Definición del término “lumpen” por la Real Academia de la lengua Española: “Sector social más bajo del proletariado desprovisto de conciencia de clase” Y según el Diccionario Panhispánico del español jurídico: “Grupo social que atenta sin ningún tipo de principios contra la seguridad de los individuos o colectividades, bajo un ánimo rapaz y delincuencial”.

Aunque una revolución se caracteriza por el desconocimiento del orden vigente por la violación de las leyes y su reemplazo por otras, y que todo lo que en ella ocurre se da en un ambiente de destrucción, derrocamiento, violencia y caos, pero, no todo lo que se hace es válido ni moral ni filosóficamente. Hay un límite, digamos, una línea que no debe ser burlada por los protagonistas del cambio radical. Esto es de curso aplicable a todo tipo de revoluciones, en particular, a las que han tenido lugar desde fines del siglo XVIII hasta el presente.

Esto quiere decir, al margen de opiniones y las valoraciones, que los líderes de las revoluciones actúan  con base en un programa y en unas ideas con las cuales se edificaría el nuevo orden social y que en tal sentido, no todo está permitido en el marco de una revolución. También puede indicarnos que los humanos a lo largo de su existencia han forjado un ethos, una moral común no explícita. Se que esto es muy polémico, pero, en un nivel muy asociado al instinto de supervivencia y conservación de la especie, ese algo existe. A título de ejemplo, y a pesar de lo depredadores que han sido los pueblos en sus guerras, hoy en día, ese algo común se puede apreciar en que se haya evitado una guerra mundial con armas nucleares.

En otros tópicos también, como es la diferencia aceptada por todos los países en acoger los postulados de los Derechos Humanos, que no es poca cosa, y en algo que florece en los conflictos internos, a saber, la diferencia entre el delito político y el delito común que permite establecer la diferencia entre la motivación altruista y la egoísta o particular.

Conductas como la tierra arrasada, el fusilamiento de personas fuera de combate, la tortura, la violencia sexual, la retención forzada o secuestro, la afectación de bienes civiles esenciales, el reclutamiento de menores entre otras, están prohibidas y pueden ser investigadas y castigadas por tribunales internacionales.

Pero hay otro conjunto de hechos delictivos que sin constituir crímenes de guerra  son vistos como eventos de degradación moral o lumpen realizados por los militantes de movimientos o grupos de poder político, cliques, personas que ostentan poder y que lo usan con fines inaceptables y ajenos a los códigos de cualquier nación o de una revolución.

En el ámbito de las revoluciones comunistas del siglo XX, el delito común o conducta lúmpen es aquella que devela una degeneración de las virtudes del ciudadano o del revolucionario o comunista, consistente en servir a la causa colectiva, el altruismo, la justicia proletaria, es lo que al menos se predica en su retórica. Por ejemplo el robo si se realiza con fines de enriquecimiento individual es sucio, diferente al que se hace para financiar operaciones y necesidades logísticas del movimiento donde se califica de delito político. Violar a otras personas, malversar fondos estatales o comunes para la guerra o de partidas del nuevo estado por parte de funcionarios o personas con fines de lucro personal. Para decirlo en términos más simples, delitos comunes de inspiración egoísta, es decir, en los que prima el lucro personal, no pueden ser calificadas como delito político ante las leyes revolucionarias ni ante las del orden que se quiere derribar.

Y no son estas preocupaciones o actitudes las que estamos observando en el proceder de movimientos que actúan bajo la cobertura de un discurso supuestamente edificante, como son los casos de Chávez y Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Los Kirchner en Argentina y Petro en Colombia.

No me refiero a los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el marco de conflictos armados sino de los delitos de tipo moral ordinario que responden al interés individual o grupal que se cometen para beneficio propio. Entre ellos el robo de bienes públicos o privados, el narcotráfico, los relativos al amplio campo de la corrupción: coimas, nepotismo, prevaricato, concierto para delinquir, trata de blancas, etc.

Cuando estas conductas son la cara de un gobierno, su sello, es decir, cuando se está ante una situación en la que florecen esos delitos y la justicia o no existe o es insuficiente o es cómplice o es ineficaz en combatirlos, y se cometen  a ojos vistas y de manera continua y sistemática se configura entonces un régimen corrupto o lumpen.

Es lo que estamos presenciando en los países y sus gobernantes citados. Arruinaron a Venezuela, se robaron enterita a PDVSA, enriquecieron a sus familias allá y en Argentina, en Cuba solo hay miseria general mientras la clique comunista, en particular los altos mandos castristas acumulan fortunas y en Colombia no hay día o semana en que no conozcamos un escándalo de corrupción, muchos de los cuales pretenden ser obscurecidos o encortinados por el presidente Petro, quien a su vez, él mismo y su entorno familiar, sus funcionarios de confianza: ministros, embajadores, gerentes de empresas del estado y otros altos cargos, se han visto envueltos en conductas de delincuencia común. 

Por eso es válido, entonces, caracterizar a esos gobiernos y a sus mandos centrales como gobiernos lumpen comunistas en tanto incurren en conductas degradadas contra su propia lógica moral.

Darío Acevedo Carmona, 12 de abril de 2025

La convocatoria del presidente Petro a una toma de las calles este martes 18 de marzo y al declarar día cívico para facilitarla, con el fín de presionar el Congreso, es claramente violatoria de la separación de poderes puesto que significa un chantaje y una presión indebida del poder ejecutivo contra el poder legislativo.

Estamos ante una violación flagrante de la Constitución Política en los artículos 113: "Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines", y el 122 en su literal segundo: "Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben".

Además, el artículo 241 ordena: "A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución" y en tal sentido debe declarar la inexequibilidad del decreto que declara día cívico el 18 de marzo de este año y la movilización que convoca el presidente Petro saltándose las formas tradicionales de debate de las iniciativas oficiales del diálogo, la búsqueda de acuerdos y la armonía.

Ese tipo de conducta ya fue impulsada por el presidente Petro cuando se adelantaba el proceso de selección de nuevo Fiscal General e instigó la movilización de sus partidarios para presionar con mítines a la Corte Suprema de Justicia, lo que lo hace reincidente y proclive a excederse en sus funciones.

De igual forma, la Constitución en su artículo 217, inciso segundo estipula que "Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional." De modo que ese mandato los autoriza a proceder para hacer cumplir ese deber primordial dado el peligro que encierra la convocatoria del presidente Petro.

De otra parte, el artículo 277 es contundente al señalar las responsabilidades del Ministerio Público: "El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. 2. Proteger los derechos humanos... 3. Defender los intereses de la sociedad." Funciones que deben ser cumplidas en la actual situación en que el presidente Petro incurre en abuso de autoridad generando el consabido riesgo de que sus convocatorias desemboquen en caos, anarquía y otros hechos deplorables.

Finalmente, es conveniente citar uno de los "fines esenciales del Estado" a saber el de: "... asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo" cuya violación por parte del jefe del Estado tiene el alcance  de ser una acto grave y doloso que justifica que cualquier ciudadano o grupo de personas amparadas en el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución, puede(n) "Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley".

Y recordar el artículo 188 de la Constitución "El Presidente de la República simboliza la unidad nacional..." que de manera sistemática y en numerosas intervenciones públicas es violado por el primer mandatario apoyado en una retórica que promueve el odio de clases, la estigmatización de las personas adineradas y los empresarios, mostrándose como el presidente de los excluidos, los vulnerables, los explotados en contraposición a otros sectores de la sociedad que no tienen por qué ser marcados como enemigos de clase.

Una última opción, si es que no intervienen los órganos de control para defender la Constitución, es la desobediencia pacífica o la objeción de conciencia ante órdenes y medidas que, clara e inequívocamente, como es este caso que nos ocupa, son contrarias a los derechos humanos.

Darío Acevedo Carmona, 22 de marzo de 2025

Hay personas que saturadas con la verborrea del presidente Petro, desesperadas de ver que él hace y deshace a placer, que se salta todas las líneas rojas, que pisotea la Constitución, y desdice de toda nuestra historia, con su retórica de odio, sus maniobras evasivas, su irresponsabilidad, su hostilidad con los empresarios y los medios, su olimpismo para nombrar corruptos en altos cargos del estado, con su viajadera, en fin, fastidiada con su descomunal capacidad de dañar y destruir las cosas buenas de Colombia y su ineptitud para gobernar bien como manda la constitución, que están pensando y deseando que le den un golpe de estado.

Si ese deseo se cumpliera no solo echaría por la borda nuestra tradición civilista y democrática, sino, lo más contraproducente, pues convertiría a ese rey sin corona en un mártir de la izquierda colombiana que, adocenada por él y llena de ambición quiere participar de las migajas que aún quedan del festín.

Lo que procede, entonces, es una alternativa legal de dos carriles. Por el uno, insistir en su destitución por violación del artículo 109 de la Constitución. Ahí toda marcha a paso tortuga impuesto por un comité de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Si no se decreta inicio del juicio político en la plenaria de esta y su traslado al Senado antes de junio de este año, esta vía queda cancelada.

Por ello, la opinión pública y los líderes de las grandiosas marchas antipetristas de los años 2023 y 2024 deben unirse y presionar a los congresistas de los partidos no petristas para que abandonen el barco del gobierno que hace agua, presionarlos con el reto moral de que en las horas oscuras que vive un país es cuando se conoce el talante moral de sus representantes.

Por el segundo carril, las fuerzas opositoras deben forjar mecanismos y fórmulas de unión y alianzas para asegurar su triunfo en las cruciales elecciones de marzo 2025 para congreso con la consigna de alcanzar las mayorías que se requieren para deshacer todos los daños causados por el demagogo enajenado.  Y por ende, para llegar a un entendimiento que nos conduzca a triunfar en las presidenciales del 2026, ojalá en primera vuelta y alrededor de unos objetivos centrales derivados de la lucha por la defensa de la democracia y las libertades.

Darío Acevedo Carmona, 19 de febrero de 2025

El presidente de Colombia goza de unos poderes que no tiene ningún otro funcionario u órgano. Por algo, el régimen político que nos rige es calificado como presidencialista.

Colombia es uno de los países que acredita una larga historia democrática con pocas interrupciones. La última data del período 1953-1957 cuando Rojas Pinilla apoyado por el partido liberal, el conservatismo ospinista, los medios, la jerarquía eclesiástica, el empresariado, impulsan a Gustavo Rpjas Pinilla a dar lo que se llamó un “golpe de opinión” con el fin de restablecer la paz.

Las Fuerzas Armadas y de Policía han sido y son respetuosas del orden democrático. Ni en los momentos más críticos por hechos de violencia guerrillera  o mafiosa se pronunciaron o se movieron en una intentona golpista.

La separación de poderes ha funcionado y se puede documentar que entre las instancias de ellos hubo encontrones, discrepancias o malestares, pero sin que el sistema entrara en peligro de ruptura

Varios presidentes han sido objeto de investigaciones sin que sus derechos fueran afectados y pudiendo defenderse en ley.

Quien hoy es presidente de Colombia fue guerrillero del M-19 una organización que durante su alzamiento en armas cometió crímenes de guerra y de lesa humanidad como secuestros, la ejecución a sangre fría del dirigente sindical José Raquel Mercado, la toma de la embajada de República Dominicana (1980), la toma violenta de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, y firmó la paz en 1990. Desde entonces, él y otros de sus camaradas participan activamente de la vida política como congresistas.

El presidente Petro es uno de los congresistas tradicionales desde hace más de veinte años, fue alcalde de Bogotá y hoy es el primer mandatario gracias a unas instituciones y a una democracia a las que ha denigrado a placer.

El estado colombiano ha optado por políticas reformistas sociales y políticas desde el momento de su creación en el Congreso de Villa del Rosario de 1821. Podemos resaltar en los último 65 años la aprobación del voto femenino (1957) la función pacificadora del Frente Nacional (1958-1974), el fin del bipartidismo obligatorio a partir de ese año, la existencia de numerosas organizaciones de izquierda que desde entonces postularon candidatos a elecciones de cuerpos de representación popular y presidencial.

En la búsqueda de la paz, se han realizado esfuerzos apreciables desde 1980 hasta el presente siendo uno de los más efectivos el que se firmó con el M-19, cuya bandera, ya rendida, fue reivindicada de forma provocadora por el presidente Petro en diversos actos.

En Colombia los alcaldes de todos los municipios son elegidos por voto popular. Una demostración de gran madurez política, en medio de auges guerrilleros de las Farc y de grupos paramilitares, fue la convocatoria de una asamblea constituyente que estableció la constitución de 1991 que aún nos rige, documento que es apreciado y respetado por los colombianos y que llegó a ser llamado la Constitución de la paz. También se aprobó la figura de la acción de tutela de derechos individuales fundamentales y la elección popular de gobernadores.

A pesar de la inmisericorde violencia de grupos que se sostienen por las rentas ilegales del narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro, de la mala voluntad de algunas guerrillas, Colombia sostiene su apego a la institucionalidad democrática. Hoy en día se aprecia el fin del bipartidismo al que se señalaba de monopolizar la política y el poder, y tienen presencia más de 35 grupos y partidos entre los cuales se destacan siete por su cantidad de representantes en los cuerpos colegiados.

Gustavo Francisco Petro Orrego como presidente ha influido con su poder para el nombramiento de Fiscal General, del Procurador General, ha atacado periodistas y medios, descabezó a la Fuerza Pública de su experimentado alto mando al llamar a calificar servicios a casi un centenar de generales y altos oficiales.

Durante su gestión, ha protagonizado álgidos debates por el tipo de propuestas y proyectos que pretende imponer y dando a entender que la legítima intervención de las fuerzas opositoras le están montando un “golpe blando”, desvirtuando de esa forma la existencia de la Oposición. Usa la diatriba pero también la seducción de congresistas a cambio de prebendas, ha nombrado personas de cuestionable proceder en altos cargos del estado y se ha visto envuelto en varios escándalos de corrupción en los que están mencionados y hasta acusados miembros de su familia y de su entorno político.

Uno de esos asuntos que comprometen seriamente su continuidad en el cargo es el relativo a la supuesta violación de los topes electorales en su campaña presidencial que está siendo investigada por la autoridad competente, el Consejo Nacional Electoral, prevalida por concepto del Consejo de Estado, en un proceso en el que se ha hecho claridad que por norma constitucional, solo puede ser acusado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República y en votación por el Senado.

Las alegaciones del presidente Petro sobre un supuesto golpe de estado carecen de fundamento fáctico y legal y por tales razones, su presentación de queja ante el Honorable Cuerpo Diplomático constituye una afrenta a nuestro país, a nuestras tradiciones democráticas a nuestro buen nombre, y, de contera, que tal gesto, reafirma su protervo interés en desdibujar y deslegitimar la investigación que adelanta el CNE al darle, artificiosamente, una faceta de golpe de estado

Esconde y burla, el presidente Petro, su obligación de responder por una conducta sancionada según el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, norma de la cual él, como congresista, fue uno de sus artífices.

El presidente Petro, ha demostrado gran capacidad para malenquistar a la nación en contiendas desbordadas e hirientes, hoy acude a una falacia para victimizarse, aún a costa del prestigio del estado colombiano del que él es representante supremo y al que, por tanto, deshonra y humilla con tal de salvarse.

Darío Acevedo Carmona, 19 de octubre de 2024

En el siguiente link del Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)

https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/download/estadistica-falsos-positivos/, se puede consultar el informe: Estadística Falsos Positivos, Fecha de Publicación: 13/05/2022. Sistema de Información de Eventos de Violencia del Conflicto Armado (SIEVCAC). (Fecha de corte: 30/04/2022) y constatar que la cifra 6402 es incorrecta, que las cifras que acepta la JEP tal como se desprende de las principales fuentes, carecen de soporte creíble, que esa cifra ha sido inflada con fines políticos propagandísticos.

“Principales fuentes de falsos positivos 1978-2020, en negrilla el # de víctimas.

FISCALIA GENERAL DE LA NACION: 841

DEFENSORIA DEL PUEBLO: 26

COORDINACION COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS: 33

CORPORACION REINICIAR: 35

COMITE PERMANENTE PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS: 45

CPDH OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ: 46

COMISION INTERCONGREGACIONAL JUSTICIA Y PAZ: 110

UARIV: 489

CINEP: 715

OTRAS FUENTES: 508

Para los 1.318 casos (No sé si es lo que la JEP llama "universo provisional de hechos”) de falsos positivos hay 155 fuentes y un total de 2.848 documentos.

(2) Petro hace trizas el estado y la democracia colombianas

Enardecido y desbordado en su palabrería incitadora Petro pretende evadir la justicia y ahuyentar las investigaciones por corrupción y exceso en los topes de campaña amenazando con nuevos estallidos sociales, convocando "asambleas populares" en la principal universidad del país, en las que, según da a entender, se escribirá el "nuevo orden" de Colombia. Sabemos que quiere sembrar miedo, al estilo de sus camaradas dictadores venezolanos, Maduro y Cabello. Sabemos que victimizarse es un ardid, que atribuir lo que le sucede a un plan de una "oligarquía" a la que, en buena parte tiene de su lado, es una cortina de humo para no responder por los delitos en que él, su familia y su entorno han sido involucrados. Y como no parece tener un límite para despistar a la opinión, ahora sale con el cuento, de que lo van a asesinar en un plazo de tres meses, o, lo van a destituir (por el 109) queriendo hacer ver el proceso por violación de topes de campaña como un complot

Tomémoslo en serio, aunque suene a cañazo, porque es presa del desespero al verse acorralado por sus evidentes acciones contra el orden, la constitución, los medios y los otros dos poderes de la república. Colombia sabe que él puede hacer mucho daño, mucho más del que ya ha hecho.

(3) El profesor Petro denuncia amenaza de muerte

Dándoselas de filósofo y de profesor, en alocución desde Armenia, el presidente Petro lanza una nueva tesis sobre la "violencia en Colombia", la causa del "genocidio permanente" es "la ausencia de comunicación social... solo ha habido asesinados, 700mil..." Así que los llamados violentólogos de Colombia y del extranjero que han estudiado nuestros problemas, deben callar y postrarse ante su alarde de cientificidad.

En su alocución, Petro se refiere a una vasta cantidad de complejos temas internacionales y nacionales, sociales, políticos, filosóficos, históricos, etc., que despacha con deshilvanadas y desordenadas afirmaciones carentes de lógica y demostración, frases de autoridad, incontrovertibles. Habla del poder en abstracto, del filósofo alemán, Habermas, de la constitución de 1881(sic), del genocidio por 75 años en Colombia acusando a la oligarquía y por supuesto, sin mencionar a las organizaciones  guerrilleras que auparon el terror, la desgracia y el dolor de millones de personas.

Su verborrea conduce a decir, sin prueba alguna, solo por su propia deducción, por su propia elucubración, que es víctima de una amenaza de muerte, a señalar que el CNE lo quiere destituir siendo que es un órgano administrativo y que el presidente solo puede serlo por causa penal, y es ahí donde recurre a su fallida destitución cuando era alcalde de Bogotá.

Pero, su comparación es falsa porque el Consejo Nacional Electoral no es el que lo va a procesar ni a destituir, el CNE es apto y así lo reconoció el Consejo de Estado, para investigar por violación de topes su campaña electoral, y quien lo ha de juzgar por indignidad (violación del art. 109 de la Constitución) es su juez natural y constitucional, el Congreso de la República.

De citarse a juicio, como insinúan las evidencias, puede salir absuelto o condenado a dejar el cargo sin consecuencias penales.

La sociedad colombiana está al tanto de los escándalos por corrupción de Petro, para no hablar de otros desastres, y de cómo, haciendo gala de una astucia inagotable distrae a la opinión pública con sus disparatados temas traídos de los cabellos cuyo único fin es el de no dar la cara para responder por la violación de topes en la campaña que lo instaló en el poder.

Nada que ver con disquisiciones sobre el poder o sobre la guerra civil española o sobre Antonio Nariño ni Santander, nada que ver con Hitler o con Jürgen Habermas ni el calentamiento global ni con los derechos de las mujeres, ni las tendencias sexuales ni con el polvo de las estrellas.

Petro se escuda en un supuesto golpe de estado u orden de asesinarlo y así desprestigiar la investigación y ya sí la muy posible decisión del CNE de condenar su campaña electoral, y, por ende, de que tal decisión sea compulsada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Darío Acevedo Carmona, septiembre de 2024

En la falsa “asamblea del pueblo” el sábado pasado (14 septiembre 2024) en la Universidad Nacional, Gustavo Petro se despojó de su investidura presidencial para vestirse con el ropaje de revolucionario, el que mejor le queda. Petro incitó a esa concentración de activistas e incondicionales seguidores a tomarse los espacios del poder.

Estamos pues notificados de la decisión de convertir unas acusaciones en su contra en pretexto para imponer su dictadura bajo el pomposo y falso nombre de “poder del pueblo”.

Sabemos que Petro es hábil y astuto, que está dispuesto a provocar una sangrienta revolución con tal de salvarse de la acción de la justicia, sabemos que no tiene reatos morales que no respeta líneas rojas.

Estamos los colombianos conscientes del grave desafío que nos plantea este personaje? Dejaremos que el país se ahogue en un mar de sangre con el que pretende ante todo zafarse de su obligación de responder por los delitos que se le imputan?

Qué están pensando las instituciones centrales de Colombia?: la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Congreso, la Procuraduría, las Fuerzas Armadas? Van a agachar la cabeza, a acatar un llamado a la violencia revolucionaria, a la insurrección? Nos vamos a dejar chantajear por las amenazas de un iluminado?

Petro, la oligarquía y el golpe

En su anémica y repetitiva retórica, el presidente Petro echa mano de la palabra Oligarquía para referirse a quienes, según su oráculo: “Se han organizado para dar el golpe de estado..."

Veamos lo que dice la Real Academia de la Lengua sobre la socorrida oligarquía: "Forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. Grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político."

En concordancia, Petro está en la obligación de explicar quiénes son esas pocas personas que integran ese pequeño grupo que lo quiere derrocar.

No lo hará porque él usa ese término en sentido  abstracto y con fines desviacionistas, para evitar dar explicaciones que le pueden causar malos momentos, romper con aliados y victimizarse.

Por ejemplo, tendría que decirles a los colombianos si  Juan Manuel Santos, Ernesto Samper, Juan Fernando Cristo, Álvaro Leyva, varios ministros y exministros de su gabinete, si los expresidentes de Senado, Náme y Cámara, Calle, si los dueños del Clan Torres y otros poderosos empresarios, y hasta mafiosos y jefes paramilitares que hoy están de su lado, hacen parte de esa oligarquía.

¿Nos dirá que ellos no son parte de esa odiosa oligarquía? o ¿que ellos son buenos oligarcas? Estoy seguro de que no los reconocerá y que seguirá metiendo miedo para amenazar que en su defensa, el "pueblo", otra noción de la que se ha adueñado como si fuese un objeto, saldrá a evitarlo: "Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular”

Petro no deja de ser un desatinado imitador de Jorge Eliécer Gaitán, quien en versión del historiador norteamericano Herbert Braun en su libro Mataron a Gaitán, lo devela como un político actor, que se miraba en el espejo para ensayar y pulir sus actos públicos, que buscaba siempre "mostrarse lo más feo posible" y preparaba de antemano las cadencias de sus discursos y que fue el que usó, de manera impactante, la figura retórica de la oligarquía opresora del "pueblo".  Amenazante, Gaitán llegó a decir algo así como, si me persiguen defendedme, seguidme, si me matan vengadme, y ante pregunta de por qué caminaba tranquilo sin guardaespaldas, circunstancia que podía facilitar que atentaran contra su vida decía no creer que se atrevieran porque de hacerlo no quedaría piedra sobre piedra.

Pienso que Petro quiere meternos mucho miedo al evocar el trágico ensayo insurreccional del 2021, que en la Colombia actual, el único responsable de su derrocamiento sería él mismo. Pero, él necesita y desea pasar a la historia como víctima de la oligarquía.

Petro tiene temor de ser enjuiciado por su juez natural y constitucional, el Congreso de la República. Amenaza con rebelarse y convocar a "una lucha popular" que todos sabemos conduce a lo mismo que su camarada Maduro le anunció a los venezolanos, a un baño de sangre. Ambos coinciden en desconocer procedimientos legítimos de la democracia. Esto quiere decir, ni más ni menos, que Petro nos notifica que el delito cometido en su campaña (la violación de topes que tiene por consecuencia su enjuiciamiento por indignidad), está por encima de lo que dispone la Constitución en su artículo 109.

El bochinche, la asonada, el secuestro de policías y soldados por las "comunidades" para inutilizar la autoridad y la Ley.

Estamos advertidos, quien amenaza y quiere un golpe de estado insurreccional es Petro, nadie más.

Darío Acevedo Carmona, 15 de septiembre de 2024

No voy a hacer comentarios sobre todos los hechos arbitrarios y vergonzosos protagonizados por quien se ha comportado como un dictador en desarrollo, su equipo de gobierno y hasta por amigos y seres muy cercanos. Me centraré en los hechos y conductas expresadas en actos e intencionalidades con sus consecuencias destructivas sobre cuestiones tan sensibles como la economía, la constitución, la separación de poderes, la ética, política de paz y de Fuerza Pública, salud, pensiones, lucha contra la corrupción, relaciones diplomáticas, narcotráfico y otros asuntos en los que puede haber evidencia de violación de leyes, de derechos fundamentales, de deberes establecidos en la Función Pública y repercusión en términos de ética.

Manejo de la economía: el gobierno desde el presidente hasta ministros del área, han impulsado de manera oral y práctica medidas  que afectan el bienestar de la sociedad, las reglas de juego, la producción de bienes y servicios necesarios para la supervivencia, casos y hechos: 1. Suspensión o reducción significativa de la exploración de hidrocarburos, detrimento patrimonial de Ecopetrol. 2. Gasto desenfrenado e inusual de la Caja de gastos del gobierno central, aumento considerable del precio de la gasolina, 3. Propuesta al sistema bancario de transferir capitales de préstamos al gobierno para que sean manejados por el mismo, amenaza o insinuación de expropiación. 4. Propuesta de endeudamiento después de una reforma financiera que se suponía iba a mejorar la economía, con amenaza de emitir billetes sin respaldo si no se le aprueba esa iniciativa. 5. Consecuencia desastrosa de la intervención del gobierno en su política de estatizar los servicios de salud interviniendo las EPS vía asfixia en los aportes que  obligan al estado. La casi totalidad de indicadores económicas muestra un saldo en rojo. Se ha causado pánico financiero, reducción de la inversión interna y externa, pérdida de confianza, más desempleo, carestía, informalidad.

La Constitución: se ha visto afectada por anuncios temerarios que demuestran intencionalidad y algunos hechos: 1. Ataques a la separación de poderes, menosprecio al Congreso de la República, amenazas y presiones con mítines en contra de las Cortes, manipulación al intervenir y presionar el nombramiento de Fiscal. 2. Anuncio de convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva carta violando los procedimientos claramente definidos en la Constitución, hablar de proceso constituyente o en marcha, llamar el “pueblo” a que se manifieste en las calles, clara intervención en política al hablar de posible alargue del mandato presidencial o de revivir la reelección.

Política de paz y de Fuerza Pública: desde el inicio de su mandato, Petro ha tomado medidas que aunque puedan estar revestidas de legalidad han puesto en peligro la seguridad nacional, incrementado la delincuencia común, fortalecido las guerrillas y los GAO. 1. Llamando a calificar servicios a cerca de 80 generales y altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía, 2.  Desautorizando la renovación de la Fuerza Aérea de combate, impidiendo los bombardeos a las bases de los gaos y guerrillas, haciendo concesiones de control de territorio a esas estructuras sin nada a cambio, entablando negociaciones con el grupo reincidente comandado por jefes de las Farc que negociaron el Acuerdo de La Habana, solicitar que la guerrilla del Eln, sin haber suspendido sus operaciones terroristas sea excluido de la lista de grupos terroristas de la Unión Europea. 4. Romper relaciones diplomáticas con Israel principal asistente en materia de armas, equipos y municiones de las Fuerzas Armadas y de Policía. 5. Otorgar subsidios de a millón de pesos a miles de jóvenes para que no asesinen, reivindicar a los integrantes de la 1ª Línea que han sido judicializados y presionar a la Justicia, movilizar escuadrones de indígenas y personas afrodescendientes y campesinas en forma guardias en formación miliciana aunque sin armas y transportarla por fuera de sus lugares naturales para utilizarlos en la movilización política de apoyo al gobierno. 6. Negarse a fumigar los cultivos ilícitos con la secuela de auge no visto del narcotráfico.

Darío Acevedo Carmona, escrito en junio 2024

En medio de la tragedia que vivimos los colombianos reconforta que estemos despertando del letargo y sacudiéndonos de falsas expectativas con respecto al gobierno de Gustavo Petro, no solo por lo que dicen las encuestas sino también por el ingenio popular para hacer sentir su descontento desde los estadios, los eventos multitudinarios, las reuniones, y otros espacios.

La porfía de este presidente que, en mala hora llegó al palacio de Nariño, parece no tener límites. Ha sido manifiesta en múltiples acciones, medidas, proyectos y declaraciones que, para muchos, es una demostración de locura propia de un iluminado que ya no solo quiere “salvar” a Colombia sino al mundo. Aunque algo de ello es real, no podemos contentarnos con ese diagnóstico que se revela insuficiente.

No voy a mencionar una vez más lo que muchos comentaristas ya han dejado en claro acerca del proceder de quien se ha aliado con sectores de la casta política enemiga, se ha aprovechado de sus mayorías en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para evadir el juicio que se merece por hechos de corrupción mencionados por su hermano, uno de sus hijos y su jefe de campaña, Armando Benedetti. Por los dineros encaletados con suicidado de por medio y rehabilitación de la funcionaria comprometida en esas maniobras. Tampoco es necesario hablar de sus ausencias que han dado lugar a cartas como la enviada por María Jimena Duzán.

Son muchas las aberraciones, abusos de poder y arbitrariedades en que ha incurrido y son de tal calado que, amerita el juicio político de destitución. Pero ¿qué es lo que representa este personaje con ínfulas de líder mundial de la causa del combate al cambio climático? No basta decir “es un lunático”, o un “sicópata” o “un corrupto” o que tiene adicciones como algunos han afirmado.

Petro es ante todo un líder en el campo de la izquierda marxista, de esos que no se quieren etiquetar como tal y por ello se asume cual profeta del desastre de la humanidad culpando a los países imperialistas y los ricos del planeta.

Petro es el portaestandarte en Colombia del proyecto estatista y socializante del Foro de Sao Paulo, forjado por Fidel Castro y Luis Ignacio Lula Da Silva en los años noventa como alternativa latinoamericana al desastre del comunismo.

Por tanto y por ello, debemos entender que Petro es una ficha, relevante, de ese proyecto en Colombia, el cual señalaba la vía democrática y electoral en la lucha el poder e iniciar desde ahí una paulatina o acelerada, según las condiciones, demolición del viejo orden, la institucionalidad, de concentración del poder con amaños y fraudes electorales, de dividir o fracturar el campo enemigo, de estatizar la economía.

Esa película la estamos viendo con diversos niveles de logros y momentos, en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, México y ahora Colombia.

Sus líderes dominan la teoría leninista del poder. Entienden que las fuerzas armadas son el sostén de los regímenes imperantes y temen ver malogrado su ascenso por golpes de estado, aunque utilizan como ventaja que hoy en día no son viables por razones geopolíticas. Ponen en marcha medidas para anular cualquier posibilidad de levantamientos armados en su contra, lo hacen promoviendo su debilitamiento a través de medidas desmoralizantes, también de la decapitación de los mandos más capacitados y de mayor liderazgo o si se quiere, de la corrupción rampante como ha ocurrido en Venezuela.

Petro ha contado con Iván Velásquez, un personaje funesto pero eficaz en la misión de humillar las Fuerzas Armadas no solo en su combate a los grupos armados irregulares, sino llamando a calificar servicios a varias decenas de altos oficiales, ganando el favor de oficiales incondicionales como el director de la Policía y el del Ejército, con su proyecto de “paz Total” y con los primeros ensayos de adoctrinamiento con sus discursos ofensivos y atizadores del odio de clases cuando les habla a las tropas.

No es que sea un loco a secas, un corrupto o un inepto, de lo que ya nos ha dado pruebas, sino que es el agente de un proyecto revolucionario con el que está adelantando, contra viento y marea, la tarea de demolición del estado, de la economía, de la institucionalidad, de la separación de poderes, y, abriéndoles espacios al Eln, a las neo Farc, a grupos criminales, al designar gestores de paz a comandantes del antiguo paramilitarismo y financiar a jóvenes para que no maten, que más tarde podrían ser usados en estructuras paramilitares revolucionarias. Trata de controlar ideológicamente la educación, de hacer ensayos de estatización de empresas, de empobrecer a la clase media en el marco de su teoría del decrecimiento y de quebrantar la política exterior del país. En suma, arrasar todo lo “viejo”, cosa que en otras palabras significa, hacer una revolución.

Darío Acevedo Carmona, 3 de diciembre de 2023

Las circunstancias del momento que vive el país hicieron de las elecciones del pasado 29 de octubre una especie de prueba de fuego sobre la gestión del presidente Petro. En efecto hubo señales en tal sentido, conviene ser muy puntuales en reconocer los eventos en los que las disímiles y numerosas fuerzas opositoras lograron victorias contundentes e impactantes.

Sin duda, la derrota en Bogotá de Gustavo Bolívar principal aliado del presidente tiene un significado muy especial dados los esfuerzos y abiertos apoyos del gobierno en pro de su candidatura. Todo un fiasco perder a Bogotá, la ciudad capital en la que las izquierdas siempre han sido decisivas y en varias ocasiones triunfantes. Las consecuencias se han empezado a ver desde ya, fuego amigo, divisiones, inculpaciones y, pérdida de influencia y poder sobre la alcaldía.

Casi en el mismo nivel de frustración para el petrismo son los resultados negativos en Medellín y Cali, más aplastantes en la capital antioqueña, pero en ambas con el inequívoco mensaje de descontento popular con la gestión de dos alcaldes que naufragan en corrupción, arbitrariedades e ineptitud.

Sumemos el triunfo de Char en Barranquilla y de candidatos adversos al petrismo en Bucaramanga, Cartagena, Manizales y otras capitales, y, las victorias en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Valle, Atlántico, Santander, Meta, entre otros.

Existe una gran dificultad para establecer las cifras exactas obtenidas por cada partido o movimiento de presencia nacional por al menos dos razones, la primera tiene que ver con el carácter regional y local del evento electoral en el que grupos muy diversos de rango circunscrito a un municipio o una región o departamento no articulados con fuerzas nacionales, participan en la disputa. La segunda, con las numerosas y multiformes alianzas en torno a candidatos de unidad no siempre identificados por su apoyo o cercanía con el gobierno. Distinguir cuántos votos aportó cada grupo o partido es imposible.

Sin embargo, lo que si se pudo definir con cierto grado de error es que en varios departamentos y ciudades capitales triunfaron tendencias claramente opositoras y solo unas pocas fueron favorables al petrismo.

No debe sorprendernos que Petro, acorde con su manía distorsionadora, haya salido a invertir los resultados reclamando un triunfo en una contienda en la que salió ampliamente derrotado.

Ahora bien, en cuanto a las conclusiones y perspectivas que podemos desprender del pasado certamen electoral, una excesiva actitud triunfalista no es recomendable, no solo por la naturaleza y el alcance político definido institucionalmente, sino porque la contundencia debe mirarse en concreto en localidades como las señaladas en principio, pero, también, porque a pesar de haberse puesto a prueba la favorabilidad del presidente, no se trató de un referendo o plebiscito que condujera a la renuncia del primer mandatario.

Por tanto, las fuerzas opositoras, no todas ellas en el mismo nivel de definición y compromiso e incluso con grandes diferencias entre algunas de ellas, están retadas a pensar y evaluar una estrategia común con miras a las elecciones para Congreso y Presidencia en 2026. No debe haber disculpas sobre la distancia por recorrer ya que los asuntos a acordar no son de menor monta.

El plan  estratégico debe conllevar a la conformación de un amplio frente unitario, es decir, a reunir, bajo la sombrilla de la unidad y la organización, sin la cual estaríamos perdidos, a tan numerosas agrupaciones. Basta solo con reconocer su atomización reinante en el campo democrático-institucional. Habrá que definir también los temas centrales del programa, el plan de acción inmediato, el papel de la calle, de la movilización de sectores, jornadas nacionales, campañas mediáticas, la estructuración de un frente legislativo de rechazo a los funestos proyectos del gobierno.

Porque si hay algo claro en el horizonte es que Petro y su Pacto Histórico obtendrán más poder con los próximos nombramientos de fiscal y procurador, que continuará llamando a alianzas sin eco, que insistirán hasta el final en los proyectos que han causado tanta alarma económica y social y que Petro estará cada vez más blindado ante la amenaza de un juicio político

Es decir, esta no es una pelea de toche con guayaba madura, ni para él ni para la oposición. Por ello, las fuerzas opositoras afectadas por su gran dispersión política y orgánica tienen que despertar y encarar el desafío, y por eso se justifica preguntarnos ¿quién o quiénes van a liderar la inmensa responsabilidad de iniciar el tejido de esa alianza. Podría darse desde una reunión exploratoria entre los jefes tradicionales de los movimientos y partidos que tienen mayor claridad respecto del peligro de una extensión del proyecto petrista más allá de 2026.

O que los expresidentes Uribe, Pastrana, Gaviria, con jefes políticos como Gómez, Vargas Lleras, verdes, etc., se reúnan para dar unas primeras puntadas. Todo ello pasa por acotar el campo de competidores para evitar la repetición de lo sucedido en 2022, convocar organizaciones y gremios de la sociedad civil, empresarios, retirados de la fuerza pública, cleros, artistas, etc.

Darío Acevedo Carmona, 4 de noviembre de 2023

Petro debe ser enjuiciado y destituido por el Congreso

El presidente Petro y su equipo de colaboradores más cercanos han tomado una decisión radical, pasar, como lo dijo él en intervención agitacional previa a su viaje a la Asamblea General de la ONU, como cualquier agitador de cafetín: “Hoy las armas están al servicio del pueblo …Este apenas es el preludio …La fase que sigue es el gobierno popular…que no se atrevan …nos vamos a movilizar millones en Colombia”.

No se debe olvidar que días o semanas atrás arremetió contra el Congreso porque no le aprobaban sus reformas y citó una marcha en su favor que resultó fallida. Petro quiere anular el órgano legislativo lo que significa un golpe de estado, si como amenaza, llegare a cristalizar su cometido dictatorial. Llamó a organizar y movilizar en su apoyo a millones de campesinos, etnias, jóvenes y trabajadores en defensa de su “cambio”, amedrentando a sus opositores para que no obstaculicen sus iniciativas: “que no se atreven” pues según él, “se encontrarán con un gigante”.

La excongresista y exministra Nancy Patricia Gutiérrez en reciente video denuncia con toda lógica que Petro conduce el país a la “Polarización, la guerra civil y la dictadura”.

El comportamiento de Gustavo Petro incitando y amenazando de la manera citada y de forma tan reiterada constituye un peligro extremo para la democracia colombiana.

Su retórica estertórea con la que busca despertar el entusiasmo del “pueblo” no requiere de un análisis profundo para desnudar que tras ella se esconde su viejo espíritu guerrillero, solapado con habilidad hasta el presente.

Desde el punto de vista de su esfuerzo emocional por convertirse en un caudillo internacional por la salvación del planeta, Petro está dispuesto a saltarse todas las barreras institucionales que para él representen un obstáculo a su proyecto estatizante. Su ego desmesurado lo lleva a perder los estribos a hacer malos cálculos y a sobredimensionar sus capacidades de convocatoria.

En otra perspectiva, Petro puede estar siendo afectado por el miedo a ser destituido bien sea por las denuncias por exceder los gastos de campaña y el ingreso de dineros turbios a su campaña. Varias investigaciones cursan trámite en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y nada seguro es que sus alianzas sean suficientes para disipar el peligro de llevarlo a  juicio al Senado.

Petro sabe que la oposición es aún muy débil, que su imagen negativa en las encuestas es manejable, que los escándalos por corrupción, violación de topes de campaña e ingreso de dineros narcos a su campaña pueden tener consecuencias en el muy largo tiempo a sabiendas de la lentitud de nuestra justicia y en particular de la inoperancia de su juez natural, la Comisión de Acusaciones del Congreso. A lo mejor cree que puede meterle miedo a la sociedad con sus amenazas.

La movilización del próximo 27 de septiembre en Bogotá hay que tomarla en serio. Petro con su habitual verborragia revolucionaria mancilla la investidura presidencia. No está dentro de sus funciones presidenciales acudir a ese tipo de llamados. Es ilegal, además, porque se traduce en el desconocimiento de una de las funciones esenciales del Congreso de la República. El presidente no se puede inventar caminos no contemplados en la constitución y de hacerlo, asumiría un rol dictatorial pues de facto anula o decapita el poder legislativo y lo reemplaza por la muchedumbre, la multitud, reunida sin ser un mecanismo reglado en el marco de la institucionalidad, lo cual significa que Petro incurre en un golpe de estado duro.

Colombia no se había visto en una situación tan dramática y azarosa pues las marchas promovidas tendrán lugar en época electoral, y, por tanto, estaríamos ante una abierta participación del presidente en política, en indebida presión contra los otros poderes del estado, en desconocimiento de su autonomía, en una provocación y amenaza a la Oposición. Y de contera en clara incitación a la violencia.

Con todos los escándalos protagonizados en Colombia y en el exterior, con las evidencias de corrupción, con los incumplimientos que deshonran la figura presidencial con diversos sectores, con su indecorosa e insultante palabrería que desdice de la altura y la donosura propia de un primer mandatario, por sus amenazas y desafíos, por sus llamados al caos y al desorden y su desconocimiento de los canales regulares, Petro debe ser enjuiciado con prontitud y antes de que produzca más daños a las instituciones y a nuestra democracia, llevado a juicio y ser destituido.

Darío Acevedo Carmona, 24 de septiembre de 2023