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constitución

  • JEP, golpe de gracia a la democracia colombiana

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    La Corte Penal Internacional, suscrita por el Estado colombiano desde 2002, puede intervenir en un país signatario cuando su gobierno sea incapaz o se niegue a aplicar su estatuto a responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.

    Esa puerta se abrirá de manera automática en Colombia una vez el Congreso, por la vía golpista del fast track, le de vida a la Jurisdicción Especial de Paz, ese aparato creado en la mesa de conversaciones de La Habana para perseguir y juzgar a todos los involucrados en el fenómeno del paramilitarismo directa o indirectamente y que a los jefes de las Farc incursos en los delitos mencionados tan solo podrá aplicarles sanciones sin prisión y habilitándolos para ser elegibles a los cargos de elección popular.

    La JEP, sin que aún se haya finiquitado el proceso legislativo para su aprobación definitiva, ya de suyo ilegal, ha sido seleccionada por un comité de cinco personalidades, cuatro de ellas extranjeras. La mayoría de cuyos miembros se ha distinguido por defender un punto de vista a favor del gobierno Santos, como se constata en el nombramiento de su exministro de Justicia o por haber sido activistas de Ongs de clara tendencia izquierdista, por militantes marxistas, por juristas que han escrito libelos y consignas contra el expresidente Alvaro Uribe.

    Debe quedar claro, no obstante su pérfida composición para nada garantista, que viene con problemas de mayor calado. El principal es el que tiene que ver con el hecho de que la JEP es un aparato que se ubica por encima de todo el organigrama jurídico del país, de las altas cortes. Podrá revisar fallos de jueces y tribunales, no rendirá cuentas a nada y a nadie, es decir, tendrá poderes absolutos y funcionará por al menos doce años prorrogables.

    Esa imposición, impresentable en cualquier democracia, nunca vista en otras latitudes, viene adosada por unos acuerdos inmodificables según el gobierno y las Farc que convirtieron la mesa de La Habana en una constituyente de facto. De acuerdo con lo firmado y concedido por Santos y de la Calle, no habrá cárcel para guerrilleros responsables de crímenes atroces como secuestros, masacres, reclutamiento de menores, abuso sexual a mujeres, y muchos otros. Esos guerrilleros, además, podrán ser electos desde concejales hasta presidencia sin siquiera lavarse sus manos untadas de sangre.

    La JEP es considerada la joya de la corona, la almendra, el núcleo, en fin, lo más pétreo de los acuerdos de La Habana. Es la gran conquista de una guerrilla ya derrotada en el plano militar. Es vista así por las izquierdas y los amigos de una paz a cualquier precio, incluso, al de arrasar la Constitución y las instituciones. Pero, para las mayorías del país, las que ganaron con el NO el plebiscito de hace un año, es la corona de espinas con la que se inicia en forma el nuevo orden sonado por las guerrillas que no es otro que el de imponer en Colombia su modelo comunista, marxista leninista, su política de venganza contra el uribismo y todo aquello que huela a paramilitarismo y su verdad histórica que los dejará en el sitial de victimas del sistema, perseguidos y excluidos que se vieron obligados a tomar las armas.

    Así las cosas, la pregunta obligada es cuál ha de ser la alternativa para evitar que se consagre tal adefesio. Por fortuna se ha lanzado la propuesta que seguro tendrá amplio eco de convocar un referendo revocatorio de la JEP y de otros peligrosos decretos presidenciales y actos legislativos que amenazan la vida de los colombianos.

    Será necesario escudriñar otras opciones. Se me ocurre que es urgente conformar un equipo de juristas que se han destacado por sus críticos análisis sobre los acuerdos de paz, como Jaime Castro, José Gregorio Hernández y Jesús Vallejo, entre otros, para que preparen un alegato ante la Corte Penal Internacional con el fin de asuma sin mediaciones la investigación de los crímenes y delitos estipulados en su Estatuto ante la incapacidad o declinación manifiesta del gobierno Santos para hacerlo.

    La Corte tendrá que responder, si es firme y leal con sus funciones y si va a hacer respetar sus competencias, pues de no hacerlo, un nuevo gobierno y unas nuevas mayorías en el Congreso, adversos al pacto golpista, podrían entrar a estudiar la renuncia a dicho organismo.

    Sería una consecuencia lógica del mensaje que están dando al mundo Santos y las guerrillas, que no es como afirma el presidente un ejemplo de justicia transicional, sino todo lo contrario, un ejemplo de cómo violar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y promover la impunidad con falsos disfraces.

    Coda: Hace un año el gobierno Santos desconoció alevemente el resultado del plebiscito. Una democracia que se respete debe castigar con destitución y cárcel a quien así procedió.

    Darío Acevedo Carmona, 2 de octubre de 2017

  • SIETE REFLEXIONES SOBRE COLOMBIA

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    En razón de un cuestionado e impopular proceso de paz, Colombia enfrenta en la actualidad una crítica situación de incertidumbre. Querámoslo o no estamos abocados a encarar el presente y el futuro del país. Viviremos momentos muy tensos, mucho más de los que hemos encarado en los últimos meses.

    Considero del caso realizar un ejercicio de razonamiento para el que propongo el uso de una metáfora y siete reflexiones. Imaginemos que el Estado colombiano es un edificio grande que tiene unas bases profundas y potentes columnas que sostienen los pisos en los que tiene lugar todo tipo de relaciones conflictivas, problemáticas, agradables, etc. Base y columnas son la garantía de que nada de lo que suceda en él puede o debería caer estrepitosamente.

    Primera reflexión: Nuestro edificio Colombia fue sometido a un proceso de paz de manera sorpresiva, sin consensos previos, sin exigencias perentorias de cese de la violencia a las Farc. Ese experimento ha impactado de manera grave la solidez de la edificación.

    Segunda reflexión: El presidente Santos tomó dos decisiones que es necesario tener en cuenta en cualquier análisis por sus consecuencias determinantes, a saber: darle carácter de guerra civil al accionar terrorista de unos grupos que fracasaron en su pretensión de hacer la revolución socialista por medio de la lucha armada. Y dos, convirtió el ideal de la paz, contemplado en nuestro ordenamiento constitucional en paradigma absoluto que justifica cualquier concesión, reforma o cambio drástico de las instituciones.

    Tercera reflexión: fue el propio presidente Santos quien prometió  realizar una consulta a la población, referendo primero, plebiscito luego, para refrendar el extenso acuerdo firmado en La Habana. El plebiscito, no obstante la destinación de inmensos recursos públicos en publicidad favorable al Acuerdo, dio un resultado negativo para el Gobierno Nacional. Aun así, en vez de renunciar como había prometido, Santos se aferró al poder, prometió renegociar aspectos esenciales del mismo y ante tal actitud los voceros del NO aceptaron la idea de un Pacto Nacional por la Paz.

    Cuarta reflexión: Santos engañó de nuevo al pueblo colombiano y a los líderes del NO firmando el mismo acuerdo al que solo se le hicieron cambios cosméticos y sin haber consultado previamente a estos últimos, burlando la voluntad popular. La razón del afán de Santos era la obtención del Nobel de Paz, como si la suerte de la patria no mereciera total consideración.

    Quinta reflexión: A lo largo de las negociaciones, el Gobierno Nacional fue hostil con las críticas y observaciones formuladas por diversos sectores de la sociedad. En cambio, adelantó una estrategia de amansamiento de la opinión con altas dosis de canonjías y dádivas, mal llamadas “mermelada”. Obtuvo así el apoyo incondicional de las mayorías del Congreso, de magistrados y altas cortes de la justicia colombiana, realizó giras para ganar solidaridad y promesas de gobiernos y personalidades mundiales que desconocían los contenidos de lo firmado, se ganó el apoyo de los grandes medios nacionales, radio, prensa y televisión. Utilizó trampas y métodos deleznables para ganar la elección presidencial en 2014, gastó sumas multimillonarias del erario público en publicidad.

    Sexta reflexión: de forma consecuente con todo lo anterior,  Santos y su ministro del Interior, el señor Cristo, lograron el visto bueno de la Corte Constitucional para impulsar las reformas y cambios acordados -en un auténtico harakiri- pues la guardiana de las bases del edificio calificó un problema que se presentaba en alguno lugar del mismo, la calidad de grave y esencial como para remover sus bases. Varias columnas de la edificación han sido afectadas notoriamente: las Farc adquirieron calidad de constituyentes primarios, la Constitución podrá ser reformada o cambiada por vía express o fast track, el Congreso se privó de su función principal, legislar, la Justicia nacional quedó por debajo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que tendrá poderes omnímodos e ilimitados en materia penal y será autónoma. Las FF MM cambiaron su doctrina y fueron debilitadas en su capacidad de combate para enfrentar a los violentos, etc.

    Séptima reflexión: La Constitución de 1991 ha sido suplantada por un acuerdo diseñado por dos voceros de las Farc y dos del Gobierno Santos en clara usurpación de funciones del constituyente primario. El país será supervisado por una comisión de seis personas, tres de las Farc y tres del Gobierno y en caso de empate en cualquier aspecto del Acuerdo, delegados de Cuba, Venezuela, Holanda y Chile definirán qué se hace, quedando en manos de gobiernos extranjeros, algunos de ellos bien hostiles, decisiones importantes de la vida nacional. Durante doce años o más, denominado “periodo de transición”, Santos y Farc pretenden implantar un nuevo orden a espaldas de la población.

    Quedan muchas cosas por decir, pero ahí están las que marcarán la política de los próximos meses y años. Soy de los que creemos que gran parte del mal causado al edificio puede ser subsanado y que no debemos dejarnos chantajear con el fantasma de la guerra como intentó hacerlo el Gobierno antes del plebiscito. El reto es claro o retomamos el rumbo o viviremos décadas de desgracia.

    Darío Acevedo Carmona, 17 de abril de 2017

  • GOBIERNO Y FARC QUIEREN IMPONER NUEVA CONSTITUCIÓN

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    Al paso que va la demolición de la Constitución, la Corte Constitucional quedará sirviendo para fallar si las corridas de toros son o no legales, si el pico y placa es exequible o no, si las multas por violación al código de policía son las adecuadas.

    Porque lo que es su armazón ya está hecho trizas. El proyecto de reforma política que se discute en el Congreso contempla por ejemplo establecimiento del voto obligatorio, ampliación del periodo presidencial,  ciudadanía desde los 16 años, entre otras arbitrariedades que ni siquiera figuran en el Acuerdo Definitivo de Paz.

    Algunos analistas sostienen que este proyecto no es más que una cortina de humo para tapar el escándalo de los dineros de Odebrecht en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Tiene todo el perfil para ser eso, el neodictador de Colombia se ha revelado como un hábil cortinero y apostador que no bien pierde una mano apuesta la que sigue con más osadía.

    Sin embargo, no debemos descartar que aun siendo una cortina también puede llegar a convertirse en realidad y que en consecuencia en el 2018 no se realicen elecciones en aras de proteger la paz, implementar lo acordado y entrar en firme en el periodo de transición de 10 años del que habló el comisionado de paz Sergio Jaramillo que supone la realización de reformas extraordinarias y excepcionales (¿el golpe de estado o fast--track es la fórmula?) para aclimatar “la paz territorial”.

    Este Régimen y su líder, han dado ya categóricas e inequívocas señales de que no les tiembla el pulso, que no tienen pudor ni vergüenza para demoler la casa desde los cimientos y levantar una nueva con quienes intentaron, vanamente, destruirla con las armas del terror.

    Si alguien quiere saber hacia dónde está dirigiéndose nuestro país y apreciar cuánto sudor y lágrimas, destrucción y empobrecimiento y vidas y persecuciones nos tocará afrontar en los años venideros si no atajamos la trinca Santos-Timochenko, basta que miren la tragedia que vive Venezuela.

    Con ese oscuro panorama en el futuro inmediato, todas las fuerzas políticas están obligadas a sentar una posición sobre lo que está ocurriendo desde que en el pasado mes de noviembre el aún presidente Santos anunció al país y al mundo la mentira de que con el apoyo de la dirigencia del NO y luego de haber acogido sus recomendaciones, se había firmado un acuerdo definitivo de paz con las FARC.

    Al respecto, solo hay tres formas de actuar ante tan grave coyuntura. La primera consiste en continuar con la implementación de estos acuerdos, darles vigencia por 10 años más, seguir imponiendo vía fast track una nueva constitución acorde con el mandato y el interés de los constituyentes usurpadores: este Gobierno sin límites ni controles y las FARC.

    La segunda es que se abra camino la antipolítica impulsada por quienes han guardado cómodo silencio ante el desastre institucional como el fajardismo o los que con sus votos han apoyado en el Congreso todos los proyectos golpistas y la reforma tributaria de un gobierno a cuya sombra han medrado y comido, acaudillados por la senadora que piensa enseñarnos que todo se soluciona a punta de gritos e histeria. Para ellos, que se creen puros, impolutos e inmaculados y ajenos a la política, basta con predicar la anticorrupción para que todo marche bien, la suerte de la Constitución y la impunidad de la paz santista nada les importa.

    Y la tercera, y teniendo en cuenta que el Régimen en vez de parar la arbitrariedad, en vez de frenar el atropello a las instituciones, quiere ir más y más lejos, consiste en levantar de nuevo la bandera de la resistencia civil, de la movilización ciudadana pacífica y democrática, saliendo a las calles a las plazas públicas, a realizar marchas y plantones contra el golpe de estado, por el restablecimiento del orden constitucional, por reversar los acuerdos onerosos para la sociedad y para el país, para evitar que Colombia caiga en manos del experimento del socialismo bolivariano en alguna de sus variantes, para tumbar la reforma tributaria y en suma, recuperar la dignidad perdida.

    Esta última supondría de parte de las fuerzas del NO del plebiscito, un gran consenso que lleve a la constitución de un Frente Republicano para salvar las libertades y la democracia en el entendido de que fue el Gobierno quien llevó las cosas a un terreno confrontacional sin dejar opción distinta a que la Oposición acepte el desafío en los mismos términos.

    Darío Acevedo Carmona, 20 de febrero de 2017

  • SUMARIO DE LA DEMOLICIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO

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    Para los que no se han dado por enterados, apenas regresan o están resignados o se han rendido o están indecisos, para los que seguimos dispuestos a luchar por el país, va este recorderis, que no nos cansaremos de repetir, sobre los daños ocasionados al Estado colombiano por el “Nuevo Acuerdo Final y Definitivo de Paz” (NAFDP).

    1. La Constitución Política: la joya de la corona que Santos se comprometió a no tocar, como lo hizo con tantos otros asuntos y sin embargo mintió. Ella representa los cimientos de eso que nos permite ser sociedad libre, civilizada, vivir en ley, regirnos por reglas del juego sólidas, es la herida más grave, pues el tal NAFDP tendrá rango constitucional, y a continuación la suplantará con reformas aprobadas vía fast-track violando los procedimientos establecidos por el constituyente de 1991. En pocas palabras: la tiranía.
    2. La Institucionalidad: cuya defensa les parece a los promotores del golpe de Estado -en curso- un asunto de godos y reaccionarios, pisoteada al eliminarse la separación de poderes, figura regia de las repúblicas modernas, por la vía de los hechos cumplidos. El Congreso renunció a sus funciones legislativas y otorgó poderes absolutos al presidente-dictador. Las Altas Cortes convertidas en escribanas del Ejecutivo dieron validez jurídica a monstruosidades y arbitrariedades sin nombre. No hay controles, pues el único que los hacía, el Procurador Alejandro Ordoñez, fue despojado por el Consejo de Estado que cedió, una vez más, a las presiones del monarca tropical que ocupa el “Palacio Real de Nariño”.
    3. El relato del “conflicto” o “verdad histórica”: sectores académicos e intelectuales en coincidencia con las guerrillas lograron imponer al Estado la tesis del “alzamiento armado” por “causas objetivas, injusticias sociales y exclusión política”. El Gobierno aceptó su inclusión en el NADFP por lo que habrá una Verdad Histórica Oficial, noción que la academia rechaza per-se. A partir de tal adefesio, se le reconoció a las guerrillas la vocería y representación del “campesinado” visto como un todo homogéneo, y de ahí se desprende que en el fondo de toda la “confrontación” está el asunto no resuelto de la propiedad de la tierra y la reforma agraria.
    4. Las Fuerzas Armadas: Santos quebró la espina dorsal de la política de Seguridad Democrática que falsamente prometió continuar, debilitó el Alto Mando al llamar a calificar servicios a decenas de generales y coroneles y otros miembros de la oficialidad que lideraron la estrategia de la Seguridad Democrática desde la que se golpeó estratégicamente el poder guerrillero. Abrió campo a la persecución jurídica de oficiales probos cuyo principal delito consistió en ser brillantes estrategas. Desmoralizó la tropa al prohibirle las acciones ofensivas y los bombardeos cuando apenas iniciaban los diálogos y coronó la política de debilitamiento cambiando la doctrina militar ante exigencia perentoria de las FARC.
    5. La acción política: pervertida hasta los tuétanos por el Gobierno que forjó una mayoría incondicional por la vía corrupta de la irrigación de toneles de mermelada. Los críticos fueron estigmatizados de guerreristas. Al Centro Democrático nunca se le reconoció el estatus de fuerza opositora y sometido a todo tipo de persecuciones, engaños y montajes. La campaña de OI Zuluaga fue infiltrada por hackers contratados por la nueva Inteligencia estatal y se procura la judicialización del expresidente y Senador Álvaro Uribe y su familia.
    6. La ciudadanía o constituyente primario: en la que reside la soberanía, fue traicionada, manipulada y engañada por el Santos que desconoció el resultado del plebiscito y que, en el colmo de colmos, igualó la soberanía directa -el pueblo en las urnas- con la soberanía delegada -el Congreso- para aprobar un texto engañoso presentado como fruto de un acuerdo nacional cuando en realidad fue una trampa con las concesiones exorbitantes a un grupo terrorista que ningún país democrático haría. Con astucia, el gobierno cambió el sentido original de la noción jurídica de cárcel o prisión. Urdió la rehabilitación de Piedad Córdoba gran amiga de las FARC y militante chavista y resucitó a Ernesto Samper el expresidente más desprestigiado de la historia colombiana.
    7. Los grandes Medios: fueron cooptados para adelantar una labor informativa incondicional a favor de la política oficial de paz. La llave Gobierno-Medios que se ha gestado es propia de una dictadura. Florece la lambonería y ha sido evidente el intercambio de favores entre el Ejecutivo y periodistas reconocidos.
    8. La iglesia Católica: su jerarquía ha favorecido desde la teología de la liberación las “buenas intenciones” y el “altruismo” de las guerrillas.
    9. Los tratados y acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario: burdamente desconocidos y violados en el NADFP puesto que delitos y castigos estipulados en convenciones y organismos (CPI, CIDH) quedan en la impunidad. El carácter universal de esos derechos y la imprescriptibilidad de los delitos sufrieron deformación dolosa con caprichosas interpretaciones y menjurjes jurídicos por dos abogados al servicio de las FARC, uno de ellos español, y por otros dos nacionales empleados por el Gobierno que haciendo las veces de constituyentes crearon la Jurisdicción Especial de Paz que estará por encima de las Cortes nacionales, aprobaron la elegibilidad política de responsables de crímenes de lesa humanidad y de encima eliminaron las penas de prisión. No puede pasar inadvertido que la ONU, organismo encargado de la paz mundial y guardián, propagador y defensor de los DD HH dio la venia a la mayor burla que se haya producido en el mundo contra su Misión.

    Se me fue muy extensa la columna, ruego comprensión a los lectores. Quedan muchos temas en el tintero, pero, este es el cuadro nada halagüeño de un Estado que ganó la guerra a los grupos terroristas en el campo de batalla y fue demolido en una mesa de negociación instalada en un país que siempre apoyó a esos grupos.

    Darío Acevedo Carmona, 9 de enero de 2017