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Análisis

  • Verdad e Historia, y II

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    En mi columna anterior termine sosteniendo que la verdad en sentido histórico no podía ser fruto de un tratado o acuerdo político y tampoco estar en manos de una comisión.

    No es la primera vez que se intenta tal cosa. Durante el gobierno liberal de Virgilio Barco (1986-1990) se conformó una Comisión para el estudio la violencia, se designó para ello un equipo de historiadores profesionales dirigido por el investigador Gonzalo Sánchez. Un nuevo libro fue el resultado y las tesis expuestas no han dejado de causar polémicas.

    Son varias las hipótesis explicativas que los estudiosos han lanzado sobre la violencia política en distintos momentos de nuestra historia sin que se haya alcanzado un consenso. Se ha dicho, por ejemplo, que el hilo conductor de la violencia ha sido el problema de la tenencia de la tierra o que nuestro pasado está construido sobre la violencia, que esta es un fenómeno permanente. Hay quienes igualan, sin mayor evidencia, los enfrentamientos fratricidas entre liberales y conservadores con el fenómeno de las guerrillas comunistas  

    Es bueno mirar hacia atrás lo que se ha hecho y observar también experiencias ajenas para tener la certeza de que una cosa es encontrar la verdad jurídica de los hechos cuya función es hallar los responsables de crímenes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, castigar y de ese modo contribuir a la reparación de las víctimas, tarea que debe estar en manos de la Justicia.

    Y muy otra es el estudio sistemático de todo el fenómeno que debe promoverse en universidades y estar a cargo de investigadores sin ataduras con misiones oficiales o partidistas ni paradigmas ideológicos.

    De manera que las preocupaciones que estoy planteando no deben entenderse como la imposibilidad de establecer consensos académicos respecto del conflicto armado sino que estos deben ser ajenos al interés político y al deseo de las partes por descubrir “que fue lo que pasó”. Más crudamente: firmar la paz no deriva en que tenga que haber un acuerdo en el estudio de la guerra o del conflicto armado o de la lucha del estado contra el terrorismo.

    Mírese no más lo ocurrido con el trabajo de unos especialistas designados a dedo y con criterios más ideológicos que académicos en La Habana para, supuestamente, establecer las bases de la verdad deseada por las Farc. Sus jefes siguen pensando que su versión del problema es la verdad verdadera: que su levantamiento obedeció a unas circunstancias internas y que nada o poco tenía que ver la ideología marxista en su decisión de irse a las armas mientras su partido comunista se dedicaba a la política electoral y legal.

    Preocupa que en aras de la paz no solo tengamos que tragarnos todas las canonjías dispensadas a una organización sobre el supuesto histórico de su justa lucha en favor de los oprimidos, de la tierra para los campesinos y que se borre o se traslape el fondo marxista-leninista de su proyecto y su programa.

    Preocupa que entre activistas de izquierda prime la convicción de que la situación colombiana es asimilable a lo ocurrido en las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile, y que el desastre humanitario fue el producto de una política de estado, idea plasmada en la creación e integración de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Comisión de la Verdad, aparatos arrancados al gobierno de turno en el marco de una negociación en la que este capituló ante las Farc sus razones políticas y sus motivaciones morales.

    ¿Qué podríamos esperar, por ejemplo, de la pluma del antropólogo Alfredo Molano cuyos textos, muy bien escritos desde el punto de vista narrativo, presentan una versión idílica, heroica y justiciera de las guerrillas? O ¿de la visión de sociólogos que sembraron la idea de las “causas objetivas” y a la vez solapan el rol de miembros del Comité Central del Partido Comunista como Manuel Cepeda, Jacobo Arenas, Alfonso Cano y el mismo Manuel Marulanda Tirofijo en el adoctrinamiento marxista-leninista de campesinos y en el de emprender el camino de las armas?

    Y se nombra para presidirla a Francisco de Roux, sacerdote jesuita, como queriéndonos decir que la sotana inspira autoridad histórica. No es nada en especial contra él sino por lo que hemos dicho, porque no es pertinente una Comisión de la verdad y adicionalmente porque sus miembros fueron escogidos con claro sesgo ideológico.

    ¿Para qué se quiere esa verdad oficial, definitiva y de cierre? ¿Será la que le van a enseñar a nuestra juventud en la escuela, colegios y universidades? La verdad oficial es cosa propia de dictaduras para deformar los hechos y homogenizar a la población con dogmas políticos como la supremacía de una raza, de una nación o de una clase, entiéndase nazismo, fascismo y comunismo.

    El asunto, para dejar aquí, por ahora, es que la Comisión de la Verdad carece de sentido, y que de una Comisión integrada con claro sesgo izquierdista por Alfredo Molano, el jesuita De Roux, la excompañera del excomandante guerrillero León Valencia y caracterizados activistas políticos, no podemos esperar sino la reedición pulida de textos que ya han circulado ampliamente en las columnas de Molano, de De Roux y en las diatribas de literatos como William Ospina.

    Darío Acevedo Carmona, 27 de noviembre de 2017

  • Verdad e Historia I

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    La palabra verdad nos remite a una de las nociones más complejas en la vida de los humanos. Sobre ella se ha hablado desde la religión, la filosofía, la lógica, la justicia y la historia.

    Es desde esta última disciplina desde donde quiero hacer unos cuantos apuntes relacionados con lo que se espera develar a través de una comisión acordada entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

    Empecemos por reconocer que alrededor de la palabra son más los desacuerdos que los consensos. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de buscar y encontrar la verdad?, ¿es ella algo que está oculto en algún lugar, algo que se revela? ¿O es una construcción coherente y fundamentada resultante del análisis de todos los elementos que intervienen en la situación o problema que se estudia?

    Si la verdad residiera en los hechos y solo en ellos no tendríamos, como tenemos, miles de estudios sobre acontecimientos importantes u otros fenómenos del pasado, por ejemplo, la revolución francesa, las revoluciones de independencia en América o la colonización.

    La época de la violencia liberal conservadora de mediados de siglo pasado en Colombia es un buen caso para ilustrar las dificultades subyacentes a la pretensión de hallar la verdad. El presidente Alberto Lleras Camargo conformó una “Comisión” con un sacerdote, Germán Guzmán Campos, un jurista, Eduardo Umaña Luna y un sociólogo, Orlando Fals Borda para que investigara la tragedia recién superada por el pacto del Frente Nacional.

    El resultado fue el libro “La Violencia en Colombia”, pionero de las investigaciones subsiguientes que por centenares se adelantaron por parte de profesionales de diversas disciplinas. Esta es la hora que no hay un consenso total y definitivo sobre esa “verdad histórica”. A lo mejor no hemos querido entender que abordar un problema desde la óptica simple de causas y consecuencias es insuficiente, inútil y en veces imposible porque una cosa es dar cuenta, v. gr., de un magnicidio y otra, explicar un conjunto de situaciones.

    Eso no quiere decir que un historiador tiene carta libre para escribir y decir lo que se le ocurra. Entre nosotros existe, como en otras disciplinas de carácter especulativo de las ciencias humanas, métodos forjados a través de la experiencia para realizar investigaciones y consensos en torno a algunos temas o hechos suficientemente documentados.

    En la historia sobre el nazismo hay amplios y fundados acuerdos acerca del carácter criminal de los regímenes basados en la teoría de la supremacía aria. No sucede lo mismo con los estudios sobre el comunismo por razones que no alcanzamos a incluir en este texto. Y, por tratarse de una situación del pasado reciente la historia se entrecruza con decisiones políticas que establecen penas de cárcel en algunos países para quienes nieguen el holocausto de los judíos a manos del nacionalsocialismo y su inherente xenofobia.

    Hace algunos años un grupo de historiadores muy respetables y reconocidos, incluidos algunos judíos, se pronunciaron contra la pena de cárcel en Austria e Inglaterra contra historiadores que negaran el holocausto. No defendían el “derecho” a decir cualquier barrabasada, sino a tener confianza en las investigaciones hechas con espíritu académico.

    Tendríamos que ponernos de acuerdo en que el estudio del pasado es más complicado que escribir un relato de los hechos, que el pasado es tan complejo como el presente y por ello, intentar una verdad oficial de cierre es, cuando menos, un camino al dogmatismo.

    Ello no quiere decir que no existan acuerdos sobre hechos puntuales. Por ejemplo, a la pregunta ¿Quién mató a Gaitán? Mal que bien se responde, con elementos de prueba que fue Juan Nieto Roa. Los que dicen algo diferente, que fue la CIA, la oligarquía colombiana, el partido comunista, el gobierno, solo tienen en su favor un alegato fantasioso o ideológico sin sustento fáctico.

    De esta manera, sobre todo en lo que tiene que ver con el acontecer político, terminamos, por una parte, reconociendo la complejidad de las situaciones estudiadas y de otra, la existencia de los hechos, sin los cuales la historia derivaría en un ejercicio caprichoso.

    La verdad en sentido jurídico es de una dimensión diferente, sobre todo en lo que respecta a las investigaciones sobre conductas delictivas en el marco de guerras, insurrecciones, revoluciones, golpes de estado, magnicidios, crímenes de guerra.

    Ahí está el ejemplo del Tribunal de Nuremberg que juzgó a los jefes nazis. Allí, si bien se tuvo en cuenta el papel jugado por una ideología que justificaba el horror, los jueces tuvieron que individualizar responsabilidades en la comisión de X o Y crímenes. Ahí se puede apreciar que la verdad jurídica es diferente (y es un insumo) a la verdad en Historia.

    Termino con la reflexión del historiador francés de origen judío y tendencia marxista ejecutado por los nazis, Marc Bloch, quien planteó que la historia no es tribunal para juzgar el pasado, para absolver o condenar están los jueces. Y es que si la historia, como disciplina, tuviese la función de ser ejemplarizante, hace siglos los seres humanos habrían dejado de apelar a la guerra.

    En próxima columna explicaré mi opinión en el sentido de que la historia sobre el llamado conflicto armado en Colombia no puede ser fruto de un tratado o un acuerdo político ni puede estar en manos de una comisión.  

    Darío Acevedo Carmona, 20 de noviembre de 2017

  • PLEBISCITO COLOMBIANO: ENTRE LA DEMAGOGIA CON LA PAZ Y LA VIGENCIA DE LA JUSTICIA

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    Hoy 2 de octubre los colombianos acudiremos a las urnas a un plebiscito en el que se nos pregunta si apoyamos o no el acuerdo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Estaremos entre el embrujo de la “paz” y el chantaje con la continuidad de la “guerra”.

    Lo más impresentable de tal evento es que de un potencial de 34,5 millones de electores, basta que 4,5 voten a favor del sí y haya más votos que por el no, para que se considere aprobado. Hablamos de tan solo un 13 por ciento, toda una caricaturización de la democracia.

    Sectores importantes de la comunidad internacional, incluida la ONU, han avalado el Acuerdo, igual que varios gobiernos entre ellos todos los del “socialismo bolivariano”. La palabra paz ha ejercido un poderoso poder de atracción primaria, y como el presidente Santos le otorgó a la acción terrorista de las FARC el calificativo de guerra desastrosa, absurda y sin sentido de 52 años y afirmó que “estamos cansados de la guerra”, con mayor razón, por fuera del país se escuchan aplausos y anotaciones tan exóticas como la de Felipe González que comparó la “paz” colombiana con el derrumbe del Muro de Berlín.

    ¿Cuáles son, en suma, las razones que nos llevan a optar por el NO en el plebiscito?, razones de orden militar, político, institucional, y de justicia. Hay más pero creo que el espacio no da para extendernos demasiado.

    En lo relativo al primer aspecto resalto el despropósito del Gobierno Santos de darle a las FARC un estatus de igualdad con el Estado, una guerrilla calificada de terrorista, que además, estaba prácticamente derrotada en el plano militar, desprestigiada políticamente con índices repetidos de favorabilidad de un 3 por ciento y en franca estampida en razón de la paranoia sembrada en sus filas por los delatores.

    En este punto Santos aceptó convertir el Acuerdo en un tratado interpartes de humanización de la guerra (no de su fin) que implica su incorporación en calidad de artículo inmodificable a la Constitución política. Eso quiere decir que los negociadores de las partes fungieron como constituyentes. De esa inexplicable concesión se desprenden todos los puntos incorporados en un farragoso texto de 297 páginas que tan solo un 7 por ciento de los probables votantes dice haber leído.

    En el orden institucional el Acuerdo contempla la creación de 25 organismos, comités y sistemas que vigilarán el desarrollo de lo acordado, replicando instancias ya existentes, con lo que tendríamos un paraEstado. También se aprobó la adopción de 14 grandes planes de tipo económico social cuando se había dicho que los problemas centrales del país no serían negociados en La Habana

    En el ámbito político se les otorgará a las FARC cinco curules en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes por 8 años, que si no pueden ser alcanzadas vía sufragio les serán reconocidas. Además, alterando el equilibrio electoral del país se crearán 16 circunscripciones electorales en zonas de influencia de la guerrilla para elegir un congresista por cada una y donde ningún partido ajeno al lugar podrá presentar candidatos. Aún falta definir cuántos de sus miembros tendrán curules en corporaciones departamentales y municipales. A todas estas, y demasiado grave, no se estipulan impedimentos de elegibilidad para responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad.

    Capítulo especial merece lo que se daría en caso de ganar el sí. El Gobierno llevaría al Congreso para aprobación expres el Acto Legislativo de la Paz, que legitimará con leyes todos los compromisos. El presidente recibirá poderes especiales, a la manera de las leyes habilitantes de Hugo Chávez, por 6 meses prorrogable otros 6. Sus iniciativas solo podrán recibir del Congreso un sí o un no pues dicho Acto conlleva a la castración de su poder y función legislativa. Con razón, dicen expertos constitucionalistas, estamos ante un golpe de estado adornado y justificado con la palabra paz.

    Habrá financiamiento especial para la actividad político-partidista de las Farc en detrimento del trato dado a los partidos que han respetado la institucionalidad. También se les otorgará 33 emisores a su control y espacios amplios de televisión para divulgación de su programa.

    En el terreno de la Justicia es en el que se aprecian las concesiones más graves. En primer lugar se crea una Jurisdicción Especial de Paz (JEP) con 72 magistrados, 14 de ellos extranjeros, y que formará un Tribunal de Paz de 24 miembros, 4 de ellos extranjeros, para enjuiciar a los miembros de las FARC y a todos aquellos que directa o indirectamente tomaron parte en el conflicto. Ese organismo es completamente ajeno a nuestras tradiciones y a nuestro ordenamiento jurídico, fue creado por elementos ajenos al Congreso que es el único órgano con derecho a hacerlo. La JEP estaría por encima de todo el sistema judicial colombiano de sus altos tribunales y altas cortes. Tiene la facultad de saltarse el principio de la cosa juzgada, actuará sin ningún control, sus fallos serán inapelables. Sin fecha de término para concluir sus labores, mantendrá en ascuas a empresarios, militares y opositores de las FARC para obligarlos a declararse culpables para merecer los beneficios de la Justicia Transicional o alegar su inocencia corriendo el riesgo de ser condenados a 20 años de prisión.

    Ese Tribunal tiene en sus manos el instrumento de la impunidad pues a los guerrilleros que confiesen delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, no se les condenará a prisión, tal como ordena la Corte Penal Internacional, sino que les será restringida la movilidad en un área geográfica, podrán ser nombrados congresistas y realizar algunos trabajos comunitarios.

    De paso, las FARC se niegan a reparar integralmente a sus víctimas alegando no tener recursos, de forma que será el Estado el obligado a hacerlo.

    Con razón el grupo terrorista español ETA reclamó a su gobierno y al PSOE que así como habían apoyado el Acuerdo colombiano, les dieran a ellos un trato similar. No lo tendrán porque ni ellos ni los gobiernos de USA, Francia e Inglaterra, aceptarían ir tan lejos para desmovilizar a los terroristas de ISIS y AL QAEDA. Como quien dice, la impunidad es buena en las repúblicas “banana” como nos catalogan, pero no para ellos.

    Y razón no le falta al doctor Vivanco presidente de Humans Rigths Watch quien sostiene que ese Acuerdo es violatorio de los parámetros de la justicia humanitaria internacional. De manera que la lección que se le está dando al mundo es que el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos pueden ser pisoteados en nombre de la paz.

    Darío Acevedo Carmona, octubre 2 de 2016