VentanaAbierta

¿CONSTITUYENTE?

noreply@blogspirit.com (Dario Acevedo Carmona) — Tue, 18 Jun 2013 02:09:08 +0000

Palabras clave: Constituyente, gobierno Santos, conversaciones de paz

Número de palabras: 802

La idea de convocar una asamblea constituyente vuelve al primer plano porque los delegados de las Farc en La Habana insistieron de nuevo en plantear que ese es el mecanismo ideal para convalidar los acuerdos entre gobierno y guerrilla. Me supongo que hay algo más que ese angelical interés. Sin abandonar sus viejos ideales de una sociedad comunista (aunque no lo reconozcan así) están notificados por sus camaradas del vecindario y por el polvo de la derrota estratégica que sufrieron en el inmediato pasado, a buscar otros medios distintos a las armas para alcanzar el poder y construir el modelo.

La constituyente sería el mecanismo ideal para iniciar una experiencia de tipo electoral que les permite lavar la imagen de terroristas. Deben ser conscientes de que por sí solos no obtendrían resultados alentadores, por eso han llamado a la conformación de un amplio movimiento de masas conformado por grupos sociales y fuerzas políticas de izquierda en torno a unas banderas que ya no serán de corte revolucionario sino reformista. El ELN también se ha pronunciado en el mismo sentido en su boletín de mayo.

Desde el costado de la legalidad, donde se mueven con habilidad sus defensores y aliados se escuchan voces en favor de esa gran alianza. Conversan los del Polo con los de la Marcha y los Progresistas, Ongs, Colectivos de litigantes de derechos humanos y hasta liberales. ¿Cuál es la línea esencial que los aglutinaría? No es otra que la idea de sentar las bases del modelo bolivariano chavista en Colombia.

Para todos ellos, una constituyente significa el comienzo de una nueva Colombia. De modo pues que hay algo más ancho que ratificar acuerdos de paz. El gobierno nacional se ha negado hasta ahora a aceptar la demanda de las Farc. Considera que está fuera de lugar, que basta con una consulta popular. Ahí se visualiza uno de los nudos gordianos en una negociación llena de equívocos, candidez, mañas y marañas.

Entre los escribanos del santismo en la prensa nacional cunde el pánico ante la posibilidad de un fracaso en La Habana. Unos dicen que el fracaso de las conversaciones en La Habana sería un desastre no porque se frustre un anhelo nacional sino por una razón mezquina hasta los tuétanos, “es que eso es el triunfo del uribismo en las próximas elecciones”. Otros piensan que convocar una constituyente es muy peligroso porque el estado de la opinión pública favorece ampliamente a lo que ellos, con absoluto simplismo, sectarismo y hasta ignorancia, llaman la “extrema derecha”.

Sorprende que personas que han recibido los dones de la alta educación caigan en consideraciones tan ruines y antidemocráticas, pues no otra cosa puede uno decir de quienes creen que la democracia es buena cuando ganan y mala si pierden. Es lo que se observa por ejemplo en la actitud antirevocatoria del alcalde bogotano, Gustavo Petro, quien luchó en el pasado por la instauración de mecanismos de democracia directa como el referendo, el plebiscito, la revocatoria de mandato, las veedurías ciudadanas, las consultas y hasta la constituyente, y ahora que la opinión no le favorece, considera turbio el procedimiento.

Cualquier estudiante de ciencias políticas entiende que una constituyente debe ser justificada o rechazada no por el cálculo mezquino sino por razones de mayor peso. Por ejemplo, un cambio revolucionario en el poder, un golpe de estado, una turbación social de grandes magnitudes, una guerra civil, que no es nuestro caso, en la que dos bandos de igual a igual luchan por el triunfo sin poder alcanzarlo, o, en fin porque las leyes son insuficientes o no dan cabida a algún sector importante de la sociedad o no reflejan el interés general. Y, Colombia, por fortuna, no se encuentra en una situación de crisis. Así que los miedosos de la democracia se pueden liberar de sus fantasmas, ya estamos notificados de que su espíritu democrático no les llega ni a los tobillos.

Una constituyente en Colombia no se justifica porque la constitución vigente cuenta con amplio margen de legitimidad y respaldo. Los problemas del país parecen ubicarse en el terreno de la aplicación de políticas públicas que apunten a remediar las carencias materiales y educativas que nos avergüenzan, y eso debe resolverse en el campo de la lucha ideológica y política entre partidos y movimientos en las elecciones y en la confrontación de propuestas y proyectos puestos a consideración de la ciudadanía.

Mucho menos se justifica una constituyente para darle gusto y juego político a un grupo que fracasó en su esfuerzo de representar algo o alguien que constituyera un sector respetable de este país. Si lo que quieren es participar en el juego democrático, lo primero que deben hacer es abandonar la violencia y las armas y buscar garantías para ingresar a movimientos y marchas que los esperan con los brazos abiertos.

Darío Acevedo Carmona, Medellín 16 de junio de 2013

¿QUIÉN TIENE LAS LLAVES DE LA PAZ?

noreply@blogspirit.com (Dario Acevedo Carmona) — Tue, 18 Jun 2013 02:03:59 +0000

TAGS: Juan Manuel Santos, soberanía, chavismo, Nicolás Maduro, Henrique Capriles, Paz, Farc.

Número de palabras: 910

Si es verdad que el presidente Santos llamó al presidente impostor de Venezuela, Nicolás Maduro, para informarle que iba a recibir al jefe de la oposición, Henrique Capriles, estamos ante una clara abdicación de soberanía. Mucho se ha especulado acerca de si la movida de Santos obedecía a un cálculo, algo así como una apuesta para ver qué tipo de reacción tomaba Maduro o más bien una cosa ideada con el fin de demostrar independencia y zafarse de la tutela del vecino en las negociaciones de La Habana con las Farc, y ganar puntos en la contienda presidencial ya en marcha en el país. Sea lo que fuere, es inaceptable que en las relaciones internacionales se proceda como jugando al póker. La política exterior debe llevarse con más seriedad y obedeciendo a criterios muy pensados y de largo aliento.

Si hubo la llamada, eso da para pensar que el acuerdo Chávez-Santos de Santa Marta tuvo un significado mucho mayor que el que sirvió a Santos para declarar a Chávez su nuevo mejor amigo. Haciendo memoria fue exagerado lo que cedió nuestro primer mandatario en aquella histórica cita. Primero, echó en saco roto los justos reclamos por la presencia de bases y líderes farianos en territorio venezolano con aquiescencia del gobierno y sus fuerzas militares. Segundo, Colombia deshizo el trato que tenía con los Estados Unidos para el reforzamiento y modernización de bases militares colombianas, proyecto que había levantado ampollas del gobierno chavista. ¿Todo a cambio de qué? De convertirlo en facilitador de un proceso de paz incierto y sin compromisos serios de parte de la guerrilla para abandonar la lucha armada. De manera que no solo cedimos en materias sensibles de seguridad y de equilibrio estratégico, sino que se abrió el espacio para que Chávez se convirtiera, nuevamente, en factor clave en la resolución de la violencia colombiana, se entrometiera en nuestros asuntos y chantajeara con el retiro de su apoyo ante el más mínimo incidente.

Y, en efecto, Santos proporcionó ese pretexto a un gobierno urgido de un enemigo externo a quien achacarle, al mejor estilo de la dictadura castrista, todos los males y hasta los más fabulosos planes de asesinato y de complots con el imperialismo yanqui para derrotar su revolución. La “jugada” del presidente Santos, tan ingenuamente aplaudida y calificada de gesto autónomo por sus áulicos, produjo un efecto inesperado para los asesores de Palacio. Lo más probable es que en sus inflados cálculos no cabía que Diosdado primero y Maduro y Jaua después, dieran por finalizado el romance y prácticamente declararan traidor y violador de compromisos a Santos. La teatralidad montada por el chavismo no ha generado la más mínima reacción de protesta de las débiles democracias latinoamericanas que han agachado sus cabezas ante el temor de perder las dádivas del gobierno bolivariano. El intervencionismo funciona y es válido y legitimo si está en cabeza del chavismo.

La última declaración de las Farc desde La Habana (ElEspectador.com 8/06/2013) en la que se solidarizan con el gobierno ilegítimo de Venezuela en su protesta por la recepción a Capriles y por el fallido anuncio del propósito de ingresar a la OTAN, es una buena prueba de cuan estrechos son los lazos entre el chavismo y las guerillas colombianas y de cómo ambas hacen parte de un proyecto estratégico de unir a toda Latinoamérica en el sendero del “socialismo del siglo XXI”. Para las Farc es más importante la seguridad de Venezuela que la colombiana, eso explica su condena al gobierno Santos por sus pretensiones de ingresar a la OTAN. La conclusión para ellos es tan grave como la de los mismos chavistas, según las Farc “La actitud de Santos desinfló el optimismo, la atmósfera favorable a la paz que se había logrado construir con tanto esfuerzo en La Habana. La cuestión se resume en el hecho de que si no fuera por Venezuela no tendría lugar el diálogo de paz de la capital cubana”.

Como auténticos apéndices de las directrices y de las políticas de Maduro y Diosdado, las Farc calificaron de “justa” la reacción de Caracas y llegaron más lejos al declarar que las negociaciones quedaban en un “limbo”. Incluyeron en su crítica la visita del Vicepresidente norteamericano Joe Biden y en el colmo de la paranoia afirmaron que la “Alianza del Pacífico” de Colombia con Chile, Perú y Méjico, hacía parte de un complot para “descarrilar” a los gobiernos “populares” de la región.

Queda pues latente, a ojos vistas, la estrecha comunidad de intereses entre el chavismo y las Farc y el excesivo juego dado al gobierno de Venezuela en el proceso de paz, ya que por lo visto, es este el que decide, al final de cuentas, si este avanza o se detiene. Son ellos los que tienen la llave de la paz. Razón muy poderosa para aumentar la desconfianza en esas conversaciones.

Más descorazonador aún es constatar el hecho de estar viviendo las consecuencias de una actitud entreguista de nuestra soberanía a cambio de una paz incierta y de manejar las relaciones exteriores como si se estuviera jugando cartas en un casino. Colombia ingresó a UNASUR y a la CELAC organismos creados por el chavo-castrismo para inutilizar a la OEA, haciéndole el juego a Hugo Chávez. Los compromisos explícitos e implícitos con el chavismo le impiden a la cancillería colombiana reaccionar con el debido decoro y honor so pretexto de guardar las formas y evitar las provocaciones.

Darío Acevedo Carmona, Medellín 9 de junio de 2013

LA PAZ, LA CONSTITUCIÓN Y LA UNIDAD NACIONAL

noreply@blogspirit.com (Dario Acevedo Carmona) — Tue, 04 Jun 2013 19:41:40 +0000

Palabras clave: Colombia, constitución del 91, paz, conversaciones de paz, guerrillas.

Número de palabras: 910

En los regímenes democráticos se apela a la unidad nacional y a la defensa de la constitución cuando se presentan agresiones externas, como por ejemplo cuando los gobernantes venezolanos en los últimos años amenazaron con declararnos la guerra e insultaron a nuestros presidentes, o cuando algún grupo armado ha tomado las armas con el propósito de hacer la revolución, que es lo que le ha sucedido a Colombia desde mediados de los sesenta del siglo pasado. El ejemplo más claro de unidad ante los ataques de grupos subversivos se produjo en febrero y meses siguientes del 2002 al fracasar los diálogos de paz del Caguán. Al presidente Pastrana, generoso hasta el escándalo con las Farc, no le tembló la mano para propiciar la condena nacional e internacional de las guerrillas colombianas en razón de su accionar sistemáticamente terrorista. Ahí se dio un fuerte sentimiento de unidad y defensa de la democracia.

La búsqueda de la paz ha figurado en la agenda nacional desde el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y los mandatarios siguientes han intentado, unos con mayor éxito que otros, apaciguar el país por medio de negociaciones con grupos armados por fuera de la ley. La constitución de 1991 elevó al rango de principio fundamental la búsqueda de la paz. Es en ese precepto en el que se está apoyando el presidente Santos y todos los demás sectores políticos y sociales que quieren legitimar las negociaciones que se realizan en La Habana con las Farc.

Pero, resulta que un amplio sector de la opinión pública, grupos sociales y dirigentes gremiales y políticos han manifestado serias críticas a este proceso. No voy a repetir las razones ya suficientemente conocidas. Hay, además de todas las que se han esgrimido, una razón constitucional que vale la pena recordar para que se tenga en cuenta en el debate. Me refiero al deber de defensa de las instituciones democráticas cuando estas son atacadas por grupos armados ilegales. La Constitución estipula que la Fuerza Pública y de policía y los organismos judiciales, incluida la Fiscalía General, tienen la obligación con las armas y la ley de cumplir tal responsabilidad.

Parece que fueran contradictorias las dos disposiciones, buscar la paz y defender con las armas la democracia. Sin embargo, no lo es si nos detenemos a pensar con quién es que está sentado el estado colombiano, como lo estuvo durante el primer gobierno de Uribe con los paramilitares en Santafe de Ralito. El estado negocia con grupos tachados de terroristas por varios países y la propia Colombia. Dicho calificativo no inhibe ni prohíbe negociar con esos grupos, pero, le da un carácter diferente a la misma en el entendido de que no se trata de una negociación entre iguales, en razón, precisamente, del carácter terrorista de aquellos que acuden a la mesa buscando una salida. El estado, basado en mandatos legales y en aras de consolidar la paz accede a negociar sobre la base del reconocimiento de la primacía de ese estado al que esos grupos no pudieron derrotar con sus supuestos proyectos revolucionarios.

Al buscar la paz, el gobierno que tome la iniciativa tiene el deber constitucional de hacerlo en el marco del más amplio consenso político y social, además de observar todos los demás mandatos de corte humanitario que ya se han explicado. Si la paz es un principio que une, que convoca la unidad nacional, tal como ocurrió con el Mandato por la Paz y luego con la negociación del Caguán, el intento de La Habana debe, con mayor razón y en vista de las fallidas experiencias anteriores, de las burlas y engaños sufridos a manos de los grupos ilegales, procurar convencer a esa parte de la opinión nacional que mira con reserva, con espíritu crítico y hasta con pesimismo las condiciones en que se realizan las conversaciones en La Habana. Y si no puede convencerlos, por lo menos está en el deber moral de tolerar, respetar y llenar de garantías a quienes pensamos diferente situándonos en la institucionalidad.

No es, pues, acorde con el espíritu de la constitución y con el deber de buscar la paz en el marco de la unidad nacional, arrinconar a los críticos del proceso graduándolos como “guerreristas”, “enemigos de la paz” “conspiradores” y “extremo derechistas” amigos de la salida militar, ya que lo que se está defendiendo no es la opción de la guerra sino la alternativa de buscar la paz sin poner en peligro la necesaria unidad nacional y sin olvidar que de un lado estamos la inmensa mayoría de los colombianos que creemos en nuestras instituciones y en nuestra democracia a pesar de todas las fallas y carencias de ellas, y de la otra parte lo que hay es una minoría que no representa a nadie y se niega a reconocer el fracaso de sus propósitos.

Desde la democracia podemos brindar una salida digna a esos grupos siempre y cuando desistan del uso de las armas, las entreguen, paguen penas transicionales y reconozcan a sus víctimas. Pero lo que no tendría presentación ni legitimidad es que se hagan las paces con esos grupos a contrapelo y disgusto de amplios sectores de la población colombiana y declarando “enemigos” a quienes han defendido el país. Esa sería una paz falsa, que puede desatar nuevas violencias porque en materia tan delicada y tan sensible para todos no se puede repetir errores del pasado ni dejar espíritus penantes ni heridas abiertas.

Darío Acevedo Carmona, Medellín, 2 de junio de 2013

LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA DE NUEVO EN PELIGRO

noreply@blogspirit.com (Dario Acevedo Carmona) — Tue, 04 Jun 2013 19:39:25 +0000

Palabras clave: Democracia, América Latina, dictadura, OEA, chavismo, elecciones.

Número de palabras: 946

La Democracia se encuentra en una situación preocupante en nuestro continente. Después del alborozo que produjo su restablecimiento en muchos países con la caída de dictaduras oprobiosas y de transiciones marcadas por el civismo, la amplia movilización ciudadana y métodos no violentos, nos encontramos ante síntomas que amenazan con derrumbar y destruir lo que se había edificado con inmenso esfuerzo.

El organismo encargado de hacer prevalecer la democracia en América, la OEA, sobrevive en medio de una impotencia, incapacidad y perplejidad nunca vista en su historia. Este organismo ha pasado a un lugar bastante secundario en el panorama diplomático de la región. El chavismo y el castrismo, movimientos y gobiernos de corte dictatorial se han encargado de llevarla al borde de la tumba. La crisis viene desde el momento en que su anterior secretario general, César Gaviria, mostró temor ante el deber de denunciar las turbias maniobras electorales de Hugo Chávez. El actual secretario, el señor Insulza, ha observado una pasividad exasperante aprovechada por los organismos y políticas impulsadas por el castro-chavismo: Unasur, Celac, Alba, para lograr la readmisión de Cuba einutilizar a la OEA.

La Carta de la OEA que estipula el acatamiento de la democracia para la formación de los gobiernos fue rota en mil pedazos por la presión de los estados del socialismo bolivariano del siglo XXI que lograron echar al suelo ese requisito para que una dictadura, sin cambios en la dirección esperada, fuera aceptada de nuevo. En las crisis de Honduras y de Paraguay, la iniciativa corrió de cuenta del castro-chavismo que impuso vetos y sanciones a los gobiernos de transición.

La muestra más patética de su inoperancia es su silencio ante los abusos contra la democracia y la libertad cometidos por presidentes en ejercicio. En Ecuador, Rafael Correa acaba de iniciar su tercer mandato prevalido de reformas oportunistas de la constitución y de golpes a la prensa opositora. Ahí ni siquiera hemos escuchado la protesta enérgica de la Sociedad Interamericana de Prensa. En Nicaragua, Daniel Ortega no tuvo reatos morales para trampear un cambio de jurisprudencia que le abrió camino a la reelección indefinida. Evo Morales se apresta a seguir el ejemplo de sus hermanos albinos. A su vez, Cistina Kirchner en Argentina hace y deshace con la normatividad democrática y con sus piruetas de corrupción para garantizar el continuismo de su pobrísima gestión.

El gobierno cubano se mantiene impasible ante las demandas de su población y de la comunidad internacional para restablecer la democracia. La longevidad de la dictadura castrista es una mácula para la humanidad. En la isla además no hay libertades, la crítica silenciada, perseguida, las actividades de las gentes están sometidas a vigilancia del poderoso aparato de seguridad, tan solo comparable con la KGB rusa con las SS nazis y con la Stassi de Alemania Oriental. Pero, quizás, lo más inmoral es la existencia de una izquierda que se presume democrática y una porción de intelectuales que en América y Europa todavía se refieren a los Castro como dignos expositores del altruismo y bastiones de la dignidad del pueblo cubano, que no se sonrojan por la incoherencia que significa defender la democracia para otros y no hacer lo mismo para Cuba.

De manera, pues, que cuando teníamos razones ciertas para considerar cerrado el ciclo de dictaduras propias de la Guerra Fría, en gracia del derrumbe del Muro de Berlín, del colapso de la Unión Soviética, del fracaso del experimento comunista, de la conversión de China maoísta al capitalismo neoliberal y del fin de los gobiernos dictatoriales de extrema derecha en Latinoamérica, esa primavera que se insinuó promisoria y redentora, hoy se encuentra en grave peligro. Lo ocurrido en las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado 14 de abril, el robo a ojos vistas del triunfo de los opositores liderados por Enrique Capriles, es una escalada mayor de ese proyecto que se propone anular la democracia desde la democracia. Así procedieron los bolcheviques en la Rusia que derrocó el zarismo a comienzos de 1917, utilizaron la democracia conquistada para después reemplazarla por la dictadura del proletariado. Así lo hizo Mussolini en Italia al imponer el fascismo apoyado en las elecciones, y también Hitler que por vías electorales logró un tercio del Reichstag que le bastó para dar el golpe de gracia e instaurar su régimen de terror. Los Castro en principio, al abatir la dictadura de Batista, prometían la realización de elecciones democráticas. Todo era un subterfugio para deslizar su macabra dictadura.

Los chavistas de Venezuela, según conversaciones secretas develadas recientemente, parece que están preparando un salto cualitativo, entiéndase, instaurar la dictadura del proletariado. Ya el gobernante impostor ordenó armar a los trabajadores para defender “la revolución”. Entretanto, la OEA se mantiene silente y gobiernos democráticos, temerosos o cándidos, se hacen los de la vista gorda, creyendo que de esa forma los tentáculos del proyecto chavo-socialista, no los alcanzará. Y la izquierda democrática, aún simpatizante y admiradora del castrismo, que sería la más perjudicada en caso de que este se impusiera en sus países, sigue pensando que no hay motivo para preocuparse por la suerte de la democracia en el continente y que Fidel es un hombre ejemplar y que Maduro debe ser reconocido.

Se mantiene en el dogma de que todo lo sucedido en América Latina fue obra de unos malvados dictadores proyankis y que los que abrazaron el proyecto castro-comunista fueron víctimas, que ellos nunca cometieron atrocidades. De ahí la asimetría en su condena a las dictaduras. Las únicas, según ellos, que merecen rechazo son las de la extrema derecha y por eso la dificultad para que entre nosotros se cierre definitivamente el capítulo de la Guerra Fría.

Darío Acevedo Carmona, 26 de mayo de 2013

DESTAPE REELECTORAL

noreply@blogspirit.com (Dario Acevedo Carmona) — Tue, 21 May 2013 03:43:00 +0000

Número de palabras: 968

Tags: Reelección, Juan Manuel Santos, Uribe, Paz, FARC.

Enrique Santos, apenas iniciándose las conversaciones en La Habana, advirtió sobre la necesidad de reelegir a su hermano para concluir las conversaciones de paz con un acuerdo. Aunque en la alborada de estas polémicas negociaciones se invitó desde Palacio de Nariño a no hacer política con ellas, es el mismo presidente el que la ha hecho a las anchas. En los últimos días utilizó de forma burda la canonización de la Madre Laura y su entrevista con el Papa Francisco para sumar apoyos al proceso. De manera que la propuesta de reelección de sus políticas y el montaje del equipo de campaña hay que entenderlo como el destape de sus aspiraciones. Es clara la interdependencia funcional entre reelección y proceso de paz. El presidente nos ha confirmado que buscó la paz para reelegirse y que se quiere reelegir para alcanzar la paz.

¿Qué se puede decir del equipo que va a preparar su campaña? Casi todos utilizaron a Uribe como escalera para llegar a donde no hubieran podido hacerlo por sus propios medios y méritos. Ni siquiera el mismísimo presidente Santos, ostentando una carrera de logros ministeriales y periodísticos, amén de su pertenencia al clan político más poderoso del país, habría ganado la presidencia sin el apoyo franco, abierto y temerario de Alvaro Uribe quien dejó claro en febrero de 2010 que ése era el hombre llamado a continuar su obra.

La mano de torcidos y desleales no hace sino constatar que la política es una actividad dura y de traiciones. Hay que tener piel de rinoceronte para aguantar. La desbandada de miembros destacados del equipo uribista le da la razón al ilustrado Maquiavelo. Veamos: el camaleónico Roy, el deslenguado y vacío Benedetti, la mayoría de congresistas de la U elegidos con votos uribistas, el presidente en funciones y cabeza del “viraje”, Vargas Lleras alejado de tiempo atrás pero comiendo del plato hasta el último día y el último minuto. El volteretas exministro Silva Luján, que apenas vino a caer en la cuenta de haber estado mal ubicado como mindefensa de Uribe. También se fue el angelical Angelino canso de prender velas allá y acá, vicio que dejó apenitas le dieron juego político a su hija en el liberalismo de don Simón, otro que engordó en casa de Uribe. Y la joya de la corona, el mejor policía del mundo, hombre culto, buen líder, que se hubiera quedado de coronel si no es por el remezón que Uribe produjo en la cúpula del generalato policial para nombrarlo Director. ¿Qué piensan todos ellos? Nada trascendental, porque la paz que defienden es una entrega, y que es mejor estar al lado del que tiene que del que nada tiene.

Ahora le corresponde a Uribe y a su círculo más próximo mirar con lupa, con micro y telescopio, a las personas que lo van a acompañar en la decisiva jornada electoral que se avecina, para evitar que le repitan la dosis. Los campos se van delineando y alineando en torno a las conversaciones en La Habana y alrededor de Juan Manuel Santos y Alvaro Uribe.

Ya las Farc, totalmente empoderadas y haciendo de nuevo las veces de grandes electores, como en 1998, han dado su bendición al interés reeleccionista del presidente. Sin firmar nada importante, sin asumir compromisos serios con la paz, con el desarme, con las víctimas, con la Justicia, con la verdad y con la reparación, resurgen, cual ave fénix, sin hacer concesiones.

No sería de extrañar un reagrupamiento de las fuerzas políticas y político-militares para ser exactos, en dos grandes campos. De un lado el Presidente envuelto en la bandera de la paz y prisionero de lo que se decida en La Habana, secundado por el liberalismo unificado en torno a cadáveres políticos renacientes como César Gaviria y Ernesto Samper. ¿Veremos a Rudolf Hommes hablando bien de Samper? También se subirán al carro de la victoria los adictos a la mermelada, venga de donde sea, así sepa a ajo y cebolla, con tal que sea mermelada. Los de Cambio Radical obedecerán a su jefe Vargas Lleras que se resigna a la conquista de la cima. Nada raro que vayan llegando a la gran coalición por la paz los verdes, los progresistas y hasta la izquierda con el pretexto de cerrarles el paso a los enemigos de la paz, a la “extrema derecha”, y de pronto, hasta los maduros de la Marcha con Piedad y Cepeda junior a la cabeza toquen las puertas de la Casa Grande.

En la otra orilla, Alvaro Uribe y el uribismo están retados a enfrentar esa alianza contranatura en la que, de nuevo, las Farc serán decisivas electoras pues tendrán en sus manos las llaves del triunfo. Un solo acuerdo, por pequeño que sea, puede ser definitivo en el resultado. Si el uribismo no avanza en la formalización de una estructura partidaria y afín a su discurso en términos del decálogo aprobado recientemente, la verá cuesta arriba. Insistir y hacer mucha claridad en el significado de las ideas defendidas hasta ahora: paz pero sin impunidad, paz con reconocimiento y reparación de víctimas, paz con dejación y entrega de armas, no a fuerzas políticas que combinen todas las formas de lucha, no a elegibilidad política de individuos incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra (esto último se refiere a los cometidos después de noviembre de 2009). No a la negociación de temas de la Agenda Nacional con las guerrillas, sí a la formulación de políticas de justicia y equidad social con las comunidades y organizaciones sociales.

En suma, dos bloques, lo ideal en cualquier democracia, pero sin armas y sin violencia. El país está convocado a definir si opta por la farcpendencia o por una paz realista que preserve las libertades y la democracia, con seguridad, inversión y equidad social.

Darío Acevedo Carmona, Medellín 19 de mayo de 2013

IMPUNIDAD INDIGERIBLE

noreply@blogspirit.com (Dario Acevedo Carmona) — Tue, 21 May 2013 03:36:00 +0000

Número de palabras: 966

TAGS: Justicia Transicional, Corte Penal Internacional, Paz.

La justicia transicional es un instrumento jurídico que estipula aplicación de penas menos duras en extensión a miembros de grupos armados ilegales a cambio de su desarticulación, desmovilización, confesión de la verdad, resarcimiento de sus víctimas y compromiso de no repetición. La reducción ostensible del castigo por crímenes que en términos normales no tendrían ningún favorecimiento, se justifica en razón de la búsqueda de un bien colectivo mayor para la sociedad, a saber, la cesación de delitos, el restablecimiento del orden y la seguridad y la recuperación de la tranquilidad ciudadana. Es una ecuación imperfecta si se la mira desde un ángulo riguroso pero legítima si se la valora por sus resultados.

No es aplicable de manera permanente ni en todo tipo de situaciones. Está diseñada para poner fin a enfrentamientos armados de consecuencias políticas en los que la comisión sistemática de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra impide el otorgamiento de indultos o amnistías.

Los avances recientes de la comunidad internacional, mucho más exigentes y estrictos en el castigo de ciertos delitos de común ocurrencia en confrontaciones armadas internacionales y nacionales, dejaron, una puerta abierta que fuese atractiva para grupos que quisieran cesar sus acciones militares, de tal forma que el castigo penal a imponer no fuese el normalmente utilizado, pero tampoco significase una amnistía o indulto como los que se otorgaban en otros tiempos.

El Estatuto de Roma de 1998 que sirvió de base a la formación de la Corte Penal Internacional consagró la investigación y el castigo de una serie de conductas cometidas por individuos pertenecientes bien a un estado o a una organización armada con fines políticos. Dicho estatuto prohibe el indulto y la amnistía para delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Colombia adhirió al tratado en el año 2002, pero hizo una reserva para que los responsables de crímenes de guerra en el marco del conflicto armado no fuesen de conocimiento de la CPI hasta noviembre de 2009. La idea era dejar espacio a eventuales negociaciones de paz sin que los jefes e integrantes de las organizaciones armadas viesen como un obstáculo que se les aplicaran penas por los delitos cometidos durante su accionar contra el estado. Sobre el asunto hubo suficiente y oportuna información.

Vencido el término de la reserva cualquier gobierno colombiano quedaba obligado a atenerse a sus estatutos no solo por ser alta parte contratante, como lo es en materia de derechos humanos a través de la ONU, sino en cuanto la adhesión plena convierte en legislación interna los acuerdos de la Corte. El estado colombiano no tiene otra alternativa que investigar y castigar a los responsables de los delitos a que hace referencia el Estatuto de Roma. No hacerlo es violar un compromiso internacional y la propia legislación. Pero, también, abrirles la puerta a los fiscales de dicha corte para que asuman la investigación, persecución y castigo de los individuos acusados de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra.

De manera que ya no se podrán adelantar negociaciones en los términos que, por ejemplo, se observaron en las negociaciones de paz con el M-19, el EPL y la Corriente de Renovación Socialista del ELN. ¿Qué es entonces lo que haría atractiva una negociación en las condiciones actuales? A ningún jefe, se dice, le gustaría hacer la paz para terminar en una cárcel. La respuesta nos la proporciona la Justicia Transicional. En el ámbito de la misma es posible que el grueso de los combatientes de base reciban el beneficio de la amnistía y el indulto, y que los comandantes, a cambio de verdad, reparación de víctimas y compromiso de no repetición, reciban penas alternativas, en amplia medida muy simbólicas en cuanto pueden llegar a equivaler a un 10% de lo que normalmente se aplica para delitos similares.

De esa forma se evitaría la impunidad total preconizada por algunos legisladores, miembros del ejecutivo, altos magistrados y el Fiscal General. Si leemos los artículos 7° y 8° del estatuto de la CPI, podremos entender que no es un capricho. Es preciso y conveniente entender que el estado colombiano, como tal, no puede eludir compromisos adquiridos. La CPI sólo admitiría un arreglo en el que personas responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra confiesen su culpa y paguen cárcel, así sea en proporciones menores.

Algunos apartes de los artículos 7 y 8 se reproducen a continuación para que el lector los contraste con situaciones vividas:

“Artículo 7, Crímenes de lesa humanidad. 1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: Asesinato, Exterminio, Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, Tortura, Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, Desaparición forzada de personas. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

Artículo 8, Crímenes de guerra: 1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. 2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra": Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949… En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949.”

Los umbrales a observar son pues indiscutibles: estatuto de la CPI y Justicia Transicional. Ni rigidez ni blandura.

Darío Acevedo Carmona, Medellín, 12 de mayo de 2013

LA PAZ ENTRE LA HABANA Y CARACAS

noreply@blogspirit.com (Dario Acevedo Carmona) — Tue, 07 May 2013 20:43:00 +0000

Tags: Proceso de paz, Colombia, La Habana, Caracas, FARC, chavismo

Número de palabras: 787

El mal momento de las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana está relacionado con muchos factores. Una agenda más amplia de lo que se cree. Vamos para ocho meses de trajín y ni siquiera se ha podido evacuar el primer punto, si el tema agrario ha sido duro, qué decir del que trata de la participación política que muchos “gestores de paz” despachan como si el gobierno estuviera conversando con los integrantes del coro de niños cantores de Viena. Una actitud insolente de los delegados de la guerrilla que va desde su desafiante discurso de Oslo hasta la negación de víctimas a resarcir, y exigencias fuera de foco como la de convocar una constituyente, reducir el tamaño del ejército, abolición de los TLC y cambio del modelo económico.

Nada conmueve a los delegados de las Farc. Parece que la vieja consigna que señala como máximo objetivo la toma del poder por la vía armada sigue vivita y coleando. En el imaginario colectivo persisten, con toda razón, los malos recuerdos del Caguán. Ni siquiera la benevolencia del Fiscal General y de los jefes políticos de la U y del liberalismo, que les prometen cero prisión y amplias facilidades para la participación en política. Ninguna exigencia como si se tratara de un préstamo bancario para comprar carro.

Descontemos las anteriores circunstancias en el entendido de que se trata del lógico tejemaneje de un pulso entre dos desiguales que el presidente Santos igualó sin mayor reato. Entonces, ¿qué otras cosas están gravitando sobre esas conversaciones para que no avancen? La cara de aburrimiento del doctor De la Calle al final de esta ronda da cuenta no solo de un malestar, sino de “mamera” con lo que no camina al ritmo esperado. Pero, ¿por qué? si ni siquiera al “furibundo furibismo”, como le dicen, se le puede achacar la responsabilidad de resultado tan desconsolador.

En el vecindario podemos hallar alguna clave. La situación del chavismo ha adquirido niveles preocupantes. Ni Maduro ni Diosdado pueden mantener el control y asegurar la pervivencia del proyecto, mientras la oposición liderada por un crecido Capriles avanza en su tarea de demostrar la farsa de las elecciones. Maduro no da la talla, no sale de dos o tres frases de cajón, de repetir una consigna y abrumar con insultos a sus adversarios. Maduro, la cabeza de un gobierno ilegítimo e impostor, montado gracias al fraude y al apoyo truculento de la inteligencia cubana, trata a más del 50% de los venezolanos como enemigos, los amenaza con medidas de fuerza como las que ya utiliza el tenebroso Diosdado en la Asamblea Nacional venezolana: linchamiento físico y moral, al mejor estilo fascista.

Y es esa la fuerza política que se supone está ayudando a la paz de Colombia, mediando y presionando a las Farc para que firmen la paz. Si internamente en su suelo están propiciando la violencia, la intolerancia y el fusilamiento moral de más de la mitad de su pueblo, ¿cómo tener fe en su buena voluntad para ayudar a la paz de los colombianos? El insulto de Maduro al expresidente Uribe al acusarlo de estar al frente de un plan para asesinarlo, es una clara demostración del desespero en que se encuentran. Están tratando de crear una artificiosa situación de amenaza para justificar su arremetida contra la democracia y las libertades. La ordinariez y la temeridad de Maduro deberían dar lugar a una enérgica protesta de la Cancillería colombiana, pero dudamos que vayan a poner en riesgo su proceso habanero.

El chavismo, pues, vive su momento de mayor debilidad en sus catorce años de gobierno y ello debe tener pensativa a una guerrilla que en gran medida tiene allá refugio, apoyo y protección del régimen chavista. ¿Para que apresurarse a firmar tratados de paz en una situación de incertidumbre en su patio trasero?

En síntesis, las Farc muestran temor al futuro, es decir, a la paz, a lo que implica dejar las armas, de ahí la divagación y la incapacidad para concretar acuerdos. También miedo ante la fragilidad de Maduro y la incertidumbre que reina en Venezuela. Por último, aprovechamiento sagaz de la urgencia del gobierno por una firma lo más pronto posible. La torpeza oficial les ha servido en bandeja de plata el pretexto ideal para dilatar, verbo que conjugan a las mil maravillas, las conversaciones. Ocho meses un año, dos –como sugirió Piedad Córdoba y aceptó con poca fortuna el presidente- son insuficientes para concluir un conflicto de medio siglo, afirman sin sonrojarse. Como quien dice, siéntense a esperar el día del juicio final, porque además, habrá que esperar la resurrección de las almas y el advenimiento del paraíso para que cesen “las causas objetivas del levantamiento”.

Darío Acevedo Carmona, Medellín, 5 de mayo de 2013

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