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golpe de estado

  • Paz por las vías de hecho

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    Si en Colombia aún hay rastros de democracia y legitimidad no es por obra del gobierno del señor Santos sino a pesar de él, y gracias al descontento e inconformismo de la población y de la labor persistente e inclaudicable de las fuerzas opositoras.

    Con todos los defectos que se le puedan señalar y con todas las correcciones que se le deben hacer a nuestras instituciones, pocas veces en nuestra historia se había presenciado una obra tan destructora sobre ellas como la que estamos presenciando y sufriendo, similar a un alud sin fin en el que cada piedra o roca cae sobre una ley, una tradición, un valor, un principio.

    Nada ha escapado a la dañina mano del presidente Santos, empezando por la verdad ahogada en su raudal de mentiras, cuál de todas más desvergonzadas. Sus declaraciones quedaron grabadas, por fortuna, para guardar la memoria de ellas, como que nunca se tocaría la Agenda Nacional en las negociaciones con la guerrilla más sanguinaria y cruel del país, ni la Constitución, que habría cárcel para delitos atroces, que no habría elegibilidad para responsables de estos sin antes ser juzgados y condenados, que la última palabra la tendría el pueblo…

    El proceder del gobierno y sus áulicos es tan turbio que no parece haber límites para frenar el desastre que están ocasionando. Seriamente averiados, como si hubiésemos sufrido un terremoto grado 9 en la escala de Richter han ido quedando la separación de poderes pues hasta la Corte Suprema que atinadamente concurrió al diseño de la Ley de Justicia y Paz para los paramilitares, se ha quedado muda, y la Constitucional ha emitido fallos que pretenden ser salomónicos en temas inadmisibles.

    Haber igualado a la guerrilla con el Estado legítimo, haberle dado estatus de guerra al enfrentamiento con grupos narcoterroristas, haberles dado calidad de representantes de la población, haber llamado guerra a lo que es terrorismo, y en esa senda de tragedias presentadas como conquistas, aceptar que un comunista español venga, cual Visitador colonial, a diseñar la JEP el nuevo órgano supremo que se superpone al poder judicial.

    ¿Será que seguimos con esta lista? ¿Cómo no registrar la humillación a nuestros soldados que quedaron sin honor, pues tienen que aceptar que hicieron una guerra que no valió la pena, que solo produjo sufrimiento, que nunca se debió hacer, y que, de acuerdo con una serie de fallos del Consejo de Estado son co-responsables de las masacres de las Farc?

    Ah, ¿Cómo no dar cuenta del desconocimiento, de hecho, de los compromisos del país incorporados a la Constitución, con la Justicia Internacional y la Corte Penal Internacional, cuyas observaciones no se han escuchado, con el estatuto riguroso de esa Corte sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad que no son amnistiables y que deben ser siempre condenados?

    Y ante la resistencia de quienes no hemos doblegado la cerviz y la de algunos que empiezan a caer en cuenta de la demolición del Estado, que los ha llevado a hacer modificaciones a la reforma política (que le da ventajas sin nombre al flamante nuevo partido) y a la vengativa Jurisdicción Especial para la Paz, este gobierno y sus enmermelados defensores en el Congreso y en los Medios, en vez de aceptar que hay que corregir, amenazan con un plan B para salvar la paz.

    La semana pasada los firmes y leales senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, sacaron del bolsillo trasero la carta ganadora para evitar dichos cambios. Le sugirieron al presidente Santos, un hombre hundido en las encuestas, en el ocaso de su pudor, si alguna vez lo tuvo, y en el cenit del cinismo, declarar el Estado de Conmoción Interior para decretar por su propia mano lo que el Congreso de la República se niega, según ellos, cumplir.

    No les bastó desconocer la voluntad popular que el 2 de octubre los derrotó en el plebiscito, sino que quieren desconocer la soberanía popular derivada, el Congreso, y castigarlo porque quiere recuperar su función de hacer y modificar las leyes y no ser un simple notario de las Farc y del presidente.

    La taza de despropósitos se rebosó con la proclamación de las candidaturas de criminales de guerra a la presidencia y al congreso de los jefes de las Farc sin haber rendido cuentas, ni siquiera, ante la justicia por ellos diseñada.

    El desafío para las fuerzas de oposición es pues, descomunal, porque no es cualquier elección la que se va a jugar en el 2018, es ganar o ganar, porque perder es, quizás, entrar en la boca sin fondo del agujero negro de una dictadura copiada, a la colombiana, del modelo chavista.

    Darío Acevedo Carmona, 6 de noviembre de 2017

  • JEP sinónimo de chantaje y retaliación

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    El miércoles pasado (5 de abril) el Congreso de la República, con la retirada del recinto del Centro Democrático y de uno que otro parlamentario digno, formalizó el golpe de Estado en curso que se ha estado perpretando desde fines de noviembre de 2016 cuando se anunció el nuevo acuerdo definitivo de paz.

    La Jurisdicción Especial de Paz será autónoma, no rendirá cuentas a nadie, tendrá varios magistrados extranjeros, estará por encima de las Cortes colombianas, dictará sentencias inapelables, condenará criminales de guerra para dejarlos libres y elegibles para desempeñar cargos públicos y de representación popular, podrá revisar todo lo actuado por jueces y tribunales en el pasado, igualará a terroristas con militares, y funcionará por doce o más años poniendo en ascuas no solo a las instituciones históricas y legítimas que nos hemos dado los colombianos por vía constitucional sino también a miles de ciudadanos que por un solo señalamiento o sospecha de haber colaborado o participado “directa o indirectamente” con los grupos paramilitares podrán ser investigados.

    En el mismo acto legislativo se aprobó, bajo una farragosa retórica declaración de principios que ya figura en nuestros códigos, el reconocimiento de las víctimas y de sus derechos. Además, fue aprobada la llamada Comisión de la Verdad que estará integrada a partes iguales por elegidos del gobierno y de las Farc y el desempate, luego de un enredado método, probablemente favorable a esta guerrilla. Se pretende con ese instrumento establecer, como si ello fuese posible y válido, una “verdad”, única, inapelable, indiscutible, eterna, sobre el conflicto, para algunos una guerra, y he ahí una discusión que no se salda ni se saldará.

    Todo apunta a que se produzca un texto acorde con la versión ideológica, pasada por académica, de la intelectualidad y la academia de izquierda y progre según la cual lo que ocurrió en Colombia “durante más de medio siglo de guerra civil” fue un “alzamiento en armas del campesinado en lucha por la tierra y contra la exclusión política y las injusticias sociales”. En tal situación, el Estado oligárquico habría apelado a la “guerra sucia”, habría  implantado “un Régimen de terror y antidemocrático de persecución y represión contra el pueblo y sus luchadores”. Colombia, según dicha versión siguió el mismo camino de las dictaduras del Cono Sur.

    Detrás de ese discurso que se ha inoculado con anestesia por vía intravenosa en los cerebros de los defensores e ideólogos de la paz que les entregaron a los derrotados la presea más valiosa de un conflicto bélico, la VERDAD, ha germinado un desestructurante y disolvente sentimiento de culpa que conduce, indefectiblemente, a entregarles todo para sanar la culpa y de contera, darles la razón para expiar el pecado.

    Por parte alguna habrá referencias a la influencia de la revolución cubana, a la copia de proyectos guerrilleros continentales, eso, dirán, es pura imaginación de mentes complotistas que niegan la existencia de causas objetivas y materiales de la insurrección popular. Será marginal la alusión a la “guerra fría” a la ideología comunista, al rechazo masivo con que la inmensa mayoría del “pueblo” que dicen “representar”, recibió las promesas de redención de unas guerrillas que nunca fue convencido de sus supuestas bondades.

    Esa Comisión que no es más que una descarada pretensión de torcerle el pescuezo a la realidad para lavar los crímenes de guerra y justificar lo injustificable, fracasará como les ha ocurrido a ese tipo de organismos en otras partes del mundo. Porque, entre otras cosas, algo bien diferente es que la justicia y los jueces establezcan la verdad de lo ocurrido en acciones y hechos delictivos puntuales e identifiquen los culpables y los condenen  a que se nos diga que hay una verdad a la que debemos plegarnos.

    Retomando el tema de la JEP, lo sucedido esta semana con el exministro del gobierno Uribe, Palacio y el gerente de la JEP, es algo que tenderá a generalizarse. Vendrán en búsqueda de la ansiada libertad, que no justicia, militares, políticos, funcionarios, empresarios, muchos de ellos condenados sin pruebas suficientes o con penas exageradas, sin derecho a segunda instancia, a tocar las puertas del frankestein creado por gobierno las Farc y el Congreso.

    Porque esa es la lógica perversa que subyace en esa arma letal concedida por Santos, Jaramillo y de la Calle al grupo terrorista Farc, eximir de cárcel a criminales de guerra dejándolos habilitados políticamente y convocar a sus “enemigos” con el instrumento del chantaje: declárense culpables y se les dejará libres.

    Esta será “la verdad definitiva del conflicto” que Santos les entregó a las Farc. Y a decir verdad, el instrumento es tenebroso y eficaz “o cantas o te pasas la vida en la  cárcel”. El método usado por el senador del Polo Iván Cepeda consistente en recorrer prisiones buscando testigos contra Uribe a cambio de reducción de penas y exilios, es el mismo que emplean sin tapujos los señores Alvaro Leyva y el neocolonialista español Enrique Santiago que visitan guarniciones militares para pintarles pajaritos de oro a condenados sin esperanza.

    La idea de Justicia que se puso en marcha está fundada en el chantaje contra hombres condenados a decenas de años que ya no tienen opción de libertad. Un método basado en la humillación y el aprovechamiento indigno de la debilidad extrema del otro.

    Darío Acevedo Carmona, 10 de abril de 2017

  • COLOMBIA EN MODO DICTADURA

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    Con motivo del fatal fallo con el que la Corte Constitucional acaba de darle un golpe de gracia a la Constitución colombiana, vienen a mi mente unas palabras dirigidas a las guerrillas y pronunciadas en 2010 por el presidente entrante, Juan Manuel Santos, al momento de posesionarse: “haremos la paz a las buenas o a las malas”.

    Ignorante del caballo de troya que se había infiltrado en el equipo de Uribe y confiado en que Santos mantendría el rumbo, varias veces critiqué esos términos porque no eran propios de un presidente y se podrían interpretar como una amenaza de tierra arrasada siendo que un Estado legítimo no procede a las “malas” ni en paz ni en guerra y que la confrontación del Estado contra los grupos irregulares no es sinónimo de “a las malas”.

    Hoy puedo ver, en su real dimensión, el sentido de aquella frase que Santos repetía en cada acto. “A las malas” significaba que si tocaba arrasar con la institucionalidad y con la Constitución para hacer la paz, él sería capaz de hacerlo. Tiempo después, su Alto Comisionado de Paz incorporó esa frase en su decálogo de negociación como lo señalé en varias columnas, al justificar la necesidad de tomar medidas excepcionales y extraordinarias para garantizar los compromisos con las FARC.

    De manera que no es extraño lo que acaba de ocurrir en Colombia: en cosa de pocos días, el Presidente convirtió la derrota de su plebiscito del 2 de octubre en una victoria. Engañó a los defensores del NO, a quienes queremos paz con justicia, aceptando una renegociación del acuerdo en el marco de un Pacto Nacional en vez de renunciar como había prometido.

    Santos recibió una ayuda esperada y quizás acordada de antemano cuando el 5 de octubre le anunciaron el otorgamiento del Nobel de Paz. En el discurso de entrega de la distinción la Primer Ministro de Noruega dijo sin titubeos que Santos: “derrotado en el plebiscito no se dejó vencer por la voluntad popular... fue entonces cuando Noruega vino en su apoyo”.

    Observando todo lo acontecido durante su mandato, y si se quiere, su conducta en años anteriores, como cuando fraguó un golpe de Estado contra Ernesto Samper, hoy su gran amigo y aliado, la conclusión es que el desastre en que estamos es obra de una mente calculadora, de un gran desarrollador del famoso axioma “el fín justifica los medios”.

    Con jugadas claves, oportunas y bien pensadas, Santos logró arrastrar tras su despropósito a entidades y personalidades internacionales, sus “buenas formas” y “alcurnia” jugaron a su favor. Hoy tiene en su pecho tantas medallas como Leonid Breznhev. No se puede desconocer su habilidad para rodearse de gente influyente. En el interior, multiplicó por más de 150 a los congresistas tipo la Yidis solitaria con la que han hostigado al expresidente Uribe, enmermelándolos con puestos, partidas presupuestales y canonjías.

    Extendió sus maniobras a los altos tribunales de Justicia, logró, gracias a la copiosa y costosa pauta publicitaria oficial el apoyo incondicional de la gran prensa y de periodistas destacados que han mancillado la independencia del oficio. En los últimos días premió la lealtad de Yamid Amat y Daniel Coronell, otorgándoles el Canal Uno de TV. Obtuvo el apoyo de las izquierdas que depusieron sus principios con tal de ver hundido a Uribe Vélez y redimidas a unas guerrillas que llevan en sus corazones.

    Al decidir que el Nuevo Acuerdo Final (NAF) podría ser implementado vía fast-track, tumbando lo que había expresado en el fallo que validó el plebiscito, la Corte Constitucional le entrega poderes de tipo dictatorial a Santos. Ese texto, que no fue fruto de un Pacto Nacional, da  lugar a los siguientes daños y peligros:

    1. El NAF adquiere estatus de tratado internacional, por tanto, será incorporado a la Constitución por 16 años. 2. El método fast-track reduce de 8 a 4 debates los proyectos de reformas constitucional y de 4 a 2 los proyectos de ley provenientes. 3. Los congresistas de ambas cámaras no podrán añadir, corregir, agregar o modificar los proyectos de ley o reforma constitucional que presente el Gobierno. 4. El Congreso creará nuevas circunscripciones electorales en zonas de influencia guerrillera y otorgará a las FARC 5 curules en cada Cámara por dos periodos a partir de 2018. 5. El Congreso autorizará que responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad sean elegibles a las corporaciones públicas y a la presidencia de la República. 6. Se creará una Jurisdicción Especial y un Tribunal de Paz cuyo poder estará por encima de las Cortes Suprema y Constitucional. 7. En herejía constitucional, la Corte arrasó con la supremacía del constituyente primario y con la democracia directa al determinar que refrendación popular (plebiscito) es lo mismo que refrendación por el Congreso. 8. Entra en funciones la Comisión de Verificación conformada por 3 representantes del Gobierno, 3 de las FARC y uno por los gobiernos de Cuba, Venezuela, Noruega y Chile; en esencia es un Cogobierno con las FARC. 8. El presidente coharta y se apropia de funciones del poder legislativo, anula a las Cortes, modifica la Constitución, le da poder constituyente a una guerrilla terrorista, el Congreso se automutila, los grandes medios aplauden la arbitrariedad y califican de enemigos a los críticos y opositores.

    Colombia era una democracia promisoria y un país más viable en 2010. La paz a las malas ha revertido aquellos avances. Los poderes de Santos se impusieron “a las malas” aunque “pacíficamente” y con la venia de los poderes afectados.

    Darío Acevedo Carmona, 19 de diciembre de 2016.