27/06/2008
CHOQUE DE TRENES
Palabras clave: Corte Suprema de Justicia, Presidente Uribe, Yidis Medina, cohecho, reelección.
Número de palabras: 1033
CHOQUE DE TRENES
El contrapunteo entre la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República ha sobrepasado la línea de tolerancia. El fallo de la CSJ sobre el caso de la parlamentaria Yidis Medina, al calificar su conducta como cohecho propio, compulsar copias a la Corte Constitucional (CC) y a la Procuraduría General de la Nación y en consecuencia cuestionar la legitimidad de la reelección del presidente Uribe, así como la reacción del Ejecutivo que descalifica el fallo de la Suprema y apela al constituyente primario para que se pronuncie a través de un referendo sobre el acto de la reelección, configura una crisis institucional que profundizará el choques y los desencuentros entre altas instancias del poder. En adelante, vendrán otros pronunciamientos formales y políticos que tensionarán aún más la situación. Todo da para pensar en un agravamiento de incalculables e impredecibles consecuencias.
La CSJ decidió conceder total veracidad a las declaraciones auto incriminatorias de Yidis, sin tomarse el trabajo de escuchar a la contraparte y de realizar un careo entre ellas. Esto da lugar a una duda de tipo procesal esencial en cualquier proceso judicial: ¿por qué no se llamó a declarar en calidad de testigos y protagonistas de los hechos que supuestamente configuraron el cohecho a los funcionarios del gobierno nacional que habrían inducido el cambio de la posición de Yidis a cambio de prebendas y dádivas? El proceso que por otro lado adelanta la Fiscalía General de la Nación, en el que sí han llamado a los funcionarios del Ejecutivo involucrados en la denuncia tendrá que llegar a este punto. Cabe la siguiente inquietud: si el fallo de la fiscalía, después de realizadas todas las fases de la investigación, es decir, cotejamiento de pruebas, careos, etc, decide que no hubo lugar a cohecho y encuentra culpable del delito de extorsión a Yidis ¿qué pasa con el fallo del CSJ? Se dirá que prima, por su más alta investidura el fallo de la Suprema, pero, de todas formas quedaría la sensación de que ella actuó en este proceso desbordando sus competencias o violando principios procesales elementales, lo que de hecho sembrará la duda sobre si su proceder y su fallo ha sido sesgado por intereses políticos.
Otra inquietud que se nos ocurre es la siguiente ¿Si para el cohecho se requiere de la participación de dos partes, ¿dónde está la comprobación jurídica, y en consecuencia la condena de los miembros del Ejecutivo que la facilitaron? Y si esta parte no está finiquitada, entonces en qué queda la solidez del cuestionamiento de la legitimidad de la reelección? No habría tenido que esperar la CSJ a que se produjera en ley el fallo de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes sobre la conducta del Presidente de la República y de la Fiscalía sobre las conductas de ex ministros y altos funcionarios del Gobierno? Pregunto a los abogados ¿que tanta solidez puede tener un fallo en el que sólo se está haciendo caso al testimonio auto incriminatorio de una de las partes? ¿Por qué no se puede tipificar la conducta de Yidis como una conducta extorsionista de alguien que se resintió porque no le cumplieron ciertas promesas de inversión regional, admitidas en las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, y que más bien trató de usufructuar una situación en provecho propio a sabiendas del daño que podría causar? ¿Por qué la CSJ desestima una actitud dolosa en la ex representante Yidis Medina habiendo suficientes pruebas de mentiras, de testimonios contradictorios y de otras conductas dolosas que se están conociendo hasta ahora? ¿Por qué le da credibilidad a una persona que tiene rasgos de mitomanía, de resentimiento y que apela a prácticas políticas detestables y condenables como la de hacerse merecedora de reconocimientos turbios derivados de letras firmadas en blanco por sus favorecidos? ¿Por qué la presentación de documentos firmados por supuestos beneficiarios de sus influencias, no fueron tomados como prueba de abuso de poder y de tráfico de influencias por parte de ella, y como expresión de habituales prácticas corruptas de miembros de la clase política y no como parte de un cohecho? ¿Por qué se le da credibilidad a esta persona y en cambio se rechaza el testimonio del señor Carlos Romero, uno de sus supuestos beneficiarios sobre quien se dice en el fallo de la CSJ: “CARLOS CORREA MOSQUERA, otro de los deponentes, atribuyó su nombramiento como Director de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja a la solicitud que elevó ante el Gerente de la Clínica Francisco de Paula Santander, descartando así la intermediación de YIDIS MEDINA.”? ¿Y si la otra parte (el Ejecutivo), supuestamente responsable del ofrecimiento de las dádivas no ha sido vencida en juicio, ni ha sido escuchada, ni ha tenido la oportunidad de defenderse ante la CSJ ni de tener careos con quien se declara culpable, entonces con qué fundamento la CSJ dictamina y concluye que: “Demostrado de manera inconcusa e inobjetable que: i) la Congresista acusada apoyó decididamente el proyecto de reforma constitucional (Acto Legislativo No. 02 de 2004); ii) tal respaldo definitivo para su aprobación no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento sobre la bondades de la propuesta, sino gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió; entonces, deviene ilegítima la actividad constitucional desplegada. Las circunstancias de factum y de iuris que sirven de fundamento a la presente sentencia indican que la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder , en la medida en que el apoyo de una congresista a la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas. Dar cuenta del presente fallo a la Corte Constitucional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para los fines señalados en la parte motiva de esta providencia.”
No es de poca monta lo que la CSJ ha dado a entender en su fallo: la reelección presidencial carece de legitimidad. Y no es cualquier propuesta la que el Presidente Uribe ha formulado como respuesta pues sería el constituyente primario el llamado a resolver este choque de poderes.
Darío Acevedo Carmona
Medellín, junio 27 de 2008
18:45 Anotado en OPINION | Permalink | Comentarios (0) | Enviar a Email | Tags: Politólogos
03/06/2008
UNIVERSIDAD, ACADEMIA Y DEMOCRACIA
Palabras clave: Universidad Nacional de Colombia, estatuto estudiantil, protesta, democracia universitaria.
Número de palabras: 1562
Una universidad es una institución académica, no política, por esta característica los mecanismos relativos a su gobierno no pueden ser semejantes a los que se utilizan en la sociedad política. En esta, el tema de la representación tiene que darse en los términos más democráticos posibles. La universidad está conformada por estamentos: educadores y educandos, los primeros tienen una relación contractual con la institución, los segundos están de paso. En la universidad hay asuntos cuya naturaleza impide que sean pensados en términos de democracia o no democracia, sino más bien en términos de jerarquías y méritos, también hay temas en los que se combina métodos democráticos con los meritocráticos. La relación profesor-alumno es un caso de jerarquía porque no hay igualdad posible en el estatus de ambos por las funciones que desempeñan y por las obligaciones que tienen. La asignación de notas, la promoción de categoría de un profesor, la evaluación de una tesis de grado, entre muchos otros asuntos, nada tienen que ver con la democracia pero no porque esta sea despreciable allí, sino porque los criterios que se emplean para tramitarlos son de carácter meritocrático. La designación de directivas es un caso en el cual se apela a la democracia y a la meritocracia a la vez. ¡¿Qué sería de la calidad académica de una universidad en la que, por ejemplo, los profesores fueran elegidos por votación popular de estudiantes o en la que un título fuese otorgado de la misma manera o la nota de los estudiantes de un curso dependiera de la votación “democrática” de los matriculados?!
Cuando hablamos de métodos democráticos es por tanto exigible y plausible tener en cuenta el ámbito en el que pretendemos hacer la reflexión. Concluir que una universidad no es democrática porque utiliza criterios meritocráticos y académicos selectivos y de calidad en muchos de sus asuntos, es un despropósito y puede producir una grave distorsión en la mirada sobre la institución. La universidad a través de la historia ha logrado construir métodos y criterios para resolver los asuntos del saber, de la enseñanza y de la investigación, y esos métodos y criterios, universalmente aceptados, difieren en su esencia de aquellos que los hombres utilizan cuando de intereses políticos o gremiales se trata.
Me parece de fundamental importancia tener claro este punto de partida para abordar el tema en concreto sobre la actual situación de crisis que atraviesa la Universidad Nacional de Colombia porque a veces olvidamos decir de qué tipo de institución estamos hablando. La Universidad Nacional es el principal centro de educación superior del país, de carácter público, con la misión de contribuir a forjar nación, financiada por el estado, es decir por la sociedad. Es una institución que desafortunadamente han tratado de convertir en escenario de grandes batallas políticas y en centro de preparación de la “revolución” en nombre de un distorsionado concepto de desarrollo del espíritu crítico que de su actividad científica y académica se espera.
Las directivas de la Universidad Nacional, más claramente, su Consejo Superior Universitario, conformado por 8 miembros, entre ellos representantes (estos sí elegidos con criterio y métodos democráticos en certámenes organizados por la Universidad) de los estudiantes, de los profesores, de los decanos, de los ex rectores, de las academias y tres que representan la voz del Gobierno de turno, expidió un nuevo Estatuto Estudiantil. Dicho estatuto estuvo sometido al debate por tres años, en su discusión y perfeccionamiento concurrieron representantes de los estudiantes de diferentes carreras, profesores y directivos. Por norma el organismo que expide el reglamento es el Consejo Superior luego de una consulta que aunque no es vinculante se hace con un espíritu abierto y receptivo, así lo hizo en esta ocasión. El movimiento de protesta que se desató alega una muy baja participación de los estudiantes en las reuniones de análisis y discusión de los contenidos, pero esa debilidad no es atribuible a un desdén de las directivas ni a una supuesta obstaculización de la participación.
Los estudiantes que lideran la huelga, que ya se acerca a los dos meses, dicen no estar de acuerdo con el sistema de créditos que se contempla en el estatuto ni con el promedio de 3.0 que se estipula como requisito para mantener la condición de estudiante. Otros puntos son objeto de una vaga crítica por su supuesto espíritu neoliberal (sic) o porque supuestamente conducen a la privatización de la U sin que se aclaren bien las bases de tales prevenciones. Piden la derogatoria del estatuto a pesar de que este se empezará a implementar el año entrante y sólo para los estudiantes nuevos. Los líderes han utilizado además del paro otros recursos de fuerza para sabotear las clases, han protagonizado bloqueos, destrucción de bienes de la U y pedreas contra la Fuerza Pública.
La cuestión que se plantea es la siguiente: o las directivas ceden a la exigencia estudiantil y derogan el estatuto con el que de paso se cancela el proceso de apertura y homologación con los sistemas universitarios del mundo que usan el sistema de créditos, o el estudiantado despierta y entiende que la protesta actual es injustificada y que tras ella hay intereses de grupos radicales y extremistas interesados en sabotear la función social que cumple la Universidad con la sociedad a la que debe su financiamiento. Es claro que la cuestión no es si la U es democrática o no, ni da para aseverar que la democracia en la U es una “caricatura” como lo sostiene el profesor Guillermo Maya (El Tiempo, mayo 31 de 2008) sino que se trata de un asunto en el que el orden de las cosas está establecido en los estatutos de la Universidad. Estatutos que también han sido el fruto de muchos estudios, análisis, debates, tensiones e incomprensiones. La U y sus directivas han procedido de buena fe en el proceso de crear un ambiente de debate y consultas previas a la aprobación del estatuto estudiantil. Incluso han manifestado abiertamente su disposición a estudiar aquellas sugerencias e ideas debidamente argumentadas para hacer ajustes y cambios que se justifiquen. Pero, no puede, en aras de un noción demagógica de democracia esperar a que el último de los estudiantes esté de acuerdo para poder aprobarlo, ni puede someter a votación secreta, universal y directa de los estudiantes un reglamento que consigna las exigencias que la sociedad, el estado y las directivas de la U, pensando en las políticas educativas estratégicas, consideran conveniente aplicar y exigir a los estudiantes. Sería muy curioso, y tal vez único en el mundo, que los estudiantes de la Universidad Nacional se dieran ellos mismos su propio reglamento. Ni las sociedades más liberales ni las más democráticas han llegado a ese exabrupto.
Algún día en la Universidad Nacional habrá que cancelar cuentas con las tendencias radicales y extremistas sobrevivientes de los años setenta que siempre encuentran pretextos para paralizar labores en nombre de la lucha contra la privatización. Profesores que se niegan a enterrar proyectos caducos y activistas estudiantiles con más de 10 años de antigüedad pretenden convertir la universidad pública en taller de la revolución y la protesta permanente año por año. Venden la idea de que cualquier acto de autoridad es autoritarismo y que la libertad de pensamiento y de cátedra no tienen lugar en ella. Desacreditan las políticas de bienestar estudiantil, las más generosas de todo el sistema universitario nacional, hablan contra la privatización pero desconocen que el estado colombiano nunca le ha fallado a la Universidad Nacional, convocan a la defensa de la Universidad Pública pero hacen todo lo posible por obstruir su normal funcionamiento y hacen creer que la normalidad académica excesiva es enemiga de la crítica y de la libertad. Se trata de una mentalidad dañina, de un espíritu dinosaúrico que conduce, quiéranlo o no estos luchadores, al estancamiento de la Universidad, a su desprestigio, a obstruir su misión de ser un canal de ascenso para miles de jóvenes (más del 75% de los estudiantes de la U Nal pertenecen a los estratos 1, 2 y 3). Cada estudiante le cuesta al erario público más de 11 millones de pesos año. Pero, unos cuantos activistas miembros de grupos políticos radicales, que utilizan métodos arbitrarios y actúan como “minorías avanzadas”, se toman la vocería de toda la comunidad poniendo en peligro el normal funcionamiento de la institución. Lo que se pone de presente en este movimiento no es entonces la ausencia de democracia en la Universidad Nacional de Colombia, la universidad donde hay más democracia, más libertad, más bienestar y más calidad académica de todo el sistema de educación superior del país, sino la precariedad del estado y de la misma institución para defender ese bien público frente a movimientos que ponen en peligro su existencia. La universidad pública es frágil, además, en razón de la pasividad de las mayorías que con su silencio e indiferencia dejan el campo libre a quienes pretenden imponerse por medio de la fuerza y del escándalo. Esas mayorías estudiantiles y profesorales deben entender que el Estatuto ha sido bien estudiado, que aún puede ser reformado y mejorado si los representes estudiantiles tramitan sus inquietudes en forma razonada. Perder un semestre es una verdadera tragedia para la sociedad, para la Universidad y para las familias, por eso asistir masivamente es la decisión más leal y ética que podemos tomar.
Darío Acevedo Carmona
Medellín, junio 2 de 2008
15:50 Anotado en Blog | Permalink | Comentarios (2) | Enviar a Email | Tags: Politólogos
27/05/2008
EL FIN DE UNA QUIMERA
Palabras clave: Muerte de Tirofijo, Farc, proyecto revolucionario agrarista, Seguridad Democrática.
Número de palabras: 2484
La muerte de Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, máximo comandante y líder fundador de las Farc significa el fin de un sueño quimérico: hacer la revolución comunista en un país democrático, ecuación que no se cumplió en ningún país del mundo. Se podría pensar también que es el último estertor del comunismo revolucionario latinoamericano que pretendió desde la lucha armada agraria y urbana seguir el ejemplo de la Cuba castrista. Marín y su guerrilla intentaron a lo largo de estos 45 años conquistar el poder rodeando las ciudades desde el campo cuando éste se hacía cada vez menos importante y mientras la vida en las grandes y medianas ciudades pasaba de representar el 50% en los años sesenta al 85-90% en la actualidad. Con una mentalidad agrarista más propia para países feudales o semifeudales como Nepal (país donde las guerrillas maoístas renunciaron a las armas y llegaron al poder por medio de elecciones un año después), las guerrillas comunistas criollas se empeñaron en venderle a la población un proyecto político militar que nunca alcanzó un apoyo significativo.
Mientras el país vivía intensos y problemáticos procesos de urbanización, de escolarización, de secularización y de ampliación tímida pero cierta de las instituciones democráticas y del sentimiento de libertad durante y después del Frente Nacional, la guerrilla fariana se hacía refractaria a los cambios internos y a los que en el contexto internacional señalaron la caída del Muro de Berlín y el derrumbe estrepitoso del experimento comunista soviético después de más de siete décadas de inútiles esfuerzos. La terquedad de sostenerse en el dogma comunista, dulcificado con la incorporación del legado de Bolívar, pudo más que la realidad evidente del fiasco revolucionario. Las guerrillas colombianas de las Farc, cerraron los ojos, hundieron su cabeza en la tierra como el avestruz creyendo así no ver aquello que los espantaba y prosiguieron su tarea a contrapelo del curso de la historia. En su ceguera se dejaron tentar por los pingües recursos de la bonanza del narcotráfico, el fenómeno que junto con la violencia política ha sido más disolvente y corrosivo de la sociedad colombiana. Por allí siguió el camino del despeñadero, se creyeron inmunes porque pensaban que la ideología revolucionaria daba para todo, como lo dieron a entender más adelante con la práctica sistemática y masiva del secuestro, delito al que dieron el rimbombante nombre de “retención”. Luego se precipitaron en la ordalía de la guerra a campo abierto y obtuvieron algunos triunfos, triunfos que serían pírricos con el correr de los tiempos porque les causó distorsión en el cálculo de sus posibilidades de éxito “en la segunda ofensiva nos tomaremos el poder” llegó a decir Marulanda en los días felices de la zona de despeje.
Habrá que escribir otras muchas historias de las Farc, de las guerrillas, de la democracia, de las elites, de la fuerza pública y del sufrimiento de los colombianos. Y en ellas habrá que reconocer un lugar especial a este campesino, cuasi analfabeto que no conoció nunca una gran ciudad, que nunca vio el mar, pero que con su astucia campesina elemental pero eficaz fue capaz de poner en jaque este país y de organizar y comandar un ejército campesino de miles, el más grande todos los grupos insurgentes que haya existido en Colombia en todos los tiempos. Mientras se hace la tarea, es conveniente intentar un análisis que nos permita entender el profundo significado que tendrá la desaparición de “Tirofijo”.
Lo que llamaremos el derrumbe o erosión definitiva del proyecto fariano no alude a la desaparición factual de los grupos que aún se sostienen y que todavía darán mucha guerra. Se trata en cambio de pensar que la situación por la que atraviesa dicho proyecto y organización es irreversible. La pérdida del horizonte del poder es, a su vez, el resultado de errores de cálculo y de estrategia y de decisiones fatales de la comandancia guerrillera como también del éxito y la paciente acumulación de opinión favorable, de ensayos de negociación y de estructuración de nuevas políticas de defensa militar, en particular de las implementadas con el Plan Colombia y la reestructuración de la Fuerza Pública en los últimos seis años por parte de varios gobiernos que desde 1984 trataron de abrir espacios de negociación a los insurgentes.
Entre las políticas que tuvieron un efecto desastroso para las Farc se pueden mencionar las siguientes: 1. La práctica recurrente del secuestro de civiles con fines de extorsión económica sobre el supuesto de que los ricos debían contribuir con la revolución y bajo el eufemismo de la retención. Este es, junto con otras circunstancias y hechos, una de las causas del surgimiento de escuadrones de justicia privada que se fortalecieron ante la pasividad y la omisión del estado. El auge del paramilitarismo es uno de los vectores de un conflicto salido de madre que pierde, con el paso de los años y ante el avance de la degradación, todo norte político. 2. El entronque con las actividades del narcotráfico para obtener recursos de origen “non santo” sin los cuales hubiese sido imposible continuar su guerra sobre todo después del fracaso de la Unión Soviética. Ni la mentalidad y la formación ideológica revolucionaria de corte marxista ni la férrea disciplina de combate fueron capaces de contener el efecto nocivo y corruptor que se abrió paso en sus filas. La pasión desenfrenada por el dinero, las evasiones de mandos medios, los contactos con mafias, dejó ver que allí en la selva, curtidos campesinos se dejaban tentar por la codicia y el placer, sentimientos ancestralmente humanos. 3. El ataque y los atentados contra funcionarios públicos y dirigentes políticos locales que expresaban el renacer de nuevos liderazgos surgidos a partir de reformas progresivas como la elección popular de gobernadores y alcaldes. Esto los despojó del respaldo de comunidades de base que se estaban acercando a la vida política electoral con grandes expectativas de manejar sus propios recursos y diseñar sus proyectos. La guerrilla daba la impresión de ser enemiga de esas comunidades y de mecanismos de participación que se habían conquistado a lo largo de luchas y sufrimientos. 4. La sobreestimación de sus propias fuerzas y capacidades para alcanzar el poder. Los triunfos militares obtenidos entre 1996 y 1999 les sirvió de pretexto a los miembros de la línea militarista para sabotear la negociación en el Caguán y para convencer a sus camaradas que la victoria estaba cerca y era muy posible mientras que la negociación con Pastrana podría frenar sus ímpetus y llevar a la claudicación. Esta consideración estaba asociada en relación directamente proporcional con una apreciación de subvaloración de la capacidad de respuesta del gobierno y de las elites dominantes. Ello nos ayuda a entender por qué asumieron un doble juego en la zona desmilitarizada. En varias entrevistas a medios de prensa nacionales y extranjeros los jefes farianos decían que ellos iban por todo el poder. Al otro lado de la mesa y en el gobierno había quienes intentaban hacernos creer que se trataba de simples declaraciones y alardes, que a eso era mejor no prestarle atención. De manera simultánea vinieron los desafíos militares, la toma y destrucción de pueblos misérrimos, el saboteo de las negociaciones y por último el secuestro de personalidades. 5. El secuestro de personalidades se convertiría en el Calvario de las farc. Como si fuese un bumerang, el sufrimiento ocasionado a decenas de políticos, oficiales y suboficiales, abrió un inmenso mirador que la poca opinión pública nacional que aún los seguía con algún interés y comprensión sociológica se les apartara y la opinión internacional si que fue más drástica pues los EE. UU. y la Unión Europea los declaró terroristas. Perdieron por esta causa una labor diplomática de más de 10 años que había creado la imagen de guerrilla justiciera y democrática enfrentada a un régimen despótico cubierto por el manto de una falsa democracia. La historia cruel y desgarradora de los secuestrados que viven encadenados en las selvas, en campos de concentración, su inhumana manipulación, entre otras humillaciones, les ha granjeado el rechazo del mundo entero, exceptuando unos cuantos grupos de activistas altermundialistas y dos o tres gobiernos no conscientes de la envergadura de lo que arriesgaban. Este ha sido el camino de su cadalso.
Pero la vida enseña que la fruta no cae sola. La caída de las Farc, su retroceso y desmoronamiento no podría explicarse como consecuencia exclusiva de sus decisiones equivocadas o de sus errores de cálculo estratégico. El estado colombiano no se ha quedado manicruzado a la espera de buena fe de las guerrillas. Entre los aciertos reconocibles de una nueva política para buscar resolver el conflicto, cabe destacar los siguientes: 1 Ha ensayado, entre éxitos parciales y fracasos, políticas de negociación, reinserción y apertura política desde 1982, que al menos ha sido útil para mostrar una voluntad de negociación. 2. A la par de la búsqueda de la paz se han acometido varias reformas políticas que han ampliado la democracia, en particular la democracia local y otras instituciones, cuyo momento cumbre fue la expedición de la constitución de 1991. El país vivió entre mediados de los ochenta y fines de siglo una situación bien paradójica pues, mientras por un lado se desarrollaron procesos de debilitamiento de la autoridad, de ruptura del monopolio de la fuerza, de la justicia y del tributo, por el auge de grupos poderosos de autodefensa y de narcotráfico, por otra parte, la dirigencia política y los gobernantes con las fuerzas reinsertadas de algunas guerrillas, daban impulso a reformas que denotaban un espíritu democrático. 3. La reestructuración de las fuerzas militares de manera simultánea con el inicio de conversaciones de paz con las Farc en 1999 constituyó el inicio del punto de quiebre a favor del estado colombiano. El Plan Colombia, con apoyo norteamericano, condujo al fortalecimiento de la Fuerza Pública y es el comienzo de la inversión de la correlación de fuerzas que estaba en manos de las Farc. Sobre todo, a partir de 2001-2002, se observa un cambio trascendental en la mentalidad del Ejército en el sentido de que era posible vencer a los insurrectos no sólo en el terreno político sino también en el campo militar. Parejo con la recuperación de la mística, el pie de fuerza se ha venido incrementado notoriamente hasta llegar a casi 450 mil unidades, se ha mejorado ostensiblemente la movilidad a partir de la compra de helicópteros y aviones de ataque y de desplazamiento de tropas, la capacidad de respuesta a los ataques, y en especial se ha estimulado la colaboración de la ciudadanía a través de programas especiales. Los proyectos de desmovilización y reinserción son cada vez más fructíferos y masivos. Todo esto agrupado en una política que se ha sostenido en el tiempo con toda la determinación del caso y a pesar de innumerables objeciones y fuertes oposiciones, que es la política de Seguridad Democrática que es el núcleo o el eje articulador de una decisión estratégica: recuperar el poder y la legitimidad del estado, reducir a los grupos armados ilegales, negociar con aquellos que muestren disposición de dejación de las armas, respeto por la democracia, disminución considerable de los indicadores de violencia, en especial de homicidios, secuestros, ataques a poblaciones, retenes ilegales, atentados a la infraestructura. El gran desprestigio de las Farc y el amplio apoyo popular a la política oficial explica en buena medida el estado actual de la situación. 4. La seguidilla de golpes contundentes contra estructuras y dirigentes farianos es el resultado de un proceso, de una campaña que ha madurado con el tiempo y es lo que permite pensar que las Farc han pasado de una política de repliegue profundo, de vuelta a la guerra de guerrillas, al desmoronamiento y la huida, a la búsqueda de respaldos allende las fronteras, a acercarse más orgánicamente al movimiento continental bolivariano del chavismo como su carta de salvación.
El panorama que encuentra Alfonso Cano, el sucesor de Marulanda, no es pues nada alentador desde ningún punto de vista. Sin respaldos internos, con mala imagen nacional e internacionalmente, con el estigma de terroristas, replegados a zonas de frontera recabando apoyo de países y gobiernos que en este momento están encartados porque no saben que responder frente a los contenidos de los computadores de Raúl Reyes que los señalan como colaboradores de las Farc. Encartados con los secuestrados, desconectados sus jefes entre sí y estos con sus bases. Es el legado que dejó Marulanda, nada promisorio ni halagüeño. Los retos que Cano tiene por delante son descomunales, se podría decir que el contexto social, económico y político, como les gusta decir a los marxistas, no ofrece una perspectiva de esperanza para revertir la correlación de fuerzas. El principal desafío es resolver cómo se va a poner al mando de qué y de quiénes, como hará para salvar las distancias entre su zona de operaciones y los frentes más fuertes que están en manos del Mono Jojoy. Porque de planteamientos nuevos ni hablar, la mentalidad fariana, y este es otro de los legados de Marulanda, profundamente agrarista y campesinista se caracteriza por su tozudez y terquedad, por una actitud obsesiva, casi de fijación con los objetivos principales a los cuales consideran inmutables. Cano no tiene ni espacio ni juego para proponer cosas nuevas, los demás comandantes le reprocharían eso como una traición al Viejo Marulanda. No tiene cómo producir un nuevo consenso para salir de la encrucijada en que los dejó Tirofijo, la de hacer depender la suerte de las Farc del tema del intercambio humanitario y del despeje de Florida y Pradera.
La guerrilla fariana se enfrenta irremediablemente a tres escenarios que esbozo sucintamente: 1. Reagrupamiento de fuerzas y diseño de nuevas estrategias políticas y militares bajo el mando de Cano, demasiado cuesta arriba. 2. División orgánica entre militaristas y políticos que no se debe leer como división entre antinegociadores y negociadores sino como pragmáticos y dogmáticos. Y 3. Desmoronamiento, atomización en bandas, guerrillas locales, milicias, reinsertados, sacrificio en combate.
Marulanda, Marín o Tirofijo, al morir, entra al terreno del mito y la leyenda. Difícilmente encontrará ahora o en el futuro amplios círculos de opinión o de seguidores que reivindiquen su legado. Aparte de su empecinamiento en una lucha armada sin posibilidad de triunfo y de una astucia campesina especialmente cultivada, deja muchas víctimas y mucha destrucción. En tal sentido será un mito de corte negativo que con casi total seguridad ninguna persona o movimiento osará seguir o imitar. Pertenece al orden de los anti héroes aunque también estuvo a punto, entre 1999 y 2002, de pasar a la historia como uno de los grandes dirigentes revolucionarios agrarios latinoamericanos al estilo de Zapata y Villa. Los comandantes intelectuales del Secretariado le calentaron sus oídos y le vendieron la idea de que podía llegar más lejos. Por eso, su muerte señala el quiebre definitivo del proyecto revolucionario agrarista.
Darío Acevedo Carmona
Medellín, mayo 27 de 2008
20:25 Anotado en ENSAYOS | Permalink | Comentarios (0) | Enviar a Email | Tags: Politólogos e internacionalistas