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paz

  • Las ínfulas monárquicas de Santos y el camino al castrochavismo

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    No satisfecho con haber desconocido la voluntad popular en el plebiscito, el presidente Santos pretende hoy hacer lo mismo con el poder legislativo amenazándolo a través de su vasallo ministro del Interior con convocar el Estado de Conmoción Interior para dotarse de poderes omnímodos y así expedir por decreto la normatividad procesal y estatutaria de la JEP si el Congreso de la República no lo hace.

    En medio de la ofuscación que le causan los resultados ampliamente adversos en las encuestas, Santos apela a las esferas internacionales en las que aún goza de cierto eco su política de paz. Claro, cuenta a su favor el hecho de que los gobiernos y organismos, ocupados en sus propios problemas o en asuntos de mayor calado internacional, no se fijan en la letra menuda, que para nosotros es letra gruesa, pero bien gruesa, siendo esa la razón de sus extraviados apoyos a un proceso de alto riesgo para para nuestra democracia.

    A pesar de haber asegurado en 2012 que sometería los acuerdos a refrendación popular como consta en grabaciones periodísticas, no vaciló en dar marcha atrás e insistió en su aviesa política. En esta y otros reversadas es acolitado por un estrecho círculo que se lucra de su ancha mano para prodigar mermelada.

    Bien lejos quedó su propósito de unir a toda la nación alrededor de un acuerdo. Malogrado el consenso por sus propios yerros y traiciones no solo perdió la confianza de una ciudadanía a la que trató como súbdita, sino que se tapa los oídos ante las voces de alerta de la Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda en el sentido de que los acuerdos firmados, en particular en lo referente a la aplicación de castigos e imposibilidad de otorgar amnistías e indultos a responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra, contrarían la justicia internacional. Habrá que mirar en detalle la respuesta de la Cancillería colombiana que, según crónicas iniciales, descalifica las observaciones de Bensouda en términos desobligantes.

    Pero Santos es muy habilidoso para oxigenar su imagen y encubrir sus pecados. Ante las comprobadas irregularidades en la financiación de sus dos campañas presidenciales, primero, y ante las recientes revelaciones de estar involucrado en los Paradise papers, se inventa giras internacionales, la de esta semana incluyó contactos monárquicos, como los que le atraen, con la reina de Inglaterra, inmersa en el mismo escándalo y con el jeque de los Emiratos Árabes Unidos.

    Tras sus aires monarcales se esconde su aversión a la crítica y su incomprensión sobre lo que es la oposición en una democracia reduciéndola a un factor de molestia. A él solo le gustan las atenciones con tapete y aires marciales por parte de autoridades que no tienen más remedio que respetar los protocolos sin mirar lo que el visitante lleva a sus espaldas.

    Su mayor tortura en los últimos días tiene que ver con la posibilidad de que se malogre la aprobación de la ley reglamentaria de la JEP. Sectores de la Coalición comienzan a escabullirse temerosos de quedar castigados en las próximas elecciones por haberlo apoyado. Muy pocos quieren ser retratados a su lado.

    Y como para que no queden dudas de cuán lejos seguirá llegando, da la señal de estar dispuesto a decretar la Conmoción Interior. Ese tipo de medidas están contempladas en la política de paz diseñada por su ex alto consejero de paz, el filósofo Sergio Jaramillo, que contempla la toma de “medidas extraordinarias y excepcionales” para implementar los acuerdos por al menos un período de diez años llamado “periodo de transición”.

    El balance de sus ímpetus de monarca absolutista no puede ser más trágico. A los “logros” señalados en anteriores columnas agreguémosles las últimas proezas que nos acercan cada vez más a ese modelito del desastre venezolano que algunos intelectuales liberales y progres ven como un espantajo de nuestra imaginación o una argucia demagógica.

    La trinidad Justicia, Historia y Verdad, que no la ha logrado aún el régimen socialista bolivariano o castrochavista de Venezuela en 19 años, aquí, tan solo en unos meses, ya está en las manos de las Farc y sus amigos. Tendrán bancada en el Congreso sin necesidad de votos, a su alrededor orbitan varios movimientos sociales con rimbombantes nombres. Tienen dinero por montones, disidencias tipo retaguardia. Ligaron su reforma agraria con legalización del cultivo de coca, Quieren ir por la presidencia. No pagarán cárcel por delitos atroces. ¿Alguna duda?

    Darío Acevedo Carmona, 13 de noviembre de 2017

  • Paz por las vías de hecho

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    Si en Colombia aún hay rastros de democracia y legitimidad no es por obra del gobierno del señor Santos sino a pesar de él, y gracias al descontento e inconformismo de la población y de la labor persistente e inclaudicable de las fuerzas opositoras.

    Con todos los defectos que se le puedan señalar y con todas las correcciones que se le deben hacer a nuestras instituciones, pocas veces en nuestra historia se había presenciado una obra tan destructora sobre ellas como la que estamos presenciando y sufriendo, similar a un alud sin fin en el que cada piedra o roca cae sobre una ley, una tradición, un valor, un principio.

    Nada ha escapado a la dañina mano del presidente Santos, empezando por la verdad ahogada en su raudal de mentiras, cuál de todas más desvergonzadas. Sus declaraciones quedaron grabadas, por fortuna, para guardar la memoria de ellas, como que nunca se tocaría la Agenda Nacional en las negociaciones con la guerrilla más sanguinaria y cruel del país, ni la Constitución, que habría cárcel para delitos atroces, que no habría elegibilidad para responsables de estos sin antes ser juzgados y condenados, que la última palabra la tendría el pueblo…

    El proceder del gobierno y sus áulicos es tan turbio que no parece haber límites para frenar el desastre que están ocasionando. Seriamente averiados, como si hubiésemos sufrido un terremoto grado 9 en la escala de Richter han ido quedando la separación de poderes pues hasta la Corte Suprema que atinadamente concurrió al diseño de la Ley de Justicia y Paz para los paramilitares, se ha quedado muda, y la Constitucional ha emitido fallos que pretenden ser salomónicos en temas inadmisibles.

    Haber igualado a la guerrilla con el Estado legítimo, haberle dado estatus de guerra al enfrentamiento con grupos narcoterroristas, haberles dado calidad de representantes de la población, haber llamado guerra a lo que es terrorismo, y en esa senda de tragedias presentadas como conquistas, aceptar que un comunista español venga, cual Visitador colonial, a diseñar la JEP el nuevo órgano supremo que se superpone al poder judicial.

    ¿Será que seguimos con esta lista? ¿Cómo no registrar la humillación a nuestros soldados que quedaron sin honor, pues tienen que aceptar que hicieron una guerra que no valió la pena, que solo produjo sufrimiento, que nunca se debió hacer, y que, de acuerdo con una serie de fallos del Consejo de Estado son co-responsables de las masacres de las Farc?

    Ah, ¿Cómo no dar cuenta del desconocimiento, de hecho, de los compromisos del país incorporados a la Constitución, con la Justicia Internacional y la Corte Penal Internacional, cuyas observaciones no se han escuchado, con el estatuto riguroso de esa Corte sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad que no son amnistiables y que deben ser siempre condenados?

    Y ante la resistencia de quienes no hemos doblegado la cerviz y la de algunos que empiezan a caer en cuenta de la demolición del Estado, que los ha llevado a hacer modificaciones a la reforma política (que le da ventajas sin nombre al flamante nuevo partido) y a la vengativa Jurisdicción Especial para la Paz, este gobierno y sus enmermelados defensores en el Congreso y en los Medios, en vez de aceptar que hay que corregir, amenazan con un plan B para salvar la paz.

    La semana pasada los firmes y leales senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, sacaron del bolsillo trasero la carta ganadora para evitar dichos cambios. Le sugirieron al presidente Santos, un hombre hundido en las encuestas, en el ocaso de su pudor, si alguna vez lo tuvo, y en el cenit del cinismo, declarar el Estado de Conmoción Interior para decretar por su propia mano lo que el Congreso de la República se niega, según ellos, cumplir.

    No les bastó desconocer la voluntad popular que el 2 de octubre los derrotó en el plebiscito, sino que quieren desconocer la soberanía popular derivada, el Congreso, y castigarlo porque quiere recuperar su función de hacer y modificar las leyes y no ser un simple notario de las Farc y del presidente.

    La taza de despropósitos se rebosó con la proclamación de las candidaturas de criminales de guerra a la presidencia y al congreso de los jefes de las Farc sin haber rendido cuentas, ni siquiera, ante la justicia por ellos diseñada.

    El desafío para las fuerzas de oposición es pues, descomunal, porque no es cualquier elección la que se va a jugar en el 2018, es ganar o ganar, porque perder es, quizás, entrar en la boca sin fondo del agujero negro de una dictadura copiada, a la colombiana, del modelo chavista.

    Darío Acevedo Carmona, 6 de noviembre de 2017

  • El papa y la paz de Colombia

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    Francisco es el tercer papa que visita a Colombia. Primero lo hicieron Paulo VI en 1968 y Juan Pablo II en 1986. El papa fue recibido por multitudes alborozadas de un país inmensamente católico que esperaba ante todo una visita de corte pastoral y que así la sintió.

    El gobierno de Juan Manuel Santos fracasó en el empeño de sacar partido para su acuerdo de paz con las Farc a pesar de la abrumadora propaganda oficial. Hasta el momento de redactar esta columna (domingo 10/9/17) el papa no se había pronunciado en favor de dicho acuerdo, pero había deslizado importantes reflexiones sobre las implicaciones de la paz, la relación entre paz y justicia, la esperanza, la alegría, las víctimas, la verdad y la reconciliación, con las que difícilmente se podría estar en desacuerdo.

    Se le observó una actitud muy diplomática y respetuosa, acorde con su liderazgo religioso, sin herir a nadie y provocando reflexiones saludables, polémicas y pertinentes. Su silencio sobre la situación de Venezuela sigue sin explicación.

    El papa demostró que está al tanto de la profunda división de los colombianos en torno a al proceso de negociaciones y acuerdo de paz entre el gobierno Santos y la guerrilla de las Farc. Al respecto hizo apuntes sobre la importancia de insistir en alcanzar la paz a la vez que advertía en la necesidad de la justicia, del perdón y la reconciliación. Sus palabras encuadran a la perfección con los textos del nuevo testamento que les otorga siempre un lugar privilegiado. Todos los días en la misa católica se escenifica ese mensaje universal y teológico sobre la paz entre las naciones y entre los hombres.

    No hubo, pues, un apoyo explícito al acuerdo como lo anunció el gobierno y afirmaron muchos analistas. El papa demostró ser conocedor de la amplia inconformidad que hay en el país sobre la ausencia de justicia en las concesiones pactadas. Las últimas encuestas que certifican ese estado de ánimo han traspasado fronteras.

    La población católica sabe que el Papa ostenta una doble dignidad bastante problemática. A la vez que jefe de la iglesia católica lo es de un Estado y que entre una y otra no faltan desajustes y contrariedades. A la hora del balance hay que reconocer que Francisco, supo manejar su inmenso carisma inclinándose mucho más por el contenido pastoral de su visita. Hubo instantes de solemnes y emocionantes contactos con personas enfermas o discapacitadas

    El papa estuvo en cuatro ciudades capitales: Villavicencio, Bogotá, Medellín y Cartagena todas ellas muy representativas de la fe católica de los colombianos. Su presencia fue motivo de multitudinarias manifestaciones que reafirman las convicciones de sus habitantes.

    Creo que para bien del país el papa no se salió de su mensaje evangelizador, aunque también hizo anotaciones de contenido político. Pienso que suscitó entusiasmo por su fe a la vez que planteó reflexiones para todo tipo de personas y agrupamientos demostrando que entre política y religión, no obstante la separación entre los asuntos de la iglesia con los del estado, siguen existiendo vasos comunicantes, en este caso, expresados en unas ideas y valores comunes a la religión y a la política como la paz, la justicia y la reconciliación entre otros.

    La estancia del papa Bergoglio fue muy corta como para pensar que va a tener una incidencia enorme en el cambio de las tendencias y las percepciones que los colombianos tenemos sobre nuestros problemas y necesidades. Sin embargo, deja una serie de inquietudes que el gobierno Santos debe tener en cuenta, como por ejemplo, entender que ya no se justifica insistir en seguir vendiéndole al mundo un acuerdo que es rechazado por la mayoría del país y reconocer que han resultado infructuosos sus onerosos esfuerzos económicos y diplomáticos por alcanzar en el exterior lo que no ha podido en el interior.

    En cambio, debería pensar y actuar en el sentido correcto de la necesaria modificación de los acuerdos para que ganen sobre todo en el tema de la aplicación de una justicia transicional más acorde con parámetros nacionales e internacionales.

    Las gentes quedarán satisfechas de haber visto y escuchado en vivo y en directo al papa Francisco y sus creencias se habrán renovado. En los días siguientes vendrán los balances, habrá agudas polémicas sobre lo que dejó su visita, mi colega Alfonso Monsalve, por ejemplo, en el periódico Debate acota que entre las víctimas llevadas ante el papa no permitieron ninguna de las Farc. Más allá de campanas al aire por la paz, el país retornará a su ritmo normal.

    Darío Acevedo Carmona, 11 de septiembre de 2017

  • La paz y la crisis de la Justicia

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    Más de la mitad del país, en encuestas sucesivas, manifiesta una visión negativa sobre la marcha del país, sus instituciones, los gobernantes y otros tópicos. Prácticamente nada escapa al escepticismo o pesimismo de las gentes, ni siquiera la supuesta paz firmada hace pocos meses despierta entusiasmo.

    La situación más preocupante es la que atraviesa en su conjunto la Justicia y en particular las altas cortes pues los recientes escándalos dejan por el suelo ese elemento fundamental de la sociabilidad que es la confianza, ¿si la sal se corrompe en quién podemos creer?

    Para tratar de comprender la razón o el porqué de esta crisis no basta con apelar a los lugares de siempre, a echarle la culpa a toda la sociedad o a decir que esto viene de tiempo atrás. Es necesario fijar la mirada en lo que ha ocurrido en el país desde que se inició un proceso de paz que arroja un balance deplorable en muchos aspectos y muy particularmente en el tema de la Justicia.

    La política puesta en marcha por Santos y su equipo de negociadores para firmar la paz con las Farc nos puede dar la clave de la situación crítica. Esa política ha supuesto heridas demasiado graves en el alma de los colombianos. Quizás los advertidos y acuciosos analistas que medran a la sombra de los jugosos proyectos relacionados con el “posconflicto” sigan sosteniendo la estupidez de que las gentes son tontas o están siendo manipuladas. Pero como dice el cuento no hay peor ciego que el que no quiere ver.

    En efecto, lo que hemos presenciado en dichas negociaciones es una cadena de mentiras, engaños e imposiciones de boca y de parte del presidente Santos. No las voy a mencionar, pero es indudable que la falta de franqueza, el decir una cosa que después niega en los hechos, se traduce en desconfianza colectiva.

    La gente no es boba ni ciega, entiende y ve que a las Farc se le otorgaron prebendas indecibles e injustificadas y que esa organización se burla hasta del sentido común. La impunidad que rodea el conjunto de las concesiones, justificada a contrapelo de las Leyes nacionales y de la juridicidad internacional es fuente de inmoralidad y de nuevas violencias. Se ha llegado al extremo de condenar la exigencia de justicia como un acto de venganza.

    La inmoralidad si viene de las altas esferas del poder es mucho más dañina que la que se pueda dar en la cotidianidad de los ciudadanos. Y es que ver convertidos en todos unos respetables señores a un grupo de criminales de guerra como si hubieran estado dedicados a hacer el bien ofende hasta el más malo de la cadena social.

    Partamos de reconocer que es absolutamente inmoral haberle dado al Acuerdo Final la categoría de Bloque de Constitucionalidad en cuanto sustituye la Constitución, quiebra la institucionalidad y crea organismos que forman un Estado paralelo.

    Todo el desastre que estamos sufriendo tiene que ver, en mi opinión, con el manejo inmoral de la paz. A esa noción se la ha privado de su real significado al convertirla en dogma. Por ella, se nos ha dicho, ha valido la pena firmar ese texto, desconocer el resultado del plebiscito o sea mancillar la voluntad popular, reformar la Constitución por vía exprés, romper el equilibrio de poderes y muchos más desastres.

    Al elevar la paz a la condición de fin supremo, ajeno por tanto a las condiciones y a las circunstancias, se cae en el proceder propio de los dictadores o de los iluminados que autojustifican y autolegitiman sus actos y piensan que si a las mayorías no les parece bien es porque están equivocadas y que todo se vale con tal de alcanzar ese fin.

    Y entonces viene el proceder inmoral para imponer el dogma desde el alto gobierno y los altos poderes. Si para lograr la paz había que hacerle un montaje al rival y favorito en las elecciones presidenciales del 2014, vale, si había que violar topes de financiación de la campaña, vale, si había que comprar votos distribuyendo “mermelada”, vale, si hay que distorsionar la asignación de cupos indicativos a los congresistas, vale. Si hay que aceitar a la gran prensa con elevada pauta oficial, vale, si hay que repartir puestos a granel para ganar el apoyo de magistrados, vale.

    Y así se fue atropellando la tradición, la estabilidad y el estatus de todo lo que se atravesara en el camino de la paz. Perseguir empresarios críticos, vale, desmontar varias cúpulas de generales críticos, vale, otorgar contratos a empresas noruegas para apalancar el nobel, vale.

    Si hay que imponer, a como dé lugar, la elección de un nuevo magistrado incondicional y de mediocre hoja de vida para desempatar en la Corte Constitucional la exequibilidad de la implementación del Acuerdo, vale.

    De manera que la atmósfera putrefacta que campea tiene, sino el origen si un efectivo agente estimulante que es el ejecutivo, el presidente de la República, todo en nombre de su paz que no es la paz que buscamos y merecemos los colombianos.

    No nos vengan a repetir la cantinela de que la crisis moral es del país, de todos, de los millones de personas que se ganan el pan honradamente. NO y mil veces no, la crisis moral tiene nombres propios e instituciones precisas. Las relaciones de cooperación entre los poderes públicos fueron reemplazadas por el soborno, la untada, el billete debajo de la mesa, las gabelas. Si este no es el mayor daño que se le pueda haber hecho al país que nos ilustren cuando fue que estuvimos en un pantanero similar.

    Darío Acevedo Carmona, 4 de septiembre de 2017

  • Corrupción y afrenta banalizadas

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    Después de aquella frase burlona de Santrich “quizás, quizás, quizás” cuando le preguntaron si las Farc iban a entregar las armas y pedir perdón a las víctimas, pensé que nada superaría esa demostración de cinismo, pero, como para demostrarnos que la dirigencia de esa organización no tiene límites para mofarse de la dignidad de los colombianos como no los tuvo para asesinar y destruir, dos acciones recientes nos recuerdan su desfachatez.

    La primera fue el anuncio del nombre del partido -Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia- con el que entrarán a disfrutar de las generosas gabelas concedidas por el Gobierno Nacional. A primera vista no habría razón para ponerse alerta por la conservación de las siglas, en el pasado lo hizo el EPL (Esperanza, Paz y Libertad), el M-19 mantuvo su nombre precedido de “Alianza Democrática”.

    Pero, entre esas experiencias y la de ahora hay profundas diferencias, en especial en lo referente a la seriedad y la transparencia de aquellas fuerzas, muy diferente a lo que las Farc han mostrado: arrogancia, burlas, mentiras e incumplimientos. De modo que vale preguntarnos ¿por qué insisten en mantener unas siglas Farc que nos recuerdan asaltos, pescas milagrosas, secuestros, asesinatos de soldados y policías, masacres, despojo a campesinos?

    Leeremos y escucharemos muchas voces que nos llamarán a tener confianza y a ver en esa decisión algo de poca trascendencia. No comparto esa visión idealizada sobre las intenciones de una guerrilla cuyos jefes reafirman cada que se les ofrece un micrófono o una cámara que ellos no tienen de qué arrepentirse, que no van a entregar sus armas sino “colocarlas a un lado”, que ellos son rebeldes luchadores populares, que son marxista-leninistas (cosa que también ha sido banalizada en los medios) y como dijo Santrich “Nunca dejaremos de ser Farc”.

    En buena letra se desprende que se enorgullecen de su identidad, que no tienen conciencia de culpa ni van a reconocer la comisión de crímenes horrendos, por tanto, tampoco tienen víctimas a sus espaldas. Y es ahí en donde cabe a la perfección su opíparo ofrecimiento según denuncia del Fiscal General: traperos, exprimidores, vasos, sartenes, sal de frutas, talcos, bienes inmuebles inidentificables, construcción de vías. Esta ofensa a la dignidad de los miles que sufrieron sus atrocidades y al pueblo colombiano es equiparable a la violación de la Constitución y del ordenamiento institucional que en nombre de la paz engañosa impuso el presidente Santos.

    Como para que no nos quepa duda de que estamos ante una auténtica tragedia del absurdo cuyo libreto consiste en burlarse de los colombianos, el expresidente Samper y el presidente Santos, en el evento conmemorativo de los veinte años del ministerio de la Cultura, se trenzaron en un duelo de chistes alrededor de la palabra mermelada. Palabra que todos asociamos con la destinación fraudulenta de dineros públicos a altos dignatarios de otros poderes paran obtener su apoyo.  El escenario de la bufonada fue ni más ni menos el teatro Colón, una bella reliquia y patrimonio de la nación. Los fantasmas que habitan tradicionalmente estos tablados deben haber salido despavoridos ante espectáculo tan repugnante.

    Una sociedad abrumada por la corrupción de Odebrecht, Reficar, pirámides de las elites, violación de topes de campañas presidenciales, mafias en la Corte Suprema, y un larguísimo etcétera, el señor Samper, resucitado en mala hora por su compañero de escena y que detenta un enorme poder burocrático, le dice a Santos en tono burlesco “en mi gobierno hubo “mermelada” pero era poca comparada con el suyo”. Este le replicó inmediatamente “pero si Usted era conocido como el rey de la mermelada”, se oyeron sonoros aplausos y risas de la concurrencia como si se estuviera en presencia de una obra de humor tipo “Los monólogos de la vagina”. Entonces Samper, el mismo al que Santos intentó darle un golpe de estado, le respondió “sí, pero no era tanta y la mía era dietética”, de nuevo gran hilaridad.

    No eran Tola Y Maruja los que divertían al público ni los de La Luciérnaga ni el sobrino del “elefante” con sus grotescos apuntes, era un acto oficial y dos personas que banalizaban sus “dignidades” como pilluelos de barriobajero haciendo bromas con el cuerpo del delito oficial más detestable de los últimos siete años, ese producto corrosivo, símbolo de compra de conciencias, de untadas a magistrados, generales, congresistas, periodistas, obispos.

    Nada más ni nada menos que un expresidente de ingrata recordación y otro en ejercicio, que, independiente de la opinión negativa que los afecta, no tienen derecho a pisotear, como lo hicieron, sus investiduras, el acto oficial, el sitio, el público y el país.

    Que al parecer no tienen conciencia del mal o lo banalizan, pensando que irrigar con mermelada todos los intersticios institucionales no es delito. Deslucieron sus trajes, sin pudor, grotescamente, para recibir el aplauso que no han podido conquistar en las calles quizás porque no han hecho nada que lo merezca.

    Hacer chistes con aquello que tiene el país al borde del colapso es el mayor acto de cinismo que hayamos podido presenciar de parte de las dos personas más poderosas de este gobierno.

    Si este es un país de asesinos, de cafres, de vividores, de mafiosos, de “mierda”, de violentos, como lo sostienen muchos intelectuales “progres” y de izquierda, solo hacía falta que dos miembros destacados de la oligarquía nacional cual par de granujas se sumaran al coro de los que nos ofenden en materia grave en nuestras propias narices.

    Darío Acevedo Carmona, 28 de agosto de 2017

  • ¿Qué tan razonable es la desconfianza y el rechazo a la paz Santos-Farc?

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    ¿Por qué la paz que Santos dice haber alcanzado tiene un margen tan elevado de incredulidad entre los colombianos? ¿Acaso estamos locos al manifestar nuestro rechazo a los acuerdos firmados por él y las Farc?

    En vez de cerrarse a la banda negando las fallas profundas del proceso y de los términos del acuerdo, los firmantes deberían esforzarse en reconocer la evidente crisis en que está sumergido el país por cuenta de ese pacto. Empezando por el vicio madre de todos los males que es el haber incorporado las 312 páginas del entuerto como un capítulo inmodificable de la Constitución Nacional por espacio de doce años, prorrogables.

    De  haber elevado el anhelo de la paz a la categoría de dogma que puede alterar, sustituir o reescribir la Constitución, la institucionalidad y la Justicia y reventar valores y costumbres de la sociedad. ¿Cómo olvidar que para llegar tan lejos fue necesario aceptar que estábamos sufriendo las consecuencias de una guerra civil por más de cincuenta años, que esa guerra tenía causas materiales y objetivas fruto de políticas de exclusión de las fuerzas políticas que se habrían visto obligadas a tomar las armas como último recurso.

    En esa declinación moral, que nace también de una conciencia de culpa de círculos de las elites dominantes, había que concederles, en consecuencia, estatus de fuerza beligerante a las Farc. Por eso, el Gobierno Santos negoció de tú a tú con ella y la igualó con el Estado colombiano, desconociendo y desaprovechando que se trataba de una guerrilla derrotada estratégicamente, afectada en su voluntad de poder y presa de una crisis de liderazgo con sus jefes huyendo en países vecinos, descoordinados, sin opción de triunfo a la vista.

    Las desafiantes ironías de Santrich, las prepotentes intervenciones cuadriculadas de Timochenko, los retos y exigencias de Iván Márquez, y las numerosas demostraciones de arrogancia y desprecio hacia una opinión que esperaba una respuesta más pausada y tranquila, menos provocadora y subida de tono, más acorde con lo que debía ser una actitud de reconocimiento del dolor causado y de búsqueda sincera de la reconciliación, rebasaron la capacidad de aceptación de buena parte de la ciudadana que hoy se manifiesta hastiada de que la comandancia fariana  se pasee como “Pedro por su casa” y se burle del sentido común.

    Para que se entienda bien la razón por la que no consigue una atmósfera favorable y de que la diplomacia, las giras internacionales, el premio Nobel, la visita a Trump, a la ONU, al Papa, las multimillonarias campañas publicitarias en los medios nacionales y extranjeros, no produzcan efectos positivos en el sentimiento de la mayoría de colombianos hay que tener en cuenta el diseño entreguista de la política oficial al mando.

    Y también ciertos procederes arbitrarios, engañosos y antidemocráticos como la citación de un plebiscito con pregunta amañada, en bloque las 286 páginas, con financiación oficial de publicidad por el SÍ, la amenaza con una guerra tenebrosa si ganaba el NO, reducción del umbral de aprobación al 13%. Luego, perdido el plebiscito, la maniobra engañosa para aparentar búsqueda de una nueva negociación bajo un consenso nacional y de nuevo la trampa dando a entender que se habían hecho modificaciones profundas y que se tenía, como se afirmó en principio, la venia de los líderes del NO.

    Y cuando se desgrana la mazorca emerge a la luz lo que el tal nuevo acuerdo contempla, entre otras atrocidades: impunidad para las Farc, representación en el Senado y Cámara sin impedimentos para responsables de crímenes de lesa humanidad, incorporación de las 312 páginas del “nuevo” Acuerdo a la Constitución en calidad de inmodificable o parte del bloque de constitucionalidad, alteración de las funciones del Congreso, implantación de una nueva Justicia la JEP superpuesta a todos los órganos judiciales del país, adopción del mecanismo fast track para reformar la Constitución con proyectos votados en bloque y salidos de la mesa constituyente integrada por delegados del gobierno y de la guerrilla, entre ellos un jurista comunista español, financiación con el dinero de nuestros impuestos de la actividad política y de un centro de pensamiento de la ideología totalitaria marxista-leninista y la conformación de una comisión de seguimiento con poderes gubernamentales.

    De modo que, llegados al punto de la implementación de los pactos y luego de cumplirse los 180 días estipulados y supuestamente inalterables para la desmovilización de las Farc, el balance es un país dividido, incontrolado, con un presidente en caída profunda de su imagen y sin gobernabilidad, inepto, una guerrilla insolente e inflada, invitada de honor a eventos culturales y ocupando primeras planas en los medios enmermelados.

    No han entregado los menores de sus filas que son miles, no quieren desestructurar su formación jerárquica militar, no quieren entregar sus bienes, no soportan la menor crítica, vetan al Fiscal gentral, a magistrados, a las Cortes, a congresistas y se ufanan de haber entregado a la misión de la ONU, cuyo papel no genera confianza, el 30% de sus armas sin una foto o video de sustento, sin testigos independientes, y quieren que la opinión les crea y se dé por satisfecha como si el cumplimiento de un compromiso puntual fuese suficiente para borrar el desastre institucional y constitucional provocado por las tres fuentes del descontento: el proceso de negociación, los contenidos inconstitucionales del acuerdo final y su implementación.

    Darío Acevedo Carmona, 12 de junio de 2017

  • SIETE REFLEXIONES SOBRE COLOMBIA

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    En razón de un cuestionado e impopular proceso de paz, Colombia enfrenta en la actualidad una crítica situación de incertidumbre. Querámoslo o no estamos abocados a encarar el presente y el futuro del país. Viviremos momentos muy tensos, mucho más de los que hemos encarado en los últimos meses.

    Considero del caso realizar un ejercicio de razonamiento para el que propongo el uso de una metáfora y siete reflexiones. Imaginemos que el Estado colombiano es un edificio grande que tiene unas bases profundas y potentes columnas que sostienen los pisos en los que tiene lugar todo tipo de relaciones conflictivas, problemáticas, agradables, etc. Base y columnas son la garantía de que nada de lo que suceda en él puede o debería caer estrepitosamente.

    Primera reflexión: Nuestro edificio Colombia fue sometido a un proceso de paz de manera sorpresiva, sin consensos previos, sin exigencias perentorias de cese de la violencia a las Farc. Ese experimento ha impactado de manera grave la solidez de la edificación.

    Segunda reflexión: El presidente Santos tomó dos decisiones que es necesario tener en cuenta en cualquier análisis por sus consecuencias determinantes, a saber: darle carácter de guerra civil al accionar terrorista de unos grupos que fracasaron en su pretensión de hacer la revolución socialista por medio de la lucha armada. Y dos, convirtió el ideal de la paz, contemplado en nuestro ordenamiento constitucional en paradigma absoluto que justifica cualquier concesión, reforma o cambio drástico de las instituciones.

    Tercera reflexión: fue el propio presidente Santos quien prometió  realizar una consulta a la población, referendo primero, plebiscito luego, para refrendar el extenso acuerdo firmado en La Habana. El plebiscito, no obstante la destinación de inmensos recursos públicos en publicidad favorable al Acuerdo, dio un resultado negativo para el Gobierno Nacional. Aun así, en vez de renunciar como había prometido, Santos se aferró al poder, prometió renegociar aspectos esenciales del mismo y ante tal actitud los voceros del NO aceptaron la idea de un Pacto Nacional por la Paz.

    Cuarta reflexión: Santos engañó de nuevo al pueblo colombiano y a los líderes del NO firmando el mismo acuerdo al que solo se le hicieron cambios cosméticos y sin haber consultado previamente a estos últimos, burlando la voluntad popular. La razón del afán de Santos era la obtención del Nobel de Paz, como si la suerte de la patria no mereciera total consideración.

    Quinta reflexión: A lo largo de las negociaciones, el Gobierno Nacional fue hostil con las críticas y observaciones formuladas por diversos sectores de la sociedad. En cambio, adelantó una estrategia de amansamiento de la opinión con altas dosis de canonjías y dádivas, mal llamadas “mermelada”. Obtuvo así el apoyo incondicional de las mayorías del Congreso, de magistrados y altas cortes de la justicia colombiana, realizó giras para ganar solidaridad y promesas de gobiernos y personalidades mundiales que desconocían los contenidos de lo firmado, se ganó el apoyo de los grandes medios nacionales, radio, prensa y televisión. Utilizó trampas y métodos deleznables para ganar la elección presidencial en 2014, gastó sumas multimillonarias del erario público en publicidad.

    Sexta reflexión: de forma consecuente con todo lo anterior,  Santos y su ministro del Interior, el señor Cristo, lograron el visto bueno de la Corte Constitucional para impulsar las reformas y cambios acordados -en un auténtico harakiri- pues la guardiana de las bases del edificio calificó un problema que se presentaba en alguno lugar del mismo, la calidad de grave y esencial como para remover sus bases. Varias columnas de la edificación han sido afectadas notoriamente: las Farc adquirieron calidad de constituyentes primarios, la Constitución podrá ser reformada o cambiada por vía express o fast track, el Congreso se privó de su función principal, legislar, la Justicia nacional quedó por debajo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que tendrá poderes omnímodos e ilimitados en materia penal y será autónoma. Las FF MM cambiaron su doctrina y fueron debilitadas en su capacidad de combate para enfrentar a los violentos, etc.

    Séptima reflexión: La Constitución de 1991 ha sido suplantada por un acuerdo diseñado por dos voceros de las Farc y dos del Gobierno Santos en clara usurpación de funciones del constituyente primario. El país será supervisado por una comisión de seis personas, tres de las Farc y tres del Gobierno y en caso de empate en cualquier aspecto del Acuerdo, delegados de Cuba, Venezuela, Holanda y Chile definirán qué se hace, quedando en manos de gobiernos extranjeros, algunos de ellos bien hostiles, decisiones importantes de la vida nacional. Durante doce años o más, denominado “periodo de transición”, Santos y Farc pretenden implantar un nuevo orden a espaldas de la población.

    Quedan muchas cosas por decir, pero ahí están las que marcarán la política de los próximos meses y años. Soy de los que creemos que gran parte del mal causado al edificio puede ser subsanado y que no debemos dejarnos chantajear con el fantasma de la guerra como intentó hacerlo el Gobierno antes del plebiscito. El reto es claro o retomamos el rumbo o viviremos décadas de desgracia.

    Darío Acevedo Carmona, 17 de abril de 2017

  • COLOMBIA EN CAÍDA LIBRE

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    La historia de los hermanos Patrocinio y Odín Sánchez no puede ser más cruel. El primero de ellos fue secuestrado por la guerrilla ELN en condiciones infrahumanas por un largo periodo, su familia pagó una parte de la extorsión, enfermo, cadavérico y en vista de que no aceptaban liberarlo, su hermano Odín se canjeó por puro sentido de hermandad. Al cabo de 10 meses, este último, enfermo y agobiado, fue objeto de un canje de doble vía. El Estado liberó a dos guerrilleros a cambio de la liberación de Odín.

    El Estado fue incapaz de exigirle al ELN lo que a las FARC: abandonar la práctica del secuestro. De otra parte, la familia de Odín entregó una millonaria suma de dinero al ELN para que lo liberaran. El Gobierno Santos aceptó esa humillación para sentarse a negociar la paz con ese grupo.

    De encima, la comandancia elena en tono arrogante reconoció tener más secuestrados en su poder, entre ellos un soldado, y en el colmo de la sevicia, cara amenazante, dicen tener “derecho” a seguir secuestrando.

    En este estropicio contra la más elemental justicia y los derechos humanos, tan pregonados y defendidos por tantos falsos defensores, por hipócritas, por infiltrados de la extrema izquierda en organizaciones humanitarias y por despistados escribientes que guardan sus plumas frente al atropello, llegan al país, de cuenta del erario público, tres, cinco? premios nobel de paz a aplaudir a quien ha despojado nuestro Estado de toda dignidad y a avalar un proceso consagrado por un golpe de estado en la más impúdica impunidad posible en la historia reciente del mundo.

    No queda la menor duda, a Juan Manuel Santos le encantan los eventos de pompa y boato, es muy hábil para organizarlos y para hacerlos en el momento adecuado a sus intereses. No pierde detalle aunque le toque tirar la casa por la ventana, eso sí, quede claro, no es su casa, sus festines se pagan con los impuestos de los colombianos.

    Como quiera que la favorabilidad no le favorece y que no obstante sus esfuerzos por pasar a la Historia Grande de Colombia como artífice de la paz sigue de capa caída en las encuestas, busca ganar aplausos y apoyos con personalidades del exterior que poco conocen los dramas del país ni los costos políticos, constitucionales y morales de su política de capitulación ni sobre nuestras disputas y conflictos.

    Santos es luz de la calle y oscuridad de la casa, es un gran mago, todo un ilusionista, pues ha logrado atraer la mirada complaciente y el respaldo de instituciones, gobiernos y figuras extranjeras, vendiendo la idea de que Colombia sufría los estertores de una prolongada y cruel guerra de más de medio siglo, que las guerrillas colombianas no eran terroristas sino luchadoras por la justicia y habían tomado las armas inspiradas en ideales altruistas, que su poder era tan enorme que bien valía perdonarles todos sus abominables crímenes, en especial los de lesa humanidad, que no merecen la cárcel, que el secuestro es comprensible, etc.

    ¿Estarían al tanto de que la voluntad popular que rechazó el pacto con las FARC en el plebiscito del 2 de octubre, la Constitución, la separación de poderes y la institucionalidad, fueron lanzadas al abismo de la ignominia?

    El mal ejemplo del Acuerdo espúreo entre un Estado legítimo y un grupo terrorista, ha empezado a rendir sus frutos podridos. La negociación con el ELN se inicia a la sombra de un chantaje en que el Estado se humilla ante exigencias de una guerrilla que ni se sonroja justificando el secuestro y prometiendo que lo seguirá haciendo.

    ¿Se leerán los señores nobel de la paz esta dolorosa historia de la familia Sánchez, tan solo esta, aunque son miles las historias horrorosas que podríamos contarles? ¿Qué pensarán de la justificación del secuestro por parte de los jefes guerrilleros? ¿Seguirán pensando que la causa revolucionaria justifica todo tipo de crímenes? ¿Soportarían eso en sus países? ¿Estarían dispuestos a destruir la institucionalidad de sus países en aras de hacer la paz cerrando los ojos antes los crímenes atroces?

    Llegamos a pensar que en materia de ignominia este Gobierno había tocado fondo, pero, al observar el nuevo proceso de paz en Quito no podemos sino concluir que Colombia sigue en caída libre, lo que quiere decir que veremos hechos peores y más indignantes de los que hasta ahora hemos presenciado.

    Darío Acevedo Carmona, 6 de febrero de 2017

  • LA OSADA AVENTURA DE SANTOS

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    La decisión que tomaremos los colombianos el próximo 2 de octubre tendrá repercusiones trascendentales en el presente y el futuro del país. A lo largo de este proceso de conversaciones hemos tenido ocasión de ver, escuchar y analizar variada información y quizás, ya muchos tenemos una posición.

    El momento justifica que intentemos comprender por qué el amplio espectro de los amigos del sí, consideran que por la Paz se justifica todo, aceptar, por ejemplo, que el Acuerdo tenga condición de tratado internacional, que se cree un monstruo jurídico por encima del sistema judicial colombiano, que se otorguen 26 curules sin imponer restricciones a responsables de delitos atroces, que se repartan tres millones de hectáreas en la modalidad anacrónica de pequeñas parcelas, que se creen 16 jurisdicciones especiales, que se acepte la reforma de la doctrina militar, que se creen 22 comisiones, organismos y veedurías que realizarán labores propias de organismos del Estado, que se acepte el secuestro y el narcotráfico como conexos con el delito político, que los responsables de delitos de lesa humanidad no paguen un solo día de cárcel, y un largo etc.

    No vamos a meter a todos los que aceptan estas condiciones ominosas en un mismo saco. Teniendo en cuenta sus visiones de país, sus intereses y su posición ideológica, los dividiré en dos grupos: las izquierdas y los que deben defender el Estado.

    Que las izquierdas manifiesten su satisfacción con el Acuerdo y estén aplaudiendo a Santos, uno de los personajes más representativos de la oligarquía tradicional no parece muy razonable. Toda la vida, con diferencias de matiz, este conjunto ha denigrado de las instituciones, ha negado que Colombia sea un país democrático, que es uno de los países más desiguales del mundo donde se cometen grandes injusticias. Sostiene que no hay oportunidades para fuerzas políticas diferentes a las tradicionales. Una de sus tesis más estimada es la que atribuye “el levantamiento armado” a las injusticias sociales, al problema de la propiedad de la tierra y a la exclusión política. Para ellos la paz implica reformas profundas de tipo social, económico y político. Son radicalmente antimilitaristas pero solo con respecto de las Fuerzas Militares institucionales, el Estado es el principal violador de los derechos humanos y no falta el humanista que dice que este es un “país de asesinos” y que “todos somos culpables”.

    De manera que, como el Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC contiene opíparas concesiones a su visión, las izquierdas andan felices pregonando el SÍ.

    ¿Cómo no les va a gustar el Acuerdo si ellos nunca han tenido en buen concepto la legalidad, la institucionalidad, la democracia y las libertades vigentes que deben ser demolidas o reformadas para ensayar otras políticas como las pregonadas por el Foro de Sao Paulo y el socialismo bolivariano del siglo XXI?

    En el campo de los que representan el “Establecimiento” encontramos un auténtico archipiélago de grupos, partidos, intelectuales y columnistas con ideas no necesariamente comunes. Algunas sufren de conciencia de culpa, otros del síndrome de Estocolmo, hay ingenuidad entre quienes creen que las guerrillas están inspiradas en ideales altruistas, como el acceso a la tierra y la “ampliación” de la democracia. Piensan que vale la pena correr el riego de hacer todas esas concesiones a las FARC porque suponen que terminarán siendo absorbidas por el sistema como ha ocurrido con otras experiencias de paz en el pasado. Un elemento común en los líderes de la negociación es el exceso de confianza en sí mismos y de subestimación del rival.

    Creen, además, que hay que entregarles amplios poderes y representación en el campo, aspirando a que allí se queden y no se expandan a la vida urbana. Hay advenedizos que no saben nada de lo que es un Estado de Derecho, que carecen de visión, incapaces de ver más allá de veinte metros, bastante ingenuos, pues, no tienen idea de con quien están tratando.

    Algunos de ellos tienen una visión banal del poder y de la política, otros depositan excesiva confianza en su elocuencia y retórica, los hay a los que les parece normal que Timochenko llegue a la presidencia, otros aspiran a ocupar un lugar de la Historia ganándose el Nobel o la presidencia del país.

    En un tercer grupo, en el que hay partidarios de las dos opciones, tendríamos a empresarios, iglesias, Medios, Fuerzas Militares, gremios. Difícil trazar un perfil de todos ellos. Tal vez nos sea factible reconocer algunas evidencias: miedo de los empresarios respecto de la reforma rural, del futuro de la economía y el poder incontrolable de Jurisdicción Especial de Paz, por el costo fiscal inconmensurable de la implementación de los acuerdos. Divisiones notables en la jerarquía católica, desdibujamiento del rol de los Medios que han sacrificado su independencia ante la jugosa pauta publicitaria oficial. Las Fuerzas Militares han sufrido un enorme debilitamiento operacional con la salida de sus mejores oficiales, por el cambio de doctrina militar negociado a sus espaldas, y la asignación al alto mando de oficiales obsecuentes y acríticos con la política oficial. En los gremios se aprecia mucho temor a las represalias y una que otra voz crítica.

    Ese es el vivo retrato de la osadía de Juan Manuel Santos que deja por el suelo lo dicho al comienzo de las negociaciones: “si no firmamos la paz nada habremos perdido”. ¿Cómo no recordar la anécdota que se le atribuye al presidente Marroquín al entregar el poder en 1904, habiendo perdido a Panamá: “De qué os quejáis, me entregaste un país, os devuelvo dos”.

    Darío Acevedo Carmona, 19 de septiembre de 2016

  • LA POLARIZACIÓN NO ES EL PROBLEMA

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    No somos el único pueblo sobre la tierra ni el primero que se polariza ante cuestión dilemática o que convierta la definición de un problema en motivo de álgidas disquisiciones e irreconciliables posiciones. No lo digo para consolarnos sino para que reflexionemos sobre esa fastidiosa costumbre de autoflagelarnos y creer que la lucha política puede llegar a ser totalmente cristalina y aséptica.

    Nada ganamos con quejarnos de la polarización que se ha creado en torno a las conversaciones de paz y el  plebiscito. Es cierto que circulan argumentos falaces, mentiras a rajatabla, rumores infundados, insultos, burlas, matoneo, pero también contamos con exposiciones serias, pensamientos y reflexiones en cada uno de los polos en los que ahora estamos ubicados la mayoría de los colombianos.

    Así pues, si en el debate hay de todo, quien quiera entrar en él, elige los términos con los que habrá de intervenir y las corrientes de opinión o exponentes con las que entablará su discusión. Y ojalá quienes se quejan de matoneo, haciéndoselo al contradictor, tónica de un buen número de columnistas, opten por una prosa más elaborada.

    Hay personas de las que uno esperaría que no acudan a las mentiras, como ocurrió en días pasados con declaraciones del expresidente César Gaviria Trujillo, quien sostuvo que en la negociación con paramilitares hubo total impunidad y que había miles de ellos en las calles, citando el caso de uno de los capos de esas organizaciones caminando tranquilamente por una calle céntrica de la capital. Voceros del gobierno y de partidos han sostenido lo mismo. La cuestión es de fácil respuesta y no hay que citar a ningún teórico de las ciencias sociales: Hubo cárcel para responsables de delitos de lesa humanidad, en principio se contempló la posibilidad de que pagaran penas en lugares diferentes a cárcel común, la Corte Suprema se opuso y ordenó castigos con prisión efectiva, el gobierno acató. Por tanto hubo una posición de Estado. Hoy, por el contrario, el presidente no contempla que se toquen los preacuerdos.

    Hubo extradición de jefes que incumplieron compromisos, no se les dio representación ni elegibilidad política. Confesaron muchas verdades, pidieron perdón, resarcieron, si bien es cierto a medias, a sus víctimas, y a pesar de muchas objeciones, el país no fue dividido ni fue materia de negociación las FF MM, la Agenda Nacional, la Constitución, ningún Órgano Judicial fue suplantado como ocurre en el actual proceso. Y el jefe paramilitar personaje que caminaba por calle capitalina pagó una pena de 8 años, los de las FARC caminarán por doquier sin ir un solo día a prisión.

    Un asunto que atiza la “polarización” es el relativo al ¿qué pasará? según el resultado del plebiscito. Quienes impulsan el SÍ sostienen que de ser victoriosos el presidente queda habilitado para adelantar la implementación de los acuerdos. Hasta ahí, todos podemos coincidir, es una decisión del constituyente primario que se debe acatar. Si lo que se lleve a la realidad conviene o no al país es otro asunto a cuyo alrededor proseguirá la controversia.

    Los partidarios del sí aseguran que de triunfar el NO el país volverá a la guerra, el presidente Santos y el expresidente Gaviria siembran miedo con esa amenaza. El primero pretende generar una atmósfera de pánico diciendo que esa guerra tendría como epicentro las grandes ciudades y sería más letal que las anteriores.

    Agregan que el NO deja sin alternativa al presidente de la república, o sea, el NO es el camino del desastre ya que no es posible rediscutir lo ya acordado. En cambio, más sutiles aunque, no se puede confiar en lo que dicen, las FARC manifestaron que ellos no se levantarían de la mesa.

    ¿Qué dicen los defensores del NO en caso de triunfar? Que el presidente no tiene porqué levantarse de la mesa pues ese no es el significado del NO. Se vota NO a todo porque el gobierno canceló el referendo que hubiese permitido formular varias preguntas en las que sería factible votar afirmativamente.

    Por disposición constitucional, el presidente tiene la obligación de seguir buscando la paz, de manera que lo que se desprende del NO en el plebiscito es que el presidente entienda el resultado como un mandato de la ciudadanía para que reencauce las negociaciones. Y si las FARC u otros grupos armados ilegales siguen en su plan de combatir con las armas a la institucionalidad, el presidente está obligado a responder con las armas legítimas de la República cualquier perturbación o amenaza a la seguridad nacional. Así está escrito en el Título VII Rama Ejecutiva, artículos 188 y 189 numerales 3, 4, 5 y 6. Un presidente no puede alegar miedo, objeción de conciencia o cansancio ante los deberes allí consignados.

    De manera que si el presidente ante una amenaza de retorno a las armas se asusta o muestra miedo puede ser acusarlo de cobardía. Está obligado a cumplir la ley y si le parece muy horrible el mandato constitucional de enfrentar todo desafío armado o violento al orden establecido, le queda la opción de RENUNCIAR al cargo para que el vicepresidente asuma esos deberes.

    Darío Acevedo Carmona, 22 de agosto de 2016