A los colombianos demócratas no nos debe caber la menor duda sobre la lealtad del presidente Gustavo Petro con su forma de pensar de siempre y con el libreto revolucionario del Foro de Sao Paulo que, aunque no define con rigidez cada paso o etapa del proceso, si establece pautas o lineamientos para los partidos y movimientos según las circunstancias de cada país

Ello no quiere decir que los objetivos de fondo sean maleables. El objetivo central es tomar el poder, punto incuestionable. Las maneras o los métodos están abiertos, y, aunque el Foro creado por Fidel Castro y Lula da Silva, criticó el uso de las armas, no exigió su exclusión del programa de acción. Así se puede constatar con las alusiones a la situación en Colombia claramente incluyentes y favorables a las guerrillas del Eln y las Farc.

Quiero destacar varios de los puntos en los que el Foro establece una especie de libreto o sine qua non, guía o derrotero para los impulsores del socialismo latinoamericano en su versión creada para encarar el hundimiento estruendoso de la URSS y del socialismo soviético, para sobrevivir a costa de sacrificar temporalmente o enmascarar la adhesión a la doctrina marxista leninista.

Muy importante el ya reconocido recurso para cambiar o revisar la historia en cada país apoderándose de las instituciones educativas, de los planes y programas académicos que reducen el pasado a la lucha de clases y simplifican los conflictos y las complejidades a fórmulas impactantes como que en el antes reinó la injusticia social, gobernó una oligarquía infame, estuvo vigente la esclavitud, en suma, una leyenda negra que justifica el cambio. Es lo que ocurrió en la Cuba de los Castro y con la manipulación con Bolívar por la dictadura Chávez-Maduro en Venezuela. Es lo que pregona en Colombia Petro y su equipo de gobierno al referirse a un pasado esclavista que, según él, sigue vigente, y su desprecio y negacionismo de la democracia que tilda de “oligárquica”, y a las instituciones que sostienen el edificio estatal.

Por otro lado, es latente su hostilidad con las fuerzas militares y de policía. No tenemos idea del impacto negativo causado por la cascada de golpes propinados por el ministro de Defensa, quien detrás de su ropaje, en apariencia y solo en apariencia, de ignorante e incompetente, esconde su tenebrosa misión de reducir a la inacción a quienes tienen la misión de defender el país y la institucionalidad.

Otra de las peripecias es la inversión semántica que trastoca el sentido usual de nociones claves en el ordenamiento social. Por ejemplo, cuando al secuestro se le llama retención, y si es contra miembros de la fuerza pública por parte de grupos de campesinos controlados por guerrillas, se les hace el favor, desde el ministerio del Interior de llamarlos corredores humanitarios. Se le llama sociedad civil a la reunión de activistas, se traslada a la noción de democracia contenidos ajenos. Se les otorga beneficios y premios a criminales de guerra, nombrándolos voceros de paz, no se le exige a las guerrillas que dejen de atentar contra los agentes de la FP ni la dejación de las armas y su desmovilización al cabo de la firma de acuerdos Convocar desde el gobierno a marchas y movilizaciones de campesinos, estudiantes y trabajadores para que apoyen la expropiación de tierras que llaman redistribución. Prohibir bombardeos para supuestamente proteger a niños cuando lo real es que se les regala a las guerrillas un escudo defensivo.

Otra de las maniobras es la realizar alianzas con sectores del establecimiento combatido, a los que poco a poco, después de haberlos utilizado y permitido amasar fortunas vía corrupción, van haciendo a un lado. Una copia de los antiguos frentes populares de Stalin y Mao.

Capítulo aparte es el cuestionamiento del modelo económico que consideran a secas como “neoliberal”, para reemplazarlo con medidas de corte estatizante, con expropiaciones, que deriva al estado todopoderoso y totalitario, bajo la enseña de la “justicia social”, la “redistribución de la riqueza”, “la igualdad social”, la imposición de altos impuestos.

Por último, en esta columna, más no en el arsenal de sus conductas, tenemos la generación de un ambiente caótico del que siempre culparán a sus enemigos, a los empresarios y al imperialismo yanqui. Se crea con medidas y declaraciones abundantes, mentiras, anuncios, proyectos, todo en cascada, atropelladamente, todos los días, con declaraciones escandalosas que impiden centrar el debate y el trámite de los problemas.

El caos, el empobrecimiento, la división, la manipulación del lenguaje, el trabajo de zapa, la destrucción de las instituciones, la siembra de la desesperanza, la desconfianza y la impotencia entre sus enemigos y la población configura la atmósfera ideal para la consolidación de las dictaduras que se inician en y desde la democracia.

Darío Acevedo Carmona, 17 de septiembre de 2023   

El presidente Petro no solo se defiende, sino que contraataca sin escrúpulos y con mucha fuerza a las denuncias que se le están formulando desde diversos flancos y medios por hechos de corrupción y las críticas al carácter destructivo de sus proyectos de “cambio”.

Petro reafirma su compromiso con grupos criminales ofreciendo a sus jefes medidas como la excarcelación, el “perdón social”, la liberación de miles de mujeres cabeza de familia, la invasión de tierras, el nombramiento de gestores de paz y el pago de un millón de pesos a jóvenes que hayan asesinado para que no lo vuelvan a hacer.

Sin duda, se trata de cumplirles las promesas a los capos que, según su hermano, movieron el electorado a votar masivamente por Petro en regiones en las que la presencia o influencia de él y su Pacto Histórico era nula o insignificante.

No me referiré a la violación de los principios éticos y morales que deben legitimar los actos de un primer mandatario. Tampoco me ocuparé de criticar el desgastado y oportunista recurso que encubre irresponsabilidad e incoherencia al justificar estas alianzas porque en el pasado otros las hicieron, aunque es fácil decir que entonces los parapolíticos fueron privados de su investidura de congresistas y penalizados con años de cárcel, mientras que Petro, los ensalza, los renombra, los envía a embajadas, los perdona.

Expondré cómo, a la luz de las ideologías revolucionarias de las izquierdas marxistas y neocomunistas, el compromiso con la revolución es total, sin esguinces, por ella, el militante se debe sacrificar en lo personal y en lo familiar. Nada puede estar más allá o por encima de la lealtad con la revolución, ni siquiera la propia vida ni el círculo familiar.

De tales actitudes encontramos abundante y detallada información en textos literarios e históricos que revelan las maneras del individuo común absorbido por la masa o multitud que pierde su sentido crítico. Como también la manipulación promovida desde las altas esfera del poder que, en nombre de ella, venden hasta humo y caspa. Un Stalin, un Mao, un Hitler, un Mussolinni, un Fidel un Ché, etc., fueron maestros en este tipo de experticias idiotizantes.

En China durante la Revolución Cultural de Mao en los años 60 del siglo pasado, jóvenes aculturados en la religión maoísta realizaban jornadas de masas de linchamiento mediático contra descendientes de los shenshi malvados (terratenientes). En la URSS de Stalin los comunistas primero repartieron tierra y una vez consolidado su poder la colectivizaron. En Cuba crearon una guardia revolucionaria que vigilaba lo que sucedía en cada cuadra y barrio. En Alemania del Este (comunista) la vigilancia oficial afectaba hasta las familias cuyos miembros se delataban entre sí para obtener favores. Pol Pot en Cambodia desocupó las ciudades y envió a sus habitantes al campo para que aprendieran lo duro que era trabajar la tierra. Se dice que Fidel ordenó, en medio de la pobreza de su pueblo por el derrumbe de la URSS, a un general y varios oficiales traficar cocaína con la condición de que, en caso de ser pillados, ellos se tenían que inmolar asumiendo toda la culpa.

Esto para no hablar de otras actividades lumpen, robos, corrupción, abuso de poder, favoritismo, paralización de la Fuerza Pública, alianzas con mafias y bandas criminales, perdón de delitos comunes y crímenes de guerra, etc., que se justifican porque se cometen para hacer avanzar la revolución, y, si a la vez, como está ocurriendo en nuestra Colombia en manos  de la pandilla revolucionaria, se aprueban medidas como las que impulsan Petro y sus ministros para destruir la democracia, las libertades, el estado, la propiedad privada y las Fuerzas Militares y de Policía, la conclusión, para caer en cuenta del abismo al que caímos, es que este estado de cosas no tiene mejor nombre que el de ser una revolución.

No hay constitución que marque el límite de su accionar, no hay instancias judiciales y de control que se sientan capaces de intervenir, mostrar y parar el desastre y la humillación de las reglas del juego político, económico y cultural. No contamos con una oposición organizada y unida en torno a la defensa de la nación.

Los integrantes de este gobierno, todos a una como en Fuenteovejuna, o como como Rolando y su cueva de ladrones, se juntan para hacer fiesta con los recursos públicos, como cuando los neo ricos coronan un envío de drogas tirando la casa por la ventana.

Entender la gravedad del momento y saber que vendrán cosas peores, nos debe servir para reaccionar y actuar en defensa de nuestros más preciados valores, de nuestro tejido social, de la libertad y de la democracia, de nuestra Fuerza Pública con la mayor contundencia posible.

Darío Acevedo Carmona, 10 de septiembre de 2023

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en entrevista de una de sus magistradas con la emisora colombiana La DobleW anunció el pasado 30 de agosto que el general Mario Montoya, excomandante del Ejército de Colombia y líder de la exitosa Operación Jaque, será llamado a juicio si en el término de 30 días no aclara si se decide a colaborar o no en el esclarecimiento de los falsos positivos y sobre su responsabilidad en los mismos y la de otras personas a las que debía obediencia.

Quiero expresar, antes de entrar en materia, que el delito en cuestión es condenable y es horroroso, causante además de profundos dolores, que agentes oficiales y funcionarios del estado colombiano están involucrados en varios de esos casos, que es necesario adelantar investigaciones judiciales para enjuiciar y castigar a sus responsables directos e indirectos como quiera que a la luz del derecho internacional humanitario y del estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, de la cual hace parte nuestro país, se trata de un crimen de guerra, imprescriptible, inindultable e inamnistiable.

La JEP por obra y gracia de un acuerdo de paz entre las antiguas Farc-Ep y el Gobierno de Juan Manuel Santos, se ha ocupado del problema llamando a cuentas a decenas de soldados y policías de distintos grados para escuchar sus aportes a la verdad judicial, y es en este proceso que tiene lugar el anuncio de la magistrada.

Como ha ocurrido con otros crímenes de guerra y de lesa humanidad, v. gr. el asesinato de sindicalistas, maestros y otros dirigentes políticos y sociales, organizaciones no gubernamentales (ONG), partidos y movimientos de clara orientación de izquierda han convertido el tema en asunto de agitación y propaganda culpando a expresidentes, ministros de defensa, instituciones oficiales, ejército y policía nacionales, etc.

La JEP abrió un macrocaso sobre falsos positivos en el marco del cual ha convocado el testimonio de agentes de la Fuerza Pública, después de haberles abierto la puerta a muchos de ellos que purgan extensas penas, para que cooperen y delaten a otros a cambio de recibir la misma pena que recibirán, supuestamente, los comandantes de las Farc. Ahí ya se detecta una muy posible acción interesada, la de gozar de una reducción considerable de sus penas.

En torno de este execrable delito ha girado una propaganda sistemática de grupos de izquierda y colectivos como el José Alvear Restrepo, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) dirigido por el senador Iván Cepeda,, entre otros, que se caracterizan por señalar al estado y al Ejército  como responsables, por apersonarse del dolor de las familias como sus defensores, asesorándolas en su proceso organizativo y utilizándolas en sus actividades propagandísticas, en culpar al expresidente Uribe y a altos mandos del Ejército, hacer énfasis en redondear el número de  víctimas (6402) con el claro fin de causar un impacto mediático.

La JEP “explicó que su conteo lo obtuvo al combinar cuatro bases de datos diferentes: dos de la Fiscalía, una del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de  Memoria Histórica -entidad oficial- y otra de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos”, declaró que “las cifras pueden ser mucho más altas“ y agregó “…solo entre 2002 y 2008 hubo 6.402 personas a las que mataron y las hicieron pasar ilegítimamente como guerrilleros”. (https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210218-colombia-jep-cifra-falsos-positivos-ejecuciones-extrajudiciales).

Según la fuente periodística antecitada “Ese número triplica el que estimaba la Fiscalía. El ente de investigación criminal reportó a la JEP que había 2.248 víctimas de 'falsos positivos', incluso en un periodo más largo que iba desde 1988 a 2014”.

De otro lado, según la crónica del portal France 24 “la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que reúne a varias organizaciones de derechos humanos, calcula que entre 2002 y 2010 hubo 3.512 civiles presentados falsamente como muertos en combate. Pero por más que este número supere el de la Fiscalía, sigue quedándose corto frente al que presentó la JEP este 18 de febrero de 2021”.

En cuanto a la fuente del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y su Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC), quiero aclarar que esta dependencia cuantifica 11 modalidades delictivas, ninguna de los cuales se refiere a “falsos positivos”. El OMC presenta informes sobre hechos de violencia: “A partir de la integración de 719 fuentes y 33.814 bases de datos y documentos. Entre las publicaciones que se hicieron bajo mi dirección, figura una importante serie llamada “Infografías” con cifras de hechos de violencia en distintas regiones y diversos responsables.

No sé cómo pudo la JEP usar estadísticas del OMC del CNMH si en la página web de esta entidad  no se encuentra nada al respecto. https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/estudios-e-investigaciones/infografias/

Acerca del origen oficial de este delito, la crónica de France 24 nos remite al año 2005, cuando “…el ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, firmó la Directiva Ministerial 029, donde se oficializaron los lineamientos para pagos de recompensas por cada homicidio presentado como baja en combate por miembros de la fuerza pública. Es decir: se exigían muertes de guerrilleros como prueba de efectividad al Ejército colombiano y, además, se les incentivaba con recompensas monetarias.” https://www.opendemocracy.net/es/6402-falsos-positivos-colombia-quien-dio-orden/.

Pienso que la sociedad colombiana y su sistema judicial aceptan de entrada que se investigue y se sancione a todos aquellos que usaron su posición de agentes de estado para cometer estas barbaries. Pero, que no hay claridad en cuanto al número de personas eliminadas, aunque el estupor es igual si fueron muchos menos o se descubrirá que fueron más.  Considero que el delito es más grave de lo que es si fue cometido por agentes del estado y más si se trató de distorsionar una directriz de guerra, que es de lógica en todas las guerras.

Opino que es muy floja la conclusión de la JEP en el sentido de que  hay un patrón común que conduce a responsabilizar al estado y a su ejército a que se califiquen esos hechos como crímenes de estado, rechazando que se pudo haber tratado de una distorsión de una directriz del alto gobierno orientada a exigir mayor eficacia en la confrontación con las guerrillas, en cuanto la situación era caracterizada como un conflicto armado interno.

La directriz del ministro Ospina no autoriza ni orienta matar a civiles o a gente inocente, para presentarlos como bajas en combate. El hecho de que exista patrón de conducta no deriva, necesariamente, en la culpa del estado. Equivaldría a asimilar una orden de guerra con una orden claramente violatoria de los Derechos Humanos como la aplicación de la ley segunda de las Farc que  ordenaba secuestrar a empresarios, políticos y personas pudientes para que, supuestamente, contribuyeran al triunfo de la revolución.

Insisto en que la manipulación ideologizada por parte de sectores de izquierda al señalar al estado  y al Ejército, tal como se lee en las crónicas citadas y en muchas otras, culpando a todos los comandantes de esta fuerza, es un acto de falsa justicia, de incitación a la condena de personas inocentes o no vencidas en juicio, de linchamiento mediático cuando se divulga en afiches masivos la pregunta tendenciosa “¿Quién dio la orden”? que termina por enlodar, sin demostración, a altos dignatarios del estado.

Concluyo, a título de hipótesis, preguntándome si no estamos en presencia de una jugada política de las izquierdas colombianas que, de insistir hasta el cansancio en calificar la situación que vive Colombia como un conflicto armado interno, quieren hacer ver hoy, a propios y extraños que lo vivido acá es igual a lo vivido en los países del cono sur y de Centroamérica, a saber, la represión, la arbitrariedad, la exclusión y la persecución de una dictadura contra el pueblo, contexto en el cual, las guerrillas serían expresión de lucha por la democracia, la libertad y la justicia. Absurdo indigerible e inaceptable.

Comparto link con la respuesta del expresidente Uribe, la principal víctima del matoneo sobre este tema, a la comunicación de la JEP. https://t.co/ZGX5CjM5oO

Darío Acevedo Carmona, 3 de septiembre de 2023

Por la revolución hasta la dictadura y corrupción

No debe caber duda sobre la tendencia, ya inexorable, hacia la dictadura que pretende imponer en Colombia el presidente Petro. Las señales son contundentes, que vea el que quiera ver. En esta columna me detendré en dos o tres temas que así nos lo revelan: la evidente alianza con el mundo delincuencial, la corrupción y la reforma a la salud.

Desde su campaña por la presidencia, Petro empezó a tejer una estrategia para asegurar el triunfo. Esta era la tercera y definitiva aspiración por la presidencia. Poco importaba si el plan conducía hacia una declinación de objetivos y principios o al menos pasar por encima de ellos.

En reuniones con sus asesores, su hermano y personas de confianza, se llegó a la conclusión de que no se podía perder esta oportunidad y que, si era necesario, habría que sacrificar coherencia y lealtad a sus viejas banderas ideológicas. Más importante que los dogmas es la victoria costare lo que costare.

Tal diseño se concretó en campaña y luego desde presidencia. Petro le reduce intensidad a su brutal tradición retórica sobre el modelo, la oligarquía, la vieja política, el paramilitarismo y las mafias y los disolventes discursos apocalípticos, con el fin de ganar votos en sectores de indecisos.

En el tema de corrupción, por ejemplo, los colombianos supimos del “pacto de La Picota” gestionado por su hermano Juan Fernando y por su amigo, hoy Alto Consejero para la Paz, Danilo Rueda, del que surge en forma de consigna la idea del “perdón social” y la “reconciliación nacional” en el marco de su política “paz total”.

En apariencia, Petro transmitía a la ciudadanía uno de los ejes de su propuesta de “Paz total” con el que, en aras de ese gran anhelo nacional, es necesario tomar decisiones dolorosas y hasta contrarias a la justicia. Ese burladero quedó instalado desde las negociaciones de Santos con las Farc. Pero, y eso no fue lo que se descubrió de inmediato, dicho “pacto” supuso un acuerdo con el bajo mundo, con el lumpen, con los jefes de bandas, clanes y grupos ilegales, para que le hicieran campaña en sus zonas de influencia y a cambio, él, ya presidente, impulsaría su proyecto de perdón que los pondría en libertad.

Esto significaba, ni más ni menos, hacer lo mismo que tanto les criticó a los políticos tradicionales que se aliaron con frentes  paramilitares para obtener votos, la “parapolítica”, y por el cual decenas de dirigentes que sucumbieron a ese apoyo, terminaron enjuiciados por la justicia condenados a cárcel y a pagar multas, a pedir perdón y a resarcir a las víctimas.

Estamos ante una reedición de aquello que condenaba con toda su energía el entonces congresista Gustavo Petro, con el agravante de que hoy, ya como presidente, lo hace con ropaje de paz, de legalidad, de reconciliación. Las negociaciones de paz con los paramilitares en Santafé de Ralito decía, era una negociación de “yo con yo”. Petro va más lejos pagándoles su apoyo electoral al atraerlos hacia su “paz total” que quiere decir: no más cárcel, designación como gestores de paz, pago a asesinos para que dejen de matar, no persecución al narcotráfico, estatus político, protección oficial, silencio sobre ingreso de dineros ilegales a su campaña entre otros beneficios. Todo porque lo importante por encima de la ley, la constitución, el honor, la ética, los principios, la coherencia, del pudor, del respeto a la democracia, era ganar la presidencia.

Se ha llegado tan lejos en esta política, (en cuyas sombras se distinguen tres personajes siniestros con “gestas” en pro de la impunidad, del debilitamiento de la Fuerza Pública y de la normalización del delito: los ministros de Defensa, de Justicia y de Relaciones Exteriores) que estamos ante la claudicación de nuestro estado, ese estado atacado con total fiereza por Petro y la extrema izquierda, que ahora en sus manos les brinda estatus político a grupos de connotados criminales comunes y mafiosos borrando de esa forma la diferencia insuperable entre el delito político y el delito común, bandera muy apreciada por las guerrillas colombianas.

Avanza a pasos de gigante en la táctica leninista de destrucción del estado burgués, del Ejército que lo sostiene y de su falsa justicia

Otro asunto que descubre de un todo y por todo la calaña dictatorial e irrespetuosa de la separación de poderes por parte de Petro es la burla que trata de llevar a cabo con la reforma a la salud. El chantaje económico a las EPS para arruinarlas a punta de impagos para que ellas, como “en el juego de dominó” terminen de fracasar y entonces, el estado, su nuevo estado socialista, asuma esas funciones, burlándose de cualquier intento del Congreso si negara su ruinosa reforma.

Estamos ante un presidente camorrero, arbitrario, que no admite el equilibrio de poderes. Vendrá luego el chantaje contra la Justicia con amenazas de reducción de su presupuesto si no se hace lo que él propone.

Y para cerrar, por ahora, sus alianzas con sectores de “la vieja y tradicional política” para ganar la gobernabilidad que nuestra democracia en franca lid no le dio. Traiciona también su retórica demagógica, convierte el gobierno y la gobernabilidad en una piñata: reparte embajadas, ministerios, viceministerios, nombra personas de dudosa reputación moral o en líos con la justicia o carentes de mérito, sostiene tesis que causan desconcierto y pánico económico, lleva a Ecopetrol a la quiebra, ataca a los empresarios, a los medios y le escurre el bulto a la muy presumible recepción de dineros ilícitos en su campaña.

Con toda razón se puede decir que hoy Colombia enfrenta la más delicada crisis institucional desatada por un presidente que se comporta como le da la gana, irrespetuoso de la institucionalidad, del orden y la economía. Nos invita a lo imposible: reconciliarnos con el crimen como si todos fuéramos criminales.

Darío Acevedo Carmona, 27 de agosto de 2023   

¿Qué tipo de verdad o verdades esperamos dilucidar sobre lo ocurrido durante el conflicto armado interno? ¿Es posible, como se ha dado en otros conflictos, explicarlo o reducirlo a una sola y definitiva versión?, ¿memoria y verdad son lo mismo?

Estas son unas cuantas preguntas de las muchas que podríamos formular en los debates sobre la verdad buscada y no hallada, relativas a la violencia política que hemos sufrido en las últimas seis décadas en Colombia.

Sugiero reconocer de entrada que, a pesar de los numerosísimos estudios e investigaciones publicadas, no ha sido posible arribar a una única verdad, a una gran verdad o versión, que dé cuenta de todo lo sucedido. Habría que aceptar, también, que el profundo desgaste de los paradigmas que desde las ciencias sociales se usaban para el análisis de conflictos y fenómenos sociales influye en dicha incapacidad.

Pero, no es solo la herramienta teórico-metodológica la que es insuficiente para generar un consenso interpretativo sobre la violencia política. La nueva historia francesa desde los trabajos de Marc Bloch y Lucien Febvre, fundadores de la Escuela de los Annales, condujo la disciplina a nuevos umbrales, por ejemplo, al reconocimiento del carácter profundo de los fenómenos sociales anclados en la economía, la cultura y la vida material, y, más allá, a nuevos horizontes como el estudio de las mentalidades (formas de comportamiento, usos y rituales religiosos y cívicos) y a una historia compleja que rebasa, sin anularlos, el estudio sobre el acontecimiento o los hechos.

Desde entonces, la verdad en sentido histórico, alude tanto al hecho o acontecimiento, a lo sucedido en un lugar, en un tiempo específico, de unas maneras y con intervención de personas o entidades, como al más difícil, consistente en interpretar un conjunto de hechos que pueden dar lugar a identificar tendencias, relaciones, orígenes, consecuencias y, en suma,  a su caracterización, soportadas en documentos y fuentes confiables. Esa es la forma de abordar la verdad histórica, más como explicación loable, demostrable, que se puede mirar como una constatación o una certidumbre que, no obstante ser compartida por una comunidad académica, está abierta al debate y a la controversia.

Por otra parte, el tema de la verdad del acontecimiento no requiere tanto e incluso puede no requerir, de un arsenal teórico, porque lo que se busca es aclarar o responder a preguntas del tenor: qué, quién, cuándo, cómo, dónde, las que aplicadas al conflicto armado colombiano, conduce a la precisión de lo sucedido, de los actores responsables, de las víctimas, de la tipología de delitos, de los daños materiales y espirituales, de la pérdida de seres queridos, etc.

Esto lo podríamos llamar, para efectos de mejor comprensión, la verdad jurídica, la que le sirve, en casos de violencia política o delincuencial, a un juez para fijar una sentencia. Alrededor de este tipo de verdades se ha desarrollado una intensa puja entre diversos sectores políticos, que ha terminado por dar a entender que esta es la verdad de verdades.

Se desconoce así, que, el hecho incontrastable de no estar ante una guerra civil sino de confrontaciones entre número plural de grupos armados irregulares: guerrillas de diversa inspiración, paramilitares sin unidad de mando y fuerza pública, que todos esas estructuras, legales e ilegales dejaron en el camino la muerte y el sufrimiento de millones de personas y miles de familias, a comunidades, a campesinos y hacendados a sindicalistas y empresarios, a religiosos, a maestros, a agentes del estado, etc., cada uno de los cuales tiene un relato de su experiencia, que es lo que conocemos como memoria.

Necesariamente, lo que narran esas personas o comunidades es lo que llamamos memoria, no es ni siquiera o siempre el relato jurídico del crimen sufrido, porque cada cual recordará lo que sintió, lo que aún recuerda, lo que perdió, sus vivencias, su drama, que, en todo caso, será muy diferente en cada víctima o grupo de víctimas, y por eso hablamos de memorias diversas y plurales según las circunstancias y actores que intervinieron.

Procede entonces, aunque es difícil que los agentes políticos lo admitan, aceptar la pluralidad de versiones, de memorias y en esencia de verdades sobre hechos sucedidos. Esa actividad hay que realizarla y se debe realizar con técnicas profesionales. Es posible conocer, desde esas memorias, los crímenes cometidos por las cerca de diez guerrillas, las 39 estructuras paramilitares, agentes del estado. Y en dicho ejercicio, el estado tiene la obligación de auscultar, investigar y escuchar a todas las víctimas, y a todos los victimarios llevarlos a declarar y reconocer sus culpas en el marco de las obligaciones de derecho internacional vigentes sobre graves y persistentes violaciones de los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Pero, cuestión diferente y delicada es aquella que enunciamos en un principio como la búsqueda de verdades de corte interpretativo cuando la anhelada verdad deja de girar en torno al hecho en sí mismo. Este tipo estudio se hace normalmente en el mundo académico, el de las ciencias sociales y humanas por parte de investigadores calificados. A veces se producen acuerdos sobre algunos puntos en otras no. En ningún caso la certidumbre o consenso debe depender del estado ni de los partidos ni de las iglesias, no puede derivarse de una comisión o de un argumento de autoridad ni de un dirigente, es algo siempre abierto, controversial.

Se me ocurren estos apuntes en vista de las especulaciones acerca de los aportes al esclarecimiento de la verdad por parte de altos jefes de guerrillas, paramilitares y agentes de la fuerza pública que crean la sensación de que de sus versiones se obtendrá tanto la verdad sobre algunos hechos, cosa que puede ser factible, y también sobre la complejidad del conflicto, que escapa a la formación académica de quienes están declarando.

Sin duda, habrá que mirar hasta qué punto lo que se denuncia tiene soporte, fundamento, y qué obedece a intereses personales o políticos para recibir reducción de penas aunque ello implique prenderle velas al diablo.

Darío Acevedo Carmona, 20 de agosto de 2023

Para un amplio sector de columnistas y líderes opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro los escándalos que han causado el deterioro de la imagen del gobierno y del primer mandatario tienen su origen en el entorno que lo rodea y en la persona misma del presidente.

Las expresiones de malestar de la ciudadanía lejos están de la virulencia, el extremismo y la violencia de las promovidas, organizadas y azuzadas por el petrismo y las izquierdas radicales   durante el gobierno Duque a quien exigían renunciar en sus movilizaciones y derrocar en el ensayo insurreccional de 2021. Las movilizaciones del presente, por el contrario, se han caracterizado por su pacifismo y espíritu civilista. Una foto para la historia es el mejor argumento para demostrar lo que decimos. Un grupo de policías del Esmad o policía antimotines, se ven sentados alrededor de una estatua dentro del edificio del Congreso mientras en la plaza de Bolívar desfilan miles de miembros de la reserva activa de las Fuerzas Militares y de Policía y ciudadanos en protesta contra el gobierno Petro. Ni en esa ni en anteriores marchas y concentraciones realizadas en varias ciudades hubo desórdenes ni piedra ni incendios ni destrucción de instalaciones policiales ni enfrentamientos fatales como los promovidos por la primera línea en Colombia en 2021.

Toda la bulla, todo el descontento actual, nace como lógica manifestación de rechazo con los desvaríos, errores, proyectos destructivos, improvisaciones, ignorancia de la función pública y del manejo de las instituciones, del irrespeto a la institucionalidad, de los choques  con las otras ramas del poder del estado, de las mentiras, del nepotismo, de las amenazas, del estilo pendenciero de Petro, de las denuncias explícitas y sugeridas de sus alfiles sobre malos manejos de dineros en la campaña presidencial, de su cercanía y favorecimiento a grupos armados guerrilleros y de mafias y criminales comunes. En fin, se cosecha lo que se siembra.

Algunos sectores piden la renuncia de Petro, esa consigna en sí misma no constituye una acción ilegal, debe leerse como una reacción ante la evidencia de tan malos procederes y pésimos resultados. Por otra parte, nadie les ha negado el derecho que tienen a defenderse todos los que están involucrados en los escándalos de corrupción, ni el hijo de Petro, ni él mismo ni ninguno de sus funcionarios caídos en desgracia.

Esto nos debe llevar a dos conclusiones, no es correcto que el gobierno y quien lo preside asuma una actitud de autovictimización o de autoexpiación de culpa diciendo que los mandatarios de antes cometieron iguales desmanes. La discusión no tiene porqué girar en torno a si hay o no garantías para los señalados, sobre si es legal o ilegal el manejo que se le está dando a la situación, puesto que todos los pasos dados no han rebasado los límites de la legalidad.

Por eso, las palabras pronunciadas por el expresidente y jefe del partido Liberal, César Gaviria Trujillo al fijar como un deber de los colombianos “luchar para garantizar que el mandato de Petro vaya hasta el 2026…” Han causado gran revuelo y desconcierto. No es para menos porque no hay señales de un complot que tenga por fin “tumbar” al presidente o darle un golpe de estado. Reiteremos, todos los elementos de la crisis que atraviesa salen del interior del gobierno.

¿Qué busca, entonces, el capitán del resquebrajado y dividido partido liberal? ¿Retomar el liderazgo perdido de su partido venido a menos bajo su dirección? ¿Busca firmar una alianza con Petro sirviéndole de salvavidas? ¿Naufragar dándole la mano a quien se arrojó a aguas profundas sin saber nadar?

No se entiende ni se ve bien que uno de los partidos, sostén con el conservatismo desde mediados del siglo XIX de las instituciones que nos han regido, que uno de los dos partidos tradicionales fustigado por las izquierdas armadas y civiles como estandarte de una sociedad esclavista y de una oligarquía sanguinaria, salga en defensa de un gobierno que se destruye a sí mismo, de un presidente que no es víctima de una oposición violenta, y que se consume en el fuego de sus incoherencias, yerros e incapacidad y de las denuncias de su hijo y de su jefe de campaña.

Darío Acevedo Carmona, 13 de agosto de 2023

A escaso un año de cumplir 60, intentando inútilmente tomar el poder con las armas, el Eln se sienta a negociar la paz con el estado que no ha podido derrotar, empezando por un breve cese al fuego que no es tal y con un gobierno que tiene el agua al cuello por las acusaciones contra la campaña de haber recibido dineros de origen espurio y rebasado los topes de ley.

Varias reflexiones afloran sin gran dificultad. La primera se origina en el discurso del presidente Petro en Corferias (Bogotá) en el que les pidió a los jefes del grupo guerrillero dejar de usar esos “fusiles oxidados”, armas que a pesar de su corrosión han matado a miles de inocentes. Aunque suenan razonables las palabras de Petro porque los fusiles no han sido eficaces para alcanzar el objetivo final y principal, la metáfora de la oxidación de esas armas omite una conclusión merecida, ya que, habría que reclamarles a los comandantes elenos, que, con ellas, han cometido innumerables crímenes de guerra y causado tragedias inenarrables contra poblaciones, personas, soldados, policías y medio ambiente. Oxidados sí, pero embadurnados con sangre.

La segunda tiene relación con el abrazo entusiasmado del presidente Petro a alias “Pablo Beltrán”, que constituye una burla a la majestad del cargo que ostenta. Porque una cosa es tratar con cortesía al enemigo, a pesar de que ese enemigo haya sido tan inclemente con la sociedad, y muy otra es despojarse de esa dignidad para abrazar con viva emoción, cual camaradas, con los comandantes de esa guerrilla. De esa forma se transmite un peligroso mensaje a la opinión en el sentido de que ellos, los elenos, son hermanos que equivocaron el rumbo,  se da a entender que es lo mismo la institucionalidad que la ilegalidad, que hay que abrirles todos los campos posibles para que dejen sus oxidados fusiles, que no se les exija el cese del secuestro y la extorsión, que no se les va a juzgar ni a penalizar, que recibirán todo tipo de recursos y garantías. Que su socorrida, mentirosa y demagógica idea de que ellos se atendrán a lo que diga “el pueblo en las asambleas populares” que serán convocadas, y que lo que de ellas salga debe ser de obligatorio cumplimiento, por tanto, elevadas a rango constitucional, con el consecuente desconocimiento del Congreso y la Justicia, o sea, otro golpe de estado como el del acuerdo de La Habana 2016, y así, hasta que el estado y la sociedad les quede debiendo.

Es que no parece ser el presidente de Colombia el que llega defendiendo lo que representa sino, sonrisas de por medio, los llena de carantoñas, promesas y garantías de impunidad, su amigo, el exguerrillero que los comprende y los quiere convencer de que sin las armas oxidadas es mejor y hasta más fácil tomarse el poder.

Y una última reflexión que inicio con esta pregunta: ¿qué lleva a la ONU y a sus altos representantes en Colombia a tolerar una negociación con un grupo terrorista (según el Departamento de Estado USA) sin la garantía de cesar en todas sus actividades delictivas, en especial el secuestro y la extorsión? ¿Acaso ha olvidado el contenido moral, ético y civilista de la universal Declaración de Derechos Humanos expedida en su asamblea general de 1948? ¿Han olvidado el más reciente avance que, en materia de sanciones y condenas no ya solo a los estados y gobiernos sino a todo grupo armado con pretensiones de poder político, representa el Estatuto de Roma y la subsecuente creación de la Corte Penal Internacional, entidad encargada de investigar, judicializar y penalizar a los responsables individuales de crímenes de guerra y de lesa humanidad?

Omitieron hacerlo con los altos comandantes de las Farc que hoy se solazan en las curules del Congreso de la República sin posibilidad de pagar un minuto de cárcel. Si con los llamados “carniceros” de los Balcanes en las guerras de la antigua Yugoeslavia y con dictadores sanguinarios de países africanos, la CPI ha sido implacable, ¿por qué en Colombia han avalado la impunidad de sistemáticas violaciones de los derechos humanos? Con el estado colombiano, un estado democrático, que ha optado por el camino de las reformas políticas y sociales, que se dotó de nueva constitución de 1991, que ha ofrecido negociaciones con políticas de reinserción, perdón y justicia transicional desde 1982, en cambio, la ONU, su Consejo de Seguridad y sus altos delegados en el país sí han procedido con todo el rigor que se requiere cuando se han descubierto graves violaciones a los DDHH.

No es justo que una sociedad que mal que bien vive en democracia y viene superando problemas sociales, pero, azotada por numerosas guerrillas, por grupos paramilitares ilegales y mafias surgidas alrededor del narcotráfico, deba declinar su ordenamiento jurídico, premiar a los criminales y garantizarles impunidad.

Es como si no mereciera respeto y respaldo nuestro estado de derecho, nuestra democracia. Es como si el carácter universal de los derechos humanos no tuviese sentido cuando se trata de los crímenes de guerrillas en apariencia justicieras, pero en realidad arbitrarias, corruptas y criminales.

Darío Acevedo Carmona, 6 de agosto de 2023

Entre los argumentos que esgrime el gobierno Petro y sus altos funcionarios para defender sus iniciativas y proyectos encontramos que hay desde los que denotan ignorancia, ineptitud, ofuscación, incoherencia, descaro hasta los que son clara irresponsabilidad. No es solo el desconocimiento sobre el funcionamiento del estado, de sus leyes esenciales, de respetables tradiciones de la población.

La mayor incoherencia  se observa a simple vista, recordemos las maneras que utilizaron durante décadas para oponerse a gobiernos que tildaban con los más negativos adjetivos que se puedan encontrar en el diccionario de lengua española, recordemos sus protestas violentas, sus acciones provocadoras y destructivas contra agentes de la fuerza pública, bienes públicos y privados, su promoción del caos, todo en nombre del derecho a la protesta. La retórica agresiva, desbordada, persistente  y sin pausa del actual presidente contra varios mandatarios y funcionarios de alto rango. El torpedeo incesante de proyectos en el congreso, la campaña de desprestigio contra nuestro estado de derecho y contra el Ejército dentro y fuera del país, el desprestigio y negacionismo de nuestra democracia, la tergiversación de los hechos, la magnificación de los abusos de poder y la generalización en la atribución de responsabilidades contra las instituciones.

El petrismo y sus aliados consideran que por haber ganado las elecciones tienen derecho a imponer todas sus iniciativas y proyectos. De esa forma desconocen que la democracia es un modelo de gobierno que exige diálogo, concertación, debate, derechos a ejercer la oposición con todas las garantías. Que los principios republicanos modernos deben ser respetados, en particular el de la separación de poderes y su colaboración armónica y que, el origen en la conformación del poder judicial, aunque no es de tipo electoral tiene un procedimiento legal que lo hace tan legítimo como los que se deben al voto ciudadano.

El petrismo y su Pacto Histórico quieren darle a su triunfo en las elecciones presidenciales un carácter absoluto, como si también lo hubiesen logrado en las elecciones para congreso, y como si se tratara del triunfo de la revolución que han soñado. Por eso vemos que proceden a su libre arbitrio, con descaro y mancillando principios de la moral y el decoro republicano. Por ejemplo, al nombrar representantes de la nación ante otros gobiernos a personajes que no reúnen las condiciones establecidas por la función pública de experticia y formación o que tienen a sus espaldas conductas inmorales.

Ellos creen que por ser “el primer gobierno de izquierda en la historia” tienen automáticamente derecho a gobernar como les de la gana violando normas y principios constitucionales en materia del modelo económico que reconoce el libre mercado, la propiedad privada, la regla fiscal, la ortodoxia y la larga tradición reconocida en el mundo en el manejo de nuestra economía.

Han humillado el estado colombiano en declaraciones oficiales ante auditorios nacionales y organismos y públicos internacionales, al tildarlo como un estado asesino, negando la democracia en actitud cínica pues gracias a ella están en gobernando. Han debilitado en profundidad a nuestra fuerza pública, tanto por el descabezamiento de su alto mando, como al colocarlo en igualdad de condiciones morales y políticas con organizaciones delincuenciales y grupos armados ilegales de ultraizquierda.

Este gobierno, por boca de su ministro de justicia quiere vender la idea de que la cárcel para grandes delincuentes es inapropiada como castigo. Su idea revela tanto ingenuidad como estupidez y confunde su opinión con lo que es política judicial de estado construida a lo largo de muchos años y en medio de profundos debates sobre filosofía jurídica.

A Petro le ha dado la ocurrencia de seguir el ejemplo de la ecologista Greta Thunberg, llevando un mensaje profético sobre la inminente extinción de la humanidad, la sexta, según su discurso anual ante el Congreso colombiano. En su deriva de marxista versión socialismo del siglo 21 hacia el militantismo ecológico en el que emula a Nostradamus con sus infundadas profecías, no hay certeza si lo hace por ganarse un lugar en el liderazgo internacional utilizando la causa ambiental o si lo que busca es crear un ambiente de distracción para ocultar su militancia comunista.

En todo caso, poco parece importarle el daño que le hace a la economía nacional con su retórica contra el petróleo, el carbón, el gas (aunque hace venias al dictador Maduro para comprárselos), contra el azúcar y sus productos derivados, la ganadería y su tolerancia con los cultivos de coca.

Para rematar, el presidente Petro incurre con frecuencia en ausencias e incumplimientos sobre los que ya circulan rumores de malas o impropias conductas de un primer mandatario, dando a entender su irresponsabilidad con respecto al deber ser de su cargo. Ataca a los medios, al poder judicial, a los ricos, a los blanquitos. Pretende que el congreso de la república debe acatar sumiso sus proyectos.

Gobernar en el marco de una democracia implica tolerancia, rectitud, diálogo, respeto, reconocimiento del adversario, escucha, en vez de amenazas, demagogia, exabruptos y  rimbombancia. Entender que las elecciones no se realizaron para validar una revolución o para crear una situación caótica.

Darío Acevedo Carmona, 29 de julio de 2023

La reciente intervención de Petro en París, reproducida por los canales nacionales de televisión el pasado 25 de junio, es una pieza maestra que muestra al presidente en el esplendor de lo que él ha sido y sigue siendo.

No hay necesidad de escribir un libro ni un ensayo para analizar los temas con los respectivos anatemas que enunció a rajatabla. Nadie está obligado a rebatir o a confrontar descalificación contra argumento, absurdos contra razón, mentiras contra hechos, porque la pieza en cuestión no pasó de ser un alarde de rabia y de odio contenido en tono ideológico y moralista.

Ante un público seleccionado de colombianos residentes en Francia, que lo aplaudían, Petro se despachó contra sectores a los que ha tomado, no por críticos ni opositores sino como enemigos, atacó a los empresarios que hacen negocios con la salud dejando entrever que son inmorales y corruptas todas las empresas que se lucran de prestar servicios de salud.

Insistió en posar de historiador al comparar algo supuestamente ocurrido en Bogotá en 1851 con motivo de la ley que eliminó totalmente la esclavitud bajo la presidencia del jefe liberal radical José Hilario López, con lo que, según él es su continuidad en pleno siglo XXI.  Así, abominó a todos los gobernantes, borró diferencias entre momentos y situaciones en una ramplonería y simplismo que da pena, despachó con dos frases la complejidad del mundo laboral, destruyó el capitalismo con dos adjetivos, etc.

Atacó a los medios porque son propiedad de familias de riquísimas casas de empresarios, y esgrimió la conclusión moralista que de ellos no se puede esperar información acertada,

Insistió en que el país siempre ha sido gobernado por una elite u oligarquía -haciendo pantomima de Gaitán- vieja consigna de movimientos y líderes populistas y de la izquierda dogmática y ortodoxa.

Denigró del Congreso porque no aprobó algunos de sus proyectos, queriendo indicar que, para él, acorde con su talante dictatorial, solo sirve todo y por eso no mencionó los que si le aprobaron.

Embriagado en su locuaz soberbia, lanzó afirmaciones mentirosas contra la oposición a la que descalificó moral, política y socialmente y culpó de todos los males e injusticias de nuestra sociedad. Se apropió la representación del “pueblo”, la “justicia”, la “verdad”, la “igualdad”, entre otras nociones de cobertura general.

En su desborde retórico afloró su afán por colocar todos los problemas en el marco de la lucha de clases, como lo hacía sin tapujos en sus primeros retozos con la civilidad, que había solapado en la campaña presidencial del 2022.

Volvió a renegar de nuestra democracia, de la cual siempre fue un negacionista a pesar de ocupar el solio de Bolívar y dominar buena parte del Congreso, gracias a ella.

¿Qué conclusiones se pueden sacar de ese discurso delirante, emocional, desafiante e insultante? Lo primero es no caer en la ingenuidad de ver el contenido como algo nuevo o como una sorpresa. Estamos ante el mismo personaje de siempre, pero, adobado con la investidura presidencial, con amplios poderes que manejados caprichosamente son un peligro para las libertades y la democracia. Estamos ante el antiguo guerrillero que quiso desde el M-19, tomar el poder con las armas, el que siempre moldeó su pensamiento y sus objetivos desde una retórica denigrante del país, de sus instituciones, de su democracia, de sus elecciones, de su modelo económico para posicionar y justificar la idea del cambio, que en cualquier momento llamará “revolución”.

Al referirse a temas delicados no cita estudios ni estadísticas, pretende hacer un diagnóstico acertado cuya fuente es su propia palabra. Abunda en mentiras como en el caso de la salud que la hace trizas, y a la que, afirmó, las gentes humildes y viejas no tienen acceso, es la peor, y no entiende como figura entre las mejores del mundo.

De otra parte, el “nuevo” Petro, retoma sin confesarlo, la línea marxista de atizar la lucha de clases, promoviendo estigmas contra los banqueros, los grandes empresarios, las elites y la oposición, culpándolos de todos los males  del país, estimulando el odio y el resentimiento contra los “poderosos” que se niegan a tratar merecidamente a sus empleados. Se lanza contra el capitalismo desde los países donde este sistema ha sido exitoso y defiende a ultranza un mayor papel del estado. No se si en el viaje que tiene programado a la China comunista y a Corea del Sur, se le ocurrirá darles lecciones a sus dirigentes de cómo combatir la pobreza implementando el modelo capitalista.

En su lógica anticapitalista, sobresale por su irresponsable y sistemático ataque a empresarios y a miles de trabajadores que viven del trabajo en las industrias del carbón, el petróleo, el azúcar y la ganadería, a las que amenaza sin decir que hará con esos trabajadores y sus familias de las que se declara, sin sonrojarse, su protector.

No hay espacio en una columna para hablar de otros temas, como el de haber incorporado a su morral de impertinencias, la lucha contra el cambio climático, campo en el que se ve como una caricatura de Greta Thunberg.

Termino haciéndome esta pregunta ¿Qué busca o por qué Petro viola adrede el mandato constitucional que define como característica fundamental del presidente de la república ser el representante de toda la nación, el que debe procurar la unidad nacional y la concordia? ¿Por qué se le ve rabioso, retador, amenazante tendenciosos, como un agitador en vez de un mandatario?

Pienso que en medio del sentido de auto seguridad que exhibe en su oratoria, Petro tiene miedo, miedo a la oposición, de la que se burló al caricaturizarla, y a las marchas cada vez más multitudinarias. Miedo a que algunas de las investigaciones y denuncias en su contra, presentadas ante el Congreso, por recepción de dineros sucios y no declarados en su campaña de 2022 o por alteración de los escrutinios, prospere y resulte condenado indigno del cargo. Por eso recurre a la experticia del guerrillero, golpear a la vez en muchas partes y evitar concentrarse en un solo lugar. Pero también, a la estrategia en la que es muy hábil: victimizarse y culpar a la oligarquía feudal y premoderna.

Darío Acevedo Carmona, 2 de julio de 2023

La izquierda internacional se solidariza con Gustavo Petro por supuesto "golpe blando" en su contra a través de carta que deja claro su rechazo al derecho a la crítica, al ejercicio de la oposición, a las protestas cívicas, a su autoritarismo, a sus recesivos proyectos, y al imperio de la separación de poderes.

Las razones en que se apoyan Chomsky, Zapatero, Pérez Esquivel, la alcaldesa de Barcelona, entre centenares de firmas (más de 350), se basa en afirmaciones  del presidente colombiano en el sentido de que está en marcha un golpe blando en su contra por la obstrucción y saboteo a sus proyectos y persecución de órganos de la justicia.

Conviene hacer un recorrido por situaciones que se están viviendo desde mucho antes de su posesión el 7 de agosto de 2022.

Petro fue uno, quizás el principal instigador, de los dirigentes de la izquierda colombiana que impulsaron un largo y violento paro en 2021 contra el gobierno de Iván Duque con fines de obligarlo a renunciar por un proyecto de reforma tributaria y aumento de la pobreza y el hambre.

Petro Ganó las elecciones en un marco de garantías democráticas. Se posesionó a su manera con un discurso que causó alarma en la opinión pública.

Sobre su gobernabilidad: conformó una alianza con sectores políticos tradicionales del liberalismo, el conservatismo, el partido de la U, la Alianza Verde. El único partido que se declaró en oposición fue el Centro Democrático. De esa forma, gozó de una muy favorable bancada en las dos cámaras del Congreso de la república, suficiente para la aprobación de sus iniciativas. En esas condiciones el legislativo aprobó la reforma tributaria, más onerosa que la de Duque. También el Plan Nacional de Desarrollo en el que se inspiran los principales ejes de su gobierno.

Como es de lógica en una democracia, fueron sometidos a intensas discusiones proyectos sobre salud, pensiones, régimen laboral, educación, bajo la enseña del cambio e invocando su triunfo como su fundamento. Dichos temas suscitaron escozor por su calado e implicaciones. El presidente se obstinó en sus propuestas negándose a hacerles cambios. Ahí se produjo, muy tempranamente, la primera crisis de su alianza que se tradujo en la salida de tres ministros liberales y cambios en otros que no estaban marchando bien, como el del Interior, la de Deportes, el de áreas Tic.

Una de las primeras medidas que causó fuerte revuelo y descontento fue el llamado a calificar servicios a más de sesenta (60) generales y otros altos oficiales con el propósito no revelado de evitar o conjurar un golpe de estado.

Es de anotar que la narrativa petrista y de gran parte de sectores de izquierda se caracteriza por su recurrente negación de la democracia colombiana, por reducir nuestra historia a dos o tres frases con las que se inculpa a una supuesta oligarquía de la existencia de un régimen de opresión, esclavitud, racismo y de injusticias sociales. Dicha doctrina se extiende a demeritar las otras ramas del poder. De ahí se desprende la conclusión de que Petro apunta a hacer una transformación revolucionaria de las instituciones y la vida colombianas a punta de reformas y que por ello es por lo que se molesta y se queja de un supuesto e inexistente golpe blando.

Desde marzo de este año. Petro ha asumido una posición amenazante sosteniendo que le están impidiendo gobernar por las buenas, convocando al “pueblo” a las calles y lanzando desafíos en el sentido de que el irá hasta donde “el pueblo se lo autorice”. Esa retórica es la que ha causado preocupación de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General que le ha resultado, como lo ha dejado ver en numerosos escenarios, incómoda. Debe entenderse que este es el resultado de su negacionismo de la democracia y sus instituciones y de su ignorancia o rechazo a la figura sagrada de la separación de los poderes públicos.

Lo más reciente fue el escándalo alrededor de unas maletas con dólares que comprometen a dos de sus más cercanos alfiles involucrados en chuzadas a empleadas domésticas realizadas desde organismos de inteligencia adscritos a Presidencia que derivó en la renuncia de los dos cercanos colaboradores de Petro. En uno de los capítulos de la controversia Laura Sarabia-Armando Benedetti, el exembajador en Venezuela afirmó que a la campaña de Petro habrían ingresado quince mil millones de pesos de personas que no eran propiamente emprendedores. El presidente Petro en vez de dar explicaciones se ha victimizado y reiteró su denuncia de “golpe blando”

Vistos así los hechos, resulta inaudito que los firmantes de la carta se hayan prestado para sumarse a la versión oficial. Pienso que obedece más bien a la prelación que entre los círculos de izquierda tiene el sentido de la solidaridad ideológica, hasta hace unos años conocida como “internacionalismo proletario”. En esa dinámica, recientemente, se le hizo un homenaje por parte de mandatarios y personajes de estas corrientes a Cristina Kirchner, condenada por corrupción por la justicia argentina, se pudo conocer la causa del silencio ante las atrocidades que esta cometiendo el dictador comunista Daniel Ortega y se saque en limpio al autoritario Rafael Corra y al demagogo Evo Morales.

A esas personalidades no les cabe en la cabeza que lo que está sucediendo en Colombia es un debate en democracia y en libertad, propio de la separación de poderes, en torno a problemas reales. Y que los ataques a la Fiscalía, a la oposición y a los medios con un lenguaje amenazante y autoritario solo tiene la pretensión de liberarse de las acusaciones por la vía de la propaganda interna y externa para consolidar su estrategia antidemocrática y dictatorial, tan recurrida por los movimientos inspirados en el socialismo del siglo XXI.

Deberían saber los firmantes de la carta que el presidente de Colombia sea quien fuere, sólo puede ser enjuiciado por el Senado por decisión de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Al momento, Petro encara una demanda por rebasar gastos de campaña. Los demás problemas no han sido elevados a demandas, lo que está ocurriendo es lo normal en cualquier democracia, modelo adverso a la figura de inimputables y a funcionarios que se consideren por encima de todo control.

Darío Acevedo Carmona, 18 de junio de 2023