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VentanaAbierta

  • LA PREGUNTA DEL PLEBISCITO, VERDADES Y MENTIRAS

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    A pesar de que fue la Corte Constitucional la que aclaró en su fallo sobre el plebiscito que no se estaría votando el derecho a la paz sino una política pública impulsada por el presidente de la República, este y los voceros de los partidos oficialistas, los negociadores y la nube de columnistas que impulsan el SÍ, burlan el dictamen al insistir que el 2 de octubre se votará por la paz o la guerra.

    La Corte sentenció que “el plebiscito no es un mecanismo de reforma constitucional y legal. En consecuencia… el contenido del mandato popular expresado mediante dicho instrumento es de índole política, no normativa. Por este mismo motivo, a través del plebiscito no pueden someterse a refrendación popular el contenido y alcance de los derechos fundamentales”. De manera que podemos reclamar a este Gobierno, aunque suena a imposible, juego limpio, no engañen a la ciudadanía.

    Unas líneas más adelante la Corte: “resaltó que el objetivo del plebiscito especial no es someter a refrendación popular el contenido y alcance del derecho a la paz, sino solamente auscultar la voluntad del electorado sobre la decisión pública contenida en el Acuerdo Final”.

    La retórica oficial de paz es falsa porque el acuerdo sobre el que se va a votar se refiere a una negociación solo con las FARC. Esta semana el ELN dio a conocer en un comunicado que siguen en su “guerra” y reafirmó la continuidad de su lucha por sus propios objetivos. Por otra parte, quedan en actividad ilegal poderosos grupos como las Bacrim, que extorsionan a la población, cometen crímenes y trafican drogas ilícitas, con las que no se ha entablado una negociación. De modo que el mensaje de paz total, tal como está fijado en la tendenciosa pregunta del plebiscito, es falso de toda falsedad ya que, en plata blanca y sin ambigüedades, lo que se va a votar en el plebiscito no es ni puede ser la paz, es un acuerdo con las FARC.

    Las siglas de esta organización fueron omitidas en la pregunta por cálculo mezquino. El Gobierno sacrificó la pregunta correcta en razón del alto costo político que le representaría especificar que el tratado a aprobar era solo con la guerrilla más desprestigiada del país. Por eso es claro que el Gobierno se burla del mandato de la Corte y, para colmos, parece que esta no va a exigir respeto por su fallo.

    Cuando los negociadores del Gobierno declaran sin inmutarse que el Acuerdo es inmutable, inmodificable, innegociable, que si no lo aprobamos vendrán otros 50 años de guerra, están convirtiendo ese acuerdo en un dogma que queda por encima de la Constitución y del constituyente primario que es el único que puede fijar límites en cualquier materia de leyes fundamentales.

    Ese dogmatismo traído de los cabellos pretende desestimular el voto por el NO en el plebiscito. Se le está diciendo a la opinión que el NO nos conduce a una vacío, que no es claro qué pasaría en caso de ganar el NO. Como si la propia Corte Constitucional no hubiese fijado posición a ese respecto, leamos lo que dice el fallo: “…si el plebiscito no es aprobado, bien porque no se cumple con el umbral aprobatorio o cumpliéndose los ciudadanos votan mayoritariamente por el “no”, el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el Acuerdo Final, comprendido como una política pública específica. Por ende, si se parte de considerar que el plebiscito no reforma la Constitución, entonces una potencial desaprobación del Acuerdo Final tiene incidencia únicamente respecto de la implementación de esa decisión de política pública en específico, manteniéndose incólumes las competencias de los diferentes órganos del Estado, entre ellas la facultad del Presidente para mantener el orden público, incluso a través de la negociación con grupos armados ilegales, tendiente a lograr otros acuerdos de paz” (página 7).

    A pesar de la incuestionable claridad, el Gobierno y sus respaldos en vez de entender que el triunfo del “NO” significa un mandato popular para que el Presidente y los otros órganos del poder continúen adelantando negociaciones de paz, y en este caso, que se plantee un viraje en los términos concedidos a las FARC, en vez de entender eso, insisten, tendenciosa y maliciosamente, en que el triunfo del “NO” es lo mismo que optar por la guerra.

    Y, para darle mayor solidez y blindaje de acero al Acuerdo, han distorsionado el derecho constitucional a la paz, al asimilarlo a un acuerdo específico. Nos quieren decir que Acuerdo es lo mismo que paz en contravía de lo fallado por la Corte y de ahí concluyen, sin razón, que el Acuerdo es inmodificable como si los negociadores de La Habana fuesen superiores al Constituyente Primario.

    CODA: Suele ocurrir que nadie escarmienta con las desgracias ajenas. El fantasma al que tememos tiene vida real en Venezuela. La suerte del pueblo venezolano es bien trágica: él solo luchando contra una dictadura que en principio no vieron como tal ni como un peligro. ¿Será que tenemos que pasar por las mismas para entender a qué tipo de gente y de movimientos se les quiere otorgar concesiones sin término?  

    Darío Acevedo Carmona, septiembre 5 de 2016

  • DIEZ RAZONES PARA VOTAR NO EN EL PLEBISCITO

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    El anuncio del fin de la “guerra de 30 años” es presentado por intelectuales comunistas y de otras izquierdas, por ilustrados liberales y progres, como el comienzo de una “Nueva Era”, un “cambio de rumbo” una “Nueva Época” para Colombia.

    Al fin, el Estado al que combatieron con crueldad les va a realizar a las FARC sus consignas por decreto: tendremos paz, habrá tierra para los campesinos, la democracia será más amplia y auténtica, se reconciliarán víctimas y victimarios, se aplicará justicia a la medida, se crearán comisiones, comités, sistemas, tribunales, dispositivos por decenas formando un PARAESTADO, se impondrá el lenguaje de género y nos repetirán de todas las formas y a todas las horas los principios que ya figuran en nuestra Constitución como si los hubiesen rescatado de siglos de ostracismo.

    Los hitos de la desastrosa negociación quizás se hayan olvidado. El paquete que nos trajeron de La Habana fue estructurado paso a paso y con calculada parsimonia. Los “logros” se revelaban en medio de fiestas y shows publicitarios que no obstante luces y guirnaldas no suscitaron grandes emociones. Hagamos un brevísimo repaso:

    1. Se les otorgó estatus de contraparte a las FARC, por eso se negoció en pie de igualdad y por eso quieren presentar el arreglo como un Acuerdo en el marco del DIH como un tratado interpartes. Así, el Estado colombiano se igualó con una agrupación terrorista.

    2. Se negoció con las FARC temas propios de la Agenda Nacional relativos a políticas públicas: reforma agraria que busca revivir un modelo ya desueto basado en la parcela autosuficiente, como si en el campo no hubiese que trabajar, hoy día, en escala industrial y con alto rendimiento y productividad.

    3. Se negoció, antes y por fuera del Acuerdo Final, la doctrina militar, se debilitó el alto mando, se llamó a calificar servicios a los oficiales más experimentados y se debilitó la moral de combate del Ejército.

    4. Santos se comprometió a no tocar la Constitución, pero, los Acuerdos contemplan cambios de gran envergadura que la sustituirían, sustentados en una vaporosa retórica constitucional de corte greco-quimbaya en la que pulula una babosería insulsa sobre temas ya conocidos para descrestar a ingenuos e ignorantes.

    5. Se conformaría una Jurisdicción Especial de Paz de 72 magistrados 15 de ellos extranjeros, con varias salas de justicia, el famoso Tribunal de Paz diseñado por un abogado comunista español y dos magistrados colombianos uno de los cuales nos dijo que las FARC no eran tan malas y que había que dejar de tratar a los guerrilleros como delincuentes. Ese tribunal tendrá vigencia indefinida, plenos poderes penales, podrá hacer a un lado el principio de la cosa juzgada retomando casos ya definidos en nuestros tribunales y otros que pueden constituir una cacería de brujas o a buscar a los presuntos cerebros de la violencia.

    6. El presidente Santos llegó a decir que si el proceso fracasaba Colombia nada iba a perder, sin embargo estamos perdiendo cosas muy importantes: el sentimiento de seguridad (que se había recobrado con la política de la Seguridad Democrática), la tranquilidad y seguridad en las calles y barrios, ha renacido la extorsión, el país fue dividido desde el gobierno entre “pacifistas y guerreristas”, existe un temor razonable  de que se imponga imperceptiblemente, aprovechando el caos y la división de las elites políticas y de la opinión, el modelo castrochavista.

    7. El Congreso de la República fue castrado en sus funciones legislativas en la medida en que de triunfar el “sí” los acuerdos llevados a trámite en el Congreso no pueden ser modificados sino aprobados u objetados.

    8. Y el peor de todos los daños que se derivan de esta horrible entrega es el de la capitulación de la Justicia pues, según el Gobierno y sus seguidores, pedir justicia es revanchismo, es venganza, es guerrerismo. Para sustentar tal ignominia, los ultraradicales colectivos y comisiones de abogados y activistas de izquierda defensores de los derechos humanos, nos invitan hoy a que no se apliquen, a que pensemos que es lo mismo un delito de lesa humanidad que uno corriente, en nombre del ideal de la paz, que debemos perdonar aunque no nos pidan perdón, que no haya cárcel para delitos de lesa humanidad, que la prisión es un castigo feudal y anticuado, que no prestemos atención a los compromisos con el DIH que hace parte del Bloque de Constitucionalidad, que desconozcamos el mandato de la CPI a la cual pertenecemos.

    9. El Gobierno cedió a la guerrilla y a la intelectualidad que ha sido tolerante, justificadora o simpatizante de la causa la tarea de reconstruir la Memoria Histórica para que se escriba el relato verdadero y oficial de la historia del conflicto en el que se reafirmará que la violencia guerrillera fue fruto de “condiciones objetivas”.

    10. El paquete de los Acuerdos contiene desagradables sorpresas. Por el momento y de paso: se les concedería a las FARC, contrario a promesa del Presidente, 26 curules a partir de 2018 y sin exclusión de responsables de delitos atroces. Se les conceden miles de millones para la creación de su partido y hacer pedagogía sobre su ideología y programa, como si no tuvieran recursos.

    CODA: El 2 de octubre debemos votar rememorando una de las ideas más acertadas de Jorge Eliécer Gaitán: “El pueblo es superior a sus dirigentes”.

    Darío Acevedo Carmona, 29 de agosto de 2016

  • LA POLARIZACIÓN NO ES EL PROBLEMA

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    No somos el único pueblo sobre la tierra ni el primero que se polariza ante cuestión dilemática o que convierta la definición de un problema en motivo de álgidas disquisiciones e irreconciliables posiciones. No lo digo para consolarnos sino para que reflexionemos sobre esa fastidiosa costumbre de autoflagelarnos y creer que la lucha política puede llegar a ser totalmente cristalina y aséptica.

    Nada ganamos con quejarnos de la polarización que se ha creado en torno a las conversaciones de paz y el  plebiscito. Es cierto que circulan argumentos falaces, mentiras a rajatabla, rumores infundados, insultos, burlas, matoneo, pero también contamos con exposiciones serias, pensamientos y reflexiones en cada uno de los polos en los que ahora estamos ubicados la mayoría de los colombianos.

    Así pues, si en el debate hay de todo, quien quiera entrar en él, elige los términos con los que habrá de intervenir y las corrientes de opinión o exponentes con las que entablará su discusión. Y ojalá quienes se quejan de matoneo, haciéndoselo al contradictor, tónica de un buen número de columnistas, opten por una prosa más elaborada.

    Hay personas de las que uno esperaría que no acudan a las mentiras, como ocurrió en días pasados con declaraciones del expresidente César Gaviria Trujillo, quien sostuvo que en la negociación con paramilitares hubo total impunidad y que había miles de ellos en las calles, citando el caso de uno de los capos de esas organizaciones caminando tranquilamente por una calle céntrica de la capital. Voceros del gobierno y de partidos han sostenido lo mismo. La cuestión es de fácil respuesta y no hay que citar a ningún teórico de las ciencias sociales: Hubo cárcel para responsables de delitos de lesa humanidad, en principio se contempló la posibilidad de que pagaran penas en lugares diferentes a cárcel común, la Corte Suprema se opuso y ordenó castigos con prisión efectiva, el gobierno acató. Por tanto hubo una posición de Estado. Hoy, por el contrario, el presidente no contempla que se toquen los preacuerdos.

    Hubo extradición de jefes que incumplieron compromisos, no se les dio representación ni elegibilidad política. Confesaron muchas verdades, pidieron perdón, resarcieron, si bien es cierto a medias, a sus víctimas, y a pesar de muchas objeciones, el país no fue dividido ni fue materia de negociación las FF MM, la Agenda Nacional, la Constitución, ningún Órgano Judicial fue suplantado como ocurre en el actual proceso. Y el jefe paramilitar personaje que caminaba por calle capitalina pagó una pena de 8 años, los de las FARC caminarán por doquier sin ir un solo día a prisión.

    Un asunto que atiza la “polarización” es el relativo al ¿qué pasará? según el resultado del plebiscito. Quienes impulsan el SÍ sostienen que de ser victoriosos el presidente queda habilitado para adelantar la implementación de los acuerdos. Hasta ahí, todos podemos coincidir, es una decisión del constituyente primario que se debe acatar. Si lo que se lleve a la realidad conviene o no al país es otro asunto a cuyo alrededor proseguirá la controversia.

    Los partidarios del sí aseguran que de triunfar el NO el país volverá a la guerra, el presidente Santos y el expresidente Gaviria siembran miedo con esa amenaza. El primero pretende generar una atmósfera de pánico diciendo que esa guerra tendría como epicentro las grandes ciudades y sería más letal que las anteriores.

    Agregan que el NO deja sin alternativa al presidente de la república, o sea, el NO es el camino del desastre ya que no es posible rediscutir lo ya acordado. En cambio, más sutiles aunque, no se puede confiar en lo que dicen, las FARC manifestaron que ellos no se levantarían de la mesa.

    ¿Qué dicen los defensores del NO en caso de triunfar? Que el presidente no tiene porqué levantarse de la mesa pues ese no es el significado del NO. Se vota NO a todo porque el gobierno canceló el referendo que hubiese permitido formular varias preguntas en las que sería factible votar afirmativamente.

    Por disposición constitucional, el presidente tiene la obligación de seguir buscando la paz, de manera que lo que se desprende del NO en el plebiscito es que el presidente entienda el resultado como un mandato de la ciudadanía para que reencauce las negociaciones. Y si las FARC u otros grupos armados ilegales siguen en su plan de combatir con las armas a la institucionalidad, el presidente está obligado a responder con las armas legítimas de la República cualquier perturbación o amenaza a la seguridad nacional. Así está escrito en el Título VII Rama Ejecutiva, artículos 188 y 189 numerales 3, 4, 5 y 6. Un presidente no puede alegar miedo, objeción de conciencia o cansancio ante los deberes allí consignados.

    De manera que si el presidente ante una amenaza de retorno a las armas se asusta o muestra miedo puede ser acusarlo de cobardía. Está obligado a cumplir la ley y si le parece muy horrible el mandato constitucional de enfrentar todo desafío armado o violento al orden establecido, le queda la opción de RENUNCIAR al cargo para que el vicepresidente asuma esos deberes.

    Darío Acevedo Carmona, 22 de agosto de 2016

  • TRIBUNAL DE PAZ: UN ESPERPENTO JURÍDICO

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    Como para cancelar cualquier duda, inquietud u oposición, sobre la conformación del equipo que seleccionará el Comité de personas “intachables” que escogerán los 72 magistrados del Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el doctor Humberto de la Calle, especialista en solucionar un problema creando otros y en enredar lo que es sencillo, manifestó que "No habrá en Colombia quien ponga en duda la altura moral del comité de escogencia" (El Espectador, agosto 12/2016).

    Ahí está plasmado el espíritu autoritario y arbitrario, con sabor golpista, que ha inspirado a la política de paz del gobierno Santos y por supuesto a todos los agentes que la aplican sin rubor en La Habana. No se ha admitido ni se admitirá debate o cuestionamientos sobre los acuerdos porque los consideran perfectos.

    El anuncio, ya sin confeti ni brindis ni show publicitario, sobre la metodología para conformar el Tribunal de Paz de la (JEP) nos pone en frente de lo que no dudo en calificar el más dañino, el más ilegítimo y el más insultante de los acuerdos que se han firmado con las FARC.

    El exmagistrado Juan Carlos Henao, cocreador del esperpento jurídico, en entrevista concedida a la cadena BluRadio (12/08/2016) sobre este tema, manifestó su inconformidad cuando el periodista Néstor Morales se refirió a los guerrilleros de las FARC como “delincuentes”. Mientras discurría el intercambio entre ellos, pensé, para mis adentros, que Henao al rechazar ese calificativo y reivindicar que ellos eran “contraparte del Estado en las negociaciones de paz” tenía toda la razón, no era un invento suyo, como no lo había sido una declaración anterior en la que dijo algo así como que ya es hora de que los colombianos “dejemos de pensar que las guerrillas son tan malas como se cree”.

    Es que esa ha sido la MAYOR concesión dada a las FARC, entre otras, que se derivan de esa recategorización gratuita consignada en textos del Alto Comisionado de Paz, el filósofo Sergio Jaramillo, reiterada de mil maneras por el presidente Santos y aplicada de forma precisa por el dr de la Calle.

    Por supuesto, si se les ha tratado en calidad de fuerza beligerante de una guerra civil, aunque lo que hayamos sufrido en Colombia haya sido un fenómeno de terrorismo que han intentado convertir en guerra, todo lo acordado debe ser consecuente con tal reconocimiento.

    Por tal razón, el análisis del acuerdo que acaban de presentar “las altas partes” sobre la JEP debe partir de ese punto. Los exmagistrados Henao y Manuel José Cepeda, con el jurista comunista español Santiago, se inventaron esa monstruosidad jurídica, prevalidos de la noción “altas partes” para blindar jurídicamente a la dirigencia guerrillera y dejar, como espada de Damocles, una amenaza sobre miembros de la sociedad civil.

    El problema con el procedimiento, desde un ángulo más político que judicial, es que se pretende crear una SUPRACORTE, organismo integrado por 72 magistrados, varios de ellos extranjeros, que tendrán plenos poderes para revisar, investigar acusar y fallar en todo tipo de delitos y responsables de ellos que estén relacionados con el conflicto armado.

    Ello quiere decir, en primer lugar, que La Justicia colombiana es despojada de su poder y que se declina la soberanía nacional al admitir jueces extranjeros. De otra parte, que las Cortes Suprema y Constitucional, entre otros Tribunales, quedarán en inferioridad de condiciones, sus fallos podrán ser revisados y cambiados. No es desconfianza con el Papa ni con el Secretario general de la ONU, no, el problema reside en el sistema ideado que es tan perverso que podría estar integrado por ángeles y presidido por el arcángel san Gabriel, y aun así tendría unos superpoderes totalmente ajenos y extraños a nuestras tradiciones institucionales y jurídicas y por eso, totalmente peligroso y desconfiable.

    La JEP contiene en sus propios fundamentos la insólita pretensión de sustituir la Constitución colombiana que en varios artículos consagra, en calidad de Bloque de Constitucionalidad, preceptos, normas y castigos consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos a través de tratados y convenios de tipo internacional que por ser tales, adquieren la propiedad de no poder ser sometidos a negociaciones de paz. Por eso es que el gobierno y las FARC quieren hacer pasar el Acuerdo Final como un tratado internacional.

    En síntesis, la JEP y su Tribunal, constituyen un exabrupto jurídico, una intención de sustituir la Constitución, una alteración profunda del sistema judicial. Y una de sus consecuencias, de aprobarse, es que, las FARC adquieren de hecho y de derecho, la condición de fuerza beligerante y “parte contratante” ante la comunidad internacional, condición que le abrirá el espacio para exigir, por ejemplo, convocatoria de una constituyente en la que ellos, por ser “parte contratante” tendrían derecho, de facto, a la mitad de sus integrantes, entrar a formar parte del gobierno y revisar el modelo económico, todo ello enmarcado en su anhelada consigna de “refundar el Estado”.

    Darío Acevedo Carmona, 14 de agosto de 2016

  • ¿QUIÉN DIJO MIEDO?

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    Sin que se baje la bandera para dar inicio a la campaña por el plebiscito ya están en marcha las campañas por el SI y por el NO. Y en ambiente de intensa controversia emerge a lado y lado el recurso del MIEDO.

    El debate ha tenido altos y bajos niveles de argumentación en medio de una aplastante ventaja para el oficialismo que ha gastado sumas millonarias del presupuesto nacional en publicidad a favor de su posición. Y aunque la Corte Constitucional en su fallo dejó sentada la exigencia de que la pregunta no debe girar en torno a la paz sino a los Acuerdos, el combustible que está tensionando el ambiente es el dilema que se impone incontrolablemente.

    De un lado los que apostando por el SÍ atacan a los defensores del NO acusándolos de guerreristas y hasta amenazando, con fines de crear MIEDO, con la prolongación de la guerra por otros 50 años y su impacto sobre todo en los centros urbanos.

    Del otro lado, se señala a los partidarios del SÍ de haber sido demasiado condescendientes con la guerrilla al haber puesto en cuestión aspectos sustanciales de la vida nacional, y se agrega, también para que las gentes teman por el futuro y con razones ampliamente difundidas, que este proceso le abre las puertas al modelo castrochavista o socialismo bolivariano del siglo XXI.

    Como quiera que a los críticos de las negociaciones en La Habana se nos tilda de exagerados al decir que este peligro está latente, pues el comunismo colombiano es débil en apoyos y en unas elecciones libres serían ampliamente derrotados, vale la pena insistir en la racionalidad del temor que sentimos, que en vez de amilanarnos, nos lleva a impulsar el movimiento por el NO en el plebiscito.

    En todos los países del mundo donde han triunfado los comunistas ha sido a través de las armas, de golpes de estado, de insurrecciones o alianzas con fuerzas socialdemócratas, liberales o progres que no creyeron que podían perder el poder y ser luego eliminados del escenario político por aquellos.

    La experiencia comunista desde la URSS, pasando por China y por países que no renuncian a la dictadura del proletariado, como Cuba y Corea del Norte, ha sido un desastre total. Sin embargo, en América Latina y liderado por los Castro y el Foro de Sao Paulo, el comunismo se reinventó y camuflado en mil causas desde las ecológicas, la democracia, los derechos humanos y hasta las de género, lograron crear un bloque de países gobernados por ideas que aunque no se presentan de comunistas, tienden a ese ideal fracasado.

    Con paciencia infinita, los comunistas abren espacios entre fuerzas que subestiman su carácter peligroso. La revolución cubana mandó al paredón a quienes antes la aplaudieron desde orillas cirineas. En Venezuela hasta las elites políticas, los intelectuales y los empresarios, creyeron ciegamente en Chávez. Ni este ni Fidel declararon su fe comunista en principio, solo lo hicieron cuando se habían asegurado el control del poder.

    Los comunistas en todas partes conspiran para crear desorden, divisiones, desconcierto, temores, incertidumbres en su estrategia de toma del poder. Aprovechar la crisis de las clases dominantes y sus fuerzas armadas es parte del libreto. No han declinado en su lucha por la dictadura del proletariado, expropiar a los terratenientes y hacendados, estatizar la economía, abolir la propiedad privada y usar el aparato educativo para crear el pensamiento único adoctrinando a los niños y jóvenes.

    La principal fuerza comunista en Colombia está representada por las FARC que en La Habana ha reafirmado sus tesis marxista-leninistas detrás de las que justifican todos sus crímenes. No han renunciado a ellas ni lo harán, pero, para ingresar en sociedad las relegarán, por un tiempo, a planos muy secundarios. Aborrecen la democracia que consideran burguesa y la usan como escalón para acceder a puestos de privilegio desde donde atacarán la fortaleza enemiga.

    El Foro de Sao Paulo es hoy día el epicentro de la estrategia que apunta a la instauración del comunismo en la región. En Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, conquistaron el poder sin mayor oposición y con el visto bueno de alegres solidarios que no previeron el peligro. Arrasaron el orden constitucional para perpetuarse en el poder, arruinaron la separación de poderes y restringieron la libertad de prensa, además del gran desastre de la economía en Venezuela uno de los países más ricos del mundo.

    Que Colombia sea un país objetivo en ese plan y que la Cuba de los tenebrosos dictadores Castro no elimine el Departamento América (encargado de propagar su revolución continental) de su partido comunista, refuerza el temor. El miedo deja de estar en el horizonte para entrar en el juego de las posibilidades a través de unas negociaciones en que se les entrega demasiadas ventajas.

    El miedo surge también de la gestión de gobernantes de la talla de Juan Manuel Santos que confunde el país con un casino y de la dirigencia de partidos como el lánguido y plutocrático liberalismo, un empresariado acobardado y ciego ante los nubarrones y sordo a las advertencias, una prensa entregada a la millonaria pauta publicitaria oficial y un Ejército descabezado y sin mística al que le acaban de cambiar su doctrina (exigencia de las FARC).

    Me pregunto: ¿es o no es razonable sentir miedo, sentimiento profundamente humano, y decírselo a los colombianos para que entiendan que solo luchando contra los infames y entreguistas acuerdos de La Habana podemos iniciar el camino de recomponer las negociaciones de tal forma que la paz no signifique el hundimiento del país en nuevas violencia, en el caos y poner en riesgo, sin necesidad, la democracia y las libertades?

    Darío Acevedo Carmona, 8 de agosto de 2016

  • SEA SERIO PRESIDENTE SANTOS

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    Si antes era cada mes o meses y luego semanas, en la actualidad, las noticias desagradables sobre las conversaciones de paz y sus consecuencias son el pan diario. No hay día en que no bien estamos atragantados con un sapo entra a nuestro aparato digestivo otro igual o más asqueroso.

    Se ha consolidado un estilo de gobierno extendido a otros organismo del estado, consistente en no dar a conocer los hechos en su plenitud sino de a pocos, como para ir midiendo la reacción de la opinión pública y dosificar el veneno de tal manera que las dosis siguientes hagan olvidar las anteriores.

    Un día declararon que no se pondría en juego la Agenda Nacional, pero, en la práctica lo hicieron, de a pocos, para que no causara mayor indignación. Que no se igualaría a nuestras FF AA con las guerrillas, pues sí que lo han hecho y peor, las han colocado por debajo. Y así, en seguidilla, con la Constitución, con la Justicia, y estamos a punto de que se apruebe una dictadura con visos legales. Razón de sobra tiene el expresidente Pastrana al calificar la situación como un golpe de estado.

    Esta semana por ejemplo, como en una sinfonía imperfecta, porque quien sabe con qué melodía saldrán mañana, habló el comandante del Ejército Nacional, el general Mejía, quien muy orondo y en traje de fatiga arengó a las Tropas Especiales que saldrán a cumplir misiones de paz de la ONU en países y regiones en guerra, destinos no apetecido ni por el mejor de los Rangers: Siria, Africa Central, Medio Oriente, Sinaí, Afganistán, etc., como si en el país no hubiera amenazas internas (ELN, Bacrim) y externas (regímenes comunistas y dictatoriales de Venezuela, Ecuador y Nicaragua).

    Luego, el comandante de la Armada nos asestó un mazazo al anunciar la reducción de su fuerza hasta alcanzar una condición “mediana” que significa cualquier cosa y en todo caso disminución, mientras el ejército de Nicaragua con la pretensión de robarnos más mar se fortalece con el apoyo de Rusia y China. Y cerrando el sainete porque la sinfonía desafinaba, los senadores enmermelados de la Unidad Nacional proclaman el derecho a votar (no a ser elegidos) para los militares. Bonita forma de acallar el guarapazo recibido, ni más ni menos que (sin que todo esté acordado) la revisión profunda de la doctrina militar de las FFAA, preciado anhelo fariano.

    En mi columna anterior, fallé en advertir todas las fallas de la Corte sobre el plebiscito, miren esta: El exmagistrado, Jaime Araujo Rentería, demostró palmariamente la contradicción que se encierra en haber declarado que la propuesta que se votará es de contenido político, y a la vez, autorizar, violando la Constitución, a los funcionarios públicos a hacer campaña en el plebiscito que sería lo mismo que hacer política, y de cómo tal autorización, le otorga ventaja apreciable a un gobierno ya casi con poderes absolutos, para impulsar el sí: “La Corte consideró que estos efectos tienen un carácter exclusivamente político… Pues, bien: si es un acto exclusivamente político, toda opinión que se emita sobre él, a favor o en contra, es también política y los funcionarios públicos que participen, estarían participando en una actividad política y haciendo política”(Véase: http://periodicoelsatelite.webnode.es).

    De otra parte, la presidente de la Corte, dra María V. Calle, declaró días después del fallo, que en caso de triunfar el NO en el plebiscito la propuesta de paz podría ser retomada por el Congreso (que seguro contará con fallo de exequibilidad para autocastrarse cediendo poderes legislativos al presidente) o por la rama Judicial, que suena parecido al dicho “con cara gano yo y con sello pierde usted”. Así, el fallo de la Corte se va “puliendo y precisando día a día, según las presiones, burlando así el deber de mostrar el texto de los fallos inmediatamente y no según el sol que alumbre.

    Y para cerrar esta semana intensa, el dr de la Calle y el filósofo de la entrega, Sergio Jaramillo, en reunión con dirigentes conservadores expresaron unas opiniones que, quizás sin querer, develaron que todo este proceso se ha hecho a espaldas de la ciudadanía, con engaños, tapados, trampas, ardides y picardías y que el llamamiento a líderes de la oposición y críticos para buscar entendimientos, solo era una trampa.

    En efecto, ante inquietudes y críticas de participantes de la reunión,  de la Calle afirmó que ya no era posible reabrir temas ya cerrados: “lo difícil es lo que proponen de reabrir los acuerdos, eso es complicado y sería dañino para la negociación…” y desafiante planteó que a quien no le gustaran los acuerdos podría votar por el NO. Nos notifica pues la primicia de que el principio que supuestamente regía las conversaciones de paz “Nada está acordado hasta que todo esté acordado” ha sido una gran mentira.

    Como si fuera poco, el filósofo Jaramillo, habló como si negociar temas de la vida nacional con terroristas fuera un asunto tan ordinario y simple como negociar una propiedad o un bien personal: “es que esto (los acuerdos de la supuesta paz) no es un menú de restaurante donde uno escoge que le gusta o no”. Es decir, se impondrá lo que ellos en su “sabiduría” cedieron y regalaron como si fueran sus bienes personales. (Véase, caracol.com.co 28/07/2016)

    Nos queda claro, entonces, que este ha sido un proceso manejado con mentiras y que al Gobierno Nacional le han faltado calzones en la mesa y seriedad en el manejo de la información.

    Darío Acevedo Carmona, agosto 1 de 2016

  • LAS FALLAS DEL FALLO SOBRE EL PLEBISCITO

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    Los términos del fallo de la Corte Constitucional sobre el plebiscito nos confirma la presunción de que el proceso de paz del Gobierno Santos apunta a cambiar profundamente todo el ordenamiento del país, incluido el himno nacional.

    Nunca se le prestó suficiente atención en el debate sobre las negociaciones de paz a la tesis esgrimida por el Alto Comisionado de Paz, el filósofo Sergio Jaramillo, según la cual para hacer la paz es necesario tomar medidas extraordinarias y excepcionales en el periodo de transición que estaría ya comenzando y que consiste en crear las condiciones para realizar todo lo acordado en La Habana: “La excepcionalidad. Los efectos de 50 años de conflicto no se pueden reversar funcionando en la normalidad. Tenemos que redoblar esfuerzos y echar mano de todo tipo de medidas y mecanismos de excepción: medidas jurídicas, recursos extraordinarios, instituciones nuevas en el terreno que trabajen con suficiente intensidad e impacto para lograr las metas de la transición”. En este postulado cabe desde la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) con su Tribunal omnímodo, hasta un golpe de estado.

    El fallo es, en tal dirección, un paso significativo en el propósito de refundar el Estado colombiano promovido e impuesto por las FARC, pues lo que diga la Corte es incuestionable y por lo mismo, los acuerdos quedarán blindados excepto que suceda algo extraordinario, como que en el plebiscito triunfe de manera aplastante el NO. La Corte, no sé si en conciencia, se clavó un mortífero puñal puesto que cuando entre en funciones el Tribunal de la JEP, el sistema judicial colombiano queda subordinado o suplantado.

    Pero, la principal falla del fallo radica en haber aceptado, so pretexto de que la ley no dice nada al respecto, que una minoría (13%) tome decisiones trascendentales para el país. Se olvidó la Corte que cuando la ley no dice nada sobre una cuestión se debe aplicar el criterio utilizado en caso similar. En cambio, la Corte nos deja un pésimo ejemplo de democracia al estatuir que las minorías son más poderosas que las mayorías.

    Otro problema que la Corte dejó sin resolver fue el relativo a la pregunta del plebiscito, que en todo caso será una sola, negándole a la ciudadanía la opción de expresar su parecer con un sí o un no sobre temas muy diversos y de distinto calibre, de discernir para votar sí en unos casos y no en otros.

    Un último fallo es el referente a la decisión de prohibir la financiación estatal de las campañas, en cuanto el sector que apoya el SI es claramente beneficiario desde hace buen tiempo de prerrogativas que se derivan del ejercicio del poder: publicidad de todos las dependencias oficiales a favor de la paz gubernamental, asignación de partidas de inversión (mermelada) vía congresistas, amenazas veladas y directas a alcaldes y gobernadores de cancelación de obras y compromisos en caso de no colaborar con el sí.

    El panorama y las condiciones son pues ampliamente favorables al presidente Santos. El Congreso arrodillado, la Constitucional a su favor, los grandes medios ni se diga, el empresariado temeroso de represalias. Y por eso, la batalla por obtener el apoyo ciudadano por el NO se librará en condiciones bastante adversas.

     No obstante, considero que aislarnos de las gentes, de esa opinión con la que podemos aspirar a la derrota de la paz entreguista, sería un error gravísimo. Perderíamos una oportunidad y un espacio para hacernos escuchar en el país y en el exterior. Si nos abstenemos no podremos preciarnos de nada y le dejaremos la vía libre a la paz impune. La abstención  en Colombia es un mal crónico que deslegitima la democracia y que, además, deja el camino expedito a quienes, así sea con pocos votos, imponen sus propuestas.

    La abstención en este caso, nos aislaría de millones de seguidores que están alertas en la defensa de los valores republicanos, de la justicia y de la democracia. Decirle a esa opinión que nos vamos a abstener es como paralizarlos, ponerlos en el lugar de espectadores de un gran fraude que legitimará el triunfo del sí sin resistencia.

    El plebiscito, no obstante sus limitaciones, es una oportunidad para hablar con las gentes, para llegar donde no hemos podido ir, para darle a conocer al mundo y a la nación las poderosas razones que tenemos para decirle NO a una paz impune. El plebiscito es una de las tantas batallas que habremos de librar para evitar el triunfo de la paz engañosa y entreguista Santos-FARC.

    Coincido con quienes caracterizan esta convocatoria como fraudulenta, también eran fraudulentas las que hacía el chavismo en Venezuela, pero, tengamos en cuenta que si no apostamos a ganar con el NO, el gobierno ganará más fácil el plebiscito y en tal sentido, nuestra Resistencia Civil tendremos que librarla en peores condiciones y con menos garantías.

    Lo correcto, entonces, es participar en el evento, no dejarle el camino libre al Gobierno. Los que consideramos que este proceso quedó mal hecho y es inconveniente para la nación, debemos oponernos por la vía civilista, y el plebiscito es una de ellas.

    Darío Acevedo Carmona, julio 25 de 2016

  • PAZ: NI PERFECTA NI MAL HECHA

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    Está instalada en el imaginario de una porción de la población colombiana la idea de que tuvimos una guerra de 52 años. Esta lectura, que constituye un triunfo de las guerrillas comunistas, tiene eximios representantes en el mundo académico. Sobre esta apreciación equívoca se fundamenta la política de paz del actual gobierno desde la cual se le reconoció a un “actor” de esa “guerra” la calidad de contraparte del Estado.

    Dicha hipótesis da por hecho que lo vivido tiene ribetes de una guerra y se niega a reconocer que el fenómeno no alcanzó los niveles de conflagración y de división de la sociedad que se consideran necesarios para calificarlo como tal. Se sostiene, además, que esta “guerra” es consecuencia de “una paz mal hecha”, la del Frente Nacional, y de la no resolución del problema agrario.

    Los intelectuales de las guerrillas sostienen que ellas nacieron como consecuencia de la “paz mal hecha” entre liberales y conservadores en Benidorm y en Sitges de la que surgió el Frente Nacional, mal hecha porque no resolvió el problema de la tierra dando por verdad que ese habría sido el fundamento de la Violencia, tesis no demostrada, y porque ese régimen fue excluyente con otras fuerzas políticas, que por lo demás o no existían o eran insignificantes en 1957.

    Me parece importante traer a colación una carta dirigida al presidente Alberto Lleras Camargo por los jefes guerrilleros comunistas Manuel Marulanda Vélez y Ciro Castaño en septiembre de 1958. En ella le manifestaron su apoyo a la paz que se iniciaba y ofrecían su ayuda para combatir el crimen y el abigeato: “no estamos interesados en luchas armadas y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance con la empresa de pacificación…”  Más adelante insistían en que “no existe razón alguna para la resistencia armada” y que en adelante “continuaremos obedeciendo a las autoridades legítimamente constituidas y las leyes…” (Véase de Gonzalo Sánchez, Ensayos de historia social y política del sigloXX, El Áncora Editores, 1984, pag. 272)

    Este documento indica que la lectura del conflicto a la que estamos aludiendo, sufrió un cambio que sirvió para justificar el “alzamiento armado” en 1964, pues la paz, según la misiva de “Tirofijo” y compañía, no dependía de la resolución de lo que muchos académicos llaman el problema agrario o la distribución de la tierra y que la paz del Frente Nacional fue recibida de muy buenas maneras.

    Cabría preguntar, entonces, utilizando la lógica de los defensores de la nueva lectura ¿si la “paz mal hecha y excluyente” del Frente Nacional dio origen a “la violencia revolucionaria” en 1964, por qué la que se va a firmar hoy con una de las guerrillas, con exclusión de otras (p.e. ELN) y de otros grupos armados irregulares (Bacrim) y de más del 50 por ciento de la población que no está de acuerdo con una paz basada en la impunidad, no dará lugar a nuevas violencias?

    Por supuesto, si les otorgamos la razón histórica y moral a quienes intentaron, infructuosamente, levantar el “pueblo en armas contra el régimen opresor”, estaría justificado, como dan a entender los partidarios de la idea de las “causas objetivas”, que con tal de que no nos sigan matando, secuestrando, extorsionando o atentando contra la infraestructura nacional ni reclutando niños ni violando mujeres ni destruyendo pueblos y villorrios miserables, vale la pena aceptar lo inaceptable.

    Es decir se validaría el chantaje contenido en el amenazante dilema “si no firmamos en los términos de la guerrilla tendremos medio siglo más de guerra”,  que es como estar sufriendo un atraco en el que te ponen un cuchillo en la aorta, te obligan a entregar todos tus bienes, abusan de tus seres queridos, y luego, con la promesa de “no hacerte más daño” y “respetar” tu vida, a cambio de que no interpongas denuncia, te dejan “libre”. Y el ofendido, víctima del síndrome de Estocolmo, te abraza y agradece tu gesto “altruista y humanitario”.

    Estamos de acuerdo en que no debemos aspirar a una paz perfecta, quienes piensan que los críticos del actual proceso queremos, a toda costa, una paz perfecta, están muy equivocados. La idea no es levantarse de la mesa sino intentar su reorientación, de tal forma que el Estado y el Gobierno no otorguen garantías y prebendas por temor al chantaje de una nueva guerra de medio siglo.

    De lo que se trata es de no poner en riesgo las columnas institucionales de la sociedad, es decir, destruir la casa para que sea reconstruida quién sabe cómo. Se acepta la Justicia Transicional pero no la sustitución de nuestras Cortes por espurios aparatos. Es aceptable que el Estado distribuya tierras en zonas conflictivas pero sin que se afecten los tenedores de buena fe. Se puede, incluso, otorgar algunas curules nacionales y locales por una vez siempre y cuando no recaigan en responsables de crímenes atroces, y así, en otros puntos se puede dar un giro razonable, no para firmar una “paz perfecta”, pero sí para evitar una paz “mal hecha”.

    Darío Acevedo Carmona, julio18 de 2016

  • RESPONDAN SIN EVASIVAS

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    Afectados por una peste de inopia argumental, un sector de pazólogos (defensores de la paz a cualquier precio) se han aferrado a una vieja estrategia de las izquierdas colombianas: atacar a Uribe usando como pretexto acciones y hechos de su administración para justificar la validez de lo que se está acordando en las conversaciones de La Habana. Son incapaces de responder cualquier cuestión sin referirse a ese “enemigo” al que, como “pitbull” con su presa, no lo sueltan ni para respirar.

    Se engañan a sí mismos, a la opinión pública y al sentido común, pues el deber de todo intelectual, académico, gobernante, funcionario o representante de la ciudadanía es defender racionalmente sus posiciones. Entre otras cosas porque las inquietudes, dudas, incertidumbres y críticas que se han ventilado en torno de las conversaciones de paz no provienen única y exclusivamente del expresidente Uribe ni del CD ni de sus seguidores. Líderes conservadores, liberales, columnistas, juristas y exmagistrados que no son uribistas, han dado a conocer sus puntos de vista recibiendo como respuesta “es que Uribe esto, Uribe aquello…”.

    Aclaremos un par de situaciones que le enrostran a Uribe con la aviesa finalidad de justificar lo injustificable y esconder su miseria argumental con una vocinglería insulsa y repetitiva. Dicen que Uribe hizo elegir un Congreso paramilitar, lo cual es falso de toda falsedad ya que Uribe llegó a la presidencia en ambos periodos sin ser candidato por ningún partido. La bancada que lo apoyó desde 2002 estaba compuesta por liberales, conservadores, vargaslleristas y otras minorías, también tuvo apoyo de uno que otro exguerrillero del M-19 y del EPL. Los acusados de nexos y militancia con grupos de autodefensa y paramilitares cometieron sus delitos perteneciendo a dichos partidos y antes de que Uribe llegase al poder.

    Una senadora verde que acostumbra llamar la atención con sus gritos histéricos afirmó que Uribe fue presidente elegido por el paramilitarismo y que el Congreso estuvo en manos de estos grupos en un 40%. Ella pretende, al estilo mamerto, tender un manto de duda sobre la integridad moral del contendor. La senadora omite reconocer que fue el expresidente el que llevó a la cárcel a pagar penas efectivas de prisión a unos y extraditó a 14 de los principales capos paramilitares a USA, no les concedió elegibilidad política, ni diarios, ni programas de tv, ni los igualó al Estado y aceptó las modificaciones que las cortes Suprema y Constitucional y el Congreso hicieron a los acuerdos en vez de anularlos o seducirlos. No se quejó de los críticos ni compró el silencio o apoyo de la gran prensa. No les concedió territorios, la negociación se realizó en un solo y reducido espacio, no modificó la Constitución, no pidió poderes absolutos o especiales, no puso en la mesa la Agenda Nacional, no les dio estatus de contraparte del Estado, hubo entrega de armas, no amnistió delitos de lesa humanidad, la garante y veedora fue la OEA. No hay, pues, punto de comparación entre aquel proceso y este.

    Las preguntas formuladas por más del 70 por ciento de colombianos siguen sin ser respondidas por el Gobierno y sus escribanos que se presumen de avanzada. Prefieren optar como muletilla al expresidente Uribe en vez de absolver interrogantes de este tenor: ¿Cuáles son las razones para concederles elegibilidad política y puestos en los órganos de elección popular a responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra? ¿Por qué se quiere sustituir la Constitución después de haber asegurado que eso no se haría? ¿Por qué guardan silencio ante las evasivas de las Farc  sobre la entrega de las armas? ¿Hay alguna experiencia en el mundo en la que el narcotráfico y el secuestro hayan sido reconocidos como delitos conexos (es decir, altruistas) al delito político? ¿No les parece contradictorio que el Gobierno de la espalda a la Corte Penal Internacional, de la cual hacemos parte, y reemplace su estatuto y a la justicia nacional creando una Jurisdicción Especial inapelable y conformada con participación de las Farc? ¿Por qué los militares y los miembros de la sociedad civil tienen que comparecer ante un Tribunal conformado a criterio de la guerrilla? ¿Por qué se consideran de buena factura moral los crímenes de guerra y de lesa humanidad de los jefes guerrilleros? ¿Cuál es la razón de que los victimarios terminen como víctimas del Estado? ¿Les parece bien que varias decenas de parapolíticos estén en las cárceles y ni uno de la paraguerrilla a sabiendas que han cumplido misiones similares? ¿Pueden demostrarnos que las guerrillas representan los intereses del campesinado colombiano? ¿Cuándo nos van a explicar el enredo semántico “cárcel no significa cárcel”?

    ¿De cuándo acá haber utilizado las armas de la Nación contra organizaciones terroristas fue un error o algo inútil o injusto? Pues sí así les parece, entonces están igualando la legitimidad con el terror y esa es la verdad inconfesada que no se atreven a decir o la dicen con perfume o anestesia.

    Hablan de paz, reconciliación, cese a los odios, contra el desbordamiento del lenguaje, pero, quieren silenciar a más de medio país y aplastar al expresidente Uribe y a su corriente política, y en vez de despejar las dudas e incertidumbres de las gentes, quieren reconciliarse con quienes ni siquiera piden perdón para sacar adelante una paz a los trancazos.

    Darío Acevedo Carmona,  6 de junio de 2016

  • DECLARACIÓN PÚBLICA (de rechazo a amenazas a Darío Acevedo y en defensa de la libertad de expresión)

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    Las personas que suscribimos esta declaración somos militantes de la democracia y, por ende, defendemos el pluralismo y la tolerancia como factores de la convivencia que tiene alcances permanentes en el desarrollo de un país civilizado y de un estado de derecho. Además, ejercemos la ciudadanía de manera independiente o en distintos partidos y corrientes políticas. Por lo anterior vemos con honda preocupación las amenazas explícitas y señalamientos con intenciones agresivas que desde una publicación afín a las Farc, como es la agencia de prensa Anncol y uno de sus columnistas, se lanzan contra el historiador y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Darío Acevedo Carmona, columnista del diario El Espectador y de varios portales internacionales

    El lenguaje hostil y vindicativo utilizado para atacar al profesor Acevedo Carmona, por sus críticas al proceso de paz que se realiza en La Habana y sus conceptos acerca del comunismo y del marxismo, es inaceptable. Sus puntos de vista no pueden ser motivo para poner en peligro la integridad de un ciudadano que ejerce la libertad de expresión y la libertad de opinión, criterios básicos que informan las leyes y la Constitución de Colombia. Más grave aun cuando las Farc se encuentran en diálogos de paz que llevarían a la reconciliación, mientras desde sus medios de comunicación expresan la descalificación de las ideas contrarias a su pensamiento político.

    Por lo tanto, desde el terreno de la democracia nos dirigimos al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y a los negociadores que tienen la vocería del Estado colombiano para que exijan a las FARC respeto total, integral e incondicional  a la libertad de expresión y a la vida e integridad de los columnistas de opinión, cualesquiera que sean sus puntos de vista.

    Septiembre 4 de 2015.

    CARLOS ALBERTO MONTANER (Estados Unidos), OSWALDO ÁLVAREZ PAZ (Venezuela), MALCOM DEAS (Gran Bretaña), CHARLES BERGQUIST (Estados Unidos), HERBERT TICO BRAUN (Estados Unidos), CARLOS MALAMUD (España), MARÍA ANTONIA PEÑA GUERRERO (España),EDUARDO MACKENZIE (Francia), ÁLVARO TIRADO MEJÍA, PLINIO APULEYO MENDOZA, FERNANDO LONDOÑO HOYOS, IRENE GAVIRIA, OSCAR IVÁN ZULUAGA, JESÚS VALLEJO MEJÍA, DARÍO VALENCIA RESTREPO, JAIME RESTREPO CUARTAS, SAUL HERNÁNDEZ, EDUARDO ESCOBAR, JAIME JARAMILLO PANESSO, JOSÉ FELIX LAFAUIRIE, JOSÉ ALVEAR SANÍN, CARLOS RAFAEL URIBE, JORGE GIRALDO, ANA MERCEDES GÓMEZ MARTÍNEZ, DARÍO RUIZ GÓMEZ, LUZ MARÍA TOBÓN, LIBARDO BOTERO CAMPUZANO, MARIO HERNÁNDEZ MIRANDA, STELLA RÍOS, ALBERTO RENDÓN, JUAN FERNANDO JARAMILLO GALVIS, ALFONSO MONSALVE SOLÓRZANO,  CRISTINA  DE TORO, HERNÁN MIRA FERNÁNDEZ,  ALVARO LÓPEZ, ARIEL PEÑA,  UTRACOL (Unión de Trabajadores Colombianos del Espectáculo y la Comunicación), LIGIA MARTÍNEZ MALUENDAS, ÁLVARO JIMENEZ GUZMÁN,  JAIME FRANCISCO DANGOND DANGOND, CARLOS ALBERTO GÓMEZ FAJARDO, GONZALO MEJÍA, BENJAMÍN DE LOS RÍOS OSORIO, MAURICIO VELÁSQUEZ FERNÁNDEZ, JORGE MEJÍA MARTÍNEZ, MARILUZ URIBE, DANNY GARCÍA CALLEJAS.

     

    (El profesor Tirado Mejía nos hizo llegar el siguiente texto: Me solidarizo  con el colega  Darío Acevedo y autorizo la siguiente DECLARACIÓN.
    Con motivo de las amenazas dirigidas contra el académico y columnista de El Espectador,  Darío Acevedo, por parte de los voceros de un grupo armado ilegal, manifiesto mi rechazo a dichos métodos, mi solidaridad con el escritor amenazado, y el repudio a conductas violenta que coarten  la libertad de prensa  y derechos humanos fundamentales como es  la libertad  de expresión. Alvaro Tirado Mejía
    . Ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos),