Estábamos acostumbrados a hablar de la toma y la retoma para referirnos a lo sucedido en el Palacio de Justicia hace ya 40 años.
La tragedia iniciada por un comando terrorista del M-19 ocupará un lugar siempre destacado en los anales de la historia colombiana, tal como nos sucede por ejemplo con el asesinato de los caudillos liberales Jorge Eliécer Gaitán (1948) y Rafael Uribe Uribe (1914) y el del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado (1995), entre muchos otros sucesos de tiempos remotos, en el sentido de que difícilmente nos pondremos de acuerdo acerca de la valoración sobre este acontecimiento.
No me sorprende, por ejemplo, que analistas como Rodrigo Uprimny insistan en igualar en materia de culpa y responsabilidad la acción del M-19 con la del Ejército colombiano, sino que me confirma la existencia de una muy fuerte corriente de opinión que insiste en plantear, no la hipótesis sino la tesis de que en la tragedia de Palacio concurren y comparten la responsabilidad el grupo guerrillero y el estado colombiano.
Esa tesis ha sido refrendada por algunos tribunales internacionales, por reconocidas ONG de derechos humanos y sectores de izquierda y comentaristas en medios nacionales e internacionales. Uprimny, fundador e investigador de la ONG De Justicia habla de ese "acto atroz de la toma por el M-19 e igualmente acto atroz del estado colombiano en la retoma" en entrevista con El Espectador vía Youtube.
Es, en mi parecer, una manera de soslayar el objetivo central del M-19 y reducir el asunto a una batalla por el edificio. Suena como una simple operación aritmética mitad para cada una, miti y miti y listo el paradigma. Aunque no faltan los que tercian aplicando la mayor responsabilidad al estado, e incluso, los que bendicen la atrocidad del M-19, como el presidente Petro que la calificó de "una genialidad".
Quienes hablan de la toma y la retoma como si se tratara de “un toma y dame” de boxeo desconocen 1. la magnitud descomunal de los objetivos que tenía en mente el grupo subversivo, 2. la impreparación o impericia de las fuerzas del orden para enfrentar un ataque de ese calibre, 3. El caos y la confusión que se desató en un inédito combate a puertas cerradas, donde el cruce de disparos pudo causar víctimas sin que sea posible establecer con precisión quien dispara y quien es herido o muerto o si se tiene o no conocimiento de quien es el victimario y quien la víctima.
Hablar de toma y retoma significa igualar el grupo guerrillero que planeó, financió, analizó, dotó de armas, seleccionó a los atacantes, designó a los comandantes y definió los objetivos y que iban a triunfar o a morir a cualquier precio, con el estado y sus fuerzas del orden que fueron tomadas por sorpresa y respondieron con lealtad en la defensa del estado atacado y en acatamiento a la Constitución política.
Atacar a la Corte Suprema de Justicia pilar de uno de los tres poderes del estado, hacerle un juicio al presidente de la República elegido en democracia que había convertido en su principal emblema obtener la paz negociada y que había ofrecido ventajas como nunca a los grupos insurgentes, incendiar los archivos y expedientes sobre la extradición de nacionales a Estados Unidos, eran objetivos que, de lograrse, implicaban la destrucción del estado de derecho, su capitulación.
De modo que la "retoma" consistía, precisamente, y es lo que demeritan u omiten los igualitaristas, en la defensa del estado de derecho, del presidente y de la Corte Suprema de Justicia. No se trataba a secas de rescatar un edificio sino que las fuerzas del orden buscaron impedir que el M-19 cumpliera sus objetivos.
Suena simple, pero fue así: el M-19 asaltó el Palacio de Justicia a través de una acción terrorista para dar un golpe de estado y creía que el "pueblo", esa figura retórica que sirve para tantas cosas, saldría a las calles a respaldar su añorada revolución. A su vez, las tropas oficiales ingresaron al Palacio, ya escenario de incendios, asesinatos y balaceras, a “Defender la democracia”, frase con la que el Coronel Plazas Vega, comandante del operativo, resumió la orden recibida. El Ejército no estuvo retado a la recuperación de un CAI, no acudió a un enfrentamiento en campo abierto o a sofocar un mitin.
El activismo adelantado por ONG, grupos de izquierda y activistas de derechos humanos a través de una sistemática y ruidosa campaña responsabilizando a la Fuerza Pública de los más graves hechos ocurridos, ha logrado que el estado colombiano indemnice a las víctimas y, al cabo de unos años, amnistíe, indulte o cese toda acción penal contra los miembros del M-19. Se alude en algunos fallos al “uso excesivo de la fuerza” como si las fuerzas del estado no hubieran enfrentado a un comando dispuesto a eliminarlos o como si hubiera sido posible distinguir el sitio donde se ubicaban los francotiradores del M-19.
No obstante, algunos apartes del informe de la Comisión de la Verdad creada para investigar la tragedia así como avances de Medicina Legal y otros organismos han permitido aclarar aspectos de suma importancia:
“De los 94 muertos, sólo 68 cadáveres fueron identificados… De los 68 identificados, 33 no presentaban quemaduras, y de éstos, 10 correspondían a personas que laboraban en el Palacio, 6 a integrantes de las fuerzas del orden, 1 a un visitante, 1 a un transeúnte y 15 a guerrilleros.”
También se estableció la autoría del asesinato a sangre fría de varios magistrados entre ellos el del doctor Manuel Gaona Cruz a manos del jefe guerrillero Andrés Almarales. También se encontró exceso en uso de la fuerza por parte de algunos miembros del Ejército. Varios de los cuerpos con balas no fue posible establecer la causa definitiva de su muerte. Sería injusto condenar todo el accionar de las fuerzas del orden, porque ellas además de cumplir con su deber de evitar la derrota del estado, salvaron más de cien vidas.
Coda: El general Jesús Armando Arias Cabrales oficial director del operativo de defensa del estado purga una pena de 35 años de cárcel a sus 90 años y, además, fue privado de todos los honores y distinciones obtenidos a lo largo de su trayectoria militar por el presidente Petro, miembro del M-19 y ensalzador del grupo. El coronel Alfonso Plazas Vega sufrió intensa persecución por parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, estuvo preso ocho años y luego fue absuelto de toda culpa por la Corte Suprema de Justicia.
Darío Acevedo Carmona, 9 de septiembre de 2025