A ver a ver si entendemos las cosas de la ONU, es decir, su asimetría judicial en torno a crímenes de guerra. La CPI es un órgano de la ONU, expide orden de captura contra el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu por supuestos crímenes de guerra en su guerra de defensa contra el grupo terrorista Hamas. Sin entrar en el análisis de esa guerra, me pregunto si la ONU y la CPI no están usando un doble rasero en la materia al no proceder de igual forma contra los criminales de guerra de las Farc, responsables de sistemáticos crímenes espantosos contra decenas de miles de colombianos.

Tanta dificultad que han vivido en el mundo las víctimas de horrorosos crímenes, catalogados de lesa humanidad o como crímenes de guerra. Tanta brega para aprobar un estatuto penal internacional al que Colombia adhirió plenamente en 2009. Tanto dinero en misiones, en nombramiento de delegados, tanta costosa burocracia en torno del tema de los DDHH en la ONU, en la OEA y en otros organismos, en gran medida sesgados hacia la izquierda, y la ONU y su Consejo de Seguridad arrasan con el respeto a la juridicidad creada por ellos mismos, en particular con lo que han validado en Colombia para vergüenza mundial  y en especial de las diez millones de víctimas del llamado conflicto armado interno.

¿Por qué lo digo? Porque la aprobación de ese mal llamado acuerdo definitivo de paz fue validado en un golpe de estado que desconoció el resultado del plebiscito de 2016 que lo rechazó, porque en nuevo golpe de estado se modificó la Constitución al cambiar numerosos artículos y creando figuras ajenas a nuestro ordenamiento como la de convertir dicho acuerdo en un tratado internacional elevado a la categoría de "bloque de constitucionalidad" que en la práctica ha significado tener dos constituciones por espacio de 12 años.

Porque ahora, en nombre de su implementación, se quiere alargar hasta 2038 por parte de quienes se opusieron a introducirle cambios de metodología en el gobierno Duque, y, porque este atropello evidente a los principios de los DDHH ha significado la anulación práctica de principios de tratados humanitarios de los que Colombia es signataria, como el de la imprescriptibilidad, el castigo efectivo con prisión de responsables de dichos crímenes, a través de su condición de miembro de la Corte Pena Internacional.

Suena feo todo ese bullicio de personalidades que se niegan a reconocer que la paz Santos-Far-ep, es una falsedad, que esa paz fue hecha añicos no por el uribismo o por Duque sino por el doble juego de unidades enteras de esa guerrilla que se declararon "disidentes" y que a pesar de estar dedicadas a sobrevivir del rampante narcotráfico han sido tratadas con guante de seda por el corrupto gobierno de Gustavo Petro.

¿Cuál es el fundamento de la idea ventilada por señor delegado del Alto Comisionado de Paz de la ONU para Colombia, Carlos Ruíz Massieu en el sentido de que ese "acuerdo de paz" es un ejemplo para el mundo"?

¿Quién en el mundo puede defender la alta traición protagonizada por las Farc y sus disidencias, por el Eln y por grupos ilegales como el Clan del Golfo?

¿Quién puede sostener en amplios y calificados auditorios la idea hecha realidad de premiar a criminales de guerra otorgándoles, sin votos, la calidad de congresistas, de no ser llevados a detención intramuros, como si fueran unos "héroes populares y libertarios y no unos consumados secuestradores, violadores de niños y mujeres y hombres y responsables de atrocidades?

Si la política de defensa y promoción de los DDHH y del DIH son válidas internacionalmente ¿por qué se excluye a Colombia?

https://caracol.com.co/2024/11/21/el-acuerdo-de-paz-de-colombia-es-ejemplo-para-el-mundo-onu/?sma=newsEditorialCaracol_generico20241121

Darío Acevedo Carmona, 23 de noviembre de 2024

Esta persona que llegó a ser presidente con la bandera del cambio está cumpliendo a cabalidad su promesa, todo lo bueno lo destroza y convierte en malo, eso es cambio. A su vez, todo lo malo lo hace ver bueno. En esta última acepción se inscribe un cambio horroroso. Imaginemos que la ONU o la Fundación Nobel o el pueblo judío convirtieran en apóstoles de la paz a los peores criminales de la historia. ¿Qué tal Hitler o Stalin o Idi Amín Dadá o Pol Pot, por mencionar sólo algunos de los depredadores de millones de vidas humanas, sean vistos en adelante como santos, líderes piadosos, benefactores, gestores de paz? Bien, dirán algunos, "pero es que eso no se le ha ocurrido a nadie, además ellos ya están muertos".

Es cierto, aunque no faltan los comunistas que defienden hoy día a algunos de esos monstruos. Hagamos el ejercicio con gobernantes y líderes vivos y en ejercicio, ¿Qué tal que Putin sea condecorado con el Nobel de Paz? o los jefes del estado islámico o ISIS, dictadores de países africanos y asiáticos que han generado guerras de exterminio?

No faltará quienes los defiendan y les hagan el favor, para la muestra y para desgracia y dolor de los colombianos, y, muy especialmente de los cerca de diez millones de víctimas del conflicto armado interno colombiano, el presidente que agita la bandera del cambio, el mismo que afirmó sin temblor en sus labios que para desaparecer tanto crimen de las estadísticas bastaría con dejar de llamar crimen al crimen, ahora ha llevado su peculiar forma de distinguir el bien con el mal, o , más bien de borrar la diferencia entre el bien y el mal, a un más azaroso nivel con su medida de nombrar gestores de paz a comprobados responsables de crímenes de guerra que anegaron en muerte y sangre a poblados y poblaciones, afectando personas de todas las condiciones étnicas, de sexo, raza, religión y clase social por siete décadas, Para, una vez derrotados, convertirlos en ángeles, en congresistas, en gestores de paz.

No nos faltaba sino que a los colombianos nos sometieran a que nos chorree la baba para abrazar a tipos que no supieron lo que era tener piedad con mujeres, niños, indígenas, campesinos, sindicalistas, políticos, empresarios, comerciantes, religiosos, que causaron tantas inenarrables desgracias y que no han reparado a sus víctimas ni ofrecido disculpas sinceras a los ofendidos.

Este presidente que tenemos y el de la década anterior elevaron a estos caudillos del horror a dignidades, les concedieron la honorabilidad y les borraron su sanguinario prontuario, cambiándolo por premios, por honores. Así es, eso es lo que significa, moralmente el "cambio" del presidente Petro, una deshonra, un insulto al sentimiento de las víctimas y de los ciudadanos de bien, un adefesio en el que ser pillo paga, un borrón a la historia. Claro, así, a través de una poderosa máquina de propaganda y de estrategias judiciales la toma violenta del palacio de Justicia por el M-19 con el objeto de darle un golpe de estado al gobierno de Belisario Betancur, lo han convertido en la retoma sangrienta del palacio por el Ejército Nacional.

Debemos preguntarnos qué hará la directora y demás directivos del Centro Nacional de Memoria Histórica, si los victimarios son privados de su condición criminal? ¿Les abrirán un espacio para honrar a los capos del paramilitarismo y a los comandantes de las Farc, del Eln, del M-19 y del Epl?

¿Las organizaciones de víctimas azuzadas desde la izquierda van a protestar o se tragarán sin masticar este bodrio inmoral? ¿Qué dirán las ONGs defensoras de derechos humanos?

Darío Acevedo Carmona 24 de noviembre de 2024

En el momento preciso en que el Congreso de la República discutía, soberanamente, la creación de una sala especial en la JEP para el juzgamiento de militares arribó al país el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI) James Kirkpatrick Stewart para advertir que de aprobarse tal iniciativa dicha corte podría intervenir en Colombia para enjuiciar a los agentes del estado responsables de crímenes de lesa humanidad, en particular los de los llamados “falsos positivos”.

Es rara, muy rara, la premura de este funcionario como también el tono amenazante que utilizó al señalar que la JEP era inmodificable que hacerlo ponía en peligro el acuerdo de paz Santos-FARC y abría las puertas a la impunidad para los militares acusados.

Y es raro porque la CPI no ha manifestado, hasta el presente, ninguna contrariedad, crítica, oposición o exigencias en relación con la total impunidad para los comandantes de las FARC responsables de crímenes de lesa humanidad consagrada en ese acuerdo.

En cambio y como fue corroborado por el fiscal adjunto, lo que más les ha preocupado es la aplicación de justicia a los militares colombianos sin tener en cuenta que ya miles de ellos desde soldados hasta generales están siendo juzgados, condenados y pagan cárcel hace años por fallos de los tribunales nacionales, circunstancia que desvirtúa cualquier posibilidad de intervención de la CPI por cuanto una de las causas para que se produzca es que no se haya podido hacer justicia o el Estado adherente reconozca su incapacidad para castigar a reos de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Sorprende la visita y las admoniciones fuera de foco del vicefiscal Kirkpatrick porque en muchos países de Africa y Medio Oriente el mundo presencia impotente la violación sistemática del estatuto de la CPI sin que ella realice intervención alguna. Sorprende que en medio de su debilidad, su carencia de herramientas adecuadas, un liderazgo de funcionarios obsecuentes con la burocracia internacional y los intereses de las grandes potencias, haya acudido tan velozmente al llamado de auxilio de quienes defienden la imposibilidad de modificar la JEP.

Es razonable pensar que su visita fue el fruto de un intenso loby adelantado por personas que se mueven a sus anchas en el concierto diplomático y en las esferas de los órganos encargados de supervisar los derechos humanos donde han logrado imponer su versión sobre el conflicto armado según la cual el Estado es responsable de organizar una guerra sucia y creado los grupos paramilitares, y las guerrillas son organizaciones populares, víctimas de exclusión y persecución.

Al cabo de 16 años de haber adherido al Acuerdo de Roma que creó la CPI y su estricto estatuto, el balance sobre su presencia en Colombia es bastante deficitario e ingrato ya que lo hasta ahora actuado está en una línea muy similar a la de otras cortes, como la CIDH, y órganos de derechos humanos que casi siempre condenan al estado colombiano al aplicar el principio de que solo los estados, en cuanto signatarios de los tratados de DDHH, son por acción u omisión los únicos responsables de sus violaciones.

La CPI ha fallado, como bien lo explica el periodista y analista Eduardo Mackenzie (periódico Debate 9/11/2018), en la observancia del estatuto que consagra el juzgamiento no ya de estados sino de individuos que haciendo parte de grupos armados insurgentes u oficiales han violado en materia grave los DDHH y el DIH.

La CPI en Colombia, añade Mackenzie, se ha preocupado más por el tema de los falsos positivos supuestamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública que por los de las guerrillas colombianas como el secuestro de miles de empresarios urbanos y rurales, agentes del orden, ciudadanos del común, el asesinato de personas indefensas y líderes democráticos como los diputados del Valle y los concejales de Rivera, los pobladores de Bojayá en Chocó refugiados en una iglesia, el secuestro de aviones con civiles, la voladura de un oleoducto que causó más de 80 muertos civiles, el reclutamiento de menores y la violación de mujeres adultas y menores..

La CPI exige al gobierno colombiano cumplir e implementar rigurosamente el impune acuerdo Santos-FARC gracias al cual criminales de guerra serán juzgados por un tribunal que no inspira confianza, que a lo mejor los condenará a ocho años sin penas de prisión intramuros y recibirán curules sin respaldo electoral en el Congreso.

Los colombianos que por mayoría rechazamos dicho acuerdo en el plebiscito de octubre de 2016, objeto de burla y desconocimiento por el presidente Santos y la dirigencia FARC, tenemos poderosas y contundentes razones para notificarle a la CPI la desazón, desconfianza y malestar que hemos expresado a otras cortes y organismos multilaterales y en esa medida, como sugiere el periodista Mackenzie, preguntarnos si tiene sentido que Colombia mantenga su membresía a la CPI o inicie su retirada.

Darío Acevedo Carmona, 12 de noviembre de 2018