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OPINION

  • Academia y política un coctel indeseable.

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    Pienso que así como en las universidades públicas no debe haber intromisión religiosa, tampoco debe haberla de intereses políticos partidistas e ideológicos. Las instituciones están diseñadas para cumplir unos objetivos y ser fieles a una misión. No se aceptaría que un hospital se utilizara para un concierto musical o un cementerio para realizar un torneo de futbol.

    Considero que ni la ideología ni la política son ciencias y que el conocimiento científico fruto del esfuerzo académico es ajeno a doctrinarismos partidistas y que cuando grupos o partidos intervienen en los espacios educativos para adoctrinar a los jóvenes e instrumentalizarlos proceden indebidamente.

    Durante mi trayectoria por la universidad Nacional de Colombia como estudiante y docente, fui protagonista y la mayor parte del tiempo observador crítico del propósito de las diferentes agrupaciones y tendencias de izquierda de convertir la universidad pública en espacio para la agitación y la propaganda revolucionarias y reclutar jóvenes militantes, una de cuyas consecuencias es el distanciamiento de los estudiantes y parte del profesorado de sus obligaciones académicas.

    En su camino esos grupos le han dado estatus de permanencia al movimiento estudiantil como si se tratara de un grupo o clase o etnia, dotándolo de objetivos asimilables a un deber ser, destino o misión revolucionaria como otrora quiso hacer el comunismo con la clase obrera.

    No critico que estudiantes y profesores asuman, en tanto ciudadanos, posiciones políticas o partidistas, pero sí que se confunda y se use el credo político y se realice la militancia en las tareas académicas porque violan el carácter y la misión de las instituciones educativas: enseñar, formar, crear conocimiento.

    Ese viejo sueño de las izquierdas no se ha estancado, si se quiere y para ser realistas, el uso y abuso de entidades académicas, de instituciones del saber por parte de estudiantes y docentes militantes que están cumpliendo con una causa política de izquierda o de extrema izquierda, prosigue de una manera que raya en el descaro.

    En la carrera docente hay profesores que dedican buena parte de su jornada a organizar foros sobre el liderazgo de la clase obrera en la revolución proletaria, eventos conmemorativos de los 100 años de la muerte de Marx, del centenario de la revolución bolchevique rusa, que convierten el archivo de una familia víctima de violencia estatal en actividad proselitista, que nada tienen que ver con la vida académica. Y durante el octenio Santos aprovecharon para crear tanques de pensamiento sobre la guerra y la paz.

    En la actual coyuntura se tomaron las redes institucionales para circular sus proclamas, emisoras y periódicos universitarios publican artículos de contenido poco o nada académicos. Una verdadera afrenta es que la plazoleta central de la Nacional no se llame Francisco de Paula Santander sino “Che Guevara” el juez del paredón castrista, y que sea utilizada para despliegues y paradas militares de milicianos guerrilleros.

    Años atrás, y todavía, profesores de formación marxista investigan y reinvestigan movimientos, huelgas y líderes para “reescribir la historia dando campo a los excluidos, como si la academia tuviese la misión de reescribir la verdadera historia a la luz del paradigma de la lucha de clases.

    María Cano, por ejemplo, fue ungida reina del proletariado a partir del relato del dirigente obrero comunista, Ignacio Torres Giraldo, su compañero sentimental, que la mantuvo en el ostracismo y el silencio por más de treinta años por orden del estalinista y prosoviético partido Comunista colombiano que la calificó de pequeñoburguesa y aventurera por su militancia en el partido Socialista Revolucionario en los años veinte. Y ya le están preparando un homenaje al ingrato Torres.

    Los hay que lloraron la baja de Alfonso Cano, otros han dedicado horas, días y noches a seguir la “vida gloriosa” de Tirofijo o de Bateman o de Camilo el cura quien si les gustó ver metido en política e ingresando al ELN, y los que han escrito ensayos y libros con teorías sociológicas rebuscadas para justificar la lucha armada de las guerrillas colombianas.

    La historia del país cayó en manos de FECODE, epicentro de las disputas de todas las tendencias rojas que han coincidido en deseducar a varias generaciones de adolescentes con un relato simplista, negativo, generalizante y tergiversado basado en el odio de clases.

    En suma, las izquierdas controlan en amplia medida el aparato educativo público al que le han castrado o modificado su misión y su carácter académico cambiándolos por su motivación “liberadora”: se creen adalides de la revolución, del cambio social, de ser un sector cuyo deber no es con el saber científico ni con lo académico y profesional sino con la causa de los explotados y oprimidos, “con el pueblo”.

    Es lo que nos lleva a entender su insistencia obsesiva en conquistar el cogobierno de la universidad y formar comisiones permanentes para discutir e intervenir en todos los asuntos de la universidad e incluso definir con el estado el presupuesto de la educación.

    Va a ser muy difícil recuperar la universidad pública para el cumplimiento de la misión que le fue asignada por sus fundadores y reformadores liberales en 1867 y 1935.

    Darío Acevedo Carmona, 26 de noviembre de 2018

  • Cien días de un estilo de mando

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    La acción política en regímenes democráticos tiende a moverse en la polaridad aliados-rivales, diferencias-acuerdos. Los estudiosos de una de las facetas más importantes de la especie humana coinciden en asignarle un lugar irrenunciable a la dinámica de crear un campo propio que deje en claro sus diferencias con aquel o aquellos con los que se disputa el poder.

    Esa realidad es fácil de apreciar en los países libres y democráticos, desde Colombia hasta Inglaterra. La identidad se construye, dicen los antropólogos de la política siempre en contraposición a otro u otros. Las diferencias interpartidistas se atenúan en ocasiones y circunstancias muy especiales y no muy comunes: guerras, desastres naturales, definiciones constitucionales.

    Insisto en lo que en vez de ser una carga negativa es una virtud por cuanto la exposición pública de los diferentes puntos de vista sobre temas de interés colectivo es algo que favorece a los pueblos, es, además, la expresión más pura de la libertad de pensamiento y de la expresión de las contradicciones ideológicas y de intereses de una sociedad.

    El problema de una política de unidad nacional como la que propone y adelanta el presidente Iván Duque es que soslaya esta lógica, aunque en su beneficio habría que pensar que los problemas de los colombianos son de tal magnitud que ameritaría considerar lo que Alvaro Gómez Hurtado llamaba un “Acuerdo sobre lo fundamental”.

    Entre las consignas oficiales con propósitos de trascendencia sobresale la convocatoria a la unidad nacional y el lema “soluciones, no agresiones”. Sin embargo, movimientos y dirigentes situados en la oposición han respondido con agresividad, movilizaciones callejeras, desafíos, retos, reclamos y críticas en un tono beligerante y confrontacional

    A las buenas maneras, a la actitud respetuosa, a la mano tendida, al diálogo y la exposición de razones del presidente Duque, la respuesta es el irrespeto, la afrenta, la amenaza con la movilización callejera de las masas.

    De modo que no hay atenuantes, Petro, sus seguidores y aliados no solo han optado por la confrontación total sino que quiere llevar el país hacia una opción de corte revolucionario basada en el impulso y atizamiento del odio de clases -el pueblo contra la oligarquía- para su campaña presidencial del 2022 con su programas  de economía estatal y gratuidad de todas las políticas sociales, etc.

    Así pues, Duque y sus asesores están retados y obligados a reestructurar su estrategia de gobernabilidad basada hasta ahora en una elusiva e irreal unidad nacional y en una alianza frágil, y entender que el gobierno, aunque representa a la nación, es el gobierno de un programa que triunfó por el voto popular.

    Y en ese sentido, y sin que ello signifique caer en provocaciones ni igualarse por lo bajo el gobierno Duque debe entender que a la nación se le debe hablar con claridad meridiana sobre lo que nos separa de ese proyecto.

    Entendamos que si hay algo claro para los extremistas y totalitarios es que entienden el apaciguamiento como una demostración de debilidad. De manera que insistir en enviarle flores a quien responde con piedras es inútil y por ello, un poco más de firmeza y energía en la actividad gubernamental cotidiana no estaría fuera de lugar ni se vería como una señal de beligerancia o de autoritarismo.

    Así mismo, debería buscar una reconfiguración orgánica de la alianza con otros partidos de tal forma que se concedan plazas de poder importantes a quienes quieran hacer parte de ella. Hay que dejar de lado el prejuicio según el cual compartir responsabilidades de mando con otras fuerzas es lo mismo que dar mermelada.

    Las encuestas que no le favorecen deberían servir justificar ese giro que muchos de sus votantes estamos esperando

    Coda 1: Es claro que el movimiento estudiantil fue instrumentalizado para la estrategia político-electoral 2022 de la "Colombiahumana" liderada por el populista y demagogo castrochavista Gustavo Petro, que busca desestabilizar al gobierno Duque. Por eso se suman al paro nacional, gritan contra la reforma tributaria y reciben el apoyo de personajes ajenos a la universidad como el payaso sobrino del elefante, el atarván Bolívar, la hija del comandante "Papito", Fecode, Cut, CGT, UP, ColombiaHumana, Farc, encapuchados, militantes verdes.

    Coda 2: Declaración del congresista petrista Gustavo Bolívar en una de las marchas estudiantiles: “Estas marchas, ya tomamos la decisión, van a ser continuas, van a ser sostenidas y no se van a mover, vamos hacia el paro cívico nacional… Ellos (el gobierno Duque) saben que esto es grande, esto no va a ser de un día, esto va a ser de cuatro años de luchas sostenidas en las calles”. Tomada de https://www.facebook.com

    Darío Acevedo Carmona, 19 de noviembre de 2018

  • ¿Tiene algún beneficio que Colombia continúe en la CPI?

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    En el momento preciso en que el Congreso de la República discutía, soberanamente, la creación de una sala especial en la JEP para el juzgamiento de militares arribó al país el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI) James Kirkpatrick Stewart para advertir que de aprobarse tal iniciativa dicha corte podría intervenir en Colombia para enjuiciar a los agentes del estado responsables de crímenes de lesa humanidad, en particular los de los llamados “falsos positivos”.

    Es rara, muy rara, la premura de este funcionario como también el tono amenazante que utilizó al señalar que la JEP era inmodificable que hacerlo ponía en peligro el acuerdo de paz Santos-FARC y abría las puertas a la impunidad para los militares acusados.

    Y es raro porque la CPI no ha manifestado, hasta el presente, ninguna contrariedad, crítica, oposición o exigencias en relación con la total impunidad para los comandantes de las FARC responsables de crímenes de lesa humanidad consagrada en ese acuerdo.

    En cambio y como fue corroborado por el fiscal adjunto, lo que más les ha preocupado es la aplicación de justicia a los militares colombianos sin tener en cuenta que ya miles de ellos desde soldados hasta generales están siendo juzgados, condenados y pagan cárcel hace años por fallos de los tribunales nacionales, circunstancia que desvirtúa cualquier posibilidad de intervención de la CPI por cuanto una de las causas para que se produzca es que no se haya podido hacer justicia o el Estado adherente reconozca su incapacidad para castigar a reos de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

    Sorprende la visita y las admoniciones fuera de foco del vicefiscal Kirkpatrick porque en muchos países de Africa y Medio Oriente el mundo presencia impotente la violación sistemática del estatuto de la CPI sin que ella realice intervención alguna. Sorprende que en medio de su debilidad, su carencia de herramientas adecuadas, un liderazgo de funcionarios obsecuentes con la burocracia internacional y los intereses de las grandes potencias, haya acudido tan velozmente al llamado de auxilio de quienes defienden la imposibilidad de modificar la JEP.

    Es razonable pensar que su visita fue el fruto de un intenso loby adelantado por personas que se mueven a sus anchas en el concierto diplomático y en las esferas de los órganos encargados de supervisar los derechos humanos donde han logrado imponer su versión sobre el conflicto armado según la cual el Estado es responsable de organizar una guerra sucia y creado los grupos paramilitares, y las guerrillas son organizaciones populares, víctimas de exclusión y persecución.

    Al cabo de 16 años de haber adherido al Acuerdo de Roma que creó la CPI y su estricto estatuto, el balance sobre su presencia en Colombia es bastante deficitario e ingrato ya que lo hasta ahora actuado está en una línea muy similar a la de otras cortes, como la CIDH, y órganos de derechos humanos que casi siempre condenan al estado colombiano al aplicar el principio de que solo los estados, en cuanto signatarios de los tratados de DDHH, son por acción u omisión los únicos responsables de sus violaciones.

    La CPI ha fallado, como bien lo explica el periodista y analista Eduardo Mackenzie (periódico Debate 9/11/2018), en la observancia del estatuto que consagra el juzgamiento no ya de estados sino de individuos que haciendo parte de grupos armados insurgentes u oficiales han violado en materia grave los DDHH y el DIH.

    La CPI en Colombia, añade Mackenzie, se ha preocupado más por el tema de los falsos positivos supuestamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública que por los de las guerrillas colombianas como el secuestro de miles de empresarios urbanos y rurales, agentes del orden, ciudadanos del común, el asesinato de personas indefensas y líderes democráticos como los diputados del Valle y los concejales de Rivera, los pobladores de Bojayá en Chocó refugiados en una iglesia, el secuestro de aviones con civiles, la voladura de un oleoducto que causó más de 80 muertos civiles, el reclutamiento de menores y la violación de mujeres adultas y menores..

    La CPI exige al gobierno colombiano cumplir e implementar rigurosamente el impune acuerdo Santos-FARC gracias al cual criminales de guerra serán juzgados por un tribunal que no inspira confianza, que a lo mejor los condenará a ocho años sin penas de prisión intramuros y recibirán curules sin respaldo electoral en el Congreso.

    Los colombianos que por mayoría rechazamos dicho acuerdo en el plebiscito de octubre de 2016, objeto de burla y desconocimiento por el presidente Santos y la dirigencia FARC, tenemos poderosas y contundentes razones para notificarle a la CPI la desazón, desconfianza y malestar que hemos expresado a otras cortes y organismos multilaterales y en esa medida, como sugiere el periodista Mackenzie, preguntarnos si tiene sentido que Colombia mantenga su membresía a la CPI o inicie su retirada.

    Darío Acevedo Carmona, 12 de noviembre de 2018

  • Confines de un movimiento universitario sin fin

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    Rectores, decanos, organismos de dirección académica, profesores, estudiantes, sindicatos de docentes y activistas políticos se pusieron de ruana el sistema universitario estatal (SUE) al impulsar un movimiento por financiación adecuada que se les salió de madre.

    Le han reclamado a quien nada tiene que ver con el faltante presupuestal lo que nunca a Juan Manuel Santos el verdadero y principal responsable del déficit. Los rectores de las 32 universidades públicas del país, los mismos que apoyaron la política pública de paz del presidente Santos, comprometiendo y violando la autonomía académica, nunca convocaron movimientos de protesta en el octenio santista aunque la desfinanciación ya estaba en su furor.

    Resulta inexplicable que los rectores no hayan tenido en cuenta las circunstancias limitantes del presidente Duque y se hayan puesto a la cabeza del movimiento como si no conocieran los incontrolables demonios que desatarían y que se hayan salido de la órbita de las funciones establecidas para cargos de tan elevada responsabilidad académica.

    Si el presidente Duque hubiera puesto el retrovisor hubiera podido responder negativamente a demandas que escapaban a sus posibilidades, sin embargo, prefirió escuchar, dialogar y negociar, así fuese parcialmente el pliego de peticiones cuyo principal punto era la asignación por decreto de 15 billones para subsanar el déficit heredado.

    El presidente Duque se reunió con el sindicato rectoral de facto y logró un acuerdo que abría margen para cumplir esa demanda en un proceso regulado y en cuatro años. El gremio de rectores se comprometió a convocar a docentes y alumnos a normalizar las actividades.

    Han transcurrido casi dos semanas de tal acuerdo y las marchas, desfiles, bloqueo de instalaciones, actos de violencia en algunos centros y radicalización prosiguen. Los rectores y directivas que complacientes e irresponsables desataron la movilización con discursos floridos creyendo que podrían retornar a clases con un simple llamado, pagan hoy el precio de su torpeza y atrevimiento: el semestre está prácticamente perdido lo cual quiere decir, aspirantes nuevos por miles no podrán iniciar estudios en enero de 2019, miles de millones de pesos se han perdido, dinero de nuestros impuestos, dilapidados, destruidos sin conmiseración, miles habrán aplazado un semestre más su graduación, etc.

    El movimiento ya tiene una duración de más de un mes y como era previsible ha caído en manos de líderes que han impuesto la lógica maximalista del “todo o nada”, en vez de hacerle caso a la voz de los rectores que los llaman a retornar a la normalidad en el entendido de que ya se obtuvo solución parcial a algunas de las necesidades presupuestales y se han creado espacios de concertación para avanzar hacia soluciones de fondo. El nefasto resultado ya se dejó sentir en seis universidades que cancelaron el semestre.

    Los maximalistas nos están demostrando que no basta la justeza y razonabilidad de la causa por una adecuada financiación de las universidades públicas, sino que dicha causa puede ser deslucida, mancillada y hasta negativizada por las posiciones a ultranza que a toda costa e irracionalmente pretenden obligar al presidente Duque a hacer lo que no le es permitido por cuanto mover recursos de un lado para otro requiere trámites complejos y el concurso de varias instancias de poder.

    Pero en este final anárquico, directivos como la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, se ufanan de las “movilizaciones” como factor de presión, les asignan un poder adanista e insisten en reiterar su apoyo al movimiento como se puede leer en apartes de uno de sus comunicados: “Gracias a estas movilizaciones, hoy podemos decir que se han logrado acuerdos y espacios de diálogo y discusión… En este sentido, expreso mi total compromiso con la construcción de una política de Estado para la educación superior y la búsqueda conjunta de soluciones a la crisis, aportando en propuestas y apoyando la movilización y el diálogo.”

    La mano ancha de las directivas con dineros públicos llegó al punto de apoyar a los dirigentes en sus desplazamientos, asambleas y reuniones de activistas y delegados.

    Como ocurre casi siempre, este tipo de movimientos terminan convertidos en teatro experimental de la revolución, en exhibiciones de fuerza, en torneos de repetitivas retóricas, en donde sobresalen docentes eternizados en la dirección de sus gremios y sindicatos gracias en buena medida a asambleas de raquítica asistencia, y donde no faltan los que en su activismo y beligerancia de pose enmascaran su mediocridad o sus incumplimientos como profesores que al cabo de 15 0 16 años de cursar estudios de doctorado con financiación, descargas, permisos y prórrogas oficiales no han presentado su título y se hacen nombrar representantes para negociar con el alto gobierno.

    Minorías beligerantes y radicales de jóvenes adoctrinados a tempranas edades manipuladas por hábiles cuadros de estructuras orgánicas que no dan la cara, pero están detrás avivando la llama de la revolución, contribuyen, quizás sin ser conscientes, a la disolución de los denominados por el filósofo marxista francés Louis Althusser, aparatos ideológicos de dominación de clase entre los cuales el educativo es de primordial importancia.

    Darío Acevedo Carmona, 5 de noviembre de 2018

  • Brasil bajo el ojo tuerto del sociólogo Manuel Castells

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    Manuel Castells, prestigioso sociólogo español publicó recientemente (octubre 10/2018) en el diario El País de España una carta “A los intelectuales del Mundo” en la que los invita a pronunciarse contra el candidato a la presidencia de Brasil Jair Bolsonaro. Afirma en ella que “Brasil está en peligro” porque “puede elegir presidente a un fascista, defensor de la dictadura militar, misógino, sexista, racista y xenófobo”.

    Sostiene Castells que “Fernando Haddad… un académico respetable y moderado, candidato por el PT, un partido hoy desprestigiado por haber participado en la corrupción generalizada del sistema político brasileño” es “la única alternativa posible”. El sociólogo menciona frases de Bolsonaro que suscitan escozor y alarma en sectores de la opinión democrática para justificar que “no podemos quedarnos indiferentes”.

    Advierte que lo suyo “es un caso de defensa de la humanidad, porque si Brasil, el país decisivo de América Latina, cae en manos de este deleznable y peligroso personaje, y de los poderes fácticos que lo apoyan, los hermanos Koch entre otros, nos habremos precipitado aún más bajo en la desintegración del orden moral y social del planeta a la que estamos asistiendo.”

    Y termina convocando a “que cada uno haga conocer públicamente y en términos personales su petición para una activa participación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 28 de octubre, y nuestro apoyo a un voto contra Bolsonaro”, divulgado “en cualquier formato que difunda nuestra protesta contra la elección del fascismo en Brasil”.

    Cuando esta columna esté circulando, muy probablemente se habrá confirmado a Bolsonaro como nuevo presidente del país de habla portuguesa más grande y una de las potencias económicas del mundo. De manera que la campaña de Castells o no tuvo eco o si lo tuvo no ocasionó ninguna alteración de la tendencia a la victoria de este candidato tan mal visto.

    No voy a entrar en la discusión sobre la caracterización que de Bolsonaro se hace en las carpas de la izquierda, la extrema izquierda y otras fuerzas políticas que van desde los verdes, los progres, liberales, socialdemócratas, demócratacristianos, conservadores, centristas y hasta derechistas moderados, o simplemente, como Castells, sin partido, cual de todas más alarmista. Pero me parece que descartar la amplia, voluminosa y comprobada corrupción del PT y sus expresidentes Lula Da Silva condenado y en prisión y Dilma Roussef, destituida, como factor explicativo del descontento de la ciudadanía y su búsqueda de un líder que les devuelva la esperanza, es, al menos, un ejercicio antisociológico.

    Entiendo que Brasil debe ser visto como un laboratorio en el que se puede apreciar en vivo y en directo el desengaño de la población con las promesas populistas del modelo estatista del socialismo bolivariano y con la desenfrenada y cínica escalada de corrupción de quienes predican la igualdad y la justicia social mientras saquean a manos llenas el erario. Por eso sonaría más correcto decir que Brasil está en peligro desde que cayó en manos del proyecto “Foro de Sao Paulo”.

    La carta de Castells es un buen ejemplo de tuertismo político puesto que no ve el papel de la corrupción petista como factor de decepción de amplios sectores de la población con el partido de los Trabajadores (PT). Y también en cuanto omite hacer referencias a la dramática situación de Venezuela y Nicaragua donde gobiernan dictatorialmente movimientos afines al PT y al Foro de Sao Paulo.

    Su voz de alarma ante el peligro del triunfo de Bolsonaro suena incoherente ante el inexplicable silencio que guarda respecto de los regímenes totalitarios, represivos y autoritarios de Ortega y Maduro y desproporcionado en el sentido de que mientras quiere llamar la atención sobre algo que no ha ocurrido, deja de hacerlo respecto de la orgía de asesinatos oficiales y represión violenta que está ocurriendo y el mundo está presenciando en Nicaragua y Venezuela.

    Daniel Ortega está siendo rechazado por una población cansada de sus oscuras maniobras, de su corrupción, del control de los medios, su manipulación de las cortes y la constitución para perpetuarse en el poder y que lleva a sus espaldas más de 420 ciudadanos asesinados por escuadrones de policías y de matones paramilitares.

    El heredero de Chávez, Nicolás Maduro en Venezuela, esgrime como proeza haber finiquitado la destrucción de uno de los países más ricos del mundo, empobreciendo a millones de compatriotas, encarcelando a sus líderes, torturando a los opositores, apoderándose de los medios, eliminando y reprimiendo a los manifestantes. Sus muertos en las calles a manos de policías y colectivos paramilitares suman más del medio millar y centenares los encarcelados.

    Castells no tiene ojos para eso y tampoco para la longeva dictadura castrista en Cuba que ha forjado su poder omnímodo en escuadrones policiales que controlan la vida cotidiana de los cubanos y encarcelan a los disidentes.

    Para Fidel, Raúl, Daniel, Hugo y Nicolás no hay cartas de rechazo, ni una campaña por libertades o contra el delito de opinión y tantos otros atropellos a la dignidad y a los derechos humanos.

    Darío Acevedo Carmona, 29 de octubre de 2018

  • ¿Hay monstruos entre los humanos?

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    La respuesta a esta pregunta es afirmativa, añadamos que los hay por todas partes y que representan un peligro para la sociedad, no obstante, no está claro ¿qué hacer con ellos?

    Los monstruos hacen cosas que el común de los humanos consideramos muy violentas, agresivas, destructivas, dañinas, inmorales, ofensivas, en grado superlativo como por ejemplo violar, asesinar y secuestrar niños. Es tan ofensivo ese tipo de delitos que hasta la población carcelaria repudia a sus autores y trata de lincharlos cuando son llevados a prisión.

    A este tipo de personas, como es el caso de Garavito, no se les puede castigar con la misma medida que se aplica a un ladrón. Varios delitos contra niños de reciente ocurrencia han sacudido en profundidad el alma de los colombianos: las niñas Samboní y Génesis y el chico Cristo José.

    La indignación generalizada lleva a exigir castigos severos para esos monstruos que según estudios tienen un rayón sicológico incurable. La pena de muerte se ha planteado como una opción de castigo extremo teniendo en cuenta ese factor, pero, razones religiosas y morales frente a la vida como don intocable, la hace descartable. De ahí que tome fuerza la idea de cadena perpetua.

    Esta pena se encuentra vigente en más de 120 países, en casi toda Europa, Norteamérica, toda Oceanía y casi todos los países de Africa y Asia para delitos como traición a la patria, violación y asesinato de niños, terrorismo, etc.

    Las razones que se aducen para incorporarla en los códigos penales se basan en la idea de que esa clase de delincuentes son tan peligrosos para el resto de los mortales que dejarlos libres es dejarles la puerta abierta para que reincidan.

    Quizás en la base de estas consideraciones esté la idea Hobessiana según la cual el hombre es un lobo para el hombre, algo así como que el principal enemigo del hombre es el propio hombre y, en consecuencia, la existencia de la norma y la ley expresada de muchas maneras cumple la misión de fijar límites al comportamiento humano.

    La ley y el castigo juegan un rol determinante en el proceso civilizatorio del homo sapiens. En la medida en que los pueblos se hicieron más complejos, las leyes civiles y las normas morales y religiosas tomaron más cuerpo y el control de las conductas dejó de ser algo simple abriéndole espacio al surgimiento de la noción de justicia como instancia indirecta que se materializa en instituciones y cuerpos ajenos a los implicados en un conflicto.

    Acudo a esta divagación porque hace unos días la periodista de Bluradio Medellín, Ana Cristina Restrepo, en un editorial matutino se manifestó en oposición al clamor ciudadano que pide implementar la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños en reacción a hechos luctuosos recientes, y la calificó de “populismo judicial”, propia de países subdesarrollados, con hacinamiento carcelario, por “vengativa” y porque no subsana los daños sufridos por las víctimas

    Creo que nadie en sana ley pretende que el castigo de prisión devuelva el daño causado por homicidio o lesiones, sino que cada delito debe recibir una pena proporcional al daño causado a la sociedad y a las personas y cumple una función ejemplarizante y educativa. La idea de venganza es, nos guste o disguste, subyacente al castigo. La crítica de Restrepo sobre este tópico de llevarse a otros delitos ya que ninguna pena resarce a la víctima y a la sociedad plenamente, tendría efectos catastróficos.

    Oponerse a penas severas por su supuesto carácter vengativo es igualar todos los delitos o a idealizar la condición humana y creer que algún día podremos vivir sin leyes y por tanto sin castigo.

    En toda sociedad las leyes son enseñadas desde la infancia y en el proceso educativo se incluye la presencia del castigo para quienes las violan. Eso quiere decir que la educación y la disuasión van de la mano en la justicia. No basta la educación, tampoco la disuasión, ambas son indispensables y la dureza de la pena no significa mayor o menor cultura o desarrollo.

    Referirse al hacinamiento en las cárceles para validar o invalidar una penalidad es absolutamente improcedente cuando sobre el tapete está un asunto tan delicado como el asesinato y violación de niños. Al que es pillado in fraganti en un caso de estos no se le puede llevar a juicio en condición de excarcelación so pretexto de hacinamiento. No creo que es lo que ella haya sugerido, pero más vale aclarar.

    La periodista citó la experiencia de Suecia en el manejo de su justicia penal, habló de su exitosa educación y de su altísimo nivel de igualdad social como factores para evitar esos delitos. Sin duda, debe ser así y es lo deseable. Pero, no vivimos en sociedades ideales libres de pasiones negativas y destructoras. Países de las mismas características como Holanda, Francia, Dinamarca (en este país existe la pena de muerte) aplican cadena perpetua a los delitos en mención. El tema pues no es de cultura o incultura, sino de que ese tipo de delitos, así sean pocos, deben y merecen ser castigados con la mayor severidad.

    Darío Acevedo Carmona, 22 de octubre de 2018

  • Le cobran al presidente Duque cuentas ajenas

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    Tan pródigo es el legado que Juan Manuel Santos le dejó al nuevo gobierno y al país que el listado incluye un paro nacional de profesores, estudiantes y directivas del sistema educativo público y privado.

    Los problemas de desfinanciamiento de las universidades públicas, según palabras de un rector que habló en el Congreso se remontan a la Ley 30 de 1992. Un líder estudiantil dijo que vienen desde 1998. Y no pueden faltar los dinosaurios marxistas que remiten todo a fallas estructurales del sistema y el modelo.

    Nadie se refiere al descuadre gigantesco de las finanzas públicas ocasionado por el expresidente Santos. Y ningún rector habla de los problemas que agobian a los claustros en materia de calidad de la enseñanza y la investigación, la carga de los profesores, la politización de los claustros y todo aquello que signifique mirarse el ombligo.

    El presidente Duque apenas está echando a andar sus políticas públicas, de modo que no se le puede responsabilizar del estado calamitoso de las finanzas universitarias ni de las fallas de las universidades en el cumplimiento de sus fines misionales. En cambio, hay políticos populistas y demagogos y activistas al acecho de las carencias sociales, que existen y deben resolverse, prestos a capitalizar el descontento y promover las movilizaciones callejeras que consideran más efectivas que la discusión razonable en los espacios en donde se definen los problemas con argumentos.

    La politización de la academia por parte de fuerzas de izquierda y del gobierno en el pasado octenio nos da la clave para entender el por qué se adelanta este cobro de cuentas a todas luces injusto. No se hizo antes porque la orientación de esas izquierdas era la de apoyar la paz de Santos, a su vez, el expresidente irrigó algunos recursos para pagar dicho apoyo. Las universidades públicas y privadas apoyaron acríticamente las negociaciones de La Habana, reventando la autonomía académica al casarse con una política gubernamental y creando centros de pensamiento, cátedras, usar las redes y medios institucionales, organizar eventos no académicos en los campus, foros en los que se anuló el debate y muchas otras actividades.

    El trasfondo político de la movilización se aprecia con claridad en muchas de las consignas y el contenido de los discursos de los dirigentes. En ellos culpan al uribismo, al Centro Democrático y al presidente Duque por la crisis de las universidades como se lee en uno de los miles de mensajes: “señor @IvanDuque, Uribismo, aquí está el mensaje de la sociedad crítica ante las nefastas decisiones de invertir más en guerra que en educación.”.

    Cuando lo cierto es que en los ocho años precedentes quien dilapidó el presupuesto nacional en publicidad pacifista y mermelada corruptora a borbotones a expensas del erario fue el expresidente Santos. Se omite decir que el gobierno actual trabaja con el presupuesto aprobado por esa administración, desfinanciado en 25 billones de pesos y que cualquier cambio o reforma que se le quiera hacer debe atenerse a procedimientos de ley.

    No podía faltar el recurso contra la privatización de la Universidad pública, una bandera que se esgrime desde fines de los años sesenta tan deshilachada que no genera credibilidad, pero es eficaz para convocar a un público que por su condición transitoria no cae en cuenta de la demagogia que encierra.

    Y el esfuerzo por resucitar las viejas consignas de cogobierno y gratuidad total, muy atractiva esta última a primera vista, pero que esconde grandes equívocos y falacias propias de quienes creen que el Estado debe y puede, sin especificar de dónde han de salir los recursos, establecer esa prerrogativa, que, además, es sumamente inequitativa puesto que eximiría de pagar a quienes pueden hacerlo.

    Tampoco se les aclara a los estudiantes que la otra forma de financiar tal gratuidad es elevando impuestos considerablemente, medida que rechazan los profesores universitarios que aprovechan este movimiento para protestar contra la reforma fiscal de Santos que gravó sus salarios.

    ¿Por qué, entonces, le quieren cobrar al presidente Duque, los platos rotos, las cargas e incumplimientos que recibió de su antecesor? ¿Creen los rectores y los líderes del movimiento que los costos del acuerdo de paz, el inclemente menoscabo de los dineros públicos, la ofensiva corrupción oficial, el bajísimo crecimiento de la economía colombiana y la llegada de millones de hermanos venezolanos que huyen del terrible desastre de la dictadura castrochavista, no afectan las finanzas del estado?

    Los rectores coincidieron con Petro en exigirle a este gobierno resolver positivamente la totalidad de demandas y por eso consideran insuficiente lo planteado por la ministra de Educación, el presidente Duque con aval de todas las bancadas del Congreso (partida adicional de 500mil millones, aumento del presupuesto de educación en términos reales en 4 años por encima del 15 por ciento, 42 billones para 2019, por encima del presupuesto de defensa).

    Por lo anotado es que tenemos razones para pensar que el movimiento es desproporcionado y extraño. Desproporcionado porque la paralización de las actividades educativas nunca podrá ser un recurso aceptable ante un gobierno democrático y abierto al diálogo.

    Y extraño porque ha sido contaminado por Petro y sus activistas, porque se han sumado los establecimientos privados a quienes les queda bien feo pedir comida con el estómago lleno y porque de las directivas de las universidades públicas es de esperarse una actitud de diálogo y concertación en vez de contemporización con los llamados a la parálisis.

    Darío Acevedo Carmona, 15 de octubre de 2018

  • La batalla por la Verdad y la Memoria

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    La verdad y la memoria, el ideal de justicia, la defensa de la integridad de la Constitución, la convicción moral en la causa democrática, fueron objeto de negociación claudicante en La Habana. Allá y en escenarios como la ONU, el expresidente Santos demeritó la lucha del Estado contra las guerrillas terroristas.

    Al aceptar el establecimiento de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y su conformación con personas claramente favorables a la mirada izquierdista sobre la violencia política colombiana reciente, le abrió campo a uno de los sueños más preciados de las guerrillas comunistas: imponer su verdad definitiva del “conflicto armado”.

    La CEV trabaja en simultáneo con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) cuya misión es procesar judicialmente a responsables de graves delitos en el marco, no de la justicia internacional y de nuestra constitución, sino en el de la justicia transicional. También funciona una Comisión de la Memoria Histórica.

    Sobre esos temas se libra una intensa batalla  entre quienes sostienen que en Colombia hubo una guerra civil o conflicto armado o un levantamiento justiciero contra la dictadura civil del Frente Nacional con el trasfondo de la propiedad de la tierra y la exclusión política, de un lado, y quienes pensamos que la confrontación de las guerrillas con el Estado colombiano surgió como expresión de proyectos revolucionarios comunistas en la dinámica de la guerra fría, que pretendieron acceder al poder a través de la lucha armada y en dicho camino fracasaron y se criminalizaron cometiendo innumerables crímenes de lesa humanidad.

    El diseño y las funciones asignadas a las comisiones creadas terminarán consolidando el control de la verdad jurídica, la verdad histórica y la memoria por parte de la narrativa guerrillera.

    La jurídica porque no tendrá como referente la normatividad vigente de la justicia humanitaria internacional ni el bloque de constitucionalidad colombiano sino una legislación transicional benévola que tiende a la impunidad.

    La histórica porque se adopta un modelo ensayado para países en franca guerra civil o gobernados por déspotas o dictadores sanguinarios, situaciones con las que no encaja el sistema democrático colombiano.

     Y la memoria porque se privilegia el testimonio de las víctimas del Estado al que, de paso, se culpa de impulsar una política oficial de violación de los derechos humanos.

    En relación con la verdad histórica, hay que añadir que se pretende deformar su carácter académico, libre de sesgos ideológico e intereses políticos. Por los trabajos realizados hasta el presente por la comisión presidida por el sacerdote De Roux se puede decir que está invadiendo competencias de la JEP.

    Debemos reiterar que el espíritu académico riñe con comisiones. La CEV quiere hallar la verdad final, de cierre queriendo ignorar que la verdad histórica, en sentido académico, es más especulativa, puede inspirarse en diferentes enfoques, metodologías y paradigmas que en vez de cerrar pueden llevar a la apertura de debates no necesariamente contradictorios ni necesariamente complementarios. Los resultados en esta perspectiva son sometidos al escrutinio y evaluación de pares, de la comunidad académica y del público crítico.

    Lo explica más nítidamente el prestigioso historiador francés Maurice Agulhon[i] cuando plantea que hablar de verdad o falsedad “corresponde a la llamada ´historia del acontecer´”, pues “es con relación a un hecho preciso que podemos hablar de lo verdadero o de lo falso”. Y agrega, “Pero los historiadores no se contentan con esto. Buscan alcanzar interpretaciones y conclusiones generales.” Y afirma que es dudoso que a ese nivel se pueda calificar una interpretación como verdadera o falsa.

    La verdad histórica, por tanto, es del resorte de la academia no de comisiones cuyos resultados presumen de incuestionables.

    Sobre la memoria de la violencia y el terror político creo pertinente acudir a la reflexión del escritor y reportero del New York Times, David Rieff[ii], quien advierte sobre los peligros de usarla con fines de retaliación o venganza o con intencionalidad política o ideológica: “La memoria histórica colectiva tal como las comunidades, los pueblos y las naciones la entienden y despliegan… ha conducido con demasiada frecuencia a la guerra más que a la paz, al rencor más que a la reconciliación y a la resolución de vengarse en lugar de obligarse a la ardua labor del perdón.”

    La memoria puede llegar a ser un sentimiento colectivo unificador en la narrativa de un pueblo o nación o comunidad como en el caso de los judíos ante el horror nazi. Pero, también puede ser selectiva, no unificadora, como en los Balcanes o los colombianos.

    Por tanto, lo deseable es que la verdad y la memoria sean abordados con criterios profesionales y técnicos abiertos. En tal sentido, los productos de la memoria deberían ser clasificados, divulgados y puestos a disposición del público y de los académicos en su sitio adecuado: el Archivo General de la Nación. Y la verdad histórica remitida a Colciencias como una línea macro de investigación bajo los mismos parámetros vigentes para los conflictos políticos y sociales.

    Coda: La propuesta formulada por el Centro de Estudios DeJusticia y la Universidad de Oxford[iii] (con el apoyo de Open Society Human Rights Initiative) a la CEV de crear una sección que investigue la “complicidad empresarial” en el “conflicto armado” con grupos paramilitares y en violaciones a los DDHH, revela un injustificado sesgo antiempresarial en línea con la narrativa guerrillera que estigmatiza a finqueros, hacendados y ganaderos como promotores del paramilitarismo. Por coherencia deberían proponer que se haga lo mismo con intelectuales, académicos, periodistas, activistas de Ongs, sindicalistas, congresistas, partidos, personalidades que apoyaron o financiaron de alguna manera las acciones criminales de las guerrillas.

    Darío Acevedo Carmona, 8 de octubre de 2018

    [i] Gadofre Gilbert, director, Certidumbres e incertidumbres de la Historia. Editorial Universidad Nacional de Colombia y Editorial Norma S. A. Bogotá, 1997, pp. 251-259.

    [ii] Rieff David, Contra la Memoria. Random House Mondadori, SAS, Cota, Colombia, 2012, pp. 37-38

    [iii] Autores varios, Cuentas claras. DeJusticia, Ediciones Antropos, Bogotá, D.C. febrero 2018.

  • Fronteras de la política

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    Para decir lo que voy a decir quiero dejar claro que parto del principio de que cualquier ciudadano puede y debe participar en política sin perjuicio de entender la conflictividad entre actividades, oficios, profesiones y dignidades con la acción política.

    El estado republicano y democrático-liberal instauró la ciudadanía, un valor altamente político acompañado de deberes y derechos cuyo ejercicio supone atributos e impedimentos, reconocimiento de fronteras fuertes o leves, duras o porosas que las personas deben discernir y respetar de tal forma que se entienda qué corresponde y qué no al mundo de la política.

    Una primera frontera de la política moderna es la que se da con la religión y las iglesias. Alude a la implantación, lenta pero firme, de la separación de la iglesia y el estado, acuñada en la frase romana “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahí se resguarda la acción política de la muy fuerte influencia moral que tenían los curas sobre la población y de la utilización del púlpito, la sotana y la investidura sacerdotal para fines partidistas y proselitistas, lo cual no les impide, en tanto ciudadanos, ejercer sus derechos electorales.

    Una segunda frontera es la que existe con la Justicia. Este sí que es un mundo en el que permitir que lo político contamine o franquee la impartición de justicia es fatal para el ordenamiento institucional y social. Por eso la Justicia es representada por una diosa (Artemisa o Astrea) vendada para que no vea el reo, espada en mano para castigar y una balanza para sopesar lo bueno y lo malo del reo. Juez, magistrado, corte o tribunal que actúe bajo imperativos partidistas o de facción distorsiona su misión. Al igual que con los curas, los jueces no pierden sus derechos políticos.

    Una tercera frontera es la que tiene que ver con la academia. De alguna manera el profesor se asemeja al sacerdote por su estatus especial de persona escuchada, con autoridad y liderazgo, además de contar ambos con públicos cautivos. Pero su función principal es la de educar, crear y divulgar conocimiento.

    La misión de la institución educativa estipula con rigor que el docente o el científico no deben usar el aula, la cátedra, el laboratorio y sus clases para difundir sus ideas políticas o adoctrinar a sus discípulos. Además, que no se use el prestigio alcanzado en el ejercicio académico como carta de presentación para justificar o darles brillo a sus posturas políticas.

    ¿Se puede ser un buen académico y un buen político?, aunque es raro, no es imposible, pero ser lo uno no garantiza lo otro. Un docente o investigador puede ser muy exitoso en su labor académica, pero ello no tiene por consecuencia que en su actividad política le ocurra algo similar, o que por ello sea más creíble.

    La experiencia vivida desde hace varias décadas en las universidades públicas respecto de la relación conflictiva entre vida académica y militancia y actividad política es algo sobre lo que es preciso debatir mucho más de lo que se ha visto. Las universidades han sido utilizadas de manera sistemática como espacio de confrontación política, arena de combate ideológico, fortín de propaganda y publicidad de ideas de izquierda y hasta campo de paradas cuasimilitares de encapuchados.

    Nada de eso tendría que ocurrir en las instituciones académicas puesto que esa no es su misión, pero, se arguye que la universidad no puede ser neutral o insensible frente a los problemas de la nación, una idea con la que se quiere validar el aprovechamiento de la libertad de los campus y la presencia de una población joven que tiende a ser crítica, para promocionar causas político-partidistas.   

    Se trata, sin duda, de una grave distorsión de la misión de la academia. No porque los miembros de ella deban ser indiferentes con los temas políticos sino porque se confunde a las personas y su condición ciudadana con la misión institucional. Es comprensible que investigadores, profesores y estudiantes pueden interesarse e intervenir en política, pero, es deseable que cuando lo hagan entiendan y respeten la autonomía académica y que la acción política discurre por otros espacios: la calle, la plaza, los medios, las urnas, el congreso, entre otros.

    Un ejemplo concreto que ilustra lo dicho es el movimiento que algunas directivas, profesores y estudiantes de universidades públicas están fraguando en estos momentos para exigir un presupuesto adecuado, la derogatoria de los artículos de la última reforma tributaria que graban los gastos de representación de los profesores y otros temas puntuales.

    Sus gestores no reconocen el error de haberse comprometido con la causa política de la paz de Santos, cuyos costos jurídicos, institucionales y económicos son elevadísimos. Mientras aplaudían, Santos pasaba sin resistencia su reforma tributaria que ahora quieren cobrarle a un presidente que apenas se posesiona y que aún no ha echado a caminar toda su política educativa.

    El sistema universitario público y privado fue cooptado para una causa política, que nos interesa a todos como ciudadanos mas no a instituciones académicas. Bajo la sombra del alero pacifista se crearon centros de pensamiento, grupos de investigación, se organizaron foros, congresos de los pueblos, se han usado masivamente las redes y los medios académicos para divulgar las negociaciones de paz, profesores se convirtieron en activistas de esa causa, se crearon cátedras sobre el tema, en esta ocasionan proponen la creación de un movimiento profesoral permanente.

    El signo invariable de este conjunto fue el sesgo izquierdizante, la ausencia de debate, el aplauso incondicional a la paz Santos-Farc y la condena y exclusión a sus críticos.

    Darío Acevedo Carmona, 1 de octubre de 2018

  • No damos más señor Arnault

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    Setenta y seis billones de pesos ($76.000.000.000.000), es decir, más de 25 mil millones de dólares, es el costo de la implementación del acuerdo de paz Santos-Farc (APSF). Si lo que gastó el derrochón gobierno anterior dejó las arcas del erario en la inopia, ¿qué podemos esperar del compromiso que nos legó?

    Por eso causa alarma que el señor Jean Arnault, jefe de la Misión- ONU para la paz en Colombia, le hiciera al presidente Iván Duque un llamado a seguir adelante con la “implementación del acuerdo” y consolidar de esa manera la paz, sin referirse a los desaforados costos ni a los precarios apoyos de la comunidad de naciones, sin hacer mención a las insuficientes “ayudas” de algunos países que cuando más no pasan de unos cuantos miles o millones de dólares.

    Supongamos que los colombianos, que somos generosos con los esfuerzos verdaderos de paz como lo hemos demostrado en el pasado, aceptamos hacer ese inmenso sacrificio para crear, en la práctica, un para-estado que es a lo que estaríamos impelidos para alcanzar la anhelada pacificación.

    Supongamos también que los colombianos estamos dispuestos a digerir los gigantescos sapos que consagran la impunidad de unas guerrillas responsables de delitos atroces cometidos por sus jefes de manera sistemática y a ver algunos de esos jefes en el Congreso hablando de moralidad, de justicia, contra la corrupción, etc.

    Supongamos que, igualmente, los colombianos pasaríamos de agache que el presidente Duque, en aras de esa paz bizarra, renuncie a modificar algunos aspectos del APSF. Y muchas otras cosas indigeribles que nos empujarán a las malas por nuestro esófago.

    Pero, y el “pero” no es caprichoso y es bien grande, resulta que ni así, es decir, que ni sacrificando nuestras legítimas aspiraciones de justicia, transicional claro está, ni nuestro derecho a superar las graves falencias socioeconómicas, o el derecho de las víctimas a ser reparadas, observamos un cuadro esperanzador de paz.

    El mismo día en que el señor Arnault le decía esas palabras al presidente Duque, las mal llamadas disidencias de las Farc asesinaban a tres jóvenes geólogos y herían a varios más de un grupo de civiles desarmados contra los que abrieron fuego sin ton ni son.

    Esas “disidencias”, según una crónica del New York Times, que en principio estaban conformadas por unos centenares de guerrilleros que no acataron la orden de desmovilizarse, ahora pueden haber recibido el 40 por ciento de los ocupantes de las zonas de transición que las han abandonado.

    La deserción de jefes del Secretariado de las Farc como Iván Márquez, “El Paisa”, “Romaña”, que otros, como Joaquín Gómez, vivan en las sombras sin presentarse a su justicia, es decir, a la JEP, además de los que se quedaron en las selvas a manera de retaguardia por si fracasa la paz, es una situación cuya gravedad no puede ser minimizada ni por el gobierno nacional ni mucho menos por la Misión ONU garante de ese acuerdo.

    Las disidencias están atacando comunidades, lucrándose del floreciente narcotráfico, comprando armas, asesinaron cruelmente a tres periodistas ecuatorianos, asaltan bases militares, matan soldados y policías de una Fuerza Pública que cree vivir en un país en paz.

    Agréguese a ese panorama inquietante, el accionar terrorista del ELN con sus secuestros, emboscadas y ataques a la infraestructura y con sus exigencias para negociar en condiciones de impunidad similares, como no, a las de sus epígonos farianos.

    Y, por supuesto, cómo no tener en cuenta la presencia de violentas bandas criminales en zonas rurales y urbanas que viven del narcotráfico y en enfrentamientos ocasionales con otros grupos ilegales con los que se disputan el control de los cientos de miles de hectáreas sembradas de coca que dejó el APSF.

    De manera que no es mala fe, no es egoísmo, no es amor a la guerra, no es que seamos pendencieros, no es que no deseemos la paz, lo que hace que la inmensa mayoría de colombianos desconfiemos de las bondades de un acuerdo mal hecho. Son las realidades que vemos en la palabra de una guerrilla cuyos jefes hablan con cinismo y esconden bienes para no reparar a sus víctimas y algunos de los cuales siguen, como Santrich y al parecer Márquez, traficando cocaína.

    Se le puede agradecer al señor Arnault su buen deseo, pero, la verdad es que, de una persona de su rango, lo que se espera es una posición más enérgica y resuelta para con una guerrilla que a todas luces está violando lo firmado, a la que se le ha otorgado muchísimo más de lo que se merece y por encima de las leyes nacionales e internacionales. Es ella y no el gobierno Duque la que debe dar todo de sí para que al fin se desmovilicen todas sus estructuras “disidentes”, entreguen sus bienes, reparen a sus víctimas, dejen sus actos obscenos de darle estatus de heroísmo a sus crueles actos de terror y de organizar homenajes a sus muertos.

    Los colombianos no podemos dar más, rebajarnos más, humillarnos más ante los grupos ilegales que nos han maltratado por más de medio siglo.

    Darío Acevedo Carmona, 24 de septiembre de 2018