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OPINION

  • Elecciones cruciales en Colombia

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    Si se mantiene el curso legal del proceso electoral democrático, los colombianos estaremos abocados en este año a participar en elecciones para congreso y para presidente en las se estará definiendo la suerte del país por muchas décadas hacia adelante.

    Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en estos momentos la gran mayoría de ciudadanos tenemos mediana o suficiente claridad sobre a dónde hemos llegado y los peligros que se ciernen por causa de todo lo acordado entre el Gobierno Santos y las Farc, lo que se ha implementado y lo que está pendiente.

    La inmensa mayoría de la población, según las numerosas encuestas de opinión, está inconforme con gran parte de lo firmado y preocupada con el costo pagado que se aprecia en la quiebra de la institucionalidad, la desmoralización de las Fuerzas Armadas, la prepotencia de la dirigencia de las Farc, la inversión de la culpa, el desconocimiento de las víctimas, la impunidad con los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y la violación de niñas y mujeres, el reclutamiento de menores, la ausencia de claridad en la entrega de armas y la desmovilización de guerrilleros, etc.

    La constitución vigente ha sufrido golpes profundos siendo el peor de todos el que se pretenda sustituirla con el fementido “acuerdo final de paz”, como lo reclamó recientemente alias Timochenko en la mal llamada “Cumbre de Cartagena” ante el silencio cómplice o complaciente del presidente Santos. El señor de la guerra tuvo la insolencia de criticar a las más altas instituciones del Estado: la Justicia, la Corte Constitucional, el Congreso y la Fiscalía.

    Quienes tratan de recoger el descontento con el desastre nacional proponen crear una gran alianza a la que por ahora concurren el Centro Democrático con su candidato presidencial Iván Duque y una lista abierta para el Senado, sectores del conservatismo e independientes que respaldan las candidaturas de Martha Lucía Ramírez y Alejandro Ordoñez. Los gestores de la misma, los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, buscan afanosamente perfilar los contenidos programáticos, el nivel de apertura a otras fuerzas políticas y personalidades, así como el procedimiento de selección del candidato.

    Este sería uno de los grandes bloques en los que se dividiría la contienda electoral.  El otro agruparía partidos, movimientos y candidatos unidos en la idea de defender el acuerdo de paz y ser fieles a la implementación en los términos originales, es decir, sin cambios. En el camino encaran varias dificultades, unas insalvables como lo es el hecho de ser vistas como herederas del gran desastre nacional de los dos mandatos de Santos y otras de egos y tendencias que se refleja en la disputa por el liderazgo y la candidatura.

    El prochavista que idealiza el modelo del fracasado socialismo del siglo xxi, Gustavo Petro, el indefinido e incoloro cuya bandera es mostrarse  como el más puro y decente, Sergio Fajardo, la lideresa burguesa que respira aires de izquierda, Clara López, el genio que diseñó la impunidad con la JEP y demás capitulaciones ante las Farc y se presenta como el salvador del hundimiento que él mismo propició, Humberto de la Calle, la gran aliada de las Farc, Piedad Córdoba, por si hay chance, todos ellos tendrán que dirimir más de un escollo.

    Por fuera de los dos agrupamientos se encuentra flotando el reconocido aspirante a la primera magistratura Germán Vargas Lleras. No encaja en ninguno y carece de chance si va solo, pero, si hay segunda vuelta, podría convertirse en la carta comodín que decida el ganador.

    En ese tablado se puede intuir que en la primera vuelta todos los aspirantes de uno y otro lado, en solitario o en alianzas parciales, midan fuerzas para definir las disputas internas. Si esta situación llegare a presentarse, entonces habrá segunda vuelta y vendrán las dos alianzas definitivas.

    La sorpresa de un posible ganador en la primera ronda la pueden dar los sectores de centroderecha siempre y cuando alcancen un consenso programático.

    Un factor perturbador que no se debe descartar y que puede alterar todo el proceso es que el presidente Santos, acatando el llamado de alias Timochenko a asumir “poderes extraordinarios” intervenga de manera descarada como lo hizo en el 2014. La Oposición tiene que estar muy alerta ante las picardías, las maniobras y las trampas que suele utilizar el presidente Santos. Por eso no sobra exigir vigilancia por parte de organismos internacionales confiables para evitar el fraude.

    El dilema planteado no es de poca monta o de una naturaleza ordinaria como en tiempos normales, es trascendental porque los colombianos votaremos por el continuismo de una política de impunidad, de humillación del estado, de entreguismo con las guerrillas que abre las puertas de para en par al proyecto del socialismo bolivariano o por restablecer la institucionalidad, retomar el rumbo de la seguridad y la democracia, revisar en profundidad el acuerdo final de paz y asegurar la aplicación de las leyes internacionales contra crímenes atroces.

    Darío Acevedo Carmona, 8 de enero de 2018

  • El Centro Democrático y su candidato Iván Duque

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    El partido Centro Democrático resolvió la puja interna por la candidatura presidencial a través de un proceso novedoso en el que se utilizaron mecanismos que ameritan una breve reflexión.

    Cinco líderes, tres hombres y dos mujeres, formalizaron su aspiración de ser el portador del banderín partidario para las elecciones del 2018. En lo que respecta a la parte programática, ellos debían, tomando por base las ideas que dieron origen a la organización: estado austero, confianza inversionista, seguridad democrática, equidad social, etc., y enriquecerlas con propuestas y proyectos.

    La dirigencia y los candidatos hicieron giras por distintas regiones realizando los talleres democráticos ante la presencia de líderes locales que escuchaban e interactuaban con los precandidatos, una auténtica demostración de espíritu democrático y de seriedad política.

    Sin demeritar las concentraciones de plaza pública y la actividad agitacional que se dará en una nueva fase de la campaña presidencial, es destacable el esfuerzo por vincular a las bases del partido y a los pobladores en eventos en los que la pretensión no consistía en un simple coreo de consignas y exhibición de banderas a través de rifas, repartición de dinero, licor y promesas sino en un ejercicio en el que no hubo lugar al promeserismo ni a la demagogia populista.

    Los cinco aspirantes tenían la obligación de escoger el método de selección del candidato. El que se usó, si bien no dejó satisfecho a ellos mismos y a toda la militancia, fue el resultado de una ardua discusión. Al final, todos acogieron el resultado que dio por ganador al senador Iván Duque. Otros dos muy reconocidos aspirantes, Luis Alfredo Ramos y Óscar Iván Zuluaga vieron frustrada su aspiración por razones ajenas al partido. Sin embargo, ambos se acogieron al resultado y se comprometieron a trabajar por el triunfo.

    El paso siguiente es el comienzo de una disputa entre los candidatos de las fuerzas que hacen parte del pacto suscrito entre los expresidentes Alvaro Uribe y Andrés Pastrana para corregir el rumbo del país. Será, tal como ya se ve, un proceso con mucha altura en el que cada uno de los pretendientes habrá de plantear el programa de gobierno y las medidas más urgentes para salir del hueco en el que Santos deja el país.

    Aunque la disputa en el seno de la alianza se da hasta el momento entre la conservadora independiente Marta Lucía Ramírez e Iván Duque, no sería raro que a ella se sume el exprocurador Alejandro Ordoñez quien adelanta desde hace unos meses una intensa actividad proselitista.

    Entre todos los temas de campaña sobresalen, por su indudable impacto, el de la corrupción que dejará ver fórmulas trilladas y obvias para combatirla como sugerencias de medidas de castigo mucho más ejemplarizantes.

    Otro asunto es el relativo al acuerdo de paz Santos-Farc en el que se podrán apreciar las profundas diferencias entre los candidatos de todas las fuerzas políticas. La alianza Uribe-Pastrana tiene por base la idea de rehacer buena parte de los compromisos firmados por Juan Manuel Santos. Como el fundamento ya está dado, los candidatos de esa alianza tendrán que decirles a los colombianos cuáles serían, en concreto, las reformulaciones al acuerdo de paz, cómo procederían, si citarían un referendo o convocarían el que se está gestando para hundir los temas más ignominiosos de ese acuerdo, o si estarían dispuestos a convocar una asamblea constituyente. Por ahora, no hay un solo candidato que convoque a hacer trizas el acuerdo de paz.

    Como quiera que ese acuerdo y su implementación contemplan temas muy sensibles de la agenda nacional, habrá que ver qué es lo que piensan los precandidatos de la alianza sobre propiedad de la tierra, modelo de desarrollo agrario, el narcotráfico y los compromisos asumidos por el país desde años atrás, la familia, la deuda externa, las relaciones internacionales, la defensa de las fronteras, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la inversión en ciencia y tecnología, la reforma de la Justicia entre otros.

    El Centro Democrático ha llegado a este punto superando dificultades y limitaciones, algunas de ellas propias de una organización joven, otras relativas a su funcionamiento interno y precisiones programáticas. La rivalidad entre los líderes puso a prueba la unidad.

    Las voces discordantes y críticas han tenido espacio para su libre discurrir, aunque no han faltado disonancias salidas de tono, poco amigables, que ponen las cosas en el terreno amigo-enemigo que siembra un aire de desconfianza hacia Iván Duque con argumentos traídos de los cabellos de un claro sabor complotista y paranoico.

    Si lo que quieren algunos voceros de ese malestar es que el CD opte por una posición de derecha “pura”, lo primero que deben entender es que eso va en contravía de la filosofía centrista adoptada desde su creación.

    Anuncio: esta columna no será publicada los días 25 de diciembre y 1 de enero entrantes, debido a las festividades navideñas y porque este diario no circulará en esos días. Deseo a todas las familias colombianas, a mis seguidores y lectores muchas felicidades y éxitos en el nuevo año.

    Darío Acevedo Carmona, 18 de diciembre de 2017

  • Santos juega con candela

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    La no aprobación por falta de mayoría en el Congreso de la República de las 16 “circunscripciones especiales de paz” debería llevarnos a los colombianos a hacer reflexiones serias sobre nuestra democracia y nuestro estado.

    Si el estado es el conjunto de instituciones, aparatos, normas y procedimientos que regula la vida de los asociados y si ese estado tiene, además, unos fundamentos republicanos, es decir, está regido por la separación de poderes y cada uno de ellos es autónomo y se correlaciona con los otros en pie de igualdad, se complementan sin fundirse y sin conjurarse, y el gobierno se estructura a partir de un sistema electoral universal, garantista a través del cual los ciudadanos delegan su representación en unos dirigentes, entonces estamos ante un estado democrático.

    En un estado tal, por supuesto, no todo funciona como un relojito, pero las columnas vertebrales sobre las que se levanta deben ser auténticas fortalezas para resistir los problemas y evitar que estos degeneren en crisis profundas: en este punto es en el que cabe destacar el rol que juega la constitución política como la ley de leyes que acolchona, circunscribe y delimita lo que le corresponde a cada autoridad, a los representantes y a los jueces para, de esa forma, proscribir y eliminar cualquier tentación autoritaria y la consumación de hechos arbitrarios.

    Estas anotaciones deben ser útiles para comprender que los señalamientos que se hacen a la conducta del presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de haber procedido con un espíritu autoritario, extralimitándose en sus funciones, y habiendo confundido su papel de jefe de estado con el estado mismo en las prebendas concedidas a las Farc, son completamente razonables.

    Su desconocimiento del resultado del plebiscito es una falta en materia grave contra el ordenamiento constitucional que reconoce en la ciudadanía el poder supremo y primario. Fue un atropello enmascarado en mendaces afirmaciones, en la irrelevancia de la diferencia entre el SÍ y el NO, en una promesa convertida en engaño de incorporar profundas modificaciones en el acuerdo de paz negado, sin que se hayan presentado fallas en el conteo de los votos, sin señales de fraude y en el marco de unas ventajosas condiciones para que hubiera ganado el SÍ.

    En el curso de sus siete años de mandato, Santos ha tratado de someter a sus designios a los otros poderes y a los organismos de control llegando al punto de convertir algunos de ellos en apéndices del ejecutivo.

    Quiso después que la Corte Constitucional, a la que sobó con prebendas popularmente conocidas como mermelada, le aprobara la inmodificabilidad de esos acuerdos por 12 años, con lo que de paso estrangulaba a un poder legislativo donde si bien contaba con mayorías aplastantes, no quería dejar lugar a dudas en sus compromisos con las Farc. Ahí fue donde empezó a desgranarse la mazorca de sus mayorías pues hasta la propia Corte en gesto de independencia señaló límites al Acuerdo Santos-Farc, mantuvo su condición de política pública y aunque llamó a las instituciones a desarrollar e implementar lo acordado, dejó la puerta abierta para que el Congreso de la República, en uso de su fuero legislativo procediera a hacer las reformas que a bien tuviera.

    Y sucedió lo que nadie esperaba. Se desbarató la mayoría gobiernista por las razones que fueran, eso no importa ni invalida lo ocurrido, pues fueron decisiones por interés político, como lo son todas las que se toman en un congreso. Ni el propio gobierno con su infatigable acoso político a los parlamentarios, en una mezcla de mermelada agotada, incompetencia de sus ministros y amenazas veladas y hasta exóticas, pudo obtener las mayorías necesarias para la aprobación de varios de esos acuerdos.

    Y ¿cuál fue la reacción de quien hemos llamado con total fundamento un tirano, un autócrata? Desde antes de que el presidente del Congreso resolviera las dudas sobre lo que es mayoría y quórum, ya viéndose perdido, de manera cínica amenazó con decretar el estado de conmoción interior, citar una constituyente y con un misterioso plan B como si bajo estas figuras se pudiese, de buenas a primeras suplantar el Congreso.

    Producida la aclaración a la que hemos aludido, Santos, reafirmándose en su habitual desconocimiento y violación de sus funciones e irrespetando el poder legislativo, se vino lanza en ristre contra el Congreso que días atrás adulaba. Anunció con todo el desparpajo que acudiría a las cortes, léase el dócil y obsecuente Consejo de Estado, al que logró arrancarle en tiempo récord (30 minutos) un concepto a su favor que no es vinculante.

    También, que pondría el asunto en manos de la Corte Constitucional, terminando en el exabrupto de llevarlo ante un Tribunal de nivel secundario. La consecuencia de esta tramoya surgida de su profundo desespero e irresponsabilidad no es otra que la de desatar una profunda crisis de estado en la medida en que el presidente de la república crea las condiciones para una colisión entre los tres poderes públicos.

    Darío Acevedo Carmona, 11 de noviembre de 2017

  • Las gracias del tirano tahúr

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    Los tiranos imponen su voluntad a como dé lugar, se inventan leyes o las interpretan a su amaño. Una y otra vez y cada vez más descaradamente, Juan Manuel Santos procede como un tirano, como dictador de una “banana republic” y se reafirma en su papel de abrecaminos del modelo castrochavista en Colombia.

    Sus atropellos a la democracia y a la institucionalidad han superado con creces todas las barreras posibles de la ignominia. Primero desconociendo el resultado del plebiscito en el que los colombianos que votaron bajo las reglas del juego por él impuestas le dijeron NO a su propuesta de paz. Ahora amenaza con dar el paso del aventurero enloquecido que quiere hacer de la derrota su victoria retorciendo el resultado adverso del Congreso.

    El castillo de naipes que había forjado a punta de mermelada se le está derrumbando en un Congreso que, en demostración inusual de autonomía, le negó las mayorías a la ley que estipulaba la creación de “16 circunscripciones especiales de paz” en zonas de conflicto que en realidad caerían en manos de las Farc en vez de ser espacios de representación para las víctimas del conflicto.

    Lo que están tratando de imponer con rebuscadas interpretaciones de códigos, artículos de la Constitución y hasta ecuaciones matemáticas es tan abyecto que no han mostrado el más mínimo rubor al decir que el gobierno tenía “un as bajo la manga”, típica expresión de tramposos, tahúres y fulleros, similar a la de jugar con los dados marcados.

    Santos ha violentado todos los umbrales de la decencia de la ética y de la moral y por ello pretende ubicarse por encima de todo, como un ser amoral, al pensar que su palabra empeñada a los criminales de guerra en La Habana y en Bogotá, es la palabra del Estado colombiano y creyéndose a lo Luis XIV que él es el Estado, que ser jefe de estado es lo mismo que ser el Estado.

    A quienes nos acusan de querer volver a la guerra y de exagerar o fantasear con el peligro castrochavista, les decimos que el mejor argumento para demostrar la pertinencia de nuestros temores nos lo proporciona quien hoy ejerce de presidente de la república. Él, con sus actuaciones no solo ha pisoteado la constitución nacional y la institucionalidad, sino que le ha abierto la puerta de la política a quienes quieren implantar ese modelo en Colombia.

    El presidente Santos, o más bien, el tirano, el dictador, el campeón de la arbitrariedad vestida de galas, quiere notificar a la población que dos por dos son seis, que donde por reglamento solo se pueden hacer dos votaciones se pueden hacer tres, que donde una vez se cierra el tiempo de votación hay forma de abrirle el margen para que un amigo salve el proyecto con su voto en extra tiempo, que la mitad más uno de 99 es 50 y no 50 y medio que se acerca al siguiente número entero, es decir, 51.

    Solo un presidente arbitrario y uno que otro consueta pueden entender al revés el artículo 134 de la Constitución y su parágrafo transitorio que claramente estipula el régimen de faltas absolutas y temporales de los congresistas y de la pérdida de investidura por condena, situación en la que aún no están los tres congresistas investigados con los cuales, supuestamente, se rebajaría el quorum del Senado de 102 a 99.

    No hay necesidad de citar a este u otro sabio de la ciencia política para pensar que este hombre ha causado un daño a la democracia comparable al de cualquiera otro de los sátrapas del socialismo del siglo XXI. ¿Con qué o cómo, le vamos a cobrar a Juan Manuel Santos haber hecho añicos la Constitución, la Justicia, la separación de poderes?

    No nos ha dejado el maestro de las trampas otro camino que el de salir a las calles a exigir su renuncia y al de pedirle a la Corte Constitucional que se amarre los pantalones y de muestras de autonomía y rechace la presión de los grandes medios y del Ejecutivo para convertir en nuestra constitución en un papirote.

    Golpe tras golpe Santos se ratifica como un auténtico golpista escondido con el disfraz de la paz. Reúne ya todos los méritos para ser juzgado y destituido.

     Coda, Dice el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández “El Acto Legislativo 2 de 2015 señala que, “para efectos de conformación de quórum” (no de mayorías) “… se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas”.  La norma no es aplicable a las faltas temporales de quienes, aún no condenados, tienen orden de captura en su contra. Así que, al tenor del artículo 375 de la Constitución, para un Acto Legislativo, “la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara”. Son 102 miembros del Senado, y la mitad más uno es 52, no 50 votos.”

    Darío Acevedo Carmona, 4 de diciembre de 2017

  • Las ínfulas monárquicas de Santos y el camino al castrochavismo

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    No satisfecho con haber desconocido la voluntad popular en el plebiscito, el presidente Santos pretende hoy hacer lo mismo con el poder legislativo amenazándolo a través de su vasallo ministro del Interior con convocar el Estado de Conmoción Interior para dotarse de poderes omnímodos y así expedir por decreto la normatividad procesal y estatutaria de la JEP si el Congreso de la República no lo hace.

    En medio de la ofuscación que le causan los resultados ampliamente adversos en las encuestas, Santos apela a las esferas internacionales en las que aún goza de cierto eco su política de paz. Claro, cuenta a su favor el hecho de que los gobiernos y organismos, ocupados en sus propios problemas o en asuntos de mayor calado internacional, no se fijan en la letra menuda, que para nosotros es letra gruesa, pero bien gruesa, siendo esa la razón de sus extraviados apoyos a un proceso de alto riesgo para para nuestra democracia.

    A pesar de haber asegurado en 2012 que sometería los acuerdos a refrendación popular como consta en grabaciones periodísticas, no vaciló en dar marcha atrás e insistió en su aviesa política. En esta y otros reversadas es acolitado por un estrecho círculo que se lucra de su ancha mano para prodigar mermelada.

    Bien lejos quedó su propósito de unir a toda la nación alrededor de un acuerdo. Malogrado el consenso por sus propios yerros y traiciones no solo perdió la confianza de una ciudadanía a la que trató como súbdita, sino que se tapa los oídos ante las voces de alerta de la Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda en el sentido de que los acuerdos firmados, en particular en lo referente a la aplicación de castigos e imposibilidad de otorgar amnistías e indultos a responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra, contrarían la justicia internacional. Habrá que mirar en detalle la respuesta de la Cancillería colombiana que, según crónicas iniciales, descalifica las observaciones de Bensouda en términos desobligantes.

    Pero Santos es muy habilidoso para oxigenar su imagen y encubrir sus pecados. Ante las comprobadas irregularidades en la financiación de sus dos campañas presidenciales, primero, y ante las recientes revelaciones de estar involucrado en los Paradise papers, se inventa giras internacionales, la de esta semana incluyó contactos monárquicos, como los que le atraen, con la reina de Inglaterra, inmersa en el mismo escándalo y con el jeque de los Emiratos Árabes Unidos.

    Tras sus aires monarcales se esconde su aversión a la crítica y su incomprensión sobre lo que es la oposición en una democracia reduciéndola a un factor de molestia. A él solo le gustan las atenciones con tapete y aires marciales por parte de autoridades que no tienen más remedio que respetar los protocolos sin mirar lo que el visitante lleva a sus espaldas.

    Su mayor tortura en los últimos días tiene que ver con la posibilidad de que se malogre la aprobación de la ley reglamentaria de la JEP. Sectores de la Coalición comienzan a escabullirse temerosos de quedar castigados en las próximas elecciones por haberlo apoyado. Muy pocos quieren ser retratados a su lado.

    Y como para que no queden dudas de cuán lejos seguirá llegando, da la señal de estar dispuesto a decretar la Conmoción Interior. Ese tipo de medidas están contempladas en la política de paz diseñada por su ex alto consejero de paz, el filósofo Sergio Jaramillo, que contempla la toma de “medidas extraordinarias y excepcionales” para implementar los acuerdos por al menos un período de diez años llamado “periodo de transición”.

    El balance de sus ímpetus de monarca absolutista no puede ser más trágico. A los “logros” señalados en anteriores columnas agreguémosles las últimas proezas que nos acercan cada vez más a ese modelito del desastre venezolano que algunos intelectuales liberales y progres ven como un espantajo de nuestra imaginación o una argucia demagógica.

    La trinidad Justicia, Historia y Verdad, que no la ha logrado aún el régimen socialista bolivariano o castrochavista de Venezuela en 19 años, aquí, tan solo en unos meses, ya está en las manos de las Farc y sus amigos. Tendrán bancada en el Congreso sin necesidad de votos, a su alrededor orbitan varios movimientos sociales con rimbombantes nombres. Tienen dinero por montones, disidencias tipo retaguardia. Ligaron su reforma agraria con legalización del cultivo de coca, Quieren ir por la presidencia. No pagarán cárcel por delitos atroces. ¿Alguna duda?

    Darío Acevedo Carmona, 13 de noviembre de 2017

  • Paz por las vías de hecho

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    Si en Colombia aún hay rastros de democracia y legitimidad no es por obra del gobierno del señor Santos sino a pesar de él, y gracias al descontento e inconformismo de la población y de la labor persistente e inclaudicable de las fuerzas opositoras.

    Con todos los defectos que se le puedan señalar y con todas las correcciones que se le deben hacer a nuestras instituciones, pocas veces en nuestra historia se había presenciado una obra tan destructora sobre ellas como la que estamos presenciando y sufriendo, similar a un alud sin fin en el que cada piedra o roca cae sobre una ley, una tradición, un valor, un principio.

    Nada ha escapado a la dañina mano del presidente Santos, empezando por la verdad ahogada en su raudal de mentiras, cuál de todas más desvergonzadas. Sus declaraciones quedaron grabadas, por fortuna, para guardar la memoria de ellas, como que nunca se tocaría la Agenda Nacional en las negociaciones con la guerrilla más sanguinaria y cruel del país, ni la Constitución, que habría cárcel para delitos atroces, que no habría elegibilidad para responsables de estos sin antes ser juzgados y condenados, que la última palabra la tendría el pueblo…

    El proceder del gobierno y sus áulicos es tan turbio que no parece haber límites para frenar el desastre que están ocasionando. Seriamente averiados, como si hubiésemos sufrido un terremoto grado 9 en la escala de Richter han ido quedando la separación de poderes pues hasta la Corte Suprema que atinadamente concurrió al diseño de la Ley de Justicia y Paz para los paramilitares, se ha quedado muda, y la Constitucional ha emitido fallos que pretenden ser salomónicos en temas inadmisibles.

    Haber igualado a la guerrilla con el Estado legítimo, haberle dado estatus de guerra al enfrentamiento con grupos narcoterroristas, haberles dado calidad de representantes de la población, haber llamado guerra a lo que es terrorismo, y en esa senda de tragedias presentadas como conquistas, aceptar que un comunista español venga, cual Visitador colonial, a diseñar la JEP el nuevo órgano supremo que se superpone al poder judicial.

    ¿Será que seguimos con esta lista? ¿Cómo no registrar la humillación a nuestros soldados que quedaron sin honor, pues tienen que aceptar que hicieron una guerra que no valió la pena, que solo produjo sufrimiento, que nunca se debió hacer, y que, de acuerdo con una serie de fallos del Consejo de Estado son co-responsables de las masacres de las Farc?

    Ah, ¿Cómo no dar cuenta del desconocimiento, de hecho, de los compromisos del país incorporados a la Constitución, con la Justicia Internacional y la Corte Penal Internacional, cuyas observaciones no se han escuchado, con el estatuto riguroso de esa Corte sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad que no son amnistiables y que deben ser siempre condenados?

    Y ante la resistencia de quienes no hemos doblegado la cerviz y la de algunos que empiezan a caer en cuenta de la demolición del Estado, que los ha llevado a hacer modificaciones a la reforma política (que le da ventajas sin nombre al flamante nuevo partido) y a la vengativa Jurisdicción Especial para la Paz, este gobierno y sus enmermelados defensores en el Congreso y en los Medios, en vez de aceptar que hay que corregir, amenazan con un plan B para salvar la paz.

    La semana pasada los firmes y leales senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, sacaron del bolsillo trasero la carta ganadora para evitar dichos cambios. Le sugirieron al presidente Santos, un hombre hundido en las encuestas, en el ocaso de su pudor, si alguna vez lo tuvo, y en el cenit del cinismo, declarar el Estado de Conmoción Interior para decretar por su propia mano lo que el Congreso de la República se niega, según ellos, cumplir.

    No les bastó desconocer la voluntad popular que el 2 de octubre los derrotó en el plebiscito, sino que quieren desconocer la soberanía popular derivada, el Congreso, y castigarlo porque quiere recuperar su función de hacer y modificar las leyes y no ser un simple notario de las Farc y del presidente.

    La taza de despropósitos se rebosó con la proclamación de las candidaturas de criminales de guerra a la presidencia y al congreso de los jefes de las Farc sin haber rendido cuentas, ni siquiera, ante la justicia por ellos diseñada.

    El desafío para las fuerzas de oposición es pues, descomunal, porque no es cualquier elección la que se va a jugar en el 2018, es ganar o ganar, porque perder es, quizás, entrar en la boca sin fondo del agujero negro de una dictadura copiada, a la colombiana, del modelo chavista.

    Darío Acevedo Carmona, 6 de noviembre de 2017

  • Óscar Iván Zuluaga ¿Ahora sí?

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    De no haber sido por el montaje del Hacker urdido por servicios de inteligencia y de la fiscalía y por los aportes ilegales de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, quien tendría que estar en el sillón presidencial es el doctor Óscar Iván Zuluaga.

    Recuerdo que Santos en un mitin con sus entetados congresistas y dirigentes políticos de distintos partidos prometió destinar inmensos recursos a la campaña que, como bien se intuye, quería decir plata para comprar y movilizar electores a punta de tamal y ron, vieja costumbre que, como también se supo después, fue puesta en práctica por ñonos y musas en departamentos del litoral atlántico en donde, de la noche a la mañana, el que había perdido la primera vuelta por más de medio millón de sufragios apareció vencedor con una ventaja de casi un millón.

    El triunfo de Santos fue, pues, el fruto de montajes, maniobras y financiamiento irregular que hoy está siendo investigado por agentes de la Fiscalía General de la Nación gracias a las confesiones de Otto Bula, el intermediario de la multinacional brasilera en el reparto de las multimillonarias comisiones.

    Conviene tener en cuenta que las conductas investigadas a la campaña Santos constituyen delitos de carácter penal por tratarse de la figura presidencial en juego y de las evidencias sobre otorgamiento de costosos proyectos a esa firma como pago a la “ayuda” prestada en la campaña. Es decir, no era solo un asunto de infracciones en la contabilidad como insinuó el presidente al decir con frivolidad y cinismo que “apenas me vengo a enterar”.

    Y conviene tener en cuenta, igualmente, que el involucramiento de la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga en la recepción de pagos extras por la misma firma extranjera a raíz de declaraciones de su asesor de publicidad Duda Mendonca, en tanto no tipificaba aspectos penales, fue lo que llevó al Fiscal Néstor Humberto Martínez a dejar todo en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) aportándole todo el material recolectado hasta ese momento.

    Y conviene tener en cuenta, también, que el dr Zuluaga, perfilado como la opción más fuerte del Centro Democrático para las elecciones presidenciales del 2018, en gesto decoroso y de transparencia, en vez de aferrarse a su condición, decidió dar un paso al costado para dejar que la investigación del CNE fluyera libremente y sin presiones.

    Y todo lo anterior hay que rememorarlo por cuanto el fallo absolutorio a favor del doctor Zuluaga por parte del CNE removió como un tsunami el modorroso debate de precandidaturas presidenciales con la consecuente reincorporación del doctor Zuluaga a la competencia.

    Y no sé, si fue por eso o por otras razones que se tendrían que hacer explícitas, el Fiscal Martínez salió inmediatamente a la palestra y luego, presuroso, como si hubiese recibido alguna instrucción, lo hizo el Procurador, a decir que las declaraciones del señor Martorelli, el gerente de Odebrecht en el país en el sentido de que esa firma no le dio dineros ni a la campaña ni a Zuluaga, no era suficiente para eximirlo de culpa y que, por el contrario, habría pruebas para condenarlo.

    Se pregunta uno si, como ya ocurrió desafortunadamente en casos anteriores, no hay una colusión de intereses entre elementos de la política y del poder judicial, artimañas, mandados y montajes, en esta situación y en la reacción escandalosa que hemos presenciado generosamente amplificadas en las crónicas de la gran prensa contra el fallo del CNE.

    ¿Cuál es la razón, preguntamos al señor Fiscal General, para retomar un caso que él mismo ante la opinión pública transfirió al CNE? ¿Acaso el CNE, conformado en su gran mayoría por magistrados en representación de la coalición de gobierno se coludió con Zuluaga? ¿o es que, en el fondo del susto que les ha causado el regreso de un peso pesado a la campaña, sonaron las alarmas y hay que echar mano de nuevo a las viejas picardías y trampas para atravesarse en el camino del rival?

    ¿Será que en nuestro país ya ni siquiera es suficiente que un órgano de justicia electoral de por cerrado un caso porque otros órganos y autoridades judiciales se creen con el derecho a clavar una estaca en la espalda sobre aquellos a los que hay que cerrarles el camino para que no se les dañe el arreglito del espurio acuerdo de paz Santos-Farc?

    Coda: para bien de la credibilidad de la política seria, el doctor Zuluaga podrá tomar la decisión de si se lanza a la contienda por la presidencia invocando la enseña uribista de “tener siempre presente los altos interesas de la patria” o se deja paralizar por turbias maniobras.

    Darío Acevedo Carmona, 30 de octubre de 2017

  • Cien años de la revolución bolchevique y nada que celebrar

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    La revolución bolchevique rusa cumple cien años. Fue uno de los sucesos más significativos y de gran repercusión en el siglo XX. Los países en los que se impuso el sistema comunista no celebrarán, pero, realizarán ceremonias de recordación de los millones de víctimas que causó.

    Vladimir Ilich Ulianov, alias Lenin, emergió como la cabeza de un pequeño partido marxista que luchaba contra el régimen zarista en una Rusia empobrecida, empantanada en la costosa gran guerra de 1914 a 1918, en la que reinaba un gran caos político, las elites estaban atomizadas, la mayoría de la población campesina sedienta de tierra, y con un abigarrado panorama de partidos, varios de los cuales enarbolaban la bandera de la república y la democracia como alternativa.

    Los bolcheviques de Lenin, ortodoxos y dogmáticos marxistas enfrentaban un problema teórico porque el Manifiesto Comunista y otros textos de Marx y Engels, fundadores del movimiento, preveían que el socialismo se impondría primero en los países capitalistas desarrollados y Rusia no lo era.

    Fue entonces cuando Lenin formuló su propia teoría, consistente en impulsar la revolución democrático-popular en países de capitalismo incipiente. Dicha teoría consistía en que los comunistas debían hacer alianzas con otras fuerzas para establecer la república, la odiada y falsa democracia burguesa y el capitalismo. (Véase de Lenin “Dos tácticas de la Socialdemocracia -comunismo- en la revolución democrática”).

    Se trataba de reconocer un periodo de transición en el que ellos aplazaban el ideal socialista. La garantía de que ello discurriera sin poner en peligro la meta final era que el proceso estuviera bajo la dirección del partido comunista. De esta forma se zanjó el dilema y Lenin se consagró como el gran continuador del marxismo, cuando, bien mirados los hechos, vendría a ser el primer gran revisionista de esa ideología.

    Dotada de esa hoja de ruta, la facción bolchevique se integró a los movimientos que luchaban por derrocar el zarismo, establecer la república e instaurar la democracia que dieron su fruto entre los meses de marzo y octubre de 1917. Los bolcheviques participaron en elecciones no para fortalecer la democracia burguesa sino para utilizar los espacios que esta disponía para preparar el asalto definitivo al poder.

    Sus consignas finamente elaboradas en consonancia con las duras circunstancias que vivía el país se convirtieron en un imán poderoso para las multitudes que querían pan, paz y tierra. En ese programa no asomaba su nariz el lobo comunista. Infiltraron el ejército, las industrias y los aparatos del paquidérmico estado zarista. Cuando las circunstancias fueron propicias a su designio proclamaron una consigna demoledora: “todo el poder a los soviets” organismos de representación encargados de la creación del nuevo orden republicano.

    Lo que sucedió en aquel octubre marcaría profundamente la vida mundial en el siglo pasado porque fue el inició de la confrontación no solo teórica e ideológica sino material entre el sistema capitalista y el comunista. Hacia mediados del siglo, Rusia convertida en la Unión Soviética por la anexión y federación de varios países, la China de Mao, los países de Europa Oriental (la Cortina de Hierro) y unos pocos en África y América, constituían casi la mitad del mundo en población bajo el dominio comunista.

    Sin embargo, hacia fines de los años ochenta ese sistema colapsó por la vía menos pensada, la implosión, a causa del desgaste ocasionado por su incapacidad para hacer realidad el paraíso terrenal para los pueblos. Millones de personas sucumbieron por hambre y por represión. Feroces dictadores como Stalin, Mao, Pol Pot, Fidel, Ceasescu, impusieron el terror causando grandes desastres humanitarios. De aquel “todo el poder a los soviets” siguió la supuesta dictadura del proletariado, luego la del partido, de este pasó al Comité Central y después al Politburó, una auténtica guardia pretoriana para quien habría de ser el Secretario General del partido, el “Gran Líder” a quien la población y todas las instituciones debían obediencia ciega y amor incondicional.

    Esa historia, que está saliendo a la luz pública, se fraguó a través de una fantástica manipulación de la información basada en la difusión permanente de noticias de un solo color que relataba los éxitos del modelo y desaparecía todo lo negativo. Maestros de la propaganda promovieron el uso sistemático de insignias, emblemas, consignas, e ideas fuerza para homogenizar las mentes y movilizar a la población en función de su líder. El culto a la personalidad, la eliminación sin juicio de toda voz discordante o disidente. Quien no amara el socialismo estaba loco y era enviado a campos de concentración y reeducación.

    El saldo que dejó es trágico y doloroso, un fracaso total en su idea de derrotar el capitalismo que ha sobrevivido a pesar de las actas de defunción pronosticadas como “crisis final”. Lenin, cual dios, terminó momificado y usado como icono de la revolución en la Plaza Roja de Moscú a la vista de fieles y turistas.

    Veintisiete años después de ese sunami aún hay partidos y líderes que insisten. Por ejemplo, un dictador que convirtió el ideal del poder a los soviets en poder dinástico a la manera feudal y juega a la guerra nuclear. Un par de astutos dictadores que hicieron de una esplendorosa isla una famélica sociedad vigilada por una tenebrosa policía política cuya economía parásita se sostuvo con las dádivas soviéticas y hoy del petróleo de un vecino ricachón que siguiendo su ejemplo convirtió a uno de los países más ricos del mundo en uno de los más pobres.  

    Y en Colombia hay comunistas armados y desarmados, infiltrados por doquier, que intentan seguir ese derrotero, y como son bolcheviques no se puede bajar la guardia porque el curso de la política no es como un juego de dominó.

    Darío Acevedo Carmona, 23 de octubre de 2017

  • Blindaje averiado

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    Que el tal Acuerdo de Paz no se incluye en la constitución y que es una política de Estado que no podrá ser desconocida ni modificada por 12 años, fueron los dos mensajes más importantes de la decisión tomada por la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo 02 de 2017.

    Aunque algunos medios gobiernistas se apresuraron a concluir que de esa manera la Corte blindaba el Acuerdo y que el propio presidente Santos y su beligerante ministro del Interior cantaran victoria, algunos analistas como José Gregorio Hernández en El Siglo y Jorge Humberto Botero en Debate, entre otros, demostraron que no había razón para celebraciones. 

    Primero, porque en política y en ley nada es inmutable ni siquiera ese ámbito de leyes que se agrupan en el concepto de Bloque de Constitucionalidad.

    Segundo, porque la Corte al decidir que el Acuerdo no entra en la constitución cerró la puerta a la idea de que el mismo tiene rango internacional como los que se firman entre estados, pretensión de las Farc al depositarlo en la Cruz Roja Internacional en Suiza.

    Y tercero, porque un nuevo gobierno y unas nuevas mayorías pueden echar atrás esa decisión apoyándose en la propia Constitución, también se pueden modificar o derogar aspectos lesivos a la democracia y a los tratados internacionales por la vía de un referendo revocatorio o de la convocatoria de una asamblea constituyente. Ambas iniciativas son viables.

    ¿Quién, desde el punto de vista legal, puede alegar que el artículo 3 de la Carta que reza “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público…” dejó de tener vigencia?, ¿quién o qué instancia emanada del poder soberano del pueblo puede eliminar o asesinar a su progenitor?

    La gran confusión inicial surgió de la calificación de política de Estado que se le dio al Acuerdo con el añadido de que se debía respetar, acatar y cumplir lo pactado sin cambiar nada, interpretada erróneamente como blindaje, porque una política de Estado supone un gran consenso nacional, condición inexistente, y porque ella no es inmodificable pues ni siquiera teniendo el rango de bloque de constitucionalidad puede estar a salvo de cambios.

    Para entender la raíz de los equívocos debemos remitirnos a la socorrida tesis utilizada para validar ética y normativamente la impunidad subyacente en el Acuerdo consistente en haber elevado el derecho a la paz, contemplado en el artículo 22 de la Constitución, a categoría de principio supremo, incluso por encima del de Justicia.

     Tal punto de vista acogido en las negociaciones de La Habana, a su vez, es la directa consecuencia de haberse aceptado que el enfrentamiento con grupos terroristas fue una “guerra civil” que dejó al Estado colombiano en calidad de belicoso o beligerante.

    El sentido filosófico del derecho a la paz quiere decir que el Estado ni busca ni declara la guerra y, de acuerdo con el artículo 188 de la Constitución Nacional, estipula que el presidente tiene la función de “dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente”, o sea, dirigir las armas de la república para defender las instituciones, la libertad y la democracia ante una agresión externa o ante acciones terroristas de grupos armados irregulares.

    Esa idea distorsionada del derecho a la paz no es compartida en el país, al respecto no hay unanimidad y por ello es una arbitrariedad imponerla como principio rector de la sociedad. El Estado no le declaró la guerra a nadie y cumplir con la obligación constitucional de defender a sus asociados en sus vidas, bienes y honra no es hacer la guerra.

    El repentino pacifismo de los violentos avalado por un gobierno débil y entreguista, supondría que la paz firmada en La Habana y luego en Bogotá es la que quieren los colombianos cuando el plebiscito del 2 de octubre del 2016 dijo lo contrario.

    Cierro el comentario con una breve reflexión acerca de las implicaciones políticas del fallo en comento. La lucha por la presidencia el próximo año y en eventos posteriores no puede perder el sentido de disputa y controversia que reconoce la constitución. Una lectura oportunista de parte del gobierno y sus adláteres convertiría el Acuerdo de Paz en una camisa de fuerza para todos los candidatos, lo cual desdice de lo que es una política de Estado.

    Esa “camisa de fuerza” iría en contradicción con la no incorporación del Acuerdo en la Constitución que es la única limitación aceptable en una democracia en la lucha por el gobierno. Por tanto, si el Acuerdo no va a estar en la Constitución no podrá evitar el libre debate programático e ideológico en la campaña venidera sobre todos los temas de la agenda nacional y, por supuesto sobre ese cuestionable Acuerdo.

    Coda: hoy, más que ayer y antier, se requiere la formación del más amplio frente por la salvación de la república, la derogación de la JEP y la convocatoria a la protesta activa contra la galopante corrupción oficial

    .Darío Acevedo Carmona, 16 de octubre de 2017

  • ¿Dejaremos que se imponga la verdad de los derrotados?

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    No nos debe caber la menor duda de que con la selección de la Comisión de la Verdad va a suceder lo mismo que con la de los integrantes de la JEP para las salas de justicia, ambas son parte del monumental paquete navideño regalado por el gobierno Santos a la guerrilla de las Farc.

    Del trato de parte igual se derivan muchísimas consecuencias nefastas para la sociedad y las instituciones. Y una de ellas es la que tiene que ver con la invocada y anhelada verdad que, por obra y gracia de una política claudicante, puede quedar en manos de quienes tienen ya un discurso preparado desde hace años y que se ha vendido como fruto de “profundas investigaciones académicas”.

    La renuncia del Estado a defender la causa enarbolada por los uniformados de las distintas armas de la república significaría, si no hacemos algo urgente para derogar este y otros engendros, aceptar tesis que causarían daños irreparables a las víctimas, a la institucionalidad, a la democracia, a las Fuerzas Armadas y a la misma verdad.

    Por ejemplo, que las guerrillas comunistas creadas casi simultáneamente entre 1964 y 1966 son el fruto o la consecuencia de una política excluyente y no de proyectos comunistas.

    Que el levantamiento armado, además, se justificó por la existencia de profundas desigualdades e injusticias y la no resolución del problema de la tierra, vigente desde la época colonial para unos y desde la misma independencia para los menos radicales.

    Que las guerrillas eran las representantes de la clase obrera y el campesinado que en alianza con otros sectores populares estaban identificados en luchar por el triunfo de la revolución socialista y la liberación nacional.

    Que la responsable de todo fue una voraz oligarquía apoyada por el imperialismo yanqui al que entregó el país y nuestra soberanía y cuyos gobiernos adoptaron la política norteamericana de la “seguridad nacional” que consistió en enfrentar y reprimir todas las protestas y luchas populares pacíficas y armadas tildándolas de subversión comunista.

    Que los gobiernos dictatoriales al servicio de esa oligarquía en vez de “resolver” los graves problemas de la nación, optaron por la represión política y armada asumiendo una posición militarista y de guerra sucia que derivó en la formación de grupos paramilitares como política de estado, para combatir a los luchadores populares y a los insurgentes.

    Que ellas nunca cometieron crímenes de lesa humanidad ni de guerra y que el secuestro, el narcotráfico, el reclutamiento de menores, la violación de niñas y mujeres embarazadas obligadas a abortar, la voladura de sitios civiles como el club El Nogal y la iglesia de Bojayá y el asesinato a sangre fría de los diputados del Valle y los concejales de Rivera, Huila, entre otros incontables atropellos a la población civil a policías y soldados y a familias enteras de políticos y empresarios, son delitos conexos al delito de rebelión.

    La “Verdad guerrillera”, pretende convertirse en verdad oficial y cancelar el debate histórico. En verdad, nos depararía escenarios que ya empezamos a ver como que el Estado pida perdón a las víctimas de Bojayá, argumentando que no brindó la seguridad necesaria a las gentes, camino por el cual, el Estado colombiano terminará siendo culpable de todo, hasta del surgimiento de esas guerrillas que nada tendrían que haber visto con orientaciones revolucionarias del dictador Castro, del partido comunista colombiano y de la dictadura maoísta.

    O que el mal ejemplo de ser indignos cunda en las filas cuando agentes del orden fraternizan con comandantes guerrilleros que no han resuelto su situación jurídica ni pagado las condenas impuestas por sus crímenes atroces.

    O que las víctimas de las Farc queden a la espera inútil del resarcimiento a que tienen derecho porque las guerrillas solo entregaron unos nimios bienes que no alcanzan ni para una cena para cada una de las familias reclamantes.

    O que nuestras fuerzas armadas se vean ante el panorama humillante de haber luchado vanamente contra unas guerrillas que no eran tan desalmadas como se les había dicho. Y que las armas legítimas del Ejército, la Armada, la Aviación y la Policía, no estaban defendiendo el orden ni la constitución ni las libertades ni la democracia sino un régimen de exclusión, una dictadura, una causa manchada de sangre inocente, una política de estado estilo Somoza o Trujillo y que eran golpistas.

    El escenario ya se ha dibujado en miles de agentes oficiales de todos los grados en cárceles, miles de lisiados que se preguntarán ¿y entonces para qué tanto sacrificio?, decenas de oficiales degradados, varias cúpulas de generales llamados a calificar servicios, avergonzadas, ¿y los que quedan? Catatónicos viendo el mundo al revés en el que los pillos ahora son los héroes, legisladores, mientras sus compañeros de armas quedan con esa espada de Damocles que es la JEP sobre sus espaldas, desconcertados y desanimados, sin fe en el futuro como diciendo ¿Dios mío qué pasó, por qué ganamos esta guerra y terminamos perdiéndola?

    Darío Acevedo Carmona, 9 de octubre de 2017