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gobernabilidad

  • Limitaciones a la gobernabilidad y modificaciones al acuerdo Santos-Farc

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    De un artículo reciente del exmagistrado Jesús Vallejo Mejía (Pianoforte.com) quiero destacar el siguiente apartado, carente de desespero o desconfianza hacia el presidente Duque. Dice Vallejo que debemos “darle un voto de confianza a Duque”, sin perjuicio de escuchar “el justo clamor de sectores que se sienten desatendidos por sus primeras decisiones de gobierno. Hay rumbos que sería conveniente enderezar desde ya en aras de la gobernabilidad que tan esquiva se le presenta.”

    Hay que entender, agregaría yo, las difíciles circunstancias que rodean la gestión del primer mandatario: la situación desastrosa de las finanzas públicas en que las dejó el expresidente Santos, la desfinanciación del presupuesto de 2019 en programas sociales, la calamitosa crisis de la justicia, el renacer de la inseguridad y de la violencia, el peligroso estado de los acuerdos de paz amenazados por el doble juego de algunos capos del Secretariado de las Farc, el auge récord de los cultivos de coca y la consecuente amenaza de descertificación por parte de los EE. UU., entre otras. Esto en relación con lo que corresponde al estado de cosas recibido y sobre el cual el presidente Duque no ha hecho el corte de cuentas que le permitiría librarse de pagar los platos rotos y las culpas de ese infausto mandato.

    Por otra parte, la insoportable paridad de las fuerzas políticos que en el Congreso se declararon gobiernistas, independientes y opositoras, le amarra las manos al presidente Duque para impulsar algunas de las iniciativas claves enunciadas en la campaña, en particular las relativas a las modificaciones del acuerdo de paz Santos-Farc.

    Y, por último, las limitaciones no solo de lugar y modo sino de tiempo en el mando, escasamente cinco semanas en las que ha tenido que responder a innumerables cuestiones entre urgentes y delicadas.

    Pero, ninguna de las limitaciones anotadas tendría por qué conducir a desestimar algunas quejas y críticas que se vienen presentando sobre hechos puntuales en los que se observa un desliz o un error fruto, quizás, de la confusión o de los afanes. El gobierno no es solo el presidente Duque, él tiene ministros y asesores que le hablan al oído y que tienen la obligación de advertirle del peligro o los líos con algunas de las medidas tomadas por él.

    Insisto, en el mismo espíritu en que lo hace con toda buena intención y respeto el exmagistrado Vallejo, en que no se trata de asuntos insolubles y en que desde fuera del gobierno se aprecian ciertas cosas que no llegan a las alturas del poder o, también, temas de las alturas cuyas dinámicas no logramos entender desde fuera, deficiencia que se puede resolver con adecuados procedimientos y canales de comunicación.

    A mí en particular me inquieta la suerte que vaya a correr la promesa de introducir modificaciones al Acuerdo de paz. Los escándalos e incumplimientos que estamos presenciando por parte de Iván Márquez y otros altos dirigentes de las Farc confirman las sospechas sobre el doble juego de esta guerrilla con la paz y con la alternativa armada. En ninguna parte del acuerdo figura el compromiso de ellas a renunciar en definitiva a las armas y ahí tenemos como motivo de inmensa preocupación las llamadas disidencias en número de frentes y miembros cada vez más en aumento.

    Hemos escuchado que están en curso tres modificaciones, a saber: 1. Eliminación del narcotráfico como delito conexo al delito político. 2. Que en adelante los responsables de crímenes de lesa humanidad deben ir a la cárcel y, 3. Que estos delincuentes no puedan estar en órganos de representación popular hasta tanto no paguen sus penas.

    En los tres casos, en realidad, no hay modificación del acuerdo sino leyes a futuro, para algo que no ha ocurrido y no sobre sobre lo que consagró la mayor impunidad de nuestra historia. Además, mantener la figura del delito político en una democracia y un país que se dice estar en paz, es un absoluto contrasentido. De esa forma quedaríamos validando de antemano nuevos “levantamientos armados” consolándonos con interponer algunas objeciones.

    Es cierto que la correlación de fuerzas en el Congreso para sacar adelante una ley de modificaciones de los acuerdos no nos da garantías de aprobación. Pero hay que intentarlo y poner el tema ante la opinión pública pues si resulta imposible hacerlo por esa vía, entonces se apele a la convocatoria de un referendo revocatorio de algunos de los puntos que mayor impunidad contienen.

    La recomendación de implementar los acuerdos que hiciera el experto en solución de conflictos y reintegración y acompañante de la impune política de paz de Santos, Alejandro Eder, formulada en reciente entrevista (El Tiempo, 10/09/2018) en el sentido de que lo más indicado es consolidar “la paz”, no debe merecer la atención del presidente Duque que sintetizó la bandera de las modificaciones en la expresión “Ni trizas ni risas”. Así pues, el planteamiento de Eder nos lleva al siguiente dilema: o se renuncia a hacer las modificaciones implementando el acuerdo o se agotan todos los caminos posibles para hacer los cambios.

    Darío Acevedo Carmona, 17 de septiembre de 2018

  • Así es la democrcaia

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    Con apenas dos semanas en el cargo, el presidente Iván Duque ya ha recibido desafíos y juzgamientos que en común tienen el de ser apresurados y desproporcionados.

    El primer toque de corneta vino de las filas del populismo izquierdista de Gustavo Petro y sus aliados: oposición total y en toda la línea sin esperar siquiera a que su víctima se posesionara. Una semana después de la posesión, Jorge Enrique Robledo, un dirigente al que muchos consideran menos explosivo y moderado descalificó la gestión de Duque.

    La pluma untada de ají mexicano maya habanero de muchos columnistas sigue al rojo vivo, sin el menor cambio, ni que decir de lo que corre por las cloacas de los activistas incontrolables donde no hay señas para entablar alguna discusión seria.

    Por el campo de los seguidores del gobierno han surgido voces de disgusto, unas más radicales que otras, sobre las primeras medidas y nombramientos del presidente Duque.

    Los más moderados dicen estar desconcertados con la designación de personas que ejercieron alguna responsabilidad en el mandato de Juan Manuel Santos cuyo caso más emblemático es el del viceministro Víctor Saavedra. Cuando se les ha recordado que no se debe esperar que todos los funcionarios han de ser uribistas o del Centro Democrático, responden que no se trata de rechazar a personas ajenas al uribismo, como lo son muchos de los nombrados, tampoco ven problema en cargos dados a exfuncionarios de Santos que no han sido beligerantes en redes ni han tenido gran presencia política, sino que su descontento es con aquellos que, como en el caso de Saavedra, hasta hace poco lanzaron frases hirientes contra el líder del CD y el uribismo por las redes. Consideran que es una concesión exagerada.

    Otras personas más radicales que de tiempo atrás desconfiaban ya lo tildan de traidor a Uribe, utilizan los nombramientos mencionados para reafirmar esa desconfianza y sostener que ya empezó la desmarcada de Duque respecto de su mentor.

    En mi parecer, estos últimos, quiéranlo o no, terminan por hacerle juego a los radical-populistas de la Colombia Humana en el sentido de que conducen a deslegitimar el mandato de Duque prematuramente y le crean una atmósfera de hostilidad. Desconocen la importancia de hechos contundentes como retirar el país de UNASUR, taparle la boca al tirano nicaragüense, impulsar un bloque latinoamericano por el restablecimiento de la democracia en Venezuela, el lanzamiento de la campaña de seguridad y la inminencia de nuevas medidas que se adoptarán en los días venideros.

    La crítica constructiva y el descontento con algunas medidas es algo normal en las democracias. Agreguemos que en nuestro país la plena aplicación de la máxima: quien gana las elecciones gobierna quien las pierde hace oposición no es tan fácil como en regímenes bipartidistas.

    Hay que tener en cuenta que el Uribismo y el Centro Democrático no cuentan con la mayoría ni absoluta ni calificada para impulsar ciertos proyectos. Que tal circunstancia fue la que llevó a conformar una amplia alianza electoral que, además, precisa el concurso de otras fuerzas parlamentarias para sacar adelante una agenda atenuada por esa limitante propia de democracias pluripartidistas.

    Por otro lado, hay que tener presente las palabras del presidente en su discurso de posesión, en el que convocó a la unidad de los colombianos en torno a unos objetivos comunes y a dejar atrás las divisiones. Al margen de lo que se pueda pensar en cuanto a la factibilidad de esta bandera y dados los comportamientos irremediablemente adversos, el presidente Duque en cuanto cabeza de la nación y símbolo de la unidad del país, es el presidente de todos los colombianos y debe actuar en consonancia con esa filosofía y esa misión.

    En los nombramientos que han motivado el malestar entre algunos de sus seguidores, uno podría entrever, sin perjuicio de seguir alertas, que Duque está dando una señal de coherencia con su prédica y de que sí es factible andar ese camino de unidad cerrando heridas. Eso tiene sus riesgos, porque, y esto no se puede negar, la política siempre tiene el ingrediente de la confrontación y la democracia no siempre puede impedir los extremismos.

    Por ello, pienso que lo correcto de parte de quienes sienten insatisfacción no es silenciarse, sino entender que no es lo mismo ser candidato que gobernante y abrir un compás de espera, haciendo las críticas con mayor prudencia, tanto para no hacerle el juego a los extremistas como para que él presidente Duque, en su contacto con la población escuche esas voces que le manifiestan su disenso o sus inquietudes por alguna de sus acciones.

    Coda: La relativización del delito de lesa humanidad de violación de menores que en nombre de la paz acaba de dictaminar la Corte Constitucional, va en contravía del Estatuto de la Corte Penal Internacional (artículo 7, numeral g) del que Colombia es signatario pleno desde 2009 y que hace parte del llamado Bloque de Constitucionalidad.

    Darío Acevedo Carmona, 20 de agosto de 2018