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corte constitucional

  • Incontinencia verbal, Medios y redes

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    Si hay un responsable del matoneo mediático contra la recién electa nueva magistrada de la Corte Constitucional, la doctora Diana Fajardo, no es otro que el lengüisuelto, superfluo y repentista mensajero del palacio de Nariño, senador Benedetti.

    De su boca fue que salió esa especie de admonición amenazante a todos los congresistas con la que dio a entender que si la doctora Fajardo no salía elegida las Farc se pararían de la mesa. De manera que fue él y solo él que inició el vulgar linchamiento y quien le colgó ese deshonroso inri. Tan parecida a la de Humberto de la Calle cuando afirmó que si triunfaba el NO en el plebiscito se acabaría el proceso de paz.

    La estrecha votación en el Senado de la República 48 votos a su favor por 43 para su contrincante, revela entre otras cosas, la afectación causada por la verborragia de Benedetti pero también la indudable pérdida de poder de las posiciones gobiernistas en el Congreso.

    Santos se encargó de redondear el desaguisado al expresar que la nueva magistrada debe fallar siempre en apoyo al proceso de paz como si los miembros de la Corte tuviesen que seguir directrices del ejecutivo.

    El acontecimiento ha sido motivo de intensas y apasionadas controversias en los Medios y en las redes y, claro, no ha faltado el lenguaje procaz e insultante. Precisamente frente a esto último me topé con una sesión de comentarios en la mesa de la cadena radial Blu el pasado jueves 1 de junio acerca de lo que se estaba diciendo en las redes sociales sobre la elección y la persona de la doctora Fajardo.

    Se quejaban, y razón no les faltaba, de que se estuviera asociando a la magistrada Fajardo con las Farc o se dijera que era una defensora de esa guerrilla. Se notaba un aire de escándalo en la voz de los analistas, alcancé a escuchar de Felipe Zuleta, cuya lengua viperina es reconocida, calificar esas redes de cloacas por las que “circula todo tipo de sandeces y estiércol”. Mencionó un twitter del exmagistrado y exministro Jaime Castro en el que este decía palabras más palabras menos que en la votación del Senado las Farc habían impuesto a la candidata.

    Zuleta puso en el mismo plano la afirmación de Castro con aquellas que se referían a Fajardo como una persona de las Farc, “la doctora Farcjardo” se leía en los twits, y ahí es donde empieza a decantarse una actitud de mala fe porque evidentemente el dr Castro no tildó a la electa magistrada de ser de las Farc ni siquiera de ser pro Farc sino que las Farc habían impuesto su nombre, interpretación acorde con lo que muchos pensamos en el sentido de que esa guerrilla en razón de las ventajas concedidas en las negociaciones con Santos están prácticamente cogobernando.

    Las anotaciones del periodista Zuleta darían para pensar que su indignación y la de sus compañeros de set serían creíbles si ellos o muchos periodistas colombianos se incluyeran, que lo tendrían que hacer si quieren ser coherentes con la misión periodística. Los Medios en Colombia, y probablemente en muchos otros países, se han convertido en cuasicloacas porque han perdido la sindéresis, la ecuanimidad, la objetividad, porque los periodistas piensan que tienen que estar editorializando las noticias, tomando partido y hasta convirtiéndose en agitadores y panfletarios.

    Podemos estar de acuerdo en que el linchamiento mediático contra la doctora Fajardo es injusto e inmerecido, pero deberíamos pensar que los más retados a seguir las normas del buen trato y del respeto somos quienes ocupamos un espacio en los Medios, como periodistas o columnistas o editorialistas y esto debe valer para todos. Se puede ser agudo, fuerte y áspero pero sin caer en el matoneo.

    Resulta incompleto el asombro sobre lo ocurrido con la magistrada Fajardo si no se extiende el examen a la trayectoria y el comportamiento de los medios y se busca más coherencia ética. No puede ser que sea condenable lo que sucedió con ella sin que se mire la manera como se trata a los rivales y críticos del gobierno Santos. Hay columnistas como Ramiro Bejarano cuya voraz lengua, que se parece más a un puñal, no baja de asesinos a la “pandilla” uribista y como él tantos otros, Cecilia Orozco, León Valencia, Gabriel Silva Luján, Daniel Coronel, decenas más, que cada ocho días desperdician su espacio para enterrar su venenosa ponzoña y herir con su cantinela y cantaleta, muchas veces vulgar, a Uribe, al uribismo, al Centro Democrático, a los conservadores y liberales disidentes, calificándolos de “guerreristas”, “reaccionarios”, “enemigos de la paz”, etc., y tienen el cinismo de autorepresentarse como pacifistas, tolerantes, liberales, demócratas.

    Darío Acevedo Carmona, 5 de junio de 2017

  • Timochenko muestra sus colmillos

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    La sentencia de la Corte Constitucional que corrige el acto legislativo 01 de 2016  dejó bien claro el poder alcanzado por las Farc y sus conmilitones. El Ejecutivo y las Farc, juntos e igualados, le piden a la corporación el texto del acto.

    A diez días de concluir el periodo de desmovilización y entrega de armas, que ni lo uno ni lo otro hemos visto, las Farc y su mentor jurídico, esa especie de cónsul en que se convirtió el comunista Enrique Santiago, armaron un alboroto amenazante dando a entender que la Corte hundía los acuerdos y que ello justificaba, poner firme a la guerrillerada, en alerta máxima, en “asamblea general” tal como lo ordenó el comandante Timochenko. Sin embargo, una llamada del presidente Santos al jefe guerrillero, apenas saliendo de la oficina Oval de la Casa Blanca norteamericana de su entrevista con el presidente Trump, aparentemente atenuó la beligerancia y los temores de la comandancia fariana.

    Urge analizar si la sentencia de la Corte da para aplicarle los santos óleos al entreguista acuerdo de paz de La Habana y para que los críticos hagamos fiesta, y pensar si el daño producido a la Constitución queda reparado. Por ahora el sabor que deja, a medida que pasan los días, es agridulce.

    El pronunciamiento de la Corte es la respuesta a un derecho de petición que millones de personas formularon a dicho organismo a través de firmas recogidas por el Centro Democrático y con la sustentación del senador Iván Duque. La iniciativa pretendía que la Corte echara atrás el carácter supraconstitucional dado al Nuevo Acuerdo Definitivo de Paz (NAFDP) y el método fast track para la implementación de todo lo acordado por considerar que sustituía la Constitución, alteraba la separación de poderes, le reconocía funciones constituyentes a una organización terrorista, entre otros adefesios.

    La Corte se pronunció aclarando que el Congreso, en tanto poder central del ordenamiento del Estado colombiano, puede modificar los proyectos derivados del NAFDP puesto que esa es una función de la que no puede ser privado. Lo curioso y contradictorio es que la Corte al reivindicar la función legislativa del Congreso, aseguró que el fallo tendrá vigencia sobre las futuras iniciativas mas no sobre lo ya aprobado.

    Es inevitable pedir explicaciones, ¿por qué la Corte se priva del poder que le otorga la Constitución de declarar exequible o inexequible leyes ya aprobadas?, ¿acaso ante temas tan delicados como la Jurisdicción Especial de Paz, organismo que estará por encima de todas las cortes, que altera el sistema judicial colombiano, diseñado para absolver crímenes de lesa humanidad de comandantes guerrilleros y perseguir a ciudadanos y agentes del Estado por supuestos vínculos con paramilitares, no constituye una sustitución de la Constitución, realizada, además, con el silenciamiento del Congreso al que se le restituye su soberanía solo “en adelante”?

    ¿No es una inconsecuencia fatal dejar esa mácula, esa ofensa, ese golpe letal al ordenamiento constitucional, so pretexto de que ya fue aprobado? Como si la Corte desconociera que tiene la función irrenunciable de revisar lo que ha sido aprobado por los poderes públicos.

    Por eso no estoy muy convencido de las bondades de la sentencia en comento. Deja muchas dudas flotando en el ambiente. De todas maneras, la mostrada de colmillos del procónsul español Santiago y el líder de las Farc, aún armadas y filadas, confirma los temores que muchos tenemos sobre el poder otorgado a esa guerrilla, Además, no habría sido necesaria porque el presidente de la Corte le recordó a  la opinión que de todas formas el presidente de la República puede vetar lo que apruebe el Congreso si le parece que viola los acuerdos. Y Santos, ni corto ni perezoso le aseguró a Timochenko que esta vez él sí cumplirá su palabra.

    Por otra parte, voceros del ejecutivo han declarado que el hecho político incuestionable es que el gobierno cuenta con una mayoría aplastante e incondicional en el Congreso de lo cual no nos cabe la menor duda.

    Mientras el cogobierno Santos-Timochenko hace exigencias a la Corte para que dé a conocer los términos de la nueva sentencia, sería de inmensa utilidad que constitucionalistas de gran trayectoria y seriedad como Jaime Castro y José Gregorio Hernández, entre otros, nos ilustraran con sus apuntes.

    Darío Acevedo Carmona, 22 de mayo de 2017

  • SUMARIO DE LA DEMOLICIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO

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    Para los que no se han dado por enterados, apenas regresan o están resignados o se han rendido o están indecisos, para los que seguimos dispuestos a luchar por el país, va este recorderis, que no nos cansaremos de repetir, sobre los daños ocasionados al Estado colombiano por el “Nuevo Acuerdo Final y Definitivo de Paz” (NAFDP).

    1. La Constitución Política: la joya de la corona que Santos se comprometió a no tocar, como lo hizo con tantos otros asuntos y sin embargo mintió. Ella representa los cimientos de eso que nos permite ser sociedad libre, civilizada, vivir en ley, regirnos por reglas del juego sólidas, es la herida más grave, pues el tal NAFDP tendrá rango constitucional, y a continuación la suplantará con reformas aprobadas vía fast-track violando los procedimientos establecidos por el constituyente de 1991. En pocas palabras: la tiranía.
    2. La Institucionalidad: cuya defensa les parece a los promotores del golpe de Estado -en curso- un asunto de godos y reaccionarios, pisoteada al eliminarse la separación de poderes, figura regia de las repúblicas modernas, por la vía de los hechos cumplidos. El Congreso renunció a sus funciones legislativas y otorgó poderes absolutos al presidente-dictador. Las Altas Cortes convertidas en escribanas del Ejecutivo dieron validez jurídica a monstruosidades y arbitrariedades sin nombre. No hay controles, pues el único que los hacía, el Procurador Alejandro Ordoñez, fue despojado por el Consejo de Estado que cedió, una vez más, a las presiones del monarca tropical que ocupa el “Palacio Real de Nariño”.
    3. El relato del “conflicto” o “verdad histórica”: sectores académicos e intelectuales en coincidencia con las guerrillas lograron imponer al Estado la tesis del “alzamiento armado” por “causas objetivas, injusticias sociales y exclusión política”. El Gobierno aceptó su inclusión en el NADFP por lo que habrá una Verdad Histórica Oficial, noción que la academia rechaza per-se. A partir de tal adefesio, se le reconoció a las guerrillas la vocería y representación del “campesinado” visto como un todo homogéneo, y de ahí se desprende que en el fondo de toda la “confrontación” está el asunto no resuelto de la propiedad de la tierra y la reforma agraria.
    4. Las Fuerzas Armadas: Santos quebró la espina dorsal de la política de Seguridad Democrática que falsamente prometió continuar, debilitó el Alto Mando al llamar a calificar servicios a decenas de generales y coroneles y otros miembros de la oficialidad que lideraron la estrategia de la Seguridad Democrática desde la que se golpeó estratégicamente el poder guerrillero. Abrió campo a la persecución jurídica de oficiales probos cuyo principal delito consistió en ser brillantes estrategas. Desmoralizó la tropa al prohibirle las acciones ofensivas y los bombardeos cuando apenas iniciaban los diálogos y coronó la política de debilitamiento cambiando la doctrina militar ante exigencia perentoria de las FARC.
    5. La acción política: pervertida hasta los tuétanos por el Gobierno que forjó una mayoría incondicional por la vía corrupta de la irrigación de toneles de mermelada. Los críticos fueron estigmatizados de guerreristas. Al Centro Democrático nunca se le reconoció el estatus de fuerza opositora y sometido a todo tipo de persecuciones, engaños y montajes. La campaña de OI Zuluaga fue infiltrada por hackers contratados por la nueva Inteligencia estatal y se procura la judicialización del expresidente y Senador Álvaro Uribe y su familia.
    6. La ciudadanía o constituyente primario: en la que reside la soberanía, fue traicionada, manipulada y engañada por el Santos que desconoció el resultado del plebiscito y que, en el colmo de colmos, igualó la soberanía directa -el pueblo en las urnas- con la soberanía delegada -el Congreso- para aprobar un texto engañoso presentado como fruto de un acuerdo nacional cuando en realidad fue una trampa con las concesiones exorbitantes a un grupo terrorista que ningún país democrático haría. Con astucia, el gobierno cambió el sentido original de la noción jurídica de cárcel o prisión. Urdió la rehabilitación de Piedad Córdoba gran amiga de las FARC y militante chavista y resucitó a Ernesto Samper el expresidente más desprestigiado de la historia colombiana.
    7. Los grandes Medios: fueron cooptados para adelantar una labor informativa incondicional a favor de la política oficial de paz. La llave Gobierno-Medios que se ha gestado es propia de una dictadura. Florece la lambonería y ha sido evidente el intercambio de favores entre el Ejecutivo y periodistas reconocidos.
    8. La iglesia Católica: su jerarquía ha favorecido desde la teología de la liberación las “buenas intenciones” y el “altruismo” de las guerrillas.
    9. Los tratados y acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario: burdamente desconocidos y violados en el NADFP puesto que delitos y castigos estipulados en convenciones y organismos (CPI, CIDH) quedan en la impunidad. El carácter universal de esos derechos y la imprescriptibilidad de los delitos sufrieron deformación dolosa con caprichosas interpretaciones y menjurjes jurídicos por dos abogados al servicio de las FARC, uno de ellos español, y por otros dos nacionales empleados por el Gobierno que haciendo las veces de constituyentes crearon la Jurisdicción Especial de Paz que estará por encima de las Cortes nacionales, aprobaron la elegibilidad política de responsables de crímenes de lesa humanidad y de encima eliminaron las penas de prisión. No puede pasar inadvertido que la ONU, organismo encargado de la paz mundial y guardián, propagador y defensor de los DD HH dio la venia a la mayor burla que se haya producido en el mundo contra su Misión.

    Se me fue muy extensa la columna, ruego comprensión a los lectores. Quedan muchos temas en el tintero, pero, este es el cuadro nada halagüeño de un Estado que ganó la guerra a los grupos terroristas en el campo de batalla y fue demolido en una mesa de negociación instalada en un país que siempre apoyó a esos grupos.

    Darío Acevedo Carmona, 9 de enero de 2017

  • EL AFÁN DE SANTOS Y LA SUERTE DE LA CONSTITUCIÓN

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    Enrique IV para poder acceder a la corona de Francia hubo de renegar de su protestantismo y acoger la religión católica, de ahí proviene la famosa frase atribuida a él: “París bien vale una misa”. Parodiando pero por lo bajo, podríamos decir, para desgracia nuestra, que para Juan Manuel Santos el Nobel de Paz bien valió hundir la institucionalidad y la Constitución Nacional.

    Todas las últimas salidas de Santos han estado marcadas por el afán del nobel de Paz, prisa que no mostró a lo largo de ese maratónico, tedioso y humillante proceso de 4 y medio años de conversaciones habaneras, con soldados y policías asesinados durante el mismo.  Hubo acelere para firmar el acuerdo que debió haberse dado en marzo pasado luego de una firma apresurada en diciembre del 2015. Luego, también a las carreras montó un espectáculo internacional para firmar otro documento incompleto en septiembre de este año.

    La fecha del plebiscito para validar o invalidar el Acuerdo fue fijada a las volandas, unos días antes del otorgamiento del Nobel, que daba por descontado así como el triunfo del SÍ. A las carreras y como acto subliminal y supremo de campaña por el SÍ realizó la grotesca ceremonia de Cartagena con Kfir incluido.

    Una vez perdido el plebiscito y sin plan B a la mano, en vez de renunciar como había planteado que haría en caso de perder, Santos y su Equipo negociador, que tampoco salió, como debió haber ocurrido en santa dignidad, virtud que desconocen, exigió “prontitud” en la renegociación porque ahora sí el cese al fuego peligraba.

    Consumada la etapa inicial del turbio plan B sacado del sombrero de mago, consistente en burlar el resultado del plebiscito dando la apariencia de ser receptivos con los voceros del NO, ya en un acto “más sobrio”, un teatro, propio para “actores del conflicto”, Santos y Timochenko, una vez más, ahora sí, refirman con tinta indeleble el supuesto nuevo acuerdo final y definitivo (NAFD).

    En el nuevo mamotreto de 310 páginas los temas sustanciales: narcotráfico como delito conexo al político, cárcel para delitos atroces, Jurisdicción Especial de Paz fuera del sistema judicial colombiano, carácter de tratado Internacional del Acuerdo, elegibilidad política sin restricciones para responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra, entre otros, fueron retocados cosméticamente o quedaron tal cual.

    A los colombianos se nos preguntó el 2 de octubre por el mamotreto de 297 páginas. Santos, De la Calle, Cristo y Jaramillo dijeron en su aplanadora campaña que si ganaba el NO se caía todo el Acuerdo, no habría más negociación, sería el fin del proceso, se levantaría la mesa y sobrevendría la más cruel de las guerras urbanas por fiel información que el Presidente dijo tener en sus manos.

    Contrario a lo que esperaban los perdedores, los líderes del NO propusieron renegociar, confiaron otra vez en un gobierno tramposo, y otra vez, ese gobierno hizo trampa. Dicen a toda hora con todas las voces y cajas de resonancia que “todas” las propuestas del NO fueron incorporadas al NAFD, lo que es totalmente falso, pues de haber sido así no habrían hecho  esguince al deber de darlo a conocer a los voceros del NO antes de firmarlo. Han dicho, contra toda evidencia que ese NAFD es inmodificable pero que lo llevarán al Congreso, órgano que por Constitución tiene la función de modificar o crear proyectos de ley o leyes.

    Pretende este gobierno sustituir la Constitución por las vías de hecho, haciendo aprobar fast track (o farc-trac, como dijo Osuna) todo tipo de leyes rompiendo el curso regular y el reglamento del Congreso. Se quiere, en dos días, aprobar un asunto trascendental para el presente y futuro del país. Se pretende, a las carreras, aprobar una amnistía general y abrir las puertas del Congreso a criminales de guerra como el Paisa o Romaña o Timochenko o cualquiera del Secretariado o los que ordenaron el asesinato a sangre fría de los Diputados del Valle.

    Solo queda una esperanza, que la Corte Constitucional sea capaz de estar a la altura de su función de guardiana de la Constitución. Pues de irse en contra de sí misma y “autosuicidarse”, no nos quedaría, a los del NO y otros ciudadanos, la opción de la resistencia civil y convocar un referendo para que el pueblo en su calidad de soberano y constituyente primario se pronuncie sobre los delicados temas en los que no hubo consenso.

    CODA: La muerte del dictador y tirano Fidel Castro no merece voces de lamento ni luto por parte de demócratas auténticos. Es un acontecimiento refrescante para Cuba y Latinoamérica.

    Darío Acevedo Carmona, 28 de noviembre de 2016

  • LA PREGUNTA DEL PLEBISCITO, VERDADES Y MENTIRAS

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    A pesar de que fue la Corte Constitucional la que aclaró en su fallo sobre el plebiscito que no se estaría votando el derecho a la paz sino una política pública impulsada por el presidente de la República, este y los voceros de los partidos oficialistas, los negociadores y la nube de columnistas que impulsan el SÍ, burlan el dictamen al insistir que el 2 de octubre se votará por la paz o la guerra.

    La Corte sentenció que “el plebiscito no es un mecanismo de reforma constitucional y legal. En consecuencia… el contenido del mandato popular expresado mediante dicho instrumento es de índole política, no normativa. Por este mismo motivo, a través del plebiscito no pueden someterse a refrendación popular el contenido y alcance de los derechos fundamentales”. De manera que podemos reclamar a este Gobierno, aunque suena a imposible, juego limpio, no engañen a la ciudadanía.

    Unas líneas más adelante la Corte: “resaltó que el objetivo del plebiscito especial no es someter a refrendación popular el contenido y alcance del derecho a la paz, sino solamente auscultar la voluntad del electorado sobre la decisión pública contenida en el Acuerdo Final”.

    La retórica oficial de paz es falsa porque el acuerdo sobre el que se va a votar se refiere a una negociación solo con las FARC. Esta semana el ELN dio a conocer en un comunicado que siguen en su “guerra” y reafirmó la continuidad de su lucha por sus propios objetivos. Por otra parte, quedan en actividad ilegal poderosos grupos como las Bacrim, que extorsionan a la población, cometen crímenes y trafican drogas ilícitas, con las que no se ha entablado una negociación. De modo que el mensaje de paz total, tal como está fijado en la tendenciosa pregunta del plebiscito, es falso de toda falsedad ya que, en plata blanca y sin ambigüedades, lo que se va a votar en el plebiscito no es ni puede ser la paz, es un acuerdo con las FARC.

    Las siglas de esta organización fueron omitidas en la pregunta por cálculo mezquino. El Gobierno sacrificó la pregunta correcta en razón del alto costo político que le representaría especificar que el tratado a aprobar era solo con la guerrilla más desprestigiada del país. Por eso es claro que el Gobierno se burla del mandato de la Corte y, para colmos, parece que esta no va a exigir respeto por su fallo.

    Cuando los negociadores del Gobierno declaran sin inmutarse que el Acuerdo es inmutable, inmodificable, innegociable, que si no lo aprobamos vendrán otros 50 años de guerra, están convirtiendo ese acuerdo en un dogma que queda por encima de la Constitución y del constituyente primario que es el único que puede fijar límites en cualquier materia de leyes fundamentales.

    Ese dogmatismo traído de los cabellos pretende desestimular el voto por el NO en el plebiscito. Se le está diciendo a la opinión que el NO nos conduce a una vacío, que no es claro qué pasaría en caso de ganar el NO. Como si la propia Corte Constitucional no hubiese fijado posición a ese respecto, leamos lo que dice el fallo: “…si el plebiscito no es aprobado, bien porque no se cumple con el umbral aprobatorio o cumpliéndose los ciudadanos votan mayoritariamente por el “no”, el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el Acuerdo Final, comprendido como una política pública específica. Por ende, si se parte de considerar que el plebiscito no reforma la Constitución, entonces una potencial desaprobación del Acuerdo Final tiene incidencia únicamente respecto de la implementación de esa decisión de política pública en específico, manteniéndose incólumes las competencias de los diferentes órganos del Estado, entre ellas la facultad del Presidente para mantener el orden público, incluso a través de la negociación con grupos armados ilegales, tendiente a lograr otros acuerdos de paz” (página 7).

    A pesar de la incuestionable claridad, el Gobierno y sus respaldos en vez de entender que el triunfo del “NO” significa un mandato popular para que el Presidente y los otros órganos del poder continúen adelantando negociaciones de paz, y en este caso, que se plantee un viraje en los términos concedidos a las FARC, en vez de entender eso, insisten, tendenciosa y maliciosamente, en que el triunfo del “NO” es lo mismo que optar por la guerra.

    Y, para darle mayor solidez y blindaje de acero al Acuerdo, han distorsionado el derecho constitucional a la paz, al asimilarlo a un acuerdo específico. Nos quieren decir que Acuerdo es lo mismo que paz en contravía de lo fallado por la Corte y de ahí concluyen, sin razón, que el Acuerdo es inmodificable como si los negociadores de La Habana fuesen superiores al Constituyente Primario.

    CODA: Suele ocurrir que nadie escarmienta con las desgracias ajenas. El fantasma al que tememos tiene vida real en Venezuela. La suerte del pueblo venezolano es bien trágica: él solo luchando contra una dictadura que en principio no vieron como tal ni como un peligro. ¿Será que tenemos que pasar por las mismas para entender a qué tipo de gente y de movimientos se les quiere otorgar concesiones sin término?  

    Darío Acevedo Carmona, septiembre 5 de 2016

  • LAS FALLAS DEL FALLO SOBRE EL PLEBISCITO

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    Los términos del fallo de la Corte Constitucional sobre el plebiscito nos confirma la presunción de que el proceso de paz del Gobierno Santos apunta a cambiar profundamente todo el ordenamiento del país, incluido el himno nacional.

    Nunca se le prestó suficiente atención en el debate sobre las negociaciones de paz a la tesis esgrimida por el Alto Comisionado de Paz, el filósofo Sergio Jaramillo, según la cual para hacer la paz es necesario tomar medidas extraordinarias y excepcionales en el periodo de transición que estaría ya comenzando y que consiste en crear las condiciones para realizar todo lo acordado en La Habana: “La excepcionalidad. Los efectos de 50 años de conflicto no se pueden reversar funcionando en la normalidad. Tenemos que redoblar esfuerzos y echar mano de todo tipo de medidas y mecanismos de excepción: medidas jurídicas, recursos extraordinarios, instituciones nuevas en el terreno que trabajen con suficiente intensidad e impacto para lograr las metas de la transición”. En este postulado cabe desde la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) con su Tribunal omnímodo, hasta un golpe de estado.

    El fallo es, en tal dirección, un paso significativo en el propósito de refundar el Estado colombiano promovido e impuesto por las FARC, pues lo que diga la Corte es incuestionable y por lo mismo, los acuerdos quedarán blindados excepto que suceda algo extraordinario, como que en el plebiscito triunfe de manera aplastante el NO. La Corte, no sé si en conciencia, se clavó un mortífero puñal puesto que cuando entre en funciones el Tribunal de la JEP, el sistema judicial colombiano queda subordinado o suplantado.

    Pero, la principal falla del fallo radica en haber aceptado, so pretexto de que la ley no dice nada al respecto, que una minoría (13%) tome decisiones trascendentales para el país. Se olvidó la Corte que cuando la ley no dice nada sobre una cuestión se debe aplicar el criterio utilizado en caso similar. En cambio, la Corte nos deja un pésimo ejemplo de democracia al estatuir que las minorías son más poderosas que las mayorías.

    Otro problema que la Corte dejó sin resolver fue el relativo a la pregunta del plebiscito, que en todo caso será una sola, negándole a la ciudadanía la opción de expresar su parecer con un sí o un no sobre temas muy diversos y de distinto calibre, de discernir para votar sí en unos casos y no en otros.

    Un último fallo es el referente a la decisión de prohibir la financiación estatal de las campañas, en cuanto el sector que apoya el SI es claramente beneficiario desde hace buen tiempo de prerrogativas que se derivan del ejercicio del poder: publicidad de todos las dependencias oficiales a favor de la paz gubernamental, asignación de partidas de inversión (mermelada) vía congresistas, amenazas veladas y directas a alcaldes y gobernadores de cancelación de obras y compromisos en caso de no colaborar con el sí.

    El panorama y las condiciones son pues ampliamente favorables al presidente Santos. El Congreso arrodillado, la Constitucional a su favor, los grandes medios ni se diga, el empresariado temeroso de represalias. Y por eso, la batalla por obtener el apoyo ciudadano por el NO se librará en condiciones bastante adversas.

     No obstante, considero que aislarnos de las gentes, de esa opinión con la que podemos aspirar a la derrota de la paz entreguista, sería un error gravísimo. Perderíamos una oportunidad y un espacio para hacernos escuchar en el país y en el exterior. Si nos abstenemos no podremos preciarnos de nada y le dejaremos la vía libre a la paz impune. La abstención  en Colombia es un mal crónico que deslegitima la democracia y que, además, deja el camino expedito a quienes, así sea con pocos votos, imponen sus propuestas.

    La abstención en este caso, nos aislaría de millones de seguidores que están alertas en la defensa de los valores republicanos, de la justicia y de la democracia. Decirle a esa opinión que nos vamos a abstener es como paralizarlos, ponerlos en el lugar de espectadores de un gran fraude que legitimará el triunfo del sí sin resistencia.

    El plebiscito, no obstante sus limitaciones, es una oportunidad para hablar con las gentes, para llegar donde no hemos podido ir, para darle a conocer al mundo y a la nación las poderosas razones que tenemos para decirle NO a una paz impune. El plebiscito es una de las tantas batallas que habremos de librar para evitar el triunfo de la paz engañosa y entreguista Santos-FARC.

    Coincido con quienes caracterizan esta convocatoria como fraudulenta, también eran fraudulentas las que hacía el chavismo en Venezuela, pero, tengamos en cuenta que si no apostamos a ganar con el NO, el gobierno ganará más fácil el plebiscito y en tal sentido, nuestra Resistencia Civil tendremos que librarla en peores condiciones y con menos garantías.

    Lo correcto, entonces, es participar en el evento, no dejarle el camino libre al Gobierno. Los que consideramos que este proceso quedó mal hecho y es inconveniente para la nación, debemos oponernos por la vía civilista, y el plebiscito es una de ellas.

    Darío Acevedo Carmona, julio 25 de 2016