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constitución colombiana

  • Nosotros también queremos la paz, pero no así

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    La sociedad colombiana ha vivido, no de ahora, sino desde hace muchos años, intensos debates en torno a la violencia política y mafiosa, sobre la democracia, los derechos humanos, las libertades, el llamado, por algunos, conflicto armado o guerra civil, las guerrillas, el paramilitarismo, las mafias, el narcotráfico y, entre otros muchos, sobre las negociaciones de paz con grupos  al margen de la ley.

    Durante los últimos cinco años la política de negociaciones de paz adelantada por el presidente Juan Manuel Santos durante sus dos mandatos con la guerrilla de las Farc ha llevado la discusión a un tono más elevado que el acostumbrado. Sostienen los defensores de la política oficial, empezando por el presidente Santos, sus negociadores y sus principales funcionarios que el país se ha polarizado, que está harto, cansado y “mamado” del debate.

    Diera la impresión que desean que se acallarán las voces críticas como si no tuviesen razón de ser o que no entendieran que la política es un de campo de batalla en el que se enfrentan puntos de vista opuestos, no por capricho, sino porque hay intereses, visiones, ideas, concepciones y proyectos distintos defendidos por quienes aspiran a gobernar.

    En cualquiera de los casos, se percibe un aire de falseamiento del problema porque es la democracia moderna la que al haber convertido en públicos los asuntos del poder dio lugar a vivir la política como arena de lucha en la que la construcción de rivalidades es fundamental. Eso lo explican sociólogos y antropólogos de la política muy reconocidos: la noción amigo-enemigo es consustancial a la política. Por supuesto, se entiende que dicha rivalidad puede tener ribetes relativos o absolutos de acuerdo con la situación de la democracia y las libertades en que se encuentre cada sociedad en un momento dado.

    Y hay hipocresía en quienes se quejan de la rivalidad y la socorrida “polarización”, porque quienes hablan de fatiga, hartazgo o “mamera” son protagonistas, están ubicados en uno de los campos, son corresponsables de la atmósfera en que nos debatimos, ellos no solo han expuesto sino que también han impuesto políticas y decisiones que para muchos colombianos son peligrosas, erróneas, injustificables, como las que hemos apreciado en función de la supuesta terminación de la “pavorosa guerra civil que durante 53 años destruyó al país”.

    Pues bien, un gran parte de la población no aprueba lo que está sucediendo, no lo vamos a repetir en este artículo, pero se hizo evidente en el plebiscito cuando los críticos del proceso ganamos pero fuimos impotentes para evitar que el gobierno desconociera el resultado. Igualmente, las encuestas han revelado de manera sistemática y reiterativa que el porcentaje de desconfianza y escepticismo con la paz de Santos y las Farc es mayor al de las personas que la apoyan.

    Esto quiere decir, primero: en el país no hay una polarización cansona y peligrosa, sino un necesario, oportuno y profundo debate porque las cosas y asuntos en juego son de hondo calado, son sensibles para la población para su presente y su futuro. Es decir, los que participamos como individuos, movimientos o partidos estamos haciendo un ejercicio democrático. Que los términos del mismo se extralimiten no es de extrañar, no somos los únicos a los que esto les sucede, es pan comido en todas partes.

    Segundo, que de parte de los críticos de la paz Santos-Farc no hay apelación ni llamados a la violencia o a la amenaza guerrerista, siendo más bien que estas han salido de la voz de los jefes guerrilleros, del presidente Santos y de parlamentarios de la Unidad Nacional.

    Se ha dicho y demostrado en los hechos que lo deseable en materia tan delicada y sensible como lo es una negociación con fuerzas que han hecho tanto daño, era y es aconsejable construir un amplio consenso para darle mayor legitimidad y apoyo a los acuerdos. Pero, en vez de ser escuchadas esas invocaciones y propuestas, fueron burladas y engañadas. El Gobierno y sus amigos optaron por el camino de la imposición a cualquier precio, mancillaron la voluntad popular expresada en el plebiscito y solo quieren que nos callemos, que no “jodamos más”.

    Pues están muy equivocados y tendrán que entender o sucumbir ante el hecho cierto y contundente de que no somos una minoría y que tenemos altas opciones de triunfar con las tesis de “modificación de los acuerdos” en las elecciones venideras, y verán con sus propios ojos que las cosas se deshacen de la misma forma como se hicieron ya que no hay normas eternas, pétreas o inmutables. La paz que queremos ya ha sido expuesta ampliamente, que quede claro que se ofrecerá a los grupos armados ilegales todo aquello que generosamente permita la Constitución, que ni el Estado ni el nuevo gobierno le van a declarar la guerra a nadie pero que apelará al uso de las armas legítimas solo sí hay grupos que se empeñen en el uso de la violencia.

    Darío Acevedo Carmona, 17 de julio de 2017

  • Timochenko muestra sus colmillos

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    La sentencia de la Corte Constitucional que corrige el acto legislativo 01 de 2016  dejó bien claro el poder alcanzado por las Farc y sus conmilitones. El Ejecutivo y las Farc, juntos e igualados, le piden a la corporación el texto del acto.

    A diez días de concluir el periodo de desmovilización y entrega de armas, que ni lo uno ni lo otro hemos visto, las Farc y su mentor jurídico, esa especie de cónsul en que se convirtió el comunista Enrique Santiago, armaron un alboroto amenazante dando a entender que la Corte hundía los acuerdos y que ello justificaba, poner firme a la guerrillerada, en alerta máxima, en “asamblea general” tal como lo ordenó el comandante Timochenko. Sin embargo, una llamada del presidente Santos al jefe guerrillero, apenas saliendo de la oficina Oval de la Casa Blanca norteamericana de su entrevista con el presidente Trump, aparentemente atenuó la beligerancia y los temores de la comandancia fariana.

    Urge analizar si la sentencia de la Corte da para aplicarle los santos óleos al entreguista acuerdo de paz de La Habana y para que los críticos hagamos fiesta, y pensar si el daño producido a la Constitución queda reparado. Por ahora el sabor que deja, a medida que pasan los días, es agridulce.

    El pronunciamiento de la Corte es la respuesta a un derecho de petición que millones de personas formularon a dicho organismo a través de firmas recogidas por el Centro Democrático y con la sustentación del senador Iván Duque. La iniciativa pretendía que la Corte echara atrás el carácter supraconstitucional dado al Nuevo Acuerdo Definitivo de Paz (NAFDP) y el método fast track para la implementación de todo lo acordado por considerar que sustituía la Constitución, alteraba la separación de poderes, le reconocía funciones constituyentes a una organización terrorista, entre otros adefesios.

    La Corte se pronunció aclarando que el Congreso, en tanto poder central del ordenamiento del Estado colombiano, puede modificar los proyectos derivados del NAFDP puesto que esa es una función de la que no puede ser privado. Lo curioso y contradictorio es que la Corte al reivindicar la función legislativa del Congreso, aseguró que el fallo tendrá vigencia sobre las futuras iniciativas mas no sobre lo ya aprobado.

    Es inevitable pedir explicaciones, ¿por qué la Corte se priva del poder que le otorga la Constitución de declarar exequible o inexequible leyes ya aprobadas?, ¿acaso ante temas tan delicados como la Jurisdicción Especial de Paz, organismo que estará por encima de todas las cortes, que altera el sistema judicial colombiano, diseñado para absolver crímenes de lesa humanidad de comandantes guerrilleros y perseguir a ciudadanos y agentes del Estado por supuestos vínculos con paramilitares, no constituye una sustitución de la Constitución, realizada, además, con el silenciamiento del Congreso al que se le restituye su soberanía solo “en adelante”?

    ¿No es una inconsecuencia fatal dejar esa mácula, esa ofensa, ese golpe letal al ordenamiento constitucional, so pretexto de que ya fue aprobado? Como si la Corte desconociera que tiene la función irrenunciable de revisar lo que ha sido aprobado por los poderes públicos.

    Por eso no estoy muy convencido de las bondades de la sentencia en comento. Deja muchas dudas flotando en el ambiente. De todas maneras, la mostrada de colmillos del procónsul español Santiago y el líder de las Farc, aún armadas y filadas, confirma los temores que muchos tenemos sobre el poder otorgado a esa guerrilla, Además, no habría sido necesaria porque el presidente de la Corte le recordó a  la opinión que de todas formas el presidente de la República puede vetar lo que apruebe el Congreso si le parece que viola los acuerdos. Y Santos, ni corto ni perezoso le aseguró a Timochenko que esta vez él sí cumplirá su palabra.

    Por otra parte, voceros del ejecutivo han declarado que el hecho político incuestionable es que el gobierno cuenta con una mayoría aplastante e incondicional en el Congreso de lo cual no nos cabe la menor duda.

    Mientras el cogobierno Santos-Timochenko hace exigencias a la Corte para que dé a conocer los términos de la nueva sentencia, sería de inmensa utilidad que constitucionalistas de gran trayectoria y seriedad como Jaime Castro y José Gregorio Hernández, entre otros, nos ilustraran con sus apuntes.

    Darío Acevedo Carmona, 22 de mayo de 2017

  • PAZ BIZARRA

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    Ha transcurrido más de la mitad del periodo de 180 días acordado para la “dejación” de armas, la total desmovilización de las Farc y su reintegración a la vida civil y el horizonte de ese proceso es una densa y oscura nube tipo nimbus.

    Después de firmada la supuesta paz y de que Juan Manuel Santos corriera a decirle al mundo la mentira de que se había acabado la última guerra civil en América Latina, la procastrista guerrilla del ELN y otros grupos disidentes nos recordaron, matando soldados y policías, que aquí no se ha terminado ninguna guerra ni mucho menos lo que Colombia ha sufrido en los últimos años que no es otra cosa que, para decirlo en palabras del sociólogo francés Daniel Pécaut, “una guerra contra la sociedad”.

    Que el gobierno nacional haya sido incapaz de exigirle a los elenos el cese de los ataques y hostilidades para iniciar negociaciones de paz no es más que la repetición de la política de humillación del Estado puesta en marcha en las conversaciones de La Habana.

    Hay razones suficientes y categóricas para pensar que el nuevo acuerdo final va mal, pero no por una mala gerencia, que la ha habido, sino porque simple y llanamente todo o casi todo se pactó con desmesuradas e injustificadas ventajas para las Farc y porque no ha respondido a las expectativas de paz de los colombianos.

    Santos, Jaramillo, De la Calle y sus defensores no quieren reconocer que estamos en presencia de un desastre anunciado. Y que son ellos y no el pueblo como dijo en tono insolente el Alto Comisionado de Paz, los que no conocen el país.

    Somos un país en el que están sucediendo hechos anormales, como por ejemplo, que de buenas a primeras, el triunfo del pueblo en el plebiscito haya sido convertido en derrota, se perpretó un golpe de estado sin despliegue militar, sin violencia sin empleo de la fuerza, bastó el engaño, el ardid, la trampa, se suplantó el electorado por un Congreso que cedió sus funciones al Ejecutivo. Colombia ya no tiene una sino dos constituciones, la de 1991 y la del pacto de San Carlos que regirá por 12 o 16 años.

    Y así, hemos derivado en un país con una paz bizarra en el que hay intelectuales que creen, a lo Supermán, que pueden hacer girar la tierra en sentido contrario o con ínfulas siderúrgicas pues retuercen el sentido de la Justicia y de los Derechos Humanos como se retuerce el hierro en las acerías, diciendo que no hay ni un asomo de impunidad en la Jurisdicción Especial de Paz. Hacen maromas gramaticales para justificar una Comisión de Verificación en la que Cuba y Venezuela tienen voto sobre asuntos internos, que la ONU no sea garante de nada, que las Farc no hayan entregado todos los menores de edad, que sus jefes se reúnan con quienes van a nombrar los jueces de la JEP, que no habrá registro ni testimonios independientes sobre la supuesta “dejación de las armas”.

    Colombia era reconocida por contar con el Ejército más profesional y exitoso en la lucha contrainsurgente y antiterrorista, la institución más apreciada por los colombianos, hoy tenemos dos ejércitos y el comandante del oficial hace loby en el Congreso para que los congresistas aprueben leyes que igualan a los militares con los guerrilleros y los obligaría a declarase culpables para salvarse de purgar largas penas.

    Tendremos dos sistemas de Justicia pues estamos a un paso de la aprobación, vía fast track, de la JEP que tendrá poderes omnímodos y juzgará a miles de empresarios, militares y políticos “responsables”, según la “verdad” de las Farc, de la violencia paramilitar.

    Y estamos perdiendo la República unitaria en la medida en que se han consagrado zonas, territorios y jurisdicciones bajo el control exclusivo de las guerrillas. Lo que le ocurrió al gobernador de Antioquia es una muestra de ello.

    Luis Pérez Gutiérrez fue humillado en una de las zonas veredales de concentración donde le fue negado su ingreso. Su enérgica y razonable protesta fue respondida con las mismas palabras entreguistas de siempre por el irredimible Sergio Jaramillo que afirmó que a esas zonas no podían entrar civiles, como si un gobernador, máxima autoridad policial, civil, política y administrativa de un departamento fuese una persona carente de investidura.

    Jaramillo, el filósofo diseñador de este humillante proceso les dio de nuevo la razón, dejando en claro que esas zonas en esencia funcionan como las repúblicas independientes de ingrata recordación de los años sesenta.

    De manera que tiene toda la razón el pueblo colombiano en manifestar a través de las encuestas, como con seguridad lo hará el próximo 1 de abril en las calles, su descontento y desengaño con lo que está ocurriendo.

    Darío Acevedo Carmona, 13 de marzo de 2017