.  

    Tomando como punto de reflexión el solo caso del magistrado activo de la Corte, Gustavo Malo, el periodista independiente, Alberto Donadío, afirmó en su última columna (El Espectador 20/09/2017) que de la misma manera y por los mismos motivos que se le está pidiendo la renuncia a Malo, el presidente Santos debería “retirarse del poder”.

    No es una exageración ni un exabrupto esa propuesta puesto que mirando atentamente lo que ha salido a flote en los sobornos multimillonarios de Odebrecht y el caso de los magistrados de la Corte se detectan lazos que unen los hechos de corrupción que no son pocos: Reficar, Isagen, Coopsalud, Interbolsa, “mermelada”, topes de campañas presidenciales y otros, con el poder gubernamental.

    El senador Bernardo el Ñoño Elías, pieza fundamental en el andamiaje del presidente Santos ya reconoció el uso de los dineros de Odebrecht en el cubrimiento de costos de la campaña del 2014 “no sé si el presidente sabia o no. Esa fue la propuesta que me hizo Otto Bula, quien señala que ellos, Odebrecht, quieren ayudar a la campaña, pero ellos necesitan recursos vía adjudicación de ese contrato (Ocaña-Gamarra) Cuando Otto me aborda para tratar ese tema, eso ya estaba casi listo, eso era una decisión del ejecutivo."

    Donadío refresca la memoria: “Los 285.000 votos que Musa y el Ñoño acumularon en las elecciones parlamentarias y le endosaron a Santos fueron los que le permitieron al presidente tener la mayoría en el Senado”. Y es tan grave el asunto que hasta el senador Armando Benedetti, otra ficha importante de la trinca oficial incurso en investigaciones, raramente frenadas, expresó que faltaba llegar “al penthouse”, o sea a la cabeza principal del andamiaje.

    Lo que está destapando de forma valiente el Fiscal General Néstor Humberto Martínez de congresistas muy cercanos al gobierno como el “Ñoño” Elías, Mussa Besaile, Andrade y otros, refuerza las sospechas sobre manejos y arreglos inmorales que se habrían realizado para obtener ciertos resultados. Suena sospechoso que varios precandidatos presidenciales quedaran tendidos en el camino por montajes judiciales y que, a lo mejor, sean muchos los inocentes en prisión.

    Hay cada vez mayor evidencia de que Santos extralimitó gastos de campañas con dineros de la multinacional Odebrecht a la que después favoreció con el otorgamiento de costosas concesiones de infraestructura que tienen a punto de ser llamados a versión libre a todos los ministros que firmaron esos proyectos en un CONPES.

    Las escandalosas revelaciones permiten apreciar la confluencia de diversos personajes de la política (congresistas), del mundo privado y funcionarios en obtener jugosas comisiones y de como una parte de esos dineros fueron a parar a las dos campañas de Santos.

    Es lo que se desprende del anuncio de inicio de investigación penal contra Roberto Prieto, otro gran amigo del presidente Santos, gerente financiero de sus campañas, por recibir dinero destinado a gastos extras de publicidad, y, factiblemente la masiva compra de votos en la Costa Atlántica en la segunda vuelta presidencial del 2014. Prieto, además, se benefició con más de una veintena de contratos milmillonarios con Presidencia y otras agencias estatales.

    Y el círculo no se cierra ni con la vergonzosa negativa de las exministras Gina Parody y Cecilia López a comparecer por tercera vez ante la Fiscalía para explicar su papel en el otrosí Ocaña-Gamarra con el que se habría beneficiado la familia de la primera.

    Cae pues un telón negro sobre la cortina trasparente que Santos dijo haber puesto a toda su gestión.

    Darío Acevedo Carmona, 25 de septiembre de 2017

  • La crisis institucional de Colombia y el reto electoral

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    Preocupa en grado superlativo la crisis de las altas cortes, no solo por lo que representan idealmente ellas en tanto guardianas de las leyes sino también porque su mayor desprestigio puede redundar en la acogida y validación del mal parido monstruo de la JEP en La Habana.

    Con solo ver el punto al que se está llegando en la selección de integrantes de la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión de la Verdad y otros aparatos no menos azarosos que los mencionados hay razones de peso para que los demócratas estemos con la guardia en alto.

    Entre los candidatos a todos esos órganos parajudiciales hay perfiles preocupantes, no solo de arribistas de ocasión, avivatos tras un salario pomposo y profesionales no conscientes del uso que harán de ellos en nombre de la paz. También hay personajes de oscuros antecedentes por el lobby hecho a favor de guerrillas y guerrilleros y juristas que justifican sociológicamente a las guerrillas.

    También hay exmilitantes de grupos ya sometidos que no han cesado un instante en usar su poder político, social y judicial para perseguir a quienes consideran sus enemigos o a quienes los combatieron por vías violentas.

    A la hora de nona veremos qué clase de humo saldrá de las largas y tediosas entrevistas que cinco magos escogidos por delegados de los negociadores de Gobierno y Farc realizarán a miles de aspirantes. Esa comisión carece de idoneidad porque nació de un acuerdo espurio e impregnado de trampas, engaños, mentiras y concesiones ilegales e inconstitucionales.

    Para la Comisión de la Verdad, desde la que se intenta producir una versión oficial, única y definitiva de la “guerra” que, se da por sentado, “afectó y dividió a todos los colombianos por más de cincuenta años” suena como candidato a presidirla el sacerdote jesuita Francisco De Roux, una persona nada imparcial, por cuanto toda su vida ha usado su investidura y su sotana para darle rostro teológico la versión del conflicto que las guerrillas quieren imponer.

    En ese papel, al parecer, sería secundado por el sociólogo de los tenis pisahuevos, reconocido por su militancia ideológica en el mamertismo cultural y “científico”. No sabemos que otras monjas y monjes están haciendo fila, pero de lo que si estoy seguro es que la verdad que saldrá de esos conciliábulos es la que hemos leído en el periódico Voz, en las muchas columnas que pueblan los grandes medios nacionales y en los ensayos de académicos que hablan con propiedad de las “causas objetivas del conflicto” y ven en las guerrillas a luchadores sociales y excluidos y no comunistas totalitarios.

    Con la JEP amenazan Timochenko, Márquez, Losada y Santrich a empresarios, políticos, hacendados, ganaderos, estigmatizados estos últimos por intelectuales “modernos” y urbanos para quienes todo lo que huela a campo es sinónimo de atraso y que piensan que debemos abandonar la ruralidad a la suerte de las políticas comunitaristas y reaccionarias de las Farc.

    Y que se cuiden también de esa justicia revolucionaria, los políticos uribistas, conservadores y Uribe y todos sus seguidores, pues serán llamados a comparecer y a responder por el paramilitarismo. Esa es la dimensión de su llamado a la reconciliación que consiste en que el Estado los perdone, los financie, los repare y, eso sí, se castigue con cárcel a sus enemigos.

    Ahora se viene en carga de caballería uno de los tipos más poderosos de la izquierda de civil, el congresista Alirio Uribe, el mismo que persiguió al coronel Plazas con mítines callejeros a la usanza de la “justicia de masas” del fascismo, contra el expresidente y senador Álvaro Uribe al lograr que la Corte Suprema compulsara copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para investigarlo.

    El sujeto de marras no es un simple opositor del gobierno sino adherente y militante del marxismo leninismo, fue uno de los líderes del proceso contra el general Uscátegui por la masacre de Mapiripán en cuyo proceso se descubrió un montaje de testigos falsos. Miembro del renombrado Colectivo José Alvear Restrepo que hace parte de la coalición de más de 15 ongs unidas bajo el lema “Colombia nunca más” que también firmó la ong del revolucionario jesuita Javier Giraldo, cuyo documento fundacional estipula, bajo el manto de la defensa de los derechos humanos, la lucha contra el Estado, la democracia colombiana, las Fuerzas Armadas y otros objetivos inspirados en el Foro de Sao Paulo.

    He sostenido que el proyecto bolivariano castrochavista resulta beneficiario de la crisis institucional. Ese plato ya está servido. Confluye la crisis de las Cortes con la de los partidos llamados a garantizar la continuidad del sistema. Ahora este gobierno, que para congraciarse con Chávez rechazo las bases antidrogas de USA, levanta camorra porque es advertido de que los compromisos asumidos en el Plan Colombia se deben cumplir, todo por quedarle bien a las Farc a las que se les concedió irresponsablemente el “favor” de triplicar el área de cultivos de coca desde 2013 eliminando la aspersión aérea.

    De manera que el reto que tenemos los que ganamos el plebiscito con el NO a los acuerdos es crucial. Está en juego el futuro del país y así hay que plantear el problema: solo una fuerte victoria en las elecciones del 2018 bajo el liderazgo de una amplia alianza nos permitirá retomar el rumbo.

    Darío Acevedo Carmona, 18 de septiembre de 2017

  • El papa y la paz de Colombia

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    Francisco es el tercer papa que visita a Colombia. Primero lo hicieron Paulo VI en 1968 y Juan Pablo II en 1986. El papa fue recibido por multitudes alborozadas de un país inmensamente católico que esperaba ante todo una visita de corte pastoral y que así la sintió.

    El gobierno de Juan Manuel Santos fracasó en el empeño de sacar partido para su acuerdo de paz con las Farc a pesar de la abrumadora propaganda oficial. Hasta el momento de redactar esta columna (domingo 10/9/17) el papa no se había pronunciado en favor de dicho acuerdo, pero había deslizado importantes reflexiones sobre las implicaciones de la paz, la relación entre paz y justicia, la esperanza, la alegría, las víctimas, la verdad y la reconciliación, con las que difícilmente se podría estar en desacuerdo.

    Se le observó una actitud muy diplomática y respetuosa, acorde con su liderazgo religioso, sin herir a nadie y provocando reflexiones saludables, polémicas y pertinentes. Su silencio sobre la situación de Venezuela sigue sin explicación.

    El papa demostró que está al tanto de la profunda división de los colombianos en torno a al proceso de negociaciones y acuerdo de paz entre el gobierno Santos y la guerrilla de las Farc. Al respecto hizo apuntes sobre la importancia de insistir en alcanzar la paz a la vez que advertía en la necesidad de la justicia, del perdón y la reconciliación. Sus palabras encuadran a la perfección con los textos del nuevo testamento que les otorga siempre un lugar privilegiado. Todos los días en la misa católica se escenifica ese mensaje universal y teológico sobre la paz entre las naciones y entre los hombres.

    No hubo, pues, un apoyo explícito al acuerdo como lo anunció el gobierno y afirmaron muchos analistas. El papa demostró ser conocedor de la amplia inconformidad que hay en el país sobre la ausencia de justicia en las concesiones pactadas. Las últimas encuestas que certifican ese estado de ánimo han traspasado fronteras.

    La población católica sabe que el Papa ostenta una doble dignidad bastante problemática. A la vez que jefe de la iglesia católica lo es de un Estado y que entre una y otra no faltan desajustes y contrariedades. A la hora del balance hay que reconocer que Francisco, supo manejar su inmenso carisma inclinándose mucho más por el contenido pastoral de su visita. Hubo instantes de solemnes y emocionantes contactos con personas enfermas o discapacitadas

    El papa estuvo en cuatro ciudades capitales: Villavicencio, Bogotá, Medellín y Cartagena todas ellas muy representativas de la fe católica de los colombianos. Su presencia fue motivo de multitudinarias manifestaciones que reafirman las convicciones de sus habitantes.

    Creo que para bien del país el papa no se salió de su mensaje evangelizador, aunque también hizo anotaciones de contenido político. Pienso que suscitó entusiasmo por su fe a la vez que planteó reflexiones para todo tipo de personas y agrupamientos demostrando que entre política y religión, no obstante la separación entre los asuntos de la iglesia con los del estado, siguen existiendo vasos comunicantes, en este caso, expresados en unas ideas y valores comunes a la religión y a la política como la paz, la justicia y la reconciliación entre otros.

    La estancia del papa Bergoglio fue muy corta como para pensar que va a tener una incidencia enorme en el cambio de las tendencias y las percepciones que los colombianos tenemos sobre nuestros problemas y necesidades. Sin embargo, deja una serie de inquietudes que el gobierno Santos debe tener en cuenta, como por ejemplo, entender que ya no se justifica insistir en seguir vendiéndole al mundo un acuerdo que es rechazado por la mayoría del país y reconocer que han resultado infructuosos sus onerosos esfuerzos económicos y diplomáticos por alcanzar en el exterior lo que no ha podido en el interior.

    En cambio, debería pensar y actuar en el sentido correcto de la necesaria modificación de los acuerdos para que ganen sobre todo en el tema de la aplicación de una justicia transicional más acorde con parámetros nacionales e internacionales.

    Las gentes quedarán satisfechas de haber visto y escuchado en vivo y en directo al papa Francisco y sus creencias se habrán renovado. En los días siguientes vendrán los balances, habrá agudas polémicas sobre lo que dejó su visita, mi colega Alfonso Monsalve, por ejemplo, en el periódico Debate acota que entre las víctimas llevadas ante el papa no permitieron ninguna de las Farc. Más allá de campanas al aire por la paz, el país retornará a su ritmo normal.

    Darío Acevedo Carmona, 11 de septiembre de 2017