A escaso un año de cumplir 60, intentando inútilmente tomar el poder con las armas, el Eln se sienta a negociar la paz con el estado que no ha podido derrotar, empezando por un breve cese al fuego que no es tal y con un gobierno que tiene el agua al cuello por las acusaciones contra la campaña de haber recibido dineros de origen espurio y rebasado los topes de ley.

Varias reflexiones afloran sin gran dificultad. La primera se origina en el discurso del presidente Petro en Corferias (Bogotá) en el que les pidió a los jefes del grupo guerrillero dejar de usar esos “fusiles oxidados”, armas que a pesar de su corrosión han matado a miles de inocentes. Aunque suenan razonables las palabras de Petro porque los fusiles no han sido eficaces para alcanzar el objetivo final y principal, la metáfora de la oxidación de esas armas omite una conclusión merecida, ya que, habría que reclamarles a los comandantes elenos, que, con ellas, han cometido innumerables crímenes de guerra y causado tragedias inenarrables contra poblaciones, personas, soldados, policías y medio ambiente. Oxidados sí, pero embadurnados con sangre.

La segunda tiene relación con el abrazo entusiasmado del presidente Petro a alias “Pablo Beltrán”, que constituye una burla a la majestad del cargo que ostenta. Porque una cosa es tratar con cortesía al enemigo, a pesar de que ese enemigo haya sido tan inclemente con la sociedad, y muy otra es despojarse de esa dignidad para abrazar con viva emoción, cual camaradas, con los comandantes de esa guerrilla. De esa forma se transmite un peligroso mensaje a la opinión en el sentido de que ellos, los elenos, son hermanos que equivocaron el rumbo,  se da a entender que es lo mismo la institucionalidad que la ilegalidad, que hay que abrirles todos los campos posibles para que dejen sus oxidados fusiles, que no se les exija el cese del secuestro y la extorsión, que no se les va a juzgar ni a penalizar, que recibirán todo tipo de recursos y garantías. Que su socorrida, mentirosa y demagógica idea de que ellos se atendrán a lo que diga “el pueblo en las asambleas populares” que serán convocadas, y que lo que de ellas salga debe ser de obligatorio cumplimiento, por tanto, elevadas a rango constitucional, con el consecuente desconocimiento del Congreso y la Justicia, o sea, otro golpe de estado como el del acuerdo de La Habana 2016, y así, hasta que el estado y la sociedad les quede debiendo.

Es que no parece ser el presidente de Colombia el que llega defendiendo lo que representa sino, sonrisas de por medio, los llena de carantoñas, promesas y garantías de impunidad, su amigo, el exguerrillero que los comprende y los quiere convencer de que sin las armas oxidadas es mejor y hasta más fácil tomarse el poder.

Y una última reflexión que inicio con esta pregunta: ¿qué lleva a la ONU y a sus altos representantes en Colombia a tolerar una negociación con un grupo terrorista (según el Departamento de Estado USA) sin la garantía de cesar en todas sus actividades delictivas, en especial el secuestro y la extorsión? ¿Acaso ha olvidado el contenido moral, ético y civilista de la universal Declaración de Derechos Humanos expedida en su asamblea general de 1948? ¿Han olvidado el más reciente avance que, en materia de sanciones y condenas no ya solo a los estados y gobiernos sino a todo grupo armado con pretensiones de poder político, representa el Estatuto de Roma y la subsecuente creación de la Corte Penal Internacional, entidad encargada de investigar, judicializar y penalizar a los responsables individuales de crímenes de guerra y de lesa humanidad?

Omitieron hacerlo con los altos comandantes de las Farc que hoy se solazan en las curules del Congreso de la República sin posibilidad de pagar un minuto de cárcel. Si con los llamados “carniceros” de los Balcanes en las guerras de la antigua Yugoeslavia y con dictadores sanguinarios de países africanos, la CPI ha sido implacable, ¿por qué en Colombia han avalado la impunidad de sistemáticas violaciones de los derechos humanos? Con el estado colombiano, un estado democrático, que ha optado por el camino de las reformas políticas y sociales, que se dotó de nueva constitución de 1991, que ha ofrecido negociaciones con políticas de reinserción, perdón y justicia transicional desde 1982, en cambio, la ONU, su Consejo de Seguridad y sus altos delegados en el país sí han procedido con todo el rigor que se requiere cuando se han descubierto graves violaciones a los DDHH.

No es justo que una sociedad que mal que bien vive en democracia y viene superando problemas sociales, pero, azotada por numerosas guerrillas, por grupos paramilitares ilegales y mafias surgidas alrededor del narcotráfico, deba declinar su ordenamiento jurídico, premiar a los criminales y garantizarles impunidad.

Es como si no mereciera respeto y respaldo nuestro estado de derecho, nuestra democracia. Es como si el carácter universal de los derechos humanos no tuviese sentido cuando se trata de los crímenes de guerrillas en apariencia justicieras, pero en realidad arbitrarias, corruptas y criminales.

Darío Acevedo Carmona, 6 de agosto de 2023

En el momento preciso en que el Congreso de la República discutía, soberanamente, la creación de una sala especial en la JEP para el juzgamiento de militares arribó al país el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI) James Kirkpatrick Stewart para advertir que de aprobarse tal iniciativa dicha corte podría intervenir en Colombia para enjuiciar a los agentes del estado responsables de crímenes de lesa humanidad, en particular los de los llamados “falsos positivos”.

Es rara, muy rara, la premura de este funcionario como también el tono amenazante que utilizó al señalar que la JEP era inmodificable que hacerlo ponía en peligro el acuerdo de paz Santos-FARC y abría las puertas a la impunidad para los militares acusados.

Y es raro porque la CPI no ha manifestado, hasta el presente, ninguna contrariedad, crítica, oposición o exigencias en relación con la total impunidad para los comandantes de las FARC responsables de crímenes de lesa humanidad consagrada en ese acuerdo.

En cambio y como fue corroborado por el fiscal adjunto, lo que más les ha preocupado es la aplicación de justicia a los militares colombianos sin tener en cuenta que ya miles de ellos desde soldados hasta generales están siendo juzgados, condenados y pagan cárcel hace años por fallos de los tribunales nacionales, circunstancia que desvirtúa cualquier posibilidad de intervención de la CPI por cuanto una de las causas para que se produzca es que no se haya podido hacer justicia o el Estado adherente reconozca su incapacidad para castigar a reos de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Sorprende la visita y las admoniciones fuera de foco del vicefiscal Kirkpatrick porque en muchos países de Africa y Medio Oriente el mundo presencia impotente la violación sistemática del estatuto de la CPI sin que ella realice intervención alguna. Sorprende que en medio de su debilidad, su carencia de herramientas adecuadas, un liderazgo de funcionarios obsecuentes con la burocracia internacional y los intereses de las grandes potencias, haya acudido tan velozmente al llamado de auxilio de quienes defienden la imposibilidad de modificar la JEP.

Es razonable pensar que su visita fue el fruto de un intenso loby adelantado por personas que se mueven a sus anchas en el concierto diplomático y en las esferas de los órganos encargados de supervisar los derechos humanos donde han logrado imponer su versión sobre el conflicto armado según la cual el Estado es responsable de organizar una guerra sucia y creado los grupos paramilitares, y las guerrillas son organizaciones populares, víctimas de exclusión y persecución.

Al cabo de 16 años de haber adherido al Acuerdo de Roma que creó la CPI y su estricto estatuto, el balance sobre su presencia en Colombia es bastante deficitario e ingrato ya que lo hasta ahora actuado está en una línea muy similar a la de otras cortes, como la CIDH, y órganos de derechos humanos que casi siempre condenan al estado colombiano al aplicar el principio de que solo los estados, en cuanto signatarios de los tratados de DDHH, son por acción u omisión los únicos responsables de sus violaciones.

La CPI ha fallado, como bien lo explica el periodista y analista Eduardo Mackenzie (periódico Debate 9/11/2018), en la observancia del estatuto que consagra el juzgamiento no ya de estados sino de individuos que haciendo parte de grupos armados insurgentes u oficiales han violado en materia grave los DDHH y el DIH.

La CPI en Colombia, añade Mackenzie, se ha preocupado más por el tema de los falsos positivos supuestamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública que por los de las guerrillas colombianas como el secuestro de miles de empresarios urbanos y rurales, agentes del orden, ciudadanos del común, el asesinato de personas indefensas y líderes democráticos como los diputados del Valle y los concejales de Rivera, los pobladores de Bojayá en Chocó refugiados en una iglesia, el secuestro de aviones con civiles, la voladura de un oleoducto que causó más de 80 muertos civiles, el reclutamiento de menores y la violación de mujeres adultas y menores..

La CPI exige al gobierno colombiano cumplir e implementar rigurosamente el impune acuerdo Santos-FARC gracias al cual criminales de guerra serán juzgados por un tribunal que no inspira confianza, que a lo mejor los condenará a ocho años sin penas de prisión intramuros y recibirán curules sin respaldo electoral en el Congreso.

Los colombianos que por mayoría rechazamos dicho acuerdo en el plebiscito de octubre de 2016, objeto de burla y desconocimiento por el presidente Santos y la dirigencia FARC, tenemos poderosas y contundentes razones para notificarle a la CPI la desazón, desconfianza y malestar que hemos expresado a otras cortes y organismos multilaterales y en esa medida, como sugiere el periodista Mackenzie, preguntarnos si tiene sentido que Colombia mantenga su membresía a la CPI o inicie su retirada.

Darío Acevedo Carmona, 12 de noviembre de 2018