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OPINION

  • Las ínfulas monárquicas de Santos y el camino al castrochavismo

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    No satisfecho con haber desconocido la voluntad popular en el plebiscito, el presidente Santos pretende hoy hacer lo mismo con el poder legislativo amenazándolo a través de su vasallo ministro del Interior con convocar el Estado de Conmoción Interior para dotarse de poderes omnímodos y así expedir por decreto la normatividad procesal y estatutaria de la JEP si el Congreso de la República no lo hace.

    En medio de la ofuscación que le causan los resultados ampliamente adversos en las encuestas, Santos apela a las esferas internacionales en las que aún goza de cierto eco su política de paz. Claro, cuenta a su favor el hecho de que los gobiernos y organismos, ocupados en sus propios problemas o en asuntos de mayor calado internacional, no se fijan en la letra menuda, que para nosotros es letra gruesa, pero bien gruesa, siendo esa la razón de sus extraviados apoyos a un proceso de alto riesgo para para nuestra democracia.

    A pesar de haber asegurado en 2012 que sometería los acuerdos a refrendación popular como consta en grabaciones periodísticas, no vaciló en dar marcha atrás e insistió en su aviesa política. En esta y otros reversadas es acolitado por un estrecho círculo que se lucra de su ancha mano para prodigar mermelada.

    Bien lejos quedó su propósito de unir a toda la nación alrededor de un acuerdo. Malogrado el consenso por sus propios yerros y traiciones no solo perdió la confianza de una ciudadanía a la que trató como súbdita, sino que se tapa los oídos ante las voces de alerta de la Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda en el sentido de que los acuerdos firmados, en particular en lo referente a la aplicación de castigos e imposibilidad de otorgar amnistías e indultos a responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra, contrarían la justicia internacional. Habrá que mirar en detalle la respuesta de la Cancillería colombiana que, según crónicas iniciales, descalifica las observaciones de Bensouda en términos desobligantes.

    Pero Santos es muy habilidoso para oxigenar su imagen y encubrir sus pecados. Ante las comprobadas irregularidades en la financiación de sus dos campañas presidenciales, primero, y ante las recientes revelaciones de estar involucrado en los Paradise papers, se inventa giras internacionales, la de esta semana incluyó contactos monárquicos, como los que le atraen, con la reina de Inglaterra, inmersa en el mismo escándalo y con el jeque de los Emiratos Árabes Unidos.

    Tras sus aires monarcales se esconde su aversión a la crítica y su incomprensión sobre lo que es la oposición en una democracia reduciéndola a un factor de molestia. A él solo le gustan las atenciones con tapete y aires marciales por parte de autoridades que no tienen más remedio que respetar los protocolos sin mirar lo que el visitante lleva a sus espaldas.

    Su mayor tortura en los últimos días tiene que ver con la posibilidad de que se malogre la aprobación de la ley reglamentaria de la JEP. Sectores de la Coalición comienzan a escabullirse temerosos de quedar castigados en las próximas elecciones por haberlo apoyado. Muy pocos quieren ser retratados a su lado.

    Y como para que no queden dudas de cuán lejos seguirá llegando, da la señal de estar dispuesto a decretar la Conmoción Interior. Ese tipo de medidas están contempladas en la política de paz diseñada por su ex alto consejero de paz, el filósofo Sergio Jaramillo, que contempla la toma de “medidas extraordinarias y excepcionales” para implementar los acuerdos por al menos un período de diez años llamado “periodo de transición”.

    El balance de sus ímpetus de monarca absolutista no puede ser más trágico. A los “logros” señalados en anteriores columnas agreguémosles las últimas proezas que nos acercan cada vez más a ese modelito del desastre venezolano que algunos intelectuales liberales y progres ven como un espantajo de nuestra imaginación o una argucia demagógica.

    La trinidad Justicia, Historia y Verdad, que no la ha logrado aún el régimen socialista bolivariano o castrochavista de Venezuela en 19 años, aquí, tan solo en unos meses, ya está en las manos de las Farc y sus amigos. Tendrán bancada en el Congreso sin necesidad de votos, a su alrededor orbitan varios movimientos sociales con rimbombantes nombres. Tienen dinero por montones, disidencias tipo retaguardia. Ligaron su reforma agraria con legalización del cultivo de coca, Quieren ir por la presidencia. No pagarán cárcel por delitos atroces. ¿Alguna duda?

    Darío Acevedo Carmona, 13 de noviembre de 2017

  • Paz por las vías de hecho

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    Si en Colombia aún hay rastros de democracia y legitimidad no es por obra del gobierno del señor Santos sino a pesar de él, y gracias al descontento e inconformismo de la población y de la labor persistente e inclaudicable de las fuerzas opositoras.

    Con todos los defectos que se le puedan señalar y con todas las correcciones que se le deben hacer a nuestras instituciones, pocas veces en nuestra historia se había presenciado una obra tan destructora sobre ellas como la que estamos presenciando y sufriendo, similar a un alud sin fin en el que cada piedra o roca cae sobre una ley, una tradición, un valor, un principio.

    Nada ha escapado a la dañina mano del presidente Santos, empezando por la verdad ahogada en su raudal de mentiras, cuál de todas más desvergonzadas. Sus declaraciones quedaron grabadas, por fortuna, para guardar la memoria de ellas, como que nunca se tocaría la Agenda Nacional en las negociaciones con la guerrilla más sanguinaria y cruel del país, ni la Constitución, que habría cárcel para delitos atroces, que no habría elegibilidad para responsables de estos sin antes ser juzgados y condenados, que la última palabra la tendría el pueblo…

    El proceder del gobierno y sus áulicos es tan turbio que no parece haber límites para frenar el desastre que están ocasionando. Seriamente averiados, como si hubiésemos sufrido un terremoto grado 9 en la escala de Richter han ido quedando la separación de poderes pues hasta la Corte Suprema que atinadamente concurrió al diseño de la Ley de Justicia y Paz para los paramilitares, se ha quedado muda, y la Constitucional ha emitido fallos que pretenden ser salomónicos en temas inadmisibles.

    Haber igualado a la guerrilla con el Estado legítimo, haberle dado estatus de guerra al enfrentamiento con grupos narcoterroristas, haberles dado calidad de representantes de la población, haber llamado guerra a lo que es terrorismo, y en esa senda de tragedias presentadas como conquistas, aceptar que un comunista español venga, cual Visitador colonial, a diseñar la JEP el nuevo órgano supremo que se superpone al poder judicial.

    ¿Será que seguimos con esta lista? ¿Cómo no registrar la humillación a nuestros soldados que quedaron sin honor, pues tienen que aceptar que hicieron una guerra que no valió la pena, que solo produjo sufrimiento, que nunca se debió hacer, y que, de acuerdo con una serie de fallos del Consejo de Estado son co-responsables de las masacres de las Farc?

    Ah, ¿Cómo no dar cuenta del desconocimiento, de hecho, de los compromisos del país incorporados a la Constitución, con la Justicia Internacional y la Corte Penal Internacional, cuyas observaciones no se han escuchado, con el estatuto riguroso de esa Corte sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad que no son amnistiables y que deben ser siempre condenados?

    Y ante la resistencia de quienes no hemos doblegado la cerviz y la de algunos que empiezan a caer en cuenta de la demolición del Estado, que los ha llevado a hacer modificaciones a la reforma política (que le da ventajas sin nombre al flamante nuevo partido) y a la vengativa Jurisdicción Especial para la Paz, este gobierno y sus enmermelados defensores en el Congreso y en los Medios, en vez de aceptar que hay que corregir, amenazan con un plan B para salvar la paz.

    La semana pasada los firmes y leales senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, sacaron del bolsillo trasero la carta ganadora para evitar dichos cambios. Le sugirieron al presidente Santos, un hombre hundido en las encuestas, en el ocaso de su pudor, si alguna vez lo tuvo, y en el cenit del cinismo, declarar el Estado de Conmoción Interior para decretar por su propia mano lo que el Congreso de la República se niega, según ellos, cumplir.

    No les bastó desconocer la voluntad popular que el 2 de octubre los derrotó en el plebiscito, sino que quieren desconocer la soberanía popular derivada, el Congreso, y castigarlo porque quiere recuperar su función de hacer y modificar las leyes y no ser un simple notario de las Farc y del presidente.

    La taza de despropósitos se rebosó con la proclamación de las candidaturas de criminales de guerra a la presidencia y al congreso de los jefes de las Farc sin haber rendido cuentas, ni siquiera, ante la justicia por ellos diseñada.

    El desafío para las fuerzas de oposición es pues, descomunal, porque no es cualquier elección la que se va a jugar en el 2018, es ganar o ganar, porque perder es, quizás, entrar en la boca sin fondo del agujero negro de una dictadura copiada, a la colombiana, del modelo chavista.

    Darío Acevedo Carmona, 6 de noviembre de 2017

  • Óscar Iván Zuluaga ¿Ahora sí?

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    De no haber sido por el montaje del Hacker urdido por servicios de inteligencia y de la fiscalía y por los aportes ilegales de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, quien tendría que estar en el sillón presidencial es el doctor Óscar Iván Zuluaga.

    Recuerdo que Santos en un mitin con sus entetados congresistas y dirigentes políticos de distintos partidos prometió destinar inmensos recursos a la campaña que, como bien se intuye, quería decir plata para comprar y movilizar electores a punta de tamal y ron, vieja costumbre que, como también se supo después, fue puesta en práctica por ñonos y musas en departamentos del litoral atlántico en donde, de la noche a la mañana, el que había perdido la primera vuelta por más de medio millón de sufragios apareció vencedor con una ventaja de casi un millón.

    El triunfo de Santos fue, pues, el fruto de montajes, maniobras y financiamiento irregular que hoy está siendo investigado por agentes de la Fiscalía General de la Nación gracias a las confesiones de Otto Bula, el intermediario de la multinacional brasilera en el reparto de las multimillonarias comisiones.

    Conviene tener en cuenta que las conductas investigadas a la campaña Santos constituyen delitos de carácter penal por tratarse de la figura presidencial en juego y de las evidencias sobre otorgamiento de costosos proyectos a esa firma como pago a la “ayuda” prestada en la campaña. Es decir, no era solo un asunto de infracciones en la contabilidad como insinuó el presidente al decir con frivolidad y cinismo que “apenas me vengo a enterar”.

    Y conviene tener en cuenta, igualmente, que el involucramiento de la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga en la recepción de pagos extras por la misma firma extranjera a raíz de declaraciones de su asesor de publicidad Duda Mendonca, en tanto no tipificaba aspectos penales, fue lo que llevó al Fiscal Néstor Humberto Martínez a dejar todo en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) aportándole todo el material recolectado hasta ese momento.

    Y conviene tener en cuenta, también, que el dr Zuluaga, perfilado como la opción más fuerte del Centro Democrático para las elecciones presidenciales del 2018, en gesto decoroso y de transparencia, en vez de aferrarse a su condición, decidió dar un paso al costado para dejar que la investigación del CNE fluyera libremente y sin presiones.

    Y todo lo anterior hay que rememorarlo por cuanto el fallo absolutorio a favor del doctor Zuluaga por parte del CNE removió como un tsunami el modorroso debate de precandidaturas presidenciales con la consecuente reincorporación del doctor Zuluaga a la competencia.

    Y no sé, si fue por eso o por otras razones que se tendrían que hacer explícitas, el Fiscal Martínez salió inmediatamente a la palestra y luego, presuroso, como si hubiese recibido alguna instrucción, lo hizo el Procurador, a decir que las declaraciones del señor Martorelli, el gerente de Odebrecht en el país en el sentido de que esa firma no le dio dineros ni a la campaña ni a Zuluaga, no era suficiente para eximirlo de culpa y que, por el contrario, habría pruebas para condenarlo.

    Se pregunta uno si, como ya ocurrió desafortunadamente en casos anteriores, no hay una colusión de intereses entre elementos de la política y del poder judicial, artimañas, mandados y montajes, en esta situación y en la reacción escandalosa que hemos presenciado generosamente amplificadas en las crónicas de la gran prensa contra el fallo del CNE.

    ¿Cuál es la razón, preguntamos al señor Fiscal General, para retomar un caso que él mismo ante la opinión pública transfirió al CNE? ¿Acaso el CNE, conformado en su gran mayoría por magistrados en representación de la coalición de gobierno se coludió con Zuluaga? ¿o es que, en el fondo del susto que les ha causado el regreso de un peso pesado a la campaña, sonaron las alarmas y hay que echar mano de nuevo a las viejas picardías y trampas para atravesarse en el camino del rival?

    ¿Será que en nuestro país ya ni siquiera es suficiente que un órgano de justicia electoral de por cerrado un caso porque otros órganos y autoridades judiciales se creen con el derecho a clavar una estaca en la espalda sobre aquellos a los que hay que cerrarles el camino para que no se les dañe el arreglito del espurio acuerdo de paz Santos-Farc?

    Coda: para bien de la credibilidad de la política seria, el doctor Zuluaga podrá tomar la decisión de si se lanza a la contienda por la presidencia invocando la enseña uribista de “tener siempre presente los altos interesas de la patria” o se deja paralizar por turbias maniobras.

    Darío Acevedo Carmona, 30 de octubre de 2017

  • Cien años de la revolución bolchevique y nada que celebrar

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    La revolución bolchevique rusa cumple cien años. Fue uno de los sucesos más significativos y de gran repercusión en el siglo XX. Los países en los que se impuso el sistema comunista no celebrarán, pero, realizarán ceremonias de recordación de los millones de víctimas que causó.

    Vladimir Ilich Ulianov, alias Lenin, emergió como la cabeza de un pequeño partido marxista que luchaba contra el régimen zarista en una Rusia empobrecida, empantanada en la costosa gran guerra de 1914 a 1918, en la que reinaba un gran caos político, las elites estaban atomizadas, la mayoría de la población campesina sedienta de tierra, y con un abigarrado panorama de partidos, varios de los cuales enarbolaban la bandera de la república y la democracia como alternativa.

    Los bolcheviques de Lenin, ortodoxos y dogmáticos marxistas enfrentaban un problema teórico porque el Manifiesto Comunista y otros textos de Marx y Engels, fundadores del movimiento, preveían que el socialismo se impondría primero en los países capitalistas desarrollados y Rusia no lo era.

    Fue entonces cuando Lenin formuló su propia teoría, consistente en impulsar la revolución democrático-popular en países de capitalismo incipiente. Dicha teoría consistía en que los comunistas debían hacer alianzas con otras fuerzas para establecer la república, la odiada y falsa democracia burguesa y el capitalismo. (Véase de Lenin “Dos tácticas de la Socialdemocracia -comunismo- en la revolución democrática”).

    Se trataba de reconocer un periodo de transición en el que ellos aplazaban el ideal socialista. La garantía de que ello discurriera sin poner en peligro la meta final era que el proceso estuviera bajo la dirección del partido comunista. De esta forma se zanjó el dilema y Lenin se consagró como el gran continuador del marxismo, cuando, bien mirados los hechos, vendría a ser el primer gran revisionista de esa ideología.

    Dotada de esa hoja de ruta, la facción bolchevique se integró a los movimientos que luchaban por derrocar el zarismo, establecer la república e instaurar la democracia que dieron su fruto entre los meses de marzo y octubre de 1917. Los bolcheviques participaron en elecciones no para fortalecer la democracia burguesa sino para utilizar los espacios que esta disponía para preparar el asalto definitivo al poder.

    Sus consignas finamente elaboradas en consonancia con las duras circunstancias que vivía el país se convirtieron en un imán poderoso para las multitudes que querían pan, paz y tierra. En ese programa no asomaba su nariz el lobo comunista. Infiltraron el ejército, las industrias y los aparatos del paquidérmico estado zarista. Cuando las circunstancias fueron propicias a su designio proclamaron una consigna demoledora: “todo el poder a los soviets” organismos de representación encargados de la creación del nuevo orden republicano.

    Lo que sucedió en aquel octubre marcaría profundamente la vida mundial en el siglo pasado porque fue el inició de la confrontación no solo teórica e ideológica sino material entre el sistema capitalista y el comunista. Hacia mediados del siglo, Rusia convertida en la Unión Soviética por la anexión y federación de varios países, la China de Mao, los países de Europa Oriental (la Cortina de Hierro) y unos pocos en África y América, constituían casi la mitad del mundo en población bajo el dominio comunista.

    Sin embargo, hacia fines de los años ochenta ese sistema colapsó por la vía menos pensada, la implosión, a causa del desgaste ocasionado por su incapacidad para hacer realidad el paraíso terrenal para los pueblos. Millones de personas sucumbieron por hambre y por represión. Feroces dictadores como Stalin, Mao, Pol Pot, Fidel, Ceasescu, impusieron el terror causando grandes desastres humanitarios. De aquel “todo el poder a los soviets” siguió la supuesta dictadura del proletariado, luego la del partido, de este pasó al Comité Central y después al Politburó, una auténtica guardia pretoriana para quien habría de ser el Secretario General del partido, el “Gran Líder” a quien la población y todas las instituciones debían obediencia ciega y amor incondicional.

    Esa historia, que está saliendo a la luz pública, se fraguó a través de una fantástica manipulación de la información basada en la difusión permanente de noticias de un solo color que relataba los éxitos del modelo y desaparecía todo lo negativo. Maestros de la propaganda promovieron el uso sistemático de insignias, emblemas, consignas, e ideas fuerza para homogenizar las mentes y movilizar a la población en función de su líder. El culto a la personalidad, la eliminación sin juicio de toda voz discordante o disidente. Quien no amara el socialismo estaba loco y era enviado a campos de concentración y reeducación.

    El saldo que dejó es trágico y doloroso, un fracaso total en su idea de derrotar el capitalismo que ha sobrevivido a pesar de las actas de defunción pronosticadas como “crisis final”. Lenin, cual dios, terminó momificado y usado como icono de la revolución en la Plaza Roja de Moscú a la vista de fieles y turistas.

    Veintisiete años después de ese sunami aún hay partidos y líderes que insisten. Por ejemplo, un dictador que convirtió el ideal del poder a los soviets en poder dinástico a la manera feudal y juega a la guerra nuclear. Un par de astutos dictadores que hicieron de una esplendorosa isla una famélica sociedad vigilada por una tenebrosa policía política cuya economía parásita se sostuvo con las dádivas soviéticas y hoy del petróleo de un vecino ricachón que siguiendo su ejemplo convirtió a uno de los países más ricos del mundo en uno de los más pobres.  

    Y en Colombia hay comunistas armados y desarmados, infiltrados por doquier, que intentan seguir ese derrotero, y como son bolcheviques no se puede bajar la guardia porque el curso de la política no es como un juego de dominó.

    Darío Acevedo Carmona, 23 de octubre de 2017

  • Blindaje averiado

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    Que el tal Acuerdo de Paz no se incluye en la constitución y que es una política de Estado que no podrá ser desconocida ni modificada por 12 años, fueron los dos mensajes más importantes de la decisión tomada por la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo 02 de 2017.

    Aunque algunos medios gobiernistas se apresuraron a concluir que de esa manera la Corte blindaba el Acuerdo y que el propio presidente Santos y su beligerante ministro del Interior cantaran victoria, algunos analistas como José Gregorio Hernández en El Siglo y Jorge Humberto Botero en Debate, entre otros, demostraron que no había razón para celebraciones. 

    Primero, porque en política y en ley nada es inmutable ni siquiera ese ámbito de leyes que se agrupan en el concepto de Bloque de Constitucionalidad.

    Segundo, porque la Corte al decidir que el Acuerdo no entra en la constitución cerró la puerta a la idea de que el mismo tiene rango internacional como los que se firman entre estados, pretensión de las Farc al depositarlo en la Cruz Roja Internacional en Suiza.

    Y tercero, porque un nuevo gobierno y unas nuevas mayorías pueden echar atrás esa decisión apoyándose en la propia Constitución, también se pueden modificar o derogar aspectos lesivos a la democracia y a los tratados internacionales por la vía de un referendo revocatorio o de la convocatoria de una asamblea constituyente. Ambas iniciativas son viables.

    ¿Quién, desde el punto de vista legal, puede alegar que el artículo 3 de la Carta que reza “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público…” dejó de tener vigencia?, ¿quién o qué instancia emanada del poder soberano del pueblo puede eliminar o asesinar a su progenitor?

    La gran confusión inicial surgió de la calificación de política de Estado que se le dio al Acuerdo con el añadido de que se debía respetar, acatar y cumplir lo pactado sin cambiar nada, interpretada erróneamente como blindaje, porque una política de Estado supone un gran consenso nacional, condición inexistente, y porque ella no es inmodificable pues ni siquiera teniendo el rango de bloque de constitucionalidad puede estar a salvo de cambios.

    Para entender la raíz de los equívocos debemos remitirnos a la socorrida tesis utilizada para validar ética y normativamente la impunidad subyacente en el Acuerdo consistente en haber elevado el derecho a la paz, contemplado en el artículo 22 de la Constitución, a categoría de principio supremo, incluso por encima del de Justicia.

     Tal punto de vista acogido en las negociaciones de La Habana, a su vez, es la directa consecuencia de haberse aceptado que el enfrentamiento con grupos terroristas fue una “guerra civil” que dejó al Estado colombiano en calidad de belicoso o beligerante.

    El sentido filosófico del derecho a la paz quiere decir que el Estado ni busca ni declara la guerra y, de acuerdo con el artículo 188 de la Constitución Nacional, estipula que el presidente tiene la función de “dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente”, o sea, dirigir las armas de la república para defender las instituciones, la libertad y la democracia ante una agresión externa o ante acciones terroristas de grupos armados irregulares.

    Esa idea distorsionada del derecho a la paz no es compartida en el país, al respecto no hay unanimidad y por ello es una arbitrariedad imponerla como principio rector de la sociedad. El Estado no le declaró la guerra a nadie y cumplir con la obligación constitucional de defender a sus asociados en sus vidas, bienes y honra no es hacer la guerra.

    El repentino pacifismo de los violentos avalado por un gobierno débil y entreguista, supondría que la paz firmada en La Habana y luego en Bogotá es la que quieren los colombianos cuando el plebiscito del 2 de octubre del 2016 dijo lo contrario.

    Cierro el comentario con una breve reflexión acerca de las implicaciones políticas del fallo en comento. La lucha por la presidencia el próximo año y en eventos posteriores no puede perder el sentido de disputa y controversia que reconoce la constitución. Una lectura oportunista de parte del gobierno y sus adláteres convertiría el Acuerdo de Paz en una camisa de fuerza para todos los candidatos, lo cual desdice de lo que es una política de Estado.

    Esa “camisa de fuerza” iría en contradicción con la no incorporación del Acuerdo en la Constitución que es la única limitación aceptable en una democracia en la lucha por el gobierno. Por tanto, si el Acuerdo no va a estar en la Constitución no podrá evitar el libre debate programático e ideológico en la campaña venidera sobre todos los temas de la agenda nacional y, por supuesto sobre ese cuestionable Acuerdo.

    Coda: hoy, más que ayer y antier, se requiere la formación del más amplio frente por la salvación de la república, la derogación de la JEP y la convocatoria a la protesta activa contra la galopante corrupción oficial

    .Darío Acevedo Carmona, 16 de octubre de 2017

  • ¿Dejaremos que se imponga la verdad de los derrotados?

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    No nos debe caber la menor duda de que con la selección de la Comisión de la Verdad va a suceder lo mismo que con la de los integrantes de la JEP para las salas de justicia, ambas son parte del monumental paquete navideño regalado por el gobierno Santos a la guerrilla de las Farc.

    Del trato de parte igual se derivan muchísimas consecuencias nefastas para la sociedad y las instituciones. Y una de ellas es la que tiene que ver con la invocada y anhelada verdad que, por obra y gracia de una política claudicante, puede quedar en manos de quienes tienen ya un discurso preparado desde hace años y que se ha vendido como fruto de “profundas investigaciones académicas”.

    La renuncia del Estado a defender la causa enarbolada por los uniformados de las distintas armas de la república significaría, si no hacemos algo urgente para derogar este y otros engendros, aceptar tesis que causarían daños irreparables a las víctimas, a la institucionalidad, a la democracia, a las Fuerzas Armadas y a la misma verdad.

    Por ejemplo, que las guerrillas comunistas creadas casi simultáneamente entre 1964 y 1966 son el fruto o la consecuencia de una política excluyente y no de proyectos comunistas.

    Que el levantamiento armado, además, se justificó por la existencia de profundas desigualdades e injusticias y la no resolución del problema de la tierra, vigente desde la época colonial para unos y desde la misma independencia para los menos radicales.

    Que las guerrillas eran las representantes de la clase obrera y el campesinado que en alianza con otros sectores populares estaban identificados en luchar por el triunfo de la revolución socialista y la liberación nacional.

    Que la responsable de todo fue una voraz oligarquía apoyada por el imperialismo yanqui al que entregó el país y nuestra soberanía y cuyos gobiernos adoptaron la política norteamericana de la “seguridad nacional” que consistió en enfrentar y reprimir todas las protestas y luchas populares pacíficas y armadas tildándolas de subversión comunista.

    Que los gobiernos dictatoriales al servicio de esa oligarquía en vez de “resolver” los graves problemas de la nación, optaron por la represión política y armada asumiendo una posición militarista y de guerra sucia que derivó en la formación de grupos paramilitares como política de estado, para combatir a los luchadores populares y a los insurgentes.

    Que ellas nunca cometieron crímenes de lesa humanidad ni de guerra y que el secuestro, el narcotráfico, el reclutamiento de menores, la violación de niñas y mujeres embarazadas obligadas a abortar, la voladura de sitios civiles como el club El Nogal y la iglesia de Bojayá y el asesinato a sangre fría de los diputados del Valle y los concejales de Rivera, Huila, entre otros incontables atropellos a la población civil a policías y soldados y a familias enteras de políticos y empresarios, son delitos conexos al delito de rebelión.

    La “Verdad guerrillera”, pretende convertirse en verdad oficial y cancelar el debate histórico. En verdad, nos depararía escenarios que ya empezamos a ver como que el Estado pida perdón a las víctimas de Bojayá, argumentando que no brindó la seguridad necesaria a las gentes, camino por el cual, el Estado colombiano terminará siendo culpable de todo, hasta del surgimiento de esas guerrillas que nada tendrían que haber visto con orientaciones revolucionarias del dictador Castro, del partido comunista colombiano y de la dictadura maoísta.

    O que el mal ejemplo de ser indignos cunda en las filas cuando agentes del orden fraternizan con comandantes guerrilleros que no han resuelto su situación jurídica ni pagado las condenas impuestas por sus crímenes atroces.

    O que las víctimas de las Farc queden a la espera inútil del resarcimiento a que tienen derecho porque las guerrillas solo entregaron unos nimios bienes que no alcanzan ni para una cena para cada una de las familias reclamantes.

    O que nuestras fuerzas armadas se vean ante el panorama humillante de haber luchado vanamente contra unas guerrillas que no eran tan desalmadas como se les había dicho. Y que las armas legítimas del Ejército, la Armada, la Aviación y la Policía, no estaban defendiendo el orden ni la constitución ni las libertades ni la democracia sino un régimen de exclusión, una dictadura, una causa manchada de sangre inocente, una política de estado estilo Somoza o Trujillo y que eran golpistas.

    El escenario ya se ha dibujado en miles de agentes oficiales de todos los grados en cárceles, miles de lisiados que se preguntarán ¿y entonces para qué tanto sacrificio?, decenas de oficiales degradados, varias cúpulas de generales llamados a calificar servicios, avergonzadas, ¿y los que quedan? Catatónicos viendo el mundo al revés en el que los pillos ahora son los héroes, legisladores, mientras sus compañeros de armas quedan con esa espada de Damocles que es la JEP sobre sus espaldas, desconcertados y desanimados, sin fe en el futuro como diciendo ¿Dios mío qué pasó, por qué ganamos esta guerra y terminamos perdiéndola?

    Darío Acevedo Carmona, 9 de octubre de 2017

  • JEP, golpe de gracia a la democracia colombiana

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    La Corte Penal Internacional, suscrita por el Estado colombiano desde 2002, puede intervenir en un país signatario cuando su gobierno sea incapaz o se niegue a aplicar su estatuto a responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.

    Esa puerta se abrirá de manera automática en Colombia una vez el Congreso, por la vía golpista del fast track, le de vida a la Jurisdicción Especial de Paz, ese aparato creado en la mesa de conversaciones de La Habana para perseguir y juzgar a todos los involucrados en el fenómeno del paramilitarismo directa o indirectamente y que a los jefes de las Farc incursos en los delitos mencionados tan solo podrá aplicarles sanciones sin prisión y habilitándolos para ser elegibles a los cargos de elección popular.

    La JEP, sin que aún se haya finiquitado el proceso legislativo para su aprobación definitiva, ya de suyo ilegal, ha sido seleccionada por un comité de cinco personalidades, cuatro de ellas extranjeras. La mayoría de cuyos miembros se ha distinguido por defender un punto de vista a favor del gobierno Santos, como se constata en el nombramiento de su exministro de Justicia o por haber sido activistas de Ongs de clara tendencia izquierdista, por militantes marxistas, por juristas que han escrito libelos y consignas contra el expresidente Alvaro Uribe.

    Debe quedar claro, no obstante su pérfida composición para nada garantista, que viene con problemas de mayor calado. El principal es el que tiene que ver con el hecho de que la JEP es un aparato que se ubica por encima de todo el organigrama jurídico del país, de las altas cortes. Podrá revisar fallos de jueces y tribunales, no rendirá cuentas a nada y a nadie, es decir, tendrá poderes absolutos y funcionará por al menos doce años prorrogables.

    Esa imposición, impresentable en cualquier democracia, nunca vista en otras latitudes, viene adosada por unos acuerdos inmodificables según el gobierno y las Farc que convirtieron la mesa de La Habana en una constituyente de facto. De acuerdo con lo firmado y concedido por Santos y de la Calle, no habrá cárcel para guerrilleros responsables de crímenes atroces como secuestros, masacres, reclutamiento de menores, abuso sexual a mujeres, y muchos otros. Esos guerrilleros, además, podrán ser electos desde concejales hasta presidencia sin siquiera lavarse sus manos untadas de sangre.

    La JEP es considerada la joya de la corona, la almendra, el núcleo, en fin, lo más pétreo de los acuerdos de La Habana. Es la gran conquista de una guerrilla ya derrotada en el plano militar. Es vista así por las izquierdas y los amigos de una paz a cualquier precio, incluso, al de arrasar la Constitución y las instituciones. Pero, para las mayorías del país, las que ganaron con el NO el plebiscito de hace un año, es la corona de espinas con la que se inicia en forma el nuevo orden sonado por las guerrillas que no es otro que el de imponer en Colombia su modelo comunista, marxista leninista, su política de venganza contra el uribismo y todo aquello que huela a paramilitarismo y su verdad histórica que los dejará en el sitial de victimas del sistema, perseguidos y excluidos que se vieron obligados a tomar las armas.

    Así las cosas, la pregunta obligada es cuál ha de ser la alternativa para evitar que se consagre tal adefesio. Por fortuna se ha lanzado la propuesta que seguro tendrá amplio eco de convocar un referendo revocatorio de la JEP y de otros peligrosos decretos presidenciales y actos legislativos que amenazan la vida de los colombianos.

    Será necesario escudriñar otras opciones. Se me ocurre que es urgente conformar un equipo de juristas que se han destacado por sus críticos análisis sobre los acuerdos de paz, como Jaime Castro, José Gregorio Hernández y Jesús Vallejo, entre otros, para que preparen un alegato ante la Corte Penal Internacional con el fin de asuma sin mediaciones la investigación de los crímenes y delitos estipulados en su Estatuto ante la incapacidad o declinación manifiesta del gobierno Santos para hacerlo.

    La Corte tendrá que responder, si es firme y leal con sus funciones y si va a hacer respetar sus competencias, pues de no hacerlo, un nuevo gobierno y unas nuevas mayorías en el Congreso, adversos al pacto golpista, podrían entrar a estudiar la renuncia a dicho organismo.

    Sería una consecuencia lógica del mensaje que están dando al mundo Santos y las guerrillas, que no es como afirma el presidente un ejemplo de justicia transicional, sino todo lo contrario, un ejemplo de cómo violar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y promover la impunidad con falsos disfraces.

    Coda: Hace un año el gobierno Santos desconoció alevemente el resultado del plebiscito. Una democracia que se respete debe castigar con destitución y cárcel a quien así procedió.

    Darío Acevedo Carmona, 2 de octubre de 2017

  • ¿Quién ha propiciado esta corrupción?

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    “La Justicia está herida”, fue lo que expresó la juez 40 de control de garantías en la audiencia de imputación de cargos contra el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, después de que el fiscal investigador manifestara que lo ocurrido “Es demoledor para el Estado de derecho”.

    Apoyada en los resultados de la pesquisa, la juez agregó un dato escabroso, el grupo criminal se había concertado desde 2003: "En el 2003 usted y Gustavo Moreno se conocieron a través de José Leónidas Bustos, fue usted quien citó a su apartamento al señor Moreno y le explicó cómo funcionaba la organización, indicándole cómo manejarían los procesos. Luego era usted quien, generalmente, beneficiaba a los congresistas, políticos y gobernadores de quienes se supiera que tuvieran investigaciones en la Corte Suprema de Justicia o en la Fiscalía".

    Y más adelante fue más directa: “Usted y José Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron, entre otros, a Gustavo Moreno, a Leonardo Pinilla y a Gustavo Malo; organización dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad, la administración pública y la recta impartición de justicia (...) nunca antes a tan alto nivel se había prostituido la profesión de abogado en el ejercicio de la magistratura” (citas tomadas de Caracol radio y El Espectador).

    Esa red se burló a la sociedad al convertir el castigo o la absolución en moneda de cambio, deterioró la confianza social en la Corte Suprema y en los órganos de justicia. Resulta asombroso que hubiera estado activa desde hace tantos años sin ser detectada y alarma constatar que esos magistrados hayan sido tan influyentes y decisivos en la politización de la Justicia y en los enfrentamientos de la Corte con el presidente Uribe.

    Resulta entonces que habría que tomar en serio la versión obtenida por el antiguo DAS en el sentido de que una sesión del organismo acogió la propuesta de que las decisiones a tomar contra funcionarios del uribismo serían de orden político y no jurídico. La consecuencia de todo esto, si es que se pretende remediar así sea parcialmente el daño, es que se adelante una revisión por conjueces intachables y no politizados de las sentencias contra ciudadanos, exministros y funcionarios de ese gobierno que la soliciten.  

    Tomando como punto de reflexión el solo caso del magistrado activo de la Corte, Gustavo Malo, el periodista independiente, Alberto Donadío, afirmó en su última columna (El Espectador 20/09/2017) que de la misma manera y por los mismos motivos que se le está pidiendo la renuncia a Malo, el presidente Santos debería “retirarse del poder”.

    No es una exageración ni un exabrupto esa propuesta puesto que mirando atentamente lo que ha salido a flote en los sobornos multimillonarios de Odebrecht y el caso de los magistrados de la Corte se detectan lazos que unen los hechos de corrupción que no son pocos: Reficar, Isagen, Coopsalud, Interbolsa, “mermelada”, topes de campañas presidenciales y otros, con el poder gubernamental.

    El senador Bernardo el Ñoño Elías, pieza fundamental en el andamiaje del presidente Santos ya reconoció el uso de los dineros de Odebrecht en el cubrimiento de costos de la campaña del 2014 “no sé si el presidente sabia o no. Esa fue la propuesta que me hizo Otto Bula, quien señala que ellos, Odebrecht, quieren ayudar a la campaña, pero ellos necesitan recursos vía adjudicación de ese contrato (Ocaña-Gamarra) Cuando Otto me aborda para tratar ese tema, eso ya estaba casi listo, eso era una decisión del ejecutivo."

    Donadío refresca la memoria: “Los 285.000 votos que Musa y el Ñoño acumularon en las elecciones parlamentarias y le endosaron a Santos fueron los que le permitieron al presidente tener la mayoría en el Senado”. Y es tan grave el asunto que hasta el senador Armando Benedetti, otra ficha importante de la trinca oficial incurso en investigaciones, raramente frenadas, expresó que faltaba llegar “al penthouse”, o sea a la cabeza principal del andamiaje.

    Lo que está destapando de forma valiente el Fiscal General Néstor Humberto Martínez de congresistas muy cercanos al gobierno como el “Ñoño” Elías, Mussa Besaile, Andrade y otros, refuerza las sospechas sobre manejos y arreglos inmorales que se habrían realizado para obtener ciertos resultados. Suena sospechoso que varios precandidatos presidenciales quedaran tendidos en el camino por montajes judiciales y que, a lo mejor, sean muchos los inocentes en prisión.

    Hay cada vez mayor evidencia de que Santos extralimitó gastos de campañas con dineros de la multinacional Odebrecht a la que después favoreció con el otorgamiento de costosas concesiones de infraestructura que tienen a punto de ser llamados a versión libre a todos los ministros que firmaron esos proyectos en un CONPES.

    Las escandalosas revelaciones permiten apreciar la confluencia de diversos personajes de la política (congresistas), del mundo privado y funcionarios en obtener jugosas comisiones y de como una parte de esos dineros fueron a parar a las dos campañas de Santos.

    Es lo que se desprende del anuncio de inicio de investigación penal contra Roberto Prieto, otro gran amigo del presidente Santos, gerente financiero de sus campañas, por recibir dinero destinado a gastos extras de publicidad, y, factiblemente la masiva compra de votos en la Costa Atlántica en la segunda vuelta presidencial del 2014. Prieto, además, se benefició con más de una veintena de contratos milmillonarios con Presidencia y otras agencias estatales.

    Y el círculo no se cierra ni con la vergonzosa negativa de las exministras Gina Parody y Cecilia López a comparecer por tercera vez ante la Fiscalía para explicar su papel en el otrosí Ocaña-Gamarra con el que se habría beneficiado la familia de la primera.

    Cae pues un telón negro sobre la cortina trasparente que Santos dijo haber puesto a toda su gestión.

    Darío Acevedo Carmona, 25 de septiembre de 2017

  • La crisis institucional de Colombia y el reto electoral

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    Preocupa en grado superlativo la crisis de las altas cortes, no solo por lo que representan idealmente ellas en tanto guardianas de las leyes sino también porque su mayor desprestigio puede redundar en la acogida y validación del mal parido monstruo de la JEP en La Habana.

    Con solo ver el punto al que se está llegando en la selección de integrantes de la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión de la Verdad y otros aparatos no menos azarosos que los mencionados hay razones de peso para que los demócratas estemos con la guardia en alto.

    Entre los candidatos a todos esos órganos parajudiciales hay perfiles preocupantes, no solo de arribistas de ocasión, avivatos tras un salario pomposo y profesionales no conscientes del uso que harán de ellos en nombre de la paz. También hay personajes de oscuros antecedentes por el lobby hecho a favor de guerrillas y guerrilleros y juristas que justifican sociológicamente a las guerrillas.

    También hay exmilitantes de grupos ya sometidos que no han cesado un instante en usar su poder político, social y judicial para perseguir a quienes consideran sus enemigos o a quienes los combatieron por vías violentas.

    A la hora de nona veremos qué clase de humo saldrá de las largas y tediosas entrevistas que cinco magos escogidos por delegados de los negociadores de Gobierno y Farc realizarán a miles de aspirantes. Esa comisión carece de idoneidad porque nació de un acuerdo espurio e impregnado de trampas, engaños, mentiras y concesiones ilegales e inconstitucionales.

    Para la Comisión de la Verdad, desde la que se intenta producir una versión oficial, única y definitiva de la “guerra” que, se da por sentado, “afectó y dividió a todos los colombianos por más de cincuenta años” suena como candidato a presidirla el sacerdote jesuita Francisco De Roux, una persona nada imparcial, por cuanto toda su vida ha usado su investidura y su sotana para darle rostro teológico la versión del conflicto que las guerrillas quieren imponer.

    En ese papel, al parecer, sería secundado por el sociólogo de los tenis pisahuevos, reconocido por su militancia ideológica en el mamertismo cultural y “científico”. No sabemos que otras monjas y monjes están haciendo fila, pero de lo que si estoy seguro es que la verdad que saldrá de esos conciliábulos es la que hemos leído en el periódico Voz, en las muchas columnas que pueblan los grandes medios nacionales y en los ensayos de académicos que hablan con propiedad de las “causas objetivas del conflicto” y ven en las guerrillas a luchadores sociales y excluidos y no comunistas totalitarios.

    Con la JEP amenazan Timochenko, Márquez, Losada y Santrich a empresarios, políticos, hacendados, ganaderos, estigmatizados estos últimos por intelectuales “modernos” y urbanos para quienes todo lo que huela a campo es sinónimo de atraso y que piensan que debemos abandonar la ruralidad a la suerte de las políticas comunitaristas y reaccionarias de las Farc.

    Y que se cuiden también de esa justicia revolucionaria, los políticos uribistas, conservadores y Uribe y todos sus seguidores, pues serán llamados a comparecer y a responder por el paramilitarismo. Esa es la dimensión de su llamado a la reconciliación que consiste en que el Estado los perdone, los financie, los repare y, eso sí, se castigue con cárcel a sus enemigos.

    Ahora se viene en carga de caballería uno de los tipos más poderosos de la izquierda de civil, el congresista Alirio Uribe, el mismo que persiguió al coronel Plazas con mítines callejeros a la usanza de la “justicia de masas” del fascismo, contra el expresidente y senador Álvaro Uribe al lograr que la Corte Suprema compulsara copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para investigarlo.

    El sujeto de marras no es un simple opositor del gobierno sino adherente y militante del marxismo leninismo, fue uno de los líderes del proceso contra el general Uscátegui por la masacre de Mapiripán en cuyo proceso se descubrió un montaje de testigos falsos. Miembro del renombrado Colectivo José Alvear Restrepo que hace parte de la coalición de más de 15 ongs unidas bajo el lema “Colombia nunca más” que también firmó la ong del revolucionario jesuita Javier Giraldo, cuyo documento fundacional estipula, bajo el manto de la defensa de los derechos humanos, la lucha contra el Estado, la democracia colombiana, las Fuerzas Armadas y otros objetivos inspirados en el Foro de Sao Paulo.

    He sostenido que el proyecto bolivariano castrochavista resulta beneficiario de la crisis institucional. Ese plato ya está servido. Confluye la crisis de las Cortes con la de los partidos llamados a garantizar la continuidad del sistema. Ahora este gobierno, que para congraciarse con Chávez rechazo las bases antidrogas de USA, levanta camorra porque es advertido de que los compromisos asumidos en el Plan Colombia se deben cumplir, todo por quedarle bien a las Farc a las que se les concedió irresponsablemente el “favor” de triplicar el área de cultivos de coca desde 2013 eliminando la aspersión aérea.

    De manera que el reto que tenemos los que ganamos el plebiscito con el NO a los acuerdos es crucial. Está en juego el futuro del país y así hay que plantear el problema: solo una fuerte victoria en las elecciones del 2018 bajo el liderazgo de una amplia alianza nos permitirá retomar el rumbo.

    Darío Acevedo Carmona, 18 de septiembre de 2017

  • El papa y la paz de Colombia

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    Francisco es el tercer papa que visita a Colombia. Primero lo hicieron Paulo VI en 1968 y Juan Pablo II en 1986. El papa fue recibido por multitudes alborozadas de un país inmensamente católico que esperaba ante todo una visita de corte pastoral y que así la sintió.

    El gobierno de Juan Manuel Santos fracasó en el empeño de sacar partido para su acuerdo de paz con las Farc a pesar de la abrumadora propaganda oficial. Hasta el momento de redactar esta columna (domingo 10/9/17) el papa no se había pronunciado en favor de dicho acuerdo, pero había deslizado importantes reflexiones sobre las implicaciones de la paz, la relación entre paz y justicia, la esperanza, la alegría, las víctimas, la verdad y la reconciliación, con las que difícilmente se podría estar en desacuerdo.

    Se le observó una actitud muy diplomática y respetuosa, acorde con su liderazgo religioso, sin herir a nadie y provocando reflexiones saludables, polémicas y pertinentes. Su silencio sobre la situación de Venezuela sigue sin explicación.

    El papa demostró que está al tanto de la profunda división de los colombianos en torno a al proceso de negociaciones y acuerdo de paz entre el gobierno Santos y la guerrilla de las Farc. Al respecto hizo apuntes sobre la importancia de insistir en alcanzar la paz a la vez que advertía en la necesidad de la justicia, del perdón y la reconciliación. Sus palabras encuadran a la perfección con los textos del nuevo testamento que les otorga siempre un lugar privilegiado. Todos los días en la misa católica se escenifica ese mensaje universal y teológico sobre la paz entre las naciones y entre los hombres.

    No hubo, pues, un apoyo explícito al acuerdo como lo anunció el gobierno y afirmaron muchos analistas. El papa demostró ser conocedor de la amplia inconformidad que hay en el país sobre la ausencia de justicia en las concesiones pactadas. Las últimas encuestas que certifican ese estado de ánimo han traspasado fronteras.

    La población católica sabe que el Papa ostenta una doble dignidad bastante problemática. A la vez que jefe de la iglesia católica lo es de un Estado y que entre una y otra no faltan desajustes y contrariedades. A la hora del balance hay que reconocer que Francisco, supo manejar su inmenso carisma inclinándose mucho más por el contenido pastoral de su visita. Hubo instantes de solemnes y emocionantes contactos con personas enfermas o discapacitadas

    El papa estuvo en cuatro ciudades capitales: Villavicencio, Bogotá, Medellín y Cartagena todas ellas muy representativas de la fe católica de los colombianos. Su presencia fue motivo de multitudinarias manifestaciones que reafirman las convicciones de sus habitantes.

    Creo que para bien del país el papa no se salió de su mensaje evangelizador, aunque también hizo anotaciones de contenido político. Pienso que suscitó entusiasmo por su fe a la vez que planteó reflexiones para todo tipo de personas y agrupamientos demostrando que entre política y religión, no obstante la separación entre los asuntos de la iglesia con los del estado, siguen existiendo vasos comunicantes, en este caso, expresados en unas ideas y valores comunes a la religión y a la política como la paz, la justicia y la reconciliación entre otros.

    La estancia del papa Bergoglio fue muy corta como para pensar que va a tener una incidencia enorme en el cambio de las tendencias y las percepciones que los colombianos tenemos sobre nuestros problemas y necesidades. Sin embargo, deja una serie de inquietudes que el gobierno Santos debe tener en cuenta, como por ejemplo, entender que ya no se justifica insistir en seguir vendiéndole al mundo un acuerdo que es rechazado por la mayoría del país y reconocer que han resultado infructuosos sus onerosos esfuerzos económicos y diplomáticos por alcanzar en el exterior lo que no ha podido en el interior.

    En cambio, debería pensar y actuar en el sentido correcto de la necesaria modificación de los acuerdos para que ganen sobre todo en el tema de la aplicación de una justicia transicional más acorde con parámetros nacionales e internacionales.

    Las gentes quedarán satisfechas de haber visto y escuchado en vivo y en directo al papa Francisco y sus creencias se habrán renovado. En los días siguientes vendrán los balances, habrá agudas polémicas sobre lo que dejó su visita, mi colega Alfonso Monsalve, por ejemplo, en el periódico Debate acota que entre las víctimas llevadas ante el papa no permitieron ninguna de las Farc. Más allá de campanas al aire por la paz, el país retornará a su ritmo normal.

    Darío Acevedo Carmona, 11 de septiembre de 2017