El proyecto del Foro de Sao Paulo al que aludí en columna anterior, orienta a sus integrantes a revisar las versiones históricas de carácter fundacional de sus países. Por historia o relato fundacional, entendemos algo que todo país y nación poseen, un conjunto de elaboraciones míticas y rituales que procuran establecer y afirmar lo que hay de común en sentido identitario a una población.

Ahí encontramos personajes reales específicos, acontecimientos heroicos, fechas de especial significación y recordación, símbolos como la bandera, el escudo y el himno nacional cuyas notas y letras son específicas, distintivas en cada país. En general, estos elementos no están sujetos al debate, pues no se cambia de nacionalidad de manera caprichosa como no se cambia de familia ni de lugar de nacimiento. Como afirmó el filósofo francés Ernest Renán, la nación es una historia común, es un sentimiento, es un alma, un principio espiritual, un rico legado en recuerdos, un deseo de vivir juntos, la voluntad de continuar haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa, es la consecuencia de un largo pasado de esfuerzos, de sacrificios y de desvelos. El reconocimiento a los antepasados nos ha hecho lo que somos. Algunos la llaman historia patria o cívica y se educa a los niños desde la temprana infancia en la escuela primaria.

Esa historia es diferente a la historia académica que requiere una formación profesional o una dedicación profunda de parte de personas con algún grado de preparación. En las universidades del mundo se otorga grado universitario básico, de magíster y de doctorado.

Esta es una disciplina de las ciencias humanas que se caracteriza, entre otras cosas, por su dinamismo, por estar sujeta a contrastación, constatación y por supuesto a debate. La especulación en ella está reglada por requisitos establecidos en el campo disciplinar y siempre sus productos en tesis, libros o ensayos deben estar soportados en fuentes y elaborados en un estilo dialéctico, demostrativo. También se basa en hechos, fechas, lugares, personajes, sociedades y países.

Dicho esto, que no es, ni de cerca, todo lo que se ha dicho al respecto, a donde quiero llegar es a mostrar el atropello que, desde distintas corrientes de izquierda, de inspiración marxista, y hoy en día desde el gobierno de Gustavo Petro, se pretende imponer al revisar, cuestionar y hasta destrozar tanto nuestra historia fundacional como la naturaleza abierta y científica de la historia académica.

El primer gran pecado o absurdo cognitivo del marxismo radica en pretender mirar y entender el pasado a la luz del paradigma de la lucha de clases. No hay duda sobre la gran influencia de distintas formas de entender el marxismo entre la comunidad de historiadores colombianos e incluso de otros países. En ese manantial beben los que cometen la arbitrariedad reduccionista de referirse al pasado para plantear una revisión moralista de lo sucedido décadas y siglos atrás para concluir en la consigna de la deuda histórica. Recordemos el discurso de Petro sobre ese asunto en España. Una actitud anacrónica pues busca aplicar a otras épocas ideas, valores y principios de creación y aceptación reciente.

El presidente Petro, que no es, ni de lejos, mucho menos de cerca, un historiador, omitiendo que su voz tiene carácter oficial, algo que él parece no haber entendido, ha lanzado tesis asombrosas por desquiciadas que terminan borrando las profundas diferencias entre los tiempos, de ahí que sigamos siendo “esclavistas”, que la independencia fue obra de una “oligarquía”, que la violencia liberal conservadora fue motivada por el tema de la propiedad de la tierra, su negacionismo de una de las más grandes evidencias de crímenes incomparables por su crueldad como lo fue el holocausto judío, abuso que conduce a revictimizar al pueblo judío.

Petro y su élite asesora no pierden ocasión para causar estropicios tanto al relato fundacional, es decir, a nuestros sentimientos comunes de identidad, como para fungir de historiadores académicos y lucir galas en sus mediocres, simplistas y absurdos discursos ante públicos respetables. Ellos no entienden o no lo quieren aceptar que, al proceder de esa forma, están creando verdades oficiales propias de regímenes dictatoriales.

Y ahí sí nos tenemos que remitir a la historia reciente de dictaduras comunistas que se caracterizan por establecer verdades oficiales que circulan como dogmas inobjetables, desde los cuales se justifica borrar personas y hechos, se recrean o inventan otros, se crean nuevos héroes y algunos hechos son magnificados para deslumbrar y suscitar odios y falsos hitos. Stalin, p.e. borró a Trotsky, a Bujarin y a otros dirigentes bolcheviques de la historia de la revolución rusa de 1917. Fidel Castro hizo lo mismo con decenas de intelectuales, empresarios y escritores que fueron encarcelados o tuvieron que huir de la persecución por sus opiniones. Acá en Colombia, nos quieren hacer creer que el surgimiento de las guerrillas fue causado por la exclusión de la dictadura del Frente Nacional y no como expresión de proyectos políticos influenciados por experiencias revolucionarias comunistas de distintos centros de poder como la URSS, China y Cuba.

Temas de gran trascendencia a los que prestamos poca atención. Nos voltean la bandera al revés en la cara y nos quedamos impávidos

Darío Acevedo Carmona, 10 de diciembre de 2023

A la luz de la presencia de vida humana en el planeta tierra, 250 años no es mucho tiempo. Es el lapso que ha transcurrido desde mediados del siglo XVIII hasta hoy y durante este periodo que hoy vivimos, sufrimos y gozamos, la diferencia en experiencias, vivencias, novedades y acontecimientos con respecto a los milenios que lo antecedieron, sin menospreciar los inventos de la rueda, la escritura, la organización social, etc., es enorme y colosal.

Para esta época hay un solo nombre que puede cubrir con su manto y significado a esa criatura que, es aún joven y que nos sigue sorprendiendo a pesar de quienes la han dado por muerta desde que surgió arrasando formas de existencia que se habían tornado insuficientes para satisfacer las crecientes necesidades de pueblos que querían cambiar el mundo, progresar y salir del estancamiento.

Se trata, por supuesto, del capitalismo, el epifenómeno que se ha expandido por todo el planeta y que ha moldeado la llamada sociedad o época de la modernidad. El que ha sido estudiado por tirios y troyanos para alabarlo o defenestrarlo, para estigmatizarlo o reconocerlo, acusarlo de todos los males o defenderlo como el motor del progreso humano.

Cómo no pensarlo en su estrecha e íntima relación con el surgimiento de nuevas formas de pensar los problemas de la vida y de la existencia humana como la filosofía de la ilustración, el liberalismo, el individualismo, el utilitarismo y la consecuente aparición de ideas y proyectos políticos de sociedad, de modelos políticos de poder, del constitucionalismo en el marco de experiencias, unas en medio de hechos revolucionarios, otras de circunstancias de arreglos y mediaciones, en todo caso asombrosas por su vitalidad y su carácter ecuménico. Con epicentros que hoy en día siguen siendo referentes: las grandes revoluciones de Francia e Inglaterra y de independencia americana, y hasta inspiradora, por la inevitable secuela de problemas, de teorías y proyectos para abatirlo y reemplazarlo con modelos utópicos de perfección.

Este epifenómeno que ha resistido graves crisis, pues no pretende ser inmune a la imperfección, que ha salido avante a recesiones, no ha abandonado la característica esencial que le señalaran los padres del socialismo, Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, a saber, el de estar revolucionando constantemente las fuerzas productivas y las técnicas de producción.

No tiene una fecha precisa de surgimiento, no tiene un creador, no está patentado, se expande y llega a donde se le facilite su instalación, carece de sentimientos, no es un partido ni una secta ni una religión. Es, llanamente, un fenómeno fruto de los intercambios y de la actividad económica. Un fenómeno en cuyo espectro se destacan el impulso a la ciencia e hitos como la creación de la energía a vapor, eléctrica y atómica, los motores, las industrias, la navegación y sus aparatos barcos, trenes, autos, aviones, el cine, la televisión, la radio.

En su desarrollo se explica y tiene lugar el surgimiento de las grandes concentraciones humanas, las ciudades y todo lo que en ellas requieren sus habitantes: los bienes para sobrevivir material y culturalmente. Por supuesto, las complejidades, los desarrollos desiguales, la precariedad humana, y tantas otras cosas siguen, como en tiempos inmemoriales, alimentando guerras y revoluciones, violencias e injusticias, aunque no fueron creadas por el capitalismo.

La migración del hombre es asunto de siempre, desde cuando salió de África hacia otros espacios. El capitalismo ha moldeado instituciones y valores como el de la propiedad privada como condición indispensable para su desarrollo, las reglas de juego económico estables y seguras, la amplia circulación del pensamiento, la ciencia y la educación, no la bien con obstáculos y medidas que atenúen su eficacia, pero sobrevive a pesar de los ensayos.

Hoy por hoy, nos dicen los conocedores y estudiosos del epifenómeno, asistimos a una tercera fase (no sabemos cuántas más vendrán) de su existencia, la denominada era de lo digital, la nanotecnología, la computarización, y demás creaciones que confluyen hacia lo que muchos se animan en llamar la Inteligencia Artificial, cuyos primeros experimentos se imponen a una velocidad que supera todos los límites de la imaginación y que retará a la humanidad, a todos los países y gobiernos a la reducción de la jornada de trabajo, a la ingeniería genética, a la producción alimentaria proteínica industrial, y al riesgo de probables accidentes derivados de la gran capacidad de autonomía de máquinas que reúnen en sus entresijos más conocimiento que cualquier científico o entidad del saber.

De modo que, insistir en el discurso anticapitalista y en consecuencia en contra de la acumulación de riqueza por países, empresas e individuos no deja de ser una actitud reaccionaria y una estupidez de quienes creen que el capitalismo llegó a su nivel más alto de incapacidad de resolución de los problemas humanos sobre el supuesto de que el capitalismo tiene una misión asimilable a la que tienen los partidos, las iglesias y unos despistados que no han podido encontrar ni diseñar un sistema alternativo. Que lo digan los rusos y los chinos.

Darío Acevedo Carmona, 27 de noviembre de 2023

Intensas movidas estamos presenciando en las últimas semanas en la región latinoamericana. El saldo por ahora, aunque no marca una tendencia definitiva, si se inclina a favor de las fuerzas democráticas y libertarias que se enfrentan a aquellas que gobiernan dictatorialmente como en Venezuela o están en manos de agendas populistas de izquierda como es este mismo país y Argentina.

Mientras en Brasil la pretensión del liberal radical Jair Bolsonaro salió derrotada por un Lula desprestigiado y salvado de las aguas penales por un artilugio procesal que no lo eximió de su responsabilidad, en Paraguay con Santiago Peña se consolidó la democracia y, más recientemente en Ecuador, el correísmo recibió una gran paliza ante el joven Daniel Noboa.

En Argentina si bien Javier Milei no salió avante en primera vuelta, tiene más posibilidades de incrementar su votación si logra un acuerdo con Patricia Bullrich, en tanto el candidato kirchnerista con el que se verá en duelo en segunda vuelta, carece de aliados.  

En todo caso, a quienes defendemos la democracia y las libertades, la propiedad privada y la creación de riqueza y empleo, nos debe quedar claro la monumental dificultad para desbancar por la vía electoral a regímenes populistas y estatizantes que han condenado a la sociedad a la miseria y a la denigrante función de mendigar del estado bienes que antes se obtenían con el propio esfuerzo y trabajo.

En Venezuela, a pesar de la hostilidad, amenazas y vetos de la dictadura de Maduro en contra de Corina Machado, la más opcionada y más votada en las primarias del domingo 22/octubre con más de un 94 por ciento de votos en la coalición, las cosas siguen estando muy oscuras ya que el dictador Maduro es consciente que en las definitivas elecciones presidenciales de 2024 ella es la rival que pondría en peligro su permanencia en el poder. La presión del gobierno estadounidense podría deshacer el nudo gordiano creado por la funesta alianza de los chavistas con las fuerzas armadas, con las guerrillas colombianas y con el narcotráfico.

Por ahora y a la expectativa de un triunfo de la oposición democrática y libertaria en Argentina, el dulce se ha puesto a mordiscos para los regímenes populistas de izquierda y los movimientos amparados por el Foro de Sao Paulo que tienden a debilitarse.

En Colombia este domingo 29 de octubre tendrán lugar las elecciones regionales en las que se elegirá a 32 gobernadores, más de mil cien alcaldes, centenares de concejales y decenas de diputados, además de ediles. La contienda se perfila como el escenario en el que el criticado gobierno de Gustavo Petro mide fuerzas con partidos de oposición, campo en el que se destaca el Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y en el que otros partidos y movimientos nacionales, regionales y locales han postulado sus candidatos.

Será ocasión para establecer que tan sólida es la alianza del Pacto Histórico de Petro, una agrupación de sectores de izquierda y extrema izquierda, con partidos y grupos disidentes del liberalismo y el conservatismo que a cambio de puestos han decidido acompañar a un gobierno que, en un año largo de mando según las encuestas, ha visto reducido de manera significativa el apoyo de la población, y qué tan oxigenada puede resultar la oposición.

Se palpa en el ambiente la idea de que este certamen electoral ha opacado una estrategia de confrontación más frontal y de choque a la espera de su resultado. Si este, como es la expectativa, es muy positivo para la oposición, por ejemplo, si recupera las alcaldías de las grandes capitales departamentales como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga y se mantiene la de Barranquilla, y se obtienen algunas gobernaciones claves como Antioquia, Cundinamarca, Valle, Atlántico y Santander, se habrá creado la condición para dar un salto cualitativo en las formas y objetivos a emplear en la confrontación al gobierno Petro.

La Oposición estará obligada a señalarle a sus bases y a la población en general que es la hora de forjar una plataforma unitaria que trace el rumbo a seguir, tanto para evitar que los desastrosos proyectos de Petro salgan avante, como para convocar a una movilización más activa, pacífica sí, pero, más persistente y contundente que tenga por objetivo central la derrota del proyecto populista de Petro, de su pretensión de extender su mandato, de recuperación social y económica, de restablecimiento de nuestra política exterior, de reafirmar los principios modulares del estado democrático, las libertades, el respeto a la propiedad privada, el emprendimiento, el control de la inflación, el empuje de la educación, el restablecimiento de la seguridad, el respeto y fortalecimiento de la Fuerza Pública, todos ellos debilitados en grado sumo por el gobierno Petro.

Darío Acevedo Carmona, 24 de octubre de 2023

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en entrevista de una de sus magistradas con la emisora colombiana La DobleW anunció el pasado 30 de agosto que el general Mario Montoya, excomandante del Ejército de Colombia y líder de la exitosa Operación Jaque, será llamado a juicio si en el término de 30 días no aclara si se decide a colaborar o no en el esclarecimiento de los falsos positivos y sobre su responsabilidad en los mismos y la de otras personas a las que debía obediencia.

Quiero expresar, antes de entrar en materia, que el delito en cuestión es condenable y es horroroso, causante además de profundos dolores, que agentes oficiales y funcionarios del estado colombiano están involucrados en varios de esos casos, que es necesario adelantar investigaciones judiciales para enjuiciar y castigar a sus responsables directos e indirectos como quiera que a la luz del derecho internacional humanitario y del estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, de la cual hace parte nuestro país, se trata de un crimen de guerra, imprescriptible, inindultable e inamnistiable.

La JEP por obra y gracia de un acuerdo de paz entre las antiguas Farc-Ep y el Gobierno de Juan Manuel Santos, se ha ocupado del problema llamando a cuentas a decenas de soldados y policías de distintos grados para escuchar sus aportes a la verdad judicial, y es en este proceso que tiene lugar el anuncio de la magistrada.

Como ha ocurrido con otros crímenes de guerra y de lesa humanidad, v. gr. el asesinato de sindicalistas, maestros y otros dirigentes políticos y sociales, organizaciones no gubernamentales (ONG), partidos y movimientos de clara orientación de izquierda han convertido el tema en asunto de agitación y propaganda culpando a expresidentes, ministros de defensa, instituciones oficiales, ejército y policía nacionales, etc.

La JEP abrió un macrocaso sobre falsos positivos en el marco del cual ha convocado el testimonio de agentes de la Fuerza Pública, después de haberles abierto la puerta a muchos de ellos que purgan extensas penas, para que cooperen y delaten a otros a cambio de recibir la misma pena que recibirán, supuestamente, los comandantes de las Farc. Ahí ya se detecta una muy posible acción interesada, la de gozar de una reducción considerable de sus penas.

En torno de este execrable delito ha girado una propaganda sistemática de grupos de izquierda y colectivos como el José Alvear Restrepo, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) dirigido por el senador Iván Cepeda,, entre otros, que se caracterizan por señalar al estado y al Ejército  como responsables, por apersonarse del dolor de las familias como sus defensores, asesorándolas en su proceso organizativo y utilizándolas en sus actividades propagandísticas, en culpar al expresidente Uribe y a altos mandos del Ejército, hacer énfasis en redondear el número de  víctimas (6402) con el claro fin de causar un impacto mediático.

La JEP “explicó que su conteo lo obtuvo al combinar cuatro bases de datos diferentes: dos de la Fiscalía, una del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de  Memoria Histórica -entidad oficial- y otra de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos”, declaró que “las cifras pueden ser mucho más altas“ y agregó “…solo entre 2002 y 2008 hubo 6.402 personas a las que mataron y las hicieron pasar ilegítimamente como guerrilleros”. (https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210218-colombia-jep-cifra-falsos-positivos-ejecuciones-extrajudiciales).

Según la fuente periodística antecitada “Ese número triplica el que estimaba la Fiscalía. El ente de investigación criminal reportó a la JEP que había 2.248 víctimas de 'falsos positivos', incluso en un periodo más largo que iba desde 1988 a 2014”.

De otro lado, según la crónica del portal France 24 “la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que reúne a varias organizaciones de derechos humanos, calcula que entre 2002 y 2010 hubo 3.512 civiles presentados falsamente como muertos en combate. Pero por más que este número supere el de la Fiscalía, sigue quedándose corto frente al que presentó la JEP este 18 de febrero de 2021”.

En cuanto a la fuente del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y su Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC), quiero aclarar que esta dependencia cuantifica 11 modalidades delictivas, ninguna de los cuales se refiere a “falsos positivos”. El OMC presenta informes sobre hechos de violencia: “A partir de la integración de 719 fuentes y 33.814 bases de datos y documentos. Entre las publicaciones que se hicieron bajo mi dirección, figura una importante serie llamada “Infografías” con cifras de hechos de violencia en distintas regiones y diversos responsables.

No sé cómo pudo la JEP usar estadísticas del OMC del CNMH si en la página web de esta entidad  no se encuentra nada al respecto. https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/estudios-e-investigaciones/infografias/

Acerca del origen oficial de este delito, la crónica de France 24 nos remite al año 2005, cuando “…el ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, firmó la Directiva Ministerial 029, donde se oficializaron los lineamientos para pagos de recompensas por cada homicidio presentado como baja en combate por miembros de la fuerza pública. Es decir: se exigían muertes de guerrilleros como prueba de efectividad al Ejército colombiano y, además, se les incentivaba con recompensas monetarias.” https://www.opendemocracy.net/es/6402-falsos-positivos-colombia-quien-dio-orden/.

Pienso que la sociedad colombiana y su sistema judicial aceptan de entrada que se investigue y se sancione a todos aquellos que usaron su posición de agentes de estado para cometer estas barbaries. Pero, que no hay claridad en cuanto al número de personas eliminadas, aunque el estupor es igual si fueron muchos menos o se descubrirá que fueron más.  Considero que el delito es más grave de lo que es si fue cometido por agentes del estado y más si se trató de distorsionar una directriz de guerra, que es de lógica en todas las guerras.

Opino que es muy floja la conclusión de la JEP en el sentido de que  hay un patrón común que conduce a responsabilizar al estado y a su ejército a que se califiquen esos hechos como crímenes de estado, rechazando que se pudo haber tratado de una distorsión de una directriz del alto gobierno orientada a exigir mayor eficacia en la confrontación con las guerrillas, en cuanto la situación era caracterizada como un conflicto armado interno.

La directriz del ministro Ospina no autoriza ni orienta matar a civiles o a gente inocente, para presentarlos como bajas en combate. El hecho de que exista patrón de conducta no deriva, necesariamente, en la culpa del estado. Equivaldría a asimilar una orden de guerra con una orden claramente violatoria de los Derechos Humanos como la aplicación de la ley segunda de las Farc que  ordenaba secuestrar a empresarios, políticos y personas pudientes para que, supuestamente, contribuyeran al triunfo de la revolución.

Insisto en que la manipulación ideologizada por parte de sectores de izquierda al señalar al estado  y al Ejército, tal como se lee en las crónicas citadas y en muchas otras, culpando a todos los comandantes de esta fuerza, es un acto de falsa justicia, de incitación a la condena de personas inocentes o no vencidas en juicio, de linchamiento mediático cuando se divulga en afiches masivos la pregunta tendenciosa “¿Quién dio la orden”? que termina por enlodar, sin demostración, a altos dignatarios del estado.

Concluyo, a título de hipótesis, preguntándome si no estamos en presencia de una jugada política de las izquierdas colombianas que, de insistir hasta el cansancio en calificar la situación que vive Colombia como un conflicto armado interno, quieren hacer ver hoy, a propios y extraños que lo vivido acá es igual a lo vivido en los países del cono sur y de Centroamérica, a saber, la represión, la arbitrariedad, la exclusión y la persecución de una dictadura contra el pueblo, contexto en el cual, las guerrillas serían expresión de lucha por la democracia, la libertad y la justicia. Absurdo indigerible e inaceptable.

Comparto link con la respuesta del expresidente Uribe, la principal víctima del matoneo sobre este tema, a la comunicación de la JEP. https://t.co/ZGX5CjM5oO

Darío Acevedo Carmona, 3 de septiembre de 2023

Por la revolución hasta la dictadura y corrupción

No debe caber duda sobre la tendencia, ya inexorable, hacia la dictadura que pretende imponer en Colombia el presidente Petro. Las señales son contundentes, que vea el que quiera ver. En esta columna me detendré en dos o tres temas que así nos lo revelan: la evidente alianza con el mundo delincuencial, la corrupción y la reforma a la salud.

Desde su campaña por la presidencia, Petro empezó a tejer una estrategia para asegurar el triunfo. Esta era la tercera y definitiva aspiración por la presidencia. Poco importaba si el plan conducía hacia una declinación de objetivos y principios o al menos pasar por encima de ellos.

En reuniones con sus asesores, su hermano y personas de confianza, se llegó a la conclusión de que no se podía perder esta oportunidad y que, si era necesario, habría que sacrificar coherencia y lealtad a sus viejas banderas ideológicas. Más importante que los dogmas es la victoria costare lo que costare.

Tal diseño se concretó en campaña y luego desde presidencia. Petro le reduce intensidad a su brutal tradición retórica sobre el modelo, la oligarquía, la vieja política, el paramilitarismo y las mafias y los disolventes discursos apocalípticos, con el fin de ganar votos en sectores de indecisos.

En el tema de corrupción, por ejemplo, los colombianos supimos del “pacto de La Picota” gestionado por su hermano Juan Fernando y por su amigo, hoy Alto Consejero para la Paz, Danilo Rueda, del que surge en forma de consigna la idea del “perdón social” y la “reconciliación nacional” en el marco de su política “paz total”.

En apariencia, Petro transmitía a la ciudadanía uno de los ejes de su propuesta de “Paz total” con el que, en aras de ese gran anhelo nacional, es necesario tomar decisiones dolorosas y hasta contrarias a la justicia. Ese burladero quedó instalado desde las negociaciones de Santos con las Farc. Pero, y eso no fue lo que se descubrió de inmediato, dicho “pacto” supuso un acuerdo con el bajo mundo, con el lumpen, con los jefes de bandas, clanes y grupos ilegales, para que le hicieran campaña en sus zonas de influencia y a cambio, él, ya presidente, impulsaría su proyecto de perdón que los pondría en libertad.

Esto significaba, ni más ni menos, hacer lo mismo que tanto les criticó a los políticos tradicionales que se aliaron con frentes  paramilitares para obtener votos, la “parapolítica”, y por el cual decenas de dirigentes que sucumbieron a ese apoyo, terminaron enjuiciados por la justicia condenados a cárcel y a pagar multas, a pedir perdón y a resarcir a las víctimas.

Estamos ante una reedición de aquello que condenaba con toda su energía el entonces congresista Gustavo Petro, con el agravante de que hoy, ya como presidente, lo hace con ropaje de paz, de legalidad, de reconciliación. Las negociaciones de paz con los paramilitares en Santafé de Ralito decía, era una negociación de “yo con yo”. Petro va más lejos pagándoles su apoyo electoral al atraerlos hacia su “paz total” que quiere decir: no más cárcel, designación como gestores de paz, pago a asesinos para que dejen de matar, no persecución al narcotráfico, estatus político, protección oficial, silencio sobre ingreso de dineros ilegales a su campaña entre otros beneficios. Todo porque lo importante por encima de la ley, la constitución, el honor, la ética, los principios, la coherencia, del pudor, del respeto a la democracia, era ganar la presidencia.

Se ha llegado tan lejos en esta política, (en cuyas sombras se distinguen tres personajes siniestros con “gestas” en pro de la impunidad, del debilitamiento de la Fuerza Pública y de la normalización del delito: los ministros de Defensa, de Justicia y de Relaciones Exteriores) que estamos ante la claudicación de nuestro estado, ese estado atacado con total fiereza por Petro y la extrema izquierda, que ahora en sus manos les brinda estatus político a grupos de connotados criminales comunes y mafiosos borrando de esa forma la diferencia insuperable entre el delito político y el delito común, bandera muy apreciada por las guerrillas colombianas.

Avanza a pasos de gigante en la táctica leninista de destrucción del estado burgués, del Ejército que lo sostiene y de su falsa justicia

Otro asunto que descubre de un todo y por todo la calaña dictatorial e irrespetuosa de la separación de poderes por parte de Petro es la burla que trata de llevar a cabo con la reforma a la salud. El chantaje económico a las EPS para arruinarlas a punta de impagos para que ellas, como “en el juego de dominó” terminen de fracasar y entonces, el estado, su nuevo estado socialista, asuma esas funciones, burlándose de cualquier intento del Congreso si negara su ruinosa reforma.

Estamos ante un presidente camorrero, arbitrario, que no admite el equilibrio de poderes. Vendrá luego el chantaje contra la Justicia con amenazas de reducción de su presupuesto si no se hace lo que él propone.

Y para cerrar, por ahora, sus alianzas con sectores de “la vieja y tradicional política” para ganar la gobernabilidad que nuestra democracia en franca lid no le dio. Traiciona también su retórica demagógica, convierte el gobierno y la gobernabilidad en una piñata: reparte embajadas, ministerios, viceministerios, nombra personas de dudosa reputación moral o en líos con la justicia o carentes de mérito, sostiene tesis que causan desconcierto y pánico económico, lleva a Ecopetrol a la quiebra, ataca a los empresarios, a los medios y le escurre el bulto a la muy presumible recepción de dineros ilícitos en su campaña.

Con toda razón se puede decir que hoy Colombia enfrenta la más delicada crisis institucional desatada por un presidente que se comporta como le da la gana, irrespetuoso de la institucionalidad, del orden y la economía. Nos invita a lo imposible: reconciliarnos con el crimen como si todos fuéramos criminales.

Darío Acevedo Carmona, 27 de agosto de 2023   

¿Qué tipo de verdad o verdades esperamos dilucidar sobre lo ocurrido durante el conflicto armado interno? ¿Es posible, como se ha dado en otros conflictos, explicarlo o reducirlo a una sola y definitiva versión?, ¿memoria y verdad son lo mismo?

Estas son unas cuantas preguntas de las muchas que podríamos formular en los debates sobre la verdad buscada y no hallada, relativas a la violencia política que hemos sufrido en las últimas seis décadas en Colombia.

Sugiero reconocer de entrada que, a pesar de los numerosísimos estudios e investigaciones publicadas, no ha sido posible arribar a una única verdad, a una gran verdad o versión, que dé cuenta de todo lo sucedido. Habría que aceptar, también, que el profundo desgaste de los paradigmas que desde las ciencias sociales se usaban para el análisis de conflictos y fenómenos sociales influye en dicha incapacidad.

Pero, no es solo la herramienta teórico-metodológica la que es insuficiente para generar un consenso interpretativo sobre la violencia política. La nueva historia francesa desde los trabajos de Marc Bloch y Lucien Febvre, fundadores de la Escuela de los Annales, condujo la disciplina a nuevos umbrales, por ejemplo, al reconocimiento del carácter profundo de los fenómenos sociales anclados en la economía, la cultura y la vida material, y, más allá, a nuevos horizontes como el estudio de las mentalidades (formas de comportamiento, usos y rituales religiosos y cívicos) y a una historia compleja que rebasa, sin anularlos, el estudio sobre el acontecimiento o los hechos.

Desde entonces, la verdad en sentido histórico, alude tanto al hecho o acontecimiento, a lo sucedido en un lugar, en un tiempo específico, de unas maneras y con intervención de personas o entidades, como al más difícil, consistente en interpretar un conjunto de hechos que pueden dar lugar a identificar tendencias, relaciones, orígenes, consecuencias y, en suma,  a su caracterización, soportadas en documentos y fuentes confiables. Esa es la forma de abordar la verdad histórica, más como explicación loable, demostrable, que se puede mirar como una constatación o una certidumbre que, no obstante ser compartida por una comunidad académica, está abierta al debate y a la controversia.

Por otra parte, el tema de la verdad del acontecimiento no requiere tanto e incluso puede no requerir, de un arsenal teórico, porque lo que se busca es aclarar o responder a preguntas del tenor: qué, quién, cuándo, cómo, dónde, las que aplicadas al conflicto armado colombiano, conduce a la precisión de lo sucedido, de los actores responsables, de las víctimas, de la tipología de delitos, de los daños materiales y espirituales, de la pérdida de seres queridos, etc.

Esto lo podríamos llamar, para efectos de mejor comprensión, la verdad jurídica, la que le sirve, en casos de violencia política o delincuencial, a un juez para fijar una sentencia. Alrededor de este tipo de verdades se ha desarrollado una intensa puja entre diversos sectores políticos, que ha terminado por dar a entender que esta es la verdad de verdades.

Se desconoce así, que, el hecho incontrastable de no estar ante una guerra civil sino de confrontaciones entre número plural de grupos armados irregulares: guerrillas de diversa inspiración, paramilitares sin unidad de mando y fuerza pública, que todos esas estructuras, legales e ilegales dejaron en el camino la muerte y el sufrimiento de millones de personas y miles de familias, a comunidades, a campesinos y hacendados a sindicalistas y empresarios, a religiosos, a maestros, a agentes del estado, etc., cada uno de los cuales tiene un relato de su experiencia, que es lo que conocemos como memoria.

Necesariamente, lo que narran esas personas o comunidades es lo que llamamos memoria, no es ni siquiera o siempre el relato jurídico del crimen sufrido, porque cada cual recordará lo que sintió, lo que aún recuerda, lo que perdió, sus vivencias, su drama, que, en todo caso, será muy diferente en cada víctima o grupo de víctimas, y por eso hablamos de memorias diversas y plurales según las circunstancias y actores que intervinieron.

Procede entonces, aunque es difícil que los agentes políticos lo admitan, aceptar la pluralidad de versiones, de memorias y en esencia de verdades sobre hechos sucedidos. Esa actividad hay que realizarla y se debe realizar con técnicas profesionales. Es posible conocer, desde esas memorias, los crímenes cometidos por las cerca de diez guerrillas, las 39 estructuras paramilitares, agentes del estado. Y en dicho ejercicio, el estado tiene la obligación de auscultar, investigar y escuchar a todas las víctimas, y a todos los victimarios llevarlos a declarar y reconocer sus culpas en el marco de las obligaciones de derecho internacional vigentes sobre graves y persistentes violaciones de los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Pero, cuestión diferente y delicada es aquella que enunciamos en un principio como la búsqueda de verdades de corte interpretativo cuando la anhelada verdad deja de girar en torno al hecho en sí mismo. Este tipo estudio se hace normalmente en el mundo académico, el de las ciencias sociales y humanas por parte de investigadores calificados. A veces se producen acuerdos sobre algunos puntos en otras no. En ningún caso la certidumbre o consenso debe depender del estado ni de los partidos ni de las iglesias, no puede derivarse de una comisión o de un argumento de autoridad ni de un dirigente, es algo siempre abierto, controversial.

Se me ocurren estos apuntes en vista de las especulaciones acerca de los aportes al esclarecimiento de la verdad por parte de altos jefes de guerrillas, paramilitares y agentes de la fuerza pública que crean la sensación de que de sus versiones se obtendrá tanto la verdad sobre algunos hechos, cosa que puede ser factible, y también sobre la complejidad del conflicto, que escapa a la formación académica de quienes están declarando.

Sin duda, habrá que mirar hasta qué punto lo que se denuncia tiene soporte, fundamento, y qué obedece a intereses personales o políticos para recibir reducción de penas aunque ello implique prenderle velas al diablo.

Darío Acevedo Carmona, 20 de agosto de 2023

A escaso un año de cumplir 60, intentando inútilmente tomar el poder con las armas, el Eln se sienta a negociar la paz con el estado que no ha podido derrotar, empezando por un breve cese al fuego que no es tal y con un gobierno que tiene el agua al cuello por las acusaciones contra la campaña de haber recibido dineros de origen espurio y rebasado los topes de ley.

Varias reflexiones afloran sin gran dificultad. La primera se origina en el discurso del presidente Petro en Corferias (Bogotá) en el que les pidió a los jefes del grupo guerrillero dejar de usar esos “fusiles oxidados”, armas que a pesar de su corrosión han matado a miles de inocentes. Aunque suenan razonables las palabras de Petro porque los fusiles no han sido eficaces para alcanzar el objetivo final y principal, la metáfora de la oxidación de esas armas omite una conclusión merecida, ya que, habría que reclamarles a los comandantes elenos, que, con ellas, han cometido innumerables crímenes de guerra y causado tragedias inenarrables contra poblaciones, personas, soldados, policías y medio ambiente. Oxidados sí, pero embadurnados con sangre.

La segunda tiene relación con el abrazo entusiasmado del presidente Petro a alias “Pablo Beltrán”, que constituye una burla a la majestad del cargo que ostenta. Porque una cosa es tratar con cortesía al enemigo, a pesar de que ese enemigo haya sido tan inclemente con la sociedad, y muy otra es despojarse de esa dignidad para abrazar con viva emoción, cual camaradas, con los comandantes de esa guerrilla. De esa forma se transmite un peligroso mensaje a la opinión en el sentido de que ellos, los elenos, son hermanos que equivocaron el rumbo,  se da a entender que es lo mismo la institucionalidad que la ilegalidad, que hay que abrirles todos los campos posibles para que dejen sus oxidados fusiles, que no se les exija el cese del secuestro y la extorsión, que no se les va a juzgar ni a penalizar, que recibirán todo tipo de recursos y garantías. Que su socorrida, mentirosa y demagógica idea de que ellos se atendrán a lo que diga “el pueblo en las asambleas populares” que serán convocadas, y que lo que de ellas salga debe ser de obligatorio cumplimiento, por tanto, elevadas a rango constitucional, con el consecuente desconocimiento del Congreso y la Justicia, o sea, otro golpe de estado como el del acuerdo de La Habana 2016, y así, hasta que el estado y la sociedad les quede debiendo.

Es que no parece ser el presidente de Colombia el que llega defendiendo lo que representa sino, sonrisas de por medio, los llena de carantoñas, promesas y garantías de impunidad, su amigo, el exguerrillero que los comprende y los quiere convencer de que sin las armas oxidadas es mejor y hasta más fácil tomarse el poder.

Y una última reflexión que inicio con esta pregunta: ¿qué lleva a la ONU y a sus altos representantes en Colombia a tolerar una negociación con un grupo terrorista (según el Departamento de Estado USA) sin la garantía de cesar en todas sus actividades delictivas, en especial el secuestro y la extorsión? ¿Acaso ha olvidado el contenido moral, ético y civilista de la universal Declaración de Derechos Humanos expedida en su asamblea general de 1948? ¿Han olvidado el más reciente avance que, en materia de sanciones y condenas no ya solo a los estados y gobiernos sino a todo grupo armado con pretensiones de poder político, representa el Estatuto de Roma y la subsecuente creación de la Corte Penal Internacional, entidad encargada de investigar, judicializar y penalizar a los responsables individuales de crímenes de guerra y de lesa humanidad?

Omitieron hacerlo con los altos comandantes de las Farc que hoy se solazan en las curules del Congreso de la República sin posibilidad de pagar un minuto de cárcel. Si con los llamados “carniceros” de los Balcanes en las guerras de la antigua Yugoeslavia y con dictadores sanguinarios de países africanos, la CPI ha sido implacable, ¿por qué en Colombia han avalado la impunidad de sistemáticas violaciones de los derechos humanos? Con el estado colombiano, un estado democrático, que ha optado por el camino de las reformas políticas y sociales, que se dotó de nueva constitución de 1991, que ha ofrecido negociaciones con políticas de reinserción, perdón y justicia transicional desde 1982, en cambio, la ONU, su Consejo de Seguridad y sus altos delegados en el país sí han procedido con todo el rigor que se requiere cuando se han descubierto graves violaciones a los DDHH.

No es justo que una sociedad que mal que bien vive en democracia y viene superando problemas sociales, pero, azotada por numerosas guerrillas, por grupos paramilitares ilegales y mafias surgidas alrededor del narcotráfico, deba declinar su ordenamiento jurídico, premiar a los criminales y garantizarles impunidad.

Es como si no mereciera respeto y respaldo nuestro estado de derecho, nuestra democracia. Es como si el carácter universal de los derechos humanos no tuviese sentido cuando se trata de los crímenes de guerrillas en apariencia justicieras, pero en realidad arbitrarias, corruptas y criminales.

Darío Acevedo Carmona, 6 de agosto de 2023

La reciente intervención de Petro en París, reproducida por los canales nacionales de televisión el pasado 25 de junio, es una pieza maestra que muestra al presidente en el esplendor de lo que él ha sido y sigue siendo.

No hay necesidad de escribir un libro ni un ensayo para analizar los temas con los respectivos anatemas que enunció a rajatabla. Nadie está obligado a rebatir o a confrontar descalificación contra argumento, absurdos contra razón, mentiras contra hechos, porque la pieza en cuestión no pasó de ser un alarde de rabia y de odio contenido en tono ideológico y moralista.

Ante un público seleccionado de colombianos residentes en Francia, que lo aplaudían, Petro se despachó contra sectores a los que ha tomado, no por críticos ni opositores sino como enemigos, atacó a los empresarios que hacen negocios con la salud dejando entrever que son inmorales y corruptas todas las empresas que se lucran de prestar servicios de salud.

Insistió en posar de historiador al comparar algo supuestamente ocurrido en Bogotá en 1851 con motivo de la ley que eliminó totalmente la esclavitud bajo la presidencia del jefe liberal radical José Hilario López, con lo que, según él es su continuidad en pleno siglo XXI.  Así, abominó a todos los gobernantes, borró diferencias entre momentos y situaciones en una ramplonería y simplismo que da pena, despachó con dos frases la complejidad del mundo laboral, destruyó el capitalismo con dos adjetivos, etc.

Atacó a los medios porque son propiedad de familias de riquísimas casas de empresarios, y esgrimió la conclusión moralista que de ellos no se puede esperar información acertada,

Insistió en que el país siempre ha sido gobernado por una elite u oligarquía -haciendo pantomima de Gaitán- vieja consigna de movimientos y líderes populistas y de la izquierda dogmática y ortodoxa.

Denigró del Congreso porque no aprobó algunos de sus proyectos, queriendo indicar que, para él, acorde con su talante dictatorial, solo sirve todo y por eso no mencionó los que si le aprobaron.

Embriagado en su locuaz soberbia, lanzó afirmaciones mentirosas contra la oposición a la que descalificó moral, política y socialmente y culpó de todos los males e injusticias de nuestra sociedad. Se apropió la representación del “pueblo”, la “justicia”, la “verdad”, la “igualdad”, entre otras nociones de cobertura general.

En su desborde retórico afloró su afán por colocar todos los problemas en el marco de la lucha de clases, como lo hacía sin tapujos en sus primeros retozos con la civilidad, que había solapado en la campaña presidencial del 2022.

Volvió a renegar de nuestra democracia, de la cual siempre fue un negacionista a pesar de ocupar el solio de Bolívar y dominar buena parte del Congreso, gracias a ella.

¿Qué conclusiones se pueden sacar de ese discurso delirante, emocional, desafiante e insultante? Lo primero es no caer en la ingenuidad de ver el contenido como algo nuevo o como una sorpresa. Estamos ante el mismo personaje de siempre, pero, adobado con la investidura presidencial, con amplios poderes que manejados caprichosamente son un peligro para las libertades y la democracia. Estamos ante el antiguo guerrillero que quiso desde el M-19, tomar el poder con las armas, el que siempre moldeó su pensamiento y sus objetivos desde una retórica denigrante del país, de sus instituciones, de su democracia, de sus elecciones, de su modelo económico para posicionar y justificar la idea del cambio, que en cualquier momento llamará “revolución”.

Al referirse a temas delicados no cita estudios ni estadísticas, pretende hacer un diagnóstico acertado cuya fuente es su propia palabra. Abunda en mentiras como en el caso de la salud que la hace trizas, y a la que, afirmó, las gentes humildes y viejas no tienen acceso, es la peor, y no entiende como figura entre las mejores del mundo.

De otra parte, el “nuevo” Petro, retoma sin confesarlo, la línea marxista de atizar la lucha de clases, promoviendo estigmas contra los banqueros, los grandes empresarios, las elites y la oposición, culpándolos de todos los males  del país, estimulando el odio y el resentimiento contra los “poderosos” que se niegan a tratar merecidamente a sus empleados. Se lanza contra el capitalismo desde los países donde este sistema ha sido exitoso y defiende a ultranza un mayor papel del estado. No se si en el viaje que tiene programado a la China comunista y a Corea del Sur, se le ocurrirá darles lecciones a sus dirigentes de cómo combatir la pobreza implementando el modelo capitalista.

En su lógica anticapitalista, sobresale por su irresponsable y sistemático ataque a empresarios y a miles de trabajadores que viven del trabajo en las industrias del carbón, el petróleo, el azúcar y la ganadería, a las que amenaza sin decir que hará con esos trabajadores y sus familias de las que se declara, sin sonrojarse, su protector.

No hay espacio en una columna para hablar de otros temas, como el de haber incorporado a su morral de impertinencias, la lucha contra el cambio climático, campo en el que se ve como una caricatura de Greta Thunberg.

Termino haciéndome esta pregunta ¿Qué busca o por qué Petro viola adrede el mandato constitucional que define como característica fundamental del presidente de la república ser el representante de toda la nación, el que debe procurar la unidad nacional y la concordia? ¿Por qué se le ve rabioso, retador, amenazante tendenciosos, como un agitador en vez de un mandatario?

Pienso que en medio del sentido de auto seguridad que exhibe en su oratoria, Petro tiene miedo, miedo a la oposición, de la que se burló al caricaturizarla, y a las marchas cada vez más multitudinarias. Miedo a que algunas de las investigaciones y denuncias en su contra, presentadas ante el Congreso, por recepción de dineros sucios y no declarados en su campaña de 2022 o por alteración de los escrutinios, prospere y resulte condenado indigno del cargo. Por eso recurre a la experticia del guerrillero, golpear a la vez en muchas partes y evitar concentrarse en un solo lugar. Pero también, a la estrategia en la que es muy hábil: victimizarse y culpar a la oligarquía feudal y premoderna.

Darío Acevedo Carmona, 2 de julio de 2023

La izquierda internacional se solidariza con Gustavo Petro por supuesto "golpe blando" en su contra a través de carta que deja claro su rechazo al derecho a la crítica, al ejercicio de la oposición, a las protestas cívicas, a su autoritarismo, a sus recesivos proyectos, y al imperio de la separación de poderes.

Las razones en que se apoyan Chomsky, Zapatero, Pérez Esquivel, la alcaldesa de Barcelona, entre centenares de firmas (más de 350), se basa en afirmaciones  del presidente colombiano en el sentido de que está en marcha un golpe blando en su contra por la obstrucción y saboteo a sus proyectos y persecución de órganos de la justicia.

Conviene hacer un recorrido por situaciones que se están viviendo desde mucho antes de su posesión el 7 de agosto de 2022.

Petro fue uno, quizás el principal instigador, de los dirigentes de la izquierda colombiana que impulsaron un largo y violento paro en 2021 contra el gobierno de Iván Duque con fines de obligarlo a renunciar por un proyecto de reforma tributaria y aumento de la pobreza y el hambre.

Petro Ganó las elecciones en un marco de garantías democráticas. Se posesionó a su manera con un discurso que causó alarma en la opinión pública.

Sobre su gobernabilidad: conformó una alianza con sectores políticos tradicionales del liberalismo, el conservatismo, el partido de la U, la Alianza Verde. El único partido que se declaró en oposición fue el Centro Democrático. De esa forma, gozó de una muy favorable bancada en las dos cámaras del Congreso de la república, suficiente para la aprobación de sus iniciativas. En esas condiciones el legislativo aprobó la reforma tributaria, más onerosa que la de Duque. También el Plan Nacional de Desarrollo en el que se inspiran los principales ejes de su gobierno.

Como es de lógica en una democracia, fueron sometidos a intensas discusiones proyectos sobre salud, pensiones, régimen laboral, educación, bajo la enseña del cambio e invocando su triunfo como su fundamento. Dichos temas suscitaron escozor por su calado e implicaciones. El presidente se obstinó en sus propuestas negándose a hacerles cambios. Ahí se produjo, muy tempranamente, la primera crisis de su alianza que se tradujo en la salida de tres ministros liberales y cambios en otros que no estaban marchando bien, como el del Interior, la de Deportes, el de áreas Tic.

Una de las primeras medidas que causó fuerte revuelo y descontento fue el llamado a calificar servicios a más de sesenta (60) generales y otros altos oficiales con el propósito no revelado de evitar o conjurar un golpe de estado.

Es de anotar que la narrativa petrista y de gran parte de sectores de izquierda se caracteriza por su recurrente negación de la democracia colombiana, por reducir nuestra historia a dos o tres frases con las que se inculpa a una supuesta oligarquía de la existencia de un régimen de opresión, esclavitud, racismo y de injusticias sociales. Dicha doctrina se extiende a demeritar las otras ramas del poder. De ahí se desprende la conclusión de que Petro apunta a hacer una transformación revolucionaria de las instituciones y la vida colombianas a punta de reformas y que por ello es por lo que se molesta y se queja de un supuesto e inexistente golpe blando.

Desde marzo de este año. Petro ha asumido una posición amenazante sosteniendo que le están impidiendo gobernar por las buenas, convocando al “pueblo” a las calles y lanzando desafíos en el sentido de que el irá hasta donde “el pueblo se lo autorice”. Esa retórica es la que ha causado preocupación de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General que le ha resultado, como lo ha dejado ver en numerosos escenarios, incómoda. Debe entenderse que este es el resultado de su negacionismo de la democracia y sus instituciones y de su ignorancia o rechazo a la figura sagrada de la separación de los poderes públicos.

Lo más reciente fue el escándalo alrededor de unas maletas con dólares que comprometen a dos de sus más cercanos alfiles involucrados en chuzadas a empleadas domésticas realizadas desde organismos de inteligencia adscritos a Presidencia que derivó en la renuncia de los dos cercanos colaboradores de Petro. En uno de los capítulos de la controversia Laura Sarabia-Armando Benedetti, el exembajador en Venezuela afirmó que a la campaña de Petro habrían ingresado quince mil millones de pesos de personas que no eran propiamente emprendedores. El presidente Petro en vez de dar explicaciones se ha victimizado y reiteró su denuncia de “golpe blando”

Vistos así los hechos, resulta inaudito que los firmantes de la carta se hayan prestado para sumarse a la versión oficial. Pienso que obedece más bien a la prelación que entre los círculos de izquierda tiene el sentido de la solidaridad ideológica, hasta hace unos años conocida como “internacionalismo proletario”. En esa dinámica, recientemente, se le hizo un homenaje por parte de mandatarios y personajes de estas corrientes a Cristina Kirchner, condenada por corrupción por la justicia argentina, se pudo conocer la causa del silencio ante las atrocidades que esta cometiendo el dictador comunista Daniel Ortega y se saque en limpio al autoritario Rafael Corra y al demagogo Evo Morales.

A esas personalidades no les cabe en la cabeza que lo que está sucediendo en Colombia es un debate en democracia y en libertad, propio de la separación de poderes, en torno a problemas reales. Y que los ataques a la Fiscalía, a la oposición y a los medios con un lenguaje amenazante y autoritario solo tiene la pretensión de liberarse de las acusaciones por la vía de la propaganda interna y externa para consolidar su estrategia antidemocrática y dictatorial, tan recurrida por los movimientos inspirados en el socialismo del siglo XXI.

Deberían saber los firmantes de la carta que el presidente de Colombia sea quien fuere, sólo puede ser enjuiciado por el Senado por decisión de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Al momento, Petro encara una demanda por rebasar gastos de campaña. Los demás problemas no han sido elevados a demandas, lo que está ocurriendo es lo normal en cualquier democracia, modelo adverso a la figura de inimputables y a funcionarios que se consideren por encima de todo control.

Darío Acevedo Carmona, 18 de junio de 2023

Sin duda, el presidente Petro ha demostrado una gran destreza en imponer su agenda al país. En un régimen presidencialista como el nuestro, cabe esperar eso de su primer mandatario, y, a decir verdad, es lo que viene ocurriendo entre errores y desaciertos, incoherencias, distorsiones, falsedades, amenazas y su apego literal a un libreto que, bajo el nombre de reformas, lo real es que se propone instalar un proyecto de corte revolucionario, populista y muy inclinado a la extrema izquierda.

Petro ha dejado en claro que con él los proyectos, los procesos y el estilo de mando, no se caracterizan por la elegancia ni el decoro, sino por su radicalismo, su presentación brutal, su bizarra obcecación, por el carácter desafiante y en veces ordinario que le imprime a su discurso. Para muchos de sus críticos, Petro no ha podido dar el salto a gobernar, sigue preso de su estilo de opositor. Para él, no parece existir diferencia entre las dos condiciones, muy al contrario, da la impresión de sentir un gran placer en fundirlas de tal forma que sigue siendo el opositor y como tal quiere gobernar, atacando a sus críticos, peleando con los otros poderes públicos, con insolencia, sin cuidar el efecto de sus palabras.

Petro está marcando de manera tan funesta la política que no hay día en que no provoque un escándalo, una gran polémica, como si le interesara estar, a cualquier costo y siempre, en primera línea en los titulares. Seguirle el ritmo a cada una de sus peroratas repletas de insensatez es casi imposible, y lo cierto del caso es que logra enredar a sus opositores pues en la misma medida que se descubren sus desatinos, estos pasan a segundo plano con el escándalo siguiente.

¿Hay algo de trama, algo conspirativo en todo lo que hace y dice el presidente? Los revolucionarios siempre se han valido de métodos conspirativos y aunque en el caso que nos ocupa también se detecta improvisación, espontaneísmo e irresponsabilidad, los hechos recientes dan para pensar en una trama urdida con el fin de superar la caída abrupta de su imagen en las encuestas. Me refiero a tres hechos en los que claramente se aprecia un esfuerzo por confundir a la opinión pública y a la oposición. 1. La reanimación del caso Odebrech a través del señalamiento, al cabo de las quinientas, de la acusación contra Óscar Iván Zuluaga, eso sí, sin tocar a quien podría ser el mayor implicado según el expresidente Uribe, Juan Manuel Santos. 2. La negativa de la juez que negó la preclusión la investigación sobre Álvaro Uribe. Y 3. El tema bomba, resucitado de buenas a primeras por gestión de la JEP luego de muchos meses de negativa, escuchar al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso quien se tomó los medios y el estrado judicial para dar rienda suelta a su rencor contra de todas las instituciones, los altos mandos militares, los empresarios, expresidentes, etc., a los que acusó de ser corresponsables de los más graves crímenes de guerra ocurridos en Colombia en las últimas décadas. Versión coincidente con la de sus enemigos de antaño.

Ni corto ni perezoso, el presidente Petro salió a pasar factura y a aprovecharse de las acusaciones y señalamientos de Mancuso, sin que lo dicho por el personaje haya sido soportado con pruebas y fuentes como lo exige la norma penal: “Nombró las personas, les puso nombres propios, pero millones de personas no salieron a la calle, millones de personas no sintieron sensibilidad ante el hecho de que han sido gobernados por grandes criminales” manifestó el presidente, otorgándole la razón a Mancuso a pesar de la ausencia de demostración fáctica.

Fiel a su estilo difamador, en el que acredita vasta experiencia, Petro lanzó hirientes y temerarias glosas que dejan mal paradas todas las instancias del estado y de gobiernos, como cuando afirmó, cual juez de la república, que “Colombia ha sido gobernada por grandes criminales”, y ordena a la JEP investigar a políticos, expresidentes y empresarios ligados con los grupos paramilitares, desconociendo todo lo que se ha procesado y penalizado.

Petro omitió, de la misma manera que lo hizo en el pasado y lo siguen haciendo sectores de izquierda, referirse a la investigación de lo que se ha dado en llamar el frente civil de las guerrillas y a los graves, sistemáticos y horrendos crímenes cometidos por las guerrillas colombianas a lo largo de casi seis décadas de ignominioso y sanguinario accionar. Los comandantes de las Farc-ep ocupan curules en el Congreso, en asambleas y concejos, y sus  auxiliadores en la vida civil con presencia en sindicatos y Ongs y empresarios testaferros, gozan del beneficio de la impunidad gracias al oneroso acuerdo de 2016.

A qué viene o qué sentido tiene para este gobierno armar el batiburrillo de citar a la Corte Penal Internacional para que investigue y sancione a los gobernantes criminales que han gobernado a Colombia. Eso sí, sin que se le vaya a ocurrir que toquen a los criminales de guerra que hoy fungen de padres de la patria ni a los que están invitados a negociar su “paz total”.

Es obvio que uno de los fines apunta a silenciar al expresidente Uribe a quien Petro teme y a quien ha tratado, inútilmente, de derrotarlo y llevarlo a la cárcel. Él y su Pacto Histórico ven en Uribe la persona a  culpar de las dificultades habidas en el tránsito de los proyectos oficiales.

La jugada petrista, además, tiene como consecuencia la negación de que lo sucedido en el país ha sido y sigue siendo uno y varios conflictos armados, ya que todo lo agitado por sus seguidores y sus aliados se ha orientado a culpar al estado como el más grande y en veces el único responsable de los más graves hechos de violencia, convirtiendo, por tanto, el conflicto en un tema de represión de la “oligarquía sanguinaria” contra el pueblo. Cosas de la vida, mientras por un lado y bajo ciertas condiciones califican como un conflicto armado, cuando están de cara a la opinión, a gobiernos internacionales y a organismos defensores de derechos humanos, el discurso da el giro a señalar como únicos responsables al estado colombiano y a varios expresidentes.

A pasos agigantados, el accionar del gobierno petrista, claramente, busca incrementar la confusión reinante, el sentimiento de estar desgobernados, la humillación a la fuerza pública, el desprestigio del estado, de los empresarios, atizar el odio de clases y el resentimiento social, estigmatizar a las personas adineradas y destruir la confianza de la sociedad en nuestras instituciones, en la democracia y en la constitución.

Todo un sancocho indigerible adobado con las más letales hierbas del odio, la mentira, la demagogia, el populismo, el insulto, las amenazas y el autoritarismo.

Darío Acevedo Carmona, 4 de junio de 2023