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  • No damos más señor Arnault

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    Setenta y seis billones de pesos ($76.000.000.000.000), es decir, más de 25 mil millones de dólares, es el costo de la implementación del acuerdo de paz Santos-Farc (APSF). Si lo que gastó el derrochón gobierno anterior dejó las arcas del erario en la inopia, ¿qué podemos esperar del compromiso que nos legó?

    Por eso causa alarma que el señor Jean Arnault, jefe de la Misión- ONU para la paz en Colombia, le hiciera al presidente Iván Duque un llamado a seguir adelante con la “implementación del acuerdo” y consolidar de esa manera la paz, sin referirse a los desaforados costos ni a los precarios apoyos de la comunidad de naciones, sin hacer mención a las insuficientes “ayudas” de algunos países que cuando más no pasan de unos cuantos miles o millones de dólares.

    Supongamos que los colombianos, que somos generosos con los esfuerzos verdaderos de paz como lo hemos demostrado en el pasado, aceptamos hacer ese inmenso sacrificio para crear, en la práctica, un para-estado que es a lo que estaríamos impelidos para alcanzar la anhelada pacificación.

    Supongamos también que los colombianos estamos dispuestos a digerir los gigantescos sapos que consagran la impunidad de unas guerrillas responsables de delitos atroces cometidos por sus jefes de manera sistemática y a ver algunos de esos jefes en el Congreso hablando de moralidad, de justicia, contra la corrupción, etc.

    Supongamos que, igualmente, los colombianos pasaríamos de agache que el presidente Duque, en aras de esa paz bizarra, renuncie a modificar algunos aspectos del APSF. Y muchas otras cosas indigeribles que nos empujarán a las malas por nuestro esófago.

    Pero, y el “pero” no es caprichoso y es bien grande, resulta que ni así, es decir, que ni sacrificando nuestras legítimas aspiraciones de justicia, transicional claro está, ni nuestro derecho a superar las graves falencias socioeconómicas, o el derecho de las víctimas a ser reparadas, observamos un cuadro esperanzador de paz.

    El mismo día en que el señor Arnault le decía esas palabras al presidente Duque, las mal llamadas disidencias de las Farc asesinaban a tres jóvenes geólogos y herían a varios más de un grupo de civiles desarmados contra los que abrieron fuego sin ton ni son.

    Esas “disidencias”, según una crónica del New York Times, que en principio estaban conformadas por unos centenares de guerrilleros que no acataron la orden de desmovilizarse, ahora pueden haber recibido el 40 por ciento de los ocupantes de las zonas de transición que las han abandonado.

    La deserción de jefes del Secretariado de las Farc como Iván Márquez, “El Paisa”, “Romaña”, que otros, como Joaquín Gómez, vivan en las sombras sin presentarse a su justicia, es decir, a la JEP, además de los que se quedaron en las selvas a manera de retaguardia por si fracasa la paz, es una situación cuya gravedad no puede ser minimizada ni por el gobierno nacional ni mucho menos por la Misión ONU garante de ese acuerdo.

    Las disidencias están atacando comunidades, lucrándose del floreciente narcotráfico, comprando armas, asesinaron cruelmente a tres periodistas ecuatorianos, asaltan bases militares, matan soldados y policías de una Fuerza Pública que cree vivir en un país en paz.

    Agréguese a ese panorama inquietante, el accionar terrorista del ELN con sus secuestros, emboscadas y ataques a la infraestructura y con sus exigencias para negociar en condiciones de impunidad similares, como no, a las de sus epígonos farianos.

    Y, por supuesto, cómo no tener en cuenta la presencia de violentas bandas criminales en zonas rurales y urbanas que viven del narcotráfico y en enfrentamientos ocasionales con otros grupos ilegales con los que se disputan el control de los cientos de miles de hectáreas sembradas de coca que dejó el APSF.

    De manera que no es mala fe, no es egoísmo, no es amor a la guerra, no es que seamos pendencieros, no es que no deseemos la paz, lo que hace que la inmensa mayoría de colombianos desconfiemos de las bondades de un acuerdo mal hecho. Son las realidades que vemos en la palabra de una guerrilla cuyos jefes hablan con cinismo y esconden bienes para no reparar a sus víctimas y algunos de los cuales siguen, como Santrich y al parecer Márquez, traficando cocaína.

    Se le puede agradecer al señor Arnault su buen deseo, pero, la verdad es que, de una persona de su rango, lo que se espera es una posición más enérgica y resuelta para con una guerrilla que a todas luces está violando lo firmado, a la que se le ha otorgado muchísimo más de lo que se merece y por encima de las leyes nacionales e internacionales. Es ella y no el gobierno Duque la que debe dar todo de sí para que al fin se desmovilicen todas sus estructuras “disidentes”, entreguen sus bienes, reparen a sus víctimas, dejen sus actos obscenos de darle estatus de heroísmo a sus crueles actos de terror y de organizar homenajes a sus muertos.

    Los colombianos no podemos dar más, rebajarnos más, humillarnos más ante los grupos ilegales que nos han maltratado por más de medio siglo.

    Darío Acevedo Carmona, 24 de septiembre de 2018

  • Limitaciones a la gobernabilidad y modificaciones al acuerdo Santos-Farc

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    De un artículo reciente del exmagistrado Jesús Vallejo Mejía (Pianoforte.com) quiero destacar el siguiente apartado, carente de desespero o desconfianza hacia el presidente Duque. Dice Vallejo que debemos “darle un voto de confianza a Duque”, sin perjuicio de escuchar “el justo clamor de sectores que se sienten desatendidos por sus primeras decisiones de gobierno. Hay rumbos que sería conveniente enderezar desde ya en aras de la gobernabilidad que tan esquiva se le presenta.”

    Hay que entender, agregaría yo, las difíciles circunstancias que rodean la gestión del primer mandatario: la situación desastrosa de las finanzas públicas en que las dejó el expresidente Santos, la desfinanciación del presupuesto de 2019 en programas sociales, la calamitosa crisis de la justicia, el renacer de la inseguridad y de la violencia, el peligroso estado de los acuerdos de paz amenazados por el doble juego de algunos capos del Secretariado de las Farc, el auge récord de los cultivos de coca y la consecuente amenaza de descertificación por parte de los EE. UU., entre otras. Esto en relación con lo que corresponde al estado de cosas recibido y sobre el cual el presidente Duque no ha hecho el corte de cuentas que le permitiría librarse de pagar los platos rotos y las culpas de ese infausto mandato.

    Por otra parte, la insoportable paridad de las fuerzas políticos que en el Congreso se declararon gobiernistas, independientes y opositoras, le amarra las manos al presidente Duque para impulsar algunas de las iniciativas claves enunciadas en la campaña, en particular las relativas a las modificaciones del acuerdo de paz Santos-Farc.

    Y, por último, las limitaciones no solo de lugar y modo sino de tiempo en el mando, escasamente cinco semanas en las que ha tenido que responder a innumerables cuestiones entre urgentes y delicadas.

    Pero, ninguna de las limitaciones anotadas tendría por qué conducir a desestimar algunas quejas y críticas que se vienen presentando sobre hechos puntuales en los que se observa un desliz o un error fruto, quizás, de la confusión o de los afanes. El gobierno no es solo el presidente Duque, él tiene ministros y asesores que le hablan al oído y que tienen la obligación de advertirle del peligro o los líos con algunas de las medidas tomadas por él.

    Insisto, en el mismo espíritu en que lo hace con toda buena intención y respeto el exmagistrado Vallejo, en que no se trata de asuntos insolubles y en que desde fuera del gobierno se aprecian ciertas cosas que no llegan a las alturas del poder o, también, temas de las alturas cuyas dinámicas no logramos entender desde fuera, deficiencia que se puede resolver con adecuados procedimientos y canales de comunicación.

    A mí en particular me inquieta la suerte que vaya a correr la promesa de introducir modificaciones al Acuerdo de paz. Los escándalos e incumplimientos que estamos presenciando por parte de Iván Márquez y otros altos dirigentes de las Farc confirman las sospechas sobre el doble juego de esta guerrilla con la paz y con la alternativa armada. En ninguna parte del acuerdo figura el compromiso de ellas a renunciar en definitiva a las armas y ahí tenemos como motivo de inmensa preocupación las llamadas disidencias en número de frentes y miembros cada vez más en aumento.

    Hemos escuchado que están en curso tres modificaciones, a saber: 1. Eliminación del narcotráfico como delito conexo al delito político. 2. Que en adelante los responsables de crímenes de lesa humanidad deben ir a la cárcel y, 3. Que estos delincuentes no puedan estar en órganos de representación popular hasta tanto no paguen sus penas.

    En los tres casos, en realidad, no hay modificación del acuerdo sino leyes a futuro, para algo que no ha ocurrido y no sobre sobre lo que consagró la mayor impunidad de nuestra historia. Además, mantener la figura del delito político en una democracia y un país que se dice estar en paz, es un absoluto contrasentido. De esa forma quedaríamos validando de antemano nuevos “levantamientos armados” consolándonos con interponer algunas objeciones.

    Es cierto que la correlación de fuerzas en el Congreso para sacar adelante una ley de modificaciones de los acuerdos no nos da garantías de aprobación. Pero hay que intentarlo y poner el tema ante la opinión pública pues si resulta imposible hacerlo por esa vía, entonces se apele a la convocatoria de un referendo revocatorio de algunos de los puntos que mayor impunidad contienen.

    La recomendación de implementar los acuerdos que hiciera el experto en solución de conflictos y reintegración y acompañante de la impune política de paz de Santos, Alejandro Eder, formulada en reciente entrevista (El Tiempo, 10/09/2018) en el sentido de que lo más indicado es consolidar “la paz”, no debe merecer la atención del presidente Duque que sintetizó la bandera de las modificaciones en la expresión “Ni trizas ni risas”. Así pues, el planteamiento de Eder nos lleva al siguiente dilema: o se renuncia a hacer las modificaciones implementando el acuerdo o se agotan todos los caminos posibles para hacer los cambios.

    Darío Acevedo Carmona, 17 de septiembre de 2018

  • La tragedia de Venezuela y su pueblo

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    Algo parecido a los sucesos que ocurren en Venezuela no lo habíamos presenciado los latinoamericanos en las dos centurias de vida independiente de nuestros países.

    Tenemos noticia de éxodos de miles de militantes perseguidos por dictaduras que implantaron regímenes de terror y persecución, de migraciones en gran escala de gentes que salen en busca de nuevos horizontes económicos ante la falta de empleo o la miseria insoluble.

    Pero, nada de lo que haya ocurrido en el pasado tiene los ribetes trágicos de lo que experimenta el pueblo venezolano en el momento actual. Si nos preguntamos a qué se debe que miles de miles de personas, quizás varios millones en un lapso relativamente corto de tiempo estén saliendo hacia los países vecinos realizando extensas caminatas, enfrentando las inclemencias del hambre, del clima y del desarraigo, escucharemos todo tipo de explicaciones según el lugar del espectro político desde el que se hable.

    Lo cierto del caso es que Venezuela, siendo uno de los países más ricos y poseedor de la mayor cantidad de reservas de petróleo del orbe, donde se dan el lujo de adquirir la gasolina más barata que el agua (como que con un dólar se pueden comprar 3,5 millones de litros de petróleo, ver http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/subir-gasolina-mas-barata-del-mundo-hasta-donde-puede-llegar-maduro_246704) hoy ha reducido su producción en más de 1,5 millones de barriles diarios, no hay medicinas, no hay oferta de alimentos en las cantidades y precios adecuados para sobrevivir.

    Pero, además de haber matado la gallina de los huevos de oro, el gobierno de ese país se empeñó en adelantar un proyecto de socialismo bolivariano, copiando el modelo castrista, atacando la empresa y la propiedad privada, persiguiendo a empresarios, causando la emigración forzada de los empleadores que, impotentes, presenciaron la nacionalización y expropiación de sus activos, bienes y patrimonio.

    El estatismo adoptado por Chávez y Maduro convirtió el agro productor de alimentos en un desierto y en materia política y electoral jugaron y atropellaron la constitución, organizaron fraudes para alterar los resultados y perpetuarse en el poder. Convirtieron su ideología y sus dogmas en política oficial, persiguieron y reprimieron sangrientamente las masivas protestas de la ciudadanía, encarcelaron decenas de líderes opositores, cerraron canales de tv, emisoras, diarios e hicieron del aparato educativo una tribuna de adoctrinamiento.

    Así que, detrás de las dolorosas imágenes de marchantes que desafían el cansancio, el frío, el calor, la lluvia y el dolor del alma,  no hay un error o una falla sino un modelo económico y un régimen de dominación política con los que se pretendió y se insiste en llevar a la práctica dogmas preciados de la reaccionaria izquierda latinoamericana plasmados en el programa del Foro de Sao Paulo, el mismo que se ha intentado en varios países de la región y que se logró imponer en muchos de ellos.

    Las consecuencias, todas disímiles pues en cada país en que se trató de implantar lo orientado por dicho Foro, las reacciones fueron diferentes, se reflejan con crudeza en el ámbito político y en la esfera económica.

    El populismo izquierdista una vez en el poder cocinó un plato explosivo y envenenado, que confirma su fracaso histórico y ningún éxito. En ningún país el socialismo en todas sus variantes pudo resolver el problema del hambre, de la pobreza extrema, del desempleo. Al cabo de décadas, desde la revolución comunista rusa en 1917, la economía planificada desde el estado, la abolición de la propiedad privada, el reemplazo de los empresarios por la burocracia partidista, sucumbió ante el empuje y la supervivencia del capitalismo como sistema económico sin alternativa a la vista ni en el corto ni en el mediano plazo.

    Es tan patético el desastre de los modelos socialistas que hasta los países más ortodoxos en su aplicación: China, Vietnam, Rusia, etc, se han visto obligados a reimplantar el capitalismo y la propiedad privada para suplir el hambre de sus poblaciones.

    El segundo factor propiciador de la crisis tiene que ver con la anulación de la democracia y de las libertades, con la manipulación de la constitución, con las restricciones a la libertad de prensa y con la desenfrenada corrupción de las altas esferas del “poder popular” que roban y esquilman lo poco que queda de riqueza.

    Auténticas mafias se han formado en el seno de los rígidos partidos comunistas y socialistas que pelechan a la sombra de las grandes definiciones. La corrupción en Venezuela se expresa en un gobierno mafioso que vive del robo de las rentas del petróleo y del narcotráfico, y ha desembocado en la formación de una burguesía lumpen, la boliburguesía, que rapta recursos inconmensurables a los proyectos sociales humillando la calidad de vida de la población.

    Hay mucho de criminal en la conducta de Maduro-Diosdado y su camarilla y eso tampoco es un desliz, es usual en los déspotas y dictadores.

    Así pues, que ojalá los sociólogos del socialismo no insistan en el cuento del error o falla del sistema, ni le den alas a la burda idea madurista de que todo se debe a un complot del imperialismo. Mejor que recuerden que la guerra del hambre fue una estrategia del dictador Stalin que llevó a la muerte por inanición a varios millones de rusos y ucranianos. Que la emigración masiva es forzada por el aparato político de los comunistas para deshacerse de millones de estómagos, tal como lo hizo en varias ocasiones Fidel Castro con el “Mariel” y otros éxodos forzados para aliviar sus cargas creándole problemas a los tan aborrecidos vecinos capitalistas y democráticos.

    Darío Acevedo Carmona, 10 de septiembre de 2018

  • En democracia cuando se gana es para no perder

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    Intento de manera infructuosa encontrar una explicación lógica al hecho de que sea imposible modificar, no hacer trizas, algunos puntos críticos del acuerdo firmado entre Juan Manuel Santos y las Farc. ¿Cómo es posible que se cumpla la sentencia que con ironía repitió el expresidente durante su larga despedida del mando en el sentido de que no se podría cambiar nada de ese acuerdo?

    ¿Por qué pudieron pasarse por la faja el triunfo del NO al acuerdo en mención en octubre de 2016? Los defensores del acuerdo de impunidad se apoyaron en razones flojas como la estrechez del resultado y haciéndole creer al país y al mundo que se habían acogido todas las críticas.

    ¿Por qué, si el cuestionamiento de aspectos álgidos del acuerdo fueron parte integral del programa de las campañas del Centro Democrático, los uribistas y amplios núcleos de la ciudadanía, y ese punto de vista triunfó en las parlamentarias y luego en las presidenciales, nada se puede modificar según dictamen de la Corte Constitucional?

    ¿Para qué, entonces, sirve la socorrida democracia? ¿o es que la democracia ha adquirido en nuestro país, por obra y gracia de la paz como dogma un significado inverso de que se gana para perder?

    Y me pregunto, con igual desconcierto ¿por qué de nada ha servido que la opinión se haya manifestado de manera sistemática en todas las encuestas, crítica y opuesta a los términos del acuerdo de paz a pesar de la gigantesca y abrumadora maquinaria publicitaria con que fueron divulgados los acuerdos?

    No quiero quedarme en respuestas meramente locales, pues tengo razones para incluir en mis inquietudes la suerte que están corriendo los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el estatuto de la Corte Penal Internacional en el mundo cuando la ONU, partera de importantes acuerdos y avances en esas materias en la posguerra, en buena medida ha dejado esas banderas en manos de tendencias de izquierda que solo tienen ojos contra las dictaduras de extrema derecha y se solazan con las de extrema izquierda. ¿En qué queda el sentido y el significado de la filosofía humanitaria cuando su defensa, promoción y vigilancia se deposita en organismos presididos por países con gobiernos que los violan sistemáticamente?

    ¿Dónde se ha escuchado la voz del Consejo de DDHH de la ONU para expresar algo con fuerza de mandato o intervención sobre los crímenes y la represión de las dictaduras sanguinarias de Maduro y Ortega en Venezuela y Nicaragua y contra la pervivencia de la dictadura castrocomunista en Cuba donde el gobierno policíaco restringe los derechos elementales de su pueblo desde hace 59 años?

    Tampoco entiendo que ese organismo haya solicitado a Brasil que se respete el derecho del expresidente Lula, condenado por corrupción oficial, delito internacional según la ONU, para hacer campaña presidencial.

    ¿Cómo va a explicarle la Corte Penal Internacional al mundo su ceguera ante la impunidad del acuerdo de paz colombiano que consagra premiar a responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad con curules en el Congreso y nada de cárcel?, ¿No tiene ninguna consecuencia que Colombia, parte integrante del estatuto de la CPI desde noviembre de 2009, deje de aplicar los incisos g y k del artículo 7 de su Estatuto?

    La relación que encuentro entre la impunidad de la paz Santos-Farc y las inconsecuencias de los organismos internacionales de derechos humanos no saltan a la vista, pero existe y no es fruto de un complot o una conspiración, se trata en mi parecer de una conjunción, afortunada para los reinventores del comunismo en América Latina, los del Foro de Sao Paulo y gobiernos y gobernantes que se desentendieron del rumbo sesgado dado a los DDHH.

    A pesar del cuadro tan adverso pienso que hay opciones por ensayar para no darnos por perdidos en el cumplimiento del legítimo anhelo y mandato otorgado por la ciudadanía al gobierno del presidente Iván Duque de modificar algunos puntos del cuestionado acuerdo.

    Me refiero, por supuesto a alternativas contempladas en nuestra constitución: 1. Tramitar una reforma constitucional vía Congreso para modificar el Acto Legislativo que avaló la impunidad para delitos atroces y otras medidas ajenas a nuestro ordenamiento legal. 2. Convocar un referendo derogatorio, y 3. Convocar una asamblea constituyente.

    Nada es fácil ni expedito, todos los caminos tienen sus pros y contras, pero, quedarnos quietos sentaría el nefasto precedente de que ganamos para perder o transmitir el mensaje de que nuestra lucha en contra de la impunidad no valió la pena.

    Coda: la inversión del sentido de triunfar por parte las izquierdas se pudo apreciar en su reacción eufórica cuando salieron a cantar victoria de la consulta anticorrupción no obstante no haber alcanzado el umbral legal requerido.

    Darío Acevedo Carmona, 3 de septiembre de 2018

  • Modificaciones al acuerdo de paz: nada fácil mas no imposible

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    Sin duda, el fallo adverso de la Corte Constitucional al juzgamiento de jefes de las Farc responsables de crímenes sexuales contra menores de edad por tribunales de la justicia ordinaria es un duro golpe a las expectativas de amplios núcleos de la población y a una de las pretensiones programáticas del presidente Duque y del Centro Democrático de introducir cambios al acuerdo de paz Santos-Farc.

    La decisión de la Corte ha dado y dará mucho que discutir desde el punto de vista de sus implicaciones morales y constitucionales. No obstante, puede uno pensar que el mensaje subyacente sobre la imposibilidad de modificar el acuerdo se puede subsanar en el plano político.

    Pero, si tenemos en cuenta que en la política democrática entra a jugar el factor ineludible de la correlación de fuerzas, es menester mirar la composición del Congreso de la república para no hacernos ilusiones al respecto.

    En ambas cámaras obtuvieron representación doce (12) partidos y movimientos. El Senado con 108 curules quedó integrado así: Centro Democrático 19, Cambio Radical 16, Liberal 14, Conservador 14, Partido de la U14, Alianza Verde 9, Polo Democrático 4, Petristas 4, Mira, 3, Farc 5, Comunidades Indígenas 2, Libres 3. La Cámara de Representantes tiene 172 congresistas originarios de los mismos partidos y movimientos y en similares proporciones.

    Estos datos nos indican que ningún partido cuenta con la mayoría absoluta, que las dos grandes alianzas que se han formado hasta el momento: CD, liberales, conservadores y Mira, de una parte, y, Cambio Radical, de la U, petristas, Verdes, Polo, Farc, de la otra, están muy parejas. Y en temas relacionados con el acuerdo de paz, la convergencia oficialista no tendrá el apoyo de congresistas liberales y conservadores.

    De manera que, al parecer, los partidarios de modificar el acuerdo de paz tenemos cerradas las puertas jurídicas y de contera las políticas y el expresidente Santos se habría salido con la suya cuando en tono retador, desafiante y burlesco afirmaba que no se le podía cambiar nada.

    ¿Qué camino nos queda entonces, si es que queremos insistir en las modificaciones que la ciudadanía, según reiteradas encuestas, quería hacerles a los términos de ese pacto de impunidad? ¿Hay alguna salida?

    Reconozco al menos tres opciones, veamos una por una. La primera es intentar, por vía del congreso, aprobar un Acto Legislativo reformatorio del Acto Legislativo que le dio vía libre al acuerdo de paz y rango constitucional a varios de sus componentes. Es un camino lleno de púas porque no hay mayorías aseguradas en el Congreso, porque tampoco es confiable la Corte Constitucional y porque el gobierno tendría que pagar un costo muy alto para ganar apoyos.

    La segunda es convocar una asamblea constituyente que puede conllevar no solo a reconsiderar el acuerdo de paz sino todo el ordenamiento. Se perciben ya algunos signos de fatiga en la población en razón de las intensas y prolongadas campañas precedentes.

    Y, por último, está la opción de convocar un referendo revocatorio parcial que por tal condición suscitaría menos reservas en las fuerzas de la alianza oficialista o gobiernista y la disposición del presidente Duque a hacer valer, sin reventar el país, una de las promesas más importantes de campaña con la que obtuvo el respaldo de sus electores. Es la manera más contundente de ponerle punto final a este asunto.

    De otra parte, de manera subsidiaria, no es descartable que organizaciones de derechos humanos y de víctimas de las Farc denuncien ante la Corte Penal Internacional la impunidad evidente y grosera subyacente en el acuerdo de paz. Sin embargo, en este terreno la suerte parece ser favorable al expresidente Santos, pues hasta el presente esa corte no cuenta con fuerza, poder, elementos e infraestructura para hacer valer su estatuto, mírese no más, su silencio y parálisis para intervenir sobre la crítica situación que atraviesan Venezuela y Nicaragua con la sanguinaria represión de sus dictadores Maduro y Ortega.

    Y al acudir a esta instancia, además del delito de violación de menores se debe incluir todos los contemplados en el artículo 7 de lesa humanidad y crímenes de guerra.

    Esa es la situación en términos realistas, Nada fácil mas no imposible.

    Darío Acevedo Carmona, 27 de agosto de 2018

  • Así es la democrcaia

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    Con apenas dos semanas en el cargo, el presidente Iván Duque ya ha recibido desafíos y juzgamientos que en común tienen el de ser apresurados y desproporcionados.

    El primer toque de corneta vino de las filas del populismo izquierdista de Gustavo Petro y sus aliados: oposición total y en toda la línea sin esperar siquiera a que su víctima se posesionara. Una semana después de la posesión, Jorge Enrique Robledo, un dirigente al que muchos consideran menos explosivo y moderado descalificó la gestión de Duque.

    La pluma untada de ají mexicano maya habanero de muchos columnistas sigue al rojo vivo, sin el menor cambio, ni que decir de lo que corre por las cloacas de los activistas incontrolables donde no hay señas para entablar alguna discusión seria.

    Por el campo de los seguidores del gobierno han surgido voces de disgusto, unas más radicales que otras, sobre las primeras medidas y nombramientos del presidente Duque.

    Los más moderados dicen estar desconcertados con la designación de personas que ejercieron alguna responsabilidad en el mandato de Juan Manuel Santos cuyo caso más emblemático es el del viceministro Víctor Saavedra. Cuando se les ha recordado que no se debe esperar que todos los funcionarios han de ser uribistas o del Centro Democrático, responden que no se trata de rechazar a personas ajenas al uribismo, como lo son muchos de los nombrados, tampoco ven problema en cargos dados a exfuncionarios de Santos que no han sido beligerantes en redes ni han tenido gran presencia política, sino que su descontento es con aquellos que, como en el caso de Saavedra, hasta hace poco lanzaron frases hirientes contra el líder del CD y el uribismo por las redes. Consideran que es una concesión exagerada.

    Otras personas más radicales que de tiempo atrás desconfiaban ya lo tildan de traidor a Uribe, utilizan los nombramientos mencionados para reafirmar esa desconfianza y sostener que ya empezó la desmarcada de Duque respecto de su mentor.

    En mi parecer, estos últimos, quiéranlo o no, terminan por hacerle juego a los radical-populistas de la Colombia Humana en el sentido de que conducen a deslegitimar el mandato de Duque prematuramente y le crean una atmósfera de hostilidad. Desconocen la importancia de hechos contundentes como retirar el país de UNASUR, taparle la boca al tirano nicaragüense, impulsar un bloque latinoamericano por el restablecimiento de la democracia en Venezuela, el lanzamiento de la campaña de seguridad y la inminencia de nuevas medidas que se adoptarán en los días venideros.

    La crítica constructiva y el descontento con algunas medidas es algo normal en las democracias. Agreguemos que en nuestro país la plena aplicación de la máxima: quien gana las elecciones gobierna quien las pierde hace oposición no es tan fácil como en regímenes bipartidistas.

    Hay que tener en cuenta que el Uribismo y el Centro Democrático no cuentan con la mayoría ni absoluta ni calificada para impulsar ciertos proyectos. Que tal circunstancia fue la que llevó a conformar una amplia alianza electoral que, además, precisa el concurso de otras fuerzas parlamentarias para sacar adelante una agenda atenuada por esa limitante propia de democracias pluripartidistas.

    Por otro lado, hay que tener presente las palabras del presidente en su discurso de posesión, en el que convocó a la unidad de los colombianos en torno a unos objetivos comunes y a dejar atrás las divisiones. Al margen de lo que se pueda pensar en cuanto a la factibilidad de esta bandera y dados los comportamientos irremediablemente adversos, el presidente Duque en cuanto cabeza de la nación y símbolo de la unidad del país, es el presidente de todos los colombianos y debe actuar en consonancia con esa filosofía y esa misión.

    En los nombramientos que han motivado el malestar entre algunos de sus seguidores, uno podría entrever, sin perjuicio de seguir alertas, que Duque está dando una señal de coherencia con su prédica y de que sí es factible andar ese camino de unidad cerrando heridas. Eso tiene sus riesgos, porque, y esto no se puede negar, la política siempre tiene el ingrediente de la confrontación y la democracia no siempre puede impedir los extremismos.

    Por ello, pienso que lo correcto de parte de quienes sienten insatisfacción no es silenciarse, sino entender que no es lo mismo ser candidato que gobernante y abrir un compás de espera, haciendo las críticas con mayor prudencia, tanto para no hacerle el juego a los extremistas como para que él presidente Duque, en su contacto con la población escuche esas voces que le manifiestan su disenso o sus inquietudes por alguna de sus acciones.

    Coda: La relativización del delito de lesa humanidad de violación de menores que en nombre de la paz acaba de dictaminar la Corte Constitucional, va en contravía del Estatuto de la Corte Penal Internacional (artículo 7, numeral g) del que Colombia es signatario pleno desde 2009 y que hace parte del llamado Bloque de Constitucionalidad.

    Darío Acevedo Carmona, 20 de agosto de 2018