Blogalaxia Ventanaabierta.blogspirit.com website reputation

Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

Análisis

  • PLEBISCITO COLOMBIANO: ENTRE LA DEMAGOGIA CON LA PAZ Y LA VIGENCIA DE LA JUSTICIA

    Imprimir

    Hoy 2 de octubre los colombianos acudiremos a las urnas a un plebiscito en el que se nos pregunta si apoyamos o no el acuerdo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Estaremos entre el embrujo de la “paz” y el chantaje con la continuidad de la “guerra”.

    Lo más impresentable de tal evento es que de un potencial de 34,5 millones de electores, basta que 4,5 voten a favor del sí y haya más votos que por el no, para que se considere aprobado. Hablamos de tan solo un 13 por ciento, toda una caricaturización de la democracia.

    Sectores importantes de la comunidad internacional, incluida la ONU, han avalado el Acuerdo, igual que varios gobiernos entre ellos todos los del “socialismo bolivariano”. La palabra paz ha ejercido un poderoso poder de atracción primaria, y como el presidente Santos le otorgó a la acción terrorista de las FARC el calificativo de guerra desastrosa, absurda y sin sentido de 52 años y afirmó que “estamos cansados de la guerra”, con mayor razón, por fuera del país se escuchan aplausos y anotaciones tan exóticas como la de Felipe González que comparó la “paz” colombiana con el derrumbe del Muro de Berlín.

    ¿Cuáles son, en suma, las razones que nos llevan a optar por el NO en el plebiscito?, razones de orden militar, político, institucional, y de justicia. Hay más pero creo que el espacio no da para extendernos demasiado.

    En lo relativo al primer aspecto resalto el despropósito del Gobierno Santos de darle a las FARC un estatus de igualdad con el Estado, una guerrilla calificada de terrorista, que además, estaba prácticamente derrotada en el plano militar, desprestigiada políticamente con índices repetidos de favorabilidad de un 3 por ciento y en franca estampida en razón de la paranoia sembrada en sus filas por los delatores.

    En este punto Santos aceptó convertir el Acuerdo en un tratado interpartes de humanización de la guerra (no de su fin) que implica su incorporación en calidad de artículo inmodificable a la Constitución política. Eso quiere decir que los negociadores de las partes fungieron como constituyentes. De esa inexplicable concesión se desprenden todos los puntos incorporados en un farragoso texto de 297 páginas que tan solo un 7 por ciento de los probables votantes dice haber leído.

    En el orden institucional el Acuerdo contempla la creación de 25 organismos, comités y sistemas que vigilarán el desarrollo de lo acordado, replicando instancias ya existentes, con lo que tendríamos un paraEstado. También se aprobó la adopción de 14 grandes planes de tipo económico social cuando se había dicho que los problemas centrales del país no serían negociados en La Habana

    En el ámbito político se les otorgará a las FARC cinco curules en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes por 8 años, que si no pueden ser alcanzadas vía sufragio les serán reconocidas. Además, alterando el equilibrio electoral del país se crearán 16 circunscripciones electorales en zonas de influencia de la guerrilla para elegir un congresista por cada una y donde ningún partido ajeno al lugar podrá presentar candidatos. Aún falta definir cuántos de sus miembros tendrán curules en corporaciones departamentales y municipales. A todas estas, y demasiado grave, no se estipulan impedimentos de elegibilidad para responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad.

    Capítulo especial merece lo que se daría en caso de ganar el sí. El Gobierno llevaría al Congreso para aprobación expres el Acto Legislativo de la Paz, que legitimará con leyes todos los compromisos. El presidente recibirá poderes especiales, a la manera de las leyes habilitantes de Hugo Chávez, por 6 meses prorrogable otros 6. Sus iniciativas solo podrán recibir del Congreso un sí o un no pues dicho Acto conlleva a la castración de su poder y función legislativa. Con razón, dicen expertos constitucionalistas, estamos ante un golpe de estado adornado y justificado con la palabra paz.

    Habrá financiamiento especial para la actividad político-partidista de las Farc en detrimento del trato dado a los partidos que han respetado la institucionalidad. También se les otorgará 33 emisores a su control y espacios amplios de televisión para divulgación de su programa.

    En el terreno de la Justicia es en el que se aprecian las concesiones más graves. En primer lugar se crea una Jurisdicción Especial de Paz (JEP) con 72 magistrados, 14 de ellos extranjeros, y que formará un Tribunal de Paz de 24 miembros, 4 de ellos extranjeros, para enjuiciar a los miembros de las FARC y a todos aquellos que directa o indirectamente tomaron parte en el conflicto. Ese organismo es completamente ajeno a nuestras tradiciones y a nuestro ordenamiento jurídico, fue creado por elementos ajenos al Congreso que es el único órgano con derecho a hacerlo. La JEP estaría por encima de todo el sistema judicial colombiano de sus altos tribunales y altas cortes. Tiene la facultad de saltarse el principio de la cosa juzgada, actuará sin ningún control, sus fallos serán inapelables. Sin fecha de término para concluir sus labores, mantendrá en ascuas a empresarios, militares y opositores de las FARC para obligarlos a declararse culpables para merecer los beneficios de la Justicia Transicional o alegar su inocencia corriendo el riesgo de ser condenados a 20 años de prisión.

    Ese Tribunal tiene en sus manos el instrumento de la impunidad pues a los guerrilleros que confiesen delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, no se les condenará a prisión, tal como ordena la Corte Penal Internacional, sino que les será restringida la movilidad en un área geográfica, podrán ser nombrados congresistas y realizar algunos trabajos comunitarios.

    De paso, las FARC se niegan a reparar integralmente a sus víctimas alegando no tener recursos, de forma que será el Estado el obligado a hacerlo.

    Con razón el grupo terrorista español ETA reclamó a su gobierno y al PSOE que así como habían apoyado el Acuerdo colombiano, les dieran a ellos un trato similar. No lo tendrán porque ni ellos ni los gobiernos de USA, Francia e Inglaterra, aceptarían ir tan lejos para desmovilizar a los terroristas de ISIS y AL QAEDA. Como quien dice, la impunidad es buena en las repúblicas “banana” como nos catalogan, pero no para ellos.

    Y razón no le falta al doctor Vivanco presidente de Humans Rigths Watch quien sostiene que ese Acuerdo es violatorio de los parámetros de la justicia humanitaria internacional. De manera que la lección que se le está dando al mundo es que el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos pueden ser pisoteados en nombre de la paz.

    Darío Acevedo Carmona, octubre 2 de 2016