A escaso un año de cumplir 60, intentando inútilmente tomar el poder con las armas, el Eln se sienta a negociar la paz con el estado que no ha podido derrotar, empezando por un breve cese al fuego que no es tal y con un gobierno que tiene el agua al cuello por las acusaciones contra la campaña de haber recibido dineros de origen espurio y rebasado los topes de ley.
Varias reflexiones afloran sin gran dificultad. La primera se origina en el discurso del presidente Petro en Corferias (Bogotá) en el que les pidió a los jefes del grupo guerrillero dejar de usar esos “fusiles oxidados”, armas que a pesar de su corrosión han matado a miles de inocentes. Aunque suenan razonables las palabras de Petro porque los fusiles no han sido eficaces para alcanzar el objetivo final y principal, la metáfora de la oxidación de esas armas omite una conclusión merecida, ya que, habría que reclamarles a los comandantes elenos, que, con ellas, han cometido innumerables crímenes de guerra y causado tragedias inenarrables contra poblaciones, personas, soldados, policías y medio ambiente. Oxidados sí, pero embadurnados con sangre.
La segunda tiene relación con el abrazo entusiasmado del presidente Petro a alias “Pablo Beltrán”, que constituye una burla a la majestad del cargo que ostenta. Porque una cosa es tratar con cortesía al enemigo, a pesar de que ese enemigo haya sido tan inclemente con la sociedad, y muy otra es despojarse de esa dignidad para abrazar con viva emoción, cual camaradas, con los comandantes de esa guerrilla. De esa forma se transmite un peligroso mensaje a la opinión en el sentido de que ellos, los elenos, son hermanos que equivocaron el rumbo, se da a entender que es lo mismo la institucionalidad que la ilegalidad, que hay que abrirles todos los campos posibles para que dejen sus oxidados fusiles, que no se les exija el cese del secuestro y la extorsión, que no se les va a juzgar ni a penalizar, que recibirán todo tipo de recursos y garantías. Que su socorrida, mentirosa y demagógica idea de que ellos se atendrán a lo que diga “el pueblo en las asambleas populares” que serán convocadas, y que lo que de ellas salga debe ser de obligatorio cumplimiento, por tanto, elevadas a rango constitucional, con el consecuente desconocimiento del Congreso y la Justicia, o sea, otro golpe de estado como el del acuerdo de La Habana 2016, y así, hasta que el estado y la sociedad les quede debiendo.
Es que no parece ser el presidente de Colombia el que llega defendiendo lo que representa sino, sonrisas de por medio, los llena de carantoñas, promesas y garantías de impunidad, su amigo, el exguerrillero que los comprende y los quiere convencer de que sin las armas oxidadas es mejor y hasta más fácil tomarse el poder.
Y una última reflexión que inicio con esta pregunta: ¿qué lleva a la ONU y a sus altos representantes en Colombia a tolerar una negociación con un grupo terrorista (según el Departamento de Estado USA) sin la garantía de cesar en todas sus actividades delictivas, en especial el secuestro y la extorsión? ¿Acaso ha olvidado el contenido moral, ético y civilista de la universal Declaración de Derechos Humanos expedida en su asamblea general de 1948? ¿Han olvidado el más reciente avance que, en materia de sanciones y condenas no ya solo a los estados y gobiernos sino a todo grupo armado con pretensiones de poder político, representa el Estatuto de Roma y la subsecuente creación de la Corte Penal Internacional, entidad encargada de investigar, judicializar y penalizar a los responsables individuales de crímenes de guerra y de lesa humanidad?
Omitieron hacerlo con los altos comandantes de las Farc que hoy se solazan en las curules del Congreso de la República sin posibilidad de pagar un minuto de cárcel. Si con los llamados “carniceros” de los Balcanes en las guerras de la antigua Yugoeslavia y con dictadores sanguinarios de países africanos, la CPI ha sido implacable, ¿por qué en Colombia han avalado la impunidad de sistemáticas violaciones de los derechos humanos? Con el estado colombiano, un estado democrático, que ha optado por el camino de las reformas políticas y sociales, que se dotó de nueva constitución de 1991, que ha ofrecido negociaciones con políticas de reinserción, perdón y justicia transicional desde 1982, en cambio, la ONU, su Consejo de Seguridad y sus altos delegados en el país sí han procedido con todo el rigor que se requiere cuando se han descubierto graves violaciones a los DDHH.
No es justo que una sociedad que mal que bien vive en democracia y viene superando problemas sociales, pero, azotada por numerosas guerrillas, por grupos paramilitares ilegales y mafias surgidas alrededor del narcotráfico, deba declinar su ordenamiento jurídico, premiar a los criminales y garantizarles impunidad.
Es como si no mereciera respeto y respaldo nuestro estado de derecho, nuestra democracia. Es como si el carácter universal de los derechos humanos no tuviese sentido cuando se trata de los crímenes de guerrillas en apariencia justicieras, pero en realidad arbitrarias, corruptas y criminales.
Darío Acevedo Carmona, 6 de agosto de 2023