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VentanaAbierta

  • SIETE REFLEXIONES SOBRE COLOMBIA

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    En razón de un cuestionado e impopular proceso de paz, Colombia enfrenta en la actualidad una crítica situación de incertidumbre. Querámoslo o no estamos abocados a encarar el presente y el futuro del país. Viviremos momentos muy tensos, mucho más de los que hemos encarado en los últimos meses.

    Considero del caso realizar un ejercicio de razonamiento para el que propongo el uso de una metáfora y siete reflexiones. Imaginemos que el Estado colombiano es un edificio grande que tiene unas bases profundas y potentes columnas que sostienen los pisos en los que tiene lugar todo tipo de relaciones conflictivas, problemáticas, agradables, etc. Base y columnas son la garantía de que nada de lo que suceda en él puede o debería caer estrepitosamente.

    Primera reflexión: Nuestro edificio Colombia fue sometido a un proceso de paz de manera sorpresiva, sin consensos previos, sin exigencias perentorias de cese de la violencia a las Farc. Ese experimento ha impactado de manera grave la solidez de la edificación.

    Segunda reflexión: El presidente Santos tomó dos decisiones que es necesario tener en cuenta en cualquier análisis por sus consecuencias determinantes, a saber: darle carácter de guerra civil al accionar terrorista de unos grupos que fracasaron en su pretensión de hacer la revolución socialista por medio de la lucha armada. Y dos, convirtió el ideal de la paz, contemplado en nuestro ordenamiento constitucional en paradigma absoluto que justifica cualquier concesión, reforma o cambio drástico de las instituciones.

    Tercera reflexión: fue el propio presidente Santos quien prometió  realizar una consulta a la población, referendo primero, plebiscito luego, para refrendar el extenso acuerdo firmado en La Habana. El plebiscito, no obstante la destinación de inmensos recursos públicos en publicidad favorable al Acuerdo, dio un resultado negativo para el Gobierno Nacional. Aun así, en vez de renunciar como había prometido, Santos se aferró al poder, prometió renegociar aspectos esenciales del mismo y ante tal actitud los voceros del NO aceptaron la idea de un Pacto Nacional por la Paz.

    Cuarta reflexión: Santos engañó de nuevo al pueblo colombiano y a los líderes del NO firmando el mismo acuerdo al que solo se le hicieron cambios cosméticos y sin haber consultado previamente a estos últimos, burlando la voluntad popular. La razón del afán de Santos era la obtención del Nobel de Paz, como si la suerte de la patria no mereciera total consideración.

    Quinta reflexión: A lo largo de las negociaciones, el Gobierno Nacional fue hostil con las críticas y observaciones formuladas por diversos sectores de la sociedad. En cambio, adelantó una estrategia de amansamiento de la opinión con altas dosis de canonjías y dádivas, mal llamadas “mermelada”. Obtuvo así el apoyo incondicional de las mayorías del Congreso, de magistrados y altas cortes de la justicia colombiana, realizó giras para ganar solidaridad y promesas de gobiernos y personalidades mundiales que desconocían los contenidos de lo firmado, se ganó el apoyo de los grandes medios nacionales, radio, prensa y televisión. Utilizó trampas y métodos deleznables para ganar la elección presidencial en 2014, gastó sumas multimillonarias del erario público en publicidad.

    Sexta reflexión: de forma consecuente con todo lo anterior,  Santos y su ministro del Interior, el señor Cristo, lograron el visto bueno de la Corte Constitucional para impulsar las reformas y cambios acordados -en un auténtico harakiri- pues la guardiana de las bases del edificio calificó un problema que se presentaba en alguno lugar del mismo, la calidad de grave y esencial como para remover sus bases. Varias columnas de la edificación han sido afectadas notoriamente: las Farc adquirieron calidad de constituyentes primarios, la Constitución podrá ser reformada o cambiada por vía express o fast track, el Congreso se privó de su función principal, legislar, la Justicia nacional quedó por debajo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que tendrá poderes omnímodos e ilimitados en materia penal y será autónoma. Las FF MM cambiaron su doctrina y fueron debilitadas en su capacidad de combate para enfrentar a los violentos, etc.

    Séptima reflexión: La Constitución de 1991 ha sido suplantada por un acuerdo diseñado por dos voceros de las Farc y dos del Gobierno Santos en clara usurpación de funciones del constituyente primario. El país será supervisado por una comisión de seis personas, tres de las Farc y tres del Gobierno y en caso de empate en cualquier aspecto del Acuerdo, delegados de Cuba, Venezuela, Holanda y Chile definirán qué se hace, quedando en manos de gobiernos extranjeros, algunos de ellos bien hostiles, decisiones importantes de la vida nacional. Durante doce años o más, denominado “periodo de transición”, Santos y Farc pretenden implantar un nuevo orden a espaldas de la población.

    Quedan muchas cosas por decir, pero ahí están las que marcarán la política de los próximos meses y años. Soy de los que creemos que gran parte del mal causado al edificio puede ser subsanado y que no debemos dejarnos chantajear con el fantasma de la guerra como intentó hacerlo el Gobierno antes del plebiscito. El reto es claro o retomamos el rumbo o viviremos décadas de desgracia.

    Darío Acevedo Carmona, 17 de abril de 2017

  • JEP sinónimo de chantaje y retaliación

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    El miércoles pasado (5 de abril) el Congreso de la República, con la retirada del recinto del Centro Democrático y de uno que otro parlamentario digno, formalizó el golpe de Estado en curso que se ha estado perpretando desde fines de noviembre de 2016 cuando se anunció el nuevo acuerdo definitivo de paz.

    La Jurisdicción Especial de Paz será autónoma, no rendirá cuentas a nadie, tendrá varios magistrados extranjeros, estará por encima de las Cortes colombianas, dictará sentencias inapelables, condenará criminales de guerra para dejarlos libres y elegibles para desempeñar cargos públicos y de representación popular, podrá revisar todo lo actuado por jueces y tribunales en el pasado, igualará a terroristas con militares, y funcionará por doce o más años poniendo en ascuas no solo a las instituciones históricas y legítimas que nos hemos dado los colombianos por vía constitucional sino también a miles de ciudadanos que por un solo señalamiento o sospecha de haber colaborado o participado “directa o indirectamente” con los grupos paramilitares podrán ser investigados.

    En el mismo acto legislativo se aprobó, bajo una farragosa retórica declaración de principios que ya figura en nuestros códigos, el reconocimiento de las víctimas y de sus derechos. Además, fue aprobada la llamada Comisión de la Verdad que estará integrada a partes iguales por elegidos del gobierno y de las Farc y el desempate, luego de un enredado método, probablemente favorable a esta guerrilla. Se pretende con ese instrumento establecer, como si ello fuese posible y válido, una “verdad”, única, inapelable, indiscutible, eterna, sobre el conflicto, para algunos una guerra, y he ahí una discusión que no se salda ni se saldará.

    Todo apunta a que se produzca un texto acorde con la versión ideológica, pasada por académica, de la intelectualidad y la academia de izquierda y progre según la cual lo que ocurrió en Colombia “durante más de medio siglo de guerra civil” fue un “alzamiento en armas del campesinado en lucha por la tierra y contra la exclusión política y las injusticias sociales”. En tal situación, el Estado oligárquico habría apelado a la “guerra sucia”, habría  implantado “un Régimen de terror y antidemocrático de persecución y represión contra el pueblo y sus luchadores”. Colombia, según dicha versión siguió el mismo camino de las dictaduras del Cono Sur.

    Detrás de ese discurso que se ha inoculado con anestesia por vía intravenosa en los cerebros de los defensores e ideólogos de la paz que les entregaron a los derrotados la presea más valiosa de un conflicto bélico, la VERDAD, ha germinado un desestructurante y disolvente sentimiento de culpa que conduce, indefectiblemente, a entregarles todo para sanar la culpa y de contera, darles la razón para expiar el pecado.

    Por parte alguna habrá referencias a la influencia de la revolución cubana, a la copia de proyectos guerrilleros continentales, eso, dirán, es pura imaginación de mentes complotistas que niegan la existencia de causas objetivas y materiales de la insurrección popular. Será marginal la alusión a la “guerra fría” a la ideología comunista, al rechazo masivo con que la inmensa mayoría del “pueblo” que dicen “representar”, recibió las promesas de redención de unas guerrillas que nunca fue convencido de sus supuestas bondades.

    Esa Comisión que no es más que una descarada pretensión de torcerle el pescuezo a la realidad para lavar los crímenes de guerra y justificar lo injustificable, fracasará como les ha ocurrido a ese tipo de organismos en otras partes del mundo. Porque, entre otras cosas, algo bien diferente es que la justicia y los jueces establezcan la verdad de lo ocurrido en acciones y hechos delictivos puntuales e identifiquen los culpables y los condenen  a que se nos diga que hay una verdad a la que debemos plegarnos.

    Retomando el tema de la JEP, lo sucedido esta semana con el exministro del gobierno Uribe, Palacio y el gerente de la JEP, es algo que tenderá a generalizarse. Vendrán en búsqueda de la ansiada libertad, que no justicia, militares, políticos, funcionarios, empresarios, muchos de ellos condenados sin pruebas suficientes o con penas exageradas, sin derecho a segunda instancia, a tocar las puertas del frankestein creado por gobierno las Farc y el Congreso.

    Porque esa es la lógica perversa que subyace en esa arma letal concedida por Santos, Jaramillo y de la Calle al grupo terrorista Farc, eximir de cárcel a criminales de guerra dejándolos habilitados políticamente y convocar a sus “enemigos” con el instrumento del chantaje: declárense culpables y se les dejará libres.

    Esta será “la verdad definitiva del conflicto” que Santos les entregó a las Farc. Y a decir verdad, el instrumento es tenebroso y eficaz “o cantas o te pasas la vida en la  cárcel”. El método usado por el senador del Polo Iván Cepeda consistente en recorrer prisiones buscando testigos contra Uribe a cambio de reducción de penas y exilios, es el mismo que emplean sin tapujos los señores Alvaro Leyva y el neocolonialista español Enrique Santiago que visitan guarniciones militares para pintarles pajaritos de oro a condenados sin esperanza.

    La idea de Justicia que se puso en marcha está fundada en el chantaje contra hombres condenados a decenas de años que ya no tienen opción de libertad. Un método basado en la humillación y el aprovechamiento indigno de la debilidad extrema del otro.

    Darío Acevedo Carmona, 10 de abril de 2017

  • Los mensajes de la Marcha

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    La marcha nacional adelantada en varias ciudades del país y del exterior por convocatoria de distintas fuerzas y movimientos políticos, agrupaciones cristianas, líderes ciudadanos, exmagistrados, sindicatos y movimientos cívicos tuvo una concurrencia multitudinaria y debe ser apreciada como una legítima manifestación de descontento y protesta, mecanismos contemplados en nuestra Constitución.

    A la colorida, alegre y variopinta jornada asistieron personas de muy diversa condición social, económica, religiosa, partidista, ideológica, de género, raza y edades, siendo un mentís a quienes la estigmatizaron y descalificaron tildándola de ser una maniobra de los amigos de la guerra, de fascistas nostálgicos del poder, de gentes intolerantes y violentas.

    La gran prensa oficialista, agradecida con un gobierno que la ha subsidiado con elevadas pautas publicitarias intentó, en vano, desacreditarla atacando como de costumbre al expresidente Uribe, tan solo uno aunque el más sobresaliente, de sus promotores. Fracasó la trillada apelación al san Benito de excusar los yerros y la corrupción del señor Juan Manuel Santos en los supuestos grandes pecados del exmandatario.

    Varias cosas van quedando en claro para las fuerzas promotoras de la marcha. Digamos que las consignas agitadas referidas a una variada gama de problemas -la corrupción del gobierno Santos, la violación de la Constitución, el entreguismo a las Farc, la docilidad del gobierno con los países donde impera el modelo castro-chavista, las mentiras de Santos, la reforma tributaria, el desbarajuste institucional, la impunidad para criminales de guerra, la humillación de las Fuerzas Militares y muchas otras que no caben en este escrito- constituyen el ámbito de la unidad.

    Los dos ejes centrales en las consignas de los marchistas que exigían la renuncia de Santos fueron las relativas a su política entreguista de paz y la corrupción oficial. Digamos que en torno de estos asuntos las fuerzas involucradas dieron un paso muy significado en la consolidación de una amplia alianza opositora con proyección hacia las elecciones para Congreso y por la Presidencia en el 2018. Ese acercamiento que se había logrado muy espontáneamente alrededor de la campaña por el NO en el plebiscito del 2 de octubre se mantiene y se afirma en medio de una gran acogida ciudadana.

    De la marcha debemos destacar su alto grado de civismo, a diferencia de las que son citadas por tendencias extremistas y populistas que degeneran, casi siempre, en enfrentamientos con la policía, desmanes, destrucción de vidrieras, cajeros electrónicos, insultos, escupitajos y provocaciones al ESMAD.  

    Ningún miembro de las fuerzas del orden fue mancillado o agredido, no hubo un solo hecho de violencia o conductas que lamentar, las gentes acudieron en familia, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, de todas las condiciones sociales, unidos en el rechazo a la impunidad, a la desinstitucionalización, a la corrupción gubernamental y por la renuncia de Santos, el principal responsable de la desastrosa situación que vive hoy el país.

    Nadie se tapó su rostro, nadie invocó la fuerza o la violencia, nadie llamó a la guerra, nadie clamó por un golpe de estado. Un comportamiento bien opuesto al impulsado en los bloqueos de Transmilenio en la capital por las huestes de un  exalcalde que apela a métodos propios del fascismo para alcanzar su meta de tumbar al alcalde bogotano.

    Los manifestantes de la marcha, en paz y en orden, dieron testimonio de su preocupación por el quiebre de las instituciones, por la ruptura de la separación de poderes, por la creación de la monstruosa Jurisdicción Especial de Paz y por tantos otros valores y leyes puestos en peligro por un gobierno al que se le criticó por mentiroso, por entreguista y por corrupto.

    Esta marcha deja enseñanzas importantes, por ejemplo, que la aplanadora oficial ha llegado al límite de su vigencia. Los escándalos en el oficialismo están produciendo fisuras y grietas internas de suerte que es muy probable que la Unidad Nacional arribe a las elecciones del 2018 en un alto nivel de atomización, en cambio, los impulsores de la protesta dieron muestras de poder erigirse en una seria alternativa de poder enarbolando las banderas de retomar el rumbo, recuperar la primacía del Estado en el establecimiento de la paz, restablecer la separación de poderes, salir del caos institucional y proponer políticas  conducentes al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más desvalidos de la sociedad.

    El mensaje que queda, así le pese a frágiles demócratas que se asustaron con la protesta y quisieron sabotearla, es que la nueva alianza política nacida con ocasión del plebiscito de la paz, ha dado un salto para asumirse como una opción con vocación de poder.

    CODA: El golpe de estado del gobierno chavista de Maduro en Venezuela puede ser visto en doble pantalla. En una, podemos ver la expresión del miedo de quienes, como la facción más dictatorial liderada por Diosdado, ven su única salida en la represión. Y en la otra se puede apreciar el declive inexorable del modelo castrochavista. Ojalá los colombianos sepamos extraer las debidas conclusiones.

    Darío Acevedo Carmona, 3 de abril de 2017

  • EL INJERENCISMO DEL MODELO CASTROCHAVISTA

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    En otros tiempos las izquierdas proclamaban la soberanía nacional ante la intervención o injerencia norteamericana en nuestros asuntos internos. Hoy las cosas han cambiado drásticamente, la aplauden, pero porque viene de otros países.

    Y no tiene que ver con el fenómeno de la globalización, noción de amplio uso para explicar el supuesto declive de las fronteras nacionales. Se trata más bien de que somos un país en la mira, bien de la burocracia humanitarista como también de parte de un proyecto político regional ideado por el Foro de Sao Paulo, creado en 1990, como una “alternativa de los pueblos latinoamericanos en la búsqueda de la justicia social y la liberación nacional”.

    Una mirada a las conclusiones de la XXII Conferencia de dicho instrumento de movilización y agitación revolucionaria de corte neocomunista, realizada en El Salvador en 2016, en el link (http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/06/27/declaracion-final-del-xxii-encuentro-del-foro-de-sao-paulo-en-el-salvador/) nos da una idea de su persistencia en convertir los lazos de hermandad histórica y cultural de los pueblos americanos en bandería al servicio de una causa ideológica fracasada.

    El injerencismo al que aludimos no es asunto reciente. Desde la Cuba dominada por la dictadura castrista se trazó una línea de organización, preparación y financiación de guerrillas que desestabilizó el continente sumiéndolo en experiencias trágicas a las que Colombia no fue inmune. Imborrable el apoyo que dieron a la creación y aliento de grupos como el ELN, el M-19 y las FARC. Que el proceso de negociaciones de paz haya tenido por sede a La Habana es ya una afrenta a nuestra golpeada dignidad.

    De parte de Chávez y Maduro Colombia ha sufrido varias provocaciones guerreras con la incursión de soldados, tanques y aviones venezolanos en nuestras zonas fronterizas que pueden ser interpretados como una amenaza de castigo si Colombia se suma a las exigencias planteadas por la OEA.

    Nicaragua, gobernado por el corrupto dictador Ortega, nos arrebató miles de kilómetros cuadrados de mar continental. Mientras el dictador, tratado con el rango militarista de “Comandante Ortega” en el Foro,  se dio el lujo de corromper a la Corte Suprema, adueñarse de todos los poderes e instalar un régimen nepotista con su esposa y sus hijos rebasando en trapacería e ignominia al peor de los dictadores de su historia, Anastasio Somoza.

    El gobierno de Colombia ha depositado, en aras de una paz que no convence a las mayorías, la confianza de aspectos claves del “proceso de implementación” a gobiernos y personajes e instrumentos que han sido agresivos con el país. A Cuba le dimos la Sede y hoy es un país garante que ya ofrece becas que nos hace pensar en las “misiones cubanas” disfraz del intervencionismo cubano.

    Venezuela también vigila la marcha de la paz colombiana mientras sirve de refugio a “comandantes guerrilleros”, realiza incursiones militares en nuestro territorio y anima, bajo la idea de “hermandad” a grupos y personalidades para que luchen por la implantación del “Modelo” en el país.

     En el diseño de la Jurisdicción Especial de Paz intervino en calidad de constituyente el comunista español Enrique Santiago quien además sigue entre nosotros diciendo qué y cómo se debe implementar el acuerdo de paz. Para la verificación el CSIVI que cogobierna el país nombró de árbitros a un bonachón exguerrillero tupamaro y expresidente uruguayo,  José Mojica, que descresta calentanos con su vestimenta de humilde pobre, y el expresidente español Felipe González, miembro del socialdemócrata PSOE, del mismo partido que a través de Rodríguez Zapatero salvó de su caída al dictador Maduro. Amigos del revivido elefante Samper y del Modelo en comento nos van a enseñar a resolver diferencias.

    Como si fuéramos un país africano en guerra civil, estamos intervenidos, vigilados y condicionados por organismos internacionales de tipo humanitario que o son ciegos o sufren de miopía ante crímenes de guerra, retención y reclutamiento forzado de menores, violación de mujeres, secuestro de personas, narcotráfico, bombazos contra pueblos pobres e inermes, pescas milagrosas, entre otras hazañas de las guerrillas “justicieras”.

    El representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Todd Howland, se queja por las mínimas modificaciones que se le hicieron a la Jurisdicción Especial de Paz, pero no porque en ellas se consagre impunidad para responsables de crímenes de lesa humanidad de las FARC, para los que creen admisible que no paguen cárcel, sino porque los militares van a recibir el mismo trato.

    Presidentes del orbe, ministros de todo tipo de carteras, personalidades que viajan por el mundo firmando y apoyando “justas causas” políticas, ecológicas y animalistas, actores, poetas, nobeles de todo tipo, que no saben nada de nada de nuestra historia ni de nuestras afugias ni de nuestros sufrimientos y duelos, se han pronunciado en favor de la paz de Santos con las FARC.

    El anterior Secretario del Departamento de Estado, El Vaticano, el presidente de Francia, etc., aplauden una paz que está destruyendo los cimientos de nuestra sociedad. Y quieren que nos traguemos, sin masticar, incongruencias como las de los presidentes de España (Rajoy)  y Francia (Hollande) que negaron a ETA darles algo a cambio de su anunciada entrega incondicional de armas, y en cambio con una guerrilla varias veces más cruel, asumieron una posición de apoyo. Para ellos es sagrado no negociar con terroristas, mucho menos hacer reformas o alterar sus Constituciones o admitir comisiones extranjeras que las vigilen y las supervisen y les llamen la atención.

    De modo que cabe preguntar, ¿por qué, ellos nos quieren convencer de las bondades de algo en lo que no creemos? ¿Será que es aceptable  este tipo de injerencismo?

    Darío Acevedo Carmona, 27 de marzo de 2017

  • CON LAS MANOS EN LA MASA

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    Así comenta el vecindario cuando un ladrón es descubierto in fraganti cometiendo un delito. En una situación así, se piensa que el pillo no tiene salvación, aunque pudieran darse casos en que este, viéndose en apuros, descargue el objeto robado a un lado y exclame “Yo no fui” o “Requísenme, pero eso no es mío”.

    Ni más ni menos es lo que estamos presenciando en el bochornoso episodio, uno más en la larga cadena que tiene en su haber el señor Juan Manuel Santos. Su proceder es tan grave que han resultado vanos y hasta ridículos los esfuerzos de sus escuderos por liberarlo de toda culpa en el episodio de la financiación ilegal de sus dos campañas presidenciales.

    Las declaraciones de Roberto Prieto, su gerente, lo dejan por el suelo, sin opción distinta a la renuncia si en conciencia le quedase un resticio de decoro y de respeto por la ciudadanía. El problema no es que unos millones de camisetas hayan sido o no decisivos, como espetó Horacio Serpa, el escudero de Ernesto Samper en el escándalo del “ochomil”, ni que con afiches o sin afiches de todas formas hubiese ganado la presidencia en 2010 como dijo sin inmutarse el matemático Mockus a quien al parecer se le extravió su brújula ética y quizás por ello no atinó que el problema fue la financiación ilegal de la campaña Santos. Y claro, no faltan los que todo lo miran desde un retrovisor que alcanza a gobiernos anteriores, que remite a la culpa colectiva que diluye la falta en análisis soporíferos con tal de echarle un salvavidas a quien se está ahogando en el mar de sus propias sandeces.

    La cuestión con Santos no puede ni debe pasarse por alto, como si nada hubiese sucedido, como si fuera verdad el “me acabo de enterar”, con que trató de autojustificarse y que en las calles suscitó reacciones de rabia e ironías por su cinismo.

    Lo de Santos es, sin atenuantes, una forma de ser de la que él se ufanó y se sigue ufanando. No es ni siquiera la del tradicional jugador de póker que arriesga y engaña con sus gestos y miradas pero sin dar patadas ni esconder cartas. Santos, para recordar la memorable caracterización que le hiciera Carlos Gaviria, es una persona a la que “no han podido pillar diciendo una verdad”. Aunque él se ha encargado de demostrar que esa no es su completa personalidad. Es una larga órbita desde la organización fallida de un golpe de estado contra Samper y la financiación de su campaña por Odebrecht, las mentiras de la paz y el desconocimiento de la voluntad popular del plebiscito del 2 de octubre.

    La lista de engaños, mentiras, ardides, trampas, mañas y ya hasta delitos es tan profusa como para no dejar dudas de que su problema es irremediable. Lo grave de todo ello es que este señor, bien educado, adinerado, miembro de una de las más rancias familias de la oligarquía cachaca y centralista que se cree dueña del país, con sus procederes ha llevado a la nación a una situación deprimente, de caos institucional, golpe de estado, sustitución de la Constitución, abolición de la separación de poderes.

    Las consecuencias del desorden creado por el señor Santos son catastróficas desde cualquier ángulo y en casi la totalidad de los aspectos. Hay que repetirlo porque no estamos hablando del arroz que se le quemó o de un simple traspié. Se trata de temas capitales para Colombia. Es la demolición sistemática de la confianza y la credibilidad, no mucha por cierto, de un pueblo sufrido, aguantador, doliente, generoso y trabajador.

    Digan lo que quieran los estudiosos de las “causas estructurales” del desastre institucional, échenle la culpa a la clase política, a la política, generalicen, repartan la culpa a tirios y troyanos, enmascaren a su dirigente, tapen su vergüenza por haberlo apoyado refiriéndose a otros gobernantes. Pero no podrán tapar el inmenso peligro que hoy encaramos: en la línea de sucesión caso de que se obtenga su renuncia por presión ciudadana estaría el general Naranjo, el mismo que asesoró la paz entreguista de La Habana y el presidente del Congreso, Lizcanito, envuelto en más de un lío y acusaciones varias, como para decir, “peor el remedio que la enfermedad”.

    Y luego, el panorama de cara a las presidenciales de 2018. Están dadas casi todas las condiciones ideales, según Lenin y Gramsci, para que se produzca el “estallido revolucionario”: división irreparable de las “clases dominantes”, vacío de poder, crisis institucional, amplia desconfianza de la población en sus líderes tradicionales y en sus instituciones, existencia de fuerzas que ya están tratando, ni bobos que fueran, de aprovechar el momento para llamar a la formación de un “gobierno de transición” o “alternativo” e idiotas útiles que perteneciendo al establecimiento piensan que hay que darles su oportunidad.

    ¿Cómo no pensar en la Venezuela de los noventa? Se podría repetir algo parecido? No tengo la menor duda, eso puede llegar por la vía menos pensada y no tan dolorosa, en principio. No sobra advertir que, los que nos dicen que eso no será posible, son los que nos quieren meter como sea el modelito chavista.

    Darío Acevedo Carmona, 20 de marzo de 2017

  • PAZ BIZARRA

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    Ha transcurrido más de la mitad del periodo de 180 días acordado para la “dejación” de armas, la total desmovilización de las Farc y su reintegración a la vida civil y el horizonte de ese proceso es una densa y oscura nube tipo nimbus.

    Después de firmada la supuesta paz y de que Juan Manuel Santos corriera a decirle al mundo la mentira de que se había acabado la última guerra civil en América Latina, la procastrista guerrilla del ELN y otros grupos disidentes nos recordaron, matando soldados y policías, que aquí no se ha terminado ninguna guerra ni mucho menos lo que Colombia ha sufrido en los últimos años que no es otra cosa que, para decirlo en palabras del sociólogo francés Daniel Pécaut, “una guerra contra la sociedad”.

    Que el gobierno nacional haya sido incapaz de exigirle a los elenos el cese de los ataques y hostilidades para iniciar negociaciones de paz no es más que la repetición de la política de humillación del Estado puesta en marcha en las conversaciones de La Habana.

    Hay razones suficientes y categóricas para pensar que el nuevo acuerdo final va mal, pero no por una mala gerencia, que la ha habido, sino porque simple y llanamente todo o casi todo se pactó con desmesuradas e injustificadas ventajas para las Farc y porque no ha respondido a las expectativas de paz de los colombianos.

    Santos, Jaramillo, De la Calle y sus defensores no quieren reconocer que estamos en presencia de un desastre anunciado. Y que son ellos y no el pueblo como dijo en tono insolente el Alto Comisionado de Paz, los que no conocen el país.

    Somos un país en el que están sucediendo hechos anormales, como por ejemplo, que de buenas a primeras, el triunfo del pueblo en el plebiscito haya sido convertido en derrota, se perpretó un golpe de estado sin despliegue militar, sin violencia sin empleo de la fuerza, bastó el engaño, el ardid, la trampa, se suplantó el electorado por un Congreso que cedió sus funciones al Ejecutivo. Colombia ya no tiene una sino dos constituciones, la de 1991 y la del pacto de San Carlos que regirá por 12 o 16 años.

    Y así, hemos derivado en un país con una paz bizarra en el que hay intelectuales que creen, a lo Supermán, que pueden hacer girar la tierra en sentido contrario o con ínfulas siderúrgicas pues retuercen el sentido de la Justicia y de los Derechos Humanos como se retuerce el hierro en las acerías, diciendo que no hay ni un asomo de impunidad en la Jurisdicción Especial de Paz. Hacen maromas gramaticales para justificar una Comisión de Verificación en la que Cuba y Venezuela tienen voto sobre asuntos internos, que la ONU no sea garante de nada, que las Farc no hayan entregado todos los menores de edad, que sus jefes se reúnan con quienes van a nombrar los jueces de la JEP, que no habrá registro ni testimonios independientes sobre la supuesta “dejación de las armas”.

    Colombia era reconocida por contar con el Ejército más profesional y exitoso en la lucha contrainsurgente y antiterrorista, la institución más apreciada por los colombianos, hoy tenemos dos ejércitos y el comandante del oficial hace loby en el Congreso para que los congresistas aprueben leyes que igualan a los militares con los guerrilleros y los obligaría a declarase culpables para salvarse de purgar largas penas.

    Tendremos dos sistemas de Justicia pues estamos a un paso de la aprobación, vía fast track, de la JEP que tendrá poderes omnímodos y juzgará a miles de empresarios, militares y políticos “responsables”, según la “verdad” de las Farc, de la violencia paramilitar.

    Y estamos perdiendo la República unitaria en la medida en que se han consagrado zonas, territorios y jurisdicciones bajo el control exclusivo de las guerrillas. Lo que le ocurrió al gobernador de Antioquia es una muestra de ello.

    Luis Pérez Gutiérrez fue humillado en una de las zonas veredales de concentración donde le fue negado su ingreso. Su enérgica y razonable protesta fue respondida con las mismas palabras entreguistas de siempre por el irredimible Sergio Jaramillo que afirmó que a esas zonas no podían entrar civiles, como si un gobernador, máxima autoridad policial, civil, política y administrativa de un departamento fuese una persona carente de investidura.

    Jaramillo, el filósofo diseñador de este humillante proceso les dio de nuevo la razón, dejando en claro que esas zonas en esencia funcionan como las repúblicas independientes de ingrata recordación de los años sesenta.

    De manera que tiene toda la razón el pueblo colombiano en manifestar a través de las encuestas, como con seguridad lo hará el próximo 1 de abril en las calles, su descontento y desengaño con lo que está ocurriendo.

    Darío Acevedo Carmona, 13 de marzo de 2017

  • LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

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    El expresidente Uribe le ha sacado provecho a su posoperatorio dando puntadas a la propuesta programática del Centro Democrático de cara a la coyuntura electoral.

    En un mensaje grabado de menos de dos minutos explicó por qué lo procedente frente a la paz entreguista del gobierno Santos y en caso de triunfar el candidato del CD para la presidencia, no es ni puede ser echar todo a perder. Recordó que en la campaña del plebiscito el triunfo del NO no significaba la negación de todo lo acordado ni pararse de la mesa ni romper en definitiva las conversaciones con las FARC.

    El mensaje del negociador oficial Humberto de la Calle y de los defensores del acuerdo de La Habana días antes del plebiscito en el sentido de que de ganar el NO todo se iría al traste y se terminaba el proceso, tenía la pretensión de ocasionar pánico colectivo ante la inminente reanudación de una guerra urbana “más cruel para la que las FARC estaban preparadas” según declaró Juan Manuel Santos.

    La respuesta de parte de la campaña del NO consistió en explicar que se votaba negativamente todo porque el gobierno canceló la opción de formular varias preguntas al electorado.

    De modo que, la propuesta actual de Uribe de modificar los acuerdos en aquellos puntos que son lesivos a la Constitución, al ordenamiento institucional y abran las puertas al peligro del castrochavismo es plenamente coherente con lo actuado.

    ¿Qué actitud se va a observar ante la burda imposición de una paz que adolece, cada vez más, de respaldo de la población? ¿Qué proponen los numerosos aspirantes a la presidencia de la República frente al uso y abuso del dictatorial método de violación de la Constitución, el fast track?

    Porque esa será la piedra de toque de la campaña que ya arrancó. ¿Modificar los acuerdos? ¿Continuar sin pausa su implementación?, ¿aceptar los hechos cumplidos?, ¿resignarnos a la humillación de las instituciones?, revocarlos en su totalidad?

    El expresidente Uribe lanzó la consigna para el Centro Democrático, pero, como debe ser consciente de que su partido, aunque pueda ganar la presidencia con su candidato, no tendrá la fuerza suficiente para acometer esa meta, ha procedido a adelantar conversaciones con varios líderes políticos de otras tendencias y vertientes, tal como se hizo en la campaña por el NO para buscar entendimientos y forjar alianzas sin las cuales no sería factible reparar el grave daño hecho al país con la implementación de un acuerdo de paz que se revela cada día más en sus aspectos lesivos, tramposos y ocultos.

    Entre los seguidores del expresidente Andrés Pastrana, del exProcurador Alejandro Ordoñez, de Juan Lozano, de Martha Lucía Ramírez, de figuras históricas de todos los partidos y de otros dirigentes, líderes de opinión, exmagistrados, etc, existe un ambiente propicio para forjar una alianza, especie de Frente Republicano por la defensa de la Democracia y las Libertades que acometa la empresa de encauzar el descontento nacional hacia el retorno a la normalidad, el restablecimiento de la Constitución y la separación de los poderes del Estado.

    Una cumbre de todos ellos sería conveniente y útil en extremo para perfeccionar los términos de esa gran alianza. Los temas relativos a reforma tributaria, impulso de la iniciativa emprendedora, lucha contra la corrupción, reducción de impuestos, impulso a la educación, desarrollo de la infraestructura, reducción del gasto estatal, relaciones internacionales, pueden ser acordados apoyándose en las mejores tradiciones del Estado y de gobiernos anteriores sin mayor dificultad.

    No tengo duda que se está prefigurando ese amplio frente para dar la batalla política más importante y decisiva de las últimas décadas. La Marcha Nacional convocada por el expresidente Uribe para el próximo 1 de abril podría ser el termómetro de su acogida y el impulso definitivo para que se cristalice ese Frente Republicano.

    Los colombianos nos veremos enfrentados en torno a dos campos, por una parte el de las fuerzas continuistas que quieren implementar el camino del desastre y de la otra, las fuerzas que piensan que todo aquello que ha sido destructivo de la institucionalidad y de la Constitución puede ser reconsiderado. Para estas últimas lo ideal sería asumir el compromiso de convocar el 20 de julio de 2018 un referendo revocatorio de tal manera que sea el pueblo quien decida, en últimas, la suerte de todos y cada uno de los puntos contemplados en el segundo acuerdo impuesto a fines de 2016 desconociendo la voluntad popular.

    Darío Acevedo Carmona, 6 de marzo de 2017

  • REVOCAR O RECOMPONER EL ACUERDO DE PAZ

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    Las elecciones para corporaciones públicas y presidente de la República el próximo año podrían ser un pulso definitivo sobre la paz impuesta. En principio, cada fuerza política habrá de definir sus objetivos en  concordancia con el diagnóstico de la situación.

    Me ocuparé en estas líneas del debate que va cobrando fuerza en las filas de la Oposición: uribistas, conservadores y liberales disidentes, militares en retiro, voceros del NO, entre otros. La cuestión está planteada en términos de hasta dónde se debe corregir, deshacer o revocar lo que se está imponiendo a través del llamado fast track. El debate se calentó a raíz de un trino del expresidente Uribe en el que manifestó que en caso de un triunfo del candidato del Centro Democrático en la elección presidencial no se revocaría todo el acuerdo de paz sino aquellos puntos que consagran impunidad total y que representen el peligro del modelo castro-chavista.

    Algunos intelectuales reviraron al planteamiento de Uribe calificándolo en los peores términos, casi como una traición o cuando menos un paso atrás y mostraban en cambio, la firme posición del precandidato conservador Alejandro Ordoñez. Estamos pues, ante un desacuerdo en el tema principal de la coyuntura que a no dudarlo es y seguirá siendo el de la paz.

    En mi parecer, pienso que los analistas no podemos esperar que nuestros puntos de vista sean plenamente adoptados por los dirigentes políticos. Son estos, en últimas, los que conocen sobre el terreno el estado de las fuerzas y las consecuencias positivas y negativas o el impacto de una propuesta en la población. La lucha política se parece en muchos aspectos a una guerra. Hay batallas de diverso calibre y aunque el objetivo final de cada bando es la victoria, los generales son los que conocen el método para librar cada batalla. Ellos saben, desde sus primeras lecciones, que no basta tener la razón o la justicia de su parte para ganar.

    Pienso que las batallas electorales en estos dos años cobrarán elevada importancia, pero, difícilmente serán definitivas, pueden venir otras de mayor calado después de la elección presidencial.

    El expresidente Uribe, en trinos siguientes al que provocó el alboroto, ha aclarado asuntos muy importantes que no siempre son tenidos en cuenta por los “teóricos” o “estrategas” de escritorio. Por ejemplo, que no se puede dar la impresión a la ciudadanía de que “somos enemigos de la paz”, que se debe insistir en la revocatoria de aquellos puntos que después del plebiscito se pusieron en la mesa de conversaciones con el Gobierno , y que no se debe confundir lo ideal con lo real. Esto último quisiera leerlo de la siguiente manera: la paz no será cien por cien acorde con los deseos de los del SÍ o los del NO.

    Si uno piensa en la envergadura del daño institucional que el gobierno Santos les está infligiendo a las instituciones, a la Constitución, a la Justicia y por ende a la sociedad, puede concluir, en teoría y con el deseo, que lo ideal es revocar todo e imponer nuestro punto de vista. Sin embargo, considero que ese pensamiento es exactamente igual a lo que piensan y hacen los impulsores del Acuerdo impuesto, es decir, que un sector importante de la sociedad pretenda imponerse sobre el otro sin escucharlo, pisoteando sus derechos. No se dan cuenta que es un error echar en un mismo saco al gobierno y a quienes han liderado la paz entreguista con los millones de personas que han creído, a pesar de sus imperfecciones, en el proceso Santos-Farc.

    Claro que los del NO ganamos el plebiscito, así hubiese sido por poca diferencia se ganó. Y cuando los voceros del NO aceptaron sentarse a discutir algunos puntos con De la Calle y compañía lo hicieron pensando en grande, pensando en la Nación, en la paz, en que había cosas rescatables aunque no fueran plenamente digeribles. Yo creo que esa actitud le ha ganado muchísimos nuevos adeptos al NO, que se podrían echar a perder si se adopta en esta coyuntura una posición radical de oposición en toda la línea a todo lo acordado.

    Es cierto que estamos ante un desastre, no dudo que el gobierno propició un golpe de estado al violar y sustituir la constitución. La cumbre de la ignominia es la aprobación de la peor monstruosidad de todo ese proceso de entrega, la Jurisdicción Especial de Paz, que será el órgano judicial supremo del país, que administrará justicia según la versión guerrillera. Militares, civiles, empresarios, políticos, intelectuales, serán  expuestos a acusaciones sobre la base de la teoría (Roxin) de “los responsables de atrás” y de que en ultimas la guerrilla fue la víctima de una ilegal política de estado.

    Para reversar en esos temas puntuales hay que obtener la presidencia y las mayorías en el Congreso. Eso está en el campo de lo posible, pero quizás no sea suficiente. El punto lo ha dado el analista Daniel Mera Villamizar planteando (elespectador.com 18/02/2017) que lo procedente en un nuevo gobierno es la convocatoria de un referendo derogatorio de todo aquello que ha sido impuesto de manera ilegal.

    Finalmente, lo mejor de todo es que sea el constituyente primario, como debió haber sido, el que decida con su voto qué asuntos (en 5 u 8 preguntas) acepta y cuáles rechaza. Y si esto no fuese posible por razones incontrolables, convocar una asamblea nacional constituyente para que redefina el rumbo de la Nación.

    Darío Acevedo Carmona, 27 de febrero de 2017

  • GOBIERNO Y FARC QUIEREN IMPONER NUEVA CONSTITUCIÓN

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    Al paso que va la demolición de la Constitución, la Corte Constitucional quedará sirviendo para fallar si las corridas de toros son o no legales, si el pico y placa es exequible o no, si las multas por violación al código de policía son las adecuadas.

    Porque lo que es su armazón ya está hecho trizas. El proyecto de reforma política que se discute en el Congreso contempla por ejemplo establecimiento del voto obligatorio, ampliación del periodo presidencial,  ciudadanía desde los 16 años, entre otras arbitrariedades que ni siquiera figuran en el Acuerdo Definitivo de Paz.

    Algunos analistas sostienen que este proyecto no es más que una cortina de humo para tapar el escándalo de los dineros de Odebrecht en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Tiene todo el perfil para ser eso, el neodictador de Colombia se ha revelado como un hábil cortinero y apostador que no bien pierde una mano apuesta la que sigue con más osadía.

    Sin embargo, no debemos descartar que aun siendo una cortina también puede llegar a convertirse en realidad y que en consecuencia en el 2018 no se realicen elecciones en aras de proteger la paz, implementar lo acordado y entrar en firme en el periodo de transición de 10 años del que habló el comisionado de paz Sergio Jaramillo que supone la realización de reformas extraordinarias y excepcionales (¿el golpe de estado o fast--track es la fórmula?) para aclimatar “la paz territorial”.

    Este Régimen y su líder, han dado ya categóricas e inequívocas señales de que no les tiembla el pulso, que no tienen pudor ni vergüenza para demoler la casa desde los cimientos y levantar una nueva con quienes intentaron, vanamente, destruirla con las armas del terror.

    Si alguien quiere saber hacia dónde está dirigiéndose nuestro país y apreciar cuánto sudor y lágrimas, destrucción y empobrecimiento y vidas y persecuciones nos tocará afrontar en los años venideros si no atajamos la trinca Santos-Timochenko, basta que miren la tragedia que vive Venezuela.

    Con ese oscuro panorama en el futuro inmediato, todas las fuerzas políticas están obligadas a sentar una posición sobre lo que está ocurriendo desde que en el pasado mes de noviembre el aún presidente Santos anunció al país y al mundo la mentira de que con el apoyo de la dirigencia del NO y luego de haber acogido sus recomendaciones, se había firmado un acuerdo definitivo de paz con las FARC.

    Al respecto, solo hay tres formas de actuar ante tan grave coyuntura. La primera consiste en continuar con la implementación de estos acuerdos, darles vigencia por 10 años más, seguir imponiendo vía fast track una nueva constitución acorde con el mandato y el interés de los constituyentes usurpadores: este Gobierno sin límites ni controles y las FARC.

    La segunda es que se abra camino la antipolítica impulsada por quienes han guardado cómodo silencio ante el desastre institucional como el fajardismo o los que con sus votos han apoyado en el Congreso todos los proyectos golpistas y la reforma tributaria de un gobierno a cuya sombra han medrado y comido, acaudillados por la senadora que piensa enseñarnos que todo se soluciona a punta de gritos e histeria. Para ellos, que se creen puros, impolutos e inmaculados y ajenos a la política, basta con predicar la anticorrupción para que todo marche bien, la suerte de la Constitución y la impunidad de la paz santista nada les importa.

    Y la tercera, y teniendo en cuenta que el Régimen en vez de parar la arbitrariedad, en vez de frenar el atropello a las instituciones, quiere ir más y más lejos, consiste en levantar de nuevo la bandera de la resistencia civil, de la movilización ciudadana pacífica y democrática, saliendo a las calles a las plazas públicas, a realizar marchas y plantones contra el golpe de estado, por el restablecimiento del orden constitucional, por reversar los acuerdos onerosos para la sociedad y para el país, para evitar que Colombia caiga en manos del experimento del socialismo bolivariano en alguna de sus variantes, para tumbar la reforma tributaria y en suma, recuperar la dignidad perdida.

    Esta última supondría de parte de las fuerzas del NO del plebiscito, un gran consenso que lleve a la constitución de un Frente Republicano para salvar las libertades y la democracia en el entendido de que fue el Gobierno quien llevó las cosas a un terreno confrontacional sin dejar opción distinta a que la Oposición acepte el desafío en los mismos términos.

    Darío Acevedo Carmona, 20 de febrero de 2017

  • EL BARCO HACE AGUA

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    Me refiero, por supuesto, al Gobierno de este bello y alegre país. Algún día tenía que llegar la hora en que el buque, con su casco agrietado, agujereado, carcomido por el óxido, la carroña y sobrecargado de ratas y pestilencias empezara a hundirse sin remedio.

    En una situación de profunda crisis moral de buena parte de la clase gobernante tiene precisa aplicación el principio de Murphy según el cual "todo lo que pueda salir mal, saldrá peor". Y en Colombia a ese punto hemos llegado aunque, sesudos sociólogos y virtuosos columnistas impolutos interpreten en hondas cavilaciones que la que anda mal es la sociedad, que lo que da vergüenza es este pueblo del cual abjuraron el 2 de octubre cuando la mayoría, “insignificante”, decían, rechazó la paz entreguista del Gobierno que han defendido a rabiar

    Hay que abrir bien los ojos para ver y entender que la inmundicia y el hedor tenían que aparecer después de tantas arbitrariedades, trampas, estafas, artimañas y mentiras dichas y cometidas que convirtieron el país y a su pueblo en rey de burlas.

    Y es que, como dicen los abuelos “lo que mal empieza mal termina”, con el agravante de que los perjudicados somos la inmensa mayoría que vivimos del trabajo honrado, que aún creemos en la ley como virtud máxima y elemental premisa de toda convivencia.

    Ayer el país avizoraba recuperación, confianza, seguridad, esperanza, y en cosa de pocos años tenemos la patria girando no alrededor de su Constitución sino del intragable Acuerdo de La Habana. ¿Puro pesimismo? Juzgue Usted amable lector:

    Todo empezó con la trampa que le tendió Juan Manuel Santos al uribismo y al expresidente Uribe con quienes se había comprometido a continuar sus exitosas políticas. En ninguna democracia seria es admisible que se gane el gobierno con un programa y se aplique el de los derrotados.

    El paso siguiente consistió en reversar el camino, declarar mejores amigos a los agresores, iniciar negociaciones de paz sin exigirles a guerrillas deshumanizadas el cese de sus acciones terroristas, prometer que no se discutiría la Agenda nacional, que habría cárcel para responsables de delitos atroces, que no se tocaría la Constitución, ni el estatus de las Fuerzas Armadas, etc. Todo ello fue tapado con tierra, cascajo y cemento.

    En nombre de la paz, el país fue dividido en dos mitades, sus instituciones deformadas y desnaturalizadas, su Constitución violada, eliminada la separación de poderes, anulados los órganos de control, apaleada la Justicia, pisoteada la voluntad popular.

    En nombre de la paz, convertida en principio supremo, este Gobierno concentró todos los poderes, se dotó, con la aquiescencia de las mayorías del Congreso y el visto bueno de la guardiana de la Constitución, de poderes absolutos para implementar los acuerdos con las FARC con los cuales podrá hacer y deshacer a su amaño porque el pacto con las FARC contempla todos los temas y asuntos de la sociedad.

    ¿Cómo es que hemos llegado a esta indeseable situación? ¿Será que nos gobierna un portento de líder, inmaculado, visionario, convincente y lleno de sabiduría? ¿Cómo, vale preguntar, si es todo lo contrario de lo dicho, ha deshecho un país promisorio hasta llevarlo a su perdición? haciendo honor a aquello de que “quien la hace a la entrada la hace a la salida”. Porque hay que reconocer, un desastre de esta magnitud no se logra en solitario y sin el apoyo de otros poderes.

    El líder del desastre es un virtuoso para engañar, hacer trampas, picardías, jugar a las cartas y es conocedor de las debilidades del bolsillo de quienes lo rodean. Sí, con eso que su exministro de Hacienda llamó la MERMELADA, que no es otra cosa que el erario público usado para asegurar la gobernabilidad, el habilísimo capitán del barco embadurnó a todos los poderes y a todos los poderosos. Alcanzó hasta para el nobel de paz. Esa mermelada tuvo ingredientes podridos, como el Odrebecht, según nos dijo en primera instancia el Fiscal antes de ser llamado al orden.

    Si el poder absoluto corrompe absolutamente todo, en nuestro caso ese principio fue ejercido hasta límites innombrables por quien se creyó invulnerable y pensó que podía, indefinidamente, “hacer lo que se le dé la gana”, por ejemplo, ganando la reelección con montajes hakerianos y gastando millonadas no declaradas en publicidad con dineros turbios de una multinacional corrompida hasta los tuétanos.

    Ese poder absoluto que no admite la intervención de la Procuraduría ni la del Fiscal ni la de ninguna otra instancia, está instalado y ha hecho, como cáncer terminal, metástasis, amenazando a toda la sociedad con sus desastres.

    Mientras el capitán, con desparpajo acusa del naufragio a quienes lo critican, pide a estribor una lancha salvavidas para él y su familia por si acaso, pues no sabe si podrá repetir la “gloriosa e inmarcesible” proclama del famoso elefante que gritó “¡aquí estoy y aquí me quedo, huepajé!”.

    Darío Acevedo Carmona, febrero 13 de 2017