06/05/2008
PALOS DE CIEGO CONTRA LA INFILTRACION PARAMILITAR
Palabras clave: Infiltración paramilitar, Colombia, partidos uribistas, institucionalidad, consenso.
Número de palabras: 1396
Nada más peligroso para un enfermo que un mal diagnóstico, mucho peor es que se recete el medicamento impropio para un mal. Una enfermedad fastidiosa puede convertirse en una auténtica crisis y poner el enfermo en serios aprietos a causa de malos diagnósticos y/o malas medicinas. Está a la orden del día sugerir los más disímiles remedios para la situación que atraviesa el país en razón del escándalo derivado de las denuncias de la infiltración del paramilitarismo en la política. Se sugiere desde la disolución del Congreso, la convocatoria de una consulta popular, de una constituyente, el adelanto de elecciones, hasta la renuncia del presidente y la disolución de los partidos. Cada quien o cada organismo lanza sus propuestas sin caer en cuenta que el carácter unilateral de las mismas las desvirtúa y las hace inocuas o enredan más que aclarar la situación que se pretende subsanar.
Si no se parte de reconocer que tanto el paramilitarismo como el narcotráfico y la guerrilla infiltraron a placer las instituciones más importantes del estado colombiano, sus partidos, el congreso, su fuerza pública, sus jueces, las leyes, como también elementos de la sociedad y la economía, a sus dirigentes, los negocios, los comportamientos, los valores y hasta las relaciones familiares, difícilmente encontraremos fórmulas que nos permitan salir indemnes de esta delicada coyuntura, es decir, sin caer en los extremos de las salidas tipo Sansón: muera Sansón y todos los filisteos o del tipo Adán o Ave Fénix: todo ha de comenzar de nuevo o renacer de las cenizas. Fórmulas extremistas que niegan, en el fondo, los avances del estado y la recuperación de la institucionalidad en los últimos años como producto de la aplicación del Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática.
La cuestión no consiste en plantear una especie de competencia por hacer la propuesta más arrojada o atrevida como si estuviésemos al borde del abismo. Dejarse llevar por la confusión no es un buen camino a seguir, mucho menos si esas ideas “salvadoras” provienen de quienes tienen responsabilidades de estado. Los tres poderes en que se sustenta nuestra democracia, no obstante sus desajustes y desacuerdos y las instituciones y las autoridades que las componen no pueden dar a entender que son incapaces de encontrar salidas institucionales a la crisis política. Lo menos que se puede esperar de ellos es una actitud negativa a actuar con los mecanismos y los procedimientos estipulados en nuestras leyes, por el contrario, deben mostrar disposición a colaborar orgánica y conjuntamente en la búsqueda de las fórmulas más apropiadas para superarla.
Una situación como la que vivimos en esta coyuntura es ideal para borrar la línea que separa la responsabilidad individual de la colectiva. En efecto, se oyen decir cosas del calibre de atribuir la culpa al conjunto de la sociedad, la culpa o responsabilidad colectiva que nos convierte a todos en victimarios o cómplices por acción o por omisión de todos los desastres. Así se desprende de frases ligeras según las cuales todos llevamos una “paraco” en nuestros corazones o si somos críticos del gobierno es porque somos proguerrilla o todos tenemos un comportamiento mafioso. También cabe ahí el impulso a actitudes de convertir a todos en víctimas y a hacer de la reparación un proceso vengativo en el que las víctimas reales son instrumentalizadas por grupos de interés. Tendemos con relativa facilidad a la exageración y a la autoflagelación.
De todas las propuestas que se han hecho ninguna es descartable a-priori, pero hay una exigencia mínima para todas aquellas personas u organizaciones que desean hacer sugerencias, la de despojarse de todo interés oportunista de sacar beneficios haciendo de los problemas un tema de agitación política y electoral, es decir, para hundir a los otros y para sacar ventaja. Alguien debe liderar el proceso de búsqueda de un consenso entre las fuerzas y las instituciones más representativas de la sociedad colombiana. Y ese alguien no puede ser otro que el presidente de la república. Echarle toda el agua sucia al Congreso y a los partidos resulta injusto y parcializado. Injusto porque los escándalos no se limitan tan sólo a los políticos y a los partidos de la coalición de gobierno. Se destaparán otros insucesos y denuncias que permitirán apreciar en toda su magnitud el nivel profundo de la infiltración del paramilitarismo en otros sectores del estado y la sociedad: se anuncian casos que involucran al poder judicial, a ministros y ex ministros, a altos oficiales de la fuerza pública, a empresarios, a dirigentes de la izquierda, a líderes sindicales e incluso a periodistas. Y de la infiltración se sabrá que no sólo fue causada por los paramilitares sino también por las guerrillas.
¿Para qué y por qué se precisa del liderazgo del presidente? Ante todo porque tenemos un régimen presidencial y es lógico que él mismo, en su calidad de jefe de la nación, que encarna la unidad nacional y en tanto cabeza del gobierno tiene la obligación constitucional de buscar la solución adecuada y pronta a los problemas de índole general. Pero también porque siendo el líder de un régimen presidencialista tiene la responsabilidad de convocar a los demás poderes y a los sectores representativos de la sociedad para buscar respuestas a los desafíos de la coyuntura. Se trata de forjar un consenso lo más amplio posible en torno a temas álgidos como el establecimiento de la necesaria distinción entre responsabilidad individual y responsabilidad colectiva, entre la penalización de los delitos de sangre y lesa humanidad y aquellos que se cometieron con fines de aprovechamiento electoral, entre quienes se vieron impelidos por la amenaza, la desprotección estatal y el miedo y quienes colaboraron e impulsaron la formación de grupos violentos al margen de la ley por convicción propia. Es menester establecer qué se puede perdonar y qué no, que va a pasar con la extradición, hasta dónde esperamos llegar en materia de justicia, verdad y reparación de tal manera que evitemos enredarnos de por vida en mutuas recriminaciones. Y, luego de definir los comportamientos penalizables y la magnitud del daño ocasionado a las instituciones y a la sociedad, pensar en los procedimientos o la metodología a aplicar. La idea de convocar una constituyente, adelantar las elecciones o disolver los partidos de la coalición no tendría la misma connotación y aceptación si es lanzada por una persona o grupo que si es originada en un consenso.
El gobierno nacional tiene que ser coherente y consecuente con lo expresado por el presidente Uribe cuando afirmó que las denuncias e investigaciones se pueden adelantar desde la institucionalidad, sin quebrantar la división de poderes. La existencia de diferencias y contradicciones entre los poderes no es razón para apelar a salidas de corte extremo. Uribe fue enfático en señalar el peligro de desconocer la fortaleza del estado y de las instituciones: No puede ser que paguen justos por pecadores, no es justo que se pongan en entredicho todos los sufragios de las elecciones al congreso, no es bueno, como él decía, que nos dejemos llevar por el fetichismo constitucional ni por propuestas que nos pueden llevar al vacío. Colombia no está para aventuras constitucionales ni para procedimientos quirúrgicos basados en ideas fantasiosas de sanación repentina y milagrosa de nuestros males. En tal sentido la disolución de los partidos de la coalición sugerida por el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, no sólo va en contravía de las ideas expresadas por el presidente Uribe sino que distorsiona la envergadura de la crisis política al descargar sobre ellos todo el peso de la misma cuando cada vez es más claro que la infiltración de los grupos armados irregulares va mucho más allá. Es muy peligroso para la democracia que en vez de estimular el avance de las investigaciones y de la aplicación de castigos individuales se opte por el fácil expediente de lapidar el Congreso y los partidos políticos, que en vez de buscar salidas estructurales desde la ley para recuperar la dignidad de la política y depurar los mecanismos de intermediación política, es decir los partidos, se presenten propuestas de claro tufillo antidemocrático. No es aceptable que los médicos se asusten con la fiebre., sobre todo si ésta es el síntoma de una catarsis. Es una verdad de Perogrullo que hay que curar la enfermedad sin matar al paciente.
Darío Acevedo Carmona
Rionegro, mayo 5 de 2008
01:45 Anotado en ENSAYOS | Permalink | Comentarios (0) | Enviar a Email | Tags: Politólogos e internacionalistas
21/04/2008
LA PARAPOLÍTICA Y NUESTRO FUTURO
Palabras clave: Colombia, "parapolítica", gobernabilidad, constituyente, reforma política
Número de palabras: 1438
Aunque era predecible que el proceso de la “parapolítica” tocara las más altas cumbres de la sociedad y el estado, no deja de causar sorpresa y estupor que hoy estén involucrados, de forma preliminar, el presidente del partido de la U , la presidente del Congreso, el Procurador General de la Nación , una ex ministra y que se tienda una sombra de duda sobre organismos que deberían brillar por su integridad. De a pocos, como por cuentagotas y como si se tratase no del resultado de las conclusiones de profundas investigaciones sino de un meticuloso cálculo, la opinión pública es sorprendida con el anuncio de nuevos involucrados. Rafael García, el más valioso testigo de la Fiscalía está “cantando” su verdad desde hace tres años como si su memoria trabajara al ritmo de las exigencias de cada coyuntura. Al paso que lleva será consagrado con un premio Grammy al mejor compositor y creador de nuevos libretos que va sacando de su caja de pandora.
No se puede negar que lo que hemos conocido, lo que se está sabiendo y lo que queda por destapar, revela una situación grave para el país, para su institucionalidad y puede llegar a tener serias consecuencias en materia de gobernabilidad. En principio, y por esas paradojas de la vida, el principal perjudicado será el gobierno nacional, precisamente quien creó las condiciones para que el país supiera la verdad por la negociación con los grupos de autodefensa y la expedición de la Ley de Justicia y Paz. El Presidente Uribe, gestor de esa política, es quien arriesga a perder la gobernabilidad. Es el resultado lógico del involucramiento de un amplio número de congresistas oficialistas en las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia. La legitimidad de este congreso ha sido puesta en la picota por muchos sectores políticos y periodísticos. El Polo Democrático sale a la palestra para darle oxígeno a su viejo propósito de atribuir el poder presidencial al apoyo del paramilitarismo y propone la convocatoria de una constituyente como fórmula de limpieza e higienización como si la depuración de las costumbres políticas y la extirpación de la influencia narcoparamilitar en las instituciones y en la sociedad pudiera lograrse de forma automática e instantánea. No sabemos si dicha constituyente incluye el objetivo de “refundar la patria”.
El manejo que se le de a este escándalo será definitivo para nuestro futuro. Si la oposición cree llegado el momento de cuestionar la legitimidad de todos los poderes y autoridades, como se desprende de su propuesta, entonces tendría, al menos, el deber de convencer a la mayoría de colombianos y a otras fuerzas políticas (impolutas no ya respecto del paramilitarismo sino también de las guerrillas) para darle credibilidad y fuerza a dicha propuesta y demostrar que no es un salto al vacío. En cambio, la idea de reformar las normas políticas de tal manera que se pueda conjurar el peligro de la influencia de los grupos armados irregulares y del narcotráfico, con las instituciones y las autoridades que en su gran mayoría están libres de sospecha, parece ser la salida menos ilusa y más plausible hasta el momento. Para decirlo con una metáfora clínica, el dilema está entre amputar el miembro infectado para colocar una prótesis o insistir con antibióticos antes de llegar a la solución extrema.
Se advierte que detrás de cada fórmula de salida a la crisis hay una forma de mirar la misma. Para los que llaman a una constituyente, estamos viviendo en el peor de los mundos, en la mayor crisis de legitimidad de nuestra historia. Los antiimperialistas que han hecho lobby en el Congreso americano contra el TLC así lo dan a entender: Colombia es un estado mafioso donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, los sindicalistas son asesinados como nunca antes, no hay libertades, la democracia es de papel y las guerrillas tienen fundamento en la injusticia social. La “parapolítica” no es vista como el resultado de una situación forjada al través de los años sino que es el producto de los nexos del actual presidente y del gobierno que él dirige con mafias y paramilitares. El destape de la situación no remite a un pasado sino que es responsabilidad del gobierno actual. De ahí que éste sea un gobierno ilegítimo y que los señalamientos que se le han hecho a Uribe y a sus cercanos colaboradores de tener fuertes relaciones con aquellos factores y agentes ilegales, deslegitiman su autoridad, de donde se justifica ampliamente el llamado a reconfigurar los poderes que es lo que se espera de una constituyente bajo la orientación de las fuerzas moralmente superiores de la patria.
La mirada oficial y de los amigos del gobierno difiere radicalmente de la que tiene la oposición, en particular de la polista. Se piensa que el escándalo de la “parapolítica” es el resultado lógico de un proceso de negociación con los grupos de autodefensa y de la ley de justicia y paz que al exigirles la confesión de la verdad a sus integrantes, ha permitido que aflore todo lo que se está conociendo. Es decir, estamos ante una situación que no sólo nos muestra cuán profunda fue la caída de la legitimidad y de la autoridad del estado en los años ochenta y noventa, sino la fortaleza que este ha recuperado pues eso es lo que explica que estemos sabiendo la verdad en los marcos estipulados por la justicia y no en el terreno de la violencia, las ejecuciones y los crímenes.
Dos miradas opuestas de las que se desprenden metodologías diferentes. La oposición cree llegado su momento estelar de utilizar la información de la coyuntura para lograr el cambio por el que han luchado infructuosamente hasta ahora. La visión oficial que resiste el desgaste de opinión que produce un escándalo de amplias repercusiones y se planta en la idea de reformar en vez de lanzarnos al vacío. No sabemos cuál será en definitiva el rumbo que adopte la sociedad colombiana. Los polistas, los críticos y los cruzados antiuribistas, seguirán esperando poder mostrar la prueba reina contra Uribe, la que han estado buscando desde hace 20 años, la que permita demostrar al mundo que este presidente es un gran complotista, el mago mayor que fue capaz de producir este berenjenal y hacer callar a capos y jefes ilegales y a políticos de todos los cuños para que le cubriesen sus espaldas. El gobierno, por su parte, tendrá que reflexionar muy seriamente el problema de la gobernabilidad ya que esta será afectada ante la previsible escalada de nuevas y programadas declaraciones estimuladas desde diversos recodos. No haría mal el presidente Uribe en recomponer su equipo de gobierno y la coalición de los grupos políticos que lo apoyan. El acuerdo por la reforma política anunciado en la noche del pasado domingo debe concitar otros refuerzos. Se debe convocar a personajes y fuerzas políticas que le apuesten a la regeneración del país sin sacrificar la Constitución ni las instituciones. Un llamado de esta naturaleza puede servir para refrendar el auténtico compromiso con la renovación de la política y la sociedad colombiana. No hay que tirar todo a la calle cuando el fuego puede ser controlado. La coyuntura de la “parapolítica” tiene mucho de ancho y mucho de largo. Los jueces e investigadores encontrarán más de una sorpresa y así como aplicarán castigos a los culpables también veremos como algunos saldrán airosos porque demostrarán que no incurrieron en conductas dolosas o que a nadie se le puede condenar sólo a partir de rumores o declaraciones no confirmadas. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación tienen en sus manos una responsabilidad muy delicada, pues han de proceder con el cuidado de no caer en la cacería de brujas ni de fomentar un estado de ánimo en contra de todos los congresistas y de todos los funcionarios de alto rango del Ejecutivo, a la vez que tienen que procurar aplicar pronta justicia contra aquellos que realmente delinquieron. Además, porque también están en peligro de caer en el carrusel de las acusaciones y los señalamientos como ya se empieza a insinuar.
Sin desconocer la gravedad de la situación y las honduras perversas en que se ha movido la política en nuestro país, pienso que hoy por hoy, el país, las instituciones y la opinión, tienen mayores fortalezas para encarar los males y buscar soluciones adecuadas que las que se tenían en años anteriores. No es optimismo, pero no hay por que hacerle el juego al catastrofismo ni a las visiones apocalípticas que prometen paraísos artificiales, fórmulas mágicas o refundaciones patrióticas.
Darío Acevedo Carmona
Medellín, abril 21 de 2008
22:31 Anotado en OPINION | Permalink | Comentarios (0) | Enviar a Email | Tags: Internacionalistas y Politólogos
10/04/2008
TLC USA-COLOMBIA: los Demócratas enmascaran su proteccionismo
Palabras clave: TLC, USA, COLOMBIA, proteccionismo, campaña presidencial, violencia antisindical.
Número de palabras: 1460
El Presidente George Bush presentó el TLC con Colombia a la aprobación del Congreso norteamericano. Consecuente con lo que ha venido sosteniendo, Bush se la quiere jugar a fondo ante una bancada demócrata enemiga de su aceptación. Bush considera que el TLC tiene un carácter estratégico para la seguridad de los dos países. Los recientes eventos conflictivos en la región así como el crecimiento de la hostilidad de varios gobiernos latinoamericanos lo llevan a entender que aliados como Colombia pocos le quedan en este hemisferio. En efecto, Colombia ha mantenido con la primera potencia mundial una estrecha relación en todos los campos. Estados Unidos es el primer socio comercial de Colombia, es el país con un mayor número de emigrantes colombianos que envían remesas por el orden de más de cuatro mil millones de dólares a sus familias, es el primer proveedor de tecnología, de los que ofrece más becas y facilidades de estudios de postgrado a nuestros jóvenes, el que más aporta en la lucha contra el narcotráfico y finalmente el que ha realizado inmensos aportes al rescate de la seguridad a través del Plan Colombia. Se trata de una relación de carácter histórico con muy pocos altibajos en la que ambas partes han obtenido beneficios sustantivos.
Desafortunadamente la discusión del TLC ha tomado visos ideológicos y electorales en sectores políticos oposicionistas de allá y de acá. Los demócratas, en campaña por la presidencia y en razón de sus lazos con los sindicatos –tradicionales defensores del proteccionismo- han agregado a sus razones negativas la denuncia contra las violaciones sistemáticas de los derechos sindicales en Colombia logrando enmascarar su verdadera razón: la defensa de una política proteccionista. En Colombia, movimientos de fuerte ascendencia antinorteamericana han realizado un intenso lobby en el Congreso americano para frenar la aprobación del tratado comercial. Sus argumentos son similares a los que esgrimen los demócratas. Hillary Clinton y Barack Obama coinciden en utilizar el tema para ganar adeptos y votos entre las masas de obreros que miran con temor su futuro, pues dicen, pueden perder miles de puestos de trabajo. Más cautos, los precandidatos aducen la violación de los derechos sindicales y la violencia contra los sindicalistas y de esa forma encubren sus verdaderas razones, acrecentar los votos de los trabajadores a quienes poco les debe importar la suerte de sus compañeros colombianos. Hillary reaccionó con enfado ante el anuncio de la Casa Blanca “He dicho de manera consistente durante varios meses que me opongo a firmar cualquier tratado de comercio con Colombia mientras la violencia en contra de los sindicalistas continúe, y mientras los culpables no sean llevados a la justicia” (El Colombiano, abril 7 de 2008). En cambio, el candidato republicano Jhon McCain “considera que los argumentos económicos a favor del TLC son "contundentes" ya que, entre otros beneficios, permitirán la exportación libre de aranceles del 80 por ciento de los productos estadounidenses a Colombia. Además, los argumentos estratégicos son aún más convincentes porque, aseguró, el TLC ayudará a generar empleos y alternativas económicas a la violencia en Colombia, y ayudará a afianzar los logros del país.” (El Colombiano, ibid.)
No se puede negar que la violencia contra el sindicalismo en Colombia es grave y que ha servido de bandeja de plata a los demócratas en su afán de ocultar su punto de vista proteccionista. Lo que resulta curioso es que el partido de Bill Clinton, el mismo que aprobó el Plan Colombia, el mismo que entendió que en Colombia había una democracia amenazada por poderosos grupos de narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros y que requería ayuda para combatir tales males, el mismo que sabía que Colombia estaba afectada por violencias de diferente signo con hondas raíces sociales y políticas vigentes desde hace varias décadas sea el que ahora cambie de enfoque y mire la violencia contra los sindicatos como una política de estado, peor aún, como una política del actual gobierno. Los demócratas se niegan a considerar las variables y las circunstancias históricas de un conflicto que se resiste a ser pensado en los mismos términos en que fue pensado el drama de las dictaduras durante la guerra fría. Se niegan a aceptar que la violencia contra los sindicalistas ha provenido fundamentalmente de grupos armados ilegales de extrema derecha y de extrema izquierda y que los prejuicios antisindicales de la sociedad colombiana son de vieja data. Los demócratas parecen incapaces de reconocer la inflexión histórica de carácter positivo que se ha experimentado en Colombia en materia de reducción de los índices de violencia en todos los campos, desde masacres, magnicidios y secuestros hasta desapariciones, torturas y otros delitos, gracias a una política de fortalecimiento de las instituciones y autoridades legítimas y gracias, precisamente, al apoyo recibido de los Estados Unidos a través del Plan Colombia. Sindicalistas, periodistas, médicos, maestros, dirigentes políticos, concejales y ciudadanos en general viven hoy en un país mucho más seguro y más institucionalizado que hace 6, 12 o 18 años.
Se entiende que la oposición interna en Colombia, fiel a su espíritu antiuribista y en su afán de enlodar los esfuerzos que en materia de seguridad está realizando el gobierno nacional, distorsione las cifras sobre disminución de la violencia y afirme una y otra vez, contra toda evidencia, que Colombia vive la peor situación de toda su historia en materia de violación de los derechos humanos. Esa es su apuesta política, a eso ha jugado, con desastrosos resultados, durante cinco y medio años, y de ahí concluyen que un tratado comercial, que es un asunto de negocios, sea convertido en instrumento de agitación ideológica que esconde su real percepción e interés: hacer antiimperialismo y antiamericanismo, aún al precio de hincarse ante el garrote proteccionista. Pero, lo que es incomprensible es que quienes aspiran a recuperar el gobierno de los Estados Unidos sean capaces de pisotear a un aliado leal, a una democracia que no obstante sus debilidades ha sabido mantener el curso institucional, que no ha caído en las tentaciones populistas, dictatoriales y autoritarias en que cayeron la mayoría de países latinoamericanos. ¿A qué juegan, preguntamos con justa alarma, los demócratas americanos? ¿Acaso quieren contribuir a la expansión de la influencia chavista en la región?, ¿Acaso quieren sumarse a la encerrona de que es víctima Colombia ante el asedio de gobiernos que le son hostiles, que no cooperan en la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico y que miran con simpatía a unas guerrillas obsoletas y despiadadas? ¿Acaso quieren que naufrague una democracia con problemas y que fracase la recuperación del monopolio de la fuerza y de la autoridad por el Estado? Más valdría que apelaran a consideraciones estratégicas en vez de dejarse llevar por visiones sesgadas y afanes coyunturales.
Ahí están estas cifras que sirven para entender cuánta mejoría ha tenido Colombia en los últimos años. No sea que por ignorancia desconozcan el fruto de un proceso:
Actos de violencia contra sindicalistas (enero 1 a diciembre 312000 a 2005)
| Delito | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Amenazas | 234 | 190 | 296 | 260 | 244 | 224 |
| Homicidios | 198 | 184 | 91 | 70 | 72 | 39 |
| Atentados | 24 | 17 | 20 | 7 | 5 | 11 |
| Desaparición | 12 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| Secuestro | 41 | 27
| 7 | 6 | 5 | 0 |
| Desplazamiento | 70 | 2 | 91 | 8 | ND | ND |
| Tortura | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 |
El Gobierno colombiano podría acrecentar el apoyo al TLC si además de presentar sus avances y reconocer lo que todavía falta por hacer en cuanto a la violación de derechos sindicales y de aplicación de justicia para los responsables, crea, como en el pasado lo hicieron otros presidentes para enfrentar problemas graves, una Consejería Especial. Barco creó una Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Gaviria creó una Consejería Presidencial para Medellín. Uribe debería crear una Consejería Presidencial Especial que tuviese como propósito la protección, defensa y promoción de los derechos sindicales y de la vida de los sindicalistas. Es una propuesta que apuntalaría más las bases democráticas y sociales de su gobierno y sería muy útil en el proceso de consolidación de los objetivos de la seguridad democrática. Los cuadros que se presentan a continuación sobre responsables de actos violentos contra el sindicalismo y sobre otras formas de violencia dan clara cuenta de un mejoramiento sustancial.
| Presuntos responsables | 2006 | % | 2007 | % | Total casos | Total% |
| No identificado | 259 | 67,8 | 342 | 81,8 | 601 | 75,1 |
| Paramilitares | 85 | 22,3 | 38 | 9,1 | 123 | 15,4 |
| Estado | 21 | 5,5 | 27 | 6,5 | 48 | 6,0 |
| Guerrillas | 14 | 3,7 | 11 | 2,6 | 25 | 3,1 |