VentanaAbierta

Palabras clave: Honduras, ONU, OEA, ALBA, Chávez, democracia, golpe de estado

Número de palabras: 992

Lo que acaba de suceder en Honduras rebela las debilidades de la democracia pero también la inmadurez de políticos y dirigentes que creen que pueden transformar un leve aire de popularidad para hacer lo que se les viene en gana con las instituciones, como acertadamente lo describe el escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, en el diario El País de España al no limitarse a condenar el proceder del ejército hondureño sino también a mostrar las torpezas y el atropello del presidente depuesto contra las instituciones.

No quiero detenerme en especulaciones sobre lo que puede suceder de aquí en adelante, que en todo caso parece que será muy grave. Desde el injusto aislamiento al que están llamando casi todos los países del mundo, incluyendo dictaduras vigentes que ahora salen a defender la democracia, hasta llamados a la insurrección por parte de golpistas de carrera que se quejan del golpe y hasta amenazas de intervención militar por parte del coronel que se cree la reencarnación de Bolívar. Horas y días turbulentos, de soledad y de hambre, pasará el pueblo hondureño porque todos los factores se han confabulado para enredar más su situación.

Quiero referirme a la celeridad de la ONU, un organismo que se supone llamado a mantener la paz en el mundo, a promover la solución pacífica de conflictos, el respeto de la autodeterminación de los pueblos y un largo etcétera pleno de ideales nobles, para condenar el nuevo gobierno (que es producto de una decisión del congreso de ese país, que no niega su interinidad y que reafirma su compromiso de realizar elecciones presidenciales el mes de noviembre de este año o antes), y para que se restituya en el cargo al presidente Zelaya, en vez de llamar a que todos los factores de poder de ese país busquen una salida consensuada y acorde con la constitución.  Lo que se le ocurrió a este organismo, que raramente actúa con rapidez y con unanimidad, fue echarle sal a la herida y dar por sentado que Zelaya es un ángel guardián de la ley.

La ONU se ensaña sobre un país pequeño, débil, de democracia precaria y de economía pobre, por un tema ciertamente delicado. Pero, se pregunta uno, ¿por qué no ha actuado de la misma manera ante potencias del orbe como Rusia y China que violan flagrantemente la democracia y la libertad? Si su misión es salvaguardar la democracia ¿por qué no ha hecho valer su voz en el reciente fraude electoral propiciado por el fanatismo de los gobernantes de Irán? ¿Por qué se demoran meses para producir una sanción, casi simbólica, contra Corea del Norte, la dictadura más oprobiosa de la humanidad, en razón de la violación de tratados de no proliferación nuclear? Hace rato que este organismo se ha desdibujado y actúa con evidente espíritu sesgado en contra del legado y la misión asignada por sus partes contratantes en la carta que dio lugar a su nacimiento. La ONU no está aplicando los mismos raseros de justicia, habla según el estatus y la importancia del interlocutor. En Colombia han intervenido con parámetros elevados en materia de derechos humanos, de reparación de víctimas y de pertinencia de la ley de justicia y paz, con exigencias que no se han aplicado en ninguna otra parte del mundo. En fin, suficiente con que se hubiese condenado la alteración del ritmo constitucional en Honduras, pues si quiere ir más lejos debería hacer lo mismo con países que sufren tiranías como Cuba, Corea del Norte y Zimbabwe.

Y hablando de las incongruencias, ¿qué se puede pensar de la reacción de los miembros del ALBA y de su máximo líder? Amenazar con intervención militar es no sólo un despropósito que revela desprecio por las normas elementales del decoro y de la diplomacia, sino un atropello a la inteligencia. No es la primera vez que el golpista coronel Chávez hace un sainete de este tipo. Recordemos que el año anterior salió a defender al presidente ecuatoriano por el operativo en que fue dado de baja alias Reyes, ordenando la movilización de 9 batallones a la frontera con Colombia.

En el ALBA concurren presidentes que en los últimos años han afeitado las instituciones y las constituciones de sus países con el fin de alargar sus mandatos y asegurar la continuidad de la revolución bolivariana y del socialismo del siglo 21 que consideran incuestionable. En sus países han ocurrido los peores atropellos contra la democracia en los últimos tiempos: robo de elecciones en la alcaldía de Managua, cierre de canales de televisión, desconocimiento del poder electoral de los caraqueños con la anulación de las prerrogativas de la Alcaldía, persecución hasta el exilio de un gobernador, desconocimiento de resultados de referendo en que fue negada la reelección indefinida y realización de uno nuevo con resultados amañados, en Venezuela. Asamblea constituyente con reelección presidencial en Bolivia y Ecuador. Si en Nicaragua no han llegado a este punto es en razón del desprestigio del sátrapa Ortega. Y el colmo de los colmos, Cuba, la dictadura más longeva y anacrónica del continente americano y tal vez del mundo, un país sin libertades, sin partidos, sin democracia, gobernado por dos hermanos que fungen como una dinastía, protestando por el golpe de estado a un gobierno democrático. El diablo haciendo hostias. Y la OEA en un dilema existencial, no bien le abre las puertas a la dictadura cubana con petición de perdón, es presionada por el chavismo para que expulse a Honduras.

Si hechos de esta naturaleza se presentan en China o en Rusia o en Francia o en cualquier gran potencia, con toda seguridad la ONU, la OEA, Chávez y el ALBA guardarían mutismo o harían un pronunciamiento aséptico. Nadie dijo nada en el mundo cuando el gobierno francés despidió con honores en su muerte al “presidente amigo”, el dictador de Togo, que había gobernado la bicoca de 43 años a ese país. El mundo, definitivamente, no es justo ni coherente.

Darío Acevedo Carmona

Julio 3 de 2009

DOBLE MORAL

Palabras clave: Colombia, para-política, farc-política, justicia, doble moral

Número de palabras: 945

En el torneo de la infamia que disputan paramilitares y guerrilleros hay más de una curiosidad y uno que otro adefesio. Ambos grupos no sólo cometieron delitos horrendos, de lesa humanidad, también provocaron graves daños a la lazos de sociabilidad, a los valores que regulan la convivencia ciudadana y a las prácticas políticas, entre muchos otros males. Pero a la hora de valorar sus conductas se detectan algunas curiosidades. Por ejemplo, la inconsistencia, ya señalada por algunos analistas, en que incurren quienes defendiendo la existencia de un conflicto armado de naturaleza política, se asustaron ante la idea de reconocer estatus político a los desmovilizados paramilitares con el fin de asegurar su proceso de reinserción e hicieron hasta lo imposible para que fuesen tratados como criminales, pero consideran que a la guerrilla sí se le debe otorgar tratamiento político. Más curioso es el acercamiento reciente que algunos voceros de la consigna fariana de “intercambio humanitario” han tenido con algunos de los comandantes paramilitares extraditados para serviles de megáfono a las denuncias que aquí no quisieron hacer y que allá están recordando. Curiosas son también las alianzas evidentes que se están dando en muchas regiones del país entre los llamados “grupos emergentes”, bandas mafiosas y grupos guerrilleros en torno al negocio de la droga. Curioso que al comienzo de las negociaciones entre el gobierno y los paramilitares la Oposición dijera que era una negociación de “yo con yo” o entre iguales y que luego, una vez extraditados los jefes, alegaran que les habían jugando sucio.

Pero, supongamos que la política da para entender estas maromas. Para lo que no se encuentra explicación razonable desde el punto de vista ético es ante una serie de posiciones que revelan algo mucho más dañino que el interés político momentáneo o circunstancial. Me quiero referir a la manera como ciertos sectores de la Oposición (Polo y liberalismo) y de Ong humanitaristas reaccionaron frente al destape del escándalo de la parapolítica. Las investigaciones sobre nexos, acuerdos, alianzas y causas comunes untadas de violencia entre políticos y paramilitares se facilitaron por la puesta en vigencia de la Ley de Justicia y Paz. La confesión de los crímenes fue parte del compromiso. Nunca se le reconoció a este gobierno mérito al respecto. Todo lo contrario, en la campaña mediática internacional se le acusaba de estar propiciando la impunidad, se difundía la tendenciosa versión de que las verdades que estaban saliendo a flote estaban relacionadas con hechos ocurridos durante el mandato Uribe y no que la inmensa mayoría de los crímenes de estos grupo y sus andanzas con políticos había tenido lugar durante los años 90 y que la gran mayoría de políticos que hicieron pactos con los paramilitares los hicieron en calidad de miembros del partido liberal o del partido conservador. Un ejemplo patético: el pacto de Ralito fue firmado en el gobierno Pastrana.

Lo que siguió ante el destape de la parapolítica fueron demostraciones de asco, repudio, de alarma al ver que tan hondo en el abismo de la inmoralidad y la corrupción habían llegado congresistas, gobernantes y militares. El escándalo cubrió sobre todo a antiguos dirigentes liberales que fungieron de uribistas después del triunfo de éste en 2002, también había conservadores en menor medida y algunos independientes. Hasta aquí no hay problema, el repudio se lo merecen, igual el castigo penal que muchos están recibiendo por parte de la Suprema y de la Fiscalía. Donde aparece la incongruencia, reveladora de una doble moral, es cuando, después de esperas no justificadas, revienta el tema de la farcpolítica y entonces, ya no hay repudio, ni hay malos olores, ni asco, ni protestas contra la impunidad, ni alarmas sobre el daño producido a la sociedad, a la política, a las instituciones y a la convivencia ciudadana. Lo que sale a flote es la idea de que los señalados de tener nexos, pactos, acuerdos y otras causas comunes con las guerrillas, que son víctimas de persecución oficial, que se les persigue por ser y hacer la Oposición, las acusaciones son presentadas como cortinas de humo del gobierno para tapar escándalos.

La conclusión no puede ser más desalentadora, hay una doble moral  en quienes tratan de vendernos la idea de que la parapolítica es algo despreciable y condenable pero las relaciones de políticos con las guerrillas son presentables y hasta admirables. Es doble moral porque desconoce que a la luz de las nociones de crímenes de lesa humanidad y de guerra, tanto los paramilitares como las guerrillas colombianas durante los últimos 25 años son responsables de las mayores situaciones de sangre, violencia y dolor sufridas por los colombianos. Entonces, cabe preguntar, ¿dónde nace o dónde encuentra inspiración filosófica y ética esa doble moral, según la cual tener nexos con “paras” huele mal no así con las guerrillas? No encuentro sino una respuesta, indicadora del cinismo e incoherencia ética al que han llegado quienes así piensan y actúan. Me refiero a la idea según la cual asesinar por motivos altruistas como lo hacen las guerrillas tiene atenuantes y no es igualable a los crímenes de los grupos paramilitares, pues estos carecen de motivaciones políticas y por tanto no son altruistas. Dicho razonamiento encuentra raíces más profundas aún en la ideología extremo-izquierdista que justifica el uso de las armas para conquistar el poder y que sostiene la idea de que la violencia revolucionaria es buena y respetable. Así podemos entender porqué los que hacen campañas en el exterior contra el gobierno colombiano, se quedan mudos o tuercen la situación cuando se inician investigaciones sobre nexos entre políticos de izquierda y de oposición con las guerrillas o cuando estas causan víctimas entre civiles y agentes del poder local.

Darío Acevedo Carmona

Medellín, junio 27 de 2009

Palabras clave: Colombia, choque de poderes, Constituyente, re-legitimación institucional.

Número de palabras: 823

Las disputas y encontrones entre el Presidente y las Altas Cortes de Justicia y entre estas y el Congreso están llegando a un punto sumamente peligroso en el que los poderes están eliminando todo espacio de armonización y cooperación. Se está rompiendo con uno de los principios tutelares del estado social de derecho al que se hace alusión en el Título V, capítulo 1, artículo 113 de la Constitución del 91 que consigna con claridad cuáles son los poderes en que se sustenta el estado y cual ha de ser la relación entre ellos.

La confrontación entre poderes tiene su origen en un  desajuste, desarreglo o imperfección de la constitución vigente. La Carta del 91 al crear una nueva instancia de control constitucional independiente de la Corte Suprema de Justicia, le cercenó a esta una de sus funciones esenciales. Este ha sido uno de los temas de enfrentamiento entre la Suprema y la Constitucional que se ha expresado en asuntos como si proceden o no tutelas sobre fallos de las otras cortes. La Constitucional ha sido enfática en que si en las tutelas hay temas de dimensión constitucional, está dentro de su campo y competencia estudiar y fallar aún en sentido contrario al expedido por las otras instancias.

La intervención del presidente Uribe en el 2006 a favor de la idea de que el tribunal de cierre en materia constitucional, aún en casos de tutelas contra providencias de otros altos tribunales es la Corte Constitucional, generó un distanciamiento y enfriamiento en las relaciones de éste con la Suprema. Desde entonces, los conflictos normales entre estas dos ramas del poder se agravaron y se multiplicaron. La Suprema se sintió traicionada por el Jefe de Estado.

Hoy el abismo adquiere categoría de insalvable, acusaciones van y vienen, palabras mayores, desconfianza, rumores, intervenciones indebidas en los terrenos del otro, sospechas, seguimientos, chuzadas, investigaciones cruzadas, todo elevado a la máxima potencia, como de manera excelente fue presentado en El Tiempo (14/06/09 sección Domingo a Domingo). Algunos orientadores de opinión (que más bien parecen azuzadores de oficio)  han pretendido sacar en limpio el proceder de la Suprema con argumentos de superioridad moral sin querer entender que cada rama del poder tiene su autoestima y reclama el mismo estatus. Si hay que respetar a la rama judicial y a las cortes como dijo César Gaviria, también merecen respeto el Congreso y el Ejecutivo. Estamos sin duda en la antesala de una grave crisis institucional de insospechadas consecuencias en la vida nacional. El problema se ha agravado con la pretensión de la Suprema de investigar y judicializar a los parlamentarios que están discutiendo el referendo de la reelección, con lo cual se configura una inaceptable intervención en política.

La situación se caracteriza por estar en entredicho el principio de la colaboración armónica de los tres poderes en que se funda el estado colombiano y la legitimidad de los protagonistas. Hilando delgado, según algunos, la Suprema pretende demostrar la ilegitimidad del actual gobierno, otros piensan que el presidente quiere doblegar a la Suprema. Frente a tal panorama las soluciones no son muchas ni están a la mano. Cada vez es más inviable un diálogo (el presidente de la Suprema acaba de desautorizar al Procurador que se había ofrecido como árbitro) que facilite un entendimiento razonable y satisfactorio para todas las partes, la desconfianza es abismal. Un posible desenlace es que una de las tres ramas sucumbiera ante las presiones lo cual nos colocaría en un plan de inviabilidad jurídica con altos costos para la imagen del país. Un punto de desbloqueo, aunque nada fácil, es que el Congreso de la República, apoyado en el artículo 376 de la Constitución Nacional convoque a la población para que diga en las urnas si está o no de acuerdo con que sea convocada, de manera urgente, una Asamblea Constituyente que tenga como misión fundamental ajustar y ordenar las competencias de cada poder y en particular, en la rama judicial, establecer la jerarquía y las funciones precisas de cada una de las cortes. Una constituyente investida para confirmar o cambiar el régimen político, definir si seguimos en el presidencialismo o si adoptamos un régimen parlamentario. También podría ocuparse  del periodo presidencial, del límite a las reelecciones, de la paz, de si se mantiene la circunscripción nacional para el senado o retornamos al sistema antiguo, y, por qué no, de revocar o reafirmar poderes con el fin de re-legitimar las instituciones.

En todo caso, una Asamblea Constituyente en una especie de “barajar y volver a dar” permitiría definir una nueva institucionalidad, redefinir el contexto político y la correlación de fuerzas con el fin de subsanar los problemas que el país está atravesando. Sería la manera menos costosa, más legítima y más democrática de encarar todos los problemas que hoy enfrentan a las tres ramas del poder y evitar que alguna de ellas asuma la condición de sacrificada o de vencedora.

Darío Acevedo Carmona

Junio 15 de 2009