El presidente de Colombia goza de unos poderes que no tiene ningún otro funcionario u órgano. Por algo, el régimen político que nos rige es calificado como presidencialista.
Colombia es uno de los países que acredita una larga historia democrática con pocas interrupciones. La última data del período 1953-1957 cuando Rojas Pinilla apoyado por el partido liberal, el conservatismo ospinista, los medios, la jerarquía eclesiástica, el empresariado, impulsan a Gustavo Rpjas Pinilla a dar lo que se llamó un “golpe de opinión” con el fin de restablecer la paz.
Las Fuerzas Armadas y de Policía han sido y son respetuosas del orden democrático. Ni en los momentos más críticos por hechos de violencia guerrillera o mafiosa se pronunciaron o se movieron en una intentona golpista.
La separación de poderes ha funcionado y se puede documentar que entre las instancias de ellos hubo encontrones, discrepancias o malestares, pero sin que el sistema entrara en peligro de ruptura
Varios presidentes han sido objeto de investigaciones sin que sus derechos fueran afectados y pudiendo defenderse en ley.
Quien hoy es presidente de Colombia fue guerrillero del M-19 una organización que durante su alzamiento en armas cometió crímenes de guerra y de lesa humanidad como secuestros, la ejecución a sangre fría del dirigente sindical José Raquel Mercado, la toma de la embajada de República Dominicana (1980), la toma violenta de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, y firmó la paz en 1990. Desde entonces, él y otros de sus camaradas participan activamente de la vida política como congresistas.
El presidente Petro es uno de los congresistas tradicionales desde hace más de veinte años, fue alcalde de Bogotá y hoy es el primer mandatario gracias a unas instituciones y a una democracia a las que ha denigrado a placer.
El estado colombiano ha optado por políticas reformistas sociales y políticas desde el momento de su creación en el Congreso de Villa del Rosario de 1821. Podemos resaltar en los último 65 años la aprobación del voto femenino (1957) la función pacificadora del Frente Nacional (1958-1974), el fin del bipartidismo obligatorio a partir de ese año, la existencia de numerosas organizaciones de izquierda que desde entonces postularon candidatos a elecciones de cuerpos de representación popular y presidencial.
En la búsqueda de la paz, se han realizado esfuerzos apreciables desde 1980 hasta el presente siendo uno de los más efectivos el que se firmó con el M-19, cuya bandera, ya rendida, fue reivindicada de forma provocadora por el presidente Petro en diversos actos.
En Colombia los alcaldes de todos los municipios son elegidos por voto popular. Una demostración de gran madurez política, en medio de auges guerrilleros de las Farc y de grupos paramilitares, fue la convocatoria de una asamblea constituyente que estableció la constitución de 1991 que aún nos rige, documento que es apreciado y respetado por los colombianos y que llegó a ser llamado la Constitución de la paz. También se aprobó la figura de la acción de tutela de derechos individuales fundamentales y la elección popular de gobernadores.
A pesar de la inmisericorde violencia de grupos que se sostienen por las rentas ilegales del narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro, de la mala voluntad de algunas guerrillas, Colombia sostiene su apego a la institucionalidad democrática. Hoy en día se aprecia el fin del bipartidismo al que se señalaba de monopolizar la política y el poder, y tienen presencia más de 35 grupos y partidos entre los cuales se destacan siete por su cantidad de representantes en los cuerpos colegiados.
Gustavo Francisco Petro Orrego como presidente ha influido con su poder para el nombramiento de Fiscal General, del Procurador General, ha atacado periodistas y medios, descabezó a la Fuerza Pública de su experimentado alto mando al llamar a calificar servicios a casi un centenar de generales y altos oficiales.
Durante su gestión, ha protagonizado álgidos debates por el tipo de propuestas y proyectos que pretende imponer y dando a entender que la legítima intervención de las fuerzas opositoras le están montando un “golpe blando”, desvirtuando de esa forma la existencia de la Oposición. Usa la diatriba pero también la seducción de congresistas a cambio de prebendas, ha nombrado personas de cuestionable proceder en altos cargos del estado y se ha visto envuelto en varios escándalos de corrupción en los que están mencionados y hasta acusados miembros de su familia y de su entorno político.
Uno de esos asuntos que comprometen seriamente su continuidad en el cargo es el relativo a la supuesta violación de los topes electorales en su campaña presidencial que está siendo investigada por la autoridad competente, el Consejo Nacional Electoral, prevalida por concepto del Consejo de Estado, en un proceso en el que se ha hecho claridad que por norma constitucional, solo puede ser acusado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República y en votación por el Senado.
Las alegaciones del presidente Petro sobre un supuesto golpe de estado carecen de fundamento fáctico y legal y por tales razones, su presentación de queja ante el Honorable Cuerpo Diplomático constituye una afrenta a nuestro país, a nuestras tradiciones democráticas a nuestro buen nombre, y, de contera, que tal gesto, reafirma su protervo interés en desdibujar y deslegitimar la investigación que adelanta el CNE al darle, artificiosamente, una faceta de golpe de estado
Esconde y burla, el presidente Petro, su obligación de responder por una conducta sancionada según el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, norma de la cual él, como congresista, fue uno de sus artífices.
El presidente Petro, ha demostrado gran capacidad para malenquistar a la nación en contiendas desbordadas e hirientes, hoy acude a una falacia para victimizarse, aún a costa del prestigio del estado colombiano del que él es representante supremo y al que, por tanto, deshonra y humilla con tal de salvarse.
Darío Acevedo Carmona, 19 de octubre de 2024