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VentanaAbierta - Page 2

  • ¿Tiene algún beneficio que Colombia continúe en la CPI?

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    En el momento preciso en que el Congreso de la República discutía, soberanamente, la creación de una sala especial en la JEP para el juzgamiento de militares arribó al país el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI) James Kirkpatrick Stewart para advertir que de aprobarse tal iniciativa dicha corte podría intervenir en Colombia para enjuiciar a los agentes del estado responsables de crímenes de lesa humanidad, en particular los de los llamados “falsos positivos”.

    Es rara, muy rara, la premura de este funcionario como también el tono amenazante que utilizó al señalar que la JEP era inmodificable que hacerlo ponía en peligro el acuerdo de paz Santos-FARC y abría las puertas a la impunidad para los militares acusados.

    Y es raro porque la CPI no ha manifestado, hasta el presente, ninguna contrariedad, crítica, oposición o exigencias en relación con la total impunidad para los comandantes de las FARC responsables de crímenes de lesa humanidad consagrada en ese acuerdo.

    En cambio y como fue corroborado por el fiscal adjunto, lo que más les ha preocupado es la aplicación de justicia a los militares colombianos sin tener en cuenta que ya miles de ellos desde soldados hasta generales están siendo juzgados, condenados y pagan cárcel hace años por fallos de los tribunales nacionales, circunstancia que desvirtúa cualquier posibilidad de intervención de la CPI por cuanto una de las causas para que se produzca es que no se haya podido hacer justicia o el Estado adherente reconozca su incapacidad para castigar a reos de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

    Sorprende la visita y las admoniciones fuera de foco del vicefiscal Kirkpatrick porque en muchos países de Africa y Medio Oriente el mundo presencia impotente la violación sistemática del estatuto de la CPI sin que ella realice intervención alguna. Sorprende que en medio de su debilidad, su carencia de herramientas adecuadas, un liderazgo de funcionarios obsecuentes con la burocracia internacional y los intereses de las grandes potencias, haya acudido tan velozmente al llamado de auxilio de quienes defienden la imposibilidad de modificar la JEP.

    Es razonable pensar que su visita fue el fruto de un intenso loby adelantado por personas que se mueven a sus anchas en el concierto diplomático y en las esferas de los órganos encargados de supervisar los derechos humanos donde han logrado imponer su versión sobre el conflicto armado según la cual el Estado es responsable de organizar una guerra sucia y creado los grupos paramilitares, y las guerrillas son organizaciones populares, víctimas de exclusión y persecución.

    Al cabo de 16 años de haber adherido al Acuerdo de Roma que creó la CPI y su estricto estatuto, el balance sobre su presencia en Colombia es bastante deficitario e ingrato ya que lo hasta ahora actuado está en una línea muy similar a la de otras cortes, como la CIDH, y órganos de derechos humanos que casi siempre condenan al estado colombiano al aplicar el principio de que solo los estados, en cuanto signatarios de los tratados de DDHH, son por acción u omisión los únicos responsables de sus violaciones.

    La CPI ha fallado, como bien lo explica el periodista y analista Eduardo Mackenzie (periódico Debate 9/11/2018), en la observancia del estatuto que consagra el juzgamiento no ya de estados sino de individuos que haciendo parte de grupos armados insurgentes u oficiales han violado en materia grave los DDHH y el DIH.

    La CPI en Colombia, añade Mackenzie, se ha preocupado más por el tema de los falsos positivos supuestamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública que por los de las guerrillas colombianas como el secuestro de miles de empresarios urbanos y rurales, agentes del orden, ciudadanos del común, el asesinato de personas indefensas y líderes democráticos como los diputados del Valle y los concejales de Rivera, los pobladores de Bojayá en Chocó refugiados en una iglesia, el secuestro de aviones con civiles, la voladura de un oleoducto que causó más de 80 muertos civiles, el reclutamiento de menores y la violación de mujeres adultas y menores..

    La CPI exige al gobierno colombiano cumplir e implementar rigurosamente el impune acuerdo Santos-FARC gracias al cual criminales de guerra serán juzgados por un tribunal que no inspira confianza, que a lo mejor los condenará a ocho años sin penas de prisión intramuros y recibirán curules sin respaldo electoral en el Congreso.

    Los colombianos que por mayoría rechazamos dicho acuerdo en el plebiscito de octubre de 2016, objeto de burla y desconocimiento por el presidente Santos y la dirigencia FARC, tenemos poderosas y contundentes razones para notificarle a la CPI la desazón, desconfianza y malestar que hemos expresado a otras cortes y organismos multilaterales y en esa medida, como sugiere el periodista Mackenzie, preguntarnos si tiene sentido que Colombia mantenga su membresía a la CPI o inicie su retirada.

    Darío Acevedo Carmona, 12 de noviembre de 2018

  • Confines de un movimiento universitario sin fin

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    Rectores, decanos, organismos de dirección académica, profesores, estudiantes, sindicatos de docentes y activistas políticos se pusieron de ruana el sistema universitario estatal (SUE) al impulsar un movimiento por financiación adecuada que se les salió de madre.

    Le han reclamado a quien nada tiene que ver con el faltante presupuestal lo que nunca a Juan Manuel Santos el verdadero y principal responsable del déficit. Los rectores de las 32 universidades públicas del país, los mismos que apoyaron la política pública de paz del presidente Santos, comprometiendo y violando la autonomía académica, nunca convocaron movimientos de protesta en el octenio santista aunque la desfinanciación ya estaba en su furor.

    Resulta inexplicable que los rectores no hayan tenido en cuenta las circunstancias limitantes del presidente Duque y se hayan puesto a la cabeza del movimiento como si no conocieran los incontrolables demonios que desatarían y que se hayan salido de la órbita de las funciones establecidas para cargos de tan elevada responsabilidad académica.

    Si el presidente Duque hubiera puesto el retrovisor hubiera podido responder negativamente a demandas que escapaban a sus posibilidades, sin embargo, prefirió escuchar, dialogar y negociar, así fuese parcialmente el pliego de peticiones cuyo principal punto era la asignación por decreto de 15 billones para subsanar el déficit heredado.

    El presidente Duque se reunió con el sindicato rectoral de facto y logró un acuerdo que abría margen para cumplir esa demanda en un proceso regulado y en cuatro años. El gremio de rectores se comprometió a convocar a docentes y alumnos a normalizar las actividades.

    Han transcurrido casi dos semanas de tal acuerdo y las marchas, desfiles, bloqueo de instalaciones, actos de violencia en algunos centros y radicalización prosiguen. Los rectores y directivas que complacientes e irresponsables desataron la movilización con discursos floridos creyendo que podrían retornar a clases con un simple llamado, pagan hoy el precio de su torpeza y atrevimiento: el semestre está prácticamente perdido lo cual quiere decir, aspirantes nuevos por miles no podrán iniciar estudios en enero de 2019, miles de millones de pesos se han perdido, dinero de nuestros impuestos, dilapidados, destruidos sin conmiseración, miles habrán aplazado un semestre más su graduación, etc.

    El movimiento ya tiene una duración de más de un mes y como era previsible ha caído en manos de líderes que han impuesto la lógica maximalista del “todo o nada”, en vez de hacerle caso a la voz de los rectores que los llaman a retornar a la normalidad en el entendido de que ya se obtuvo solución parcial a algunas de las necesidades presupuestales y se han creado espacios de concertación para avanzar hacia soluciones de fondo. El nefasto resultado ya se dejó sentir en seis universidades que cancelaron el semestre.

    Los maximalistas nos están demostrando que no basta la justeza y razonabilidad de la causa por una adecuada financiación de las universidades públicas, sino que dicha causa puede ser deslucida, mancillada y hasta negativizada por las posiciones a ultranza que a toda costa e irracionalmente pretenden obligar al presidente Duque a hacer lo que no le es permitido por cuanto mover recursos de un lado para otro requiere trámites complejos y el concurso de varias instancias de poder.

    Pero en este final anárquico, directivos como la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, se ufanan de las “movilizaciones” como factor de presión, les asignan un poder adanista e insisten en reiterar su apoyo al movimiento como se puede leer en apartes de uno de sus comunicados: “Gracias a estas movilizaciones, hoy podemos decir que se han logrado acuerdos y espacios de diálogo y discusión… En este sentido, expreso mi total compromiso con la construcción de una política de Estado para la educación superior y la búsqueda conjunta de soluciones a la crisis, aportando en propuestas y apoyando la movilización y el diálogo.”

    La mano ancha de las directivas con dineros públicos llegó al punto de apoyar a los dirigentes en sus desplazamientos, asambleas y reuniones de activistas y delegados.

    Como ocurre casi siempre, este tipo de movimientos terminan convertidos en teatro experimental de la revolución, en exhibiciones de fuerza, en torneos de repetitivas retóricas, en donde sobresalen docentes eternizados en la dirección de sus gremios y sindicatos gracias en buena medida a asambleas de raquítica asistencia, y donde no faltan los que en su activismo y beligerancia de pose enmascaran su mediocridad o sus incumplimientos como profesores que al cabo de 15 0 16 años de cursar estudios de doctorado con financiación, descargas, permisos y prórrogas oficiales no han presentado su título y se hacen nombrar representantes para negociar con el alto gobierno.

    Minorías beligerantes y radicales de jóvenes adoctrinados a tempranas edades manipuladas por hábiles cuadros de estructuras orgánicas que no dan la cara, pero están detrás avivando la llama de la revolución, contribuyen, quizás sin ser conscientes, a la disolución de los denominados por el filósofo marxista francés Louis Althusser, aparatos ideológicos de dominación de clase entre los cuales el educativo es de primordial importancia.

    Darío Acevedo Carmona, 5 de noviembre de 2018

  • Brasil bajo el ojo tuerto del sociólogo Manuel Castells

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    Manuel Castells, prestigioso sociólogo español publicó recientemente (octubre 10/2018) en el diario El País de España una carta “A los intelectuales del Mundo” en la que los invita a pronunciarse contra el candidato a la presidencia de Brasil Jair Bolsonaro. Afirma en ella que “Brasil está en peligro” porque “puede elegir presidente a un fascista, defensor de la dictadura militar, misógino, sexista, racista y xenófobo”.

    Sostiene Castells que “Fernando Haddad… un académico respetable y moderado, candidato por el PT, un partido hoy desprestigiado por haber participado en la corrupción generalizada del sistema político brasileño” es “la única alternativa posible”. El sociólogo menciona frases de Bolsonaro que suscitan escozor y alarma en sectores de la opinión democrática para justificar que “no podemos quedarnos indiferentes”.

    Advierte que lo suyo “es un caso de defensa de la humanidad, porque si Brasil, el país decisivo de América Latina, cae en manos de este deleznable y peligroso personaje, y de los poderes fácticos que lo apoyan, los hermanos Koch entre otros, nos habremos precipitado aún más bajo en la desintegración del orden moral y social del planeta a la que estamos asistiendo.”

    Y termina convocando a “que cada uno haga conocer públicamente y en términos personales su petición para una activa participación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 28 de octubre, y nuestro apoyo a un voto contra Bolsonaro”, divulgado “en cualquier formato que difunda nuestra protesta contra la elección del fascismo en Brasil”.

    Cuando esta columna esté circulando, muy probablemente se habrá confirmado a Bolsonaro como nuevo presidente del país de habla portuguesa más grande y una de las potencias económicas del mundo. De manera que la campaña de Castells o no tuvo eco o si lo tuvo no ocasionó ninguna alteración de la tendencia a la victoria de este candidato tan mal visto.

    No voy a entrar en la discusión sobre la caracterización que de Bolsonaro se hace en las carpas de la izquierda, la extrema izquierda y otras fuerzas políticas que van desde los verdes, los progres, liberales, socialdemócratas, demócratacristianos, conservadores, centristas y hasta derechistas moderados, o simplemente, como Castells, sin partido, cual de todas más alarmista. Pero me parece que descartar la amplia, voluminosa y comprobada corrupción del PT y sus expresidentes Lula Da Silva condenado y en prisión y Dilma Roussef, destituida, como factor explicativo del descontento de la ciudadanía y su búsqueda de un líder que les devuelva la esperanza, es, al menos, un ejercicio antisociológico.

    Entiendo que Brasil debe ser visto como un laboratorio en el que se puede apreciar en vivo y en directo el desengaño de la población con las promesas populistas del modelo estatista del socialismo bolivariano y con la desenfrenada y cínica escalada de corrupción de quienes predican la igualdad y la justicia social mientras saquean a manos llenas el erario. Por eso sonaría más correcto decir que Brasil está en peligro desde que cayó en manos del proyecto “Foro de Sao Paulo”.

    La carta de Castells es un buen ejemplo de tuertismo político puesto que no ve el papel de la corrupción petista como factor de decepción de amplios sectores de la población con el partido de los Trabajadores (PT). Y también en cuanto omite hacer referencias a la dramática situación de Venezuela y Nicaragua donde gobiernan dictatorialmente movimientos afines al PT y al Foro de Sao Paulo.

    Su voz de alarma ante el peligro del triunfo de Bolsonaro suena incoherente ante el inexplicable silencio que guarda respecto de los regímenes totalitarios, represivos y autoritarios de Ortega y Maduro y desproporcionado en el sentido de que mientras quiere llamar la atención sobre algo que no ha ocurrido, deja de hacerlo respecto de la orgía de asesinatos oficiales y represión violenta que está ocurriendo y el mundo está presenciando en Nicaragua y Venezuela.

    Daniel Ortega está siendo rechazado por una población cansada de sus oscuras maniobras, de su corrupción, del control de los medios, su manipulación de las cortes y la constitución para perpetuarse en el poder y que lleva a sus espaldas más de 420 ciudadanos asesinados por escuadrones de policías y de matones paramilitares.

    El heredero de Chávez, Nicolás Maduro en Venezuela, esgrime como proeza haber finiquitado la destrucción de uno de los países más ricos del mundo, empobreciendo a millones de compatriotas, encarcelando a sus líderes, torturando a los opositores, apoderándose de los medios, eliminando y reprimiendo a los manifestantes. Sus muertos en las calles a manos de policías y colectivos paramilitares suman más del medio millar y centenares los encarcelados.

    Castells no tiene ojos para eso y tampoco para la longeva dictadura castrista en Cuba que ha forjado su poder omnímodo en escuadrones policiales que controlan la vida cotidiana de los cubanos y encarcelan a los disidentes.

    Para Fidel, Raúl, Daniel, Hugo y Nicolás no hay cartas de rechazo, ni una campaña por libertades o contra el delito de opinión y tantos otros atropellos a la dignidad y a los derechos humanos.

    Darío Acevedo Carmona, 29 de octubre de 2018