La izquierda internacional se solidariza con Gustavo Petro por supuesto "golpe blando" en su contra a través de carta que deja claro su rechazo al derecho a la crítica, al ejercicio de la oposición, a las protestas cívicas, a su autoritarismo, a sus recesivos proyectos, y al imperio de la separación de poderes.

Las razones en que se apoyan Chomsky, Zapatero, Pérez Esquivel, la alcaldesa de Barcelona, entre centenares de firmas (más de 350), se basa en afirmaciones  del presidente colombiano en el sentido de que está en marcha un golpe blando en su contra por la obstrucción y saboteo a sus proyectos y persecución de órganos de la justicia.

Conviene hacer un recorrido por situaciones que se están viviendo desde mucho antes de su posesión el 7 de agosto de 2022.

Petro fue uno, quizás el principal instigador, de los dirigentes de la izquierda colombiana que impulsaron un largo y violento paro en 2021 contra el gobierno de Iván Duque con fines de obligarlo a renunciar por un proyecto de reforma tributaria y aumento de la pobreza y el hambre.

Petro Ganó las elecciones en un marco de garantías democráticas. Se posesionó a su manera con un discurso que causó alarma en la opinión pública.

Sobre su gobernabilidad: conformó una alianza con sectores políticos tradicionales del liberalismo, el conservatismo, el partido de la U, la Alianza Verde. El único partido que se declaró en oposición fue el Centro Democrático. De esa forma, gozó de una muy favorable bancada en las dos cámaras del Congreso de la república, suficiente para la aprobación de sus iniciativas. En esas condiciones el legislativo aprobó la reforma tributaria, más onerosa que la de Duque. También el Plan Nacional de Desarrollo en el que se inspiran los principales ejes de su gobierno.

Como es de lógica en una democracia, fueron sometidos a intensas discusiones proyectos sobre salud, pensiones, régimen laboral, educación, bajo la enseña del cambio e invocando su triunfo como su fundamento. Dichos temas suscitaron escozor por su calado e implicaciones. El presidente se obstinó en sus propuestas negándose a hacerles cambios. Ahí se produjo, muy tempranamente, la primera crisis de su alianza que se tradujo en la salida de tres ministros liberales y cambios en otros que no estaban marchando bien, como el del Interior, la de Deportes, el de áreas Tic.

Una de las primeras medidas que causó fuerte revuelo y descontento fue el llamado a calificar servicios a más de sesenta (60) generales y otros altos oficiales con el propósito no revelado de evitar o conjurar un golpe de estado.

Es de anotar que la narrativa petrista y de gran parte de sectores de izquierda se caracteriza por su recurrente negación de la democracia colombiana, por reducir nuestra historia a dos o tres frases con las que se inculpa a una supuesta oligarquía de la existencia de un régimen de opresión, esclavitud, racismo y de injusticias sociales. Dicha doctrina se extiende a demeritar las otras ramas del poder. De ahí se desprende la conclusión de que Petro apunta a hacer una transformación revolucionaria de las instituciones y la vida colombianas a punta de reformas y que por ello es por lo que se molesta y se queja de un supuesto e inexistente golpe blando.

Desde marzo de este año. Petro ha asumido una posición amenazante sosteniendo que le están impidiendo gobernar por las buenas, convocando al “pueblo” a las calles y lanzando desafíos en el sentido de que el irá hasta donde “el pueblo se lo autorice”. Esa retórica es la que ha causado preocupación de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General que le ha resultado, como lo ha dejado ver en numerosos escenarios, incómoda. Debe entenderse que este es el resultado de su negacionismo de la democracia y sus instituciones y de su ignorancia o rechazo a la figura sagrada de la separación de los poderes públicos.

Lo más reciente fue el escándalo alrededor de unas maletas con dólares que comprometen a dos de sus más cercanos alfiles involucrados en chuzadas a empleadas domésticas realizadas desde organismos de inteligencia adscritos a Presidencia que derivó en la renuncia de los dos cercanos colaboradores de Petro. En uno de los capítulos de la controversia Laura Sarabia-Armando Benedetti, el exembajador en Venezuela afirmó que a la campaña de Petro habrían ingresado quince mil millones de pesos de personas que no eran propiamente emprendedores. El presidente Petro en vez de dar explicaciones se ha victimizado y reiteró su denuncia de “golpe blando”

Vistos así los hechos, resulta inaudito que los firmantes de la carta se hayan prestado para sumarse a la versión oficial. Pienso que obedece más bien a la prelación que entre los círculos de izquierda tiene el sentido de la solidaridad ideológica, hasta hace unos años conocida como “internacionalismo proletario”. En esa dinámica, recientemente, se le hizo un homenaje por parte de mandatarios y personajes de estas corrientes a Cristina Kirchner, condenada por corrupción por la justicia argentina, se pudo conocer la causa del silencio ante las atrocidades que esta cometiendo el dictador comunista Daniel Ortega y se saque en limpio al autoritario Rafael Corra y al demagogo Evo Morales.

A esas personalidades no les cabe en la cabeza que lo que está sucediendo en Colombia es un debate en democracia y en libertad, propio de la separación de poderes, en torno a problemas reales. Y que los ataques a la Fiscalía, a la oposición y a los medios con un lenguaje amenazante y autoritario solo tiene la pretensión de liberarse de las acusaciones por la vía de la propaganda interna y externa para consolidar su estrategia antidemocrática y dictatorial, tan recurrida por los movimientos inspirados en el socialismo del siglo XXI.

Deberían saber los firmantes de la carta que el presidente de Colombia sea quien fuere, sólo puede ser enjuiciado por el Senado por decisión de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Al momento, Petro encara una demanda por rebasar gastos de campaña. Los demás problemas no han sido elevados a demandas, lo que está ocurriendo es lo normal en cualquier democracia, modelo adverso a la figura de inimputables y a funcionarios que se consideren por encima de todo control.

Darío Acevedo Carmona, 18 de junio de 2023

Sin duda, el presidente Petro ha demostrado una gran destreza en imponer su agenda al país. En un régimen presidencialista como el nuestro, cabe esperar eso de su primer mandatario, y, a decir verdad, es lo que viene ocurriendo entre errores y desaciertos, incoherencias, distorsiones, falsedades, amenazas y su apego literal a un libreto que, bajo el nombre de reformas, lo real es que se propone instalar un proyecto de corte revolucionario, populista y muy inclinado a la extrema izquierda.

Petro ha dejado en claro que con él los proyectos, los procesos y el estilo de mando, no se caracterizan por la elegancia ni el decoro, sino por su radicalismo, su presentación brutal, su bizarra obcecación, por el carácter desafiante y en veces ordinario que le imprime a su discurso. Para muchos de sus críticos, Petro no ha podido dar el salto a gobernar, sigue preso de su estilo de opositor. Para él, no parece existir diferencia entre las dos condiciones, muy al contrario, da la impresión de sentir un gran placer en fundirlas de tal forma que sigue siendo el opositor y como tal quiere gobernar, atacando a sus críticos, peleando con los otros poderes públicos, con insolencia, sin cuidar el efecto de sus palabras.

Petro está marcando de manera tan funesta la política que no hay día en que no provoque un escándalo, una gran polémica, como si le interesara estar, a cualquier costo y siempre, en primera línea en los titulares. Seguirle el ritmo a cada una de sus peroratas repletas de insensatez es casi imposible, y lo cierto del caso es que logra enredar a sus opositores pues en la misma medida que se descubren sus desatinos, estos pasan a segundo plano con el escándalo siguiente.

¿Hay algo de trama, algo conspirativo en todo lo que hace y dice el presidente? Los revolucionarios siempre se han valido de métodos conspirativos y aunque en el caso que nos ocupa también se detecta improvisación, espontaneísmo e irresponsabilidad, los hechos recientes dan para pensar en una trama urdida con el fin de superar la caída abrupta de su imagen en las encuestas. Me refiero a tres hechos en los que claramente se aprecia un esfuerzo por confundir a la opinión pública y a la oposición. 1. La reanimación del caso Odebrech a través del señalamiento, al cabo de las quinientas, de la acusación contra Óscar Iván Zuluaga, eso sí, sin tocar a quien podría ser el mayor implicado según el expresidente Uribe, Juan Manuel Santos. 2. La negativa de la juez que negó la preclusión la investigación sobre Álvaro Uribe. Y 3. El tema bomba, resucitado de buenas a primeras por gestión de la JEP luego de muchos meses de negativa, escuchar al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso quien se tomó los medios y el estrado judicial para dar rienda suelta a su rencor contra de todas las instituciones, los altos mandos militares, los empresarios, expresidentes, etc., a los que acusó de ser corresponsables de los más graves crímenes de guerra ocurridos en Colombia en las últimas décadas. Versión coincidente con la de sus enemigos de antaño.

Ni corto ni perezoso, el presidente Petro salió a pasar factura y a aprovecharse de las acusaciones y señalamientos de Mancuso, sin que lo dicho por el personaje haya sido soportado con pruebas y fuentes como lo exige la norma penal: “Nombró las personas, les puso nombres propios, pero millones de personas no salieron a la calle, millones de personas no sintieron sensibilidad ante el hecho de que han sido gobernados por grandes criminales” manifestó el presidente, otorgándole la razón a Mancuso a pesar de la ausencia de demostración fáctica.

Fiel a su estilo difamador, en el que acredita vasta experiencia, Petro lanzó hirientes y temerarias glosas que dejan mal paradas todas las instancias del estado y de gobiernos, como cuando afirmó, cual juez de la república, que “Colombia ha sido gobernada por grandes criminales”, y ordena a la JEP investigar a políticos, expresidentes y empresarios ligados con los grupos paramilitares, desconociendo todo lo que se ha procesado y penalizado.

Petro omitió, de la misma manera que lo hizo en el pasado y lo siguen haciendo sectores de izquierda, referirse a la investigación de lo que se ha dado en llamar el frente civil de las guerrillas y a los graves, sistemáticos y horrendos crímenes cometidos por las guerrillas colombianas a lo largo de casi seis décadas de ignominioso y sanguinario accionar. Los comandantes de las Farc-ep ocupan curules en el Congreso, en asambleas y concejos, y sus  auxiliadores en la vida civil con presencia en sindicatos y Ongs y empresarios testaferros, gozan del beneficio de la impunidad gracias al oneroso acuerdo de 2016.

A qué viene o qué sentido tiene para este gobierno armar el batiburrillo de citar a la Corte Penal Internacional para que investigue y sancione a los gobernantes criminales que han gobernado a Colombia. Eso sí, sin que se le vaya a ocurrir que toquen a los criminales de guerra que hoy fungen de padres de la patria ni a los que están invitados a negociar su “paz total”.

Es obvio que uno de los fines apunta a silenciar al expresidente Uribe a quien Petro teme y a quien ha tratado, inútilmente, de derrotarlo y llevarlo a la cárcel. Él y su Pacto Histórico ven en Uribe la persona a  culpar de las dificultades habidas en el tránsito de los proyectos oficiales.

La jugada petrista, además, tiene como consecuencia la negación de que lo sucedido en el país ha sido y sigue siendo uno y varios conflictos armados, ya que todo lo agitado por sus seguidores y sus aliados se ha orientado a culpar al estado como el más grande y en veces el único responsable de los más graves hechos de violencia, convirtiendo, por tanto, el conflicto en un tema de represión de la “oligarquía sanguinaria” contra el pueblo. Cosas de la vida, mientras por un lado y bajo ciertas condiciones califican como un conflicto armado, cuando están de cara a la opinión, a gobiernos internacionales y a organismos defensores de derechos humanos, el discurso da el giro a señalar como únicos responsables al estado colombiano y a varios expresidentes.

A pasos agigantados, el accionar del gobierno petrista, claramente, busca incrementar la confusión reinante, el sentimiento de estar desgobernados, la humillación a la fuerza pública, el desprestigio del estado, de los empresarios, atizar el odio de clases y el resentimiento social, estigmatizar a las personas adineradas y destruir la confianza de la sociedad en nuestras instituciones, en la democracia y en la constitución.

Todo un sancocho indigerible adobado con las más letales hierbas del odio, la mentira, la demagogia, el populismo, el insulto, las amenazas y el autoritarismo.

Darío Acevedo Carmona, 4 de junio de 2023

La Historia como disciplina que se estudia en las universidades desde décadas, hace tiempo dejó de ser una entretención de fines de semana, una ocupación de aficionados o un objeto de especulación de cafetines o de esquinas de barrio.

Como cualquiera otra de las llamadas ciencias humanas, al fin de cuentas toda ciencia o disciplina es asunto de humanos, ha construido unas bases, métodos, teorías, requisitos que deben ser aprendidos por quienes quieren realizar estudios e investigaciones sobre los fenómenos, situaciones y aconteceres del pasado. A su alrededor se han constituido escuelas, tendencias, líneas relativas a la geografía, la sociedad, la cultura, la economía, la política, las ideas, desde las que se busca responder a preguntas e inquietudes del qué, dónde, cuándo, cómo, quiénes, entre otras más sofisticadas que se expresan por medio de hipótesis.

Para abordar tal complejidad se exige una gran rigurosidad de tal manera que lo que se va a desarrollar y plasmar en escritos de diversa magnitud no sean simples ocurrencias u opiniones y que, por el contrario, cada afirmación y cada tesis sea demostrada y soportada con fundamento en fuentes creíbles.

De otra parte, como también se da en el mundo de las ciencias y las academias, alrededor de cada disciplina se constituyen las llamadas comunidades de colegas que construyen con sus saberes los hitos y los consensos que permiten aclarar-formular hallazgos, teorías y explicaciones, como también avanzar hacia terrenos o temas no explorados o conjurar el síndrome adanista consistente en pensar que todo empieza de cero.

Digo todo esto no solo para mostrar que la Historia, con mayúscula, es compleja y por ello ajena al sentido común, sino también, para que se entienda que ella no debe ser objeto de manipulación ideológica, política o religiosa. Sin embargo, en Colombia ya hay sectores y tendencias políticas que, no contentos con “cambiar” el presente, quieren imponer una revisión a fondo de nuestro pasado.

En particular, me parece de suma gravedad que el presidente Petro y sus cuadros intelectuales pretendan vendernos como parte de su programa de gobierno una revisión, que, de aceptarse, derrumbaría todo lo que han publicado desde el siglo pasado juiciosos escritores, estudiosos e historiadores profesionales.

Petro intenta, desde la investidura que le confiere el cargo de presidente, desfigurar todo lo que se ha escrito y publicado con frases que parecen más consignas de combate, como cuando en actitud simplista reduce la historia de Colombia a un relato de injusticias, de esclavitud y racismo, de exclusión y explotación, de represión, de una sociedad hecha a punta de violencia y guerra, etc., lo cual debe alarmar no solo ya a historiadores profesionales sino a la sociedad entera por cuanto se están poniendo en entredicho narrativas y símbolos que hacen parte de nuestra identidad nacional.

En alguno de sus ensayos sobre la historia política del país, el historiador francés Daniel Pècaut (ver referencia al final), colombianista reconocido, calificó de vulgata histórica algunas afirmaciones del poeta William Ospina que afirmó que Colombia es un país de asesinos sin tomarse la molestia de cumplir con el deber de demostrar dicha frase. En la década anterior el historiador colombiano, Eduardo Posada Carbó, en un largo ensayo, escrito con rigurosidad, planteó el problema de la actitud destructiva de un sector de historiadores y de algunos intelectuales que, en actitud reduccionista y vulgarizando la historia, caracterizan a nuestro país como un país formado en la violencia permanente. Su libro, La Nación soñada (ver referencia al final), es una defensa del oficio del historiador, del buen nombre de la disciplina histórica y de denuncia de la visión fatalista de nuestra sociedad.

Ese tipo de versiones no se limita a reducir el pasado a una frase efectista y demagógica, sino a justificar el adanismo plasmado en la idea del “Cambio”, cambio que, según el presidente Petro significa y alude a todo, pues con él nace, al fin, la democracia, La libertad, la justicia y será el fin del esclavismo, de la oligarquía y la exclusión.

En suma, Colombia estaría ad portas de una revisión, ¿“revolución”? que hará añicos su Constitución, sus instituciones, sus valores, su modelo económico, sus avances, sus derechos. ¿Cómo lo harán? ¿Será que, como dijo Petro en uno de sus discursos, bastaría que al crimen dejemos de llamarlo crimen, para que así bajen las estadísticas y entonces, ya no habrá crímenes? y así con todo lo malo.

La vulgar historia del presidente y su movimiento consiste en reducir el pasado a la lucha de clases, paradigma comunista hoy agotado en las ciencias sociales y humanas, eliminar las grandes diferencias entre unas épocas y otras, negar lo conquistado, los cambios, las vicisitudes, borrar momentos y personajes, inventar héroes y reducir todo a frases de cajón, sin ninguna demostración dialéctica o analítica y de fuentes.

Darío Acevedo Carmona, 21 de mayo de 2023

Referencias: Pécaut, Daniel. Violencia y política en Colombia: elementos de reflexión, Hombre Nuevo Editores, Bogotá, 2003.

Posada Carbó, Eduardo. La Nación soñada, Editorial Norma, Bogotá, 2006

El presidente Petro es un gran conjugador de verbos, pero tiene una gran dificultad para hacerlo con el más importante de su misión, gobernar, para la cual fue elegido y por la cual se posesionó hace ya nueve meses. Sobresale su actividad de emular a la fanática ambientalista Greta Thunberg cuyo máximo acercamiento tuvo lugar en la Universidad de Stanford al dejar estupefactos a los asistentes, según versión de un profesor colombiano que allá enseña.

Su tóxica e indigerible disertación, para algunos columnistas y twitteros muy cantinflesca, es el lógico resultado de acomodar, mejor, enmascarar, su idea de marxismo, muy exótica, por cierto, con la causa ambientalista. Ante el desprestigio universal del marxismo y la doctrina comunista creada por Marx y Engels, se ha desencadenado el revisionismo desaforado entre sus seguidores para no dejarse clasificar, sin dejar de serlo, mezclándose con las llamadas neoreligiones, el cambio climático, la neolengua, la poshistoria, el feminismo, el poliamor, la indiferenciación sexual, etc.

No obstante, lo que está causando mayor preocupación en diversos sectores de la sociedad colombiana, no solo tiene que ver con el carácter desastroso de sus proyectos de reforma pensional, de tierras, de la salud, el Plan Nacional de Desarrollo y del trabajo, sino con su reacción de furia y desespero ante los debates críticos y modificatorios por parte de la oposición e incluso de socios del Pacto Histórico.

El tono de sus discursos es alarmante, pues, así como amenaza con un nuevo “estallido social como el de 2021”, el cual fue un auténtico ensayo insurreccional, también lo hace con la idea  de convocar una asamblea constituyente y llamar a la expropiación exprés de tierras y bienes con el fin de financiar su reforma agraria basada en el minifundio.

Petro no habla de “revolución” aunque en esencia es hacia donde conduce el país, prefiere hablar del “cambio”, acatando, a lo mejor, a sus consejeros que le deben advertir del alto costo de su imagen si usa esa palabra tan desprestigiada. Su política de “cambio” es radical e irrespetuosa de los límites que le impone la democracia que, orondo niega. Para Petro, las líneas rojas son caprichosas, formalidades u obstáculos esgrimidos por la “oligarquía”, otra de las palabrejas que adorna su neo vocabulario. No es que no entienda que la democracia está cimentada en formalidades y procedimientos, es que no las admite y le fastidia el llamado a respetarlas,

El problema con Petro no es que desconozca o ignore el modelo que se inspira en la separación de los tres grandes poderes públicos propio de las repúblicas contemporáneas, es que él actúa en consecuencia con su pulsión revolucionaria y considera esos principios como obstáculos que impiden el “cambio”.

Esa manera de pensar y actuar deriva, necesariamente, en la anulación de la función deliberante del congreso. Función que el practicó a sus anchas y gozando de todas las garantías en su larga trayectoria de congresista. Así mismo procedió desde España ante uno de los altos magistrados del poder judicial, el Fiscal General declarando que es su jefe.

Petro conoce que los tres poderes concurren e interactúan en la formación de las leyes, que es lo que conocemos como el equilibrio, la interacción y el sistema de contrapesos establecido en nuestra constitución política.

Y como sus amenazas no son fruto de su ignorancia, no hay otra explicación de que lo suyo es un atropello al orden establecido. De manera que el despelote político y económico que está causando está en línea con su ideología comunista posmoderna y con el programa del Foro de Sao Paulo que, indefectiblemente, deriva en el autoritarismo, cuando no en la dictadura y la pauperización de la población.

De contera, en su rol amenazador, Petro llama a la formación de guardias sectoriales como la campesina, adueñándose de ser el representante de los campesinos de Colombia y haciendo a un lado otro principio constitucional, a saber, que el presidente es el representante de la nación y ha de gobernar según los intereses de ella y no de uno o unos sectores designados a capricho o por interés revolucionario.

Colombia no ha tenido un día, semana ni mes de pausa desde que Petro asumió la presidencia, no falta el escándalo, el susto, el peligro, el daño que deja una estela de desesperanza y pesimismo en los hogares. Su insostenible propuesta de eliminar la exploración de gas, carbón y petróleo dizque para salvar a la humanidad de su desaparición, se queda sin piso al asumir funciones de canciller de la dictadura de Maduro con el claro objetivo de que pueda volver a comerciar petróleo con el mundo libre.

Si hubiere un espejo en el cual mirar el camino al abismo hacia el que Petro conduce a la nación, nada más parecido que el de las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba, cuyos tiranos carecen de toda vergüenza para coartar las libertades, anular la democracia y empobrecer a las gentes en el marco de una retórica del odio de clases, de revisión del pasado y de reclamarse representante del “pueblo”.

Darío Acevedo Carmona, 7 de mayo de 2023

En una de sus intervenciones recientes, el presidente Gustavo Petro cifró el costo de la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno en 300 billones de pesos y alegando la insuficiencia de recursos del erario, el supuesto incumplimiento del gobierno de Iván Duque en la implementación del “acuerdo de paz” del 2016, propuso que el Banco de la República emitiera ese dinero. De no hacerlo, indicó, el estado se tomaría más de cien años en la ejecución de ese compromiso.

Varios son los aspectos que se deben considerar para estructurar una opinión razonable ante tan delicado asunto. El estado colombiano, en contra de lo que afirman sectores progres, de izquierda y ultraizquierda y hasta desmovilizados, ha puesto en marcha leyes de compensación y reparación integral para las víctimas.

Sin embargo, las consecuencias humanitarias de un conflicto armado extenso, atomizado, y que no termina, son tan profundas, horrendas, numerosas y dolorosas, que se dificulta el cumplimiento de metas establecidas sin tener en cuenta al menos tres variables, la primera es la referida a la complejidad del fenómeno, la segunda es que por parte de algunas legislaturas y en sentencias de altas cortes, la obligación de tener siempre en cuenta el costo de cada ley y la fuente de su financiación, la regla fiscal, no se ha tenido en cuenta, y la tercera, la pretensión de que el estado sea el único responsable de todos los programas de atención a las víctimas.

Pienso que es muy importante valorar algunas cifras estructuradas por el Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), basado en la consulta de 653 fuentes y 33.497 bases de datos y documentos por parte de funcionarios y contratistas profesionales en la materia.

El periodo cubierto va desde 1958, (debería ser desde 1964 que es el verdadero inicio del levantamiento armado de las guerrillas) al 31 de marzo de 2023, último corte realizado.

Total, hechos de violencia: 361.036. Personas directamente afectadas: 421.806. Víctimas fatales: 269.306.

Estas cifras difieren de las acopiadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado (UARIV), entidad creada por la Ley de Víctimas 1448/2011, que incluye a las víctimas indirectas y se acercan a los 10 millones de personas. Si se atendiera una por una tanto en la reparación material (tierras, retornos, indemnizaciones, compensaciones económicas, vivienda, proyectos, etc) como en la simbólica (relatos de memoria, investigación académica, lugares de memoria, museos y casa de memoria, etc.), el lapso para atenderlas sería de varios siglos.

Por otra parte, los 300 billones de que habla Petro se convertirían en una suma pírrica de tener que cumplirles a todas y cada una de las víctimas, es decir, en un tiempo razonable y sacrificando de paso todas las obligaciones que en otros campos debe cumplir el estado.

Si miramos las cifras sobre víctimas  y los responsables según el OMC, tenemos lo siguiente: grupos paramilitares 95.200, 22.57%. Dos o más grupos: 50.886, 12.06%. Guerrillas: 36.681, 8.70%. Autores desconocidos: 37.392, 8.86%. Grupos armados no identificados: 29.172, 6.91%. Agentes del estado: 8.569, 2.03%. Grupos armados posdemovilización: 5.703, 1.35%.

Como quiera que la desmovilización de varios de los grupos armados organizados (GAO) han asumido compromisos en las negociaciones con el estado para reparar a las víctimas, pidiéndoles perdón, contando la verdad de los hechos, aportando dinero, tierras, semovientes, entre otros insumos, es de esperar que la responsabilidad es plural y en sana lógica no puede recaer solo en el estado, no siendo este el culpable del mayor número de víctimas.

A todas luces, hasta la fecha no ha existido proporcionalidad en la inmensa tarea de reparar a las víctimas y, por tanto, es injusto que el presidente actual, las fuerzas que hacen parte de su coalición y sectores de la comunidad internacional y el mundo diplomático, responsabilicen y acusen solo al estado por supuesto incumplimiento.

Y una reflexión para ponerla en el tapete, urge revisar las categorías de víctimas: directas e indirectas, comunidades, familias, individuos, a la luz de las once conductas violentas violatorias del derecho internacional humanitario para planear y adoptar de manera realista las compensaciones materiales y simbólicas a que haya lugar en vez de lanzar disparatadas propuestas.

Darío Acevedo Carmona, 23 de abril de 2023

Fuente: Observatorio de Memoria y el Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, 31 de marzo de 2023.  https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/infografias/balance-general/

En la cadena de escándalos causados por el presidente Petro, sus ministros y altos funcionarios, al jefe del Ejecutivo se le ocurrió hacer referencia a la Ley de Justicia y Paz de 2005, cuyo objeto es el de facilitar la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y sometiendo a medidas de justicia transicional a los responsables de delitos de lesa humanidad.

Desde Barrancabermeja en un evento sobre reparación a víctimas de los paramilitares, según informó la revista Semana (22/03/23), “arremetió contra dicha ley” diciendo: “Justicia y Paz fue una ley de impunidad para los narcotraficantes, allí no había un fiscal que criticara, allí los congresistas pupitrearon la ley, no bastó que algunos disidentes liberales o los de izquierda hablaran en contra; por ahí no era el camino… No se podía volver al narcotraficante político que desde el ámbito de la economía habían creado, en su afán de acabar con las bases sociales de esa insurgencia… creyeron que el camino era el genocidio, repetir el camino de liberales y conservadores de matarse con masacres y barbaries”. Agrega la revista Semana que Petro convocó a los exjefes paramilitares “a revelar la verdad sobre la indemnización de las víctimas”.

A renglón seguido, el presidente Petro salió en defensa de su proyecto de sometimiento de las bandas criminales: “El Gobierno, a través de las instancias, puede reunir a los jefes paramilitares para que hagan un balance ante el país, para que digan lo que ha pasado con la verdad y los bienes para el proceso de indemnización, para que nunca más se junte la esvástica del nazismo con el narcotráfico”.

Lo dicho por él no difiere mucho de sus apreciaciones negativas en 2005 y años siguientes. Lo que confirma la percepción de muchos analistas y comentaristas en el sentido de que Petro no ha dejado de ser un agitador opositor y que no ha entendido el rol que hoy tiene gracias a la democracia en la que no cree.

Varias precisiones debemos tener en cuenta  para que quede en evidencia la ausencia de coherencia política y simetría jurídica en el proceder del primer mandatario. Sobre el tema de la impunidad, por ejemplo, en la Ley de Justicia y Paz se estableció una condena de ocho años aplicable a los altos mandos de esos grupos responsables de crímenes de lesa humanidad, penas que se han cumplido y en algunos casos, varios capos fueron extraditados por violación de compromiso de no repetición.

De otra parte, en el trámite de discusión y aprobación de dicha Ley hubo intervención decisiva de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, del Congreso de la Repúblicas y del Ejecutivo de entonces. Ningún jefe  de esos grupos se convirtió en actor o candidato político. Nunca se les dio trato de contraparte del estado ni se les reconoció estatus de beligerancia.

Deformar esas realidades históricas y mentir es un fácil recurso demagógico, sobre todo si lo que se busca por parte del presidente Petro es marcar diferencias con su cuestionado proyecto de sometimiento de grupos al margen de la ley el cual está plagado de los vicios y adefesios que se evitaron en el proceso de 2005. Ningún jefe paramilitar fue convertido en misionero o agente de paz.

En cuanto a la contribución a la verdad, la ley 1424 del 10 de junio de 2010, con el ánimo de resolver la situación judicial de desmovilizados de base de estos grupos, no incursos en delitos de lesa humanidad, en su artículo 14 crea el mecanismo de sometimiento exigiendo de cada uno contribución al esclarecimiento de hechos trágicos y la firma de un compromiso de no repetición. Para el cumplimiento de esta función se responsabilizó al Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, a través del Decreto-Ley 2244, artículo 14, del 28 de junio de 2011. Esta entidad cifró en 18.306 el número de personas que habrían de ser citadas.

Bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, el CNMH (2012-2018) y la de quien escribe este texto (2019-2022) se culminó de manera exitosa esta tarea, de la cual, además, quedan como testimonio esclarecedor del fenómeno paramilitar 16 amplios y detallados informes y la realización de numerosos eventos con las víctimas de masacres, magnicidios, violencia sexual, reclutamiento de menores, destrucción de bienes y desplazamiento forzado.

Este método que se denomina “Mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica”, ha sido objeto de reconocimiento internacional por su contribución a la verdad, a la reconciliación y a la no repetición, como ejemplo de justicia transicional, así mismo, como un método que podría ser aplicado en conflictos armados en otros países.

Lo que resulta incoherente en las palabras del presidente Petro es que en su proyecto de Plan Nacional de Desarrollo se incluye un artículo que reivindica la aplicación de tal Mecanismo  a los desmovilizados no solo de las bandas criminales sino de las guerrillas sin hacer la excepción o claridad sobre lo que ocurriría con los criminales de guerra. Incluso, dispone que los altos comandantes de las guerrillas sean trasladados de la Jurisdicción Especial para la Paz al Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad que carece de funciones judiciales, por lo que, de aprobarse tal como está escrito, constituiría, ahí sí, una flagrante impunidad violatoria del estatuto de la Corte Penal Internacional del que es parte nuestro país.

Darío Acevedo Carmona, 26 de marzo de 2023.