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  • LA PREGUNTA DEL PLEBISCITO, VERDADES Y MENTIRAS

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    A pesar de que fue la Corte Constitucional la que aclaró en su fallo sobre el plebiscito que no se estaría votando el derecho a la paz sino una política pública impulsada por el presidente de la República, este y los voceros de los partidos oficialistas, los negociadores y la nube de columnistas que impulsan el SÍ, burlan el dictamen al insistir que el 2 de octubre se votará por la paz o la guerra.

    La Corte sentenció que “el plebiscito no es un mecanismo de reforma constitucional y legal. En consecuencia… el contenido del mandato popular expresado mediante dicho instrumento es de índole política, no normativa. Por este mismo motivo, a través del plebiscito no pueden someterse a refrendación popular el contenido y alcance de los derechos fundamentales”. De manera que podemos reclamar a este Gobierno, aunque suena a imposible, juego limpio, no engañen a la ciudadanía.

    Unas líneas más adelante la Corte: “resaltó que el objetivo del plebiscito especial no es someter a refrendación popular el contenido y alcance del derecho a la paz, sino solamente auscultar la voluntad del electorado sobre la decisión pública contenida en el Acuerdo Final”.

    La retórica oficial de paz es falsa porque el acuerdo sobre el que se va a votar se refiere a una negociación solo con las FARC. Esta semana el ELN dio a conocer en un comunicado que siguen en su “guerra” y reafirmó la continuidad de su lucha por sus propios objetivos. Por otra parte, quedan en actividad ilegal poderosos grupos como las Bacrim, que extorsionan a la población, cometen crímenes y trafican drogas ilícitas, con las que no se ha entablado una negociación. De modo que el mensaje de paz total, tal como está fijado en la tendenciosa pregunta del plebiscito, es falso de toda falsedad ya que, en plata blanca y sin ambigüedades, lo que se va a votar en el plebiscito no es ni puede ser la paz, es un acuerdo con las FARC.

    Las siglas de esta organización fueron omitidas en la pregunta por cálculo mezquino. El Gobierno sacrificó la pregunta correcta en razón del alto costo político que le representaría especificar que el tratado a aprobar era solo con la guerrilla más desprestigiada del país. Por eso es claro que el Gobierno se burla del mandato de la Corte y, para colmos, parece que esta no va a exigir respeto por su fallo.

    Cuando los negociadores del Gobierno declaran sin inmutarse que el Acuerdo es inmutable, inmodificable, innegociable, que si no lo aprobamos vendrán otros 50 años de guerra, están convirtiendo ese acuerdo en un dogma que queda por encima de la Constitución y del constituyente primario que es el único que puede fijar límites en cualquier materia de leyes fundamentales.

    Ese dogmatismo traído de los cabellos pretende desestimular el voto por el NO en el plebiscito. Se le está diciendo a la opinión que el NO nos conduce a una vacío, que no es claro qué pasaría en caso de ganar el NO. Como si la propia Corte Constitucional no hubiese fijado posición a ese respecto, leamos lo que dice el fallo: “…si el plebiscito no es aprobado, bien porque no se cumple con el umbral aprobatorio o cumpliéndose los ciudadanos votan mayoritariamente por el “no”, el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el Acuerdo Final, comprendido como una política pública específica. Por ende, si se parte de considerar que el plebiscito no reforma la Constitución, entonces una potencial desaprobación del Acuerdo Final tiene incidencia únicamente respecto de la implementación de esa decisión de política pública en específico, manteniéndose incólumes las competencias de los diferentes órganos del Estado, entre ellas la facultad del Presidente para mantener el orden público, incluso a través de la negociación con grupos armados ilegales, tendiente a lograr otros acuerdos de paz” (página 7).

    A pesar de la incuestionable claridad, el Gobierno y sus respaldos en vez de entender que el triunfo del “NO” significa un mandato popular para que el Presidente y los otros órganos del poder continúen adelantando negociaciones de paz, y en este caso, que se plantee un viraje en los términos concedidos a las FARC, en vez de entender eso, insisten, tendenciosa y maliciosamente, en que el triunfo del “NO” es lo mismo que optar por la guerra.

    Y, para darle mayor solidez y blindaje de acero al Acuerdo, han distorsionado el derecho constitucional a la paz, al asimilarlo a un acuerdo específico. Nos quieren decir que Acuerdo es lo mismo que paz en contravía de lo fallado por la Corte y de ahí concluyen, sin razón, que el Acuerdo es inmodificable como si los negociadores de La Habana fuesen superiores al Constituyente Primario.

    CODA: Suele ocurrir que nadie escarmienta con las desgracias ajenas. El fantasma al que tememos tiene vida real en Venezuela. La suerte del pueblo venezolano es bien trágica: él solo luchando contra una dictadura que en principio no vieron como tal ni como un peligro. ¿Será que tenemos que pasar por las mismas para entender a qué tipo de gente y de movimientos se les quiere otorgar concesiones sin término?  

    Darío Acevedo Carmona, septiembre 5 de 2016