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VentanaAbierta

  • ESAS COSAS QUE NOS DICEN

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    Nos invitan a pasar la página como si se tratara de resolver una pelea de alcoba o entre amigos. Que dejemos los odios y los rencores como si se tratara de una ofensa cualquiera. Que le abramos la puerta a la reconciliación con el “otro” y dejemos a un lado la sed de venganza.

    También nos dicen que los guerrilleros son unos campesinos que luchaban por la tierra, que el régimen los excluyó de la vida política, que sus crímenes horrendos no son tales sino que eran conexos con nobles y altruistas objetivos.

    Que por qué vamos a tener miedo de que lleguen al poder si carecen de fuerza para tal cometido y nunca van a ser mayoría o que su ideología marxista leninista y su propósito de hacer de Colombia un país socialista estilo Venezuela no es real. O sea, nos llaman a subestimar sus posibilidades y a banalizar su adhesión a una doctrina totalitaria.

    ¡Ah!, igualmente afirman que con el acuerdo de paz la historia de Colombia se parte en dos, que este es un momento fundacional y ahora sí la democracia (en la que nunca han creído) será amplia, real y auténtica y que el país, al fin, encontró su rumbo.

    Y cuando se les muestra el alto precio pagado al elevarlos a la calidad de alta parte contratante (Acuerdo depositado como tratado internacional ante la Cruz Roja Internacional) nos responden que la paz lo justifica todo, dan cifras de reducción de muertos sin que se inmuten del chantaje subyacente en tal ejercicio. Dan a entender que la apelación a las armas legítimas del Estado de derecho para combatir a terroristas degenerados por el narcotráfico, el secuestro, el reclutamiento de menores, etc., es guerrerismo.

    Sostienen, sin pudor por la democracia, que el desconocimiento del resultado del plebiscito adverso a ellos se justificó porque los del NO triunfaron apoyados en mentiras, pero, omiten que el gobierno destinó sumas multimillonarias a favor del sí amenazando con una terrible guerra urbana de ganar el NO y con el fin de las negociaciones porque nada se podía modificar.

    Engañan al mundo y a la CIDH, diciendo que habrá castigó para responsables de crímenes de lesa humanidad sin aclarar que no habrá un solo día de cárcel y podrán ocupar curules en el Congreso los ordenadores del asesinato a sangre fría de los diputados del Valle, los concejales de Rivera, del secuestro por largos años de civiles de Neiva y otros municipios, de quienes dinamitaron el club El Nogal y la iglesia de Bojayá, etc.

    El Alto Comisionado de Paz, el filósofo Sergio Jaramillo, cual experto en sociología rural, se inventó el paradigma de la territorialidad según el cual el “conflicto armado colombiano” se reduce a un problema de injusta distribución de la tierra y por ello a las guerrillas, expresión del campesinado, se les debía entregar el control de la ruralidad.

    En una línea de pensamiento similar, algunos intelectuales jugando a la idea de “justicia social” del discurso comunista, plantean que quienes se oponen a la implementación de los acuerdos son la extrema derecha, los terratenientes, los religiosos, reaccionarios, en suma, dicen, el pasado, mientras ellos, los “progre”, los liberales, socialdemócratas, chavistas, comunistas salidos del closet o vergonzantes o aparecidos de última hora y socialbacanes, son la flamante vanguardia, el futuro, la Modernidad, la Ilustración.

    Como si defender la Constitución, pedir castigo para criminales de lesa humanidad, la vigencia de los derechos humanos, la reparación de las víctimas y la aplicación de convenios del Estado colombianos con instituciones de Justicia Internacional como la CPI, constituyera un signo de atraso.

    No es de extrañar, por tanto, que el ministro del Interior haya declarado en lenguaje propio de dictadores, que gane quien gane en las elecciones de 2018, los acuerdos son inmodificables. Pensamiento expuesto por el inefable Humberto de la Calle y otros que entregaron la institucionalidad por un plato de lentejas, convirtiendo la Ley de leyes un vulgar juguete arma-todo.

    Los promotores de la impunidad han desafiado no solo a la sociedad colombiana sino a los tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional. Esta Corte, so pena de quedar como rey de burlas, debe decidir si cumple o no el mandato de castigar crímenes masivos y sistemáticos contra la humanidad como los cometidos por las guerrillas y otros grupos violentos de Colombia.

    Si la CPI no actúa ni pone orden exigiendo el cumplimiento de su estatuto, en particular de los artículos 5 a 8 (http://www.derechoshumanos.net/tribunales/cortepenalinternacional.htm) y hace excepción so pretexto del “bien supremo de la paz”, entonces le habrá dado un knockout a los derechos humanos.

    Los intelectuales del nuevo dogma, inflexibles cuando se trató de exigir al Estado el respeto por los derechos humanos, nos invitan, por esta vez, a ser flexibles y a pasar de agache la traición a esos valores que ellos colonizaron. La hipocresía de los Colectivos, de los eclesiales de paz, de los Juristas de paz de las Comisiones de paz, de las ONG pacifistas no tiene parangón en la historia reciente de la humanidad.

    Si queremos entender en parte y solo en parte esta fatídica incongruencia debemos remitirnos  al discurso que por décadas no reconocía nada positivo, nada rescatable de nuestra historia, de nuestra democracia y de nuestras instituciones.

    Darío Acevedo Carmona, 10 de julio de 2017

  • La soledad del pueblo venezolano

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    El fracaso de la asamblea general de la OEA para expedir una declaración de rechazo a la convocatoria de una constituyente por el gobierno dictatorial de Maduro confirma la abrumadora y desconcertante ausencia de solidaridad para con la lucha democrática de la inmensa mayoría de venezolanos.

    El voto abstencionista de tres pequeños países frustró el intento de veinte Estados liderados por México, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Perú que representan más del 90 por ciento de la población continental. Es un tema para repensar a futuro las reglas del juego de un organismo internacional.

    Las Naciones Unidas, por ejemplo, tienen un Consejo Permanente de Seguridad conformado por cinco países con más poder que la asamblea general. El Consejo de Seguridad se amplía con presencia rotativa de países de distintos continentes, pero las superpotencias (USA, Rusia, Inglaterra, China y Francia) hacen valer su poderío porque pueden vetar cualquier resolución.

    El juego de poderes se sobrepone al método de un voto por cada país en igualdad de condiciones. No obstante, pienso que tal resultado no da para subvalorar la importancia de la creación de una atmósfera de apoyo, solidaridad y estímulo a la lucha de los venezolanos para restablecer la democracia por vía pacífica. Ese ambiente, hay que reconocerlo, fue creado hace poco tiempo y los gestores del mismo no han sido otros que los protagonistas de esas épicas jornadas.

    Los que han fracasado en toda la línea han sido los gestores de un diálogo interpartes que no partió del reconocimiento del derecho de la Oposición en su clamor por adelantar elecciones. El expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero y el desacreditado liberal colombiano Ernesto Samper, en veces acompañados por la voz del Papa Francisco, Felipe González y otros exmandatarios fallaron porque no se percataron o no quisieron entender que el gobierno de Maduro es una dictadura que ha desconocido el poder popular consagrado en la Asamblea Nacional y ha manipulado los demás poderes públicos e ideologizado a las fuerzas armadas. No la han tenido ni la tienen ni la tendrán fácil los venezolanos.

    Las adversidades son muchas y el Régimen se hace cada vez más sanguinario. La presencia de miles de agentes cubanos desde generales hasta agentes de seguridad, convertida en fuerza de ocupación impone la estrategia de la represión brutal para atemorizar a la población. Las fuerzas armadas venezolanas dirigidas por un numeroso grupo de generales corrompidos con dádivas y privilegios sin límites impide la organización de los oficiales de menor rango y de los suboficiales.

    Para quienes miramos desde afuera el curso de los acontecimientos, hay comprensión acerca de lo insuficiente e impotente que es la solidaridad moral, sobre todo cuando los sátrapas se muestran impasibles ante el descrédito internacional. Pero hay algo que es mucho más desconsolador y desconcertante. Me refiero al silencio de la izquierda latinoamericana que se precia de demócrata frente a las atrocidades de la dictadura.

    El director de una institución académica continental que nada debe decir sobre temas políticos, Clacso, se ha dedicado a enviar circulares de apoyo a Maduro y de rechazo a las movilizaciones, varios intelectuales han expresado sin rubor que lo que hay de por medio es una política de desestabilización de un gobierno del pueblo. Bien, entendemos que los comunistas de siempre lo digan o los anticapitalistas y antiimperialistas de todo cuño pues para ellos el socialismo es perfecto, impoluto y carente de llagas.

    Pero, que fuerzas políticas, personalidades y académicos que se ubican en el centro político o en la izquierda moderada, socialdemócratas, con honrosas excepciones como la del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, no hayan sido capaces de condenar los asesinatos salvajes de jóvenes que solo tienen banderas y piedras en sus manos, es una vergüenza sin parangón. No sé, pero al recordar la gran movilización de la opinión pública latinoamericana con la lucha de los sandinistas contra la dictadura de Somoza, por parte de muchísimos y diversos sectores, no puedo dejar de preguntarme ¿si la lucha fue por la democracia y la libertad en aquella ocasión y lo es en la de Venezuela de hoy, por qué no se asume la misma actitud?

    Y no puedo dejar de remitirme a la cada vez más arraigada convicción de que las izquierdas latinoamericanas tienen un doble rasero, siguen creyendo que las dictaduras de ese color no son tal y que no hay razón para sumarse a la derecha en su propósito de abatirlas. Ahí está como ejemplo perenne la ceguera y la contemporización con la policíaca dictadura castrista, a la que rinden pleitesía y a cuyas momias les derraman lágrimas cuando al fin se mueren de muerte natural.

    Una izquierda así, que es incapaz de solidarizarse al menos con las fuerzas de izquierda que tienen presencia en la MUD, deshonra los espacios generosos que les brinda la democracia.

    Darío Acevedo Carmona, 26 de junio de 2017

  • Las armas y la Ley de leyes

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    Están de plácemes los negociadores de la paz Santos-Farc, su séquito de escribanos y la gran prensa aconductada porque supuestamente esa guerrilla “entregó” todas sus armas. Quieren darle a ese hecho la calidad de “acontecimiento fundacional de la nueva Colombia” de la auténtica ampliación de la democracia y de la verdadera ciudadanía.

    Pero hay más de un problema que agua el festejo. Las cifras, por ejemplo, no cuadran, el presidente Santos afirmó (17/03/2017) que la ONU había hecho un registro de 14 mil armas que las Farc debían entregar, Sergio Jaramillo dijo hace 5 meses que el 100% era 7200 armas. Al final del proceso (26/06/2017), la Misión-ONU reconoce haber recibido 7132 armas y dice quedar a la espera de recibir las que aún están en manos de los guerrilleros concentrados.

    Una periodista que no puede ser tildada de enemiga de la paz, Paola Ochoa, hizo un sugerente ejercicio matemático (eltiempo.com 26/06/2017). Según ella y tomando por cierto la cifra de siete mil fusiles “si cada fusil trae 1.500 cartuchos, ¿cuántos cartuchos corresponden a 7.000 fusiles? La respuesta me dejó perpleja: 10,5 millones de cartuchos. ¡Más de diez millones de balas!”  Esa millonaria munición que costaría en el mercado negro 5 millones de dólares, ¿dónde está y quién la tiene?

    La Misión-ONU dijo que había registrado 77 caletas de las 900 reconocidas, quedarían por liquidar 867. Si en cada una de ellas hay diez fusiles (muy probablemente hay más) daría la bicoca de 8670 por entregar, que sumados a los 7132 da 15700 darían por fin el 100% de las armas de mano, nadie ha dicho nada de cohetes tierra-aire, etc. Si 15700 es el 100%, entonces, los 8670 representan el 53.7%, ¡más de la mitad! por entregar. Se justifica preguntar: ¿qué es lo que celebran?

    Hay más dudas e inquietudes, ¿por qué no hubo testigos independientes fuera de los de la Misión-ONU? ¿Por qué ningún periodista presenció la “entrega” siendo que se trataba de una noticia mundial y de un hecho fundamental que “parte en dos” la historia nacional?

    El presidente Santos quiso, por enésima vez, convencer a los colombianos con sus fastos y luces de bengala con las que deslumbra al mismo grupo de lagartos y personajes que ni vieron ni presenciaron la publicitada “entrega”.

    Retomemos la tesis expuesta al comienzo en el sentido de que la dejación de armas no es el hecho más destacable del proceso. La primera gran claudicación consistió en renunciar a la primacía moral del Estado al igualar a las guerrillas con el Estado y asumir su versión según la cual se estaba enterrando una cruel guerra de más de 50 años fruto de un levantamiento armado de campesinos que luchaban por la tierra.

    Mucho más grave fue el desconocimiento del gobierno Santos del resultado del plebiscito en el que la mayoría de los ciudadanos votantes bajo condiciones ampliamente favorables al gobierno dijo NO al acuerdo con las Farc.

    El texto del nuevo acuerdo definitivo de paz se incrusta en la Constitución como si los negociadores, el presidente y los jefes guerrilleros fueran constituyentes. Así, sembrada como piedra de mármol, inmodificable, se implementarán importantes temas y políticas públicas  en concordancia con el pacto de La Habana por 12 años prorrogables.

    Como si la Constitución fuese un lego se adoptó el fast track para modificarla, además, por ley habilitante le concedieron amplios poderes al Ejecutivo y castraron la función legislativa del Congreso cuyos proyectos, supervisados por una comisión paritaria (Csivi) de gobierno y Farc, no pueden ser modificados y han de ser votados en bloque.

    Por algo las Farc dicen que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es el corazón del Acuerdo. Dicha jurisdicción queda por encima de todas las altas cortes y tribunales superiores, podrá revisar sentencias y proceso judiciales ya cerrados, validará la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, no castigará con cárcel a ningún responsable de estos, desconocerá los tratados sobre derechos humanos y DIH firmados por el país que tienen rango de bloque de constitucionalidad como la adhesión a la CIDDHH y a la  CPI.

    Para que no queden dudas de la alta cirugía a la que sometieron el ordenamiento estatal, se modificó la doctrina militar, el régimen electoral, se otorgará representación parlamentaria a criminales de guerra, se abre la puerta a reformar la propiedad privada en el agro. En fin, son estos asuntos, no de carácter menor sino superlativo, en los que se abrió una tronera.

    Un costo excesivo para una paz incierta, con jefes como Santrich y Márquez que nos recuerdan que si el Estado incumple siempre habrá la opción de retomar las armas.

    La obra de este gobierno y sus flamantes negociadores se puede asimilar a la de quien destruye los cimientos de su casa para reconciliarse con aquél que infructuosamente trató de destruirla desde afuera.

    Y de contera, nos amedrantan, cual dictadores, acusándonos de “traición a la patria”, diciendo que los Acuerdos de paz “son inmodificables” y desdibujando la crítica y la Oposición como surgidas de la rabia, la ignorancia, los celos y el guerrerismo. Solo les falta recuperar la consigna de un desgraciado senador que llamó a “fusilar a los enemigos de la paz”.

    Darío Acevedo Carmona, 3 de julio de 2017

  • Democracia o totalitarismo

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    Si en Colombia surgiera un partido nazi o uno fascista que se propusiera participar en los certámenes electorales con la mayor seguridad habría una actitud de rechazo de parte de la ciudadanía, de los partidos políticos y de las organizaciones sociales.

    Y no porque movimientos de ese tipo tengan alguna posibilidad de triunfo por vía democrática sino porque se trata de movimientos inspirados en ideologías totalitarias, extremistas, nacionalistas y xenófobas que, además, justifican el uso de la violencia contra sus adversarios y contra las instituciones y dejaron una estela de desastres humanitarios que nos avergüenzan como seres humanos, como el holocausto judío.

    Creo que no es exagerado afirmar que habría un gran consenso nacional y en el plano internacional, de condena y oposición a cualquier intento de creación de esa clase de agrupamientos políticos y que se aceptaría el recurso de medidas de control para evitar que hagan parte del paisaje político como acto de justificada defensa y no de corte dictatorial o un atentado a las libertades o una exclusión.

    Son varios los países, particularmente europeos, donde se prohíbe la conformación de partidos de nazifascistas y por ende su participación en elecciones. Incluso, esas restricciones y prohibiciones se extienden a grupos neonazis que pretendidamente se han moderado.

    La democracia y el régimen de libertades modernas materializados en la idea republicana, en el afán de ser consecuentes con sus ideas y valores descuidan la protección de los valores políticos modernos o se confían con los grupos violentos defensores de ideas extremistas en razón de su escasa acogida  y les permiten que se aprovechen de sus generosos espacios.

    Sin embargo, ese exceso de confianza en la fortaleza e inmunidad del modelo democrático, en que este es capaz de sostenerse sin apelar a medidas de control es aún más notable cuando se está en presencia de grupos o movimientos comunistas o marxista-leninistas. Una explicación para dicha tolerancia la encontramos en el enfrentamiento de los dos modelos, comunismo o capitalismo, que vivió la humanidad durante la llamada guerra fría durante el cual la propaganda comunista hizo creer en la posibilidad del paraíso en la tierra mientras escondía las noticias de sus innumerables crímenes en masa, persecución política y eliminación de derechos y libertades.

    Como quiera que muchos partidos de tendencia comunista se avinieron a la lucha democrática e incluso llegaron a abjurar de la violencia como los comunistas de Italia y Francia, la tolerancia frente a ellos se extendió por muchas latitudes y donde quiera que se les impedía hacer proselitismo los gobiernos que así procedían eran tildados de autoritarios y antidemocráticos.

    No se debe hacer a un lado el hecho cierto y contundente de que aquellos partidos y movimientos marxistas que se mantuvieron firmes en su ortodoxia y dogmas alegaban la ausencia de democracia, en la que no creían, y de libertades que tenían por burguesas, para mostrarse en el plan de víctimas y de excluidos y hasta “obligados” a empuñar las armas contra dictaduras y regímenes democráticos.

    Con el derrumbe de la Unión Soviética y la China Popular y el fracaso de la sociedad de las hormigas a fines de los años ochenta y comienzos de los noventa del siglo pasado solo quedaron dos países confesamente comunistas, Cuba y Corea del Norte. El primero de ellos bajo la dirección del dictador Fidel Castro quien forjó una estrategia latinoamericana para alcanzar el poder consistente en la participación en las luchas electorales y, a la manera leninista, aprovechar la democracia y las libertades burguesas como escalones para destruirlas desde adentro y fundar la dictadura proletaria. Ese fue el fundamento de la creación del Foro de Sao Paulo cuyos avances políticos fueron prodigiosos en los primeros años del siglo XXI y ahora se enfrenta a su más grave crisis.

    La reflexión que quiero hacer se orienta, entonces, a precavernos ante la muy socorrida idea de que los comunistas colombianos en sus diversos matices, organizaciones y accionar, constituyen la oposición y de que su opción por la lucha armada fue forzada por el Sistema, por la exclusión y que ellos representan el pueblo y en especial el campesinado.

    Y a pesar de la expresa confesión de fe marxista-leninista de los jefes de las Farc, que no se han dignado renunciar a los contenidos totalitarios de dicha doctrina ni a sus pretensiones de exacerbar el odio entre las clases sociales, resulta incomprensible que se siga creyendo por parte de ciertos sectores de la intelectualidad y de las elites políticas centralistas que tales declaraciones no son ofensivas ni peligrosas.

    Por ingenuidad, por idiotismo, por exceso de confianza, por conciencia de culpa y por omisión, el gobierno Santos y sus aliados en la gran prensa pasan por alto el carácter totalitario de la ideología comunista que por sus crímenes históricos de decenas de millones de víctimas mortales y sus atropellos inconmensurables a los derechos humanos, deberían recibir trato similar al que se da a las ideologías nazi y fascista.

    Darío Acevedo Carmona, 19 de junio de 2017

    Coda: El repudiable atentado contra el Centro Comercial Andino nos recuerda que el terrorismo no se puede seguir enfrentando con guantes de seda ni pusilanimidad.

  • ¿Qué tan razonable es la desconfianza y el rechazo a la paz Santos-Farc?

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    ¿Por qué la paz que Santos dice haber alcanzado tiene un margen tan elevado de incredulidad entre los colombianos? ¿Acaso estamos locos al manifestar nuestro rechazo a los acuerdos firmados por él y las Farc?

    En vez de cerrarse a la banda negando las fallas profundas del proceso y de los términos del acuerdo, los firmantes deberían esforzarse en reconocer la evidente crisis en que está sumergido el país por cuenta de ese pacto. Empezando por el vicio madre de todos los males que es el haber incorporado las 312 páginas del entuerto como un capítulo inmodificable de la Constitución Nacional por espacio de doce años, prorrogables.

    De  haber elevado el anhelo de la paz a la categoría de dogma que puede alterar, sustituir o reescribir la Constitución, la institucionalidad y la Justicia y reventar valores y costumbres de la sociedad. ¿Cómo olvidar que para llegar tan lejos fue necesario aceptar que estábamos sufriendo las consecuencias de una guerra civil por más de cincuenta años, que esa guerra tenía causas materiales y objetivas fruto de políticas de exclusión de las fuerzas políticas que se habrían visto obligadas a tomar las armas como último recurso.

    En esa declinación moral, que nace también de una conciencia de culpa de círculos de las elites dominantes, había que concederles, en consecuencia, estatus de fuerza beligerante a las Farc. Por eso, el Gobierno Santos negoció de tú a tú con ella y la igualó con el Estado colombiano, desconociendo y desaprovechando que se trataba de una guerrilla derrotada estratégicamente, afectada en su voluntad de poder y presa de una crisis de liderazgo con sus jefes huyendo en países vecinos, descoordinados, sin opción de triunfo a la vista.

    Las desafiantes ironías de Santrich, las prepotentes intervenciones cuadriculadas de Timochenko, los retos y exigencias de Iván Márquez, y las numerosas demostraciones de arrogancia y desprecio hacia una opinión que esperaba una respuesta más pausada y tranquila, menos provocadora y subida de tono, más acorde con lo que debía ser una actitud de reconocimiento del dolor causado y de búsqueda sincera de la reconciliación, rebasaron la capacidad de aceptación de buena parte de la ciudadana que hoy se manifiesta hastiada de que la comandancia fariana  se pasee como “Pedro por su casa” y se burle del sentido común.

    Para que se entienda bien la razón por la que no consigue una atmósfera favorable y de que la diplomacia, las giras internacionales, el premio Nobel, la visita a Trump, a la ONU, al Papa, las multimillonarias campañas publicitarias en los medios nacionales y extranjeros, no produzcan efectos positivos en el sentimiento de la mayoría de colombianos hay que tener en cuenta el diseño entreguista de la política oficial al mando.

    Y también ciertos procederes arbitrarios, engañosos y antidemocráticos como la citación de un plebiscito con pregunta amañada, en bloque las 286 páginas, con financiación oficial de publicidad por el SÍ, la amenaza con una guerra tenebrosa si ganaba el NO, reducción del umbral de aprobación al 13%. Luego, perdido el plebiscito, la maniobra engañosa para aparentar búsqueda de una nueva negociación bajo un consenso nacional y de nuevo la trampa dando a entender que se habían hecho modificaciones profundas y que se tenía, como se afirmó en principio, la venia de los líderes del NO.

    Y cuando se desgrana la mazorca emerge a la luz lo que el tal nuevo acuerdo contempla, entre otras atrocidades: impunidad para las Farc, representación en el Senado y Cámara sin impedimentos para responsables de crímenes de lesa humanidad, incorporación de las 312 páginas del “nuevo” Acuerdo a la Constitución en calidad de inmodificable o parte del bloque de constitucionalidad, alteración de las funciones del Congreso, implantación de una nueva Justicia la JEP superpuesta a todos los órganos judiciales del país, adopción del mecanismo fast track para reformar la Constitución con proyectos votados en bloque y salidos de la mesa constituyente integrada por delegados del gobierno y de la guerrilla, entre ellos un jurista comunista español, financiación con el dinero de nuestros impuestos de la actividad política y de un centro de pensamiento de la ideología totalitaria marxista-leninista y la conformación de una comisión de seguimiento con poderes gubernamentales.

    De modo que, llegados al punto de la implementación de los pactos y luego de cumplirse los 180 días estipulados y supuestamente inalterables para la desmovilización de las Farc, el balance es un país dividido, incontrolado, con un presidente en caída profunda de su imagen y sin gobernabilidad, inepto, una guerrilla insolente e inflada, invitada de honor a eventos culturales y ocupando primeras planas en los medios enmermelados.

    No han entregado los menores de sus filas que son miles, no quieren desestructurar su formación jerárquica militar, no quieren entregar sus bienes, no soportan la menor crítica, vetan al Fiscal gentral, a magistrados, a las Cortes, a congresistas y se ufanan de haber entregado a la misión de la ONU, cuyo papel no genera confianza, el 30% de sus armas sin una foto o video de sustento, sin testigos independientes, y quieren que la opinión les crea y se dé por satisfecha como si el cumplimiento de un compromiso puntual fuese suficiente para borrar el desastre institucional y constitucional provocado por las tres fuentes del descontento: el proceso de negociación, los contenidos inconstitucionales del acuerdo final y su implementación.

    Darío Acevedo Carmona, 12 de junio de 2017

  • Incontinencia verbal, Medios y redes

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    Si hay un responsable del matoneo mediático contra la recién electa nueva magistrada de la Corte Constitucional, la doctora Diana Fajardo, no es otro que el lengüisuelto, superfluo y repentista mensajero del palacio de Nariño, senador Benedetti.

    De su boca fue que salió esa especie de admonición amenazante a todos los congresistas con la que dio a entender que si la doctora Fajardo no salía elegida las Farc se pararían de la mesa. De manera que fue él y solo él que inició el vulgar linchamiento y quien le colgó ese deshonroso inri. Tan parecida a la de Humberto de la Calle cuando afirmó que si triunfaba el NO en el plebiscito se acabaría el proceso de paz.

    La estrecha votación en el Senado de la República 48 votos a su favor por 43 para su contrincante, revela entre otras cosas, la afectación causada por la verborragia de Benedetti pero también la indudable pérdida de poder de las posiciones gobiernistas en el Congreso.

    Santos se encargó de redondear el desaguisado al expresar que la nueva magistrada debe fallar siempre en apoyo al proceso de paz como si los miembros de la Corte tuviesen que seguir directrices del ejecutivo.

    El acontecimiento ha sido motivo de intensas y apasionadas controversias en los Medios y en las redes y, claro, no ha faltado el lenguaje procaz e insultante. Precisamente frente a esto último me topé con una sesión de comentarios en la mesa de la cadena radial Blu el pasado jueves 1 de junio acerca de lo que se estaba diciendo en las redes sociales sobre la elección y la persona de la doctora Fajardo.

    Se quejaban, y razón no les faltaba, de que se estuviera asociando a la magistrada Fajardo con las Farc o se dijera que era una defensora de esa guerrilla. Se notaba un aire de escándalo en la voz de los analistas, alcancé a escuchar de Felipe Zuleta, cuya lengua viperina es reconocida, calificar esas redes de cloacas por las que “circula todo tipo de sandeces y estiércol”. Mencionó un twitter del exmagistrado y exministro Jaime Castro en el que este decía palabras más palabras menos que en la votación del Senado las Farc habían impuesto a la candidata.

    Zuleta puso en el mismo plano la afirmación de Castro con aquellas que se referían a Fajardo como una persona de las Farc, “la doctora Farcjardo” se leía en los twits, y ahí es donde empieza a decantarse una actitud de mala fe porque evidentemente el dr Castro no tildó a la electa magistrada de ser de las Farc ni siquiera de ser pro Farc sino que las Farc habían impuesto su nombre, interpretación acorde con lo que muchos pensamos en el sentido de que esa guerrilla en razón de las ventajas concedidas en las negociaciones con Santos están prácticamente cogobernando.

    Las anotaciones del periodista Zuleta darían para pensar que su indignación y la de sus compañeros de set serían creíbles si ellos o muchos periodistas colombianos se incluyeran, que lo tendrían que hacer si quieren ser coherentes con la misión periodística. Los Medios en Colombia, y probablemente en muchos otros países, se han convertido en cuasicloacas porque han perdido la sindéresis, la ecuanimidad, la objetividad, porque los periodistas piensan que tienen que estar editorializando las noticias, tomando partido y hasta convirtiéndose en agitadores y panfletarios.

    Podemos estar de acuerdo en que el linchamiento mediático contra la doctora Fajardo es injusto e inmerecido, pero deberíamos pensar que los más retados a seguir las normas del buen trato y del respeto somos quienes ocupamos un espacio en los Medios, como periodistas o columnistas o editorialistas y esto debe valer para todos. Se puede ser agudo, fuerte y áspero pero sin caer en el matoneo.

    Resulta incompleto el asombro sobre lo ocurrido con la magistrada Fajardo si no se extiende el examen a la trayectoria y el comportamiento de los medios y se busca más coherencia ética. No puede ser que sea condenable lo que sucedió con ella sin que se mire la manera como se trata a los rivales y críticos del gobierno Santos. Hay columnistas como Ramiro Bejarano cuya voraz lengua, que se parece más a un puñal, no baja de asesinos a la “pandilla” uribista y como él tantos otros, Cecilia Orozco, León Valencia, Gabriel Silva Luján, Daniel Coronel, decenas más, que cada ocho días desperdician su espacio para enterrar su venenosa ponzoña y herir con su cantinela y cantaleta, muchas veces vulgar, a Uribe, al uribismo, al Centro Democrático, a los conservadores y liberales disidentes, calificándolos de “guerreristas”, “reaccionarios”, “enemigos de la paz”, etc., y tienen el cinismo de autorepresentarse como pacifistas, tolerantes, liberales, demócratas.

    Darío Acevedo Carmona, 5 de junio de 2017

  • Especulaciones electorales II

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    Asumo que las encuestas no son otra cosa que indicadores de tendencias no siempre acertadas. En la más reciente de Invamer-Gallup (mayo 2017) se puede observar un abigarrado cuadro de aspirantes a la primera magistratura. Al parecer, todos quieren estar en el partidor por lo menos hasta la primera vuelta. Luego vendrán las grandes alianzas y ahí tendremos el dulce a mordiscos.

    Hay quienes sostienen con razones que van desde las “científicas” hasta las de sentido común, que en Colombia lo que hay es “miedo al cambio”, como sostiene en entrevista de yo con yo el gran hermano de las Farc Iván Cepeda con Cecilia Orozco Tascón (elespectador.com 29/05/2017). También dicen que no hay por qué tener miedo al castro-chavismo, cuento de la extrema derecha y del uribismo para amedrantar a la población. Otros piensan que las elites tradicionales que algunos dan en llamar “la gran oligarquía”, no van a soltar las riendas del poder. La encuesta Gallup debería acrecentar los justificados temores de la población, veamos.

    Ella muestra que una amplia franja de la opinión, 74% considera que las cosas en el país van por mal camino y un 54.3% cree que Colombia puede llegar a vivir una situación como la de Venezuela. Esto no se puede leer como una cuestión mecánica sino como la recepción  de experiencias trágicas que se reflejan en estados de ánimo, miedos, emociones, previsiones y sentimientos que tienen un gran poder en la formación de las opiniones.

    La situación a que nos ha conducido un gobierno cada vez más impopular, capaz de ser leal una sola vez a su palabra si es para cumplirle a las Farc aunque ellas hayan fallado en varios puntos, entre ellos, el tan delicado de la “dejación” de sus armas, es realmente desastrosa. Así lo expresan varias encuestas, que además revelan un desconfianza e incredulidad con las posibilidades de la paz, con la imagen del presidente  con sus principales políticas, en todas ellas con cifras negativas que van de un 60 a un 80 por ciento.

    En este mantel tendido nos topamos, ¡qué susto! Con estas cifras: Gustavo Petro el tipo más parecido a Chávez en Colombia, tiene una intención de voto del 14.2%, gran parte de ese “caudal” 55.1% vive en Bogotá y quiere un chavista de presidente, no sabe uno por qué, si es que no ven noticias del país vecino. Clara López, la burgués-comunista acredita un 8.4%, Claudia López que de independiente tiene lo mismo que Santos respecto de su hermano Enrique, y que es más roja que verde, alcanza un 6%, Jorge Robledo también de esas toldas un 4% y ¡quién creyera! Piedad Córdoba, la que juró en la tumba de Fidel lealtad a su revolución un 2.8%.

    A título especulativo sumando este campo tendríamos un 35.4%, cifra nada desdeñable. Quiero recordar que aunque no creo en la repetición exacta de dos situaciones históricas, no debemos despreciar el hecho de que en el pasado y en países en grave crisis, fuerzas con ese umbral de votos asumieron el poder, verbigracia: Hitler, Alemania 1933.

    Bueno, me dirán los que confían en nuestras despistadas y aleladas elites políticas, ahí está Vargas Lleras en punta con un 21.5%, ventaja irrisoria. Tal como están las apuestas en este momento en materia de alianzas su partido Cambio Radical es toda una incógnita. De modo que no le podemos sumar otras cifras.

    En la lista de “defensores” del establecimiento, yo diría de enterradores del mismo, y que defenderían la continuidad del proceso entreguista y claudicante del Estado a las Farc y al modelo rojo rojito, se encuentra bien abajo uno de los artífices del desastre, Humberto de la Calle con un 5.4% y el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, recién llegado con 2.4%, sumados obtendrían un 7.8% que alcanza para ser vagón de cola del candidato de las izquierdas.

    Algunos analistas dicen que puede haber llegado el momento para un outsider de los cuales el que sobresale es el autoinmaculado y más educado Sergio Fajardo experto en bailar en la cuerda floja que cuenta con el visto bueno de las poderosas elites empresariales de Antioquia, tiene un 10%, prometedor en cuanto, al saltar de la cuerda, puede convertirse en la carta salvadora del proyecto santista, ahí sí podría sumar las lánguidas cifras de los anteriores.

    A los candidatos del  Centro Democrático no les dieron mayor cabida en las preguntas pero es indudable que aún no registran bien, la tabla de salvación podría ser Luis Alfredo Ramos que marca 7.7%, muy lejos aparece Iván Duque 1%. Los conservadores rebeldes Marta Lucía Ramírez 6.5% y Alejandro Ordoñez 4.9%. Todos estos sumados alcanzan solo un 20.1%.

    Como se puede ver, el panorama, visto en términos aritméticos, no es muy favorable para estos últimos. De cara a una segunda vuelta lo más probable es que se tengamos dos grandes alianzas y nada raro que una de ellas, con apoyo oficial incluido, se conforme entre mamertos por acción o por omisión, estilo De la Calle, el Cristo colombiano o un outsider no tan fuera de lugar. Doy por hecho que las Farc, ni bobas que fueran, no presentarán candidato propio (un 88.6% no les votaría), se resguardarán en ese agrupamiento que implantará, si nos descuidamos, el modelito.

    Queda para pensar: ¿será que entre Vargas Lleras y el uribismo se da la convergencia capaz de detener y reversar la caída al abismo?

    Darío Acevedo Carmona, 29 de mayo de 2017

  • Timochenko muestra sus colmillos

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    La sentencia de la Corte Constitucional que corrige el acto legislativo 01 de 2016  dejó bien claro el poder alcanzado por las Farc y sus conmilitones. El Ejecutivo y las Farc, juntos e igualados, le piden a la corporación el texto del acto.

    A diez días de concluir el periodo de desmovilización y entrega de armas, que ni lo uno ni lo otro hemos visto, las Farc y su mentor jurídico, esa especie de cónsul en que se convirtió el comunista Enrique Santiago, armaron un alboroto amenazante dando a entender que la Corte hundía los acuerdos y que ello justificaba, poner firme a la guerrillerada, en alerta máxima, en “asamblea general” tal como lo ordenó el comandante Timochenko. Sin embargo, una llamada del presidente Santos al jefe guerrillero, apenas saliendo de la oficina Oval de la Casa Blanca norteamericana de su entrevista con el presidente Trump, aparentemente atenuó la beligerancia y los temores de la comandancia fariana.

    Urge analizar si la sentencia de la Corte da para aplicarle los santos óleos al entreguista acuerdo de paz de La Habana y para que los críticos hagamos fiesta, y pensar si el daño producido a la Constitución queda reparado. Por ahora el sabor que deja, a medida que pasan los días, es agridulce.

    El pronunciamiento de la Corte es la respuesta a un derecho de petición que millones de personas formularon a dicho organismo a través de firmas recogidas por el Centro Democrático y con la sustentación del senador Iván Duque. La iniciativa pretendía que la Corte echara atrás el carácter supraconstitucional dado al Nuevo Acuerdo Definitivo de Paz (NAFDP) y el método fast track para la implementación de todo lo acordado por considerar que sustituía la Constitución, alteraba la separación de poderes, le reconocía funciones constituyentes a una organización terrorista, entre otros adefesios.

    La Corte se pronunció aclarando que el Congreso, en tanto poder central del ordenamiento del Estado colombiano, puede modificar los proyectos derivados del NAFDP puesto que esa es una función de la que no puede ser privado. Lo curioso y contradictorio es que la Corte al reivindicar la función legislativa del Congreso, aseguró que el fallo tendrá vigencia sobre las futuras iniciativas mas no sobre lo ya aprobado.

    Es inevitable pedir explicaciones, ¿por qué la Corte se priva del poder que le otorga la Constitución de declarar exequible o inexequible leyes ya aprobadas?, ¿acaso ante temas tan delicados como la Jurisdicción Especial de Paz, organismo que estará por encima de todas las cortes, que altera el sistema judicial colombiano, diseñado para absolver crímenes de lesa humanidad de comandantes guerrilleros y perseguir a ciudadanos y agentes del Estado por supuestos vínculos con paramilitares, no constituye una sustitución de la Constitución, realizada, además, con el silenciamiento del Congreso al que se le restituye su soberanía solo “en adelante”?

    ¿No es una inconsecuencia fatal dejar esa mácula, esa ofensa, ese golpe letal al ordenamiento constitucional, so pretexto de que ya fue aprobado? Como si la Corte desconociera que tiene la función irrenunciable de revisar lo que ha sido aprobado por los poderes públicos.

    Por eso no estoy muy convencido de las bondades de la sentencia en comento. Deja muchas dudas flotando en el ambiente. De todas maneras, la mostrada de colmillos del procónsul español Santiago y el líder de las Farc, aún armadas y filadas, confirma los temores que muchos tenemos sobre el poder otorgado a esa guerrilla, Además, no habría sido necesaria porque el presidente de la Corte le recordó a  la opinión que de todas formas el presidente de la República puede vetar lo que apruebe el Congreso si le parece que viola los acuerdos. Y Santos, ni corto ni perezoso le aseguró a Timochenko que esta vez él sí cumplirá su palabra.

    Por otra parte, voceros del ejecutivo han declarado que el hecho político incuestionable es que el gobierno cuenta con una mayoría aplastante e incondicional en el Congreso de lo cual no nos cabe la menor duda.

    Mientras el cogobierno Santos-Timochenko hace exigencias a la Corte para que dé a conocer los términos de la nueva sentencia, sería de inmensa utilidad que constitucionalistas de gran trayectoria y seriedad como Jaime Castro y José Gregorio Hernández, entre otros, nos ilustraran con sus apuntes.

    Darío Acevedo Carmona, 22 de mayo de 2017

  • Vanguardismo o miedo a la democracia

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    Sobre la propuesta de referendo de la senadora liberal Viviane Morales relativa a la adopción de menores se han planteado argumentos que deforman los términos del debate.

    Desde algunas tribunas se pretende descalificar la iniciativa porque se trataría de una imposición religiosa a una sociedad laica. La relación entre lo laico y lo religioso, propia de las sociedades liberales, no siempre ha discurrido en términos amables. Anatemas y excomuniones contra los incrédulos y ateos, procesos de descristianización o de abolición de las religiones, contra el confesionalismo y la intromisión de las iglesias en la política, han provocado todo tipo de enfrentamientos, algunos violentos, adobados con insultos, imposiciones, regaños, prohibiciones, ironías y descalificaciones de lado y lado.

    Colombia se define constitucionalmente como un país laico y a la vez tolerante con las religiones. Ser laico no implica ser ateo o irreligioso como tampoco da la potestad de agredir o desconocer los valores preconizados por aquellas. Muchos de esos valores han terminado siendo compartidos  por creyentes y no creyentes. Y, precisamente, el tema de la familia y de uno de sus aspectos como lo es la adopción de niños y menores, tiene esa doble cualidad inevitable con la que se debe contar. Cualquier cosa que se diga o haga para mantener o cambiar el sentido de la institución está atravesada por sentimientos y tradiciones sociales y religiosas.

    En ese sentido es un asunto crucial en las sociedades modernas y por tanto compete a sus integrantes participar de las decisiones que se propongan en cualquier sentido.

    Quienes se oponen a la realización del referendo aducen que no se puede someter a consulta un tema que es contramayoritario, es decir, que las mayorías no pueden imponerles a las minorías sus preceptos o creencias. Parten de una base falsa porque el asunto no es de mayorías y minorías. Al menos no está claro cuál es la minoría o qué significa ser una minoría en una sociedad: ¿una etnia, una religión, una lengua, una raza? O también, y deformando su alcance, ¿es minoría quien intenta producir un cambio que no es aceptado por las mayorías? ¿Lo lógico, en este último caso no consiste en que se ponga a consideración de la ciudadanía la propuesta? Porque, hasta donde se sabe, el referendo no tiene un insalvable de fondo, como sería por ejemplo, someter a votación que todos debemos ir a misa una vez a la semana o que para ser de avanzada se debe renunciar a las creencias religiosas. La Constitución y el significado de familia trasciende el ámbito puramente religioso.

    Aunque, por supuesto, en tanto somos una democracia y por constitución respetamos las religiones, no estamos habilitados para impedirles su poder de plantear iniciativas. Ellas, como los ateos o agnósticos pueden demandar del Estado y la sociedad pronunciarse sobre temas que no son dogmáticos o contradogmáticos. La familia y la adopción son temas además de religiosos, laicos, de manera que rechazar la propuesta de referendo sobre adopción es una negación del espíritu constitucional puesto que no es un rito ni una creencia religiosa lo que se pondría en juego sino una institución milenaria y laica reglada y protegida por los estados modernos.

    Que una unión, que es como debería llamarse a la relación homosexual, pretenda o quiera adoptar niños no debería convertirse en un derecho. Las religiones tienen sus razones de orden moral y cosmogónico para oponerse, respetables, como también muchos sectores de la sociedad por motivos antropológicos de comprensión de las relaciones de parentesco.

    Se ha dicho que una pareja homosexual puede dar una adecuada educación a los adoptados, pero es que esa no es la discusión. En cualquier tipo de organización civil puede ocurrir todo tipo de experiencias y vivencias. Se ha dicho que es un choque entre tradición y espíritu de vanguardia que tendría sentido a la hora de votar mas no para inhibir la convocatoria del referendo

    El gran error del referendo de Morales reside en extender la prohibición de adopción para viudas, madres o padres solteros, en cuanto que en esos casos no se está alterando la idea de familia vigente. La falta del padre, la madre o los hijos por cualquier imponderable, no descompone ni cuestiona la institución como si ocurre en la adopción por parejas del mismo sexo que suponen dos padres o dos madres. No obstante, el desacierto de Morales no tendría por qué dar al traste con el referendo pues este, de antemano, ni en ese punto ni en los otros le niega al ciudadano la opción de votar sí o no en cada pregunta.

    Las falacias, las ironías y las burlas, así como el desafuero de tildar de reaccionario o retrógado a todo aquel que defiende la idea de familia tal como la vivimos desde hace milenios revela falta de seriedad de quienes descalifican la propuesta por venir de quien viene o por tener contenidos religiosos. En todas las culturas hay lugar para tradiciones y novedades, pero, esta es ya otra discusión.

    Llama la atención constatar que la oposición a este referendo viene principalmente de quienes han abogado por la ampliación de los mecanismos de consulta democrática, de quienes impulsan consultas o plebiscitos para prohibir las corridas de toros, para revocar al alcalde Bogotá o a los de otras ciudades, para prohibir la explotación minera y hasta para que los gatos no hagan bulla en los tejados.

    Yo a eso lo llamo simple y puro miedo a la democracia.

    Darío Acevedo Carmona, 15 de mayo de 2017

  • LUZ DE LA CALLE OSCURIDAD DE LA CASA

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    Los hechos de la semana pasada nos vienen a confirmar lo que hace ya buen rato venimos observando en el sentido de que una cosa percibimos la inmensa mayoría de colombianos y muy distinta la que tienen ciertas agencias internacionales y gobiernos de otros países.

    La última encuesta de la firma Gallup (elespectador.com 3/05/2017) confirma que el país va mal, su gobierno también y el presidente Santos peor. La caída de la percepción ciudadana sobre Juan Manuel Santos y sus ministros, políticas públicas, economía, seguridad, empleo, educación así como sobre personajes de la vida nacional, instituciones y otros asuntos no solo se mantiene en rojo sino que nos da a entender que es una tendencia irreversible.

    El recorrido de las líneas rojas que señalan la percepción negativa y las azules que dan cuenta de la positiva desde el gobierno de Andrés Pastrana, muestran un mapa bien claro: durante los dos mandatos de Alvaro Uribe Vélez siempre o casi siempre y en todo o en casi todos los temas, la línea azul está por encima de la roja. En cambio, durante los mandatos de Santos, en particular y contundentemente en los tres años del último, la línea roja prima sobre la azul.

    Sin embargo, la noticia de la invitación del presidente Trump al presidente Santos para el 18 de mayo vino a paliar las deplorables sensaciones de fracaso. Así mismo, se anunció que estamos a unos pasos de ser admitidos en la OCDE a pesar de que en sus altas exigencias en indicadores como educación, lucha contra la corrupción, aplicación de normatividad laboral y ortodoxia en las finanzas, Santos se raja.

    Para acabar de dorar la píldora y subir las energías positivas, una misión del Consejo de Seguridad de la ONU visitó el país para pasar revista a la implementación de los Acuerdos de Paz. Visitaron una zona de concentración en el Meta, hablaron con los jefes guerrilleros con el presidente, con ministros y con uno que otro lagarto oenegero y de perfil académico.

    De un día para otro no podían ver el desastre (según las cifras de Gallup) que los colombianos hemos llegado a ver después de años de paciente espera. No se enteraron o no le dieron importancia al hecho de que las Farc a punto del vencimiento del periodo de seis meses para su desarme total, hayan entregado apenas mil fusiles, que no haya un solo registro constatable de esa “dejación”, que alias Timochenko haya confesado tener 900 caletas como la que fue descubierta en días pasados por el Ejército en el Putumayo y que nos salgan con la propuesta de prolongar la misión de la ONU.

    Tampoco parecen haberse enterado que el ELN sigue matando soldados y policías en atentados aleves y sobreseguro, que sigue volando oleoductos, ocupando los territorios dejados por las Farc, que quedaron en funciones guerreras y de narcotráfico varios frentes en supuesta “disidencia”, que uno de estos tiene secuestrado a un funcionario de la misión de la ONU, que no existe una política de erradicación de las 180 mil hectáreas de coca.

    Tampoco se percataron que el Acuerdo de Paz se pasó por la faja el estatuto de la Corte Penal Internacional, que dicho Acuerdo desconoció la voluntad popular expresada en un plebiscito en el que el Gobierno tuvo una aplastante ventaja sobre la campaña del NO. Que nuestra Constitución está siendo violada sistemáticamente, que el Congreso de la República renunció a su función legislativa, que  a ese órgano se sumarán 10 jefes de las FARC con prontuario terrorista y narcotraficante responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra.

    Esa Misión vio lo mismo que el gobierno noruego y personajes de la vida internacional a los que les suena muy bonito la palabra paz, pero que no saben, ni tienen tiempo para llegar a saberlo o no les interesa “inmiscuirse”, todo lo que hemos perdido como país y como sociedad.

    Y entonces, en esas burbujas fugaces de gloria gracias a las cuales sobrevive y por las que se empecina en sus yerros, Santos, cual peleador callejero, sale a proclamar en tono revanchista que “La oposición quedó viendo un chispero”, recordándonos que él es, como decían los abuelos de los malos hijos, “luz de la calle y oscuridad de la casa”.

    Por cierto, no hay ninguna novedad en la figura del “chispero”, solo cabe aclararle que es lo que la inmensa mayoría de los colombianos, entre un 65 y un 80 por ciento, no solo la oposición, está viendo hace rato pues gracias a sus erráticas políticas revirtió la tendencia positiva de las políticas adelantadas por gobiernos anteriores.

    CODA: El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, al declarar que tierras improductivas podrían ser objeto de expropiación dejó al desnudo una mentira más de Santos quien había dicho que se respetaría la propiedad privada en los acuerdos de paz.

    Darío Acevedo Carmona, 8 de mayo de 2017