VentanaAbierta

El presidente Petro, su equipo de gobierno, de asesores y seguidores han dado fundamento al conjunto de reformas que está impulsando, además de las que se anuncian para comienzos de 2023, apoyado en su triunfo en las elecciones presidenciales del pasado mes de junio. Un manto de legitimidad que cubre todos sus actos es el que se remite a la formación de unas mayorías en el Congreso de la República con movimientos, partidos y líderes tradicionales con cuyo respaldo garantiza la aprobación de sus proyectos.

A pesar del revuelo, de las protestas fugaces y de las críticas que se han adelantado ante lo que se considera un atropello a la institucionalidad democrática, el proceso de reformas discurre a una alta velocidad y se insinúa igual ritmo para el 2023.

Pienso que para comprender lo que está ocurriendo se requiere  ir más allá de llamados ligeros a la movilización, y en esa dirección es que quiero plantear las siguientes reflexiones.

Reconozcamos que Petro no es un político cualquiera, un loco, un repentista o un espontáneo. Puede haber algo de ello en sus actos, pero ninguno es su base o punto de partida. Petro ha hecho una carrera de casi 40 años alrededor de unos mismos postulados, ha sido, es, y seguirá siendo, sólido, coherente e imperturbable.

Petro tiene una visión revolucionaria sobre los problemas nacionales desde la que da sustento a todas sus iniciativas. Su discurso alude a una historia nacional que es preciso revisar, corregir y redescubrir, ya que es una historia de injusticias, exclusiones y violencias de la oligarquía contra los demás sectores de la sociedad. Para él, el itinerario republicano y democrático de Colombia no merece ningún reconocimiento o exaltación, de tal planteamiento concluye la existencia de la deuda histórica que supone mirar el pasado como un continuum de injusticias, exclusiones e incumplimientos por parte de unas elites oligárquicas.

Desde esa concepción anacrónica que confunde momentos históricos, lo que tenemos y hemos tenido como relato fundacional, hay que cambiarlo porque, además, encubre realidades como la violencia y la guerra permanentes, nada ha sido edificante ni digno de resaltar. Esto vendría a justificar todo lo que se está aprobando en el Congreso y lo que se propondrá en el 2023, defendido como un nuevo amanecer, el verdadero comienzo de una nueva era, que hasta puede conllevar al cambiar o modificación del himno, la bandera y el escudo de la nación hasta la incorporación de nuevos relatos que remitirían a eventos olvidados, a revisar lo que se ha dado por aceptado. Es lo que se conoce como el síndrome adanista, propio del pensamiento revolucionario según el cual, con su triunfo nace una nueva historia, una era de justicia, de progreso y de bienestar.

En su retórica se advierte no solo la influencia de las tesis comunistas sino también las de los teóricos franceses de la deconstrucción, el posmodernismo y la posverdad. Ejemplo de ello es su descalificación de nuestro pasado, tildar el estado colombiano y sus fuerzas militares de asesinas, dar a entender que nada sirve ni merece ser conservado. Deconstruir en ese formato significa destruir y destruir es la misión de todo revolucionario que cree hallar en tal proceder el surgimiento de una nueva sociedad. La propaganda del régimen omite, a sabiendas, referirse a nociones marxistas, prefiere, en cambio, optar por halagar a las nuevas religiones de sectores minoritarios de la sociedad que quieren imponer desde tendencias y gustos sexuales, alimentarios hasta las formas de hablar.

Otro de los pilares del edificio programático petrista, tiene por base un discurso permanente de rechazo, fastidio, animadversión y hasta odio contra los poderosos, la oligarquía, los ricos, a quienes señala de acaparadores de la riqueza sembrando sobre sus actividades una imagen de ilegalidad, robo, engaños, usurpadores y despojadores. Esa retórica tiende a alimentar el resentimiento de los más pobres contra los más ricos y por ende a azuzar el odio de clases. Digamos que la fuente de tal mirada se remite al discurso marxista de la lucha de clases y a la idea de profundizar las contradicciones para acelerar el advenimiento de la revolución socialista.

La propaganda manejada con destreza sin igual por la izquierda marxista y comunista en contra de la oligarquía, tiene por una de sus funciones, la de despejar el camino de todo tipo de obstáculos y resistencia ante medidas que podrían despertar fuerte oposición como por ejemplo, las expropiaciones, adornadas con palabras suavizantes, la tributación asfixiante, el control de precios, la gratuidad en todos los servicios y prestaciones esenciales como la educación, los servicios públicos, la salud, las nacionalizaciones y el ataque permanente a la propiedad privada por su carácter egoísta, el entorpecimiento de la iniciativa y el emprendimiento individual porque fomenta la desigualdad, contra la banca por usurera, y otros rubros de la economía como la minería, la explotación de petróleo y carbón, la caña de azúcar, la ganadería, etc., sobre el supuesto de ser la causa de afectaciones graves al medio ambiente y a la salud.

En lo relativo a pensiones y a salud, siempre aprovecha para lanzar sus mazazos  contra el afán de lucro de los fondos privados y en salud ataca el interés privado de las EPS.

Un tercer pilar del programa petrista es el referido al debilitamiento profundo del estado que califica de burgués, oligárquico, terrateniente, feudal, represivo y a la negación de la democracia. En este campo se ubica la ofensiva radical contra la Fuerza Pública. En la teoría marxista, el aparato armado está al servicio de la clase que detenta el poder. Por ello, es tenido por objetivo principal en la campaña de destrucción del “viejo orden”. Al afirmar como jefe de estado y sin fundamento, que el estado colombiano es un asesino y que no es democrático, Petro abre espacios para legitimar sus cambios a la doctrina militar, el descabezamiento de más de 60 altos mandos, la eliminación de bombardeos de cultivos ilícitos y sobre zonas en las que se suponga que hay niños, la eliminación del servicio militar obligatorio, la liberación de miembros de la primera línea, la baja de oficiales de Ejército y Policía por sospecha, el tono amistoso y el trato preferencial con quienes han usado armas contra el estado y la sociedad, su pretensión de legalizar o despenalizar la cocaína, la conformación de una milicia oficial de cien mil jóvenes, etc., y de esa manera legitimar su propuesta de “paz total”. Y en cuanto al tipo de democracia que le atrae, ya hemos visto su inclinación por el modelo tumultuario no sujeto a reglas ni a parámetros de medición como las asambleas que se han realizado con carácter vinculante para construir el Plan Nacional de Desarrollo, que al final será algo parecido a una lista de mercado.

Un cuarto pilar es el que resume todo el plan de “cambios” en el campo de la asistencia social, vendidos como “progresistas”. El principio rector que anima esta modalidad de asistencialismo es el de la gratuidad, que en realidad consiste en pagar con recursos públicos, los costos de una amplia campaña demagógica: gratuidad en la educación pública, en salud con la nacionalización de la función intermediadora de las EPS, en el bono pensional para personas de la tercera edad que no gozan de pensión, en la compra de tierras a ganaderos (para decir que no habrá expropiación) con dineros públicos para su repartición gratuita entre campesinos sin tierra, de la que, según el discurso comunista, habrían sido despojados, con los dineros de quienes han ahorrado en los fondos pensionales a los que miran con ojos desorbitados calculando cuánto es lo que les van a quitar. En materia económica, rediseño del modelo de libre comercio al que le achacan todos los males de la sociedad, que supondría una reforma constitucional orientada a fortalecer la intervención del estado.

El muy probable empobrecimiento de la sociedad está justificado en la teoría del decrecimiento que conduce a desestimular el consumo en aras de un modo de vida más modesto, tesis  de la que han sido defensores Petro y su ministra de Minas.

Podría reseñar varias columnas más sobre temas de gran importancia, por ejemplo, la política de relaciones exteriores que conlleva a fraternizar con regímenes dictatoriales de izquierda como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, la puesta en peligro de las relaciones estratégicas con los Estados Unidos como consecuencia de las propuestas de legalización de la cocaína y del estímulo al incremento de la producción de cultivos ilícitos, en particular, de la coca. También cabe en este punto la iniciativa para revisar los tratados de libre comercio. La reforma política, que revive lastres ya superados de la vieja politiquería. Análisis aparte merece el estilo muy calculado y nada espontáneo de comunicación usado por el presidente en sus intervenciones y contactos con diversos sectores de la sociedad. Su grandilocuencia, el recurso frecuente al lenguaje hiperbólico y a la magnificación, la tendencia a abrumar a las personas con una apariencia de sabiduría en todo, el desparpajo para hablar tonterías y lanzar frases sin sentido que se pasan por doctas.

Darío Acevedo Carmona, 21 de diciembre de 2022