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  • Las Farc aunque se vistan de seda…

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    Tras el discurso de la reconciliación entre los colombianos contenido en el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc se esconde más de un engaño, un adefesio y un peligro.

    El engaño radica en que esta guerrilla tuvo más de cuatro años para organizar un cambio sustancial de su táctica sin renunciar a su objetivo estratégico de implantar en el país el comunismo. Esto significa, no una eliminación de la consigna leninista de la combinación de todas las formas de lucha sino una reingeniería de las prioridades y los énfasis ante el evidente deterioro de su capacidad militar. En adelante darán prelación a la lucha electoral, a la lucha de masas y a la organización de su partido político.

    Quedan frentes rebeldes en zonas de cultivo de coca que continúan secuestrando y extorsionando a los pequeños, medianos y grandes empresarios del agro. Con la venia de los sociólogos del conflicto y del frente civil o quinta columna que ni reconoce su militancia en el PCCC o en la guerrilla, que explican el asunto como algo propio de todos los procesos de desmovilización.

    Dejan un arsenal de cientos de caletas difíciles de ubicar y una dejación de armas individuales a escondidas y sin testigos, con el apoyo de algunos teóricos de la “guerra” que sostienen que “las armas es lo de menos”.

    Es un engaño monumental pregonar a diestra y siniestra que para reafirmar la paz debemos dar pasos en la reconciliación entre todos los colombianos dando a entender que el país estaba dividido polarmente entre colombianos pro guerrillas y colombianos contra ellas. Es claro que dicha tesis y campaña tiene la pretensión de igualar el Estado legítimo de la nación y de la población con unas guerrillas desalmadas y degeneradas. Para ello contaron con el regalo del gobierno Santos y de los negociadores Jaramillo y de la Calle que de entrada y sin forcejeo les otorgaron a las Farc la calidad de contraparte y reconocieron, para poder entregar todo lo que entregaron, el relato de haber sufrido en una guerra civil cruenta y justiciera por más de cincuenta años.

    Es un adefesio que, de buenas a primeras, en un alarde de relativismo moral y de actitud impune se les esté dando a los comandantes guerrilleros responsables de crímenes horrendos y de sufrimientos indecibles un protagonismo y un trato como el que se otorga a los héroes por sus proezas. Desfilan, visitan colegios, universidades, van al Congreso, ofrecen entrevistas para periódicos nacionales y extranjeros, emisoras, noticieros de televisión. Abundan crónicas ejemplares, de tal forma que a una política de reinserción se le agrega indebidamente una generosa mano de pintura radiante que tiene por efecto que las personas olviden y que recordar y exigir justicia y compensación para las víctimas es agresión y venganza.

    Es el triste resultado de lo que hemos llamado en otras columnas la capitulación del Estado

    Es un adefesio grotesco que la guerrilla que toda su vida exaltó la lucha armada, la violencia revolucionaria y el culto al fusil (el poder nace del fusil decía Mao), en un parpadeo aparezca como depositaria y dueña de la paz, de la concordia. Malabares y torceduras que pocos se las creen a pesar de la ayuda de algunos acuciosos oenegeros que años atrás justificaban la lucha armada revolucionaria.

    Y es un adefesio que hayan asumido para el “nuevo” nombre de su partido las iniciales por las que se les conoce insinuando que la guerrillerada como tal no se disuelve ni rompe filas, que se conserva el orden y la jerarquía militar y que no se arrepienten de sus atrocidades. Tal vez y sin querer se les va devolver como un bumerang porque les recordará a los colombianos todas las tragedias y el dolor causado a la sociedad.

    Y son un peligro porque, paso a paso, con la paciencia del pescador, van ocupando espacios de poder y se dan el lujo de reiterar ideas y consignas inadmisibles en una democracia. En efecto, en las tesis y principios las Farc reafirman su adhesión al marxismo-leninismo, una teoría política que preconiza el odio entre las clases, que es enemigo de la propiedad privada, que reniega de la democracia “burguesa”, que se propone la eliminación del capitalismo y que plantea que la clase obrera como vanguardia de la sociedad a través de su partido (en este caso las Farc-ep) deben derrocar por la fuerza y con la violencia revolucionaria a las clases dominantes e instaurar la dictadura del proletariado, el unipartidismo y otras perlas a las que, infortunadamente, la opinión no les presta suficiente importancia.

    Coda: Al momento de escribir estas notas Venezuela se debate, como me decía un amigo y contertulio, entre la alborada y el apocalipsis. Deseamos que sea lo primero.

    Darío Acevedo Carmona, 31 de julio de 2017

  • Las armas y la Ley de leyes

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    Están de plácemes los negociadores de la paz Santos-Farc, su séquito de escribanos y la gran prensa aconductada porque supuestamente esa guerrilla “entregó” todas sus armas. Quieren darle a ese hecho la calidad de “acontecimiento fundacional de la nueva Colombia” de la auténtica ampliación de la democracia y de la verdadera ciudadanía.

    Pero hay más de un problema que agua el festejo. Las cifras, por ejemplo, no cuadran, el presidente Santos afirmó (17/03/2017) que la ONU había hecho un registro de 14 mil armas que las Farc debían entregar, Sergio Jaramillo dijo hace 5 meses que el 100% era 7200 armas. Al final del proceso (26/06/2017), la Misión-ONU reconoce haber recibido 7132 armas y dice quedar a la espera de recibir las que aún están en manos de los guerrilleros concentrados.

    Una periodista que no puede ser tildada de enemiga de la paz, Paola Ochoa, hizo un sugerente ejercicio matemático (eltiempo.com 26/06/2017). Según ella y tomando por cierto la cifra de siete mil fusiles “si cada fusil trae 1.500 cartuchos, ¿cuántos cartuchos corresponden a 7.000 fusiles? La respuesta me dejó perpleja: 10,5 millones de cartuchos. ¡Más de diez millones de balas!”  Esa millonaria munición que costaría en el mercado negro 5 millones de dólares, ¿dónde está y quién la tiene?

    La Misión-ONU dijo que había registrado 77 caletas de las 900 reconocidas, quedarían por liquidar 867. Si en cada una de ellas hay diez fusiles (muy probablemente hay más) daría la bicoca de 8670 por entregar, que sumados a los 7132 da 15700 darían por fin el 100% de las armas de mano, nadie ha dicho nada de cohetes tierra-aire, etc. Si 15700 es el 100%, entonces, los 8670 representan el 53.7%, ¡más de la mitad! por entregar. Se justifica preguntar: ¿qué es lo que celebran?

    Hay más dudas e inquietudes, ¿por qué no hubo testigos independientes fuera de los de la Misión-ONU? ¿Por qué ningún periodista presenció la “entrega” siendo que se trataba de una noticia mundial y de un hecho fundamental que “parte en dos” la historia nacional?

    El presidente Santos quiso, por enésima vez, convencer a los colombianos con sus fastos y luces de bengala con las que deslumbra al mismo grupo de lagartos y personajes que ni vieron ni presenciaron la publicitada “entrega”.

    Retomemos la tesis expuesta al comienzo en el sentido de que la dejación de armas no es el hecho más destacable del proceso. La primera gran claudicación consistió en renunciar a la primacía moral del Estado al igualar a las guerrillas con el Estado y asumir su versión según la cual se estaba enterrando una cruel guerra de más de 50 años fruto de un levantamiento armado de campesinos que luchaban por la tierra.

    Mucho más grave fue el desconocimiento del gobierno Santos del resultado del plebiscito en el que la mayoría de los ciudadanos votantes bajo condiciones ampliamente favorables al gobierno dijo NO al acuerdo con las Farc.

    El texto del nuevo acuerdo definitivo de paz se incrusta en la Constitución como si los negociadores, el presidente y los jefes guerrilleros fueran constituyentes. Así, sembrada como piedra de mármol, inmodificable, se implementarán importantes temas y políticas públicas  en concordancia con el pacto de La Habana por 12 años prorrogables.

    Como si la Constitución fuese un lego se adoptó el fast track para modificarla, además, por ley habilitante le concedieron amplios poderes al Ejecutivo y castraron la función legislativa del Congreso cuyos proyectos, supervisados por una comisión paritaria (Csivi) de gobierno y Farc, no pueden ser modificados y han de ser votados en bloque.

    Por algo las Farc dicen que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es el corazón del Acuerdo. Dicha jurisdicción queda por encima de todas las altas cortes y tribunales superiores, podrá revisar sentencias y proceso judiciales ya cerrados, validará la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, no castigará con cárcel a ningún responsable de estos, desconocerá los tratados sobre derechos humanos y DIH firmados por el país que tienen rango de bloque de constitucionalidad como la adhesión a la CIDDHH y a la  CPI.

    Para que no queden dudas de la alta cirugía a la que sometieron el ordenamiento estatal, se modificó la doctrina militar, el régimen electoral, se otorgará representación parlamentaria a criminales de guerra, se abre la puerta a reformar la propiedad privada en el agro. En fin, son estos asuntos, no de carácter menor sino superlativo, en los que se abrió una tronera.

    Un costo excesivo para una paz incierta, con jefes como Santrich y Márquez que nos recuerdan que si el Estado incumple siempre habrá la opción de retomar las armas.

    La obra de este gobierno y sus flamantes negociadores se puede asimilar a la de quien destruye los cimientos de su casa para reconciliarse con aquél que infructuosamente trató de destruirla desde afuera.

    Y de contera, nos amedrantan, cual dictadores, acusándonos de “traición a la patria”, diciendo que los Acuerdos de paz “son inmodificables” y desdibujando la crítica y la Oposición como surgidas de la rabia, la ignorancia, los celos y el guerrerismo. Solo les falta recuperar la consigna de un desgraciado senador que llamó a “fusilar a los enemigos de la paz”.

    Darío Acevedo Carmona, 3 de julio de 2017

  • Timochenko muestra sus colmillos

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    La sentencia de la Corte Constitucional que corrige el acto legislativo 01 de 2016  dejó bien claro el poder alcanzado por las Farc y sus conmilitones. El Ejecutivo y las Farc, juntos e igualados, le piden a la corporación el texto del acto.

    A diez días de concluir el periodo de desmovilización y entrega de armas, que ni lo uno ni lo otro hemos visto, las Farc y su mentor jurídico, esa especie de cónsul en que se convirtió el comunista Enrique Santiago, armaron un alboroto amenazante dando a entender que la Corte hundía los acuerdos y que ello justificaba, poner firme a la guerrillerada, en alerta máxima, en “asamblea general” tal como lo ordenó el comandante Timochenko. Sin embargo, una llamada del presidente Santos al jefe guerrillero, apenas saliendo de la oficina Oval de la Casa Blanca norteamericana de su entrevista con el presidente Trump, aparentemente atenuó la beligerancia y los temores de la comandancia fariana.

    Urge analizar si la sentencia de la Corte da para aplicarle los santos óleos al entreguista acuerdo de paz de La Habana y para que los críticos hagamos fiesta, y pensar si el daño producido a la Constitución queda reparado. Por ahora el sabor que deja, a medida que pasan los días, es agridulce.

    El pronunciamiento de la Corte es la respuesta a un derecho de petición que millones de personas formularon a dicho organismo a través de firmas recogidas por el Centro Democrático y con la sustentación del senador Iván Duque. La iniciativa pretendía que la Corte echara atrás el carácter supraconstitucional dado al Nuevo Acuerdo Definitivo de Paz (NAFDP) y el método fast track para la implementación de todo lo acordado por considerar que sustituía la Constitución, alteraba la separación de poderes, le reconocía funciones constituyentes a una organización terrorista, entre otros adefesios.

    La Corte se pronunció aclarando que el Congreso, en tanto poder central del ordenamiento del Estado colombiano, puede modificar los proyectos derivados del NAFDP puesto que esa es una función de la que no puede ser privado. Lo curioso y contradictorio es que la Corte al reivindicar la función legislativa del Congreso, aseguró que el fallo tendrá vigencia sobre las futuras iniciativas mas no sobre lo ya aprobado.

    Es inevitable pedir explicaciones, ¿por qué la Corte se priva del poder que le otorga la Constitución de declarar exequible o inexequible leyes ya aprobadas?, ¿acaso ante temas tan delicados como la Jurisdicción Especial de Paz, organismo que estará por encima de todas las cortes, que altera el sistema judicial colombiano, diseñado para absolver crímenes de lesa humanidad de comandantes guerrilleros y perseguir a ciudadanos y agentes del Estado por supuestos vínculos con paramilitares, no constituye una sustitución de la Constitución, realizada, además, con el silenciamiento del Congreso al que se le restituye su soberanía solo “en adelante”?

    ¿No es una inconsecuencia fatal dejar esa mácula, esa ofensa, ese golpe letal al ordenamiento constitucional, so pretexto de que ya fue aprobado? Como si la Corte desconociera que tiene la función irrenunciable de revisar lo que ha sido aprobado por los poderes públicos.

    Por eso no estoy muy convencido de las bondades de la sentencia en comento. Deja muchas dudas flotando en el ambiente. De todas maneras, la mostrada de colmillos del procónsul español Santiago y el líder de las Farc, aún armadas y filadas, confirma los temores que muchos tenemos sobre el poder otorgado a esa guerrilla, Además, no habría sido necesaria porque el presidente de la Corte le recordó a  la opinión que de todas formas el presidente de la República puede vetar lo que apruebe el Congreso si le parece que viola los acuerdos. Y Santos, ni corto ni perezoso le aseguró a Timochenko que esta vez él sí cumplirá su palabra.

    Por otra parte, voceros del ejecutivo han declarado que el hecho político incuestionable es que el gobierno cuenta con una mayoría aplastante e incondicional en el Congreso de lo cual no nos cabe la menor duda.

    Mientras el cogobierno Santos-Timochenko hace exigencias a la Corte para que dé a conocer los términos de la nueva sentencia, sería de inmensa utilidad que constitucionalistas de gran trayectoria y seriedad como Jaime Castro y José Gregorio Hernández, entre otros, nos ilustraran con sus apuntes.

    Darío Acevedo Carmona, 22 de mayo de 2017

  • LUZ DE LA CALLE OSCURIDAD DE LA CASA

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    Los hechos de la semana pasada nos vienen a confirmar lo que hace ya buen rato venimos observando en el sentido de que una cosa percibimos la inmensa mayoría de colombianos y muy distinta la que tienen ciertas agencias internacionales y gobiernos de otros países.

    La última encuesta de la firma Gallup (elespectador.com 3/05/2017) confirma que el país va mal, su gobierno también y el presidente Santos peor. La caída de la percepción ciudadana sobre Juan Manuel Santos y sus ministros, políticas públicas, economía, seguridad, empleo, educación así como sobre personajes de la vida nacional, instituciones y otros asuntos no solo se mantiene en rojo sino que nos da a entender que es una tendencia irreversible.

    El recorrido de las líneas rojas que señalan la percepción negativa y las azules que dan cuenta de la positiva desde el gobierno de Andrés Pastrana, muestran un mapa bien claro: durante los dos mandatos de Alvaro Uribe Vélez siempre o casi siempre y en todo o en casi todos los temas, la línea azul está por encima de la roja. En cambio, durante los mandatos de Santos, en particular y contundentemente en los tres años del último, la línea roja prima sobre la azul.

    Sin embargo, la noticia de la invitación del presidente Trump al presidente Santos para el 18 de mayo vino a paliar las deplorables sensaciones de fracaso. Así mismo, se anunció que estamos a unos pasos de ser admitidos en la OCDE a pesar de que en sus altas exigencias en indicadores como educación, lucha contra la corrupción, aplicación de normatividad laboral y ortodoxia en las finanzas, Santos se raja.

    Para acabar de dorar la píldora y subir las energías positivas, una misión del Consejo de Seguridad de la ONU visitó el país para pasar revista a la implementación de los Acuerdos de Paz. Visitaron una zona de concentración en el Meta, hablaron con los jefes guerrilleros con el presidente, con ministros y con uno que otro lagarto oenegero y de perfil académico.

    De un día para otro no podían ver el desastre (según las cifras de Gallup) que los colombianos hemos llegado a ver después de años de paciente espera. No se enteraron o no le dieron importancia al hecho de que las Farc a punto del vencimiento del periodo de seis meses para su desarme total, hayan entregado apenas mil fusiles, que no haya un solo registro constatable de esa “dejación”, que alias Timochenko haya confesado tener 900 caletas como la que fue descubierta en días pasados por el Ejército en el Putumayo y que nos salgan con la propuesta de prolongar la misión de la ONU.

    Tampoco parecen haberse enterado que el ELN sigue matando soldados y policías en atentados aleves y sobreseguro, que sigue volando oleoductos, ocupando los territorios dejados por las Farc, que quedaron en funciones guerreras y de narcotráfico varios frentes en supuesta “disidencia”, que uno de estos tiene secuestrado a un funcionario de la misión de la ONU, que no existe una política de erradicación de las 180 mil hectáreas de coca.

    Tampoco se percataron que el Acuerdo de Paz se pasó por la faja el estatuto de la Corte Penal Internacional, que dicho Acuerdo desconoció la voluntad popular expresada en un plebiscito en el que el Gobierno tuvo una aplastante ventaja sobre la campaña del NO. Que nuestra Constitución está siendo violada sistemáticamente, que el Congreso de la República renunció a su función legislativa, que  a ese órgano se sumarán 10 jefes de las FARC con prontuario terrorista y narcotraficante responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra.

    Esa Misión vio lo mismo que el gobierno noruego y personajes de la vida internacional a los que les suena muy bonito la palabra paz, pero que no saben, ni tienen tiempo para llegar a saberlo o no les interesa “inmiscuirse”, todo lo que hemos perdido como país y como sociedad.

    Y entonces, en esas burbujas fugaces de gloria gracias a las cuales sobrevive y por las que se empecina en sus yerros, Santos, cual peleador callejero, sale a proclamar en tono revanchista que “La oposición quedó viendo un chispero”, recordándonos que él es, como decían los abuelos de los malos hijos, “luz de la calle y oscuridad de la casa”.

    Por cierto, no hay ninguna novedad en la figura del “chispero”, solo cabe aclararle que es lo que la inmensa mayoría de los colombianos, entre un 65 y un 80 por ciento, no solo la oposición, está viendo hace rato pues gracias a sus erráticas políticas revirtió la tendencia positiva de las políticas adelantadas por gobiernos anteriores.

    CODA: El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, al declarar que tierras improductivas podrían ser objeto de expropiación dejó al desnudo una mentira más de Santos quien había dicho que se respetaría la propiedad privada en los acuerdos de paz.

    Darío Acevedo Carmona, 8 de mayo de 2017

  • FARC: UN PARTIDO EN ARMAS

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    Con paso demoledor el emasculado Congreso de la República aprueba cada uno de los proyectos del proceso de implementación del acuerdo definitivo de paz. Y mientras más avanza en el camino de tanta ignominia más se consolida el inmenso poder político ganado por las Farc.

    La lista de las medidas entreguistas, pasa, según el flamante ministro del Interior, el señor Cristo, a una nueva etapa, la relacionada con la propiedad y el modelo de desarrollo agrario basado en la visión antiempresarial de esa guerrilla del que nada bueno debemos esperar.

    La consulta telefónica develada por el noticiero de RCN entre los senadores Iván Cepeda, en pose de subordinado o intermediario de las Farc, de Carlos Fernando Galán, agachando su cabeza y la del vocero-supervisor de las Farc en el Congreso recibiendo orientaciones del jefe guerrillero Iván Márquez es prueba elocuente de hasta dónde llega ya el poder de la guerrilla marxista leninista gracias a la benevolencia de un gobierno arrodillado.

    Lo aprobado en el curso de la semana debería haber suscitado la reacción enconada de los demócratas de las distintas fuerzas políticas del país puesto que el proyecto en cuestión reconoce calidades, condiciones, finanzas, beneficios y gabelas de todo tipo a un grupo que no ha concluido su proceso de reinserción a la civilidad ni entregado las armas ni devuelto a los menores de edad al seno de sus familias.

    No se si los que aplauden estas concesiones a las comunistas Farc habrían también aprobado que los paramilitares se hubiesen convertido en fuerza política con curules gratuitas en ambas cámaras del Congreso, financiación estatal, emisoras, circunscripciones especiales, etc., o si piensan que los delitos de lesa humanidad de las Farc son exculpables o de mejor familia que las atrocidades de aquellos.

    El círculo de un nuevo poder que no se impone por vía electoral sino por el camino todavía más humillante de la violación de la Constitución, se está cerrando con un candado cuya llave ha sido arrojada al mar.

    Algunos teóricos del neomarxismo arguyen que la doctrina es elástica y reconocen, por los fracasos de la URSS y la China, que hoy en día se debe hacer una “nueva” lectura del dogma. Que viéndolo bien no es tan nueva ya que fue postulada por líderes calificados de “renegados y revisionistas” como Kautsky y que consistía en optar por el camino de las reformas de la lucha parlamentaria y legal, para llegar, gradualmente, a la sociedad socialistas y luego a la comunista.

    Los comunistas de hoy en día, ciertamente, han mutado. En Corea del Norte adoran al dictador dinástico, en Cuba es más fuerte el castrismo que el partido y en Colombia la preciada tesis de que el partido gobernaba a la guerrilla se invirtió por varios lustros. Hoy, derrotados en el campo militar pero victoriosos en la mesa de negociación, retoman la “línea correcta” de que el partido es la máxima autoridad, que las armas quedan a discreción, que hay que optar por el camino de las reformas y la democracia, pero no porque se crea en ellas, sino a la manera de los trogloditas del comunismo para quienes la democracia y el reformismo constituyen escalones hacia su meta deseada: la sociedad de las hormigas.

    De manera que Santos, Cristo, De la Calle y Sergio Jaramillo, con el apoyo y la solidaridad incondicional de sectores del poder, capitularon al reconocerle a las Farc la condición de constituyentes y legalizarlas como un partido en armas.

    El partido del terror no tiene aún un nombre y no sabemos si le van a asignar a la sigla algún contenido diferente al que tiene. En todo caso y sin necesidad de invertir un peso, ni de sufrir condena de cárcel, sus jefes condenados a decenas de años por la justicia colombiana, podrán disponer de diez curules en el Congreso de la República y tendrán la opción de alcanzar otras 16 en las recién creadas circunscripciones especiales de paz, y tendrán dinero oficial que, sumado al que deben tener a buen recaudo proveniente del secuestro, la extorsión y el narcotráfico servirá para aceitar la maquinaria del fraude electoral.

    Contarán con emisoras como no dispone ningún otro partido institucional y recursos públicos para adelantar programas de formación ideológica y campañas sobre sus metas programáticas.

    Sin haberse desmovilizado plenamente, ya son invitados de honor a emisoras, noticieros de televisión, entrevistados en la gran prensa como si se tratara de líderes impolutos y libres de toda responsabilidad en la tragedia de millones de hogares colombianos.

    En tal situación, se justifica plenamente pensar si es válido  o no el temor de que puedan alcanzar el poder total. Aunque este aspecto amerita otras columnas, ya es lógico reconocer que el peligro no es potencial sino real, que al poder total llegarán no por vía de mayorías electorales pues cuentan con grandes sumas de dinero para corromper el sistema.

    Tienen de su lado la voz de importantes sectores de opinión que escriben en la gran prensa procurando convencernos de que por la paz hay que hacer todo tipo de concesiones, lo que sea. Una opinión ilustrada que nos quiere vender la idea de que el terrorismo de las guerrillas es moralmente tolerable y que debemos aceptar, bajo el chantaje de que si no cedemos vendrán jornadas de sangre, todo tipo de gracias y dádivas de tal forma que exigencias de tipo ético y moral, como por demás lo estipulan tratados y organismos internacionales, son vistos como atolladeros u obstáculos a la paz.

    Darío Acevedo Carmona, 1 de mayo de 2017

  • GOBIERNO Y FARC QUIEREN IMPONER NUEVA CONSTITUCIÓN

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    Al paso que va la demolición de la Constitución, la Corte Constitucional quedará sirviendo para fallar si las corridas de toros son o no legales, si el pico y placa es exequible o no, si las multas por violación al código de policía son las adecuadas.

    Porque lo que es su armazón ya está hecho trizas. El proyecto de reforma política que se discute en el Congreso contempla por ejemplo establecimiento del voto obligatorio, ampliación del periodo presidencial,  ciudadanía desde los 16 años, entre otras arbitrariedades que ni siquiera figuran en el Acuerdo Definitivo de Paz.

    Algunos analistas sostienen que este proyecto no es más que una cortina de humo para tapar el escándalo de los dineros de Odebrecht en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Tiene todo el perfil para ser eso, el neodictador de Colombia se ha revelado como un hábil cortinero y apostador que no bien pierde una mano apuesta la que sigue con más osadía.

    Sin embargo, no debemos descartar que aun siendo una cortina también puede llegar a convertirse en realidad y que en consecuencia en el 2018 no se realicen elecciones en aras de proteger la paz, implementar lo acordado y entrar en firme en el periodo de transición de 10 años del que habló el comisionado de paz Sergio Jaramillo que supone la realización de reformas extraordinarias y excepcionales (¿el golpe de estado o fast--track es la fórmula?) para aclimatar “la paz territorial”.

    Este Régimen y su líder, han dado ya categóricas e inequívocas señales de que no les tiembla el pulso, que no tienen pudor ni vergüenza para demoler la casa desde los cimientos y levantar una nueva con quienes intentaron, vanamente, destruirla con las armas del terror.

    Si alguien quiere saber hacia dónde está dirigiéndose nuestro país y apreciar cuánto sudor y lágrimas, destrucción y empobrecimiento y vidas y persecuciones nos tocará afrontar en los años venideros si no atajamos la trinca Santos-Timochenko, basta que miren la tragedia que vive Venezuela.

    Con ese oscuro panorama en el futuro inmediato, todas las fuerzas políticas están obligadas a sentar una posición sobre lo que está ocurriendo desde que en el pasado mes de noviembre el aún presidente Santos anunció al país y al mundo la mentira de que con el apoyo de la dirigencia del NO y luego de haber acogido sus recomendaciones, se había firmado un acuerdo definitivo de paz con las FARC.

    Al respecto, solo hay tres formas de actuar ante tan grave coyuntura. La primera consiste en continuar con la implementación de estos acuerdos, darles vigencia por 10 años más, seguir imponiendo vía fast track una nueva constitución acorde con el mandato y el interés de los constituyentes usurpadores: este Gobierno sin límites ni controles y las FARC.

    La segunda es que se abra camino la antipolítica impulsada por quienes han guardado cómodo silencio ante el desastre institucional como el fajardismo o los que con sus votos han apoyado en el Congreso todos los proyectos golpistas y la reforma tributaria de un gobierno a cuya sombra han medrado y comido, acaudillados por la senadora que piensa enseñarnos que todo se soluciona a punta de gritos e histeria. Para ellos, que se creen puros, impolutos e inmaculados y ajenos a la política, basta con predicar la anticorrupción para que todo marche bien, la suerte de la Constitución y la impunidad de la paz santista nada les importa.

    Y la tercera, y teniendo en cuenta que el Régimen en vez de parar la arbitrariedad, en vez de frenar el atropello a las instituciones, quiere ir más y más lejos, consiste en levantar de nuevo la bandera de la resistencia civil, de la movilización ciudadana pacífica y democrática, saliendo a las calles a las plazas públicas, a realizar marchas y plantones contra el golpe de estado, por el restablecimiento del orden constitucional, por reversar los acuerdos onerosos para la sociedad y para el país, para evitar que Colombia caiga en manos del experimento del socialismo bolivariano en alguna de sus variantes, para tumbar la reforma tributaria y en suma, recuperar la dignidad perdida.

    Esta última supondría de parte de las fuerzas del NO del plebiscito, un gran consenso que lleve a la constitución de un Frente Republicano para salvar las libertades y la democracia en el entendido de que fue el Gobierno quien llevó las cosas a un terreno confrontacional sin dejar opción distinta a que la Oposición acepte el desafío en los mismos términos.

    Darío Acevedo Carmona, 20 de febrero de 2017

  • PAZ: NI PERFECTA NI MAL HECHA

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    Está instalada en el imaginario de una porción de la población colombiana la idea de que tuvimos una guerra de 52 años. Esta lectura, que constituye un triunfo de las guerrillas comunistas, tiene eximios representantes en el mundo académico. Sobre esta apreciación equívoca se fundamenta la política de paz del actual gobierno desde la cual se le reconoció a un “actor” de esa “guerra” la calidad de contraparte del Estado.

    Dicha hipótesis da por hecho que lo vivido tiene ribetes de una guerra y se niega a reconocer que el fenómeno no alcanzó los niveles de conflagración y de división de la sociedad que se consideran necesarios para calificarlo como tal. Se sostiene, además, que esta “guerra” es consecuencia de “una paz mal hecha”, la del Frente Nacional, y de la no resolución del problema agrario.

    Los intelectuales de las guerrillas sostienen que ellas nacieron como consecuencia de la “paz mal hecha” entre liberales y conservadores en Benidorm y en Sitges de la que surgió el Frente Nacional, mal hecha porque no resolvió el problema de la tierra dando por verdad que ese habría sido el fundamento de la Violencia, tesis no demostrada, y porque ese régimen fue excluyente con otras fuerzas políticas, que por lo demás o no existían o eran insignificantes en 1957.

    Me parece importante traer a colación una carta dirigida al presidente Alberto Lleras Camargo por los jefes guerrilleros comunistas Manuel Marulanda Vélez y Ciro Castaño en septiembre de 1958. En ella le manifestaron su apoyo a la paz que se iniciaba y ofrecían su ayuda para combatir el crimen y el abigeato: “no estamos interesados en luchas armadas y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance con la empresa de pacificación…”  Más adelante insistían en que “no existe razón alguna para la resistencia armada” y que en adelante “continuaremos obedeciendo a las autoridades legítimamente constituidas y las leyes…” (Véase de Gonzalo Sánchez, Ensayos de historia social y política del sigloXX, El Áncora Editores, 1984, pag. 272)

    Este documento indica que la lectura del conflicto a la que estamos aludiendo, sufrió un cambio que sirvió para justificar el “alzamiento armado” en 1964, pues la paz, según la misiva de “Tirofijo” y compañía, no dependía de la resolución de lo que muchos académicos llaman el problema agrario o la distribución de la tierra y que la paz del Frente Nacional fue recibida de muy buenas maneras.

    Cabría preguntar, entonces, utilizando la lógica de los defensores de la nueva lectura ¿si la “paz mal hecha y excluyente” del Frente Nacional dio origen a “la violencia revolucionaria” en 1964, por qué la que se va a firmar hoy con una de las guerrillas, con exclusión de otras (p.e. ELN) y de otros grupos armados irregulares (Bacrim) y de más del 50 por ciento de la población que no está de acuerdo con una paz basada en la impunidad, no dará lugar a nuevas violencias?

    Por supuesto, si les otorgamos la razón histórica y moral a quienes intentaron, infructuosamente, levantar el “pueblo en armas contra el régimen opresor”, estaría justificado, como dan a entender los partidarios de la idea de las “causas objetivas”, que con tal de que no nos sigan matando, secuestrando, extorsionando o atentando contra la infraestructura nacional ni reclutando niños ni violando mujeres ni destruyendo pueblos y villorrios miserables, vale la pena aceptar lo inaceptable.

    Es decir se validaría el chantaje contenido en el amenazante dilema “si no firmamos en los términos de la guerrilla tendremos medio siglo más de guerra”,  que es como estar sufriendo un atraco en el que te ponen un cuchillo en la aorta, te obligan a entregar todos tus bienes, abusan de tus seres queridos, y luego, con la promesa de “no hacerte más daño” y “respetar” tu vida, a cambio de que no interpongas denuncia, te dejan “libre”. Y el ofendido, víctima del síndrome de Estocolmo, te abraza y agradece tu gesto “altruista y humanitario”.

    Estamos de acuerdo en que no debemos aspirar a una paz perfecta, quienes piensan que los críticos del actual proceso queremos, a toda costa, una paz perfecta, están muy equivocados. La idea no es levantarse de la mesa sino intentar su reorientación, de tal forma que el Estado y el Gobierno no otorguen garantías y prebendas por temor al chantaje de una nueva guerra de medio siglo.

    De lo que se trata es de no poner en riesgo las columnas institucionales de la sociedad, es decir, destruir la casa para que sea reconstruida quién sabe cómo. Se acepta la Justicia Transicional pero no la sustitución de nuestras Cortes por espurios aparatos. Es aceptable que el Estado distribuya tierras en zonas conflictivas pero sin que se afecten los tenedores de buena fe. Se puede, incluso, otorgar algunas curules nacionales y locales por una vez siempre y cuando no recaigan en responsables de crímenes atroces, y así, en otros puntos se puede dar un giro razonable, no para firmar una “paz perfecta”, pero sí para evitar una paz “mal hecha”.

    Darío Acevedo Carmona, julio18 de 2016