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VentanaAbierta

  • Confines de un movimiento universitario sin fin

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    Rectores, decanos, organismos de dirección académica, profesores, estudiantes, sindicatos de docentes y activistas políticos se pusieron de ruana el sistema universitario estatal (SUE) al impulsar un movimiento por financiación adecuada que se les salió de madre.

    Le han reclamado a quien nada tiene que ver con el faltante presupuestal lo que nunca a Juan Manuel Santos el verdadero y principal responsable del déficit. Los rectores de las 32 universidades públicas del país, los mismos que apoyaron la política pública de paz del presidente Santos, comprometiendo y violando la autonomía académica, nunca convocaron movimientos de protesta en el octenio santista aunque la desfinanciación ya estaba en su furor.

    Resulta inexplicable que los rectores no hayan tenido en cuenta las circunstancias limitantes del presidente Duque y se hayan puesto a la cabeza del movimiento como si no conocieran los incontrolables demonios que desatarían y que se hayan salido de la órbita de las funciones establecidas para cargos de tan elevada responsabilidad académica.

    Si el presidente Duque hubiera puesto el retrovisor hubiera podido responder negativamente a demandas que escapaban a sus posibilidades, sin embargo, prefirió escuchar, dialogar y negociar, así fuese parcialmente el pliego de peticiones cuyo principal punto era la asignación por decreto de 15 billones para subsanar el déficit heredado.

    El presidente Duque se reunió con el sindicato rectoral de facto y logró un acuerdo que abría margen para cumplir esa demanda en un proceso regulado y en cuatro años. El gremio de rectores se comprometió a convocar a docentes y alumnos a normalizar las actividades.

    Han transcurrido casi dos semanas de tal acuerdo y las marchas, desfiles, bloqueo de instalaciones, actos de violencia en algunos centros y radicalización prosiguen. Los rectores y directivas que complacientes e irresponsables desataron la movilización con discursos floridos creyendo que podrían retornar a clases con un simple llamado, pagan hoy el precio de su torpeza y atrevimiento: el semestre está prácticamente perdido lo cual quiere decir, aspirantes nuevos por miles no podrán iniciar estudios en enero de 2019, miles de millones de pesos se han perdido, dinero de nuestros impuestos, dilapidados, destruidos sin conmiseración, miles habrán aplazado un semestre más su graduación, etc.

    El movimiento ya tiene una duración de más de un mes y como era previsible ha caído en manos de líderes que han impuesto la lógica maximalista del “todo o nada”, en vez de hacerle caso a la voz de los rectores que los llaman a retornar a la normalidad en el entendido de que ya se obtuvo solución parcial a algunas de las necesidades presupuestales y se han creado espacios de concertación para avanzar hacia soluciones de fondo. El nefasto resultado ya se dejó sentir en seis universidades que cancelaron el semestre.

    Los maximalistas nos están demostrando que no basta la justeza y razonabilidad de la causa por una adecuada financiación de las universidades públicas, sino que dicha causa puede ser deslucida, mancillada y hasta negativizada por las posiciones a ultranza que a toda costa e irracionalmente pretenden obligar al presidente Duque a hacer lo que no le es permitido por cuanto mover recursos de un lado para otro requiere trámites complejos y el concurso de varias instancias de poder.

    Pero en este final anárquico, directivos como la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, se ufanan de las “movilizaciones” como factor de presión, les asignan un poder adanista e insisten en reiterar su apoyo al movimiento como se puede leer en apartes de uno de sus comunicados: “Gracias a estas movilizaciones, hoy podemos decir que se han logrado acuerdos y espacios de diálogo y discusión… En este sentido, expreso mi total compromiso con la construcción de una política de Estado para la educación superior y la búsqueda conjunta de soluciones a la crisis, aportando en propuestas y apoyando la movilización y el diálogo.”

    La mano ancha de las directivas con dineros públicos llegó al punto de apoyar a los dirigentes en sus desplazamientos, asambleas y reuniones de activistas y delegados.

    Como ocurre casi siempre, este tipo de movimientos terminan convertidos en teatro experimental de la revolución, en exhibiciones de fuerza, en torneos de repetitivas retóricas, en donde sobresalen docentes eternizados en la dirección de sus gremios y sindicatos gracias en buena medida a asambleas de raquítica asistencia, y donde no faltan los que en su activismo y beligerancia de pose enmascaran su mediocridad o sus incumplimientos como profesores que al cabo de 15 0 16 años de cursar estudios de doctorado con financiación, descargas, permisos y prórrogas oficiales no han presentado su título y se hacen nombrar representantes para negociar con el alto gobierno.

    Minorías beligerantes y radicales de jóvenes adoctrinados a tempranas edades manipuladas por hábiles cuadros de estructuras orgánicas que no dan la cara, pero están detrás avivando la llama de la revolución, contribuyen, quizás sin ser conscientes, a la disolución de los denominados por el filósofo marxista francés Louis Althusser, aparatos ideológicos de dominación de clase entre los cuales el educativo es de primordial importancia.

    Darío Acevedo Carmona, 5 de noviembre de 2018

  • Brasil bajo el ojo tuerto del sociólogo Manuel Castells

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    Manuel Castells, prestigioso sociólogo español publicó recientemente (octubre 10/2018) en el diario El País de España una carta “A los intelectuales del Mundo” en la que los invita a pronunciarse contra el candidato a la presidencia de Brasil Jair Bolsonaro. Afirma en ella que “Brasil está en peligro” porque “puede elegir presidente a un fascista, defensor de la dictadura militar, misógino, sexista, racista y xenófobo”.

    Sostiene Castells que “Fernando Haddad… un académico respetable y moderado, candidato por el PT, un partido hoy desprestigiado por haber participado en la corrupción generalizada del sistema político brasileño” es “la única alternativa posible”. El sociólogo menciona frases de Bolsonaro que suscitan escozor y alarma en sectores de la opinión democrática para justificar que “no podemos quedarnos indiferentes”.

    Advierte que lo suyo “es un caso de defensa de la humanidad, porque si Brasil, el país decisivo de América Latina, cae en manos de este deleznable y peligroso personaje, y de los poderes fácticos que lo apoyan, los hermanos Koch entre otros, nos habremos precipitado aún más bajo en la desintegración del orden moral y social del planeta a la que estamos asistiendo.”

    Y termina convocando a “que cada uno haga conocer públicamente y en términos personales su petición para una activa participación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 28 de octubre, y nuestro apoyo a un voto contra Bolsonaro”, divulgado “en cualquier formato que difunda nuestra protesta contra la elección del fascismo en Brasil”.

    Cuando esta columna esté circulando, muy probablemente se habrá confirmado a Bolsonaro como nuevo presidente del país de habla portuguesa más grande y una de las potencias económicas del mundo. De manera que la campaña de Castells o no tuvo eco o si lo tuvo no ocasionó ninguna alteración de la tendencia a la victoria de este candidato tan mal visto.

    No voy a entrar en la discusión sobre la caracterización que de Bolsonaro se hace en las carpas de la izquierda, la extrema izquierda y otras fuerzas políticas que van desde los verdes, los progres, liberales, socialdemócratas, demócratacristianos, conservadores, centristas y hasta derechistas moderados, o simplemente, como Castells, sin partido, cual de todas más alarmista. Pero me parece que descartar la amplia, voluminosa y comprobada corrupción del PT y sus expresidentes Lula Da Silva condenado y en prisión y Dilma Roussef, destituida, como factor explicativo del descontento de la ciudadanía y su búsqueda de un líder que les devuelva la esperanza, es, al menos, un ejercicio antisociológico.

    Entiendo que Brasil debe ser visto como un laboratorio en el que se puede apreciar en vivo y en directo el desengaño de la población con las promesas populistas del modelo estatista del socialismo bolivariano y con la desenfrenada y cínica escalada de corrupción de quienes predican la igualdad y la justicia social mientras saquean a manos llenas el erario. Por eso sonaría más correcto decir que Brasil está en peligro desde que cayó en manos del proyecto “Foro de Sao Paulo”.

    La carta de Castells es un buen ejemplo de tuertismo político puesto que no ve el papel de la corrupción petista como factor de decepción de amplios sectores de la población con el partido de los Trabajadores (PT). Y también en cuanto omite hacer referencias a la dramática situación de Venezuela y Nicaragua donde gobiernan dictatorialmente movimientos afines al PT y al Foro de Sao Paulo.

    Su voz de alarma ante el peligro del triunfo de Bolsonaro suena incoherente ante el inexplicable silencio que guarda respecto de los regímenes totalitarios, represivos y autoritarios de Ortega y Maduro y desproporcionado en el sentido de que mientras quiere llamar la atención sobre algo que no ha ocurrido, deja de hacerlo respecto de la orgía de asesinatos oficiales y represión violenta que está ocurriendo y el mundo está presenciando en Nicaragua y Venezuela.

    Daniel Ortega está siendo rechazado por una población cansada de sus oscuras maniobras, de su corrupción, del control de los medios, su manipulación de las cortes y la constitución para perpetuarse en el poder y que lleva a sus espaldas más de 420 ciudadanos asesinados por escuadrones de policías y de matones paramilitares.

    El heredero de Chávez, Nicolás Maduro en Venezuela, esgrime como proeza haber finiquitado la destrucción de uno de los países más ricos del mundo, empobreciendo a millones de compatriotas, encarcelando a sus líderes, torturando a los opositores, apoderándose de los medios, eliminando y reprimiendo a los manifestantes. Sus muertos en las calles a manos de policías y colectivos paramilitares suman más del medio millar y centenares los encarcelados.

    Castells no tiene ojos para eso y tampoco para la longeva dictadura castrista en Cuba que ha forjado su poder omnímodo en escuadrones policiales que controlan la vida cotidiana de los cubanos y encarcelan a los disidentes.

    Para Fidel, Raúl, Daniel, Hugo y Nicolás no hay cartas de rechazo, ni una campaña por libertades o contra el delito de opinión y tantos otros atropellos a la dignidad y a los derechos humanos.

    Darío Acevedo Carmona, 29 de octubre de 2018

  • ¿Hay monstruos entre los humanos?

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    La respuesta a esta pregunta es afirmativa, añadamos que los hay por todas partes y que representan un peligro para la sociedad, no obstante, no está claro ¿qué hacer con ellos?

    Los monstruos hacen cosas que el común de los humanos consideramos muy violentas, agresivas, destructivas, dañinas, inmorales, ofensivas, en grado superlativo como por ejemplo violar, asesinar y secuestrar niños. Es tan ofensivo ese tipo de delitos que hasta la población carcelaria repudia a sus autores y trata de lincharlos cuando son llevados a prisión.

    A este tipo de personas, como es el caso de Garavito, no se les puede castigar con la misma medida que se aplica a un ladrón. Varios delitos contra niños de reciente ocurrencia han sacudido en profundidad el alma de los colombianos: las niñas Samboní y Génesis y el chico Cristo José.

    La indignación generalizada lleva a exigir castigos severos para esos monstruos que según estudios tienen un rayón sicológico incurable. La pena de muerte se ha planteado como una opción de castigo extremo teniendo en cuenta ese factor, pero, razones religiosas y morales frente a la vida como don intocable, la hace descartable. De ahí que tome fuerza la idea de cadena perpetua.

    Esta pena se encuentra vigente en más de 120 países, en casi toda Europa, Norteamérica, toda Oceanía y casi todos los países de Africa y Asia para delitos como traición a la patria, violación y asesinato de niños, terrorismo, etc.

    Las razones que se aducen para incorporarla en los códigos penales se basan en la idea de que esa clase de delincuentes son tan peligrosos para el resto de los mortales que dejarlos libres es dejarles la puerta abierta para que reincidan.

    Quizás en la base de estas consideraciones esté la idea Hobessiana según la cual el hombre es un lobo para el hombre, algo así como que el principal enemigo del hombre es el propio hombre y, en consecuencia, la existencia de la norma y la ley expresada de muchas maneras cumple la misión de fijar límites al comportamiento humano.

    La ley y el castigo juegan un rol determinante en el proceso civilizatorio del homo sapiens. En la medida en que los pueblos se hicieron más complejos, las leyes civiles y las normas morales y religiosas tomaron más cuerpo y el control de las conductas dejó de ser algo simple abriéndole espacio al surgimiento de la noción de justicia como instancia indirecta que se materializa en instituciones y cuerpos ajenos a los implicados en un conflicto.

    Acudo a esta divagación porque hace unos días la periodista de Bluradio Medellín, Ana Cristina Restrepo, en un editorial matutino se manifestó en oposición al clamor ciudadano que pide implementar la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños en reacción a hechos luctuosos recientes, y la calificó de “populismo judicial”, propia de países subdesarrollados, con hacinamiento carcelario, por “vengativa” y porque no subsana los daños sufridos por las víctimas

    Creo que nadie en sana ley pretende que el castigo de prisión devuelva el daño causado por homicidio o lesiones, sino que cada delito debe recibir una pena proporcional al daño causado a la sociedad y a las personas y cumple una función ejemplarizante y educativa. La idea de venganza es, nos guste o disguste, subyacente al castigo. La crítica de Restrepo sobre este tópico de llevarse a otros delitos ya que ninguna pena resarce a la víctima y a la sociedad plenamente, tendría efectos catastróficos.

    Oponerse a penas severas por su supuesto carácter vengativo es igualar todos los delitos o a idealizar la condición humana y creer que algún día podremos vivir sin leyes y por tanto sin castigo.

    En toda sociedad las leyes son enseñadas desde la infancia y en el proceso educativo se incluye la presencia del castigo para quienes las violan. Eso quiere decir que la educación y la disuasión van de la mano en la justicia. No basta la educación, tampoco la disuasión, ambas son indispensables y la dureza de la pena no significa mayor o menor cultura o desarrollo.

    Referirse al hacinamiento en las cárceles para validar o invalidar una penalidad es absolutamente improcedente cuando sobre el tapete está un asunto tan delicado como el asesinato y violación de niños. Al que es pillado in fraganti en un caso de estos no se le puede llevar a juicio en condición de excarcelación so pretexto de hacinamiento. No creo que es lo que ella haya sugerido, pero más vale aclarar.

    La periodista citó la experiencia de Suecia en el manejo de su justicia penal, habló de su exitosa educación y de su altísimo nivel de igualdad social como factores para evitar esos delitos. Sin duda, debe ser así y es lo deseable. Pero, no vivimos en sociedades ideales libres de pasiones negativas y destructoras. Países de las mismas características como Holanda, Francia, Dinamarca (en este país existe la pena de muerte) aplican cadena perpetua a los delitos en mención. El tema pues no es de cultura o incultura, sino de que ese tipo de delitos, así sean pocos, deben y merecen ser castigados con la mayor severidad.

    Darío Acevedo Carmona, 22 de octubre de 2018

  • Le cobran al presidente Duque cuentas ajenas

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    Tan pródigo es el legado que Juan Manuel Santos le dejó al nuevo gobierno y al país que el listado incluye un paro nacional de profesores, estudiantes y directivas del sistema educativo público y privado.

    Los problemas de desfinanciamiento de las universidades públicas, según palabras de un rector que habló en el Congreso se remontan a la Ley 30 de 1992. Un líder estudiantil dijo que vienen desde 1998. Y no pueden faltar los dinosaurios marxistas que remiten todo a fallas estructurales del sistema y el modelo.

    Nadie se refiere al descuadre gigantesco de las finanzas públicas ocasionado por el expresidente Santos. Y ningún rector habla de los problemas que agobian a los claustros en materia de calidad de la enseñanza y la investigación, la carga de los profesores, la politización de los claustros y todo aquello que signifique mirarse el ombligo.

    El presidente Duque apenas está echando a andar sus políticas públicas, de modo que no se le puede responsabilizar del estado calamitoso de las finanzas universitarias ni de las fallas de las universidades en el cumplimiento de sus fines misionales. En cambio, hay políticos populistas y demagogos y activistas al acecho de las carencias sociales, que existen y deben resolverse, prestos a capitalizar el descontento y promover las movilizaciones callejeras que consideran más efectivas que la discusión razonable en los espacios en donde se definen los problemas con argumentos.

    La politización de la academia por parte de fuerzas de izquierda y del gobierno en el pasado octenio nos da la clave para entender el por qué se adelanta este cobro de cuentas a todas luces injusto. No se hizo antes porque la orientación de esas izquierdas era la de apoyar la paz de Santos, a su vez, el expresidente irrigó algunos recursos para pagar dicho apoyo. Las universidades públicas y privadas apoyaron acríticamente las negociaciones de La Habana, reventando la autonomía académica al casarse con una política gubernamental y creando centros de pensamiento, cátedras, usar las redes y medios institucionales, organizar eventos no académicos en los campus, foros en los que se anuló el debate y muchas otras actividades.

    El trasfondo político de la movilización se aprecia con claridad en muchas de las consignas y el contenido de los discursos de los dirigentes. En ellos culpan al uribismo, al Centro Democrático y al presidente Duque por la crisis de las universidades como se lee en uno de los miles de mensajes: “señor @IvanDuque, Uribismo, aquí está el mensaje de la sociedad crítica ante las nefastas decisiones de invertir más en guerra que en educación.”.

    Cuando lo cierto es que en los ocho años precedentes quien dilapidó el presupuesto nacional en publicidad pacifista y mermelada corruptora a borbotones a expensas del erario fue el expresidente Santos. Se omite decir que el gobierno actual trabaja con el presupuesto aprobado por esa administración, desfinanciado en 25 billones de pesos y que cualquier cambio o reforma que se le quiera hacer debe atenerse a procedimientos de ley.

    No podía faltar el recurso contra la privatización de la Universidad pública, una bandera que se esgrime desde fines de los años sesenta tan deshilachada que no genera credibilidad, pero es eficaz para convocar a un público que por su condición transitoria no cae en cuenta de la demagogia que encierra.

    Y el esfuerzo por resucitar las viejas consignas de cogobierno y gratuidad total, muy atractiva esta última a primera vista, pero que esconde grandes equívocos y falacias propias de quienes creen que el Estado debe y puede, sin especificar de dónde han de salir los recursos, establecer esa prerrogativa, que, además, es sumamente inequitativa puesto que eximiría de pagar a quienes pueden hacerlo.

    Tampoco se les aclara a los estudiantes que la otra forma de financiar tal gratuidad es elevando impuestos considerablemente, medida que rechazan los profesores universitarios que aprovechan este movimiento para protestar contra la reforma fiscal de Santos que gravó sus salarios.

    ¿Por qué, entonces, le quieren cobrar al presidente Duque, los platos rotos, las cargas e incumplimientos que recibió de su antecesor? ¿Creen los rectores y los líderes del movimiento que los costos del acuerdo de paz, el inclemente menoscabo de los dineros públicos, la ofensiva corrupción oficial, el bajísimo crecimiento de la economía colombiana y la llegada de millones de hermanos venezolanos que huyen del terrible desastre de la dictadura castrochavista, no afectan las finanzas del estado?

    Los rectores coincidieron con Petro en exigirle a este gobierno resolver positivamente la totalidad de demandas y por eso consideran insuficiente lo planteado por la ministra de Educación, el presidente Duque con aval de todas las bancadas del Congreso (partida adicional de 500mil millones, aumento del presupuesto de educación en términos reales en 4 años por encima del 15 por ciento, 42 billones para 2019, por encima del presupuesto de defensa).

    Por lo anotado es que tenemos razones para pensar que el movimiento es desproporcionado y extraño. Desproporcionado porque la paralización de las actividades educativas nunca podrá ser un recurso aceptable ante un gobierno democrático y abierto al diálogo.

    Y extraño porque ha sido contaminado por Petro y sus activistas, porque se han sumado los establecimientos privados a quienes les queda bien feo pedir comida con el estómago lleno y porque de las directivas de las universidades públicas es de esperarse una actitud de diálogo y concertación en vez de contemporización con los llamados a la parálisis.

    Darío Acevedo Carmona, 15 de octubre de 2018

  • La batalla por la Verdad y la Memoria

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    La verdad y la memoria, el ideal de justicia, la defensa de la integridad de la Constitución, la convicción moral en la causa democrática, fueron objeto de negociación claudicante en La Habana. Allá y en escenarios como la ONU, el expresidente Santos demeritó la lucha del Estado contra las guerrillas terroristas.

    Al aceptar el establecimiento de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y su conformación con personas claramente favorables a la mirada izquierdista sobre la violencia política colombiana reciente, le abrió campo a uno de los sueños más preciados de las guerrillas comunistas: imponer su verdad definitiva del “conflicto armado”.

    La CEV trabaja en simultáneo con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) cuya misión es procesar judicialmente a responsables de graves delitos en el marco, no de la justicia internacional y de nuestra constitución, sino en el de la justicia transicional. También funciona una Comisión de la Memoria Histórica.

    Sobre esos temas se libra una intensa batalla  entre quienes sostienen que en Colombia hubo una guerra civil o conflicto armado o un levantamiento justiciero contra la dictadura civil del Frente Nacional con el trasfondo de la propiedad de la tierra y la exclusión política, de un lado, y quienes pensamos que la confrontación de las guerrillas con el Estado colombiano surgió como expresión de proyectos revolucionarios comunistas en la dinámica de la guerra fría, que pretendieron acceder al poder a través de la lucha armada y en dicho camino fracasaron y se criminalizaron cometiendo innumerables crímenes de lesa humanidad.

    El diseño y las funciones asignadas a las comisiones creadas terminarán consolidando el control de la verdad jurídica, la verdad histórica y la memoria por parte de la narrativa guerrillera.

    La jurídica porque no tendrá como referente la normatividad vigente de la justicia humanitaria internacional ni el bloque de constitucionalidad colombiano sino una legislación transicional benévola que tiende a la impunidad.

    La histórica porque se adopta un modelo ensayado para países en franca guerra civil o gobernados por déspotas o dictadores sanguinarios, situaciones con las que no encaja el sistema democrático colombiano.

     Y la memoria porque se privilegia el testimonio de las víctimas del Estado al que, de paso, se culpa de impulsar una política oficial de violación de los derechos humanos.

    En relación con la verdad histórica, hay que añadir que se pretende deformar su carácter académico, libre de sesgos ideológico e intereses políticos. Por los trabajos realizados hasta el presente por la comisión presidida por el sacerdote De Roux se puede decir que está invadiendo competencias de la JEP.

    Debemos reiterar que el espíritu académico riñe con comisiones. La CEV quiere hallar la verdad final, de cierre queriendo ignorar que la verdad histórica, en sentido académico, es más especulativa, puede inspirarse en diferentes enfoques, metodologías y paradigmas que en vez de cerrar pueden llevar a la apertura de debates no necesariamente contradictorios ni necesariamente complementarios. Los resultados en esta perspectiva son sometidos al escrutinio y evaluación de pares, de la comunidad académica y del público crítico.

    Lo explica más nítidamente el prestigioso historiador francés Maurice Agulhon[i] cuando plantea que hablar de verdad o falsedad “corresponde a la llamada ´historia del acontecer´”, pues “es con relación a un hecho preciso que podemos hablar de lo verdadero o de lo falso”. Y agrega, “Pero los historiadores no se contentan con esto. Buscan alcanzar interpretaciones y conclusiones generales.” Y afirma que es dudoso que a ese nivel se pueda calificar una interpretación como verdadera o falsa.

    La verdad histórica, por tanto, es del resorte de la academia no de comisiones cuyos resultados presumen de incuestionables.

    Sobre la memoria de la violencia y el terror político creo pertinente acudir a la reflexión del escritor y reportero del New York Times, David Rieff[ii], quien advierte sobre los peligros de usarla con fines de retaliación o venganza o con intencionalidad política o ideológica: “La memoria histórica colectiva tal como las comunidades, los pueblos y las naciones la entienden y despliegan… ha conducido con demasiada frecuencia a la guerra más que a la paz, al rencor más que a la reconciliación y a la resolución de vengarse en lugar de obligarse a la ardua labor del perdón.”

    La memoria puede llegar a ser un sentimiento colectivo unificador en la narrativa de un pueblo o nación o comunidad como en el caso de los judíos ante el horror nazi. Pero, también puede ser selectiva, no unificadora, como en los Balcanes o los colombianos.

    Por tanto, lo deseable es que la verdad y la memoria sean abordados con criterios profesionales y técnicos abiertos. En tal sentido, los productos de la memoria deberían ser clasificados, divulgados y puestos a disposición del público y de los académicos en su sitio adecuado: el Archivo General de la Nación. Y la verdad histórica remitida a Colciencias como una línea macro de investigación bajo los mismos parámetros vigentes para los conflictos políticos y sociales.

    Coda: La propuesta formulada por el Centro de Estudios DeJusticia y la Universidad de Oxford[iii] (con el apoyo de Open Society Human Rights Initiative) a la CEV de crear una sección que investigue la “complicidad empresarial” en el “conflicto armado” con grupos paramilitares y en violaciones a los DDHH, revela un injustificado sesgo antiempresarial en línea con la narrativa guerrillera que estigmatiza a finqueros, hacendados y ganaderos como promotores del paramilitarismo. Por coherencia deberían proponer que se haga lo mismo con intelectuales, académicos, periodistas, activistas de Ongs, sindicalistas, congresistas, partidos, personalidades que apoyaron o financiaron de alguna manera las acciones criminales de las guerrillas.

    Darío Acevedo Carmona, 8 de octubre de 2018

    [i] Gadofre Gilbert, director, Certidumbres e incertidumbres de la Historia. Editorial Universidad Nacional de Colombia y Editorial Norma S. A. Bogotá, 1997, pp. 251-259.

    [ii] Rieff David, Contra la Memoria. Random House Mondadori, SAS, Cota, Colombia, 2012, pp. 37-38

    [iii] Autores varios, Cuentas claras. DeJusticia, Ediciones Antropos, Bogotá, D.C. febrero 2018.

  • Fronteras de la política

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    Para decir lo que voy a decir quiero dejar claro que parto del principio de que cualquier ciudadano puede y debe participar en política sin perjuicio de entender la conflictividad entre actividades, oficios, profesiones y dignidades con la acción política.

    El estado republicano y democrático-liberal instauró la ciudadanía, un valor altamente político acompañado de deberes y derechos cuyo ejercicio supone atributos e impedimentos, reconocimiento de fronteras fuertes o leves, duras o porosas que las personas deben discernir y respetar de tal forma que se entienda qué corresponde y qué no al mundo de la política.

    Una primera frontera de la política moderna es la que se da con la religión y las iglesias. Alude a la implantación, lenta pero firme, de la separación de la iglesia y el estado, acuñada en la frase romana “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahí se resguarda la acción política de la muy fuerte influencia moral que tenían los curas sobre la población y de la utilización del púlpito, la sotana y la investidura sacerdotal para fines partidistas y proselitistas, lo cual no les impide, en tanto ciudadanos, ejercer sus derechos electorales.

    Una segunda frontera es la que existe con la Justicia. Este sí que es un mundo en el que permitir que lo político contamine o franquee la impartición de justicia es fatal para el ordenamiento institucional y social. Por eso la Justicia es representada por una diosa (Artemisa o Astrea) vendada para que no vea el reo, espada en mano para castigar y una balanza para sopesar lo bueno y lo malo del reo. Juez, magistrado, corte o tribunal que actúe bajo imperativos partidistas o de facción distorsiona su misión. Al igual que con los curas, los jueces no pierden sus derechos políticos.

    Una tercera frontera es la que tiene que ver con la academia. De alguna manera el profesor se asemeja al sacerdote por su estatus especial de persona escuchada, con autoridad y liderazgo, además de contar ambos con públicos cautivos. Pero su función principal es la de educar, crear y divulgar conocimiento.

    La misión de la institución educativa estipula con rigor que el docente o el científico no deben usar el aula, la cátedra, el laboratorio y sus clases para difundir sus ideas políticas o adoctrinar a sus discípulos. Además, que no se use el prestigio alcanzado en el ejercicio académico como carta de presentación para justificar o darles brillo a sus posturas políticas.

    ¿Se puede ser un buen académico y un buen político?, aunque es raro, no es imposible, pero ser lo uno no garantiza lo otro. Un docente o investigador puede ser muy exitoso en su labor académica, pero ello no tiene por consecuencia que en su actividad política le ocurra algo similar, o que por ello sea más creíble.

    La experiencia vivida desde hace varias décadas en las universidades públicas respecto de la relación conflictiva entre vida académica y militancia y actividad política es algo sobre lo que es preciso debatir mucho más de lo que se ha visto. Las universidades han sido utilizadas de manera sistemática como espacio de confrontación política, arena de combate ideológico, fortín de propaganda y publicidad de ideas de izquierda y hasta campo de paradas cuasimilitares de encapuchados.

    Nada de eso tendría que ocurrir en las instituciones académicas puesto que esa no es su misión, pero, se arguye que la universidad no puede ser neutral o insensible frente a los problemas de la nación, una idea con la que se quiere validar el aprovechamiento de la libertad de los campus y la presencia de una población joven que tiende a ser crítica, para promocionar causas político-partidistas.   

    Se trata, sin duda, de una grave distorsión de la misión de la academia. No porque los miembros de ella deban ser indiferentes con los temas políticos sino porque se confunde a las personas y su condición ciudadana con la misión institucional. Es comprensible que investigadores, profesores y estudiantes pueden interesarse e intervenir en política, pero, es deseable que cuando lo hagan entiendan y respeten la autonomía académica y que la acción política discurre por otros espacios: la calle, la plaza, los medios, las urnas, el congreso, entre otros.

    Un ejemplo concreto que ilustra lo dicho es el movimiento que algunas directivas, profesores y estudiantes de universidades públicas están fraguando en estos momentos para exigir un presupuesto adecuado, la derogatoria de los artículos de la última reforma tributaria que graban los gastos de representación de los profesores y otros temas puntuales.

    Sus gestores no reconocen el error de haberse comprometido con la causa política de la paz de Santos, cuyos costos jurídicos, institucionales y económicos son elevadísimos. Mientras aplaudían, Santos pasaba sin resistencia su reforma tributaria que ahora quieren cobrarle a un presidente que apenas se posesiona y que aún no ha echado a caminar toda su política educativa.

    El sistema universitario público y privado fue cooptado para una causa política, que nos interesa a todos como ciudadanos mas no a instituciones académicas. Bajo la sombra del alero pacifista se crearon centros de pensamiento, grupos de investigación, se organizaron foros, congresos de los pueblos, se han usado masivamente las redes y los medios académicos para divulgar las negociaciones de paz, profesores se convirtieron en activistas de esa causa, se crearon cátedras sobre el tema, en esta ocasionan proponen la creación de un movimiento profesoral permanente.

    El signo invariable de este conjunto fue el sesgo izquierdizante, la ausencia de debate, el aplauso incondicional a la paz Santos-Farc y la condena y exclusión a sus críticos.

    Darío Acevedo Carmona, 1 de octubre de 2018

  • No damos más señor Arnault

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    Setenta y seis billones de pesos ($76.000.000.000.000), es decir, más de 25 mil millones de dólares, es el costo de la implementación del acuerdo de paz Santos-Farc (APSF). Si lo que gastó el derrochón gobierno anterior dejó las arcas del erario en la inopia, ¿qué podemos esperar del compromiso que nos legó?

    Por eso causa alarma que el señor Jean Arnault, jefe de la Misión- ONU para la paz en Colombia, le hiciera al presidente Iván Duque un llamado a seguir adelante con la “implementación del acuerdo” y consolidar de esa manera la paz, sin referirse a los desaforados costos ni a los precarios apoyos de la comunidad de naciones, sin hacer mención a las insuficientes “ayudas” de algunos países que cuando más no pasan de unos cuantos miles o millones de dólares.

    Supongamos que los colombianos, que somos generosos con los esfuerzos verdaderos de paz como lo hemos demostrado en el pasado, aceptamos hacer ese inmenso sacrificio para crear, en la práctica, un para-estado que es a lo que estaríamos impelidos para alcanzar la anhelada pacificación.

    Supongamos también que los colombianos estamos dispuestos a digerir los gigantescos sapos que consagran la impunidad de unas guerrillas responsables de delitos atroces cometidos por sus jefes de manera sistemática y a ver algunos de esos jefes en el Congreso hablando de moralidad, de justicia, contra la corrupción, etc.

    Supongamos que, igualmente, los colombianos pasaríamos de agache que el presidente Duque, en aras de esa paz bizarra, renuncie a modificar algunos aspectos del APSF. Y muchas otras cosas indigeribles que nos empujarán a las malas por nuestro esófago.

    Pero, y el “pero” no es caprichoso y es bien grande, resulta que ni así, es decir, que ni sacrificando nuestras legítimas aspiraciones de justicia, transicional claro está, ni nuestro derecho a superar las graves falencias socioeconómicas, o el derecho de las víctimas a ser reparadas, observamos un cuadro esperanzador de paz.

    El mismo día en que el señor Arnault le decía esas palabras al presidente Duque, las mal llamadas disidencias de las Farc asesinaban a tres jóvenes geólogos y herían a varios más de un grupo de civiles desarmados contra los que abrieron fuego sin ton ni son.

    Esas “disidencias”, según una crónica del New York Times, que en principio estaban conformadas por unos centenares de guerrilleros que no acataron la orden de desmovilizarse, ahora pueden haber recibido el 40 por ciento de los ocupantes de las zonas de transición que las han abandonado.

    La deserción de jefes del Secretariado de las Farc como Iván Márquez, “El Paisa”, “Romaña”, que otros, como Joaquín Gómez, vivan en las sombras sin presentarse a su justicia, es decir, a la JEP, además de los que se quedaron en las selvas a manera de retaguardia por si fracasa la paz, es una situación cuya gravedad no puede ser minimizada ni por el gobierno nacional ni mucho menos por la Misión ONU garante de ese acuerdo.

    Las disidencias están atacando comunidades, lucrándose del floreciente narcotráfico, comprando armas, asesinaron cruelmente a tres periodistas ecuatorianos, asaltan bases militares, matan soldados y policías de una Fuerza Pública que cree vivir en un país en paz.

    Agréguese a ese panorama inquietante, el accionar terrorista del ELN con sus secuestros, emboscadas y ataques a la infraestructura y con sus exigencias para negociar en condiciones de impunidad similares, como no, a las de sus epígonos farianos.

    Y, por supuesto, cómo no tener en cuenta la presencia de violentas bandas criminales en zonas rurales y urbanas que viven del narcotráfico y en enfrentamientos ocasionales con otros grupos ilegales con los que se disputan el control de los cientos de miles de hectáreas sembradas de coca que dejó el APSF.

    De manera que no es mala fe, no es egoísmo, no es amor a la guerra, no es que seamos pendencieros, no es que no deseemos la paz, lo que hace que la inmensa mayoría de colombianos desconfiemos de las bondades de un acuerdo mal hecho. Son las realidades que vemos en la palabra de una guerrilla cuyos jefes hablan con cinismo y esconden bienes para no reparar a sus víctimas y algunos de los cuales siguen, como Santrich y al parecer Márquez, traficando cocaína.

    Se le puede agradecer al señor Arnault su buen deseo, pero, la verdad es que, de una persona de su rango, lo que se espera es una posición más enérgica y resuelta para con una guerrilla que a todas luces está violando lo firmado, a la que se le ha otorgado muchísimo más de lo que se merece y por encima de las leyes nacionales e internacionales. Es ella y no el gobierno Duque la que debe dar todo de sí para que al fin se desmovilicen todas sus estructuras “disidentes”, entreguen sus bienes, reparen a sus víctimas, dejen sus actos obscenos de darle estatus de heroísmo a sus crueles actos de terror y de organizar homenajes a sus muertos.

    Los colombianos no podemos dar más, rebajarnos más, humillarnos más ante los grupos ilegales que nos han maltratado por más de medio siglo.

    Darío Acevedo Carmona, 24 de septiembre de 2018

  • Limitaciones a la gobernabilidad y modificaciones al acuerdo Santos-Farc

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    De un artículo reciente del exmagistrado Jesús Vallejo Mejía (Pianoforte.com) quiero destacar el siguiente apartado, carente de desespero o desconfianza hacia el presidente Duque. Dice Vallejo que debemos “darle un voto de confianza a Duque”, sin perjuicio de escuchar “el justo clamor de sectores que se sienten desatendidos por sus primeras decisiones de gobierno. Hay rumbos que sería conveniente enderezar desde ya en aras de la gobernabilidad que tan esquiva se le presenta.”

    Hay que entender, agregaría yo, las difíciles circunstancias que rodean la gestión del primer mandatario: la situación desastrosa de las finanzas públicas en que las dejó el expresidente Santos, la desfinanciación del presupuesto de 2019 en programas sociales, la calamitosa crisis de la justicia, el renacer de la inseguridad y de la violencia, el peligroso estado de los acuerdos de paz amenazados por el doble juego de algunos capos del Secretariado de las Farc, el auge récord de los cultivos de coca y la consecuente amenaza de descertificación por parte de los EE. UU., entre otras. Esto en relación con lo que corresponde al estado de cosas recibido y sobre el cual el presidente Duque no ha hecho el corte de cuentas que le permitiría librarse de pagar los platos rotos y las culpas de ese infausto mandato.

    Por otra parte, la insoportable paridad de las fuerzas políticos que en el Congreso se declararon gobiernistas, independientes y opositoras, le amarra las manos al presidente Duque para impulsar algunas de las iniciativas claves enunciadas en la campaña, en particular las relativas a las modificaciones del acuerdo de paz Santos-Farc.

    Y, por último, las limitaciones no solo de lugar y modo sino de tiempo en el mando, escasamente cinco semanas en las que ha tenido que responder a innumerables cuestiones entre urgentes y delicadas.

    Pero, ninguna de las limitaciones anotadas tendría por qué conducir a desestimar algunas quejas y críticas que se vienen presentando sobre hechos puntuales en los que se observa un desliz o un error fruto, quizás, de la confusión o de los afanes. El gobierno no es solo el presidente Duque, él tiene ministros y asesores que le hablan al oído y que tienen la obligación de advertirle del peligro o los líos con algunas de las medidas tomadas por él.

    Insisto, en el mismo espíritu en que lo hace con toda buena intención y respeto el exmagistrado Vallejo, en que no se trata de asuntos insolubles y en que desde fuera del gobierno se aprecian ciertas cosas que no llegan a las alturas del poder o, también, temas de las alturas cuyas dinámicas no logramos entender desde fuera, deficiencia que se puede resolver con adecuados procedimientos y canales de comunicación.

    A mí en particular me inquieta la suerte que vaya a correr la promesa de introducir modificaciones al Acuerdo de paz. Los escándalos e incumplimientos que estamos presenciando por parte de Iván Márquez y otros altos dirigentes de las Farc confirman las sospechas sobre el doble juego de esta guerrilla con la paz y con la alternativa armada. En ninguna parte del acuerdo figura el compromiso de ellas a renunciar en definitiva a las armas y ahí tenemos como motivo de inmensa preocupación las llamadas disidencias en número de frentes y miembros cada vez más en aumento.

    Hemos escuchado que están en curso tres modificaciones, a saber: 1. Eliminación del narcotráfico como delito conexo al delito político. 2. Que en adelante los responsables de crímenes de lesa humanidad deben ir a la cárcel y, 3. Que estos delincuentes no puedan estar en órganos de representación popular hasta tanto no paguen sus penas.

    En los tres casos, en realidad, no hay modificación del acuerdo sino leyes a futuro, para algo que no ha ocurrido y no sobre sobre lo que consagró la mayor impunidad de nuestra historia. Además, mantener la figura del delito político en una democracia y un país que se dice estar en paz, es un absoluto contrasentido. De esa forma quedaríamos validando de antemano nuevos “levantamientos armados” consolándonos con interponer algunas objeciones.

    Es cierto que la correlación de fuerzas en el Congreso para sacar adelante una ley de modificaciones de los acuerdos no nos da garantías de aprobación. Pero hay que intentarlo y poner el tema ante la opinión pública pues si resulta imposible hacerlo por esa vía, entonces se apele a la convocatoria de un referendo revocatorio de algunos de los puntos que mayor impunidad contienen.

    La recomendación de implementar los acuerdos que hiciera el experto en solución de conflictos y reintegración y acompañante de la impune política de paz de Santos, Alejandro Eder, formulada en reciente entrevista (El Tiempo, 10/09/2018) en el sentido de que lo más indicado es consolidar “la paz”, no debe merecer la atención del presidente Duque que sintetizó la bandera de las modificaciones en la expresión “Ni trizas ni risas”. Así pues, el planteamiento de Eder nos lleva al siguiente dilema: o se renuncia a hacer las modificaciones implementando el acuerdo o se agotan todos los caminos posibles para hacer los cambios.

    Darío Acevedo Carmona, 17 de septiembre de 2018

  • La tragedia de Venezuela y su pueblo

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    Algo parecido a los sucesos que ocurren en Venezuela no lo habíamos presenciado los latinoamericanos en las dos centurias de vida independiente de nuestros países.

    Tenemos noticia de éxodos de miles de militantes perseguidos por dictaduras que implantaron regímenes de terror y persecución, de migraciones en gran escala de gentes que salen en busca de nuevos horizontes económicos ante la falta de empleo o la miseria insoluble.

    Pero, nada de lo que haya ocurrido en el pasado tiene los ribetes trágicos de lo que experimenta el pueblo venezolano en el momento actual. Si nos preguntamos a qué se debe que miles de miles de personas, quizás varios millones en un lapso relativamente corto de tiempo estén saliendo hacia los países vecinos realizando extensas caminatas, enfrentando las inclemencias del hambre, del clima y del desarraigo, escucharemos todo tipo de explicaciones según el lugar del espectro político desde el que se hable.

    Lo cierto del caso es que Venezuela, siendo uno de los países más ricos y poseedor de la mayor cantidad de reservas de petróleo del orbe, donde se dan el lujo de adquirir la gasolina más barata que el agua (como que con un dólar se pueden comprar 3,5 millones de litros de petróleo, ver http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/subir-gasolina-mas-barata-del-mundo-hasta-donde-puede-llegar-maduro_246704) hoy ha reducido su producción en más de 1,5 millones de barriles diarios, no hay medicinas, no hay oferta de alimentos en las cantidades y precios adecuados para sobrevivir.

    Pero, además de haber matado la gallina de los huevos de oro, el gobierno de ese país se empeñó en adelantar un proyecto de socialismo bolivariano, copiando el modelo castrista, atacando la empresa y la propiedad privada, persiguiendo a empresarios, causando la emigración forzada de los empleadores que, impotentes, presenciaron la nacionalización y expropiación de sus activos, bienes y patrimonio.

    El estatismo adoptado por Chávez y Maduro convirtió el agro productor de alimentos en un desierto y en materia política y electoral jugaron y atropellaron la constitución, organizaron fraudes para alterar los resultados y perpetuarse en el poder. Convirtieron su ideología y sus dogmas en política oficial, persiguieron y reprimieron sangrientamente las masivas protestas de la ciudadanía, encarcelaron decenas de líderes opositores, cerraron canales de tv, emisoras, diarios e hicieron del aparato educativo una tribuna de adoctrinamiento.

    Así que, detrás de las dolorosas imágenes de marchantes que desafían el cansancio, el frío, el calor, la lluvia y el dolor del alma,  no hay un error o una falla sino un modelo económico y un régimen de dominación política con los que se pretendió y se insiste en llevar a la práctica dogmas preciados de la reaccionaria izquierda latinoamericana plasmados en el programa del Foro de Sao Paulo, el mismo que se ha intentado en varios países de la región y que se logró imponer en muchos de ellos.

    Las consecuencias, todas disímiles pues en cada país en que se trató de implantar lo orientado por dicho Foro, las reacciones fueron diferentes, se reflejan con crudeza en el ámbito político y en la esfera económica.

    El populismo izquierdista una vez en el poder cocinó un plato explosivo y envenenado, que confirma su fracaso histórico y ningún éxito. En ningún país el socialismo en todas sus variantes pudo resolver el problema del hambre, de la pobreza extrema, del desempleo. Al cabo de décadas, desde la revolución comunista rusa en 1917, la economía planificada desde el estado, la abolición de la propiedad privada, el reemplazo de los empresarios por la burocracia partidista, sucumbió ante el empuje y la supervivencia del capitalismo como sistema económico sin alternativa a la vista ni en el corto ni en el mediano plazo.

    Es tan patético el desastre de los modelos socialistas que hasta los países más ortodoxos en su aplicación: China, Vietnam, Rusia, etc, se han visto obligados a reimplantar el capitalismo y la propiedad privada para suplir el hambre de sus poblaciones.

    El segundo factor propiciador de la crisis tiene que ver con la anulación de la democracia y de las libertades, con la manipulación de la constitución, con las restricciones a la libertad de prensa y con la desenfrenada corrupción de las altas esferas del “poder popular” que roban y esquilman lo poco que queda de riqueza.

    Auténticas mafias se han formado en el seno de los rígidos partidos comunistas y socialistas que pelechan a la sombra de las grandes definiciones. La corrupción en Venezuela se expresa en un gobierno mafioso que vive del robo de las rentas del petróleo y del narcotráfico, y ha desembocado en la formación de una burguesía lumpen, la boliburguesía, que rapta recursos inconmensurables a los proyectos sociales humillando la calidad de vida de la población.

    Hay mucho de criminal en la conducta de Maduro-Diosdado y su camarilla y eso tampoco es un desliz, es usual en los déspotas y dictadores.

    Así pues, que ojalá los sociólogos del socialismo no insistan en el cuento del error o falla del sistema, ni le den alas a la burda idea madurista de que todo se debe a un complot del imperialismo. Mejor que recuerden que la guerra del hambre fue una estrategia del dictador Stalin que llevó a la muerte por inanición a varios millones de rusos y ucranianos. Que la emigración masiva es forzada por el aparato político de los comunistas para deshacerse de millones de estómagos, tal como lo hizo en varias ocasiones Fidel Castro con el “Mariel” y otros éxodos forzados para aliviar sus cargas creándole problemas a los tan aborrecidos vecinos capitalistas y democráticos.

    Darío Acevedo Carmona, 10 de septiembre de 2018

  • En democracia cuando se gana es para no perder

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    Intento de manera infructuosa encontrar una explicación lógica al hecho de que sea imposible modificar, no hacer trizas, algunos puntos críticos del acuerdo firmado entre Juan Manuel Santos y las Farc. ¿Cómo es posible que se cumpla la sentencia que con ironía repitió el expresidente durante su larga despedida del mando en el sentido de que no se podría cambiar nada de ese acuerdo?

    ¿Por qué pudieron pasarse por la faja el triunfo del NO al acuerdo en mención en octubre de 2016? Los defensores del acuerdo de impunidad se apoyaron en razones flojas como la estrechez del resultado y haciéndole creer al país y al mundo que se habían acogido todas las críticas.

    ¿Por qué, si el cuestionamiento de aspectos álgidos del acuerdo fueron parte integral del programa de las campañas del Centro Democrático, los uribistas y amplios núcleos de la ciudadanía, y ese punto de vista triunfó en las parlamentarias y luego en las presidenciales, nada se puede modificar según dictamen de la Corte Constitucional?

    ¿Para qué, entonces, sirve la socorrida democracia? ¿o es que la democracia ha adquirido en nuestro país, por obra y gracia de la paz como dogma un significado inverso de que se gana para perder?

    Y me pregunto, con igual desconcierto ¿por qué de nada ha servido que la opinión se haya manifestado de manera sistemática en todas las encuestas, crítica y opuesta a los términos del acuerdo de paz a pesar de la gigantesca y abrumadora maquinaria publicitaria con que fueron divulgados los acuerdos?

    No quiero quedarme en respuestas meramente locales, pues tengo razones para incluir en mis inquietudes la suerte que están corriendo los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el estatuto de la Corte Penal Internacional en el mundo cuando la ONU, partera de importantes acuerdos y avances en esas materias en la posguerra, en buena medida ha dejado esas banderas en manos de tendencias de izquierda que solo tienen ojos contra las dictaduras de extrema derecha y se solazan con las de extrema izquierda. ¿En qué queda el sentido y el significado de la filosofía humanitaria cuando su defensa, promoción y vigilancia se deposita en organismos presididos por países con gobiernos que los violan sistemáticamente?

    ¿Dónde se ha escuchado la voz del Consejo de DDHH de la ONU para expresar algo con fuerza de mandato o intervención sobre los crímenes y la represión de las dictaduras sanguinarias de Maduro y Ortega en Venezuela y Nicaragua y contra la pervivencia de la dictadura castrocomunista en Cuba donde el gobierno policíaco restringe los derechos elementales de su pueblo desde hace 59 años?

    Tampoco entiendo que ese organismo haya solicitado a Brasil que se respete el derecho del expresidente Lula, condenado por corrupción oficial, delito internacional según la ONU, para hacer campaña presidencial.

    ¿Cómo va a explicarle la Corte Penal Internacional al mundo su ceguera ante la impunidad del acuerdo de paz colombiano que consagra premiar a responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad con curules en el Congreso y nada de cárcel?, ¿No tiene ninguna consecuencia que Colombia, parte integrante del estatuto de la CPI desde noviembre de 2009, deje de aplicar los incisos g y k del artículo 7 de su Estatuto?

    La relación que encuentro entre la impunidad de la paz Santos-Farc y las inconsecuencias de los organismos internacionales de derechos humanos no saltan a la vista, pero existe y no es fruto de un complot o una conspiración, se trata en mi parecer de una conjunción, afortunada para los reinventores del comunismo en América Latina, los del Foro de Sao Paulo y gobiernos y gobernantes que se desentendieron del rumbo sesgado dado a los DDHH.

    A pesar del cuadro tan adverso pienso que hay opciones por ensayar para no darnos por perdidos en el cumplimiento del legítimo anhelo y mandato otorgado por la ciudadanía al gobierno del presidente Iván Duque de modificar algunos puntos del cuestionado acuerdo.

    Me refiero, por supuesto a alternativas contempladas en nuestra constitución: 1. Tramitar una reforma constitucional vía Congreso para modificar el Acto Legislativo que avaló la impunidad para delitos atroces y otras medidas ajenas a nuestro ordenamiento legal. 2. Convocar un referendo derogatorio, y 3. Convocar una asamblea constituyente.

    Nada es fácil ni expedito, todos los caminos tienen sus pros y contras, pero, quedarnos quietos sentaría el nefasto precedente de que ganamos para perder o transmitir el mensaje de que nuestra lucha en contra de la impunidad no valió la pena.

    Coda: la inversión del sentido de triunfar por parte las izquierdas se pudo apreciar en su reacción eufórica cuando salieron a cantar victoria de la consulta anticorrupción no obstante no haber alcanzado el umbral legal requerido.

    Darío Acevedo Carmona, 3 de septiembre de 2018