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VentanaAbierta

  • LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

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    El expresidente Uribe le ha sacado provecho a su posoperatorio dando puntadas a la propuesta programática del Centro Democrático de cara a la coyuntura electoral.

    En un mensaje grabado de menos de dos minutos explicó por qué lo procedente frente a la paz entreguista del gobierno Santos y en caso de triunfar el candidato del CD para la presidencia, no es ni puede ser echar todo a perder. Recordó que en la campaña del plebiscito el triunfo del NO no significaba la negación de todo lo acordado ni pararse de la mesa ni romper en definitiva las conversaciones con las FARC.

    El mensaje del negociador oficial Humberto de la Calle y de los defensores del acuerdo de La Habana días antes del plebiscito en el sentido de que de ganar el NO todo se iría al traste y se terminaba el proceso, tenía la pretensión de ocasionar pánico colectivo ante la inminente reanudación de una guerra urbana “más cruel para la que las FARC estaban preparadas” según declaró Juan Manuel Santos.

    La respuesta de parte de la campaña del NO consistió en explicar que se votaba negativamente todo porque el gobierno canceló la opción de formular varias preguntas al electorado.

    De modo que, la propuesta actual de Uribe de modificar los acuerdos en aquellos puntos que son lesivos a la Constitución, al ordenamiento institucional y abran las puertas al peligro del castrochavismo es plenamente coherente con lo actuado.

    ¿Qué actitud se va a observar ante la burda imposición de una paz que adolece, cada vez más, de respaldo de la población? ¿Qué proponen los numerosos aspirantes a la presidencia de la República frente al uso y abuso del dictatorial método de violación de la Constitución, el fast track?

    Porque esa será la piedra de toque de la campaña que ya arrancó. ¿Modificar los acuerdos? ¿Continuar sin pausa su implementación?, ¿aceptar los hechos cumplidos?, ¿resignarnos a la humillación de las instituciones?, revocarlos en su totalidad?

    El expresidente Uribe lanzó la consigna para el Centro Democrático, pero, como debe ser consciente de que su partido, aunque pueda ganar la presidencia con su candidato, no tendrá la fuerza suficiente para acometer esa meta, ha procedido a adelantar conversaciones con varios líderes políticos de otras tendencias y vertientes, tal como se hizo en la campaña por el NO para buscar entendimientos y forjar alianzas sin las cuales no sería factible reparar el grave daño hecho al país con la implementación de un acuerdo de paz que se revela cada día más en sus aspectos lesivos, tramposos y ocultos.

    Entre los seguidores del expresidente Andrés Pastrana, del exProcurador Alejandro Ordoñez, de Juan Lozano, de Martha Lucía Ramírez, de figuras históricas de todos los partidos y de otros dirigentes, líderes de opinión, exmagistrados, etc, existe un ambiente propicio para forjar una alianza, especie de Frente Republicano por la defensa de la Democracia y las Libertades que acometa la empresa de encauzar el descontento nacional hacia el retorno a la normalidad, el restablecimiento de la Constitución y la separación de los poderes del Estado.

    Una cumbre de todos ellos sería conveniente y útil en extremo para perfeccionar los términos de esa gran alianza. Los temas relativos a reforma tributaria, impulso de la iniciativa emprendedora, lucha contra la corrupción, reducción de impuestos, impulso a la educación, desarrollo de la infraestructura, reducción del gasto estatal, relaciones internacionales, pueden ser acordados apoyándose en las mejores tradiciones del Estado y de gobiernos anteriores sin mayor dificultad.

    No tengo duda que se está prefigurando ese amplio frente para dar la batalla política más importante y decisiva de las últimas décadas. La Marcha Nacional convocada por el expresidente Uribe para el próximo 1 de abril podría ser el termómetro de su acogida y el impulso definitivo para que se cristalice ese Frente Republicano.

    Los colombianos nos veremos enfrentados en torno a dos campos, por una parte el de las fuerzas continuistas que quieren implementar el camino del desastre y de la otra, las fuerzas que piensan que todo aquello que ha sido destructivo de la institucionalidad y de la Constitución puede ser reconsiderado. Para estas últimas lo ideal sería asumir el compromiso de convocar el 20 de julio de 2018 un referendo revocatorio de tal manera que sea el pueblo quien decida, en últimas, la suerte de todos y cada uno de los puntos contemplados en el segundo acuerdo impuesto a fines de 2016 desconociendo la voluntad popular.

    Darío Acevedo Carmona, 6 de marzo de 2017

  • REVOCAR O RECOMPONER EL ACUERDO DE PAZ

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    Las elecciones para corporaciones públicas y presidente de la República el próximo año podrían ser un pulso definitivo sobre la paz impuesta. En principio, cada fuerza política habrá de definir sus objetivos en  concordancia con el diagnóstico de la situación.

    Me ocuparé en estas líneas del debate que va cobrando fuerza en las filas de la Oposición: uribistas, conservadores y liberales disidentes, militares en retiro, voceros del NO, entre otros. La cuestión está planteada en términos de hasta dónde se debe corregir, deshacer o revocar lo que se está imponiendo a través del llamado fast track. El debate se calentó a raíz de un trino del expresidente Uribe en el que manifestó que en caso de un triunfo del candidato del Centro Democrático en la elección presidencial no se revocaría todo el acuerdo de paz sino aquellos puntos que consagran impunidad total y que representen el peligro del modelo castro-chavista.

    Algunos intelectuales reviraron al planteamiento de Uribe calificándolo en los peores términos, casi como una traición o cuando menos un paso atrás y mostraban en cambio, la firme posición del precandidato conservador Alejandro Ordoñez. Estamos pues, ante un desacuerdo en el tema principal de la coyuntura que a no dudarlo es y seguirá siendo el de la paz.

    En mi parecer, pienso que los analistas no podemos esperar que nuestros puntos de vista sean plenamente adoptados por los dirigentes políticos. Son estos, en últimas, los que conocen sobre el terreno el estado de las fuerzas y las consecuencias positivas y negativas o el impacto de una propuesta en la población. La lucha política se parece en muchos aspectos a una guerra. Hay batallas de diverso calibre y aunque el objetivo final de cada bando es la victoria, los generales son los que conocen el método para librar cada batalla. Ellos saben, desde sus primeras lecciones, que no basta tener la razón o la justicia de su parte para ganar.

    Pienso que las batallas electorales en estos dos años cobrarán elevada importancia, pero, difícilmente serán definitivas, pueden venir otras de mayor calado después de la elección presidencial.

    El expresidente Uribe, en trinos siguientes al que provocó el alboroto, ha aclarado asuntos muy importantes que no siempre son tenidos en cuenta por los “teóricos” o “estrategas” de escritorio. Por ejemplo, que no se puede dar la impresión a la ciudadanía de que “somos enemigos de la paz”, que se debe insistir en la revocatoria de aquellos puntos que después del plebiscito se pusieron en la mesa de conversaciones con el Gobierno , y que no se debe confundir lo ideal con lo real. Esto último quisiera leerlo de la siguiente manera: la paz no será cien por cien acorde con los deseos de los del SÍ o los del NO.

    Si uno piensa en la envergadura del daño institucional que el gobierno Santos les está infligiendo a las instituciones, a la Constitución, a la Justicia y por ende a la sociedad, puede concluir, en teoría y con el deseo, que lo ideal es revocar todo e imponer nuestro punto de vista. Sin embargo, considero que ese pensamiento es exactamente igual a lo que piensan y hacen los impulsores del Acuerdo impuesto, es decir, que un sector importante de la sociedad pretenda imponerse sobre el otro sin escucharlo, pisoteando sus derechos. No se dan cuenta que es un error echar en un mismo saco al gobierno y a quienes han liderado la paz entreguista con los millones de personas que han creído, a pesar de sus imperfecciones, en el proceso Santos-Farc.

    Claro que los del NO ganamos el plebiscito, así hubiese sido por poca diferencia se ganó. Y cuando los voceros del NO aceptaron sentarse a discutir algunos puntos con De la Calle y compañía lo hicieron pensando en grande, pensando en la Nación, en la paz, en que había cosas rescatables aunque no fueran plenamente digeribles. Yo creo que esa actitud le ha ganado muchísimos nuevos adeptos al NO, que se podrían echar a perder si se adopta en esta coyuntura una posición radical de oposición en toda la línea a todo lo acordado.

    Es cierto que estamos ante un desastre, no dudo que el gobierno propició un golpe de estado al violar y sustituir la constitución. La cumbre de la ignominia es la aprobación de la peor monstruosidad de todo ese proceso de entrega, la Jurisdicción Especial de Paz, que será el órgano judicial supremo del país, que administrará justicia según la versión guerrillera. Militares, civiles, empresarios, políticos, intelectuales, serán  expuestos a acusaciones sobre la base de la teoría (Roxin) de “los responsables de atrás” y de que en ultimas la guerrilla fue la víctima de una ilegal política de estado.

    Para reversar en esos temas puntuales hay que obtener la presidencia y las mayorías en el Congreso. Eso está en el campo de lo posible, pero quizás no sea suficiente. El punto lo ha dado el analista Daniel Mera Villamizar planteando (elespectador.com 18/02/2017) que lo procedente en un nuevo gobierno es la convocatoria de un referendo derogatorio de todo aquello que ha sido impuesto de manera ilegal.

    Finalmente, lo mejor de todo es que sea el constituyente primario, como debió haber sido, el que decida con su voto qué asuntos (en 5 u 8 preguntas) acepta y cuáles rechaza. Y si esto no fuese posible por razones incontrolables, convocar una asamblea nacional constituyente para que redefina el rumbo de la Nación.

    Darío Acevedo Carmona, 27 de febrero de 2017

  • GOBIERNO Y FARC QUIEREN IMPONER NUEVA CONSTITUCIÓN

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    Al paso que va la demolición de la Constitución, la Corte Constitucional quedará sirviendo para fallar si las corridas de toros son o no legales, si el pico y placa es exequible o no, si las multas por violación al código de policía son las adecuadas.

    Porque lo que es su armazón ya está hecho trizas. El proyecto de reforma política que se discute en el Congreso contempla por ejemplo establecimiento del voto obligatorio, ampliación del periodo presidencial,  ciudadanía desde los 16 años, entre otras arbitrariedades que ni siquiera figuran en el Acuerdo Definitivo de Paz.

    Algunos analistas sostienen que este proyecto no es más que una cortina de humo para tapar el escándalo de los dineros de Odebrecht en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Tiene todo el perfil para ser eso, el neodictador de Colombia se ha revelado como un hábil cortinero y apostador que no bien pierde una mano apuesta la que sigue con más osadía.

    Sin embargo, no debemos descartar que aun siendo una cortina también puede llegar a convertirse en realidad y que en consecuencia en el 2018 no se realicen elecciones en aras de proteger la paz, implementar lo acordado y entrar en firme en el periodo de transición de 10 años del que habló el comisionado de paz Sergio Jaramillo que supone la realización de reformas extraordinarias y excepcionales (¿el golpe de estado o fast--track es la fórmula?) para aclimatar “la paz territorial”.

    Este Régimen y su líder, han dado ya categóricas e inequívocas señales de que no les tiembla el pulso, que no tienen pudor ni vergüenza para demoler la casa desde los cimientos y levantar una nueva con quienes intentaron, vanamente, destruirla con las armas del terror.

    Si alguien quiere saber hacia dónde está dirigiéndose nuestro país y apreciar cuánto sudor y lágrimas, destrucción y empobrecimiento y vidas y persecuciones nos tocará afrontar en los años venideros si no atajamos la trinca Santos-Timochenko, basta que miren la tragedia que vive Venezuela.

    Con ese oscuro panorama en el futuro inmediato, todas las fuerzas políticas están obligadas a sentar una posición sobre lo que está ocurriendo desde que en el pasado mes de noviembre el aún presidente Santos anunció al país y al mundo la mentira de que con el apoyo de la dirigencia del NO y luego de haber acogido sus recomendaciones, se había firmado un acuerdo definitivo de paz con las FARC.

    Al respecto, solo hay tres formas de actuar ante tan grave coyuntura. La primera consiste en continuar con la implementación de estos acuerdos, darles vigencia por 10 años más, seguir imponiendo vía fast track una nueva constitución acorde con el mandato y el interés de los constituyentes usurpadores: este Gobierno sin límites ni controles y las FARC.

    La segunda es que se abra camino la antipolítica impulsada por quienes han guardado cómodo silencio ante el desastre institucional como el fajardismo o los que con sus votos han apoyado en el Congreso todos los proyectos golpistas y la reforma tributaria de un gobierno a cuya sombra han medrado y comido, acaudillados por la senadora que piensa enseñarnos que todo se soluciona a punta de gritos e histeria. Para ellos, que se creen puros, impolutos e inmaculados y ajenos a la política, basta con predicar la anticorrupción para que todo marche bien, la suerte de la Constitución y la impunidad de la paz santista nada les importa.

    Y la tercera, y teniendo en cuenta que el Régimen en vez de parar la arbitrariedad, en vez de frenar el atropello a las instituciones, quiere ir más y más lejos, consiste en levantar de nuevo la bandera de la resistencia civil, de la movilización ciudadana pacífica y democrática, saliendo a las calles a las plazas públicas, a realizar marchas y plantones contra el golpe de estado, por el restablecimiento del orden constitucional, por reversar los acuerdos onerosos para la sociedad y para el país, para evitar que Colombia caiga en manos del experimento del socialismo bolivariano en alguna de sus variantes, para tumbar la reforma tributaria y en suma, recuperar la dignidad perdida.

    Esta última supondría de parte de las fuerzas del NO del plebiscito, un gran consenso que lleve a la constitución de un Frente Republicano para salvar las libertades y la democracia en el entendido de que fue el Gobierno quien llevó las cosas a un terreno confrontacional sin dejar opción distinta a que la Oposición acepte el desafío en los mismos términos.

    Darío Acevedo Carmona, 20 de febrero de 2017

  • EL BARCO HACE AGUA

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    Me refiero, por supuesto, al Gobierno de este bello y alegre país. Algún día tenía que llegar la hora en que el buque, con su casco agrietado, agujereado, carcomido por el óxido, la carroña y sobrecargado de ratas y pestilencias empezara a hundirse sin remedio.

    En una situación de profunda crisis moral de buena parte de la clase gobernante tiene precisa aplicación el principio de Murphy según el cual "todo lo que pueda salir mal, saldrá peor". Y en Colombia a ese punto hemos llegado aunque, sesudos sociólogos y virtuosos columnistas impolutos interpreten en hondas cavilaciones que la que anda mal es la sociedad, que lo que da vergüenza es este pueblo del cual abjuraron el 2 de octubre cuando la mayoría, “insignificante”, decían, rechazó la paz entreguista del Gobierno que han defendido a rabiar

    Hay que abrir bien los ojos para ver y entender que la inmundicia y el hedor tenían que aparecer después de tantas arbitrariedades, trampas, estafas, artimañas y mentiras dichas y cometidas que convirtieron el país y a su pueblo en rey de burlas.

    Y es que, como dicen los abuelos “lo que mal empieza mal termina”, con el agravante de que los perjudicados somos la inmensa mayoría que vivimos del trabajo honrado, que aún creemos en la ley como virtud máxima y elemental premisa de toda convivencia.

    Ayer el país avizoraba recuperación, confianza, seguridad, esperanza, y en cosa de pocos años tenemos la patria girando no alrededor de su Constitución sino del intragable Acuerdo de La Habana. ¿Puro pesimismo? Juzgue Usted amable lector:

    Todo empezó con la trampa que le tendió Juan Manuel Santos al uribismo y al expresidente Uribe con quienes se había comprometido a continuar sus exitosas políticas. En ninguna democracia seria es admisible que se gane el gobierno con un programa y se aplique el de los derrotados.

    El paso siguiente consistió en reversar el camino, declarar mejores amigos a los agresores, iniciar negociaciones de paz sin exigirles a guerrillas deshumanizadas el cese de sus acciones terroristas, prometer que no se discutiría la Agenda nacional, que habría cárcel para responsables de delitos atroces, que no se tocaría la Constitución, ni el estatus de las Fuerzas Armadas, etc. Todo ello fue tapado con tierra, cascajo y cemento.

    En nombre de la paz, el país fue dividido en dos mitades, sus instituciones deformadas y desnaturalizadas, su Constitución violada, eliminada la separación de poderes, anulados los órganos de control, apaleada la Justicia, pisoteada la voluntad popular.

    En nombre de la paz, convertida en principio supremo, este Gobierno concentró todos los poderes, se dotó, con la aquiescencia de las mayorías del Congreso y el visto bueno de la guardiana de la Constitución, de poderes absolutos para implementar los acuerdos con las FARC con los cuales podrá hacer y deshacer a su amaño porque el pacto con las FARC contempla todos los temas y asuntos de la sociedad.

    ¿Cómo es que hemos llegado a esta indeseable situación? ¿Será que nos gobierna un portento de líder, inmaculado, visionario, convincente y lleno de sabiduría? ¿Cómo, vale preguntar, si es todo lo contrario de lo dicho, ha deshecho un país promisorio hasta llevarlo a su perdición? haciendo honor a aquello de que “quien la hace a la entrada la hace a la salida”. Porque hay que reconocer, un desastre de esta magnitud no se logra en solitario y sin el apoyo de otros poderes.

    El líder del desastre es un virtuoso para engañar, hacer trampas, picardías, jugar a las cartas y es conocedor de las debilidades del bolsillo de quienes lo rodean. Sí, con eso que su exministro de Hacienda llamó la MERMELADA, que no es otra cosa que el erario público usado para asegurar la gobernabilidad, el habilísimo capitán del barco embadurnó a todos los poderes y a todos los poderosos. Alcanzó hasta para el nobel de paz. Esa mermelada tuvo ingredientes podridos, como el Odrebecht, según nos dijo en primera instancia el Fiscal antes de ser llamado al orden.

    Si el poder absoluto corrompe absolutamente todo, en nuestro caso ese principio fue ejercido hasta límites innombrables por quien se creyó invulnerable y pensó que podía, indefinidamente, “hacer lo que se le dé la gana”, por ejemplo, ganando la reelección con montajes hakerianos y gastando millonadas no declaradas en publicidad con dineros turbios de una multinacional corrompida hasta los tuétanos.

    Ese poder absoluto que no admite la intervención de la Procuraduría ni la del Fiscal ni la de ninguna otra instancia, está instalado y ha hecho, como cáncer terminal, metástasis, amenazando a toda la sociedad con sus desastres.

    Mientras el capitán, con desparpajo acusa del naufragio a quienes lo critican, pide a estribor una lancha salvavidas para él y su familia por si acaso, pues no sabe si podrá repetir la “gloriosa e inmarcesible” proclama del famoso elefante que gritó “¡aquí estoy y aquí me quedo, huepajé!”.

    Darío Acevedo Carmona, febrero 13 de 2017

  • COLOMBIA EN CAÍDA LIBRE

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    La historia de los hermanos Patrocinio y Odín Sánchez no puede ser más cruel. El primero de ellos fue secuestrado por la guerrilla ELN en condiciones infrahumanas por un largo periodo, su familia pagó una parte de la extorsión, enfermo, cadavérico y en vista de que no aceptaban liberarlo, su hermano Odín se canjeó por puro sentido de hermandad. Al cabo de 10 meses, este último, enfermo y agobiado, fue objeto de un canje de doble vía. El Estado liberó a dos guerrilleros a cambio de la liberación de Odín.

    El Estado fue incapaz de exigirle al ELN lo que a las FARC: abandonar la práctica del secuestro. De otra parte, la familia de Odín entregó una millonaria suma de dinero al ELN para que lo liberaran. El Gobierno Santos aceptó esa humillación para sentarse a negociar la paz con ese grupo.

    De encima, la comandancia elena en tono arrogante reconoció tener más secuestrados en su poder, entre ellos un soldado, y en el colmo de la sevicia, cara amenazante, dicen tener “derecho” a seguir secuestrando.

    En este estropicio contra la más elemental justicia y los derechos humanos, tan pregonados y defendidos por tantos falsos defensores, por hipócritas, por infiltrados de la extrema izquierda en organizaciones humanitarias y por despistados escribientes que guardan sus plumas frente al atropello, llegan al país, de cuenta del erario público, tres, cinco? premios nobel de paz a aplaudir a quien ha despojado nuestro Estado de toda dignidad y a avalar un proceso consagrado por un golpe de estado en la más impúdica impunidad posible en la historia reciente del mundo.

    No queda la menor duda, a Juan Manuel Santos le encantan los eventos de pompa y boato, es muy hábil para organizarlos y para hacerlos en el momento adecuado a sus intereses. No pierde detalle aunque le toque tirar la casa por la ventana, eso sí, quede claro, no es su casa, sus festines se pagan con los impuestos de los colombianos.

    Como quiera que la favorabilidad no le favorece y que no obstante sus esfuerzos por pasar a la Historia Grande de Colombia como artífice de la paz sigue de capa caída en las encuestas, busca ganar aplausos y apoyos con personalidades del exterior que poco conocen los dramas del país ni los costos políticos, constitucionales y morales de su política de capitulación ni sobre nuestras disputas y conflictos.

    Santos es luz de la calle y oscuridad de la casa, es un gran mago, todo un ilusionista, pues ha logrado atraer la mirada complaciente y el respaldo de instituciones, gobiernos y figuras extranjeras, vendiendo la idea de que Colombia sufría los estertores de una prolongada y cruel guerra de más de medio siglo, que las guerrillas colombianas no eran terroristas sino luchadoras por la justicia y habían tomado las armas inspiradas en ideales altruistas, que su poder era tan enorme que bien valía perdonarles todos sus abominables crímenes, en especial los de lesa humanidad, que no merecen la cárcel, que el secuestro es comprensible, etc.

    ¿Estarían al tanto de que la voluntad popular que rechazó el pacto con las FARC en el plebiscito del 2 de octubre, la Constitución, la separación de poderes y la institucionalidad, fueron lanzadas al abismo de la ignominia?

    El mal ejemplo del Acuerdo espúreo entre un Estado legítimo y un grupo terrorista, ha empezado a rendir sus frutos podridos. La negociación con el ELN se inicia a la sombra de un chantaje en que el Estado se humilla ante exigencias de una guerrilla que ni se sonroja justificando el secuestro y prometiendo que lo seguirá haciendo.

    ¿Se leerán los señores nobel de la paz esta dolorosa historia de la familia Sánchez, tan solo esta, aunque son miles las historias horrorosas que podríamos contarles? ¿Qué pensarán de la justificación del secuestro por parte de los jefes guerrilleros? ¿Seguirán pensando que la causa revolucionaria justifica todo tipo de crímenes? ¿Soportarían eso en sus países? ¿Estarían dispuestos a destruir la institucionalidad de sus países en aras de hacer la paz cerrando los ojos antes los crímenes atroces?

    Llegamos a pensar que en materia de ignominia este Gobierno había tocado fondo, pero, al observar el nuevo proceso de paz en Quito no podemos sino concluir que Colombia sigue en caída libre, lo que quiere decir que veremos hechos peores y más indignantes de los que hasta ahora hemos presenciado.

    Darío Acevedo Carmona, 6 de febrero de 2017

  • EL MATONEO DE LOS PAZÓLOGOS PACIFISTAS

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    El profesor Alejandro Reyes, columnista de El Espectador y asesor del gobierno Santos en las negociaciones de paz con las FARC en temas agrarios, publicó en dicho diario el pasado 14 de enero, una columna en la que señala al expresidente Alvaro Uribe como ordenador de violencias.

    Afirmó que Uribe Vélez aprovechando su don de mando “… ha dado órdenes directas a los ejecutores pasando por encima de las estructuras de mando establecidas y ha pedido cuentas de los resultados con la severidad de un censor que se hace temer por sus explosiones de furia. Desde el amanecer llamaba a coroneles y generales para exigir resultados en las veredas y muchos de ellos terminaron ofreciéndolos como sacrificios humanos…”, insinuando que en dicha función  habría algo ilegal en vez de acciones del jefe del Estado en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, para cumplir  con el deber constitucional de preservar el orden y combatir a los grupos armados ilegales. Es curioso que quienes hablan de una guerra civil en Colombia se asusten o descalifiquen la respuesta legítima del Estado.

    Refiriéndose a su gestión como gobernador de Antioquia, Reyes asegura que se excedió en sus funciones al promover: “las Convivir para asegurar la autodefensa de los hacendados acosados por las guerrillas, que luego pasaron a convertirse en grupos paramilitares” desconociendo que las Convivir fueron creadas bajo la presidencia de César Gaviria y las de Antioquia autorizadas por el ministro de Gobierno Horacio Serpa Uribe en la presidencia de Ernesto Samper. Comulga Reyes con el prejuicio extendido en las esferas de izquierdas y progres que ve a los hacendados como criminales y no empresarios con derecho a la protección del Estado.

    Rebasando los límites de todo respeto, Reyes sostiene sin empacho que “Las consignas de Uribe, simples y claras, reiteradas hasta el cansancio, son órdenes de batalla que tienen una probada eficacia en la trama de la violencia colombiana”, sumándose así a la denigrante campaña del mamertismo y la extrema izquierda para desprestigiar, acosar, acusar e intentar hacer condenar a quien, a través de una política de estado –la Seguridad Democrática- les propició los más duros golpes a las FARC.  

    Concluye en tono de advertencia y amenaza sobre la violencia que pueda llegar a desatarse con el pretexto de eliminar la amenaza castro-chavista: “Mucha gente armada se encuentra en espera de justificaciones, consignas y órdenes, y más le valdría a Uribe ser consciente de las consecuencias de las suyas para que las asuma cuando la historia se las demande.” Cuando lo que hemos visto de Uribe es llamados a la resistencia civil y argumental a la protesta pacífica a asistir a las elecciones y el plebiscito.

    No voy a defender al expresidente de un refrito que ya hemos leído ene veces, montado por quienes fueron derrotados por el Ejército de Colombia. Simplemente, quiero constatar que personas al servicio del gobierno Santos incapaces de responder a las críticas sobre impunidad en el acuerdo de paz, se han recostado en la versión mamerta del conflicto colombiano, en la consigna de estigmatizar al expresidente Uribe como el cerebro de todas las violencias, tarea en la que llevan 20 años los colectivos de abogados y ONGs enmascaradas en la defensa de los DD.HH.

    En este caso veo la incoherencia de quien quiere  justificar, tardíamente, algo que no fue capaz de sostener antes. Recuerdo que en diciembre de 2006 cuando se discutía la salida jurídica para los grupos de autodefensa inmersos en negociación de paz, el profesor Reyes asistió en muy buenos términos a una reunión en el Palacio de Nariño a la que asistieron también Enrique Santos Calderón, José Obdulio Gaviria, Alfredo Rangel, Darío Echeverri, el presidente Uribe y quien esto escribe. No estoy seguro si también se hizo presente semanas después en reuniones similares.

    Para entonces, la campaña de los colectivos y el mamertismo abierto y encubierto contra Uribe ya era de dominio público dentro y fuera del país, de tal forma que el profesor Reyes debió estar al tanto de esos rumores. Me pregunto, ¿compartía él esas infamias? Si las daba por ciertas ¿por qué fue a una reunión con el “ordenador de las violencias? ¿Por qué guardó su bocanada de hiel 10 años?

    Uno esperaría de la pluma de un académico el valor intelectual de tomar distancia de las consignas de la jauría que clama paz mientras busca el aplastamiento y la desaparición de Uribe y del uribismo. Porque de personas como Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Alirio Uribe, León Valencia o de los jefes guerrilleros o de la dirigencia del partido Comunista o de un buen número de columnistas y conductores de noticias, no se puede esperar cosa diferente al matoneo sistemático contra el líder de la Oposición.

    Lamentablemente, lo de Reyes no es aislado, la respetada profesora antioqueña de ética y filosofía política, Beatriz Restrepo, destacada por su mesura, su tolerancia y su pacifismo, escribió en diciembre de 2016 un semblante de Uribe Vélez que nada tiene que envidiar al pantano vocinglero que le arrojan desde orillas belicosas.

    Estamos, pues, en presencia de intelectuales que creen tener el derecho de destrozar la integridad de aquellos con quienes no simpatizan, que en nombre de la paz apelan al matoneo, de quienes predican democracia pero se niegan a reconocer que Uribe ha sido inspirador de dos partidos legales, que siempre ha sido elegido en democracia y que lideró la victoria del NO en el plebiscito “armado” de un megáfono y su twitter. Estamos rodeados de intelectuales que hablan de tolerancia y reconciliación pero quieren sacar del camino al líder de la bancada opositora, le exigen retirarse y “dejar de joder” y en cambio soportan a un Ernesto Samper, a un César Gaviria y a un Horacio Serpa y a guerrilleros que luego de tanta violencia durante medio siglo quieren ahora dominar la vida política de la Nación.

    Es la película del momento, en la que hablan de reconciliación mostrando sus garras y colmillos de odio. Las fieras quieren la paz pero no cesan de perseguir a su presa.

    Darío Acevedo Carmona, 30 de enero de 2017

  • ESPECULACIONES ELECTORALES (I)

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    Mientras se va instalando “pacífica, legal, decente e incruentamente” el golpe de estado vía fast track, va tomando forma la carrera por la presidencia de la República para el periodo 2018-2022. Hasta ahora una treintena de aspirantes a esa dignidad se han lanzado al agua, algunos dejando entrever para qué la quieren y la gran mayoría limitándose a sonar y dejar sonar el sonajero.

    La situación que vive el país ante la situación en que de hecho y a las malas lo metió el Gobierno Santos, es promisoria para sus seguidores, pero desastrosa para los opositores. Por ello pienso que este problema se mantendrá en primera plana y por tanto, cada partido o movimiento con sus candidatos definirá su línea de acción sobre la implementación del acuerdo de paz. No es descartable que algunas campañas traten de hacer girar el interés sobre otros temas de gran importancia e impacto en la coyuntura, como por ejemplo, la galopante corrupción, la reforma tributaria, la seguridad cotidiana, por nombrar solo unos.

    Esto quiere decir que las fuerzas políticas se alinearán en dos grandes tendencias, de un lado, la de quienes se agruparán alrededor de replantear las graves concesiones hechas a las guerrillas de tal forma que se retome el orden constitucional violado y mancillado. Ello no significaría dar al traste con todo lo acordado sino la derogación de las leyes expedidas bajo el modelo fast track, muy especialmente aquellas que consagran impunidad y elegibilidad para responsables de delitos atroces, la incorporación del acuerdo como capítulo transitorio de la constitución, la modificación del régimen electoral y la conexidad del narcotráfico con el delito político.

    Si la decisión del pueblo en las urnas es favorable a esta propuesta, que probablemente se presente bajo la enseña de defensa de la República y la Constitución, no habrá motivos para pensar que lo que de ella se desprende es volver a la guerra. Las guerrillas, que habrán participado en esta contienda, no tienen opción diferente a acatar ese mandato en cuanto es la expresión de la voluntad ciudadana que el Gobierno Nacional se negó a consultar. La obligación de un gobierno electo en esta dirección no se puede limitar a reversar aquellos asuntos sino también a brindar garantías efectivas para la agrupación política que las FARC hayan constituido y de cumplimiento de compromisos adquiridos que no conlleven a alteraciones institucionales.

    La otra gran agrupación estará integrada por las fuerzas que integran la llamada Unidad Nacional que apoyan el proceso de paz de manera integral e incondicional y que mantendrán sus campañas orientadas a facilitar la implementación de los acuerdos de paz. El hecho de que esos partidos estén enredados internamente y quieran adelantar campañas independientes no indica, necesariamente, que dicha unidad se vaya a romper de manera definitiva. Lo que pretende cada facción es alcanzar un resultado que les permita negociar un buen lugar en las listas para Congreso, en la repartición de cargos públicos y en la coalición y batalla definitiva que ellos piensan se  dará en la segunda vuelta presidencial.

    Los grupos de izquierda mantendrán su apoyo al acuerdo de paz, pero harán énfasis en otros aspectos programáticos para no dejar escapar sus tradicionales electores que esperan algo más que simplemente andar plegados como vagón de cola de la que ellos denominan “alianza oligárquica”. Sus candidatos irán por separado a la primera vuelta con el objetivo de obtener un buen resultado que les abra camino a un buen espacio en el bloque continuista. Y ahí, quien señalará en últimas las formalidades a seguir será el nuevo agrupamiento de las FARC.

    Los verdes en todos sus matices, fajardismo, navarristas, claudistas y mockusianos, harán el intento de hacer girar la campaña presidencial en torno a la lucha contra la corrupción, pero, no podrán zafarse de la cuestión dilemática sobre el acuerdo de paz y su implementación y, visto lo que ha mostrado hasta hoy, reingresarán a la Unidad Nacional después de la primera vuelta.

    Entre los candidatos presidenciales más opcionados del continuismo para ir a la segunda vuelta, de tener lugar, muy probablemente estará el ambivalente Germán Vargas Lleras y el retórico Humberto de la Calle. No le veo mayores posibilidades a candidaturas terceristas, sobre todo a las de quienes no van a tener representación importante en el Congreso.

    La campaña electoral va a estar sumamente concurrida, con listas abiertas y cerradas, escándalos, denuncias, amenazas, lenguaje ofensivo, puñaladas traperas, hasta llegar a las parlamentarias de marzo que seleccionará el numeroso grupo de precandidatos a un dígito. De haber segunda vuelta, tendríamos un duelo final que reeditará el del plebiscito del 2 de octubre. La incógnita por el lado del uribismo, el CD y los aliados es sobre quién ganará la nominación y qué propuestas liderará para recuperar la institucionalidad, una disputa para alquilar balcón.

    Darío Acevedo Carmona, 23 de enero de 2017

  • SUMARIO DE LA DEMOLICIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO

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    Para los que no se han dado por enterados, apenas regresan o están resignados o se han rendido o están indecisos, para los que seguimos dispuestos a luchar por el país, va este recorderis, que no nos cansaremos de repetir, sobre los daños ocasionados al Estado colombiano por el “Nuevo Acuerdo Final y Definitivo de Paz” (NAFDP).

    1. La Constitución Política: la joya de la corona que Santos se comprometió a no tocar, como lo hizo con tantos otros asuntos y sin embargo mintió. Ella representa los cimientos de eso que nos permite ser sociedad libre, civilizada, vivir en ley, regirnos por reglas del juego sólidas, es la herida más grave, pues el tal NAFDP tendrá rango constitucional, y a continuación la suplantará con reformas aprobadas vía fast-track violando los procedimientos establecidos por el constituyente de 1991. En pocas palabras: la tiranía.
    2. La Institucionalidad: cuya defensa les parece a los promotores del golpe de Estado -en curso- un asunto de godos y reaccionarios, pisoteada al eliminarse la separación de poderes, figura regia de las repúblicas modernas, por la vía de los hechos cumplidos. El Congreso renunció a sus funciones legislativas y otorgó poderes absolutos al presidente-dictador. Las Altas Cortes convertidas en escribanas del Ejecutivo dieron validez jurídica a monstruosidades y arbitrariedades sin nombre. No hay controles, pues el único que los hacía, el Procurador Alejandro Ordoñez, fue despojado por el Consejo de Estado que cedió, una vez más, a las presiones del monarca tropical que ocupa el “Palacio Real de Nariño”.
    3. El relato del “conflicto” o “verdad histórica”: sectores académicos e intelectuales en coincidencia con las guerrillas lograron imponer al Estado la tesis del “alzamiento armado” por “causas objetivas, injusticias sociales y exclusión política”. El Gobierno aceptó su inclusión en el NADFP por lo que habrá una Verdad Histórica Oficial, noción que la academia rechaza per-se. A partir de tal adefesio, se le reconoció a las guerrillas la vocería y representación del “campesinado” visto como un todo homogéneo, y de ahí se desprende que en el fondo de toda la “confrontación” está el asunto no resuelto de la propiedad de la tierra y la reforma agraria.
    4. Las Fuerzas Armadas: Santos quebró la espina dorsal de la política de Seguridad Democrática que falsamente prometió continuar, debilitó el Alto Mando al llamar a calificar servicios a decenas de generales y coroneles y otros miembros de la oficialidad que lideraron la estrategia de la Seguridad Democrática desde la que se golpeó estratégicamente el poder guerrillero. Abrió campo a la persecución jurídica de oficiales probos cuyo principal delito consistió en ser brillantes estrategas. Desmoralizó la tropa al prohibirle las acciones ofensivas y los bombardeos cuando apenas iniciaban los diálogos y coronó la política de debilitamiento cambiando la doctrina militar ante exigencia perentoria de las FARC.
    5. La acción política: pervertida hasta los tuétanos por el Gobierno que forjó una mayoría incondicional por la vía corrupta de la irrigación de toneles de mermelada. Los críticos fueron estigmatizados de guerreristas. Al Centro Democrático nunca se le reconoció el estatus de fuerza opositora y sometido a todo tipo de persecuciones, engaños y montajes. La campaña de OI Zuluaga fue infiltrada por hackers contratados por la nueva Inteligencia estatal y se procura la judicialización del expresidente y Senador Álvaro Uribe y su familia.
    6. La ciudadanía o constituyente primario: en la que reside la soberanía, fue traicionada, manipulada y engañada por el Santos que desconoció el resultado del plebiscito y que, en el colmo de colmos, igualó la soberanía directa -el pueblo en las urnas- con la soberanía delegada -el Congreso- para aprobar un texto engañoso presentado como fruto de un acuerdo nacional cuando en realidad fue una trampa con las concesiones exorbitantes a un grupo terrorista que ningún país democrático haría. Con astucia, el gobierno cambió el sentido original de la noción jurídica de cárcel o prisión. Urdió la rehabilitación de Piedad Córdoba gran amiga de las FARC y militante chavista y resucitó a Ernesto Samper el expresidente más desprestigiado de la historia colombiana.
    7. Los grandes Medios: fueron cooptados para adelantar una labor informativa incondicional a favor de la política oficial de paz. La llave Gobierno-Medios que se ha gestado es propia de una dictadura. Florece la lambonería y ha sido evidente el intercambio de favores entre el Ejecutivo y periodistas reconocidos.
    8. La iglesia Católica: su jerarquía ha favorecido desde la teología de la liberación las “buenas intenciones” y el “altruismo” de las guerrillas.
    9. Los tratados y acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario: burdamente desconocidos y violados en el NADFP puesto que delitos y castigos estipulados en convenciones y organismos (CPI, CIDH) quedan en la impunidad. El carácter universal de esos derechos y la imprescriptibilidad de los delitos sufrieron deformación dolosa con caprichosas interpretaciones y menjurjes jurídicos por dos abogados al servicio de las FARC, uno de ellos español, y por otros dos nacionales empleados por el Gobierno que haciendo las veces de constituyentes crearon la Jurisdicción Especial de Paz que estará por encima de las Cortes nacionales, aprobaron la elegibilidad política de responsables de crímenes de lesa humanidad y de encima eliminaron las penas de prisión. No puede pasar inadvertido que la ONU, organismo encargado de la paz mundial y guardián, propagador y defensor de los DD HH dio la venia a la mayor burla que se haya producido en el mundo contra su Misión.

    Se me fue muy extensa la columna, ruego comprensión a los lectores. Quedan muchos temas en el tintero, pero, este es el cuadro nada halagüeño de un Estado que ganó la guerra a los grupos terroristas en el campo de batalla y fue demolido en una mesa de negociación instalada en un país que siempre apoyó a esos grupos.

    Darío Acevedo Carmona, 9 de enero de 2017

  • 2017: NUBES NEGRAS Y RETOS

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    Con plena certeza podemos decir que el año 2017 no será ni venturoso ni próspero ni agradable para los colombianos. Con la imposición del acuerdo con las FARC a costas de sacrificar la Constitución y corromper los principales órganos del poder y las instituciones, y de la aprobación a pupitrazos de una reforma tributaria que tendrá efectos recesivos en la economía, es suficiente para no hacernos ilusiones.

    Me referiré en estas líneas tan solo al porvenir del país en lo que tiene que ver con las consecuencias de una paz que, por las condiciones entreguistas en que fue firmada, nos coloca en el camino del bolivarianismo chavista y de una neodictadura, que llamo de esa forma porque no se impone a través de un golpe de fuerza ni con violencia, porque el golpe se da en un proceso gradual y no de repente, y con la venia de los grandes poderes nacionales.

    Ante la advertencia que formulamos sobre la entrega del país al castrochavismo, hemos recibido como respuesta la burla y el calificativo de paranoicos o terroristas sicológicos. Los hechos, tozudos como siempre, nos van dando la razón. Hoy la comandancia de las FARC se pasea por los Medios dando declaraciones sobre lo humano y lo divino, totalmente empoderados, entran en sociedad no por la puerta de atrás, sin remordimientos lo hacen por la de adelante, hablando duro, fuerte, exigentes. Ellos quieren ser un partido político con más ventajas que cualquiera de los existentes pero sin renunciar a su ideología totalitaria marxista-leninista. De manera que no es paranoia, ellos le rinden honores, lealtad y obediencia al Régimen castrista, al camarada Raúl, al dictador Maduro y al fantoche Ortega.

    Y ya ejercen poderes, los que se desprenden de la aplicación de las opíparas concesiones de este Gobierno tramposo que hizo la paz con una minoría de criminales de guerra y declarando como enemigos a quienes triunfamos en el plebiscito en contra de su entreguismo. Por ejemplo: las Farc ya nombraron tres voceros en el Senado y tres en la Cámara para supervisar que el Congreso no cambie nada en la discusión de los proyectos de ley. Imaginemos la Asamblea de Francia supervisada por delegados de ISIS, o la de España por los de ETA o el Parlamento Británico por los del IRA o el Congreso americano por los de Al Qaeda, en nombre de la “paz”.

    Ya integraron La Comisión de Verificación por partes iguales, todo un cogobierno. En días pasados dieron una demostración de cuán lejos han llegado: ante denuncias del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, elegido por voto popular, miembro de Cambio Radical partido de la coalición oficial y que ha respaldado la política de paz de Santos, por irregularidades cometidas por guerrilleros ubicados en zona de preconcentración, a raíz de quejas de la ciudadanía, la respuesta de alias Marcos Calarcá a través de Caracol radio el pasado 28 de diciembre no pudo ser más grosera y atrevida, descalificó a la primera autoridad política del departamento de Antioquia y lo vetó para visitar esa zona cual si se tratara de una “república independiente” donde mandan ellos y solo ellos.

     Si le dan una patada en el trasero a un funcionario que hace parte de la coalición de la paz, no debería extrañarnos que en el futuro lo hagan con amigos, aliados y servidores de ocasión, que es lo que han hecho los comunistas en todo el mundo y en todas las épocas. El presidente Santos no está libre de que en un futuro le realicen un juicio por “el asesinato fuera de combate de Alfonso Cano”.

    De manera que, no es que ese acuerdo y las FARC mismas representen un peligro potencial. Es que ya lo son, ya tienen poder y lo ejercen, en próximos días exigirán silenciar a quienes osen criticarlos y les recuerden sus impunes crímenes de guerra.

     Ellos usan magistralmente dos herramientas en su camino hacia el poder, objetivo que no hemos inventado sino que ellos mismos se encargan de notificarlo en cada entrevista “Nuestro objetivo es la toma del poder para instaurar el socialismo”. Esas dos herramientas son: la gradualidad, que consiste en ir despacio, lentos pero seguros, montando mil aparatos para dar idea de fortaleza y unidad, peldaño a peldaño para no asustar a la población, cambiando su lenguaje para dar apariencia de moderación. Y la consolidación de cada logro al que se aferran con garras y uñas. Son hábiles en engañar, crear confusión, alterar el sentido de las palabras y agobiar a la opinión y al gobierno con escaladas exigencias.

    En conclusión, debemos entender que ya están bien metidos y empoderados y, en esa dirección, prepararnos para las batallas que hemos de librar para evitar que avancen y recuperar el camino que hemos perdido.

    Darío Acevedo Carmona, 2 de enero de 2017

  • UNA PESADILLA NAVIDEÑA

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    Asolado e impotente ante los recientes y sanguinarios ataques de ISIS  y AL QAEDA el gobierno de la república de Infrausan accedió a negociar con estas agrupaciones terroristas.

    Las condiciones en que tales diálogos de paz se van a realizar han causado enorme asombro en los demás gobiernos occidentales, que, sin poder hacer nada ante la decisión de la gran superpotencia, no encuentran argumentos convincentes para que se evite una inminente caída y entrega de los valores e instituciones más preciadas de la cultura Occidental.

    En efecto, y alegando que representan a la cuarta parte de la población del país, los grupos yihadistas han obtenido de entrada y solo a cambio de un temporal cese a los ataques indiscriminados, el reconocimiento de alta parte contratante, algo así como un poder dual o alterno al ya existente.

    No han valido los reclamos de fuerzas opositoras que exigen una actitud más digna y menos temerosa en la mesa de conversaciones que será instalada la próxima semana en la sede de las Naciones Unidas en la que la mayoría de los embajadores del mundo musulmán moderado, unos cuantos de países en manos de los yihadistas y otros con gobiernos socialistas bolivarianos, hicieron la mayoría necesaria para poner el organismo encargado de la paz en el mundo como sede de los primeros encuentros.

    El gobierno de Infrausan y las dos organizaciones fundamentalistas acordaron, entre otras cuestiones, que cualquier acuerdo que se firme será llevado a la sede de la Cruz Roja Internacional y de la Media Luna Árabe para garantizar su completa ejecución y cumplimiento. Además, que no habrá entrega de armas de parte de las fuerzas terroristas, ni confesiones de culpa, por tanto, tampoco habrá resarcimiento de las víctimas. En cuanto a la verdad histórica, el gobierno Infranusiano reconoce su mayor responsabilidad en el derramamiento de sangre en vista de las políticas de expoliación, explotación, segregación y exclusión aplicadas a los pueblos del tercer y cuarto mundo en nombre de la democracia y la libertad. Los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como la Corte Penal Internacional quedarán sin efecto por exigencia de los grupos terroristas que los consideran imposiciones del imperialismo.

    Otros compromisos que se anuncian y se dan por casi fijos, a pesar que se han desmentido, figura la autorización a las diversas tendencias islamistas de crear centenares de mezquitas en los países occidentales para facilitar el ejercicio de su credo y en correspondencia con el crecimiento de la población fiel seguidora de esta religión. Las escandalizadas voces de la oposición se han hecho más fuertes al saberse que en los países con gobiernos musulmanes no habrá correspondencia para las diversas religiones cristianas y católicas para fundar iglesias y difundir con libertad el credo cristiano.

    Los ideólogos de la negociación en curso argumentan que es preciso realizar un esfuerzo descomunal, tomar medidas extraordinarias y excepcionales, y de ser el caso, hacer cambios profundos a la Constitución, con el fin de evitar más ataques y muertes de manera que los valores de Occidente logren ser acogidos o por lo menos respetados por los grupos terroristas que viéndose libres accederán a ellos. Piensan que Occidente no ha impulsado una política de mayor y más resuelta integración con las comunidades musulmanas.

    En esa dirección, agregan, lo más recomendable es dejar sin efecto las normas de la Justicia Internacional sobre castigo para responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra en la medida en que es mejor buscar la reconciliación en vez de la venganza intrínseca en tales normas.

    Por último, la delegación de la república de Infranusan tiene en mente acceder a otra serie de exigencias de los yihadistas, por ejemplo, la creación de escuelas de adoctrinamiento en el Corán, las llamadas madrazas, la tolerancia con la prédica de tener numerosos hijos pues se considera equivocado atribuir a dicha consigna fines malévolos como el superar la población nativa para llegar al poder usando su propia democracia. Velos y burkas serán reivindicados y obligatorios para todas las mujeres. Se prohibirá la publicación de imágenes obscenas. Se dispondrá de recursos monetarios suficientes para financiar la instalación de todo el entramado institucional, logístico, mediático e instrumental necesario para el desarrollo de esas tareas y políticas que conducirán, dicen, a una nueva era de tolerancia y coexistencia entre las religiones y la cultura. Según se ha dado a entender, con tal de que no sigan matando gente, se justifica hacer estas concesiones.

    Para evitar sorpresas desagradables que pongan en peligro la aprobación del gran acuerdo, el presidente infrausiano no lo someterá a consulta popular o ciudadana. Al parecer, han tomado nota de lo sucedido en dos países suramericanos en los que sendas consultas pusieron en peligro el experimento más cercano a lo que ahora se intenta.

    Un mundo maravilloso, sin exclusiones, sin injusticias, sin conflictos bélicos, sin segregación, sin explotación, sin minería, sin polución, sin sin sin, donde la tolerancia, la democracia y la libertad serán optativas, advendrá próximamente, según las palabras de los califas y el presidente de la potencia occidental.

    CODA: No se les olvide que pasado mañana es el día de los Santos Inocentes, no de los Santos del Palacio de Nariño.

    Darío Acevedo Carmona, diciembre 26 de 2016