El presidente Gustavo Petro, en evento de reconocimiento de responsabilidad del estado colombiano en las masacres de La Granja y El Aro (1997) ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)...

El estado colombiano un asesino según Petro

El presidente Gustavo Petro, en evento de reconocimiento de responsabilidad del estado colombiano en las masacres de La Granja y El Aro (1997) ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizado en Ituango, Antioquia, el pasado 30 de noviembre, hizo varias afirmaciones que es preciso valorar dado su impacto mediático y su muy probable daño económico y judicial.

Utilizando su retórica de campaña desde su personal forma de ver y concebir los problemas nacionales, Petro se desfogó y fue más allá de la orden de la CIDH. No me voy a ocupar en estas líneas de todo el contenido de su intervención sino de lo que considero más grave. “Como representante hoy del Estado colombiano debo pedirles perdón a todas las víctimas, familiares y a las víctimas que ya no nos pueden acompañar, porque fueron asesinadas por el mismo Estado”.

Desde el comienzo de su discurso se advierte su desmán contra el estado colombiano al decir que las víctimas “fueron asesinadas por el mismo Estado. Un Estado asesino, un Estado asesino que no es el de la Constitución del 91; desde 1991 se empezó a construir un Estado que no está escrito en la Constitución, que es el Estado de la impunidad, en primer lugar, que encubre, porque al final si aquí los procesos judiciales hubiesen llegado hasta las causas y los autores, no solo físicos y directos sino también los intelectuales, los que ordenaban desde atrás, indudablemente el Estado hubiera podido corregir su rumbo, en el momento adecuado” Ver: https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/discursos.aspx

Esto quiere decir que Petro no se limita a reconocer la responsabilidad del estado en estas dos masacres: no haber actuado a tiempo para impedirlas, sino que va más lejos. Como lo hizo siempre desde sus años de militancia en la guerrilla del M-19, y como lo han hecho, desde su creación, los demás movimientos guerrilleros, agrupaciones de izquierda y extrema izquierda en su pretensión de justificar el uso de las armas y de la violencia contra un estado que tildan de criminal o asesino, así como lo hacen muchas ONG defensoras de los DD. HH.

Petro confunde, pues, como en muchos otros asuntos de la vida nacional, la plaza pública con sus funciones de presidente de todos los colombianos. Pasando por encima que el estado es la expresión organizada de toda la población y de la sociedad que es a la larga la que se va a sentir ultrajada por tales señalamientos.

Petro desconoce que el estado colombiano ha acatado innumerables órdenes de la CIDH, aunque ante algunas de ellas haya manifestado su desacuerdo, al sostener que desde 1991 se empezó a construir el Estado de la impunidad, desconociendo en frase de impacto y sin sustento, las numerosas e importantes transformaciones de la democracia colombiana, adelantadas a pesar de un oneroso, desgastante y degradado conflicto armado.

Curiosamente, quienes han realizado bulliciosas campañas para que se reconozca la existencia de un conflicto armado, que significa una confrontación bélica entre al menos dos protagonistas, a menudo, terminan negándolo al descargar toda la culpa de los crímenes de guerra y de lesa humanidad en el estado corrupto, asesino, impune, como si en vez de conflicto armado hubiésemos vivido bajo un régimen dictatorial, según el más alto dirigente de las izquierdas colombianas.

Petro pone en peligro la seguridad jurídica de la nación y las consecuencias económicas que de sus palabras se pueden desprender, ya que desarma a la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, encargada de atender las denuncias que contra el estado cursan tanto en lo interno como desde el exterior.

Al inculpar al Estado de esa manera tan ligera e irresponsable, Petro, como en sus tiempos de guerrillero y de agitador político, termina inculpando a todos los expresidentes vivos desde 1990 hasta él mismo, puesto que de acuerdo con el artículo 189 de la Constitución política, el presidente de la República es el máximo Comandante de las tropas y el responsable del orden público. Por tanto, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y el mismo Gustavo Petro, serían gestores y culpables por ser la cabeza, en cada mandato, de las atrocidades y las violencias cometidas contra el pueblo, además, por ser “los autores, no solo físicos y directos sino también los intelectuales, los que ordenaban desde atrás” tales hechos. Socorrida tesis esta última con la que Petro ha perseguido con saña y sevicia al expresidente Uribe tratando de compararlo con Fujimori.

Petro invisibiliza a las guerrillas y da por sentado que el estado y sus Fuerzas Armadas fueron cómplices del paramilitarismo. Claro, eso da réditos en la campaña  de apabullar a soldados y policías, desprestigiarlos y desmoralizarlos como se desprende de los golpes recibidos del nuevo ministro de Defensa, para reducir o anular su resistencia “al cambio”.

Pero, podríamos preguntarnos ¿qué anima al presidente Petro a formular este tipo de afirmaciones tan temerarias y demagógicas? La respuesta es clara e inequívoca, a pesar de que haya quienes no la detecten o se hagan los ignorantes. Se trata de una estrategia, no de ahora sino de vieja data, consistente en desprestigiar todos los entes y organismos del estado y la institucionalidad, empezando por los tres poderes públicos, las Fuerza Armadas, el aparato educativo y otras instancias de la vida nacional como los gremios, el periodismo, el modelo económico, la salud, etc. Y en trabajos de infiltración y a través de campañas de desprestigio, que son útiles para vender la idea del cambio.

Petro quiere cambiar todo porque según su retórica negacionista y apocalíptica, nada sirve. Todo debe ser evaluado, revisado y hasta borrado: la historia que es elitista, esta sociedad que es “esclavizante y excluyente”, racista, esta democracia elitista y falsa, el modelo económico de inequidad y desigualdad, “el estado asesino” y genocida. En sus discursos siempre aflora el odio de clases enmascarado en palabras inflamadas y afirmaciones tajantes e indiscutibles. Un ataque sistemático contra los ricos, los poderosos, los gremios, los empresarios de la caña de azúcar, de la ganadería, de la banca, en fin, contra la explotación petrolera, la del carbón, contra el afán de lucro o ganancia en los negocios, complementado con anuncios de un mañana liberador, justiciero, igualitario, sin egoísmo, el paraíso en la tierra, en suma, aunque no lo diga, el comunismo, para llegar al cual se requiere la transición por una dictadura, estilo las de Fidel, Chávez, Maduro, Ortega, Pol pot, Mao, Stalin, Kim.

Petro termina hundiendo a aliados de primer orden como Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, puesto que ellos en cuanto “comandantes supremos de las FF.MM” eran “los hombres de atrás”, igualmente, él se entierra el puñal ya que, como comandante supremo y jefe de Estado, un “estado asesino”, según sus propias palabras, él es culpable de todas las masacres y asesinatos de líderes sociales perpetrados en el país entre el 7 de agosto y el 4 de diciembre del 2022.

Colofón: estadísticas sobre responsables de masacres en 1997 y durante el periodo 1958-2022, extraídas del Observatorio de la Memoria y el Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, basadas en 653 fuentes documentales y 497 bases de datos, actualizadas a septiembre de 2022. Ver en: https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/portal-de-datos/el-conflicto-en-cifras/masacres/

Año 1997, el de la ocurrencia de las masacres de El Aro y La Granja:

Grupos paramilitares 72.06%

Grupos guerrilleros    13.24%

Grupos armados organizados   11.76%

Agentes del Estado Col.   2.94%

Total 1958-2022(sept)

N° de casos: 214   N° de víctimas: 1197

Grupos paramilitares      52.07%

Grupos guerrilleros         18.91%

Grupos Armados organizados   13.13%

Agentes del Estado         8,20%

Darío Acevedo Carmona, 4 de diciembre de 2022