A ver a ver si entendemos las cosas de la ONU, es decir, su asimetría judicial en torno a crímenes de guerra. La CPI es un órgano de la ONU, expide orden de captura contra el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu por supuestos crímenes de guerra en su guerra de defensa contra el grupo terrorista Hamas. Sin entrar en el análisis de esa guerra, me pregunto si la ONU y la CPI no están usando un doble rasero en la materia al no proceder de igual forma contra los criminales de guerra de las Farc, responsables de sistemáticos crímenes espantosos contra decenas de miles de colombianos.

Tanta dificultad que han vivido en el mundo las víctimas de horrorosos crímenes, catalogados de lesa humanidad o como crímenes de guerra. Tanta brega para aprobar un estatuto penal internacional al que Colombia adhirió plenamente en 2009. Tanto dinero en misiones, en nombramiento de delegados, tanta costosa burocracia en torno del tema de los DDHH en la ONU, en la OEA y en otros organismos, en gran medida sesgados hacia la izquierda, y la ONU y su Consejo de Seguridad arrasan con el respeto a la juridicidad creada por ellos mismos, en particular con lo que han validado en Colombia para vergüenza mundial  y en especial de las diez millones de víctimas del llamado conflicto armado interno.

¿Por qué lo digo? Porque la aprobación de ese mal llamado acuerdo definitivo de paz fue validado en un golpe de estado que desconoció el resultado del plebiscito de 2016 que lo rechazó, porque en nuevo golpe de estado se modificó la Constitución al cambiar numerosos artículos y creando figuras ajenas a nuestro ordenamiento como la de convertir dicho acuerdo en un tratado internacional elevado a la categoría de "bloque de constitucionalidad" que en la práctica ha significado tener dos constituciones por espacio de 12 años.

Porque ahora, en nombre de su implementación, se quiere alargar hasta 2038 por parte de quienes se opusieron a introducirle cambios de metodología en el gobierno Duque, y, porque este atropello evidente a los principios de los DDHH ha significado la anulación práctica de principios de tratados humanitarios de los que Colombia es signataria, como el de la imprescriptibilidad, el castigo efectivo con prisión de responsables de dichos crímenes, a través de su condición de miembro de la Corte Pena Internacional.

Suena feo todo ese bullicio de personalidades que se niegan a reconocer que la paz Santos-Far-ep, es una falsedad, que esa paz fue hecha añicos no por el uribismo o por Duque sino por el doble juego de unidades enteras de esa guerrilla que se declararon "disidentes" y que a pesar de estar dedicadas a sobrevivir del rampante narcotráfico han sido tratadas con guante de seda por el corrupto gobierno de Gustavo Petro.

¿Cuál es el fundamento de la idea ventilada por señor delegado del Alto Comisionado de Paz de la ONU para Colombia, Carlos Ruíz Massieu en el sentido de que ese "acuerdo de paz" es un ejemplo para el mundo"?

¿Quién en el mundo puede defender la alta traición protagonizada por las Farc y sus disidencias, por el Eln y por grupos ilegales como el Clan del Golfo?

¿Quién puede sostener en amplios y calificados auditorios la idea hecha realidad de premiar a criminales de guerra otorgándoles, sin votos, la calidad de congresistas, de no ser llevados a detención intramuros, como si fueran unos "héroes populares y libertarios y no unos consumados secuestradores, violadores de niños y mujeres y hombres y responsables de atrocidades?

Si la política de defensa y promoción de los DDHH y del DIH son válidas internacionalmente ¿por qué se excluye a Colombia?

https://caracol.com.co/2024/11/21/el-acuerdo-de-paz-de-colombia-es-ejemplo-para-el-mundo-onu/?sma=newsEditorialCaracol_generico20241121

Darío Acevedo Carmona, 23 de noviembre de 2024

¿Qué tipo de verdad o verdades esperamos dilucidar sobre lo ocurrido durante el conflicto armado interno? ¿Es posible, como se ha dado en otros conflictos, explicarlo o reducirlo a una sola y definitiva versión?, ¿memoria y verdad son lo mismo?

Estas son unas cuantas preguntas de las muchas que podríamos formular en los debates sobre la verdad buscada y no hallada, relativas a la violencia política que hemos sufrido en las últimas seis décadas en Colombia.

Sugiero reconocer de entrada que, a pesar de los numerosísimos estudios e investigaciones publicadas, no ha sido posible arribar a una única verdad, a una gran verdad o versión, que dé cuenta de todo lo sucedido. Habría que aceptar, también, que el profundo desgaste de los paradigmas que desde las ciencias sociales se usaban para el análisis de conflictos y fenómenos sociales influye en dicha incapacidad.

Pero, no es solo la herramienta teórico-metodológica la que es insuficiente para generar un consenso interpretativo sobre la violencia política. La nueva historia francesa desde los trabajos de Marc Bloch y Lucien Febvre, fundadores de la Escuela de los Annales, condujo la disciplina a nuevos umbrales, por ejemplo, al reconocimiento del carácter profundo de los fenómenos sociales anclados en la economía, la cultura y la vida material, y, más allá, a nuevos horizontes como el estudio de las mentalidades (formas de comportamiento, usos y rituales religiosos y cívicos) y a una historia compleja que rebasa, sin anularlos, el estudio sobre el acontecimiento o los hechos.

Desde entonces, la verdad en sentido histórico, alude tanto al hecho o acontecimiento, a lo sucedido en un lugar, en un tiempo específico, de unas maneras y con intervención de personas o entidades, como al más difícil, consistente en interpretar un conjunto de hechos que pueden dar lugar a identificar tendencias, relaciones, orígenes, consecuencias y, en suma,  a su caracterización, soportadas en documentos y fuentes confiables. Esa es la forma de abordar la verdad histórica, más como explicación loable, demostrable, que se puede mirar como una constatación o una certidumbre que, no obstante ser compartida por una comunidad académica, está abierta al debate y a la controversia.

Por otra parte, el tema de la verdad del acontecimiento no requiere tanto e incluso puede no requerir, de un arsenal teórico, porque lo que se busca es aclarar o responder a preguntas del tenor: qué, quién, cuándo, cómo, dónde, las que aplicadas al conflicto armado colombiano, conduce a la precisión de lo sucedido, de los actores responsables, de las víctimas, de la tipología de delitos, de los daños materiales y espirituales, de la pérdida de seres queridos, etc.

Esto lo podríamos llamar, para efectos de mejor comprensión, la verdad jurídica, la que le sirve, en casos de violencia política o delincuencial, a un juez para fijar una sentencia. Alrededor de este tipo de verdades se ha desarrollado una intensa puja entre diversos sectores políticos, que ha terminado por dar a entender que esta es la verdad de verdades.

Se desconoce así, que, el hecho incontrastable de no estar ante una guerra civil sino de confrontaciones entre número plural de grupos armados irregulares: guerrillas de diversa inspiración, paramilitares sin unidad de mando y fuerza pública, que todos esas estructuras, legales e ilegales dejaron en el camino la muerte y el sufrimiento de millones de personas y miles de familias, a comunidades, a campesinos y hacendados a sindicalistas y empresarios, a religiosos, a maestros, a agentes del estado, etc., cada uno de los cuales tiene un relato de su experiencia, que es lo que conocemos como memoria.

Necesariamente, lo que narran esas personas o comunidades es lo que llamamos memoria, no es ni siquiera o siempre el relato jurídico del crimen sufrido, porque cada cual recordará lo que sintió, lo que aún recuerda, lo que perdió, sus vivencias, su drama, que, en todo caso, será muy diferente en cada víctima o grupo de víctimas, y por eso hablamos de memorias diversas y plurales según las circunstancias y actores que intervinieron.

Procede entonces, aunque es difícil que los agentes políticos lo admitan, aceptar la pluralidad de versiones, de memorias y en esencia de verdades sobre hechos sucedidos. Esa actividad hay que realizarla y se debe realizar con técnicas profesionales. Es posible conocer, desde esas memorias, los crímenes cometidos por las cerca de diez guerrillas, las 39 estructuras paramilitares, agentes del estado. Y en dicho ejercicio, el estado tiene la obligación de auscultar, investigar y escuchar a todas las víctimas, y a todos los victimarios llevarlos a declarar y reconocer sus culpas en el marco de las obligaciones de derecho internacional vigentes sobre graves y persistentes violaciones de los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Pero, cuestión diferente y delicada es aquella que enunciamos en un principio como la búsqueda de verdades de corte interpretativo cuando la anhelada verdad deja de girar en torno al hecho en sí mismo. Este tipo estudio se hace normalmente en el mundo académico, el de las ciencias sociales y humanas por parte de investigadores calificados. A veces se producen acuerdos sobre algunos puntos en otras no. En ningún caso la certidumbre o consenso debe depender del estado ni de los partidos ni de las iglesias, no puede derivarse de una comisión o de un argumento de autoridad ni de un dirigente, es algo siempre abierto, controversial.

Se me ocurren estos apuntes en vista de las especulaciones acerca de los aportes al esclarecimiento de la verdad por parte de altos jefes de guerrillas, paramilitares y agentes de la fuerza pública que crean la sensación de que de sus versiones se obtendrá tanto la verdad sobre algunos hechos, cosa que puede ser factible, y también sobre la complejidad del conflicto, que escapa a la formación académica de quienes están declarando.

Sin duda, habrá que mirar hasta qué punto lo que se denuncia tiene soporte, fundamento, y qué obedece a intereses personales o políticos para recibir reducción de penas aunque ello implique prenderle velas al diablo.

Darío Acevedo Carmona, 20 de agosto de 2023