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paz colombia

  • Timochenko muestra sus colmillos

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    La sentencia de la Corte Constitucional que corrige el acto legislativo 01 de 2016  dejó bien claro el poder alcanzado por las Farc y sus conmilitones. El Ejecutivo y las Farc, juntos e igualados, le piden a la corporación el texto del acto.

    A diez días de concluir el periodo de desmovilización y entrega de armas, que ni lo uno ni lo otro hemos visto, las Farc y su mentor jurídico, esa especie de cónsul en que se convirtió el comunista Enrique Santiago, armaron un alboroto amenazante dando a entender que la Corte hundía los acuerdos y que ello justificaba, poner firme a la guerrillerada, en alerta máxima, en “asamblea general” tal como lo ordenó el comandante Timochenko. Sin embargo, una llamada del presidente Santos al jefe guerrillero, apenas saliendo de la oficina Oval de la Casa Blanca norteamericana de su entrevista con el presidente Trump, aparentemente atenuó la beligerancia y los temores de la comandancia fariana.

    Urge analizar si la sentencia de la Corte da para aplicarle los santos óleos al entreguista acuerdo de paz de La Habana y para que los críticos hagamos fiesta, y pensar si el daño producido a la Constitución queda reparado. Por ahora el sabor que deja, a medida que pasan los días, es agridulce.

    El pronunciamiento de la Corte es la respuesta a un derecho de petición que millones de personas formularon a dicho organismo a través de firmas recogidas por el Centro Democrático y con la sustentación del senador Iván Duque. La iniciativa pretendía que la Corte echara atrás el carácter supraconstitucional dado al Nuevo Acuerdo Definitivo de Paz (NAFDP) y el método fast track para la implementación de todo lo acordado por considerar que sustituía la Constitución, alteraba la separación de poderes, le reconocía funciones constituyentes a una organización terrorista, entre otros adefesios.

    La Corte se pronunció aclarando que el Congreso, en tanto poder central del ordenamiento del Estado colombiano, puede modificar los proyectos derivados del NAFDP puesto que esa es una función de la que no puede ser privado. Lo curioso y contradictorio es que la Corte al reivindicar la función legislativa del Congreso, aseguró que el fallo tendrá vigencia sobre las futuras iniciativas mas no sobre lo ya aprobado.

    Es inevitable pedir explicaciones, ¿por qué la Corte se priva del poder que le otorga la Constitución de declarar exequible o inexequible leyes ya aprobadas?, ¿acaso ante temas tan delicados como la Jurisdicción Especial de Paz, organismo que estará por encima de todas las cortes, que altera el sistema judicial colombiano, diseñado para absolver crímenes de lesa humanidad de comandantes guerrilleros y perseguir a ciudadanos y agentes del Estado por supuestos vínculos con paramilitares, no constituye una sustitución de la Constitución, realizada, además, con el silenciamiento del Congreso al que se le restituye su soberanía solo “en adelante”?

    ¿No es una inconsecuencia fatal dejar esa mácula, esa ofensa, ese golpe letal al ordenamiento constitucional, so pretexto de que ya fue aprobado? Como si la Corte desconociera que tiene la función irrenunciable de revisar lo que ha sido aprobado por los poderes públicos.

    Por eso no estoy muy convencido de las bondades de la sentencia en comento. Deja muchas dudas flotando en el ambiente. De todas maneras, la mostrada de colmillos del procónsul español Santiago y el líder de las Farc, aún armadas y filadas, confirma los temores que muchos tenemos sobre el poder otorgado a esa guerrilla, Además, no habría sido necesaria porque el presidente de la Corte le recordó a  la opinión que de todas formas el presidente de la República puede vetar lo que apruebe el Congreso si le parece que viola los acuerdos. Y Santos, ni corto ni perezoso le aseguró a Timochenko que esta vez él sí cumplirá su palabra.

    Por otra parte, voceros del ejecutivo han declarado que el hecho político incuestionable es que el gobierno cuenta con una mayoría aplastante e incondicional en el Congreso de lo cual no nos cabe la menor duda.

    Mientras el cogobierno Santos-Timochenko hace exigencias a la Corte para que dé a conocer los términos de la nueva sentencia, sería de inmensa utilidad que constitucionalistas de gran trayectoria y seriedad como Jaime Castro y José Gregorio Hernández, entre otros, nos ilustraran con sus apuntes.

    Darío Acevedo Carmona, 22 de mayo de 2017

  • FARC: UN PARTIDO EN ARMAS

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    Con paso demoledor el emasculado Congreso de la República aprueba cada uno de los proyectos del proceso de implementación del acuerdo definitivo de paz. Y mientras más avanza en el camino de tanta ignominia más se consolida el inmenso poder político ganado por las Farc.

    La lista de las medidas entreguistas, pasa, según el flamante ministro del Interior, el señor Cristo, a una nueva etapa, la relacionada con la propiedad y el modelo de desarrollo agrario basado en la visión antiempresarial de esa guerrilla del que nada bueno debemos esperar.

    La consulta telefónica develada por el noticiero de RCN entre los senadores Iván Cepeda, en pose de subordinado o intermediario de las Farc, de Carlos Fernando Galán, agachando su cabeza y la del vocero-supervisor de las Farc en el Congreso recibiendo orientaciones del jefe guerrillero Iván Márquez es prueba elocuente de hasta dónde llega ya el poder de la guerrilla marxista leninista gracias a la benevolencia de un gobierno arrodillado.

    Lo aprobado en el curso de la semana debería haber suscitado la reacción enconada de los demócratas de las distintas fuerzas políticas del país puesto que el proyecto en cuestión reconoce calidades, condiciones, finanzas, beneficios y gabelas de todo tipo a un grupo que no ha concluido su proceso de reinserción a la civilidad ni entregado las armas ni devuelto a los menores de edad al seno de sus familias.

    No se si los que aplauden estas concesiones a las comunistas Farc habrían también aprobado que los paramilitares se hubiesen convertido en fuerza política con curules gratuitas en ambas cámaras del Congreso, financiación estatal, emisoras, circunscripciones especiales, etc., o si piensan que los delitos de lesa humanidad de las Farc son exculpables o de mejor familia que las atrocidades de aquellos.

    El círculo de un nuevo poder que no se impone por vía electoral sino por el camino todavía más humillante de la violación de la Constitución, se está cerrando con un candado cuya llave ha sido arrojada al mar.

    Algunos teóricos del neomarxismo arguyen que la doctrina es elástica y reconocen, por los fracasos de la URSS y la China, que hoy en día se debe hacer una “nueva” lectura del dogma. Que viéndolo bien no es tan nueva ya que fue postulada por líderes calificados de “renegados y revisionistas” como Kautsky y que consistía en optar por el camino de las reformas de la lucha parlamentaria y legal, para llegar, gradualmente, a la sociedad socialistas y luego a la comunista.

    Los comunistas de hoy en día, ciertamente, han mutado. En Corea del Norte adoran al dictador dinástico, en Cuba es más fuerte el castrismo que el partido y en Colombia la preciada tesis de que el partido gobernaba a la guerrilla se invirtió por varios lustros. Hoy, derrotados en el campo militar pero victoriosos en la mesa de negociación, retoman la “línea correcta” de que el partido es la máxima autoridad, que las armas quedan a discreción, que hay que optar por el camino de las reformas y la democracia, pero no porque se crea en ellas, sino a la manera de los trogloditas del comunismo para quienes la democracia y el reformismo constituyen escalones hacia su meta deseada: la sociedad de las hormigas.

    De manera que Santos, Cristo, De la Calle y Sergio Jaramillo, con el apoyo y la solidaridad incondicional de sectores del poder, capitularon al reconocerle a las Farc la condición de constituyentes y legalizarlas como un partido en armas.

    El partido del terror no tiene aún un nombre y no sabemos si le van a asignar a la sigla algún contenido diferente al que tiene. En todo caso y sin necesidad de invertir un peso, ni de sufrir condena de cárcel, sus jefes condenados a decenas de años por la justicia colombiana, podrán disponer de diez curules en el Congreso de la República y tendrán la opción de alcanzar otras 16 en las recién creadas circunscripciones especiales de paz, y tendrán dinero oficial que, sumado al que deben tener a buen recaudo proveniente del secuestro, la extorsión y el narcotráfico servirá para aceitar la maquinaria del fraude electoral.

    Contarán con emisoras como no dispone ningún otro partido institucional y recursos públicos para adelantar programas de formación ideológica y campañas sobre sus metas programáticas.

    Sin haberse desmovilizado plenamente, ya son invitados de honor a emisoras, noticieros de televisión, entrevistados en la gran prensa como si se tratara de líderes impolutos y libres de toda responsabilidad en la tragedia de millones de hogares colombianos.

    En tal situación, se justifica plenamente pensar si es válido  o no el temor de que puedan alcanzar el poder total. Aunque este aspecto amerita otras columnas, ya es lógico reconocer que el peligro no es potencial sino real, que al poder total llegarán no por vía de mayorías electorales pues cuentan con grandes sumas de dinero para corromper el sistema.

    Tienen de su lado la voz de importantes sectores de opinión que escriben en la gran prensa procurando convencernos de que por la paz hay que hacer todo tipo de concesiones, lo que sea. Una opinión ilustrada que nos quiere vender la idea de que el terrorismo de las guerrillas es moralmente tolerable y que debemos aceptar, bajo el chantaje de que si no cedemos vendrán jornadas de sangre, todo tipo de gracias y dádivas de tal forma que exigencias de tipo ético y moral, como por demás lo estipulan tratados y organismos internacionales, son vistos como atolladeros u obstáculos a la paz.

    Darío Acevedo Carmona, 1 de mayo de 2017

  • EL INJERENCISMO DEL MODELO CASTROCHAVISTA

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    En otros tiempos las izquierdas proclamaban la soberanía nacional ante la intervención o injerencia norteamericana en nuestros asuntos internos. Hoy las cosas han cambiado drásticamente, la aplauden, pero porque viene de otros países.

    Y no tiene que ver con el fenómeno de la globalización, noción de amplio uso para explicar el supuesto declive de las fronteras nacionales. Se trata más bien de que somos un país en la mira, bien de la burocracia humanitarista como también de parte de un proyecto político regional ideado por el Foro de Sao Paulo, creado en 1990, como una “alternativa de los pueblos latinoamericanos en la búsqueda de la justicia social y la liberación nacional”.

    Una mirada a las conclusiones de la XXII Conferencia de dicho instrumento de movilización y agitación revolucionaria de corte neocomunista, realizada en El Salvador en 2016, en el link (http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/06/27/declaracion-final-del-xxii-encuentro-del-foro-de-sao-paulo-en-el-salvador/) nos da una idea de su persistencia en convertir los lazos de hermandad histórica y cultural de los pueblos americanos en bandería al servicio de una causa ideológica fracasada.

    El injerencismo al que aludimos no es asunto reciente. Desde la Cuba dominada por la dictadura castrista se trazó una línea de organización, preparación y financiación de guerrillas que desestabilizó el continente sumiéndolo en experiencias trágicas a las que Colombia no fue inmune. Imborrable el apoyo que dieron a la creación y aliento de grupos como el ELN, el M-19 y las FARC. Que el proceso de negociaciones de paz haya tenido por sede a La Habana es ya una afrenta a nuestra golpeada dignidad.

    De parte de Chávez y Maduro Colombia ha sufrido varias provocaciones guerreras con la incursión de soldados, tanques y aviones venezolanos en nuestras zonas fronterizas que pueden ser interpretados como una amenaza de castigo si Colombia se suma a las exigencias planteadas por la OEA.

    Nicaragua, gobernado por el corrupto dictador Ortega, nos arrebató miles de kilómetros cuadrados de mar continental. Mientras el dictador, tratado con el rango militarista de “Comandante Ortega” en el Foro,  se dio el lujo de corromper a la Corte Suprema, adueñarse de todos los poderes e instalar un régimen nepotista con su esposa y sus hijos rebasando en trapacería e ignominia al peor de los dictadores de su historia, Anastasio Somoza.

    El gobierno de Colombia ha depositado, en aras de una paz que no convence a las mayorías, la confianza de aspectos claves del “proceso de implementación” a gobiernos y personajes e instrumentos que han sido agresivos con el país. A Cuba le dimos la Sede y hoy es un país garante que ya ofrece becas que nos hace pensar en las “misiones cubanas” disfraz del intervencionismo cubano.

    Venezuela también vigila la marcha de la paz colombiana mientras sirve de refugio a “comandantes guerrilleros”, realiza incursiones militares en nuestro territorio y anima, bajo la idea de “hermandad” a grupos y personalidades para que luchen por la implantación del “Modelo” en el país.

     En el diseño de la Jurisdicción Especial de Paz intervino en calidad de constituyente el comunista español Enrique Santiago quien además sigue entre nosotros diciendo qué y cómo se debe implementar el acuerdo de paz. Para la verificación el CSIVI que cogobierna el país nombró de árbitros a un bonachón exguerrillero tupamaro y expresidente uruguayo,  José Mojica, que descresta calentanos con su vestimenta de humilde pobre, y el expresidente español Felipe González, miembro del socialdemócrata PSOE, del mismo partido que a través de Rodríguez Zapatero salvó de su caída al dictador Maduro. Amigos del revivido elefante Samper y del Modelo en comento nos van a enseñar a resolver diferencias.

    Como si fuéramos un país africano en guerra civil, estamos intervenidos, vigilados y condicionados por organismos internacionales de tipo humanitario que o son ciegos o sufren de miopía ante crímenes de guerra, retención y reclutamiento forzado de menores, violación de mujeres, secuestro de personas, narcotráfico, bombazos contra pueblos pobres e inermes, pescas milagrosas, entre otras hazañas de las guerrillas “justicieras”.

    El representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Todd Howland, se queja por las mínimas modificaciones que se le hicieron a la Jurisdicción Especial de Paz, pero no porque en ellas se consagre impunidad para responsables de crímenes de lesa humanidad de las FARC, para los que creen admisible que no paguen cárcel, sino porque los militares van a recibir el mismo trato.

    Presidentes del orbe, ministros de todo tipo de carteras, personalidades que viajan por el mundo firmando y apoyando “justas causas” políticas, ecológicas y animalistas, actores, poetas, nobeles de todo tipo, que no saben nada de nada de nuestra historia ni de nuestras afugias ni de nuestros sufrimientos y duelos, se han pronunciado en favor de la paz de Santos con las FARC.

    El anterior Secretario del Departamento de Estado, El Vaticano, el presidente de Francia, etc., aplauden una paz que está destruyendo los cimientos de nuestra sociedad. Y quieren que nos traguemos, sin masticar, incongruencias como las de los presidentes de España (Rajoy)  y Francia (Hollande) que negaron a ETA darles algo a cambio de su anunciada entrega incondicional de armas, y en cambio con una guerrilla varias veces más cruel, asumieron una posición de apoyo. Para ellos es sagrado no negociar con terroristas, mucho menos hacer reformas o alterar sus Constituciones o admitir comisiones extranjeras que las vigilen y las supervisen y les llamen la atención.

    De modo que cabe preguntar, ¿por qué, ellos nos quieren convencer de las bondades de algo en lo que no creemos? ¿Será que es aceptable  este tipo de injerencismo?

    Darío Acevedo Carmona, 27 de marzo de 2017

  • PAZ BIZARRA

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    Ha transcurrido más de la mitad del periodo de 180 días acordado para la “dejación” de armas, la total desmovilización de las Farc y su reintegración a la vida civil y el horizonte de ese proceso es una densa y oscura nube tipo nimbus.

    Después de firmada la supuesta paz y de que Juan Manuel Santos corriera a decirle al mundo la mentira de que se había acabado la última guerra civil en América Latina, la procastrista guerrilla del ELN y otros grupos disidentes nos recordaron, matando soldados y policías, que aquí no se ha terminado ninguna guerra ni mucho menos lo que Colombia ha sufrido en los últimos años que no es otra cosa que, para decirlo en palabras del sociólogo francés Daniel Pécaut, “una guerra contra la sociedad”.

    Que el gobierno nacional haya sido incapaz de exigirle a los elenos el cese de los ataques y hostilidades para iniciar negociaciones de paz no es más que la repetición de la política de humillación del Estado puesta en marcha en las conversaciones de La Habana.

    Hay razones suficientes y categóricas para pensar que el nuevo acuerdo final va mal, pero no por una mala gerencia, que la ha habido, sino porque simple y llanamente todo o casi todo se pactó con desmesuradas e injustificadas ventajas para las Farc y porque no ha respondido a las expectativas de paz de los colombianos.

    Santos, Jaramillo, De la Calle y sus defensores no quieren reconocer que estamos en presencia de un desastre anunciado. Y que son ellos y no el pueblo como dijo en tono insolente el Alto Comisionado de Paz, los que no conocen el país.

    Somos un país en el que están sucediendo hechos anormales, como por ejemplo, que de buenas a primeras, el triunfo del pueblo en el plebiscito haya sido convertido en derrota, se perpretó un golpe de estado sin despliegue militar, sin violencia sin empleo de la fuerza, bastó el engaño, el ardid, la trampa, se suplantó el electorado por un Congreso que cedió sus funciones al Ejecutivo. Colombia ya no tiene una sino dos constituciones, la de 1991 y la del pacto de San Carlos que regirá por 12 o 16 años.

    Y así, hemos derivado en un país con una paz bizarra en el que hay intelectuales que creen, a lo Supermán, que pueden hacer girar la tierra en sentido contrario o con ínfulas siderúrgicas pues retuercen el sentido de la Justicia y de los Derechos Humanos como se retuerce el hierro en las acerías, diciendo que no hay ni un asomo de impunidad en la Jurisdicción Especial de Paz. Hacen maromas gramaticales para justificar una Comisión de Verificación en la que Cuba y Venezuela tienen voto sobre asuntos internos, que la ONU no sea garante de nada, que las Farc no hayan entregado todos los menores de edad, que sus jefes se reúnan con quienes van a nombrar los jueces de la JEP, que no habrá registro ni testimonios independientes sobre la supuesta “dejación de las armas”.

    Colombia era reconocida por contar con el Ejército más profesional y exitoso en la lucha contrainsurgente y antiterrorista, la institución más apreciada por los colombianos, hoy tenemos dos ejércitos y el comandante del oficial hace loby en el Congreso para que los congresistas aprueben leyes que igualan a los militares con los guerrilleros y los obligaría a declarase culpables para salvarse de purgar largas penas.

    Tendremos dos sistemas de Justicia pues estamos a un paso de la aprobación, vía fast track, de la JEP que tendrá poderes omnímodos y juzgará a miles de empresarios, militares y políticos “responsables”, según la “verdad” de las Farc, de la violencia paramilitar.

    Y estamos perdiendo la República unitaria en la medida en que se han consagrado zonas, territorios y jurisdicciones bajo el control exclusivo de las guerrillas. Lo que le ocurrió al gobernador de Antioquia es una muestra de ello.

    Luis Pérez Gutiérrez fue humillado en una de las zonas veredales de concentración donde le fue negado su ingreso. Su enérgica y razonable protesta fue respondida con las mismas palabras entreguistas de siempre por el irredimible Sergio Jaramillo que afirmó que a esas zonas no podían entrar civiles, como si un gobernador, máxima autoridad policial, civil, política y administrativa de un departamento fuese una persona carente de investidura.

    Jaramillo, el filósofo diseñador de este humillante proceso les dio de nuevo la razón, dejando en claro que esas zonas en esencia funcionan como las repúblicas independientes de ingrata recordación de los años sesenta.

    De manera que tiene toda la razón el pueblo colombiano en manifestar a través de las encuestas, como con seguridad lo hará el próximo 1 de abril en las calles, su descontento y desengaño con lo que está ocurriendo.

    Darío Acevedo Carmona, 13 de marzo de 2017

  • NO AL ACUERDO SÍ A LA RENEGOCIACIÓN

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    Este es el mensaje que puso en juego la campaña por el NO a los acuerdos Santos-FARC y que resultó triunfante en el plebiscito.

    Contra viento y marea, contra una abrumadora desigualdad de recursos, contra magnificentes shows publicitarios, contra la opinión de figuras y entidades internacionales, contra la voz del Papa usada a última hora cuando se sintieron perdidos, contra la apabullante y descarada publicidad oficial que impidió dar garantías y trato igual a los del NO, contra el chantaje a gobernadores y alcaldes con partidas presupuestales a cambio del sí, contra la sucia campaña que nos calificó de guerreristas y belicistas a los del NO, contra el uso y el abuso de dineros públicos, contra las mil y un promesas de última hora que hicieron por todas partes prometiendo el país de Jauja, contra un mamotreto ilegible por farragoso, contra el chantaje de una pavorosa guerra que sobrevendría en caso de ganar el NO, contra la idea de que el NO significaba el fin de las conversaciones y el levantamiento de la mesa, contra esas y otras predicciones de mal agüero, los colombianos tuvieron la entereza y el coraje de no dejarse amilanar y sacaron a relucir la dignidad que, no obstante el dolor y las humillaciones sufridas, aún les queda.

    Bien, por fuera de los insultos de los extremistas y dogmáticos que se niegan a reconocer la derrota, nos corresponde decir, como siempre lo hemos sostenido, que lo que debe venir no es el retorno a las hostilidades ni el fin del cese multilateral, ni siquiera se exigía que el presidente Santos renunciara tal como lo había dicho en entrevista con la cadena inglesa BBC en marzo pasado en caso de triunfar el NO.

    Los del NO a los acuerdos queremos ser escuchados de verdad, ser tenidos en cuenta de modo serio en las conversaciones de paz que se adelantan con las FARC en el entendido de que solo un gran acuerdo político de las fuerzas institucionales puede dar validez, credibilidad y sostenibilidad a las mismas y a las que se puedan y deban realizar con el ELN y otros grupos armados al margen de la ley.

    Queremos la paz como también la desea ese 49.76 por ciento de quienes votaron por el SÍ, pero hemos hecho, al margen  de la publicidad confrontacional, una serie de observaciones que deben ser tenidas en cuenta para que el proceso tenga bases más firmes.

    Hay que decirlo, ojalá para que no se vuelva a repetir, que en este tipo de eventos democráticos y de cara a problemas trascendentales para la sociedad, no es deseable que los grandes medios asuman posiciones sesgadas en labor informativa, que los demás órganos del poder republicano se dejen utilizar o mancillar y que  las grandes encuestadoras no cedan a las presiones del gobierno de turno pues el resultado de ayer las deja mal paradas en su prestigio. Sus previsiones fueron equivocadas en materia grave.

    Tampoco es deseable que se ponga en riesgo la institucionalidad y se manipule hasta el descaro la condición de detentadores del poder Ejecutivo y que se continúe haciendo alarde de esa funesta práctica de viciar el ejercicio de la política con dádivas y canonjías. La “mermelada” tiene que ser desterrada de nuestras prácticas políticas.

    Quiero insistir, habiendo escuchado el ambivalente discurso del presidente y sin haber oído las palabras del indudable líder del NO, el expresidente Uribe, en que no habrá, como afirmó acertadamente el exvicepresidente Francisco Santos, una actitud triunfalista.

    Nobleza obliga a buscar nuevos entendimientos, así sea a través de terceros, para recomponer el camino. Los amigos dogmáticos del sí a toda costa, deben recapacitar, dejar de echarle combustible al fuego, ser consecuentes con su idea de reconciliación y colaborar para que se logre ese gran acuerdo nacional por la paz. Se requiere de los malos perdedores sindéresis y madurez en vez de esa palabrería insultante e injuriosa.

    Quiero interpretar la voz de los victoriosos del NO, no como la invitación a que siga la guerra sino a que las guerillas y demás organizaciones armadas ilegales entiendan que un acuerdo de paz no puede hacerse a expensas de márgenes permisibles de impunidad ni en contra de más de la mitad del país. Estoy seguro de que esas serán las directrices de los dirigentes del Centro Democrático y de otras fuerzas y personalidades que apostaron a hacer recambios en las negociaciones de paz.

    Darío Acevedo Carmona, octubre 3 de 2016