VentanaAbierta

Palabras clave: Roméo Langlois, Fuerza Pública colombiana, Farc, secuestro, población civil, extorsión, periodismo,

Número de palabras: 940 

Está totalmente claro que Romeo Langlois es un periodista, que está en manos de las Farc, que esta guerrilla ha convertido el asunto en show publicitario y exige a cambio de su libertad la del director de Anncol detenido en Colombia y la realización de un debate internacional sobre la libertad de prensa. Secuestro con fines extorsivos es el nombre técnico que se le da en el ámbito jurídico a la acción que está cometiendo la guerrilla. Estamos ante un mentís de esta guerrilla a su compromiso de no secuestrar a nadie más con fines extorsivos. En eso no hay confusión, el periodista estaba desarmado, herido y corrió hacia ellos quitándose el casco y el chaleco para demostrar que era un civil. Lo que está haciendo las Farc no es una acción altruista, retener civiles está prohibido por el DIH. Si un hecho de esta naturaleza hubiese sucedido en cualquier país europeo, el escándalo sería monumental como también las protestas.

En Colombia no es que no haya solidaridad con la suerte de Langlois, se exige su libertad, pero, no faltan las voces de quienes quieren descargar la responsabilidad de la situación en el Ejército colombiano por haberle suministrado un casco y un chaleco antibalas. Supongamos que en efecto haya sido un error, pero ni siquiera eso da para justificar a la guerrilla por el secuestro o por haber convertido en secuestro lo que hubiese sido una retención accidental en medio de un combate.

Me llama la atención, por insólito y por acrítico, que un intelectual de la talla de Alfredo Molano se haya devanado los sesos en una columna en la que por especular sobre la suerte del periodista cuando no había certeza de quién lo tenía, termine por eximir de culpa a la guerrilla y brinde desabridas explicaciones y comparaciones inapropiadas.

Dijo Molano en su columna (El Espectador, 07/05/2012) que “habría sido inteligente como guiño de paz” que la guerrilla, en caso de tenerlo, lo hubiese liberado el 3 de mayo día internacional del periodista. Y entonces vale la pregunta ¿por qué razón hay que concluir que una situación de retención indebida convertida en secuestro, se puede desprender un gesto de paz? De manera que si un sujeto comete un robo y devuelve el producto del mismo, ¿hay que valorar al ladrón como un sujeto honrado? ¡Vaya lógica ética y política la que nos ofrece Molano! Encontramos cosas peores en su columna cuando más adelante afirma, después de intentar adivinar quién lo tiene, que “lo grave de verdad es que la guerrilla no tenga al periodista”, insinuando que si la guerrilla lo tiene en su poder no es tan grave. Y como es evidente que si no lo tenía la guerrilla estaba en manos del Ejército nacional, eso sí sería lo peor. Razonamiento acorde con la forma de pensar del sociólogo Molano para quien todo lo que es de la Fuerza Pública es peor y más detestable que lo que proviene de la guerrilla.

Molano ensaya varias explicaciones para entender el silencio de la guerrilla: las dificultades del terreno, las técnicas, la logística, al fin de cuentas la guerrilla “no tiene helicópteros –como los tenían los paramilitares- ni equipos de comunicación no rastreables”, (en este punto razona igual que el Colectivo Alvear para el que la pobreza de medios de los guerrilleros justifica su no observancia del derecho internacional) por tanto, había que ser pacientes y esperar a que se diesen las circunstancias seguras para que reconocieran su autoría. Como en efecto ocurrió y pudimos ver días después en la declaración de un jefe guerrillero bien guardeado, bien apertrechado y bien afeitado.

Concluye Molano su especulación recordando la retención del periodista Hollman Morris y de dos de sus colaboradores, cuando, en la misma zona, por haber “cubierto” la liberación de unos soldados, se les acusó de “apologistas del delito y propagandistas de las Farc”. Todo un exabrupto pues en ningún sentido se puede pensar que son casos similares. Lo de Morris fue una retención momentánea realizada por la Fuerza Pública legítima, no fueron encarcelados, ni enjuiciados, ni se pidió rescate por él y sus colegas, ni se intentó chantajear a nadie. Se les retuvo porque habían estado en un lugar en el que no tenían porqué estar ya que violaban un pacto de coordenadas y zonas de paso y presencia restringida entre el gobierno, las guerrillas y Brasil como testigo. Diferencia fundamental que Molano quiere desdibujar con el torpe propósito de encontrar alguna excusa para el caso Langlois. El fín de su artículo no podía ser más desacertado y cándido: “abrigo la esperanza de que él esté haciendo un reportaje con las Farc que incluya propuestas para el acercamiento con el gobierno”. La realidad que se vino a saber después se ha encargado de demostrarle cuan equivocado estaba y cómo la guerrilla le restriega en su cara el favor que le quiso hacer en su acrítica y comprensiva columna. Pero así paga el diablo a quien bien le sirve!

Una reflexión final: ¿Se dan cuenta porqué merecen ser catalogados de ilusos, personajes de la vida nacional como Alfredo Molano, Juan Manuel López Caballero, Ernesto Samper, algunos renombrados periodistas y otros soñadores insulsos que siguen creyendo y quieren hacernos creer en la voluntad de paz de las Farc? A mí, al menos, me parece curioso y hasta sospechoso que los colectivos que dicen estar al servicio o en la búsqueda de la paz, guarden silencio frente a este atropello contra el periodismo que es lo que significa el secuestro de uno de los miembros de la profesión.

 Darío Acevedo Carmona 

Medellín, 13 de mayo de 2012

ESTAMOS DE CUMPLEAÑOS. UN DÍA COMO HOY, HACE 7 AÑOS INICIAMOS LA PUBLICACIÓN DEL BLOG:VENTANAABIERTA.

QUEREMOS COMPARTIR CON NUESTROS AMIGOS Y LECTORES EN GENERAL ESTE MOTIVO DE SATISFACCIÓN. 

LOS INVITAMOS A MIRAR EN DETALLE LAS ESTADÍSTICAS DE LAS VISITAS RECIBIDAS Y DE LAS PÁGINAS CONSULTADAS EN EL SIGUIENTE ENLACE:CUADRO ESTADÍSTICAS VENTANAABIERTA.doc

¡¡¡¡SALUD A TODOS!!!!!!!

Palabras clave: Chávez, dinastía castrista, Venezuela, Cuba, América Latina, golpe de estado

Número de palabras: 1020

Dos operaciones de alta precisión se están realizando en La habana Cuba. Una de ellas tendiente a soliviantar la pesada carga del incurable cáncer que afecta al presidente venezolano Hugo Chávez, paliar el dolor parece ser lo único que le queda al servicio médico de la Isla. La otra, es de altísimo riesgo, pues tiene que ver con el problema de quién y cómo ha de mantener el poder de tal forma que garantice la supervivencia del proyecto chapista bolivariano socialista.

El agravamiento de la salud del presidente Chávez tendrá profundas repercusiones no sólo en Venezuela sino en buena parte del continente americano. El liderazgo forjado con su generosa billetera de petrodólares tenderá a desaparecer en la medida en que el cáncer impida su desplazamiento que con aires de Bolívar resucitado realizaba para otorgar favores a movimientos amigos, presidentes incondicionales y a campañas electorales. No se observa en el corto plazo un líder capaz de copiar su indudable capacidad para tejer redes de apoyo a cambio de dólares.

Esta es la razón de la preocupación que desvela a los hermanos Castro, la dinastía dictatorial que ha hecho depender “su revolución” de la ayuda exterior, primero de la desaparecida Unión Soviética y en los últimos años de las dádivas de su amado discípulo. Ellos saben que el fin de Chávez significará, muy probablemente, su fin. Después de 50 años de fracasos, de dictadura, de anulación de las libertades, de la oposición y de la democracia, Cuba no es hoy en día una economía que se pueda valer por sí misma. Por eso buscan de forma desesperada una “salida” que garantice la continuidad de la “revolución bolivariana”. De ahí el manejo reservado de la salud de su principal financiador. El control férreo del tratamiento médico en Cuba y de los desplazamientos del gobernante venezolano tiene como explicación la búsqueda de una fórmula que hasta ahora les es esquiva. Desde luego, poner de acuerdo a todas la dispares tendencias del proyecto chavista no es asunto fácil, menos cuando de por medio está la supervivencia de la longeva dinastía.

La última “reflexión”  del más grande manipulador del continente americano en toda su historia, trae entre líneas, lo que podría ser la salida. Fidel habla de una posible conjura de Obama y sus aliados para propiciar un golpe de estado en Venezuela. Crear artificiosamente una atmósfera de peligro de la revolución puede ser la disculpa perfecta para hacer precisamente eso que le atribuyen a sus enemigos, un golpe de estado, que por supuesto no se llamaría de esa forma. Los comunistas son hábiles maestros de la propaganda que hace ver las cosas tal como no son o como a ellos les interesa que sean vistas. Saben que el proyecto del socialismo chavista bolivariano, sangre de su sangre, hay que defenderlo a capa y espada así sea al precio de suspender las elecciones de octubre porque la oposición, apoyada en militares reaccionarios y traidores, va a aprovechar la debilidad de Chávez para tomarse el poder a la fuerza.

De manera que los cubanos, que tienen invadida a Venezuela con misiones policíacas y con su servicio de espionaje, saben que Chávez está fuera de juego, que su cáncer es tan agresivo que hay dudas de que pueda resistir la campaña electoral en curso, y que ese factor juega en favor de Capriles el líder de la oposición. Pero ellos, los cubanos y sus esbirros de todas las tendencias, jamás van a reconocer esa situación, jamás admitirán que el problema es la salud de Chávez y por eso han empezado a hablar de un fantasmal golpe de estado del “imperialismo yanqui” y la oposición venezolana.

Habrá que estar mirando la situación con los ojos bien abiertos pues los cubanos y los Castro no actúan solos. Tienen detrás a los presidentes del grupo Alba que serán incondicionales con lo que se decida en La Habana. Ortega, Correa y Evo, en primera línea, servirán de  megáfonos de la estrategia protectora de la “revolución”. Ellos saben que está en juego su futuro, y, por tanto, todo ese proyecto demagógico y populista. Saben que su fuerza deriva de la ayuda que reciben del tirano opulento. Serán puntales en el plano diplomático para que ni la OEA ni UNASUR ni la CELAT ni la ONU condenen la medida extrema a que se vio obligada la dirigencia chavista.

En periferia todavía muy cercana, oiremos declaraciones de solidaridad de los presidentes de Argentina, Paraguay, Uruguay, los mandatarios de los países antillanos, y, nada raro, hasta de la presidenta de Brasil. El bloque anti norteamericano no puede darse el lujo  de quedar al borde del colapso. Todo tiene solución, así sea al precio de sacrificar la democracia en la neocolonia cubana, que es, cosa insólita, mas rica que la metrópoli.

Vendrán días de gran tensión, de amenazas, de mucha bulla y escándalo. Fidel escribirá (o le redactarán) mas a menudo, Chávez recalentará su twiter para evitar que se vean sus impedimentos físicos.  Los tres chiflados (Evo, Correa y el cantinflesco Ortega) intercederán para apoyar lo que les ordenen desde La Habana, no tienen alternativa. Curiosamente en Colombia, el gobierno Santos, que ya ha dado pasos muy favorables a Chávez a quien declaró su “nuevo mejor amigo” y a quien honró al calificarlo de “factor de estabilidad regional”, se vea ante un impensable dilema: reconocer la medida de fuerza castro chavista o salir en defensa de la democracia y de la realización de elecciones el 7 de octubre.

¡Es cierto! El proyecto chavo-socialista bolivariano está en grave riesgo. Sus defensores, sus beneficiarios y sus aliados harán hasta lo imposible por evitar su fracaso. Los demócratas del continente, los gobiernos que creen en la democracia, hoy en condiciones minoritarias, están en la obligación ética y política de estar alertas y preparados para acudir en ayuda de los demócratas venezolanos y evitar que la oposición y Capriles sean sacrificados. Por nada del mundo se debe aceptar la idea de aplazamiento de las elecciones, mucho menos la instauración de un gobierno de salvación nacional, pues eso significa, ni más ni menos, un golpe de estado castro-comunista.

DaríoAcevedoCarmona

Medellín, 3 de mayo de 2012

Palabras clave: PNUD, Colombia, violencia contra sindicalistas, derechos humanos, Universidad Nacional de Colombia, Ongs

Número de palabras: 3021

El pasado  mes de marzo del año en curso (2012) la Oficina en Colombia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presidida por Bruno Moro, hizo público el informe sobre la violencia contra sindicalistas titulado Reconocer el pasado, construir el futuro (Véase texto completo en el siguiente vínculo: (informe_sindicalismo_resumen_ejecutivo.pdf). Dicho trabajo, fue realizado por seis (6) organizaciones no gubernamentales Ongs[i] a instancias de ocho (8) embajadas y dos (2) Agencias de cooperación internacionales[ii] bajo el acompañamiento académico de la Universidad Nacional de Colombia (desde septiembre de 2009) y la interlocución de dos reconocidas Ongs[iii]. La investigación tenía el propósito de producir un diagnóstico lo más fidedigno y objetivo sobre el tema con el fin de que sirviera de base para la asunción de compromisos tendientes a la superación del problema. Los compromisarios convocados son el Estado colombiano en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Vicepresidencia de la República, el empresariado representado por la Andi, y el movimiento sindical representado por la CGT y la CTC, la CUT se negó a estar presente. Todo el proyecto fue coordinado por el profesor de la Universidad Nacional, el sociólogo Carlos Miguel Ortiz.

El informe fue presentado en forma de documento de 226 páginas, también se publicó un resumen ejecutivo de 45 páginas. Consta de seis (6) partes a saber: 1. El contexto del problema, 2. Fuentes, cifras y tendencias, 3. Caracterización de las víctimas y de las acciones violentas a partir de las fuentes, 4. Autores y móviles, 5. El reto del Estado ante la situación de violencia, 6. Conclusiones y epílogo. Además, trae anexo, bibliografía y glosario. En suma, desde el punto de vista político y social, la sustentación es clara, es un tema que se debía investigar en todas sus dimensiones y en toda su complejidad y que debe seguir siendo objeto de estudios y debates adicionales. También, en su presentación, reúne las condiciones académicas de un informe de investigación aplicada.

Sin embargo y no obstante las buenas intenciones de realizadores, gestores y actores y de algunos aciertos, el problema de la “violencia antisindical”,  se interpreta, en líneas gruesas y salvo algunos matices, en los mismos términos en que ha sido presentado por la Escuela Nacional Sindical (ENS). Antes de entrar en materia, debemos advertir al lector la necesidad de reconocer la existencia de una situación de violencia que afecta de manera grave el sindicalismo y el ejercicio de derechos por parte de los trabajadores sindicalizados. La violencia con fines políticos que ha sufrido el país, con particular intensidad en las últimas tres décadas, se ha ensañado contra diversos sectores de la sociedad, pero, es evidente que cobre mayor realce y escandalice más la que se propicia contra unos que contra otros. Es, por ejemplo, más significativa la violencia que afecta a líderes políticos y sociales, a personalidades y a dirigentes sindicales porque afecta personas y esferas de actividad que tienen mayor resonancia.  En tal sentido es que tiene pertinencia que se realicen investigaciones y se produzcan diagnósticos para establecer las características y los móviles de hechos de violencia que ocurren con más frecuencia o afectando derechos muy sensibles de sectores específicos de la población.

El primer problema que encontramos en el documento tiene que ver con un relato histórico, a manera de entrada, que se retrotrae hasta los años cuarenta del siglo XX. Podría uno preguntarse, ¿por qué no retrocedieron aún más, a los años “gloriosos” del reconocimiento del sindicalismo en la década del treinta?....... Para leer todo el comentario haga clic en el siguiente vínculo: COMENTARIOS AL INFORME DEL PNUD SOBRE VIOLENCIA CONTRA SINDICALISTAS Y TRABAJADORES SINDICALIZADOS EN COLOMBIA 1984.docx

I. El dilema en la Colombia de hoy no consiste en si estamos o no por una salida negociada del conflicto armado. El dilema es otro: ¿estamos o no de acuerdo con que el Estado exija condiciones a la guerrilla para sentarse a negociar? El grupo liderado por Piedad Córdoba y otros Colectivos piensan que están dadas las condiciones para el inicio de conversaciones sin hablar de condiciones, que la liberación de prisioneros es prueba suficiente de buena voluntad. Pero hay quienes pensamos que ese gesto es insuficiente. Si lo que se quiere es avanzar hacia el fin del conflicto, lo que procede es que la guerrilla declare que el camino de las armas dejó de ser una opción para la toma del poder. No es necesario que entregue las armas de antemano, pero sí que declare un cese unilateral del fuego y su disposición a concentrarse en una o varias zonas para negociar las condiciones para el cese definitivo de las acciones armadas y su reincorporación a la vida civil.

Exigir esas condiciones tiene sentido por varias razones: el Estado debe y tiene la autoridad moral para reclamar que su política de enfrentar el reto militar y terrorista de las guerrillas fue exitoso hasta el punto que derrotó su pretensión estratégica de toma del poder. Es decir, salieron perdedoras en el desafío que le plantearon al Estado colombiano en el 2002. Las guerrillas también fracasaron en su intento de representar las aspiraciones del pueblo.  Los movimientos populares de diverso signo recibieron más perjuicios que beneficios de la lucha guerrillera. Nunca se pudo cristalizar el principio maoísta y guevarista de moverse entre las masas como el pez en el agua. Las guerrillas terminaron representándose a sí mismas y a unos minúsculos sectores de la población, más por la débil presencia del gobierno que por la convicción de su discurso. En el ámbito internacional las guerrillas perdieron toda posibilidad de apoyo y reconocimiento, ningún estado les reconoció calidad de beligerantes y por el contrario, la Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá las declararon terroristas. Las sistemáticas acciones de terror y de violación flagrante del derecho internacional humanitario como el secuestro, el reclutamiento de menores, el uso de minas antipersonal, el ataque a bienes y poblaciones civiles, entre otras, además de su cada vez mayor dependencia del narcotráfico, las llevaron a una inexorable pérdida de legitimidad y del horizonte ético.

No es, pues, una cuestión caprichosa la correlación de fuerzas, tan reclamada por ellas cuando tenían la iniciativa y arreciaban contra el Estado y, como el reto continúa, es un factor que se mantiene vigente. La única forma de que el Estado desista en la ofensiva es que desaparezca la guerrilla como opción para destruirlo y crear uno nuevo. No tendría sentido que aquel abandone o detenga su accionar a cambio de un gaseoso diálogo sin el compromiso de abandonar el camino de las armas. Hacerlo implica correr el riesgo de que utilicen las conversaciones para recuperarse, tomar aire y retornar a la lucha armada.

II. La forma como adelantan su campaña por diálogos de paz los del frente civil o quinta columna, las gentes que en la periferia sin lazos orgánicos con las guerrillas son favorables al diálogo en igualdad de condiciones, las fuerzas de izquierda y liberales socialdemócratas y los progresistas, tienen un efecto contraproducente pues nos convencen de lo pernicioso de tal iniciativa.  A todos ellos les parece que es una actitud guerrerista tomar partido por el triunfo de la institucionalidad y en consecuencia exigir condiciones. Se toman abusivamente el nombre de la sociedad civil, el de los académicos e intelectuales y el de las mujeres para dar la impresión de contar con un gran respaldo. Quieren que la población colombiana asuma la liberación de secuestrados como un gesto de paz y no del fracaso del secuestro como arma de presión y negociación política. Guardan silencio ante la necesidad de exigirles a las guerrillas el abandono de la lucha armada. Pero, lo más grave de todo es que algunas personas y organizaciones que lideran la presión para la apertura de una negociación incondicional, defienden posiciones ante las que uno no sabe si están del lado de las guerrillas o hacen parte de ese proyecto a la manera como hacen los simpatizantes de ETA en España a través de organizaciones de pantalla como la ilegalizada Batasuna. Para ilustrar lo que quiero decir quiero plantear la siguiente hipótesis: quienes sostienen que la lucha insurgente tiene “causas objetivas”, que tiene pertinencia política la lucha armada contra una democracia, que el Estado debe dialogar con las guerrillas en pie de igualdad, que las guerrillas no tienen porqué atenerse al derecho internacional humanitario, que intentar derrotar a las guerrillas es guerrerismo, lo que hacen es enredar y aplazar la realización del preciado ideal de la paz.

Debemos retrotraernos al documento “Nunca Más” firmado por 14 Ongs entre las que se encuentran varias organizaciones religiosas de orientación golcondiana como la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, el Cinep y  el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, reconocido éste último por la “cacería” que adelanta contra miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del anterior gobierno, en el que se relativiza el alcance del derecho internacional humanitario cuando sostiene que una fuerza insurgente no puede atenerse a dicho instrumento porque perdería la guerra ante el Estado que es un enemigo que dispone de ventajas militares, en armas, recursos, aviones, etc., que le dan superioridad. En dicho texto, que sirve de fundamento a su activismo sesgado en materia humanitaria, a pesar de reconocer que “En ninguna medida desconocemos que en Colombia se dan infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario por parte de grupos insurgentes y que dichas infracciones lesionan la dignidad humana de muchos hermanos nuestros”, tratan de justificar tal desatino apoyándose en supuestos “criterios éticos, conceptuales y prácticos”, como los siguientes “cuando se leen y re-leen los textos de las cuatro Convenciones de Ginebra y de sus Protocolos adicionales, se llega fácilmente a la conclusión de que el modelo de guerra que se tuvo en mente, al redactar todas sus prescripciones, era el modelo de guerra regular”, como quien dice, no vale para conflictos armados internos. De ahí coligen que “Este modelo de guerra, diseñado para dirimir conflictos de legitimidad dentro de un mismo Estado, y desde los intereses del polo más pobre de la población, se sale de los marcos más clásicos de la guerra regular entre Estados, sobre cuyo modelo se redactó el DIH”.

De esta forma se relativizan y distorsionan las normas del DIH de tal suerte que no se les puede exigir a las guerrillas. Maromas jurídicas de tinterillos. Y continúan con otras perlas antijurídicas, al sostener que “la Guerra de Guerrillas se funda en una primera realidad: que debe enfrentar una estructura estatal, detentora de medios muy poderosos de guerra (…) sin tener acceso a los recursos del Estado, dado que el motivo fundamental de la guerra es justamente el no acceso de las capas empobrecidas a los recursos del Estado. La racionalidad de ese tipo de guerra implica, entonces, adoptar métodos de camuflaje entre la población civil y de acciones ofensivas de sorpresa, y jamás de acciones defensivas, pues estas últimas conllevarían a una desventaja militar evidente frente al enemigo. Este elemento fundamental de la racionalidad propia de la Guerra de Guerrillas entra ya en contradicción con uno de los principios básicos del DIH, como es la distinción neta entre combatientes y no combatientes.” Toda una lección de asimetría oportunista, con la que se puede entender, comprender y hasta avalar, casi rozando la apología de  las guerrillas, por supuestamente ser pobres y representar a los débiles, que ataques como los que realizan a diario con bicicletas y carros bomba, animales bomba y tatucos en sitios habitados por civiles, colocación de minas antipersonal por senderos campesinos, secuestros y reclutamiento de menores, no pueden ser considerados crímenes de guerra porque quienes los realizan son pobres y débiles. Estos sólo pueden ser cometidos por los estados y en nuestro caso, es parte de la estrategia contrainsurgente adoptada por el Estado colombiano, como se desprende de la siguiente tesis: “Este Proyecto Nunca Más, se fijó, pues, como objetivo, la salvaguarda de la memoria de las violaciones más graves a los derechos humanos fundamentales, en cuanto Crímenes de Estado y Crímenes de Lesa Humanidad. La opción por este campo específico implicaba dejar de lado el registro de los Crímenes de Guerra o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario perpetrados por grupos insurgentes” (resaltado mío). Según este proyecto, el establecimiento de la Corte Penal Internacional, que supone castigo para individuos, sean o no agentes estatales incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, es una desfiguración de los derechos humanos y es parte de un afán del neoliberalismo: “No nos convence, en absoluto, el remodelaje neoliberal de los "derechos humanos". Creemos que la manera más auténtica, consistente y coherente con principios filosóficos, jurídicos, políticos, históricos y operativos sustentables, es continuar considerando los derechos humanos como una reserva jurídica de defensa de los ciudadanos, en cuanto seres humanos, frente al poder estatal…”. Imputar cargos de crímenes de guerra, y penalizar individuos como acaba de hacerlo la Corte Penal Internacional contra un jefe guerrillero africano por reclutamiento de menores, sería un retroceso según este colectivo, pues “No hay duda de que con esos incisos se rompe la base conceptual (filosófico-jurídico-histórico-político-operativa) de los derechos humanos y del crimen de lesa humanidad, en cuanto área de defensa de los ciudadanos / seres humanos frente a un eventual Estado agresor.”

Para este Colectivo de 14 Ongs ni las guerrillas ni ninguno de sus jefes pueden estar bajo la mira de la CPI ni ser considerado criminal de guerra ni terrorista. Los únicos que pueden ser calificados como tal son el Estado y sus agentes. Se entiende entonces la fiereza en su persecución contra elementos emblemáticos de la Fuerza Pública como el coronel Plazas Vega y el general Uscátegui y dirigentes del Estado como Alvaro Uribe Vélez y Luis Carlos Restrepo. Lo paradójico de todo este asunto es que los intelectuales y académicos, que presurosos firman comunicados y epístolas de paz y diálogo, no se detengan a mirar críticamente este tipo de proyectos que contienen los fundamentos de una concepción amañada de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que conduce a la inimputabilidad de las guerrillas. Para el Colectivo el único sujeto de crímenes de guerra es “la fuerza pública o paramilitares, que desde los años sesenta ejecutan una política diseñada, apoyada y protegida de terrorismo de Estado.” Una de sus conclusiones es desoladora, pero, revela también por quien toman partido: “Por ello concluimos que frente a conflictos tales (como el colombiano), la "neutralidad" no es éticamente sustentable.” Ellos optaron por no serlo, ellos sólo conciben que el Estado y su fuerza pública son los responsables de los crímenes de lesa humanidad “No es posible ser neutral cuando se es consciente de que un polo de la violencia es mucho más dañino para el conjunto de la sociedad”. Reafirman, además, un principio  responsable de muchos malentendidos que han obstaculizado la firma de la paz al decir que “la paz es fruto de la justicia”. De donde se desprende que la negociación entre guerrillas y Estado carece de sentido si no se resuelven las “injusticias”, por cuya razón, suponen, es que hay alzados en armas.

Se trata de un discurso moralista que pone en manos de las guerrillas, al margen de sus crímenes de guerra, la posesión de la razón moral, pues su guerra es calificada como “una guerra justa”. La guerra que libra la guerrilla es, según su punto de vista, legítima, y los medios que utiliza también lo son y si no lo son hay razones éticas para tolerar sus graves delitos.

III. Pero, al tenor de lo que consideramos tesis que retrasan y retardan la paz, cabe hacer mención en los argumentos expuestos por el profesor de la Universidad Nacional de Colombia Carlos Medina, intelectual firmante de una de esas epístolas al “comandante Timochenko” y quien escribió en un medio masivo un sentido obituario para expresar su lamento por la muerte de alias Alfonso Cano. En tanto escrito de carácter público, puede ser objeto de debate y de crítica. En él afirma que Cano con otros intelectuales se preocupó por “el estudio juicioso y el conocimiento detallado de la realidad y la historia de su país… abrazaron ideas políticas altruistas, se formaron como revolucionarios y se comprometieron en la lucha por transformar las causas estructurales de nuestros conflictos.” De esta forma estamos ante la misma explicación que durante años predominó en amplios núcleos de la izquierda y de la academia.

Explicación determinista y reduccionista puesto que considera que las estructuras por sí solas despiertan el conflicto armado, “una sola chispa puede incendiar la pradera” rezaba una metafórica frase del romancero revolucionario. Y ahí se quedaron sin querer ver ni entender que esas guerrillas que nacieron con pretensiones altruistas degeneraron en grupos terroristas y fracasaron en su intento de liderar a la población hacia objetivos revolucionarios. En Medina es imposible no advertir palabras de simpatía cuando dice que “No veo en Cano, ni un delincuente, ni un terrorista, ni un criminal de ninguna naturaleza, veo un hombre comprometido con su país”, palabras que encierran una grave desviación moral sobre jefes que han incurrido en actos de terror que han producido dolorosas heridas a la sociedad colombiana. Si la opinión, con razón, ha condenado ética y hasta judicialmente a quienes se aliaron o se mostraron simpatizantes o amigos del paramilitarismo, no cabe que por la puerta de atrás se nos pretenda colar que este tipo de opiniones sean aceptadas en los medios y en la academia como algo normal y válido, en vez de significar una postura reprochable. Recordemos que el columnista Ernesto Yamhure, por haber consultado una de sus columnas con el jefe paramilitar Carlos Castaño, renunció a las tribunas que tenía en los medios. Pero, dirán los que piensan como Medina, que una cosa es un jefe paramilitar y otra muy diferente un comandante guerrillero.

Va más lejos el profesor Medina en su duelo que más bien parece una exaltación de Cano, al comparar a este con el comandante de las Fuerzas Armadas, el general Navas: “Alfonso Cano es a la FARC lo que el General Alejandro Navas es  a la Fuerzas Militares” como si Navas alguna vez hubiera dado órdenes de arrasar pueblos, colocar minas antipersonal, secuestrar y reclutar menores, como sí lo hizo Cano en su calidad de mando superior de las Farc. Se queja Medina de que se esgrima la correlación de fuerzas como elemento de una probable negociación como si la guerrilla no buscara con sus ataques y ofensivas superar al Estado y cambiar su desventaja: “No hay que buscar que la correlación de fuerzas sea favorable para avanzar en el camino de la solución política, lo que hay que buscar es el equilibrio dinámico de opiniones que hagan coincidir en propósitos muy claros la voluntad de las partes en un proceso de paz sin vencedores”. Se queja por la muerte en combate de Cano, como si hubiese sido un adalid de la paz: “Quienes hemos estado empujando desde la sociedad civil la salida negociada al conflicto armado, con obstinación si se quiere,nos sentimos profundamente tristes, no por la muerte de Cano que desde luego nos consterna, sino por el futuro  de esta Colombia que amamos”, como quien dice, a los jefes de las guerrillas no se les debería combatir ni darles de baja porque eso cierra las posibilidades de una paz negociada. Concluye el profesor Medina su oratorio invocando una paz sin vencedores ni vencidos, pero sin condiciones como si las guerrillas no hubiesen sido responsables de la opción guerrerista por la que optaron en febrero de 2002 después de defraudar a la sociedad.

Ñapa. Otro hecho que revela la presencia de un activo campo o periferia civil, que en nombre de la paz adelanta una guerra jurídica contra el Estado y sus principales funcionarios, es el que tiene que ver con la andanada puesta en marcha contra del expresidente Uribe y el exalto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, a quien acosan con denuncias múltiples los congresistas del Polo Democrático, Iván Cepeda y Germán Navas Talero, el abogado Pérez del Colectivo de Abogados Alvear y otros miembros de Colombiano(a)s por la Paz. Ahora buscan enjuiciar a la juez que anuló la orden de detención contra Restrepo en cuya cabeza quieren cobrar venganza por la política de Seguridad Democrática causante del debilitamiento esencial de las guerrillas.

No exageran, entonces, quienes afirman que el principal frente actual de batalla de las guerrillas está en la civilidad que las tolera o las comprende o las acompaña o les inventa alambicados proyectos y retorcidas interpretaciones del derecho internacional humanitario o les hacen eco a sus supuestos deseos de diálogo. Estamos ante un andamiaje que no es fácil de desenmascarar porque se camufla bien y se aprovecha de la buena fe de algunos académicos y del urgente y justo deseo de paz de las gentes. Su idea de paz pasa por el hundimiento de la seguridad democrática, la cárcel para sus ejecutores y la libertad y el perdón para los jefes guerrilleros.

Concluyamos: Estamos de acuerdo con quienes dicen y desean que este conflicto concluya en una mesa de negociación, hay que ponderar la buena intención dialoguista que busca traer al terreno político a las desfiguradas guerrillas, pero, pensamos que hay razones de peso y de justicia para que el Estado exija desmovilización previa, y, a cambio, brinde condiciones de justicia transicional a ellas después de que declaren su disposición de abandonar las armas. Simple, el estado y la sociedad civil ganaron este conflicto y eso no es necesariamente una humillación ni un exterminio militar de las guerrillas, significa que estas fracasaron en imponer su proyecto de revolución. Resuelto el tema de la confrontación armada, estaremos en mejores condiciones para debatir los proyectos y programas de desarrollo y de justicia social de cada una de las tendencias del espectro político. No es pertinente que se les siga dando aire a las guerrillas desde la sociedad civil y alimentando la ilusión de una negociación en condiciones de igualdad con el Estado. Quienes hacen eso, en realidad están atravesando palos en el camino de la paz y alejando el fin del conflicto.

DaríoAcevedoCarmona                                                                  

Medellín, 15 de abril de 2012