Petro debe ser enjuiciado y destituido por el Congreso
El presidente Petro y su equipo de colaboradores más cercanos han tomado una decisión radical, pasar, como lo dijo él en intervención agitacional previa a su viaje a la Asamblea General de la ONU, como cualquier agitador de cafetín: “Hoy las armas están al servicio del pueblo …Este apenas es el preludio …La fase que sigue es el gobierno popular…que no se atrevan …nos vamos a movilizar millones en Colombia”.
No se debe olvidar que días o semanas atrás arremetió contra el Congreso porque no le aprobaban sus reformas y citó una marcha en su favor que resultó fallida. Petro quiere anular el órgano legislativo lo que significa un golpe de estado, si como amenaza, llegare a cristalizar su cometido dictatorial. Llamó a organizar y movilizar en su apoyo a millones de campesinos, etnias, jóvenes y trabajadores en defensa de su “cambio”, amedrentando a sus opositores para que no obstaculicen sus iniciativas: “que no se atreven” pues según él, “se encontrarán con un gigante”.
La excongresista y exministra Nancy Patricia Gutiérrez en reciente video denuncia con toda lógica que Petro conduce el país a la “Polarización, la guerra civil y la dictadura”.
El comportamiento de Gustavo Petro incitando y amenazando de la manera citada y de forma tan reiterada constituye un peligro extremo para la democracia colombiana.
Su retórica estertórea con la que busca despertar el entusiasmo del “pueblo” no requiere de un análisis profundo para desnudar que tras ella se esconde su viejo espíritu guerrillero, solapado con habilidad hasta el presente.
Desde el punto de vista de su esfuerzo emocional por convertirse en un caudillo internacional por la salvación del planeta, Petro está dispuesto a saltarse todas las barreras institucionales que para él representen un obstáculo a su proyecto estatizante. Su ego desmesurado lo lleva a perder los estribos a hacer malos cálculos y a sobredimensionar sus capacidades de convocatoria.
En otra perspectiva, Petro puede estar siendo afectado por el miedo a ser destituido bien sea por las denuncias por exceder los gastos de campaña y el ingreso de dineros turbios a su campaña. Varias investigaciones cursan trámite en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y nada seguro es que sus alianzas sean suficientes para disipar el peligro de llevarlo a juicio al Senado.
Petro sabe que la oposición es aún muy débil, que su imagen negativa en las encuestas es manejable, que los escándalos por corrupción, violación de topes de campaña e ingreso de dineros narcos a su campaña pueden tener consecuencias en el muy largo tiempo a sabiendas de la lentitud de nuestra justicia y en particular de la inoperancia de su juez natural, la Comisión de Acusaciones del Congreso. A lo mejor cree que puede meterle miedo a la sociedad con sus amenazas.
La movilización del próximo 27 de septiembre en Bogotá hay que tomarla en serio. Petro con su habitual verborragia revolucionaria mancilla la investidura presidencia. No está dentro de sus funciones presidenciales acudir a ese tipo de llamados. Es ilegal, además, porque se traduce en el desconocimiento de una de las funciones esenciales del Congreso de la República. El presidente no se puede inventar caminos no contemplados en la constitución y de hacerlo, asumiría un rol dictatorial pues de facto anula o decapita el poder legislativo y lo reemplaza por la muchedumbre, la multitud, reunida sin ser un mecanismo reglado en el marco de la institucionalidad, lo cual significa que Petro incurre en un golpe de estado duro.
Colombia no se había visto en una situación tan dramática y azarosa pues las marchas promovidas tendrán lugar en época electoral, y, por tanto, estaríamos ante una abierta participación del presidente en política, en indebida presión contra los otros poderes del estado, en desconocimiento de su autonomía, en una provocación y amenaza a la Oposición. Y de contera en clara incitación a la violencia.
Con todos los escándalos protagonizados en Colombia y en el exterior, con las evidencias de corrupción, con los incumplimientos que deshonran la figura presidencial con diversos sectores, con su indecorosa e insultante palabrería que desdice de la altura y la donosura propia de un primer mandatario, por sus amenazas y desafíos, por sus llamados al caos y al desorden y su desconocimiento de los canales regulares, Petro debe ser enjuiciado con prontitud y antes de que produzca más daños a las instituciones y a nuestra democracia, llevado a juicio y ser destituido.
A los colombianos demócratas no nos debe caber la menor duda sobre la lealtad del presidente Gustavo Petro con su forma de pensar de siempre y con el libreto revolucionario del Foro de Sao Paulo que, aunque no define con rigidez cada paso o etapa del proceso, si establece pautas o lineamientos para los partidos y movimientos según las circunstancias de cada país
Ello no quiere decir que los objetivos de fondo sean maleables. El objetivo central es tomar el poder, punto incuestionable. Las maneras o los métodos están abiertos, y, aunque el Foro creado por Fidel Castro y Lula da Silva, criticó el uso de las armas, no exigió su exclusión del programa de acción. Así se puede constatar con las alusiones a la situación en Colombia claramente incluyentes y favorables a las guerrillas del Eln y las Farc.
Quiero destacar varios de los puntos en los que el Foro establece una especie de libreto o sine qua non, guía o derrotero para los impulsores del socialismo latinoamericano en su versión creada para encarar el hundimiento estruendoso de la URSS y del socialismo soviético, para sobrevivir a costa de sacrificar temporalmente o enmascarar la adhesión a la doctrina marxista leninista.
Muy importante el ya reconocido recurso para cambiar o revisar la historia en cada país apoderándose de las instituciones educativas, de los planes y programas académicos que reducen el pasado a la lucha de clases y simplifican los conflictos y las complejidades a fórmulas impactantes como que en el antes reinó la injusticia social, gobernó una oligarquía infame, estuvo vigente la esclavitud, en suma, una leyenda negra que justifica el cambio. Es lo que ocurrió en la Cuba de los Castro y con la manipulación con Bolívar por la dictadura Chávez-Maduro en Venezuela. Es lo que pregona en Colombia Petro y su equipo de gobierno al referirse a un pasado esclavista que, según él, sigue vigente, y su desprecio y negacionismo de la democracia que tilda de “oligárquica”, y a las instituciones que sostienen el edificio estatal.
Por otro lado, es latente su hostilidad con las fuerzas militares y de policía. No tenemos idea del impacto negativo causado por la cascada de golpes propinados por el ministro de Defensa, quien detrás de su ropaje, en apariencia y solo en apariencia, de ignorante e incompetente, esconde su tenebrosa misión de reducir a la inacción a quienes tienen la misión de defender el país y la institucionalidad.
Otra de las peripecias es la inversión semántica que trastoca el sentido usual de nociones claves en el ordenamiento social. Por ejemplo, cuando al secuestro se le llama retención, y si es contra miembros de la fuerza pública por parte de grupos de campesinos controlados por guerrillas, se les hace el favor, desde el ministerio del Interior de llamarlos corredores humanitarios. Se le llama sociedad civil a la reunión de activistas, se traslada a la noción de democracia contenidos ajenos. Se les otorga beneficios y premios a criminales de guerra, nombrándolos voceros de paz, no se le exige a las guerrillas que dejen de atentar contra los agentes de la FP ni la dejación de las armas y su desmovilización al cabo de la firma de acuerdos Convocar desde el gobierno a marchas y movilizaciones de campesinos, estudiantes y trabajadores para que apoyen la expropiación de tierras que llaman redistribución. Prohibir bombardeos para supuestamente proteger a niños cuando lo real es que se les regala a las guerrillas un escudo defensivo.
Otra de las maniobras es la realizar alianzas con sectores del establecimiento combatido, a los que poco a poco, después de haberlos utilizado y permitido amasar fortunas vía corrupción, van haciendo a un lado. Una copia de los antiguos frentes populares de Stalin y Mao.
Capítulo aparte es el cuestionamiento del modelo económico que consideran a secas como “neoliberal”, para reemplazarlo con medidas de corte estatizante, con expropiaciones, que deriva al estado todopoderoso y totalitario, bajo la enseña de la “justicia social”, la “redistribución de la riqueza”, “la igualdad social”, la imposición de altos impuestos.
Por último, en esta columna, más no en el arsenal de sus conductas, tenemos la generación de un ambiente caótico del que siempre culparán a sus enemigos, a los empresarios y al imperialismo yanqui. Se crea con medidas y declaraciones abundantes, mentiras, anuncios, proyectos, todo en cascada, atropelladamente, todos los días, con declaraciones escandalosas que impiden centrar el debate y el trámite de los problemas.
El caos, el empobrecimiento, la división, la manipulación del lenguaje, el trabajo de zapa, la destrucción de las instituciones, la siembra de la desesperanza, la desconfianza y la impotencia entre sus enemigos y la población configura la atmósfera ideal para la consolidación de las dictaduras que se inician en y desde la democracia.
El presidente Petro no solo se defiende, sino que contraataca sin escrúpulos y con mucha fuerza a las denuncias que se le están formulando desde diversos flancos y medios por hechos de corrupción y las críticas al carácter destructivo de sus proyectos de “cambio”.
Petro reafirma su compromiso con grupos criminales ofreciendo a sus jefes medidas como la excarcelación, el “perdón social”, la liberación de miles de mujeres cabeza de familia, la invasión de tierras, el nombramiento de gestores de paz y el pago de un millón de pesos a jóvenes que hayan asesinado para que no lo vuelvan a hacer.
Sin duda, se trata de cumplirles las promesas a los capos que, según su hermano, movieron el electorado a votar masivamente por Petro en regiones en las que la presencia o influencia de él y su Pacto Histórico era nula o insignificante.
No me referiré a la violación de los principios éticos y morales que deben legitimar los actos de un primer mandatario. Tampoco me ocuparé de criticar el desgastado y oportunista recurso que encubre irresponsabilidad e incoherencia al justificar estas alianzas porque en el pasado otros las hicieron, aunque es fácil decir que entonces los parapolíticos fueron privados de su investidura de congresistas y penalizados con años de cárcel, mientras que Petro, los ensalza, los renombra, los envía a embajadas, los perdona.
Expondré cómo, a la luz de las ideologías revolucionarias de las izquierdas marxistas y neocomunistas, el compromiso con la revolución es total, sin esguinces, por ella, el militante se debe sacrificar en lo personal y en lo familiar. Nada puede estar más allá o por encima de la lealtad con la revolución, ni siquiera la propia vida ni el círculo familiar.
De tales actitudes encontramos abundante y detallada información en textos literarios e históricos que revelan las maneras del individuo común absorbido por la masa o multitud que pierde su sentido crítico. Como también la manipulación promovida desde las altas esfera del poder que, en nombre de ella, venden hasta humo y caspa. Un Stalin, un Mao, un Hitler, un Mussolinni, un Fidel un Ché, etc., fueron maestros en este tipo de experticias idiotizantes.
En China durante la Revolución Cultural de Mao en los años 60 del siglo pasado, jóvenes aculturados en la religión maoísta realizaban jornadas de masas de linchamiento mediático contra descendientes de los shenshi malvados (terratenientes). En la URSS de Stalin los comunistas primero repartieron tierra y una vez consolidado su poder la colectivizaron. En Cuba crearon una guardia revolucionaria que vigilaba lo que sucedía en cada cuadra y barrio. En Alemania del Este (comunista) la vigilancia oficial afectaba hasta las familias cuyos miembros se delataban entre sí para obtener favores. Pol Pot en Cambodia desocupó las ciudades y envió a sus habitantes al campo para que aprendieran lo duro que era trabajar la tierra. Se dice que Fidel ordenó, en medio de la pobreza de su pueblo por el derrumbe de la URSS, a un general y varios oficiales traficar cocaína con la condición de que, en caso de ser pillados, ellos se tenían que inmolar asumiendo toda la culpa.
Esto para no hablar de otras actividades lumpen, robos, corrupción, abuso de poder, favoritismo, paralización de la Fuerza Pública, alianzas con mafias y bandas criminales, perdón de delitos comunes y crímenes de guerra, etc., que se justifican porque se cometen para hacer avanzar la revolución, y, si a la vez, como está ocurriendo en nuestra Colombia en manos de la pandilla revolucionaria, se aprueban medidas como las que impulsan Petro y sus ministros para destruir la democracia, las libertades, el estado, la propiedad privada y las Fuerzas Militares y de Policía, la conclusión, para caer en cuenta del abismo al que caímos, es que este estado de cosas no tiene mejor nombre que el de ser una revolución.
No hay constitución que marque el límite de su accionar, no hay instancias judiciales y de control que se sientan capaces de intervenir, mostrar y parar el desastre y la humillación de las reglas del juego político, económico y cultural. No contamos con una oposición organizada y unida en torno a la defensa de la nación.
Los integrantes de este gobierno, todos a una como en Fuenteovejuna, o como como Rolando y su cueva de ladrones, se juntan para hacer fiesta con los recursos públicos, como cuando los neo ricos coronan un envío de drogas tirando la casa por la ventana.
Entender la gravedad del momento y saber que vendrán cosas peores, nos debe servir para reaccionar y actuar en defensa de nuestros más preciados valores, de nuestro tejido social, de la libertad y de la democracia, de nuestra Fuerza Pública con la mayor contundencia posible.
Para un amplio sector de columnistas y líderes opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro los escándalos que han causado el deterioro de la imagen del gobierno y del primer mandatario tienen su origen en el entorno que lo rodea y en la persona misma del presidente.
Las expresiones de malestar de la ciudadanía lejos están de la virulencia, el extremismo y la violencia de las promovidas, organizadas y azuzadas por el petrismo y las izquierdas radicales durante el gobierno Duque a quien exigían renunciar en sus movilizaciones y derrocar en el ensayo insurreccional de 2021. Las movilizaciones del presente, por el contrario, se han caracterizado por su pacifismo y espíritu civilista. Una foto para la historia es el mejor argumento para demostrar lo que decimos. Un grupo de policías del Esmad o policía antimotines, se ven sentados alrededor de una estatua dentro del edificio del Congreso mientras en la plaza de Bolívar desfilan miles de miembros de la reserva activa de las Fuerzas Militares y de Policía y ciudadanos en protesta contra el gobierno Petro. Ni en esa ni en anteriores marchas y concentraciones realizadas en varias ciudades hubo desórdenes ni piedra ni incendios ni destrucción de instalaciones policiales ni enfrentamientos fatales como los promovidos por la primera línea en Colombia en 2021.
Toda la bulla, todo el descontento actual, nace como lógica manifestación de rechazo con los desvaríos, errores, proyectos destructivos, improvisaciones, ignorancia de la función pública y del manejo de las instituciones, del irrespeto a la institucionalidad, de los choques con las otras ramas del poder del estado, de las mentiras, del nepotismo, de las amenazas, del estilo pendenciero de Petro, de las denuncias explícitas y sugeridas de sus alfiles sobre malos manejos de dineros en la campaña presidencial, de su cercanía y favorecimiento a grupos armados guerrilleros y de mafias y criminales comunes. En fin, se cosecha lo que se siembra.
Algunos sectores piden la renuncia de Petro, esa consigna en sí misma no constituye una acción ilegal, debe leerse como una reacción ante la evidencia de tan malos procederes y pésimos resultados. Por otra parte, nadie les ha negado el derecho que tienen a defenderse todos los que están involucrados en los escándalos de corrupción, ni el hijo de Petro, ni él mismo ni ninguno de sus funcionarios caídos en desgracia.
Esto nos debe llevar a dos conclusiones, no es correcto que el gobierno y quien lo preside asuma una actitud de autovictimización o de autoexpiación de culpa diciendo que los mandatarios de antes cometieron iguales desmanes. La discusión no tiene porqué girar en torno a si hay o no garantías para los señalados, sobre si es legal o ilegal el manejo que se le está dando a la situación, puesto que todos los pasos dados no han rebasado los límites de la legalidad.
Por eso, las palabras pronunciadas por el expresidente y jefe del partido Liberal, César Gaviria Trujillo al fijar como un deber de los colombianos “luchar para garantizar que el mandato de Petro vaya hasta el 2026…” Han causado gran revuelo y desconcierto. No es para menos porque no hay señales de un complot que tenga por fin “tumbar” al presidente o darle un golpe de estado. Reiteremos, todos los elementos de la crisis que atraviesa salen del interior del gobierno.
¿Qué busca, entonces, el capitán del resquebrajado y dividido partido liberal? ¿Retomar el liderazgo perdido de su partido venido a menos bajo su dirección? ¿Busca firmar una alianza con Petro sirviéndole de salvavidas? ¿Naufragar dándole la mano a quien se arrojó a aguas profundas sin saber nadar?
No se entiende ni se ve bien que uno de los partidos, sostén con el conservatismo desde mediados del siglo XIX de las instituciones que nos han regido, que uno de los dos partidos tradicionales fustigado por las izquierdas armadas y civiles como estandarte de una sociedad esclavista y de una oligarquía sanguinaria, salga en defensa de un gobierno que se destruye a sí mismo, de un presidente que no es víctima de una oposición violenta, y que se consume en el fuego de sus incoherencias, yerros e incapacidad y de las denuncias de su hijo y de su jefe de campaña.
Entre los argumentos que esgrime el gobierno Petro y sus altos funcionarios para defender sus iniciativas y proyectos encontramos que hay desde los que denotan ignorancia, ineptitud, ofuscación, incoherencia, descaro hasta los que son clara irresponsabilidad. No es solo el desconocimiento sobre el funcionamiento del estado, de sus leyes esenciales, de respetables tradiciones de la población.
La mayor incoherencia se observa a simple vista, recordemos las maneras que utilizaron durante décadas para oponerse a gobiernos que tildaban con los más negativos adjetivos que se puedan encontrar en el diccionario de lengua española, recordemos sus protestas violentas, sus acciones provocadoras y destructivas contra agentes de la fuerza pública, bienes públicos y privados, su promoción del caos, todo en nombre del derecho a la protesta. La retórica agresiva, desbordada, persistente y sin pausa del actual presidente contra varios mandatarios y funcionarios de alto rango. El torpedeo incesante de proyectos en el congreso, la campaña de desprestigio contra nuestro estado de derecho y contra el Ejército dentro y fuera del país, el desprestigio y negacionismo de nuestra democracia, la tergiversación de los hechos, la magnificación de los abusos de poder y la generalización en la atribución de responsabilidades contra las instituciones.
El petrismo y sus aliados consideran que por haber ganado las elecciones tienen derecho a imponer todas sus iniciativas y proyectos. De esa forma desconocen que la democracia es un modelo de gobierno que exige diálogo, concertación, debate, derechos a ejercer la oposición con todas las garantías. Que los principios republicanos modernos deben ser respetados, en particular el de la separación de poderes y su colaboración armónica y que, el origen en la conformación del poder judicial, aunque no es de tipo electoral tiene un procedimiento legal que lo hace tan legítimo como los que se deben al voto ciudadano.
El petrismo y su Pacto Histórico quieren darle a su triunfo en las elecciones presidenciales un carácter absoluto, como si también lo hubiesen logrado en las elecciones para congreso, y como si se tratara del triunfo de la revolución que han soñado. Por eso vemos que proceden a su libre arbitrio, con descaro y mancillando principios de la moral y el decoro republicano. Por ejemplo, al nombrar representantes de la nación ante otros gobiernos a personajes que no reúnen las condiciones establecidas por la función pública de experticia y formación o que tienen a sus espaldas conductas inmorales.
Ellos creen que por ser “el primer gobierno de izquierda en la historia” tienen automáticamente derecho a gobernar como les de la gana violando normas y principios constitucionales en materia del modelo económico que reconoce el libre mercado, la propiedad privada, la regla fiscal, la ortodoxia y la larga tradición reconocida en el mundo en el manejo de nuestra economía.
Han humillado el estado colombiano en declaraciones oficiales ante auditorios nacionales y organismos y públicos internacionales, al tildarlo como un estado asesino, negando la democracia en actitud cínica pues gracias a ella están en gobernando. Han debilitado en profundidad a nuestra fuerza pública, tanto por el descabezamiento de su alto mando, como al colocarlo en igualdad de condiciones morales y políticas con organizaciones delincuenciales y grupos armados ilegales de ultraizquierda.
Este gobierno, por boca de su ministro de justicia quiere vender la idea de que la cárcel para grandes delincuentes es inapropiada como castigo. Su idea revela tanto ingenuidad como estupidez y confunde su opinión con lo que es política judicial de estado construida a lo largo de muchos años y en medio de profundos debates sobre filosofía jurídica.
A Petro le ha dado la ocurrencia de seguir el ejemplo de la ecologista Greta Thunberg, llevando un mensaje profético sobre la inminente extinción de la humanidad, la sexta, según su discurso anual ante el Congreso colombiano. En su deriva de marxista versión socialismo del siglo 21 hacia el militantismo ecológico en el que emula a Nostradamus con sus infundadas profecías, no hay certeza si lo hace por ganarse un lugar en el liderazgo internacional utilizando la causa ambiental o si lo que busca es crear un ambiente de distracción para ocultar su militancia comunista.
En todo caso, poco parece importarle el daño que le hace a la economía nacional con su retórica contra el petróleo, el carbón, el gas (aunque hace venias al dictador Maduro para comprárselos), contra el azúcar y sus productos derivados, la ganadería y su tolerancia con los cultivos de coca.
Para rematar, el presidente Petro incurre con frecuencia en ausencias e incumplimientos sobre los que ya circulan rumores de malas o impropias conductas de un primer mandatario, dando a entender su irresponsabilidad con respecto al deber ser de su cargo. Ataca a los medios, al poder judicial, a los ricos, a los blanquitos. Pretende que el congreso de la república debe acatar sumiso sus proyectos.
Gobernar en el marco de una democracia implica tolerancia, rectitud, diálogo, respeto, reconocimiento del adversario, escucha, en vez de amenazas, demagogia, exabruptos y rimbombancia. Entender que las elecciones no se realizaron para validar una revolución o para crear una situación caótica.
La reciente intervención de Petro en París, reproducida por los canales nacionales de televisión el pasado 25 de junio, es una pieza maestra que muestra al presidente en el esplendor de lo que él ha sido y sigue siendo.
No hay necesidad de escribir un libro ni un ensayo para analizar los temas con los respectivos anatemas que enunció a rajatabla. Nadie está obligado a rebatir o a confrontar descalificación contra argumento, absurdos contra razón, mentiras contra hechos, porque la pieza en cuestión no pasó de ser un alarde de rabia y de odio contenido en tono ideológico y moralista.
Ante un público seleccionado de colombianos residentes en Francia, que lo aplaudían, Petro se despachó contra sectores a los que ha tomado, no por críticos ni opositores sino como enemigos, atacó a los empresarios que hacen negocios con la salud dejando entrever que son inmorales y corruptas todas las empresas que se lucran de prestar servicios de salud.
Insistió en posar de historiador al comparar algo supuestamente ocurrido en Bogotá en 1851 con motivo de la ley que eliminó totalmente la esclavitud bajo la presidencia del jefe liberal radical José Hilario López, con lo que, según él es su continuidad en pleno siglo XXI. Así, abominó a todos los gobernantes, borró diferencias entre momentos y situaciones en una ramplonería y simplismo que da pena, despachó con dos frases la complejidad del mundo laboral, destruyó el capitalismo con dos adjetivos, etc.
Atacó a los medios porque son propiedad de familias de riquísimas casas de empresarios, y esgrimió la conclusión moralista que de ellos no se puede esperar información acertada,
Insistió en que el país siempre ha sido gobernado por una elite u oligarquía -haciendo pantomima de Gaitán- vieja consigna de movimientos y líderes populistas y de la izquierda dogmática y ortodoxa.
Denigró del Congreso porque no aprobó algunos de sus proyectos, queriendo indicar que, para él, acorde con su talante dictatorial, solo sirve todo y por eso no mencionó los que si le aprobaron.
Embriagado en su locuaz soberbia, lanzó afirmaciones mentirosas contra la oposición a la que descalificó moral, política y socialmente y culpó de todos los males e injusticias de nuestra sociedad. Se apropió la representación del “pueblo”, la “justicia”, la “verdad”, la “igualdad”, entre otras nociones de cobertura general.
En su desborde retórico afloró su afán por colocar todos los problemas en el marco de la lucha de clases, como lo hacía sin tapujos en sus primeros retozos con la civilidad, que había solapado en la campaña presidencial del 2022.
Volvió a renegar de nuestra democracia, de la cual siempre fue un negacionista a pesar de ocupar el solio de Bolívar y dominar buena parte del Congreso, gracias a ella.
¿Qué conclusiones se pueden sacar de ese discurso delirante, emocional, desafiante e insultante? Lo primero es no caer en la ingenuidad de ver el contenido como algo nuevo o como una sorpresa. Estamos ante el mismo personaje de siempre, pero, adobado con la investidura presidencial, con amplios poderes que manejados caprichosamente son un peligro para las libertades y la democracia. Estamos ante el antiguo guerrillero que quiso desde el M-19, tomar el poder con las armas, el que siempre moldeó su pensamiento y sus objetivos desde una retórica denigrante del país, de sus instituciones, de su democracia, de sus elecciones, de su modelo económico para posicionar y justificar la idea del cambio, que en cualquier momento llamará “revolución”.
Al referirse a temas delicados no cita estudios ni estadísticas, pretende hacer un diagnóstico acertado cuya fuente es su propia palabra. Abunda en mentiras como en el caso de la salud que la hace trizas, y a la que, afirmó, las gentes humildes y viejas no tienen acceso, es la peor, y no entiende como figura entre las mejores del mundo.
De otra parte, el “nuevo” Petro, retoma sin confesarlo, la línea marxista de atizar la lucha de clases, promoviendo estigmas contra los banqueros, los grandes empresarios, las elites y la oposición, culpándolos de todos los males del país, estimulando el odio y el resentimiento contra los “poderosos” que se niegan a tratar merecidamente a sus empleados. Se lanza contra el capitalismo desde los países donde este sistema ha sido exitoso y defiende a ultranza un mayor papel del estado. No se si en el viaje que tiene programado a la China comunista y a Corea del Sur, se le ocurrirá darles lecciones a sus dirigentes de cómo combatir la pobreza implementando el modelo capitalista.
En su lógica anticapitalista, sobresale por su irresponsable y sistemático ataque a empresarios y a miles de trabajadores que viven del trabajo en las industrias del carbón, el petróleo, el azúcar y la ganadería, a las que amenaza sin decir que hará con esos trabajadores y sus familias de las que se declara, sin sonrojarse, su protector.
No hay espacio en una columna para hablar de otros temas, como el de haber incorporado a su morral de impertinencias, la lucha contra el cambio climático, campo en el que se ve como una caricatura de Greta Thunberg.
Termino haciéndome esta pregunta ¿Qué busca o por qué Petro viola adrede el mandato constitucional que define como característica fundamental del presidente de la república ser el representante de toda la nación, el que debe procurar la unidad nacional y la concordia? ¿Por qué se le ve rabioso, retador, amenazante tendenciosos, como un agitador en vez de un mandatario?
Pienso que en medio del sentido de auto seguridad que exhibe en su oratoria, Petro tiene miedo, miedo a la oposición, de la que se burló al caricaturizarla, y a las marchas cada vez más multitudinarias. Miedo a que algunas de las investigaciones y denuncias en su contra, presentadas ante el Congreso, por recepción de dineros sucios y no declarados en su campaña de 2022 o por alteración de los escrutinios, prospere y resulte condenado indigno del cargo. Por eso recurre a la experticia del guerrillero, golpear a la vez en muchas partes y evitar concentrarse en un solo lugar. Pero también, a la estrategia en la que es muy hábil: victimizarse y culpar a la oligarquía feudal y premoderna.
En Francia ante la presentación de un proyecto de reforma pensional las fuerzas de oposición se han lanzado a las calles para expresar su descontento. Igual está ocurriendo en Israel donde todo tipo de sectores de la sociedad hacen lo mismo para oponerse al proyecto de reforma del poder judicial presentado por el primer ministro Netanyahu.
Ambos países están regidos por una sólida democracia que respeta tales manifestaciones y donde los gobiernos que a ella se deben, entran en negociaciones con los representantes de la oposición con el fin de buscar acuerdos. Es de toda lógica que así ocurra, pues democracia quiere decir transacción, negociación y no imposición. Y porque en regímenes republicanos, liberales y democráticos como lo son Francia e Israel, la movilización y la protesta social ante medidas de gobiernos de turno, es respetada y escuchada, diferente a lo que ocurre en gobiernos populistas y dictatoriales, como lo hemos visto en tiempos recientes en Cuba y Nicaragua donde se castiga con violencia oficial, con cárcel y hasta con deportación de líderes toda expresión de protesta masiva.
En Colombia, tal como discurre el debate en torno de los proyectos presentados por el gobierno de Gustavo Petro sobre salud, pensiones, régimen laboral, plan de desarrollo, paz total, entre otros, corre peligro el derecho de la oposición y de sectores que se verían afectados por tales iniciativas, a manifestarse en las calles, en los medios y aún desde algunos entes del estado.
Sin que el repudio o el debate haya llegado a los niveles que se han vivido en Francia e Israel, es decir, sin que se hayan realizado grandes movilizaciones, a las que se tendría, además, todo el derecho, el presidente Petro se ha desmadrado en atacar a los gremios, a la prensa y a los partidos de oposición, traspasando las líneas rojas que separan una democracia de una dictadura.
Es lo que se desprende de su retórica agitacional con la que apela en genérico al “pueblo” que él dice ser y representar y al referirse a un supuesto “golpe de estado” que nadie está proponiendo o ventilando, al menos, desde quienes son sus adversarios, y más bien, se hace desde su propio territorio donde se llama a “salir a las calles” a “la revolución”, a “dar el paso definitivo”. O como en un mitin con líderes de Juntas de Acción Comunal a las que ha tratado de conquistar empoderándolas en funciones políticas que nunca han desempeñado, como la de movilizarse en defensa de los proyectos del gobierno.
En dicho mitin Petro hizo gala de su tono amenazante, impropio de un mandatario elegido en democracia y de todos los colombianos, advirtiendo a quienes rechazan sus proyectos a que “ni se atrevan” a impulsar “un golpe de estado blando” porque “el pueblo está empoderado, ejerce el poder” y se puede desatar “un estallido social”, etc.
Hay imágenes y videos que demuestran la manera como el presidente Petro se deleita enervando a sus seguidores, apelando a las bajas pasiones que, al decir de los estudiosos del comportamiento de la masa, como Elías Canetti en Masa y poder, Sergio Daniel Labourdette en Mito y política y Serge Moscovici en La era de las multitudes, es la técnica que facilita la absorción del individuo, es decir, la pérdida de su autonomía, su conversión en un simple número que se mueve y reacciona pasionalmente a lo que dicta el caudillo.
De a pocos, la población colombiana se va dando cuenta del dañino proceder de un presidente que enarbola la consigna “del gobierno del cambio”, que, a decir verdad, es un retroceso a momentos y a experiencias de ingrata recordación en diferentes países.
Una cosa es hablar de las ideas y la personalidad de quien no ha dejado de ser un gran agitador revolucionario, muy otra es que, las gentes puedan constatar por su propia mirada y vivencia, la aventura destructiva a la que está siendo conducida nuestra nación.
Ya lo decía, y perdón por apelar a lo que escribí hace unas semanas, que la alianza forjada por Petro fracasaría en pocos meses, es lo que estamos presenciando, y que lo que sigue puede ser tan peligroso si se da el paso, como incitó un irresponsable pero firme comunista precandidato presidencial (Alfredo Saade), a la vía insurreccional para consolidar el proyecto revolucionario y sea convocada una asamblea constituyente citada con las condiciones de Petro.
En la cadena de escándalos causados por el presidente Petro, sus ministros y altos funcionarios, al jefe del Ejecutivo se le ocurrió hacer referencia a la Ley de Justicia y Paz de 2005, cuyo objeto es el de facilitar la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y sometiendo a medidas de justicia transicional a los responsables de delitos de lesa humanidad.
Desde Barrancabermeja en un evento sobre reparación a víctimas de los paramilitares, según informó la revista Semana (22/03/23), “arremetió contra dicha ley” diciendo: “Justicia y Paz fue una ley de impunidad para los narcotraficantes, allí no había un fiscal que criticara, allí los congresistas pupitrearon la ley, no bastó que algunos disidentes liberales o los de izquierda hablaran en contra; por ahí no era el camino… No se podía volver al narcotraficante político que desde el ámbito de la economía habían creado, en su afán de acabar con las bases sociales de esa insurgencia… creyeron que el camino era el genocidio, repetir el camino de liberales y conservadores de matarse con masacres y barbaries”. Agrega la revista Semana que Petro convocó a los exjefes paramilitares “a revelar la verdad sobre la indemnización de las víctimas”.
A renglón seguido, el presidente Petro salió en defensa de su proyecto de sometimiento de las bandas criminales: “El Gobierno, a través de las instancias, puede reunir a los jefes paramilitares para que hagan un balance ante el país, para que digan lo que ha pasado con la verdad y los bienes para el proceso de indemnización, para que nunca más se junte la esvástica del nazismo con el narcotráfico”.
Lo dicho por él no difiere mucho de sus apreciaciones negativas en 2005 y años siguientes. Lo que confirma la percepción de muchos analistas y comentaristas en el sentido de que Petro no ha dejado de ser un agitador opositor y que no ha entendido el rol que hoy tiene gracias a la democracia en la que no cree.
Varias precisiones debemos tener en cuenta para que quede en evidencia la ausencia de coherencia política y simetría jurídica en el proceder del primer mandatario. Sobre el tema de la impunidad, por ejemplo, en la Ley de Justicia y Paz se estableció una condena de ocho años aplicable a los altos mandos de esos grupos responsables de crímenes de lesa humanidad, penas que se han cumplido y en algunos casos, varios capos fueron extraditados por violación de compromiso de no repetición.
De otra parte, en el trámite de discusión y aprobación de dicha Ley hubo intervención decisiva de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, del Congreso de la Repúblicas y del Ejecutivo de entonces. Ningún jefe de esos grupos se convirtió en actor o candidato político. Nunca se les dio trato de contraparte del estado ni se les reconoció estatus de beligerancia.
Deformar esas realidades históricas y mentir es un fácil recurso demagógico, sobre todo si lo que se busca por parte del presidente Petro es marcar diferencias con su cuestionado proyecto de sometimiento de grupos al margen de la ley el cual está plagado de los vicios y adefesios que se evitaron en el proceso de 2005. Ningún jefe paramilitar fue convertido en misionero o agente de paz.
En cuanto a la contribución a la verdad, la ley 1424 del 10 de junio de 2010, con el ánimo de resolver la situación judicial de desmovilizados de base de estos grupos, no incursos en delitos de lesa humanidad, en su artículo 14 crea el mecanismo de sometimiento exigiendo de cada uno contribución al esclarecimiento de hechos trágicos y la firma de un compromiso de no repetición. Para el cumplimiento de esta función se responsabilizó al Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, a través del Decreto-Ley 2244, artículo 14, del 28 de junio de 2011. Esta entidad cifró en 18.306 el número de personas que habrían de ser citadas.
Bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, el CNMH (2012-2018) y la de quien escribe este texto (2019-2022) se culminó de manera exitosa esta tarea, de la cual, además, quedan como testimonio esclarecedor del fenómeno paramilitar 16 amplios y detallados informes y la realización de numerosos eventos con las víctimas de masacres, magnicidios, violencia sexual, reclutamiento de menores, destrucción de bienes y desplazamiento forzado.
Este método que se denomina “Mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica”, ha sido objeto de reconocimiento internacional por su contribución a la verdad, a la reconciliación y a la no repetición, como ejemplo de justicia transicional, así mismo, como un método que podría ser aplicado en conflictos armados en otros países.
Lo que resulta incoherente en las palabras del presidente Petro es que en su proyecto de Plan Nacional de Desarrollo se incluye un artículo que reivindica la aplicación de tal Mecanismo a los desmovilizados no solo de las bandas criminales sino de las guerrillas sin hacer la excepción o claridad sobre lo que ocurriría con los criminales de guerra. Incluso, dispone que los altos comandantes de las guerrillas sean trasladados de la Jurisdicción Especial para la Paz al Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad que carece de funciones judiciales, por lo que, de aprobarse tal como está escrito, constituiría, ahí sí, una flagrante impunidad violatoria del estatuto de la Corte Penal Internacional del que es parte nuestro país.
Cerca de tres meses lleva Darío Acevedo en su cargo como Director del Centro de Memoria Histórica. Asegura que “no ha venido a establecer una nueva verdad”.
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Darío Acevedo sabía que asumir como director del Centro de Memoria Histórica (CNMH) no iba a ser fácil. Cuando sonó su nombre para el cargo saltaron las alarmas en muchos sectores de la opinión pública. Se sabía que Acevedo –historiador y profesor universitario– había sido un fuerte crítico del proceso de paz con las Farc y del papel de instituciones como el propio CNMH en relación a la verdad y la memoria.
Quien concentra la narración pública es el Estado. Y la llegada de un gobierno uribista suponía una lucha por el control y la distribución de los relatos en torno a lo que nos ha pasado como país en los últimos 60 años. Era poco probable que el nuevo gobierno dejara en sus cargos a quienes habían puesto en práctica una determinada política de la verdad y de la memoria desde hacía casi diez años, con el gobierno Santos. Y el CNMH no iba a estar por fuera de esta disputa.
En las semanas previas a su nombramiento, Acevedo dio entrevistas a los medios en la que dejaba ver su posición –política, ideológica– frente a la historia reciente de este país. “Aunque la ley de víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado, eso no puede convertirse en una verdad oficial”, le dijo a un diario paisa.
Para algunos, el sólo hecho de poner en duda que en Colombia hubo un conflicto armado era razón suficiente para deslegitimar su aspiración al cargo como director del Centro. Esa institución nació con el mandato de la Ley 1448 de 2011, o Ley de víctimas, que establecía que en Colombia hubo, en efecto, un conflicto armado interno.
Y era –cuando menos– inquietante que quien aspiraba a dirigir esa entidad dijera que era controversial que en Colombia hubo conflicto armado.
(Pero es que la pelea política que estamos viviendo hoy es la lucha por cómo contamos nuestra historia reciente. Es la lucha por cómo nos entendemos como sociedad. Es, como se lo dijo hace unos meses a ¡Pacifista! el profesor Iván Orozco, “la demostración de que la pelea por las narrativas en Colombia está siendo una pelea a muerte. A mi juicio, la creencia, por parte de unos, de que no ha habido un conflicto armado en Colombia; y la creencia de otros en el sentido de que sí lo hay, es el punto de partida más poderoso y más radical en términos de construcciones narrativas que hay en este momento en el país”).
Acevedo fue el tercero en la fila para ocupar el cargo y el que finalmente se quedó con el puesto. Han pasado cerca de tres meses desde su llegada y, como lo contamos previamente, ya se sabe qué rumbo tomará esa entidad en el futuro.
No es un secreto que Acevedo haya hablado en términos duros sobre el proceso de paz con las Farc. Se refirió en su momento sobre los Acuerdos de La Habana como una “negociación claudicante”. Sin embargo, Acevedo ha dicho que sus opiniones personales y políticas no interferirán con su trabajo profesional. Y es apenas normal que alguien afín a las políticas del gobierno entrante asuma la dirección de una institución como el Centro. Lo que –desde esta humilde y calva opinión– juzgo complicado es que se puedan dejar de lado las opiniones personales a la hora de asumir un cargo público. Como si uno pudiera desvestirse de su ideología a la hora de entrar a trabajar para volversela a investir a las seis de la tarde.
Aunque se reconoce a sí mismo como uribista, quizás el cambio más significativo a la hora de asumir la dirección del Centro tenga que ver con su forma de entender la verdad y la historia (¿la Historia?). El 29 de abril, en una reunión frente a los trabajadores y contratistas del CNMH dijo que “no había venido a establecer una nueva verdad, nosotros no somos una fábrica de verdades”. Y “la memoria de las víctimas no le corresponde exclusivamente al Centro”. Esta visión entronca con la nueva política del Centro de abrir las investigaciones de construcción para la memoria a Colciencias.
Hablamos con él. Nos recibió en la sede actual del Centro de Memoria, junto al Parque Nacional, en una tarde atípica para este invierno que no quiere terminar.
Aquí la entrevista:
***
Este es el primer año en el que el CNMH no participó en la Feria del libro, ¿por qué?
Yo realmente no sé cuántas veces participaron como centro en la Feria del libro…
Todos los años…
¿Todos los años? Lo lógico es que este año también hubiéramos estado entonces, porque eso corresponde programarlo desde el año anterior. Cuando llegamos aquí, desde el 21 de febrero, había muchas cosas que no estaban programadas, había mucha firma de contratos, de contratos de prestación de servicios. Por ejemplo, el operador logístico no estaba firmado y eso nos ha causado problemas de viajes. Y la gente cree que nosotros los hemos negado. De eso no recibimos información. Eso hay que contratarlo antes.
En una reunión de abril, usted hablaba de unos cambios importantes y uno de ellos tiene que ver con la Dirección de Acuerdos a la Verdad. ¿Por qué acelerar la finalización de esa dirección si había presupuesto hasta 2021 y hay una serie de informes pendientes sobre distintos bloques de la AUC? ¿Por qué acortar el tiempo a la tercera parte?
Yo le voy a explicar el principio que hemos aplicado en las distintas direcciones: todo lo que ha empezado y está en marcha, se concluye. Acuerdos de la Verdad fue un agregado que se le hizo al Centro que era de otra ley, la Ley de Justicia y Paz. Entonces se le hace un certificado a los paramilitares de base para garantizarles su libertad condicional. Eso tiene un número, 18.000. En principio se nos informó que faltaban 5.000. Hicimos los cálculos de que podíamos terminar a mediados del año entrante. Parece que está más cerquita del final que nunca antes. Hay una segunda parte que es la de informes: hacen un trabajo que presentan contexto de la organización a la que pertenecen los investigados. Siempre se hace una reseña de fecha de formación, de integrantes, de jefes.
En la elaboración de estos informes que todavía no se han hecho, pero que están en proceso, ¿se van a seguir haciendo con la misma ‘rigurosidad’ y metodología que se ha hecho con los informes previos? ¿De buscar el esclarecimiento de por qué surgieron estos bloques? Se lo pregunto porque estuve hablando con Álvaro Villarraga, director saliente de Acuerdos de la Verdad, y él decía que aunque se hicieran estos informes, con el tiempo tan restringido que ahora se tenía en mente, que esos informes sólo serían de tipo descriptivo y no interpretativo como lo pide el decreto que reglamenta Acuerdos de la Verdad: de esclarecimiento de qué fue lo que pasó con la fundación de estos bloques. Entiendo que los informes se van a llevar a cabo, pero ¿se van a seguir haciendo de la misma manera?
Bueno pero si se van a seguir haciendo las cosas de la misma manera entonces no tiene sentido que yo esté aquí.
¿Entonces la respuesta sería no?
Obviamente. Hay cosas. Puede haber modificaciones, correcciones, ajustes. Por ejemplo, si uno detecta el uso de juicios de valor –que es muy común en este tipo de trabajos– de sesgos, de afirmaciones temerarias, hay que tomar distancias con eso. Yo, por ejemplo, no promovería informes de esa naturaleza. Ni para un lado ni para el otro. Yo me comprometí, al llegar acá, a hacer un trabajo profesional. No neutral, esa palabra no cabe. Ni neutral, ni comprometida. Sino que es un trabajo profesional: construir los insumos que en materia de memoria requiere este país, que los investigadores hagan investigaciones profundas y exhaustivas de carácter interpretativo.
Todas las fotos por: Juan Esteban Quintero
¿De carácter interpretativo?
Claro. Aquí ya llegó el primer informe que mandamos a jurados, tres tomos sobre el Magdalena Medio; los paramilitares del Magdalena Medio fueron muy fuertes, cometieron muchas masacres. Se hizo el trabajo de firma y de contexto. ¿Qué se hacía antes acá? Se le mandaba a la gente de acá del Centro. ¿Qué hicimos nosotros? Algo de transparencia: enviarlo a expertos.
¿Cuáles son los expertos?
La gente que está trabajando en la universidad, que tiene experticia, que ha sido analista en el tema, que ha trabajado en institutos políticos. Pero no de funcionarios nuestros. Eso ya lo corregí. Eso es transparencia.
Hay que entender que el Centro entra en función de cierre y se transforma en Museo. Y muchos de nuestros productos van para el Museo. Entonces si se va achicando, puede que vayan dos o tres proyectos en curso, eso no necesitará de una Dirección.
Volviendo al tema de los juicios de valor, usted decía que el equipo esta seleccionado con criterios profesionales, ni ideológicos, ni políticos. ¿En qué medida uno puede decir que las discusiones sobre la historia, la memoria y la verdad no están atravesadas por la ideología?
Pues hombre, es inevitable que uno como ciudadano pueda tener inclinaciones políticas, que a mí me guste un partido, que tenga cierta tendencia ideológica. Lo que he usado yo acá en la vinculación del equipo directivo, es que a la gente que he traído no les he preguntado qué pensamiento tienen, sino que se les mira su hoja de vida, si tienen la calificación que exige la ley. Segundo, no se les hace preguntas en las entrevistas de carácter ideológico, político, religioso, o sexual. ¿Cierto? Es lo que manda la Declaración Universal de los Derechos del Hombre : no hay lugar a discriminación por ese lado. Tercero, pues que a título personal no son amigos míos.
Decía que no le gustó mucho el informe sobre los diputados del Valle en cuanto al título y al prólogo, ¿por qué?
Porque el título…¿tú eres comunicador o politólogo?
Filósofo.
Bueno, yo soy historiador, entonces debes entender que un título es el abre bocas del contenido y debe estar más o menos en consonancia con el contenido. Eso siempre es muy delicado. Pero es que yo pienso que lo que sucedió en la Asamblea del Valle fue algo sumamente grave. Primero secuestrar diputados que están indefensos, ahí había solo un policía al que degollaron, dos periodistas fueron matados en el camino en una balacera y luego once de los diputados de los doce fueron asesinados a sangre fría. Ellos se disculparon de una manera que es que…es que ni si quiera habían tenido por qué secuestrar a este tipo de gente. Pero el Mono Jojoy ya había dicho: vamos por los políticos. Pero es que lo de Cali es una cosa muy grave que no está reflejada en el título: El caso de la Asamblea del Valle.
Pero le sigue de subtítulo: Tragedia y reconciliación…
No, eso había que ponerle: Secuestro y asesinato de los diputados del Valle. Para mí ese era el título. Pero bueno, así no quedó, yo no lo cambié. Y no tuve tiempo de hacerle observaciones. Porque cuando llegué ya estaba editado. Si me hubieran dado oportunidad, francamente les hubiera sugerido que cambiaran el título por algo más estricto, más riguroso.
Nosotros no vamos a investigar, nosotros no vamos a hacer investigación interpretativa
Del prólogo, pues hombre, eso puso al país en ascuas en esa época. Álvaro Uribe estaba empezando a gobernar y ya se encontró con el hecho y llegó con una política de confrontación de las guerrillas y ese evento se lo pusieron como una presión: nos tiene que liberar cinco municipios, casi todos los Llanos Orientales. Se fueron reduciendo hasta llegar a dos municipios. Eso obviamente es una presión sobre el Estado y eso siempre será discutido. Porque el presidente no está actuando a título personal sino que es una figura nacional. Entonces todo lo que un presidente haga está comprometiendo a todo el país. Por lo tanto, yo no debería igualar si negociar o no negociar la liberación de esos diputados era una cuestión de indolencia, de crueldad. Como sí lo era el hecho de que los diputados estuvieran secuestrados y hubieran sido asesinados.
Que es justamente lo que pone Pacho de Roux en el prólogo, supongo que usted está haciendo referencia a eso: “Es una muestra de la estupidez del Gobierno de la época, al frustrar el acuerdo humanitario, incapaz de comprender la situación límite en la que el ser humano tiene que ser puesto por encima de todo en un Estado de derecho”.
Es eso. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Pero tampoco puedo hacer nada. Yo estoy conversando aquí con un filósofo. Y puedo dar esa explicación. No es fácil. Ahora, yo no estoy involucrando mi opinión sobre la negociación sobre ese momento. Es probable que yo haya escrito sobre eso en esa época. Pero yo no juntaría esas dos cosas: la supuesta indolencia del gobierno, con el espíritu criminal de la acción de las Farc.
Que es lo mismo que hicieron en Rivera, Huila: entrar a saco, como en las películas del oeste, matando a todos los que estaban en la cantina. Mataron nueve concejales, campesinos líderes. Porque es que los únicos líderes no son los líderes de un lado: también el sistema tiene sus líderes y son líderes de base. Eso es un crimen de lesa democracia, así lo llame en mi intervención en Cali. El crimen de las Farc, de los diputados fue un crimen de lesa democracia. Es que la democracia más básica que tenemos: ediles, concejales, diputados.
Director, no le voy a preguntar por su postura sobre el conflicto armado, usted ya ha hablado de su posición, pero…
¿Cuál es mi posición?
Pues su posición es que no…
Que no hubo conflicto armado, ¿de dónde sacó eso?
Entonces ¿sí reconoce que hubo conflicto armado?
Pues yo acato la ley. La ley dice que hubo conflicto armado: yo ya aquí no soy un ciudadano común y corriente, que pueda opinar. Yo aquí soy un funcionario que tiene que ser riguroso con la aplicación de la ley. La ley me dice a mí que hubo conflicto armado. En ese sentido yo hablo de conflicto armado. En mis intervenciones he hablado de conflicto armado. Yo lo que he dicho es que esa es una caracterización controversial. Eso fue lo que dije originalmente y de ahí se pegaron a decir que yo era un negacionista.
Que no es cierto, ¿entonces?
Yo simplemente digo que no vine aquí a reformar esa ley porque no tengo la capacidad. Eso es del Congreso de la República, por Dios. Uno como ciudadano puede congeniar con muchas leyes y acatarlas de buena manera en espíritu ciudadano y puede que haya unas normas que no le gusten tanto, pero se las acata. ¿O no te sucede eso?
La duda que me sigue quedando es: entiendo que uno como ciudadano respete y acate las normas pero uno, independientemente del cargo que ocupe, sigue atravesado por opiniones, juicios, ideologías…
Claro. Yo no dejo de pensar como pienso. Pero sé en qué escenario me estoy moviendo. Pero es como si yo voy a la iglesia: pues no puedo llegar silbado, cantando, gritando. Tengo que respetar la atmósfera de ese sitio. Y las reglas de juego de ese sitio. Igual acá. Cada escenario tiene sus rituales, sus formas de comportamiento. Y eso es lo que yo hago. Es más, me he reunido mucho con militares y a los militares les conviene mucho esa figura. Y eso me tiene trastabillando (risas).
¿Por qué?
Porque es que si hasta los militares hablan de eso y Darío Acevedo es el único que no… En la medida en que yo no pienso eso como un dogma, me libero de esa presión. Yo no me estoy acomodando. Como no es un dogma entonces observo una posición tranquila.
Dejemos este tema de lado y quisiera hablar sobre un tema puntual que usted escribió cuando era columnista de El Espectador. Una columna que se llama “La batalla por la verdad y la memoria”, no sé si la recuerda. Le leo un párrafo que me llamó la atención:
“Sobre esos temas, la verdad y la memoria, se libra una intensa batalla entre quienes sostienen que en Colombia hubo una guerra civil o conflicto armado o un levantamiento justiciero contra la dictadura civil del Frente Nacional con el trasfondo de la propiedad de la tierra y la exclusión política, de un lado, y quienes pensamos que la confrontación de las guerrillas con el Estado colombiano surgió como expresión de proyectos revolucionarios comunistas en la dinámica de la Guerra Fría, que pretendieron acceder al poder a través de la lucha armada y en dicho camino fracasaron y se criminalizaron cometiendo innumerables crímenes de lesa humanidad”.
¿Le quisiera preguntar si usted, como Director del CNMH, está pensando en esos términos de batalla por la memoria y la verdad y si está tomando posición de un bando?
Ese pensamiento ahí en una columna es un pensamiento político. No es un pensamiento desarrollado en un ensayo, una investigación de campo. Yo tengo algunos ensayos donde explico más serenamente eso. E insistiría en algunas cosas o en todo eso que dije ahí. Pero yo aquí ya no estoy pensando eso. Si quiere más adelante hablamos de la verdad. Yo creo que podemos tener un diálogo interesante a ese respecto. De cómo los académicos no estamos pensando en cerrar siempre los debates. Sino en contribuir a alimentar el debate, el conocimiento, que se nutre de dudas de incertidumbres, inquietudes, de choques, de combates. Pero esto no es un debate religioso. Cuando se le da al tema de la verdad una connotación religiosa, ahí estamos en un problema.
Que es lo que le oído decir que el Centro no funciona como máquina de verdades.
Es eso. Lo que diga el CNMH de aquí en adelante siempre será controversial. Ese punto de vista lo defiendo. No es palabra de Dios, ni palabra final. Es que yo entré aquí peleando con esa idea en el sentido de que yo llegaba a cambiar la verdad. Incluso del lado mío: por fin llegó alguien que va a decir la verdad verdadera, no señor.
Y hasta su llegada, ¿usted pensaba que el CNMH tenía una voluntad de fijar verdades muy monolíticas?
Sería muy apresurado hacer la afirmación así, a destajo. Sin sustentarla. Pero en el ambiente político y académico sí hay un pensamiento en algunos sectores de que el CNMH predominaba una tendencia. Que es la de las casusas objetivas, el problema de la tierra, el Estado culpable.
Que sería la primera parte del párrafo que menciona en la columna….
Sí, exacto. Pero yo no llegué a derrumbar eso. ¿Con qué? ¿Yo solito? Nosotros no vamos a hacer investigación interpretativa. De pronto me escribiré algún ensayo alguna vez. No sé si me dará tiempo.
No van a hacer investigación interpretativa sino…
Ah bueno, eso es otra parte de mi pensamiento que estaba en la columna cuando estaba el debate sobre los precandidatos anteriores: Pacheco y Torrijos. Tú observas el grueso de la producción interpretativa dirigida por Gonzalo (Sánchez) y su equipo, que prácticamente se convirtió en el principal referente de la verdad en Colombia sobre el conflicto. Y a mí me parece que eso es un exabrupto.
La mayoría de investigaciones han sido sobre paramilitares
No quiero demeritar el trabajo de los colegas. Gonzalo Sánchez es un tipo muy serio, no es por ahí por donde enfrento las cosas. Sino en el sentido de que esa producción fue divulgada como la verdad verdadera del conflicto colombiano. O fue asumida por sectores de opinión muy fuertes. Y de ahí la reacción de que llegue gente que piensa distinto. Nos llenamos la boca diciendo que este es un país diverso, lleno de contradicciones, que la verdad es plural y cuando la digo yo entonces se asustan. Pero hombre, si lo dicen ustedes mismos. A ver: si quiere hablamos de la verdad.
Pues hablemos de la verdad.
(risas)
¿Qué piensa del papel de entidades como la Comisión de la verdad y sobre la JEP, en torno al tema de la verdad?
Esas organizaciones tienen un respaldo legal hasta el momento. Y va a ser muy difícil que eso se eche abajo y se vuelva trizas como decía alguien por ahí en un discurso alocado o apresurado. Ahí surgieron una cantidad de instituciones que de alguna manera interfieren o se relacionan con las cosas que el CNMH hace. Por ejemplo, la JEP cuando llama a los incursos en delitos, como jefes guerrilleros, y los pone a decir sus crímenes, que es lo mismo que se hace aquí con los paramilitares en Acuerdos de la verdad. Y cuando llama a víctimas, por ejemplo, los secuestrados, eso es lo que nosotros hacemos en lo que llamamos iniciativas de la memoria. Entonces estamos haciendo lo mismo que la JEP.
¿Entonces lo considera como un mecanismo que sobraría estando el CNMH?
No, eso está por resolverse. No sé cómo se va a encarar el asunto, es algo que preocupa al Gobierno, que haya duplicidad de funciones, de instituciones. ¿Cómo se arregla eso? Es un problema jurídico, político y hasta financiero porque el dineral que se está gastando en todos estos programas es inmenso. Que se racionalice y justifique el gasto público en el tema de las víctimas y el conflicto y la regularización de los combatientes. Ahí hay un problema, no es un problema de opinión sino de enfoque: cómo se simplifican las cosas.
O lo otro es el tema de una Comisión del verdad que, por principio, desde hace mucho tiempo no creo en eso. No creo que la verdad esté en manos de una institución ni de un grupo.
Ni siquiera si esta Comisión diera un veredicto que sea tentativo.
Pero es que eso no fue lo que se le pidió. Se le pidió que dijera la verdad. Recuerda que las Farc le pidió a un grupo de intelectuales que hicieran ensayos y no les gustaron los ensayos, casi ninguno. Les gustaron dos o tres de los que hicieron. El de Daniel Pécaut lo rechazaron porque lo aborrecen. A Torrijos, por supuesto también lo rechazaron. Ahí se gastó un platal. Porque ellos están esperando la verdad. Ahora, ¿por qué la guerrilla espera la verdad? Usted ¿qué piensa?
Importa poco lo que yo piense ahora.
Pero es que usted es filósofo…
A ver, le doy mi opinión, pero asimismo le contra pregunto. Quieren la verdad porque es una manera de legitimar su accionar, pero es que la Comisión del Verdad y estas instituciones que nacieron aquí no sólo están hechas para la guerrilla, sino que nacieron de una negociación para distintos sectores sociales y políticos. Va más allá de cumplirle simplemente sus querencias a la guerrilla.
Pero ¿por qué la guerrilla insiste tanto en eso? Yo creo saber por qué. Porque la guerrilla, y en particular las Farc, es una guerrilla marxista leninista y el marxismo leninismo se ha convertido en un paradigma. En una especie de dogma en el campo de las ciencias sociales y en el campo de la política. Hay mucho de religioso en eso. En los dogmas siempre hay mucho de religioso, no critico la religión, esa es su función: tener dogmas. La política no debería ser así: partir de dogmas inalterables. Y el marxismo leninismo siempre ha trabajado el tema de la verdad así.
Pero ahí seguimos hablando de la guerrilla. Pero la Comisión…
Por eso, entonces la guerrilla insiste mucho en eso, logra eso. Que en mi parecer es inadecuado, porque el tema es que la verdad no está ni ahí ni…el Estado mismo reconoce que no puede contribuir a una verdad oficial. Entonces, si no hay una verdad oficial no puede haber una contra verdad no-oficial. Sino que las verdades en el campo de las ciencias sociales y humanas son construcciones y consensos que se logran después de muchas dificultades. ¿Cuántas dificultades y muertos en la hoguera hubo que decían que la Tierra giraba alrededor del Sol? Y finalmente se logró el consenso. Le pongo un caso más cercano: el exterminio judío por parte de la Alemania Nazi, también fue un consenso muy grande, tan grande que en varios países de Europa todavía envían a la cárcel a los militantes nazis que hacen propaganda nazi o incluso a los negacionistas.
Aprovecho para preguntarle entonces ¿cree que en Colombia se han generado consenso alrededor de lo que ha pasado en los últimos cincuenta años?
No hay consensos determinantes. Es que mire solamente el caso nuestro de la violencia liberal-conservadora. No hay un consenso y eso está casi cerrado. Hubo cualquier cantidad de enfoques, de temas y subtemas. La violencia se volvió una omni-noción comprensiva de todo. De ahí nace la idea de los violentólogos. Entonces lo mismo va a pasar con esto: va a haber ríos de tinta, libros a montones explicando una cosa, la otra. Tenemos que conformarnos con una verdad que es más simple, la verdad acontecimental: a Gaitán lo mataron de a tres tiros y eso es una verdad de a puño, no una verdad interpretativa.
Pero no cree acá, y qué pena ponernos metafísicos…
Ah, pero como usted me dijo que era filósofo…
Sí, pero en qué medida no cree usted que para seguir adelante como sociedad hay que entender qué es lo que ha pasado de manera más o menos…
Sí, eso es lo que estamos haciendo y yo lo sigo haciendo y en nuestros trabajos con iniciativas de la memoria, ellos van a contar lo que les sucedió. Las víctimas de la guerrilla van a a decir a su manera las cosas. Y las víctimas de los paramilitares ya lo han dicho. La mayoría de investigaciones han sido sobre paramilitares. Los oficiales y soldados y policías de la fuerza pública que han sido víctimas del conflicto también van a narrar sus experiencias. Esa es la vedad de cada quién, por eso la verdad es plural. La verdad acontecimental es individual. Pero ya cuando tú le metes interpretación ahí es donde aflora el debate. Yo a una víctima no la contradigo jamás. Para mí eso es sagrado. Es la misión principal de este Centro, recuperar la memoria de las víctimas. Ahora, ¿cómo conrtribuimos a eso que llaman verdad, a la interpretación, a agrandar y amplificar el conocimiento académico sobre el problema? Ahí yo pienso hacer un cambio:
La Dirección de Construcción de Memoria no está en manos de Colciencias, solamente uno de los cuatro procesos, que tampoco lo vamos a entregar, lo vamos a impulsar a través de Colciencias. Es de por sí una garantía. Y nosotros no pensamos nombrar a un grupo de amigos o conocidos para que nos digan cuál es la verdad. Sino que vamos a aportar una suma considerable a Colciencias para financiar convocatorias de investigación interpretativa o compleja sobre el problema de la violencia política, del conflicto armado, de las consecuencias socio económicas de ese conflicto sobre las víctimas.
¿Por qué se suspendió el tema de los guiones museográficos?
Una razón elemental –están suspendidos y serán insumo, serán tenidos en cuenta– es porque estamos todavía sin concluir funciones. Falta por investigar la memoria de grupos militares, grupos que han sido víctimas de las guerrillas. Por ejemplo, la Masacre de la Chinita, de Machuca. Familias exterminadas por la guerrilla. Pueblos arrasados por la guerrilla, militares que están amputados o desaparecidos. O que fueron matados fuera de combate. Y con esa investigación se enriquece el guion museográfico y museológico. En esa investigación se recogen cosas, textos, fotos, gráficas, narraciones propias. Eso se considerará en el guion museográfico y eso no está hecho. Eso está prematuro y no puede estar definido.
Decía que ha tenido muchas reuniones con agentes de la Fuerza pública y el Estado, ¿qué ha salido de esas reuniones?
Ha salido la conformación de un equipo que va a realizar actividades de recuperación de memoria y va a realizar actividades de asesoría en la construcción de los textos que ellos ya están adelantando. La fuerza pública tiene equipos diseñados que han salido de los Acuerdos de paz, los llaman comandos de transición y ellos se están ocupando de la recuperación de las memorias con sus propios elementos. Les hace falta acompañamiento. Son 296 mil víctimas. Nosotros vamos a hacer énfasis en cuatro casos de crímenes de guerra porque quien es objeto de crimen de guerra es una víctima.
Primero: los secuestrados, ellos no estaban encarcelados, estaban secuestrados en campos de concentración, en condiciones horribles, con cadenas al cuellos, a los tobillos, llenos de enfermedades, sin asistencia médica, ni citas de familiares, eso no es una prisión. Segundo: muertos fuera de combate, los bajaban de un bus porque iban de permiso y los mataban. Tercero: desaparecidos. Cuarto: mutilados por armas no convencionales, como pipetas de gas o minas antipersona.
Le quería agradecer pero antes de irnos y ya para cerrar le quería preguntar, han pasado tres años, ¿Qué piensa de la firma de los Acuerdos de paz?
(Silencio) No pienso (risas). Eso no es tema de mi trabajo acá. Ya está pensado. Si a usted le inquieta mi posición sobre eso, escribí cinco años sobre el tema en El Espectador, como opiniones personales. Yo de eso no hablo acá. Ni siquiera con la gente del equipo directivo.
