Me perdonan la extensión pero no hay otro modo de contar apartes de esta gran noticia. El pasado 29 de noviembre, la UNESCO, organización de la ONU para la Educación y la Cultura, incorporó a su programa Memorias del Mundo en el área de América Latina, el Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de Colombia.

https://www.unesco.org/es/memory-world/lac/archive-and-bibliographic-collection-documentary-material-internal-armed-conflict-custody-human

 “UNESCO - MOWLAC, 2024 País: Colombia, Año de inscripción: 2024. Institution type: Memory Center. ID: 248/2024. Institution: Website(s): https://centrodememoriahistorica.gov.co/  open_in_new https://www.archivodelosddhh.gov.co/ Document theme: Human Rights.

Así se fundamenta tal reconocimiento: “El material documental que compone el archivo y colección bibliográfica sobre el conflicto armado interno en custodia del CNMH reúne colecciones de diversas fuentes y territorios – incluido exilio- sobre las causas, hechos, actores, resistencias, diálogos y procesos de paz. Las fuentes en mención incluyen: a) organismos gubernamentales nacionales; b) organismos y comunidades locales, de diversas poblaciones, como organizaciones que actúan como garantes de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno; y c) personas naturales y jurídicas que son evidencia de los hechos.

El acervo documental ha sido identificado, localizado y registrado como medida de protección; clasificado, ordenado y descrito como medida de apropiación social, y se han organizado y fortalecido con el propósito de garantizar su custodia y preservación para su uso por parte de las víctimas, investigadores y la sociedad en general, en el marco de los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

A la fecha el archivo contiene documentos y evidencias en distintos soportes y formatos: formato papel y digital, correspondientes a aproximadamente 495.532 registros, lo que subraya la necesidad de implementar medidas de protección para su preservación a lo largo del tiempo. Es importante anotar que los 495.532 registros, se distribuyen en 890 metros lineales que están en formato papel y 1,654 Terabytes de información en formato digital aproximadamente.

El comunicado de las actuales directivas del CNMH sobre este reconocimiento de importancia mundial  https://centrodememoriahistorica.gov.co/archivo-del-conflicto-armado-interno-en-custodia-del-cnmh-reconocidos-por-unesco/ no dice una sola palabra sobre el equipo que hizo posible la construcción de esta valiosa herramienta ni sobre quien la dirigió, la Dra Marcela Inés Rodríguez Vera ni la fecha en que se presentó la candidatura ni sobre nuestra gestión que derrumba con creces la campaña de difamación de la que fuimos objeto por parte de personas como el Senador Iván Cepeda, la senadora Aída Avella, el expresidente Ernesto Samper, decenas de activistas, periodistas, columnistas y medios, de algunas organizaciones de víctimas, de portales y dirigentes de partidos de izquierda y progres que divulgaron denuncias falsas de corte agitacional y propagandístico en el sentido de que bajo mi dirección del CNMH iba a destruir los archivos de las víctimas del conflicto armado y que las organizaciones de víctimas, masivamente, estaban retirando sus archivos por temor a verlos desaparecer. Una mentira convertida en estigma usada en cada acción, proyecto, iniciativa de memoria, evento, declaración, intervención, entrevistas en las que yo hacía presencia.

Una cantinela alimentada con datos falsos como el del expresidente Samper en un trino en el que afirmó que más de una veintena de organizaciones habían retirado sus archivos del CNMH. Una enseña que se repetía sin cesar para desacreditar mi labor, para acosarme y acusarme ante la Procuraduría, en vano, como se ha demostrado en tres casos que no fructificaron, ante la JEP, ante la CIDH y hasta con citación a control político al Congreso de la República para exigirme la renuncia.

Fracasaron en toda la línea, como les ocurrió con el caso de los falsos positivos con la cifra falsa de 6402 víctimas para impactar a la opinión y engañar a las verdaderas víctimas de ese terrible delito.

Ni un solo archivo de víctimas fue retirado con tal motivación. Cabe anotar que los archivos originales, luego de ser analizados y clasificados con técnicas profesionales validadas internacionalmente, se pueden devolver a sus propietarios.

A cambio les dejamos el Informe de Gestión (febrero 21 de 2019 - agosto 6 de 2022) sobre el cual no hicieron comentarios, del cual destaco la misión realizada en el Área de Archivos de Memoria de las Víctimas.

El  mandato de la Ley 1448 de 2011que orienta la conformación de un archivo sobre las violaciones de los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno fue ejecutado por la Dra Marcela Inés Rodríguez Vera y un equipo de profesionales. El resultado es una aplicación APP que se puede descargar en cualquier dispositivo celular, que la UNESCO acaba de incorporar al programa Memorias del Mundo, y sobre la cual la nota informativa que no remite a un link donde se pueda consultar y descargar.

Dicha APP contiene los cerca de 80 mil documentos recibidos de la dirección anterior del Dr Gonzalo Sánchez, y 2.5 millones adicionales de nuestra gestión, sistematizados y puestos a la vista pública constituyendo el  más completo archivo sobre la materia en Colombia, el cual seguirá siendo enriquecido con la recepción de nuevos documentos. Véase la APP y cómo funciona en este link: https://www.archivodelosddhh.gov.co/saia_release1/ws_client_oim/menu_usuario.php .

A ver a ver si entendemos las cosas de la ONU, es decir, su asimetría judicial en torno a crímenes de guerra. La CPI es un órgano de la ONU, expide orden de captura contra el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu por supuestos crímenes de guerra en su guerra de defensa contra el grupo terrorista Hamas. Sin entrar en el análisis de esa guerra, me pregunto si la ONU y la CPI no están usando un doble rasero en la materia al no proceder de igual forma contra los criminales de guerra de las Farc, responsables de sistemáticos crímenes espantosos contra decenas de miles de colombianos.

Tanta dificultad que han vivido en el mundo las víctimas de horrorosos crímenes, catalogados de lesa humanidad o como crímenes de guerra. Tanta brega para aprobar un estatuto penal internacional al que Colombia adhirió plenamente en 2009. Tanto dinero en misiones, en nombramiento de delegados, tanta costosa burocracia en torno del tema de los DDHH en la ONU, en la OEA y en otros organismos, en gran medida sesgados hacia la izquierda, y la ONU y su Consejo de Seguridad arrasan con el respeto a la juridicidad creada por ellos mismos, en particular con lo que han validado en Colombia para vergüenza mundial  y en especial de las diez millones de víctimas del llamado conflicto armado interno.

¿Por qué lo digo? Porque la aprobación de ese mal llamado acuerdo definitivo de paz fue validado en un golpe de estado que desconoció el resultado del plebiscito de 2016 que lo rechazó, porque en nuevo golpe de estado se modificó la Constitución al cambiar numerosos artículos y creando figuras ajenas a nuestro ordenamiento como la de convertir dicho acuerdo en un tratado internacional elevado a la categoría de "bloque de constitucionalidad" que en la práctica ha significado tener dos constituciones por espacio de 12 años.

Porque ahora, en nombre de su implementación, se quiere alargar hasta 2038 por parte de quienes se opusieron a introducirle cambios de metodología en el gobierno Duque, y, porque este atropello evidente a los principios de los DDHH ha significado la anulación práctica de principios de tratados humanitarios de los que Colombia es signataria, como el de la imprescriptibilidad, el castigo efectivo con prisión de responsables de dichos crímenes, a través de su condición de miembro de la Corte Pena Internacional.

Suena feo todo ese bullicio de personalidades que se niegan a reconocer que la paz Santos-Far-ep, es una falsedad, que esa paz fue hecha añicos no por el uribismo o por Duque sino por el doble juego de unidades enteras de esa guerrilla que se declararon "disidentes" y que a pesar de estar dedicadas a sobrevivir del rampante narcotráfico han sido tratadas con guante de seda por el corrupto gobierno de Gustavo Petro.

¿Cuál es el fundamento de la idea ventilada por señor delegado del Alto Comisionado de Paz de la ONU para Colombia, Carlos Ruíz Massieu en el sentido de que ese "acuerdo de paz" es un ejemplo para el mundo"?

¿Quién en el mundo puede defender la alta traición protagonizada por las Farc y sus disidencias, por el Eln y por grupos ilegales como el Clan del Golfo?

¿Quién puede sostener en amplios y calificados auditorios la idea hecha realidad de premiar a criminales de guerra otorgándoles, sin votos, la calidad de congresistas, de no ser llevados a detención intramuros, como si fueran unos "héroes populares y libertarios y no unos consumados secuestradores, violadores de niños y mujeres y hombres y responsables de atrocidades?

Si la política de defensa y promoción de los DDHH y del DIH son válidas internacionalmente ¿por qué se excluye a Colombia?

https://caracol.com.co/2024/11/21/el-acuerdo-de-paz-de-colombia-es-ejemplo-para-el-mundo-onu/?sma=newsEditorialCaracol_generico20241121

Darío Acevedo Carmona, 23 de noviembre de 2024

Esta persona que llegó a ser presidente con la bandera del cambio está cumpliendo a cabalidad su promesa, todo lo bueno lo destroza y convierte en malo, eso es cambio. A su vez, todo lo malo lo hace ver bueno. En esta última acepción se inscribe un cambio horroroso. Imaginemos que la ONU o la Fundación Nobel o el pueblo judío convirtieran en apóstoles de la paz a los peores criminales de la historia. ¿Qué tal Hitler o Stalin o Idi Amín Dadá o Pol Pot, por mencionar sólo algunos de los depredadores de millones de vidas humanas, sean vistos en adelante como santos, líderes piadosos, benefactores, gestores de paz? Bien, dirán algunos, "pero es que eso no se le ha ocurrido a nadie, además ellos ya están muertos".

Es cierto, aunque no faltan los comunistas que defienden hoy día a algunos de esos monstruos. Hagamos el ejercicio con gobernantes y líderes vivos y en ejercicio, ¿Qué tal que Putin sea condecorado con el Nobel de Paz? o los jefes del estado islámico o ISIS, dictadores de países africanos y asiáticos que han generado guerras de exterminio?

No faltará quienes los defiendan y les hagan el favor, para la muestra y para desgracia y dolor de los colombianos, y, muy especialmente de los cerca de diez millones de víctimas del conflicto armado interno colombiano, el presidente que agita la bandera del cambio, el mismo que afirmó sin temblor en sus labios que para desaparecer tanto crimen de las estadísticas bastaría con dejar de llamar crimen al crimen, ahora ha llevado su peculiar forma de distinguir el bien con el mal, o , más bien de borrar la diferencia entre el bien y el mal, a un más azaroso nivel con su medida de nombrar gestores de paz a comprobados responsables de crímenes de guerra que anegaron en muerte y sangre a poblados y poblaciones, afectando personas de todas las condiciones étnicas, de sexo, raza, religión y clase social por siete décadas, Para, una vez derrotados, convertirlos en ángeles, en congresistas, en gestores de paz.

No nos faltaba sino que a los colombianos nos sometieran a que nos chorree la baba para abrazar a tipos que no supieron lo que era tener piedad con mujeres, niños, indígenas, campesinos, sindicalistas, políticos, empresarios, comerciantes, religiosos, que causaron tantas inenarrables desgracias y que no han reparado a sus víctimas ni ofrecido disculpas sinceras a los ofendidos.

Este presidente que tenemos y el de la década anterior elevaron a estos caudillos del horror a dignidades, les concedieron la honorabilidad y les borraron su sanguinario prontuario, cambiándolo por premios, por honores. Así es, eso es lo que significa, moralmente el "cambio" del presidente Petro, una deshonra, un insulto al sentimiento de las víctimas y de los ciudadanos de bien, un adefesio en el que ser pillo paga, un borrón a la historia. Claro, así, a través de una poderosa máquina de propaganda y de estrategias judiciales la toma violenta del palacio de Justicia por el M-19 con el objeto de darle un golpe de estado al gobierno de Belisario Betancur, lo han convertido en la retoma sangrienta del palacio por el Ejército Nacional.

Debemos preguntarnos qué hará la directora y demás directivos del Centro Nacional de Memoria Histórica, si los victimarios son privados de su condición criminal? ¿Les abrirán un espacio para honrar a los capos del paramilitarismo y a los comandantes de las Farc, del Eln, del M-19 y del Epl?

¿Las organizaciones de víctimas azuzadas desde la izquierda van a protestar o se tragarán sin masticar este bodrio inmoral? ¿Qué dirán las ONGs defensoras de derechos humanos?

Darío Acevedo Carmona 24 de noviembre de 2024

El régimen petrista afecta en materia grave la seguridad nacional al tomar medidas que desarticulan los cuerpos, organismos y formas de organización con las que las Fuerzas Armadas han evitado el triunfo de las guerrillas defendiendo la institucionalidad. El artículo 217 de la Constitución, dice en su primer y segundo inciso que:

"La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional."

Tengamos en cuenta que la "Nación" somos todos los colombianos. Que somos testigos del debilitamiento sufrido por nuestras Fuerzas Armadas a manos de este régimen revolucionario y corrompido.

No hay Fuerza Aérea estratégica pues no se hizo efectiva, habiendo reservas de recursos para hacerlo, la compra de naves, no se permite el bombardeo de grupos guerrilleros y de narcotraficantes. Se dio de baja a casi un centenar de generales de las tres ramas. Como un castillo de naipes han caído en desgracia héroes y unidades. El Ejército es humillado en varias regiones por habitantes y milicianos disfrazados que los rodean y evitan su accionar. De forma simultánea se les facilita la expansión territorial y fortalecimiento militar a todo tipo de organizaciones armadas ilegales.

También somos testigos de la violación de la constitución en lo que corresponde al respeto de la autonomía de los poderes públicos, las amenazas de convocar "el pueblo a movilizarse" para presionar al Congreso a que apruebe sus reformas y de paso, convocar desde asambleas locales, al estilo los leninistas soviets, una asamblea nacional constituyente, saltándose todas las formalidades de ley. La denuncia de un supuesto golpe de estado creando una atmósfera de inseguridad y de caos.

Aunque es válido decir que los grupos guerrilleros que firmaron la paz con el estado colombiano son perdedores pues fracasaron en su propósito de derrotar a las Fuerzas Militares, al estado y no pudieron instaurar un nuevo orden revolucionario.

Todos esos grupos, insurgentes y contrainsurgentes, se distinguieron por la violación sistemática de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

El estado colombiano ha respondido por delitos cometidos por agentes y unidades a su servicio cuando han sido condenados en ley.

Con mayor razón, no hay lugar, razón para rendirles pleitesía u homenajes como si fueran o hubieren sido unos héroes, suficiente con las amnistías y con la impunidad con las que se les ha dado espacio para reinsertarse a la vida legal.

En conclusión, 1. "La Nación" está indefensa. 2. "la finalidad principal de las Fuerzas Militares" está hecha añicos. 3. Peligra la "soberanía" y la "independencia". 4. "El territorio" está fragmentado. 5. Se perdió "el monopolio estatal de la fuerza y la autoridad, y 6. No hay quien haga respetar la "Constitución".

Este gobierno revolucionario y corrupto está limpiando el camino para imponer su revolución, por eso, está destrozando a las Fuerzas Militares y en ese sentido, es el responsable de la violación del artículo 217 de nuestra Constitución.

Ver noticia: https://caracol.com.co/2024/11/05/presidente-petro-condecora-a-militares-policias-y-exguerrilleros-del-m-19/

HAGAMONOS SENTIR, SEAMOS VALIENTES, DEFENDAMOS NUESTRA CONSTITUCIÓN. SALGAMOS A LAS CALLES ESTE 23 DE NOVIEMBRE

Coda 1: Esta es, en mi opinión, la más grave humillación del camorrero presidente Petro a las Fuerzas Armadas de Colombia. No hay justificación desde ningún ángulo, no es "reconciliación" pues la paz Barco-M-19 se firmó en 1990, mezclar exguerrilleros con soldados y policías en un homenaje no tiene lógica, los exguerrilleros son funcionarios civiles ajenos a las FFAA. A dos días de un aniversario más del acto terrorista más grave cometido por el M-19 con la Justicia.

Coda 2: Himno, escudo y bandera han sido ideados y creados por las naciones modernas. En ellos se representa a gestas, ideas, principios e historias, convertidas en iconos simbólicos cuya finalidad principal consiste en sintetizar  a través de imágenes, fechas, colores, lugares y riquezas aspectos que cimentan la identidad nacional. No son ni están hechos como objetos de cambio al vaivén del acontecer político, social o económico, mucho menos para que gobernantes caprichosos embriagados en su hiperbólico ego se erijan en correctores, añadidores, revisores para plasmar sus majaderías en ellos.

Darío Acevedo Carmona, 16 de noviembre de 2024

A propósito de este llamado del presidente de la Corte Suprema de Justicia a no romantizar los hechos violentos de la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en 1985 y de que se cuente la verdad sin eufemismos, recuerdo  uno de los más importantes debates que tuve desde la dirección del Centro Nacional de memoria Histórica (CNMH) con exdirectivos, funcionarios y contratistas y con políticos que me asediaron, y por los cuales fui investigado por denuncia de los congresistas Iván Cepeda, María José Pizarro y Antonio Sanguino ante la Procuraduría y la JEP, incluso con queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El debate, que se tornó en persecución, giró alrededor de una metodología que se pretendió dar por sentada e incuestionable acerca de la manera de presentar la memoria de las víctimas a través de tres ejes: cuerpo, agua y tierra. Con esos ejes narrativos se organizó la primera muestra piloto del museo de memoria de las víctimas, Voces para Transformar a Colombia (VTC) en 2018 en Bogotá y Medellín, y, en 2019 en Cali y Villavicencio.

En los textos de dicha exposición se decía que  habían sido acordados con un grupo de víctimas y se preguntaba "que le hizo la guerra al cuerpo?, ¿qué le hizo la guerra al agua? y ¿qué le hizo la guerra al agua?  de tal forma que se anonimizaba quién en la guerra o en el conflicto armado había cometido tal o cual crimen de guerra, es decir, no era correcto nombrar a los culpables, y al derivar la atención del público hacia tales ejes, se anonimizaba a las víctimas, se minimizaba a los lugares de ocurencia, a las fechas, a las víctimas de los crímenes atroces, sobre el supuesto de que de esa forma se revictimizaba a las víctimas.

A pesar de quienes, investidos de grandes poderes, realizaban una devastadora y sistemática campaña  deformando mi forma de pensar y acusándome de censurar la exposición museística que la JEP determinó congelar para supuestamente protegerla del daño que yo le pudiera causar, a pesar del allanamiento de la JEP a los computadores del CNMH y a mis correos institucional y personal en los computadores del (CNMH) y de un juicio llamado dialógico en el que el magistrado instructor, el Dr. Gustavo Adolfo Salazar, restringió mi derecho a defenderme de manera amplia y detallada después de haber convocado como testigos a cerca de medio centenar de "especialistas en museo", exdirectivos del CNMH, líderes de víctimas etc. para que declararan en mi contra. Después de haber demostrado total respeto a la medida cautelar de la JEP sobre la muestra VTC, el magistrado Salazar determinó que yo había incurrido en desacato, por supuestamente haber modificado el guion y la muestra VTC, asunto que la PGN terminó archivando el pasado mes por ausencia de pruebas.

A pesar de todo ello, pude, con ayuda de personal vinculado al CNMH dejar claridad de mi pensamiento que resumo en los siguientes puntos:

1. El guion y los textos e imágenes de la exposición VTC fueron mantenidos en las exposiciones de 2019 y las modificaciones que se hicieron fueron de caráctewr museográfico relacionadas con los espacios disponibles.
2. Ni esa exposición ni cualquiera de las otras que se realizaron o se lleguen a adelantar en el futuro pueden constituyen la exposición definitiva de la memoria de las víctimas, pues el camino que hace falta recorrer en la recuperación de las memorias es mucho más extenso que el que se ha hecho hasta hoy.
3. Es prácticamente imposible que un conflicto armado tan complejo y extenso como el colombiano, con tan numerosos tipos de víctimas, victimarios, influencias, tipos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, diversidad regional, diversidad de periodos temporales, debates, investigaciones académicas y judiciales, etc., sea posible sintetizarlo en un único relato o en una sola exposición o en un único y definitivo guion.
4. La Ley 1448/2011 y el decreto 1448/2011, establecen con claridad las funciones y objetivos del deber de memoria que el estado colombiano se compromete para conservar la memoria de las víctimas del conflicto armado interno (CAI) y divulgarla evitando sesgos y romantización de los hechos criminales y los victimarios.
5. Dado el alto número de víctimas, es recomendable que el CNMH en coordinación con entidades territoriales y organizaciones de víctimas establezcan un consenso metodológico que facilite cumplir las metas de ley abordando casos emblemáticos.
6. La voz de las víctimas a través de sus narraciones debe ser diferente a la de los contratistas y funcionarios del CNMH.
7. Todos los productos y publicaciones del CNMH deben estar dispuestas a la crítica y el debate.
8. Estas y otras consideraciones las dejé expuestas en un documento abierto titulado "CARACTERIZACIÓN DEL PLAN Y DEL GUION MUSEOLÓGICO

MUSEO DE LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS Y ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE COLOMBIA (MMVADH", marzo de 2022, que puede ser consultado en el Informe de Gestión el cual debe estar visible, como otros informes, en el portal oficial del CNMH. También se lo puedo hacer llegar por correo electrónico o WhatsApp a cualquier persona interesada en conocerlo.  

"Corte Suprema pide no ‘acomodar’ con eufemismos la verdad del holocausto del Palacio de Justicia https://lalinternaazul2.wordpress.com/2024/11/09/corte-suprema-pide-no-acomodar-con-eufemismos-la-verdad-del-holocausto-del-palacio-de-justicia/

Darío Acevedo Carmona, 9 de noviembre de 2024

Las diversas expresiones de la oposición al presidente Petro han adelantado un diagnóstico certero, profundo, claro y sistemático sobre el mandatario, su gobierno y sus proyectos. Lo han hecho de manera efectiva hasta el punto de arrojar pleno entendimiento sobre su carácter desastroso, peligroso y dañino, de tal forma que se puede afirmar que a este nivel la tarea se ha cumplido a cabalidad y hay que seguirla haciendo.

Tenemos el diagnóstico, pero nos hace falta el remedio, quiero decir, el diseño de una política estratégica que defina en lo táctico el proceder, los métodos de acción, la indispensable unidad, la necesaria organización y el camino a seguir para alcanzar la meta de derrotar por vía electoral o de juicio político al presidente Petro.

Es algo similar a lo que las atomizadas y divididas fuerzas de izquierda predicaron, aunque lo hayan logrado al cabo de décadas, expresado como consigna motivadora que no es propiedad de ninguna tendencia o movimiento: Unidad, Organización y Lucha.

Estamos a tiempo aunque deberíamos haber recorrido ya un camino en esa dirección. La situación no es la mejor, desafortunadamente, hay celos, rencores, desconfianza, además de un preocupante cuadro de dispersión y atomización. Voces aisladas han llamado, sin eco, a hacer una reunión. Y es lo primero que hoy es preciso realizar.

Partamos de la existencia de una opinión consciente del peligro que enfrenta el país con el presidente Petro al mando y sus pretensiones de demoler la institucionalidad para mantenerse en el poder. Y aunque difuso, también de un clamor por la unidad. Los dirigentes de partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y sectores de otros como el partido Verde, el liberal, el conservador, de la U y sectores que se mueven con mucha propiedad en las redes, tienen el deber de acoger y responder a ese clamor, ser capaces de deponer prejuicios y malos recuerdos y convocar esa reunión.

En la reciente convención liberal, el expresidente César Gaviria quien salió reelecto director del partido por abrumadora mayoría, hizo una declaración categórica contra Petro y sobre la necesidad de la unidad. Así mismo, en calidad de invitada, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, en emocionado discurso manifestó la idea de la unidad con el liberalismo y otros partidos para recuperar el rumbo y evitar un mayor desastre.

Pero ¿cuál sería la agenda de ese evento deseado? Decirlo es fácil, mas no cumplir el objeto. Se trata ante todo de ponerse en pie de igualdad sin desistir de la independencia de cada una de las fuerzas, igualdad en el sentido de que ninguna de ellas, en la hora actual, está en capacidad de derrotar el proyecto castrochavista de Petro. De ahí se debe pasar a la definición de un programa y unos objetivos comunes en los que se refleje las aspiraciones de la población, recuperar y sanar el daño causado por el Pacto Histórico a la democracia, a las libertades, a la separación de poderes, a la economía, a la convivencia a la Fuerza Pública.

Un tercer tema es el referido al qué hacer de aquí en adelante. La idea que ha de regir esa definición es que se marche siempre juntos por el mismo derrotero, movilizaciones de calle, huelgas y paros, denuncias internacionales, iniciativas judiciales, agotar el camino de la destitución legal por exceso de topes en la campaña presidencial de Petro sin detrimento de prepararnos para las elecciones de 2026.

Este último punto  tiene relación con las reglas del juego de la participación electoral en la contienda por el Congreso y en la presidencial. No es fácil pero tampoco imposible. Debe entenderse que este es un proceso hacia la construcción de un amplio frente o alianza de fuerzas democráticas y libertarias en el que cada una conserva su independencia y autonomía y a la vez se compromete con unos acuerdos. Esa alianza requerirá de una comisión coordinadora que funcione permanentemente.

La Unidad habrá de aclarar la manera de participar en la campaña para congreso: ¿cada integrante de forma separada o en alianzas?  Para la presidencial se parte de la no existencia de un candidato, que tenerlo es uno de los objetivos más importantes. Que cada partido o movimiento lance uno o varios candidatos en disputa interna, como lo acaba de hacer el Centro Democrático, que luego, después de un trecho recorrido, cada fuerza presente su candidato y todos los que resultan entren en una competencia reglada para alcanzar el banderín. El tiempo máximo de tal definición no puede ir más allá de las elecciones legislativas.

No escribo estas notas en nombre de un partido o movimiento, lo hago porque estoy  convencido de que no hay salvación posible respecto de la amenaza que significa la permanencia del proyecto Petro en el poder si no nos unimos si no nos organizamos y si no luchamos juntos.

Darío Acevedo Carmona, 2 de noviembre de 2024

De manera reiterada congresistas de sectores de izquierda, ministros del actual gobierno, el presidente Petro y la vicepresidente Francia Márquez, se refieren en muchas de sus intervenciones públicas, con desdén, rabia y odio a las elites y a los poderosos de Colombia a quienes responsabilizan de lo que ellos llaman “las injusticias sociales”, “la esclavitud”, “la gran desigualdad social” y otras atrocidades.

Como si por ser gobierno no estuvieran obligados por taxativas normas constitucionales a gobernar y proceder en todos sus actos con un espíritu de unidad nacional, de entender que somos una sociedad diversa y democrática y como si no fuera por tales condiciones que han llegado a donde están, precisamente, por ellas.

En las campañas políticas de plaza pública es muy común que se apele a ese tipo  de lenguaje  que abre brechas y crea una atmósfera de combate. Es el esfuerzo por diferenciarse del otro, de ese otro al que se le achacan todos los males y todo lo negativo.

A lo que quiero llegar es a que entendamos el significado de esos términos en cuanto nos permite ver todo lo que hay de falsedad, hipocresía y doble moral en los discursos de los primeros mandatarios del país.

Elites quiere decir sectores destacados de diferentes grupos de personas que ejercen un liderazgo, que marcan derroteros, señalan metas precisas, explican o muestran cómo es posible alcanzarlas. Aunque no faltan aquellos que se aprovechan del liderazgo para generar todo lo contrario, para dividir, para violentar al adversario o degradarlo, para estigmatizarlo, que es lo que la mayoría de los colombianos vemos casi a diario en las actuaciones del presidente y la vicepresidente.

Ellos se regodean hablando contra las elites sin reconocer que son parte de ellas, el presidente Petro, por ejemplo, se ha colocado al frente de una amplia convergencia de agrupaciones y tendencias de izquierda, y, la vicepresidente Francia Márquez lo es de las comunidades afro, aunque varios sectores la han desautorizado en razón de sus poses de falsa víctima y por el engreimiento que trasluce al hablar, además, con un tono de resentimiento.

Sobre la referencia despreciativa a lo “poderosos”, o también los “riquitos blancos”, a los banqueros, los grandes finqueros, los ganaderos, los azucareros, los caficultores, últimamente a los de El Poblado de Medellín y empresarios de Barranquilla, en particular, el presidente Petro se deleita impulsando sentimientos de odio de clase. En actitud a todas luces irresponsable les achaca crímenes, robos, alianzas con el narcotráfico, creación del paramilitarismo, generación de miseria y hasta de esclavitud, autoliberándose de la obligación de demostrar lo que afirma. Es decir, quiere hacer ver que sus temerarias afirmaciones son ciertas porque él las dice.

Tanto Petro como Francia sostienen un discurso sobre nuestra historia a la que despachan en una frase de cajón, se consideran “el cambio” en contra de 200 años (según Petro) o 500 (según Francia) en los que “as elites y la oligarquía” gobernaron sin “hacer nada”. Ellos ahora dicen ser el “pueblo” al que dicen representar y defender porque ellos lo declaran, y lo empoderan demagógicamente otorgándole poderes constituyentes y fuente legitima de su deseada continuidad en el poder más allá de 2026.

En este punto, podemos detectar una posición hipócrita ya que ambos, claramente, hacen parte de ese sector que nombran como los poderosos que, en ocasiones llaman “oligarquía”, ellos dos, en particular Petro, reciben un salario que solo se les reconoce a los más altos dignatarios del estado, cuentan con el apoyo de numerosos empleados, tienen equipos humanos para su seguridad, naves aéreas y vehículos para sus desplazamientos, iguales a las de aquellos que critican en plazas públicas. Petro no le ha dado un golpe a la tierra, pero es un poderoso de la clase política y como congresista se ha lucrado por más de 30 años.

Ofenden el pudor público con su lengua incendiaria, con su falta de coherencia y consistencia cuando por ejemplo se refieren a la corrupción siendo que recibe dineros en bolsas a hurtadillas, y han sido señalados de recibir sumas de dudosa procedencia  de personas relacionadas con el narcotráfico como el “hombre Marlboro”, han violado los topes de gastos de su campaña presidencial con dineros de sindicalistas y aportes de un gran capitalista y contratista del estado, el señor Torres, cabeza de un “poderoso” clan.

Y aunque Petro se infla diciendo que todos sus opositores son aliados del narcotráfico y el paramilitarismo, nombra gestores de paz a jóvenes bandidos para que no maten, limpia el rostro de miembros de la primera línea, debilita a la Fuerza Pública y anuncia que invitará al palacio de Nariño a uno de los más crueles jefes del paramilitarismo que no ha reparado una sola de las víctimas que por miles causó.

Darío Acevedo Carmona, 27 de marzo de 2024

El proyecto del Foro de Sao Paulo al que aludí en columna anterior, orienta a sus integrantes a revisar las versiones históricas de carácter fundacional de sus países. Por historia o relato fundacional, entendemos algo que todo país y nación poseen, un conjunto de elaboraciones míticas y rituales que procuran establecer y afirmar lo que hay de común en sentido identitario a una población.

Ahí encontramos personajes reales específicos, acontecimientos heroicos, fechas de especial significación y recordación, símbolos como la bandera, el escudo y el himno nacional cuyas notas y letras son específicas, distintivas en cada país. En general, estos elementos no están sujetos al debate, pues no se cambia de nacionalidad de manera caprichosa como no se cambia de familia ni de lugar de nacimiento. Como afirmó el filósofo francés Ernest Renán, la nación es una historia común, es un sentimiento, es un alma, un principio espiritual, un rico legado en recuerdos, un deseo de vivir juntos, la voluntad de continuar haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa, es la consecuencia de un largo pasado de esfuerzos, de sacrificios y de desvelos. El reconocimiento a los antepasados nos ha hecho lo que somos. Algunos la llaman historia patria o cívica y se educa a los niños desde la temprana infancia en la escuela primaria.

Esa historia es diferente a la historia académica que requiere una formación profesional o una dedicación profunda de parte de personas con algún grado de preparación. En las universidades del mundo se otorga grado universitario básico, de magíster y de doctorado.

Esta es una disciplina de las ciencias humanas que se caracteriza, entre otras cosas, por su dinamismo, por estar sujeta a contrastación, constatación y por supuesto a debate. La especulación en ella está reglada por requisitos establecidos en el campo disciplinar y siempre sus productos en tesis, libros o ensayos deben estar soportados en fuentes y elaborados en un estilo dialéctico, demostrativo. También se basa en hechos, fechas, lugares, personajes, sociedades y países.

Dicho esto, que no es, ni de cerca, todo lo que se ha dicho al respecto, a donde quiero llegar es a mostrar el atropello que, desde distintas corrientes de izquierda, de inspiración marxista, y hoy en día desde el gobierno de Gustavo Petro, se pretende imponer al revisar, cuestionar y hasta destrozar tanto nuestra historia fundacional como la naturaleza abierta y científica de la historia académica.

El primer gran pecado o absurdo cognitivo del marxismo radica en pretender mirar y entender el pasado a la luz del paradigma de la lucha de clases. No hay duda sobre la gran influencia de distintas formas de entender el marxismo entre la comunidad de historiadores colombianos e incluso de otros países. En ese manantial beben los que cometen la arbitrariedad reduccionista de referirse al pasado para plantear una revisión moralista de lo sucedido décadas y siglos atrás para concluir en la consigna de la deuda histórica. Recordemos el discurso de Petro sobre ese asunto en España. Una actitud anacrónica pues busca aplicar a otras épocas ideas, valores y principios de creación y aceptación reciente.

El presidente Petro, que no es, ni de lejos, mucho menos de cerca, un historiador, omitiendo que su voz tiene carácter oficial, algo que él parece no haber entendido, ha lanzado tesis asombrosas por desquiciadas que terminan borrando las profundas diferencias entre los tiempos, de ahí que sigamos siendo “esclavistas”, que la independencia fue obra de una “oligarquía”, que la violencia liberal conservadora fue motivada por el tema de la propiedad de la tierra, su negacionismo de una de las más grandes evidencias de crímenes incomparables por su crueldad como lo fue el holocausto judío, abuso que conduce a revictimizar al pueblo judío.

Petro y su élite asesora no pierden ocasión para causar estropicios tanto al relato fundacional, es decir, a nuestros sentimientos comunes de identidad, como para fungir de historiadores académicos y lucir galas en sus mediocres, simplistas y absurdos discursos ante públicos respetables. Ellos no entienden o no lo quieren aceptar que, al proceder de esa forma, están creando verdades oficiales propias de regímenes dictatoriales.

Y ahí sí nos tenemos que remitir a la historia reciente de dictaduras comunistas que se caracterizan por establecer verdades oficiales que circulan como dogmas inobjetables, desde los cuales se justifica borrar personas y hechos, se recrean o inventan otros, se crean nuevos héroes y algunos hechos son magnificados para deslumbrar y suscitar odios y falsos hitos. Stalin, p.e. borró a Trotsky, a Bujarin y a otros dirigentes bolcheviques de la historia de la revolución rusa de 1917. Fidel Castro hizo lo mismo con decenas de intelectuales, empresarios y escritores que fueron encarcelados o tuvieron que huir de la persecución por sus opiniones. Acá en Colombia, nos quieren hacer creer que el surgimiento de las guerrillas fue causado por la exclusión de la dictadura del Frente Nacional y no como expresión de proyectos políticos influenciados por experiencias revolucionarias comunistas de distintos centros de poder como la URSS, China y Cuba.

Temas de gran trascendencia a los que prestamos poca atención. Nos voltean la bandera al revés en la cara y nos quedamos impávidos

Darío Acevedo Carmona, 10 de diciembre de 2023

Las circunstancias del momento que vive el país hicieron de las elecciones del pasado 29 de octubre una especie de prueba de fuego sobre la gestión del presidente Petro. En efecto hubo señales en tal sentido, conviene ser muy puntuales en reconocer los eventos en los que las disímiles y numerosas fuerzas opositoras lograron victorias contundentes e impactantes.

Sin duda, la derrota en Bogotá de Gustavo Bolívar principal aliado del presidente tiene un significado muy especial dados los esfuerzos y abiertos apoyos del gobierno en pro de su candidatura. Todo un fiasco perder a Bogotá, la ciudad capital en la que las izquierdas siempre han sido decisivas y en varias ocasiones triunfantes. Las consecuencias se han empezado a ver desde ya, fuego amigo, divisiones, inculpaciones y, pérdida de influencia y poder sobre la alcaldía.

Casi en el mismo nivel de frustración para el petrismo son los resultados negativos en Medellín y Cali, más aplastantes en la capital antioqueña, pero en ambas con el inequívoco mensaje de descontento popular con la gestión de dos alcaldes que naufragan en corrupción, arbitrariedades e ineptitud.

Sumemos el triunfo de Char en Barranquilla y de candidatos adversos al petrismo en Bucaramanga, Cartagena, Manizales y otras capitales, y, las victorias en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Valle, Atlántico, Santander, Meta, entre otros.

Existe una gran dificultad para establecer las cifras exactas obtenidas por cada partido o movimiento de presencia nacional por al menos dos razones, la primera tiene que ver con el carácter regional y local del evento electoral en el que grupos muy diversos de rango circunscrito a un municipio o una región o departamento no articulados con fuerzas nacionales, participan en la disputa. La segunda, con las numerosas y multiformes alianzas en torno a candidatos de unidad no siempre identificados por su apoyo o cercanía con el gobierno. Distinguir cuántos votos aportó cada grupo o partido es imposible.

Sin embargo, lo que si se pudo definir con cierto grado de error es que en varios departamentos y ciudades capitales triunfaron tendencias claramente opositoras y solo unas pocas fueron favorables al petrismo.

No debe sorprendernos que Petro, acorde con su manía distorsionadora, haya salido a invertir los resultados reclamando un triunfo en una contienda en la que salió ampliamente derrotado.

Ahora bien, en cuanto a las conclusiones y perspectivas que podemos desprender del pasado certamen electoral, una excesiva actitud triunfalista no es recomendable, no solo por la naturaleza y el alcance político definido institucionalmente, sino porque la contundencia debe mirarse en concreto en localidades como las señaladas en principio, pero, también, porque a pesar de haberse puesto a prueba la favorabilidad del presidente, no se trató de un referendo o plebiscito que condujera a la renuncia del primer mandatario.

Por tanto, las fuerzas opositoras, no todas ellas en el mismo nivel de definición y compromiso e incluso con grandes diferencias entre algunas de ellas, están retadas a pensar y evaluar una estrategia común con miras a las elecciones para Congreso y Presidencia en 2026. No debe haber disculpas sobre la distancia por recorrer ya que los asuntos a acordar no son de menor monta.

El plan  estratégico debe conllevar a la conformación de un amplio frente unitario, es decir, a reunir, bajo la sombrilla de la unidad y la organización, sin la cual estaríamos perdidos, a tan numerosas agrupaciones. Basta solo con reconocer su atomización reinante en el campo democrático-institucional. Habrá que definir también los temas centrales del programa, el plan de acción inmediato, el papel de la calle, de la movilización de sectores, jornadas nacionales, campañas mediáticas, la estructuración de un frente legislativo de rechazo a los funestos proyectos del gobierno.

Porque si hay algo claro en el horizonte es que Petro y su Pacto Histórico obtendrán más poder con los próximos nombramientos de fiscal y procurador, que continuará llamando a alianzas sin eco, que insistirán hasta el final en los proyectos que han causado tanta alarma económica y social y que Petro estará cada vez más blindado ante la amenaza de un juicio político

Es decir, esta no es una pelea de toche con guayaba madura, ni para él ni para la oposición. Por ello, las fuerzas opositoras afectadas por su gran dispersión política y orgánica tienen que despertar y encarar el desafío, y por eso se justifica preguntarnos ¿quién o quiénes van a liderar la inmensa responsabilidad de iniciar el tejido de esa alianza. Podría darse desde una reunión exploratoria entre los jefes tradicionales de los movimientos y partidos que tienen mayor claridad respecto del peligro de una extensión del proyecto petrista más allá de 2026.

O que los expresidentes Uribe, Pastrana, Gaviria, con jefes políticos como Gómez, Vargas Lleras, verdes, etc., se reúnan para dar unas primeras puntadas. Todo ello pasa por acotar el campo de competidores para evitar la repetición de lo sucedido en 2022, convocar organizaciones y gremios de la sociedad civil, empresarios, retirados de la fuerza pública, cleros, artistas, etc.

Darío Acevedo Carmona, 4 de noviembre de 2023

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en entrevista de una de sus magistradas con la emisora colombiana La DobleW anunció el pasado 30 de agosto que el general Mario Montoya, excomandante del Ejército de Colombia y líder de la exitosa Operación Jaque, será llamado a juicio si en el término de 30 días no aclara si se decide a colaborar o no en el esclarecimiento de los falsos positivos y sobre su responsabilidad en los mismos y la de otras personas a las que debía obediencia.

Quiero expresar, antes de entrar en materia, que el delito en cuestión es condenable y es horroroso, causante además de profundos dolores, que agentes oficiales y funcionarios del estado colombiano están involucrados en varios de esos casos, que es necesario adelantar investigaciones judiciales para enjuiciar y castigar a sus responsables directos e indirectos como quiera que a la luz del derecho internacional humanitario y del estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, de la cual hace parte nuestro país, se trata de un crimen de guerra, imprescriptible, inindultable e inamnistiable.

La JEP por obra y gracia de un acuerdo de paz entre las antiguas Farc-Ep y el Gobierno de Juan Manuel Santos, se ha ocupado del problema llamando a cuentas a decenas de soldados y policías de distintos grados para escuchar sus aportes a la verdad judicial, y es en este proceso que tiene lugar el anuncio de la magistrada.

Como ha ocurrido con otros crímenes de guerra y de lesa humanidad, v. gr. el asesinato de sindicalistas, maestros y otros dirigentes políticos y sociales, organizaciones no gubernamentales (ONG), partidos y movimientos de clara orientación de izquierda han convertido el tema en asunto de agitación y propaganda culpando a expresidentes, ministros de defensa, instituciones oficiales, ejército y policía nacionales, etc.

La JEP abrió un macrocaso sobre falsos positivos en el marco del cual ha convocado el testimonio de agentes de la Fuerza Pública, después de haberles abierto la puerta a muchos de ellos que purgan extensas penas, para que cooperen y delaten a otros a cambio de recibir la misma pena que recibirán, supuestamente, los comandantes de las Farc. Ahí ya se detecta una muy posible acción interesada, la de gozar de una reducción considerable de sus penas.

En torno de este execrable delito ha girado una propaganda sistemática de grupos de izquierda y colectivos como el José Alvear Restrepo, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) dirigido por el senador Iván Cepeda,, entre otros, que se caracterizan por señalar al estado y al Ejército  como responsables, por apersonarse del dolor de las familias como sus defensores, asesorándolas en su proceso organizativo y utilizándolas en sus actividades propagandísticas, en culpar al expresidente Uribe y a altos mandos del Ejército, hacer énfasis en redondear el número de  víctimas (6402) con el claro fin de causar un impacto mediático.

La JEP “explicó que su conteo lo obtuvo al combinar cuatro bases de datos diferentes: dos de la Fiscalía, una del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de  Memoria Histórica -entidad oficial- y otra de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos”, declaró que “las cifras pueden ser mucho más altas“ y agregó “…solo entre 2002 y 2008 hubo 6.402 personas a las que mataron y las hicieron pasar ilegítimamente como guerrilleros”. (https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210218-colombia-jep-cifra-falsos-positivos-ejecuciones-extrajudiciales).

Según la fuente periodística antecitada “Ese número triplica el que estimaba la Fiscalía. El ente de investigación criminal reportó a la JEP que había 2.248 víctimas de 'falsos positivos', incluso en un periodo más largo que iba desde 1988 a 2014”.

De otro lado, según la crónica del portal France 24 “la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que reúne a varias organizaciones de derechos humanos, calcula que entre 2002 y 2010 hubo 3.512 civiles presentados falsamente como muertos en combate. Pero por más que este número supere el de la Fiscalía, sigue quedándose corto frente al que presentó la JEP este 18 de febrero de 2021”.

En cuanto a la fuente del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y su Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC), quiero aclarar que esta dependencia cuantifica 11 modalidades delictivas, ninguna de los cuales se refiere a “falsos positivos”. El OMC presenta informes sobre hechos de violencia: “A partir de la integración de 719 fuentes y 33.814 bases de datos y documentos. Entre las publicaciones que se hicieron bajo mi dirección, figura una importante serie llamada “Infografías” con cifras de hechos de violencia en distintas regiones y diversos responsables.

No sé cómo pudo la JEP usar estadísticas del OMC del CNMH si en la página web de esta entidad  no se encuentra nada al respecto. https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/estudios-e-investigaciones/infografias/

Acerca del origen oficial de este delito, la crónica de France 24 nos remite al año 2005, cuando “…el ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, firmó la Directiva Ministerial 029, donde se oficializaron los lineamientos para pagos de recompensas por cada homicidio presentado como baja en combate por miembros de la fuerza pública. Es decir: se exigían muertes de guerrilleros como prueba de efectividad al Ejército colombiano y, además, se les incentivaba con recompensas monetarias.” https://www.opendemocracy.net/es/6402-falsos-positivos-colombia-quien-dio-orden/.

Pienso que la sociedad colombiana y su sistema judicial aceptan de entrada que se investigue y se sancione a todos aquellos que usaron su posición de agentes de estado para cometer estas barbaries. Pero, que no hay claridad en cuanto al número de personas eliminadas, aunque el estupor es igual si fueron muchos menos o se descubrirá que fueron más.  Considero que el delito es más grave de lo que es si fue cometido por agentes del estado y más si se trató de distorsionar una directriz de guerra, que es de lógica en todas las guerras.

Opino que es muy floja la conclusión de la JEP en el sentido de que  hay un patrón común que conduce a responsabilizar al estado y a su ejército a que se califiquen esos hechos como crímenes de estado, rechazando que se pudo haber tratado de una distorsión de una directriz del alto gobierno orientada a exigir mayor eficacia en la confrontación con las guerrillas, en cuanto la situación era caracterizada como un conflicto armado interno.

La directriz del ministro Ospina no autoriza ni orienta matar a civiles o a gente inocente, para presentarlos como bajas en combate. El hecho de que exista patrón de conducta no deriva, necesariamente, en la culpa del estado. Equivaldría a asimilar una orden de guerra con una orden claramente violatoria de los Derechos Humanos como la aplicación de la ley segunda de las Farc que  ordenaba secuestrar a empresarios, políticos y personas pudientes para que, supuestamente, contribuyeran al triunfo de la revolución.

Insisto en que la manipulación ideologizada por parte de sectores de izquierda al señalar al estado  y al Ejército, tal como se lee en las crónicas citadas y en muchas otras, culpando a todos los comandantes de esta fuerza, es un acto de falsa justicia, de incitación a la condena de personas inocentes o no vencidas en juicio, de linchamiento mediático cuando se divulga en afiches masivos la pregunta tendenciosa “¿Quién dio la orden”? que termina por enlodar, sin demostración, a altos dignatarios del estado.

Concluyo, a título de hipótesis, preguntándome si no estamos en presencia de una jugada política de las izquierdas colombianas que, de insistir hasta el cansancio en calificar la situación que vive Colombia como un conflicto armado interno, quieren hacer ver hoy, a propios y extraños que lo vivido acá es igual a lo vivido en los países del cono sur y de Centroamérica, a saber, la represión, la arbitrariedad, la exclusión y la persecución de una dictadura contra el pueblo, contexto en el cual, las guerrillas serían expresión de lucha por la democracia, la libertad y la justicia. Absurdo indigerible e inaceptable.

Comparto link con la respuesta del expresidente Uribe, la principal víctima del matoneo sobre este tema, a la comunicación de la JEP. https://t.co/ZGX5CjM5oO

Darío Acevedo Carmona, 3 de septiembre de 2023