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centro democrático

  • El Centro Democrático y su candidato Iván Duque

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    El partido Centro Democrático resolvió la puja interna por la candidatura presidencial a través de un proceso novedoso en el que se utilizaron mecanismos que ameritan una breve reflexión.

    Cinco líderes, tres hombres y dos mujeres, formalizaron su aspiración de ser el portador del banderín partidario para las elecciones del 2018. En lo que respecta a la parte programática, ellos debían, tomando por base las ideas que dieron origen a la organización: estado austero, confianza inversionista, seguridad democrática, equidad social, etc., y enriquecerlas con propuestas y proyectos.

    La dirigencia y los candidatos hicieron giras por distintas regiones realizando los talleres democráticos ante la presencia de líderes locales que escuchaban e interactuaban con los precandidatos, una auténtica demostración de espíritu democrático y de seriedad política.

    Sin demeritar las concentraciones de plaza pública y la actividad agitacional que se dará en una nueva fase de la campaña presidencial, es destacable el esfuerzo por vincular a las bases del partido y a los pobladores en eventos en los que la pretensión no consistía en un simple coreo de consignas y exhibición de banderas a través de rifas, repartición de dinero, licor y promesas sino en un ejercicio en el que no hubo lugar al promeserismo ni a la demagogia populista.

    Los cinco aspirantes tenían la obligación de escoger el método de selección del candidato. El que se usó, si bien no dejó satisfecho a ellos mismos y a toda la militancia, fue el resultado de una ardua discusión. Al final, todos acogieron el resultado que dio por ganador al senador Iván Duque. Otros dos muy reconocidos aspirantes, Luis Alfredo Ramos y Óscar Iván Zuluaga vieron frustrada su aspiración por razones ajenas al partido. Sin embargo, ambos se acogieron al resultado y se comprometieron a trabajar por el triunfo.

    El paso siguiente es el comienzo de una disputa entre los candidatos de las fuerzas que hacen parte del pacto suscrito entre los expresidentes Alvaro Uribe y Andrés Pastrana para corregir el rumbo del país. Será, tal como ya se ve, un proceso con mucha altura en el que cada uno de los pretendientes habrá de plantear el programa de gobierno y las medidas más urgentes para salir del hueco en el que Santos deja el país.

    Aunque la disputa en el seno de la alianza se da hasta el momento entre la conservadora independiente Marta Lucía Ramírez e Iván Duque, no sería raro que a ella se sume el exprocurador Alejandro Ordoñez quien adelanta desde hace unos meses una intensa actividad proselitista.

    Entre todos los temas de campaña sobresalen, por su indudable impacto, el de la corrupción que dejará ver fórmulas trilladas y obvias para combatirla como sugerencias de medidas de castigo mucho más ejemplarizantes.

    Otro asunto es el relativo al acuerdo de paz Santos-Farc en el que se podrán apreciar las profundas diferencias entre los candidatos de todas las fuerzas políticas. La alianza Uribe-Pastrana tiene por base la idea de rehacer buena parte de los compromisos firmados por Juan Manuel Santos. Como el fundamento ya está dado, los candidatos de esa alianza tendrán que decirles a los colombianos cuáles serían, en concreto, las reformulaciones al acuerdo de paz, cómo procederían, si citarían un referendo o convocarían el que se está gestando para hundir los temas más ignominiosos de ese acuerdo, o si estarían dispuestos a convocar una asamblea constituyente. Por ahora, no hay un solo candidato que convoque a hacer trizas el acuerdo de paz.

    Como quiera que ese acuerdo y su implementación contemplan temas muy sensibles de la agenda nacional, habrá que ver qué es lo que piensan los precandidatos de la alianza sobre propiedad de la tierra, modelo de desarrollo agrario, el narcotráfico y los compromisos asumidos por el país desde años atrás, la familia, la deuda externa, las relaciones internacionales, la defensa de las fronteras, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la inversión en ciencia y tecnología, la reforma de la Justicia entre otros.

    El Centro Democrático ha llegado a este punto superando dificultades y limitaciones, algunas de ellas propias de una organización joven, otras relativas a su funcionamiento interno y precisiones programáticas. La rivalidad entre los líderes puso a prueba la unidad.

    Las voces discordantes y críticas han tenido espacio para su libre discurrir, aunque no han faltado disonancias salidas de tono, poco amigables, que ponen las cosas en el terreno amigo-enemigo que siembra un aire de desconfianza hacia Iván Duque con argumentos traídos de los cabellos de un claro sabor complotista y paranoico.

    Si lo que quieren algunos voceros de ese malestar es que el CD opte por una posición de derecha “pura”, lo primero que deben entender es que eso va en contravía de la filosofía centrista adoptada desde su creación.

    Anuncio: esta columna no será publicada los días 25 de diciembre y 1 de enero entrantes, debido a las festividades navideñas y porque este diario no circulará en esos días. Deseo a todas las familias colombianas, a mis seguidores y lectores muchas felicidades y éxitos en el nuevo año.

    Darío Acevedo Carmona, 18 de diciembre de 2017

  • Óscar Iván Zuluaga ¿Ahora sí?

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    De no haber sido por el montaje del Hacker urdido por servicios de inteligencia y de la fiscalía y por los aportes ilegales de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, quien tendría que estar en el sillón presidencial es el doctor Óscar Iván Zuluaga.

    Recuerdo que Santos en un mitin con sus entetados congresistas y dirigentes políticos de distintos partidos prometió destinar inmensos recursos a la campaña que, como bien se intuye, quería decir plata para comprar y movilizar electores a punta de tamal y ron, vieja costumbre que, como también se supo después, fue puesta en práctica por ñonos y musas en departamentos del litoral atlántico en donde, de la noche a la mañana, el que había perdido la primera vuelta por más de medio millón de sufragios apareció vencedor con una ventaja de casi un millón.

    El triunfo de Santos fue, pues, el fruto de montajes, maniobras y financiamiento irregular que hoy está siendo investigado por agentes de la Fiscalía General de la Nación gracias a las confesiones de Otto Bula, el intermediario de la multinacional brasilera en el reparto de las multimillonarias comisiones.

    Conviene tener en cuenta que las conductas investigadas a la campaña Santos constituyen delitos de carácter penal por tratarse de la figura presidencial en juego y de las evidencias sobre otorgamiento de costosos proyectos a esa firma como pago a la “ayuda” prestada en la campaña. Es decir, no era solo un asunto de infracciones en la contabilidad como insinuó el presidente al decir con frivolidad y cinismo que “apenas me vengo a enterar”.

    Y conviene tener en cuenta, igualmente, que el involucramiento de la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga en la recepción de pagos extras por la misma firma extranjera a raíz de declaraciones de su asesor de publicidad Duda Mendonca, en tanto no tipificaba aspectos penales, fue lo que llevó al Fiscal Néstor Humberto Martínez a dejar todo en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) aportándole todo el material recolectado hasta ese momento.

    Y conviene tener en cuenta, también, que el dr Zuluaga, perfilado como la opción más fuerte del Centro Democrático para las elecciones presidenciales del 2018, en gesto decoroso y de transparencia, en vez de aferrarse a su condición, decidió dar un paso al costado para dejar que la investigación del CNE fluyera libremente y sin presiones.

    Y todo lo anterior hay que rememorarlo por cuanto el fallo absolutorio a favor del doctor Zuluaga por parte del CNE removió como un tsunami el modorroso debate de precandidaturas presidenciales con la consecuente reincorporación del doctor Zuluaga a la competencia.

    Y no sé, si fue por eso o por otras razones que se tendrían que hacer explícitas, el Fiscal Martínez salió inmediatamente a la palestra y luego, presuroso, como si hubiese recibido alguna instrucción, lo hizo el Procurador, a decir que las declaraciones del señor Martorelli, el gerente de Odebrecht en el país en el sentido de que esa firma no le dio dineros ni a la campaña ni a Zuluaga, no era suficiente para eximirlo de culpa y que, por el contrario, habría pruebas para condenarlo.

    Se pregunta uno si, como ya ocurrió desafortunadamente en casos anteriores, no hay una colusión de intereses entre elementos de la política y del poder judicial, artimañas, mandados y montajes, en esta situación y en la reacción escandalosa que hemos presenciado generosamente amplificadas en las crónicas de la gran prensa contra el fallo del CNE.

    ¿Cuál es la razón, preguntamos al señor Fiscal General, para retomar un caso que él mismo ante la opinión pública transfirió al CNE? ¿Acaso el CNE, conformado en su gran mayoría por magistrados en representación de la coalición de gobierno se coludió con Zuluaga? ¿o es que, en el fondo del susto que les ha causado el regreso de un peso pesado a la campaña, sonaron las alarmas y hay que echar mano de nuevo a las viejas picardías y trampas para atravesarse en el camino del rival?

    ¿Será que en nuestro país ya ni siquiera es suficiente que un órgano de justicia electoral de por cerrado un caso porque otros órganos y autoridades judiciales se creen con el derecho a clavar una estaca en la espalda sobre aquellos a los que hay que cerrarles el camino para que no se les dañe el arreglito del espurio acuerdo de paz Santos-Farc?

    Coda: para bien de la credibilidad de la política seria, el doctor Zuluaga podrá tomar la decisión de si se lanza a la contienda por la presidencia invocando la enseña uribista de “tener siempre presente los altos interesas de la patria” o se deja paralizar por turbias maniobras.

    Darío Acevedo Carmona, 30 de octubre de 2017

  • LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

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    El expresidente Uribe le ha sacado provecho a su posoperatorio dando puntadas a la propuesta programática del Centro Democrático de cara a la coyuntura electoral.

    En un mensaje grabado de menos de dos minutos explicó por qué lo procedente frente a la paz entreguista del gobierno Santos y en caso de triunfar el candidato del CD para la presidencia, no es ni puede ser echar todo a perder. Recordó que en la campaña del plebiscito el triunfo del NO no significaba la negación de todo lo acordado ni pararse de la mesa ni romper en definitiva las conversaciones con las FARC.

    El mensaje del negociador oficial Humberto de la Calle y de los defensores del acuerdo de La Habana días antes del plebiscito en el sentido de que de ganar el NO todo se iría al traste y se terminaba el proceso, tenía la pretensión de ocasionar pánico colectivo ante la inminente reanudación de una guerra urbana “más cruel para la que las FARC estaban preparadas” según declaró Juan Manuel Santos.

    La respuesta de parte de la campaña del NO consistió en explicar que se votaba negativamente todo porque el gobierno canceló la opción de formular varias preguntas al electorado.

    De modo que, la propuesta actual de Uribe de modificar los acuerdos en aquellos puntos que son lesivos a la Constitución, al ordenamiento institucional y abran las puertas al peligro del castrochavismo es plenamente coherente con lo actuado.

    ¿Qué actitud se va a observar ante la burda imposición de una paz que adolece, cada vez más, de respaldo de la población? ¿Qué proponen los numerosos aspirantes a la presidencia de la República frente al uso y abuso del dictatorial método de violación de la Constitución, el fast track?

    Porque esa será la piedra de toque de la campaña que ya arrancó. ¿Modificar los acuerdos? ¿Continuar sin pausa su implementación?, ¿aceptar los hechos cumplidos?, ¿resignarnos a la humillación de las instituciones?, revocarlos en su totalidad?

    El expresidente Uribe lanzó la consigna para el Centro Democrático, pero, como debe ser consciente de que su partido, aunque pueda ganar la presidencia con su candidato, no tendrá la fuerza suficiente para acometer esa meta, ha procedido a adelantar conversaciones con varios líderes políticos de otras tendencias y vertientes, tal como se hizo en la campaña por el NO para buscar entendimientos y forjar alianzas sin las cuales no sería factible reparar el grave daño hecho al país con la implementación de un acuerdo de paz que se revela cada día más en sus aspectos lesivos, tramposos y ocultos.

    Entre los seguidores del expresidente Andrés Pastrana, del exProcurador Alejandro Ordoñez, de Juan Lozano, de Martha Lucía Ramírez, de figuras históricas de todos los partidos y de otros dirigentes, líderes de opinión, exmagistrados, etc, existe un ambiente propicio para forjar una alianza, especie de Frente Republicano por la defensa de la Democracia y las Libertades que acometa la empresa de encauzar el descontento nacional hacia el retorno a la normalidad, el restablecimiento de la Constitución y la separación de los poderes del Estado.

    Una cumbre de todos ellos sería conveniente y útil en extremo para perfeccionar los términos de esa gran alianza. Los temas relativos a reforma tributaria, impulso de la iniciativa emprendedora, lucha contra la corrupción, reducción de impuestos, impulso a la educación, desarrollo de la infraestructura, reducción del gasto estatal, relaciones internacionales, pueden ser acordados apoyándose en las mejores tradiciones del Estado y de gobiernos anteriores sin mayor dificultad.

    No tengo duda que se está prefigurando ese amplio frente para dar la batalla política más importante y decisiva de las últimas décadas. La Marcha Nacional convocada por el expresidente Uribe para el próximo 1 de abril podría ser el termómetro de su acogida y el impulso definitivo para que se cristalice ese Frente Republicano.

    Los colombianos nos veremos enfrentados en torno a dos campos, por una parte el de las fuerzas continuistas que quieren implementar el camino del desastre y de la otra, las fuerzas que piensan que todo aquello que ha sido destructivo de la institucionalidad y de la Constitución puede ser reconsiderado. Para estas últimas lo ideal sería asumir el compromiso de convocar el 20 de julio de 2018 un referendo revocatorio de tal manera que sea el pueblo quien decida, en últimas, la suerte de todos y cada uno de los puntos contemplados en el segundo acuerdo impuesto a fines de 2016 desconociendo la voluntad popular.

    Darío Acevedo Carmona, 6 de marzo de 2017

  • LA POLARIZACIÓN NO ES EL PROBLEMA

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    No somos el único pueblo sobre la tierra ni el primero que se polariza ante cuestión dilemática o que convierta la definición de un problema en motivo de álgidas disquisiciones e irreconciliables posiciones. No lo digo para consolarnos sino para que reflexionemos sobre esa fastidiosa costumbre de autoflagelarnos y creer que la lucha política puede llegar a ser totalmente cristalina y aséptica.

    Nada ganamos con quejarnos de la polarización que se ha creado en torno a las conversaciones de paz y el  plebiscito. Es cierto que circulan argumentos falaces, mentiras a rajatabla, rumores infundados, insultos, burlas, matoneo, pero también contamos con exposiciones serias, pensamientos y reflexiones en cada uno de los polos en los que ahora estamos ubicados la mayoría de los colombianos.

    Así pues, si en el debate hay de todo, quien quiera entrar en él, elige los términos con los que habrá de intervenir y las corrientes de opinión o exponentes con las que entablará su discusión. Y ojalá quienes se quejan de matoneo, haciéndoselo al contradictor, tónica de un buen número de columnistas, opten por una prosa más elaborada.

    Hay personas de las que uno esperaría que no acudan a las mentiras, como ocurrió en días pasados con declaraciones del expresidente César Gaviria Trujillo, quien sostuvo que en la negociación con paramilitares hubo total impunidad y que había miles de ellos en las calles, citando el caso de uno de los capos de esas organizaciones caminando tranquilamente por una calle céntrica de la capital. Voceros del gobierno y de partidos han sostenido lo mismo. La cuestión es de fácil respuesta y no hay que citar a ningún teórico de las ciencias sociales: Hubo cárcel para responsables de delitos de lesa humanidad, en principio se contempló la posibilidad de que pagaran penas en lugares diferentes a cárcel común, la Corte Suprema se opuso y ordenó castigos con prisión efectiva, el gobierno acató. Por tanto hubo una posición de Estado. Hoy, por el contrario, el presidente no contempla que se toquen los preacuerdos.

    Hubo extradición de jefes que incumplieron compromisos, no se les dio representación ni elegibilidad política. Confesaron muchas verdades, pidieron perdón, resarcieron, si bien es cierto a medias, a sus víctimas, y a pesar de muchas objeciones, el país no fue dividido ni fue materia de negociación las FF MM, la Agenda Nacional, la Constitución, ningún Órgano Judicial fue suplantado como ocurre en el actual proceso. Y el jefe paramilitar personaje que caminaba por calle capitalina pagó una pena de 8 años, los de las FARC caminarán por doquier sin ir un solo día a prisión.

    Un asunto que atiza la “polarización” es el relativo al ¿qué pasará? según el resultado del plebiscito. Quienes impulsan el SÍ sostienen que de ser victoriosos el presidente queda habilitado para adelantar la implementación de los acuerdos. Hasta ahí, todos podemos coincidir, es una decisión del constituyente primario que se debe acatar. Si lo que se lleve a la realidad conviene o no al país es otro asunto a cuyo alrededor proseguirá la controversia.

    Los partidarios del sí aseguran que de triunfar el NO el país volverá a la guerra, el presidente Santos y el expresidente Gaviria siembran miedo con esa amenaza. El primero pretende generar una atmósfera de pánico diciendo que esa guerra tendría como epicentro las grandes ciudades y sería más letal que las anteriores.

    Agregan que el NO deja sin alternativa al presidente de la república, o sea, el NO es el camino del desastre ya que no es posible rediscutir lo ya acordado. En cambio, más sutiles aunque, no se puede confiar en lo que dicen, las FARC manifestaron que ellos no se levantarían de la mesa.

    ¿Qué dicen los defensores del NO en caso de triunfar? Que el presidente no tiene porqué levantarse de la mesa pues ese no es el significado del NO. Se vota NO a todo porque el gobierno canceló el referendo que hubiese permitido formular varias preguntas en las que sería factible votar afirmativamente.

    Por disposición constitucional, el presidente tiene la obligación de seguir buscando la paz, de manera que lo que se desprende del NO en el plebiscito es que el presidente entienda el resultado como un mandato de la ciudadanía para que reencauce las negociaciones. Y si las FARC u otros grupos armados ilegales siguen en su plan de combatir con las armas a la institucionalidad, el presidente está obligado a responder con las armas legítimas de la República cualquier perturbación o amenaza a la seguridad nacional. Así está escrito en el Título VII Rama Ejecutiva, artículos 188 y 189 numerales 3, 4, 5 y 6. Un presidente no puede alegar miedo, objeción de conciencia o cansancio ante los deberes allí consignados.

    De manera que si el presidente ante una amenaza de retorno a las armas se asusta o muestra miedo puede ser acusarlo de cobardía. Está obligado a cumplir la ley y si le parece muy horrible el mandato constitucional de enfrentar todo desafío armado o violento al orden establecido, le queda la opción de RENUNCIAR al cargo para que el vicepresidente asuma esos deberes.

    Darío Acevedo Carmona, 22 de agosto de 2016