Las circunstancias del momento que vive el país hicieron de las elecciones del pasado 29 de octubre una especie de prueba de fuego sobre la gestión del presidente Petro. En efecto hubo señales en tal sentido, conviene ser muy puntuales en reconocer los eventos en los que las disímiles y numerosas fuerzas opositoras lograron victorias contundentes e impactantes.

Sin duda, la derrota en Bogotá de Gustavo Bolívar principal aliado del presidente tiene un significado muy especial dados los esfuerzos y abiertos apoyos del gobierno en pro de su candidatura. Todo un fiasco perder a Bogotá, la ciudad capital en la que las izquierdas siempre han sido decisivas y en varias ocasiones triunfantes. Las consecuencias se han empezado a ver desde ya, fuego amigo, divisiones, inculpaciones y, pérdida de influencia y poder sobre la alcaldía.

Casi en el mismo nivel de frustración para el petrismo son los resultados negativos en Medellín y Cali, más aplastantes en la capital antioqueña, pero en ambas con el inequívoco mensaje de descontento popular con la gestión de dos alcaldes que naufragan en corrupción, arbitrariedades e ineptitud.

Sumemos el triunfo de Char en Barranquilla y de candidatos adversos al petrismo en Bucaramanga, Cartagena, Manizales y otras capitales, y, las victorias en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Valle, Atlántico, Santander, Meta, entre otros.

Existe una gran dificultad para establecer las cifras exactas obtenidas por cada partido o movimiento de presencia nacional por al menos dos razones, la primera tiene que ver con el carácter regional y local del evento electoral en el que grupos muy diversos de rango circunscrito a un municipio o una región o departamento no articulados con fuerzas nacionales, participan en la disputa. La segunda, con las numerosas y multiformes alianzas en torno a candidatos de unidad no siempre identificados por su apoyo o cercanía con el gobierno. Distinguir cuántos votos aportó cada grupo o partido es imposible.

Sin embargo, lo que si se pudo definir con cierto grado de error es que en varios departamentos y ciudades capitales triunfaron tendencias claramente opositoras y solo unas pocas fueron favorables al petrismo.

No debe sorprendernos que Petro, acorde con su manía distorsionadora, haya salido a invertir los resultados reclamando un triunfo en una contienda en la que salió ampliamente derrotado.

Ahora bien, en cuanto a las conclusiones y perspectivas que podemos desprender del pasado certamen electoral, una excesiva actitud triunfalista no es recomendable, no solo por la naturaleza y el alcance político definido institucionalmente, sino porque la contundencia debe mirarse en concreto en localidades como las señaladas en principio, pero, también, porque a pesar de haberse puesto a prueba la favorabilidad del presidente, no se trató de un referendo o plebiscito que condujera a la renuncia del primer mandatario.

Por tanto, las fuerzas opositoras, no todas ellas en el mismo nivel de definición y compromiso e incluso con grandes diferencias entre algunas de ellas, están retadas a pensar y evaluar una estrategia común con miras a las elecciones para Congreso y Presidencia en 2026. No debe haber disculpas sobre la distancia por recorrer ya que los asuntos a acordar no son de menor monta.

El plan  estratégico debe conllevar a la conformación de un amplio frente unitario, es decir, a reunir, bajo la sombrilla de la unidad y la organización, sin la cual estaríamos perdidos, a tan numerosas agrupaciones. Basta solo con reconocer su atomización reinante en el campo democrático-institucional. Habrá que definir también los temas centrales del programa, el plan de acción inmediato, el papel de la calle, de la movilización de sectores, jornadas nacionales, campañas mediáticas, la estructuración de un frente legislativo de rechazo a los funestos proyectos del gobierno.

Porque si hay algo claro en el horizonte es que Petro y su Pacto Histórico obtendrán más poder con los próximos nombramientos de fiscal y procurador, que continuará llamando a alianzas sin eco, que insistirán hasta el final en los proyectos que han causado tanta alarma económica y social y que Petro estará cada vez más blindado ante la amenaza de un juicio político

Es decir, esta no es una pelea de toche con guayaba madura, ni para él ni para la oposición. Por ello, las fuerzas opositoras afectadas por su gran dispersión política y orgánica tienen que despertar y encarar el desafío, y por eso se justifica preguntarnos ¿quién o quiénes van a liderar la inmensa responsabilidad de iniciar el tejido de esa alianza. Podría darse desde una reunión exploratoria entre los jefes tradicionales de los movimientos y partidos que tienen mayor claridad respecto del peligro de una extensión del proyecto petrista más allá de 2026.

O que los expresidentes Uribe, Pastrana, Gaviria, con jefes políticos como Gómez, Vargas Lleras, verdes, etc., se reúnan para dar unas primeras puntadas. Todo ello pasa por acotar el campo de competidores para evitar la repetición de lo sucedido en 2022, convocar organizaciones y gremios de la sociedad civil, empresarios, retirados de la fuerza pública, cleros, artistas, etc.

Darío Acevedo Carmona, 4 de noviembre de 2023

Intensas movidas estamos presenciando en las últimas semanas en la región latinoamericana. El saldo por ahora, aunque no marca una tendencia definitiva, si se inclina a favor de las fuerzas democráticas y libertarias que se enfrentan a aquellas que gobiernan dictatorialmente como en Venezuela o están en manos de agendas populistas de izquierda como es este mismo país y Argentina.

Mientras en Brasil la pretensión del liberal radical Jair Bolsonaro salió derrotada por un Lula desprestigiado y salvado de las aguas penales por un artilugio procesal que no lo eximió de su responsabilidad, en Paraguay con Santiago Peña se consolidó la democracia y, más recientemente en Ecuador, el correísmo recibió una gran paliza ante el joven Daniel Noboa.

En Argentina si bien Javier Milei no salió avante en primera vuelta, tiene más posibilidades de incrementar su votación si logra un acuerdo con Patricia Bullrich, en tanto el candidato kirchnerista con el que se verá en duelo en segunda vuelta, carece de aliados.  

En todo caso, a quienes defendemos la democracia y las libertades, la propiedad privada y la creación de riqueza y empleo, nos debe quedar claro la monumental dificultad para desbancar por la vía electoral a regímenes populistas y estatizantes que han condenado a la sociedad a la miseria y a la denigrante función de mendigar del estado bienes que antes se obtenían con el propio esfuerzo y trabajo.

En Venezuela, a pesar de la hostilidad, amenazas y vetos de la dictadura de Maduro en contra de Corina Machado, la más opcionada y más votada en las primarias del domingo 22/octubre con más de un 94 por ciento de votos en la coalición, las cosas siguen estando muy oscuras ya que el dictador Maduro es consciente que en las definitivas elecciones presidenciales de 2024 ella es la rival que pondría en peligro su permanencia en el poder. La presión del gobierno estadounidense podría deshacer el nudo gordiano creado por la funesta alianza de los chavistas con las fuerzas armadas, con las guerrillas colombianas y con el narcotráfico.

Por ahora y a la expectativa de un triunfo de la oposición democrática y libertaria en Argentina, el dulce se ha puesto a mordiscos para los regímenes populistas de izquierda y los movimientos amparados por el Foro de Sao Paulo que tienden a debilitarse.

En Colombia este domingo 29 de octubre tendrán lugar las elecciones regionales en las que se elegirá a 32 gobernadores, más de mil cien alcaldes, centenares de concejales y decenas de diputados, además de ediles. La contienda se perfila como el escenario en el que el criticado gobierno de Gustavo Petro mide fuerzas con partidos de oposición, campo en el que se destaca el Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y en el que otros partidos y movimientos nacionales, regionales y locales han postulado sus candidatos.

Será ocasión para establecer que tan sólida es la alianza del Pacto Histórico de Petro, una agrupación de sectores de izquierda y extrema izquierda, con partidos y grupos disidentes del liberalismo y el conservatismo que a cambio de puestos han decidido acompañar a un gobierno que, en un año largo de mando según las encuestas, ha visto reducido de manera significativa el apoyo de la población, y qué tan oxigenada puede resultar la oposición.

Se palpa en el ambiente la idea de que este certamen electoral ha opacado una estrategia de confrontación más frontal y de choque a la espera de su resultado. Si este, como es la expectativa, es muy positivo para la oposición, por ejemplo, si recupera las alcaldías de las grandes capitales departamentales como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga y se mantiene la de Barranquilla, y se obtienen algunas gobernaciones claves como Antioquia, Cundinamarca, Valle, Atlántico y Santander, se habrá creado la condición para dar un salto cualitativo en las formas y objetivos a emplear en la confrontación al gobierno Petro.

La Oposición estará obligada a señalarle a sus bases y a la población en general que es la hora de forjar una plataforma unitaria que trace el rumbo a seguir, tanto para evitar que los desastrosos proyectos de Petro salgan avante, como para convocar a una movilización más activa, pacífica sí, pero, más persistente y contundente que tenga por objetivo central la derrota del proyecto populista de Petro, de su pretensión de extender su mandato, de recuperación social y económica, de restablecimiento de nuestra política exterior, de reafirmar los principios modulares del estado democrático, las libertades, el respeto a la propiedad privada, el emprendimiento, el control de la inflación, el empuje de la educación, el restablecimiento de la seguridad, el respeto y fortalecimiento de la Fuerza Pública, todos ellos debilitados en grado sumo por el gobierno Petro.

Darío Acevedo Carmona, 24 de octubre de 2023

La posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el atentado terrorista del grupo Hamas contra Israel ha causado estupor, rechazo y desconcierto en el mundo libre y democrático. Lo que yo pueda opinar tanto frente al hecho como ante las afirmaciones de Petro no dejan de ser opiniones, igual que las de muchos analistas que han dado su parecer. Pero, es ahí donde reside la diferencia entre una persona que ostenta una dignidad y la refrenda al presentarse como el “representante constitucional del pueblo colombiano”, y quienes carecemos de esa calidad.

El presidente colombiano ha demostrado en varios escenarios y eventos una actitud  de desprecio y subvaloración de a quien representa. Es, en tal sentido, un irresponsable, en cuanto en sus discursos ha hecho valer su punto de vista u opinión desconociendo que todo lo que dice y hace compromete al estado de Colombia y a su población. No es un problema simple o inocuo ya que arriesga y pone en entredicho la política de alianzas y relaciones tradicionales establecidas en el largo tiempo y humilla el sentimiento de identidad nacional.

Su posición respecto de la invasión rusa a Ucrania suscitó temores de ruptura de unidad con la OTAN organización a la que nuestro país fue admitido en calidad de observador. Igual se ve en su política de acercamiento hacia regímenes dictatoriales como los de Maduro en Venezuela y el castrista de Cuba, hacia Rusia e Irán, su posición permisiva ante el delito internacional de narcotráfico, dejando un mensaje de  destrucción de políticas de estado que han sido altamente beneficiosas para Colombia.

Coincido con quienes sostienen que las políticas de Petro, aunque puedan mirarse como disparates, imprudencias, ligerezas, indiscreción, insensatez, temeridad, descuido, negligencia, necedad o atrevimiento, en esencia hacen parte de lo que para él significa ser y comportarse como un revolucionario.

Esto nos remite al Petro que no ha dejado de ser lo que siempre ha sido, un guerrillero, y a su soñada revolución socialista. En su comportamiento y forma de ser se puede detectar el desprecio por las instituciones, la burda utilización de la democracia, la trivialización de los valores, la banalización de vicios políticos como el de repartir mermelada (antiguamente llamado clientelismo), el ultraje de los símbolos patrios, a su contemporización con autores de delitos atroces, por las tradiciones y las creencias de la población y la justificación reactiva de las acusaciones por presunta corrupción por señalamientos de sus familiares y alfiles que ya son objeto de intervención judicial.

En su alocada avalancha de escándalos aflora algo muy particular que él mismo se encargó de sintetizar cuando dijo que el problema del incremento de la criminalidad revelado en encuestas y estadísticas se podía resolver: “si dejamos de llamar crimen al crimen, pues entonces este delito desaparece de las estadísticas” palabras que espetó sin sonrojo.

Y lo que observamos de ahí en adelante es la consolidación del vicio de inversión del sentido normal de las cosas, de trastrocamiento semántico y de supresión de las diferencias entre dos opuestos, de poses de científico y de profeta del fin del mundo. Esto último es lo que el mundo libre y democrático, incluso gobernantes de izquierda, ha visto con estupor en labios de Petro. No solo no actuó como jefe de estado sino como revolucionario de cafetín, borrando de un tajo la diferencia entre acción de guerra y acción de terror que, con toda claridad, está expuesta en el derecho internacional humanitario y consagrado en el estatuto de la Corte Penal Internacional. Y ubicarse, a sí mismo y a Colombia, del lado de dictaduras, de movimientos terroríficos como Hezbollá, Hamas, Isis, gobiernos de Afganistán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, etc.

Da lo mismo, en su arrevesada lógica, atacar con terror que defenderse, la muerte de civiles por error o daños colaterales en un combate que el asesinato a ciencia y conciencia, con propósito y conocimiento del hecho. No es sensato que iguale el estatus de un grupo terrorista cuyo objetivo es destruir el estado de Israel y que no representa al pueblo palestino con un estado que desde su fundación ha enfrentado varias guerras de agresión por países que querían y aún desean, como la dictadura iraní, borrarlo del mapa, un estado que, pese a todo, ha intentado negociar con ellos y firmados acuerdos con distintas facciones y sectores palestinos, siempre saboteados por extremistas y fanáticos.

El terror no es lo mismo que la guerra, es muy grave que eso se confunda. Pues simple y llanamente ser arrasa con años de trabajo de estados que dedicaron recursos y energías a establecer el significado de cada uno de tales eventos.

Estamos ante la más vulgar destrucción de sentido que permite a los humanos entendernos. ¿Acaso no fue él y sus conmilitones los que, a punta de propaganda, convirtieron el estado y los militares en los victimarios y en héroes a los autores de la atrocidad?

Coda: La dictadura castrista de Cuba, país sin libertades y sin democracia, que tiene encarcelados a miles de opositores, fue reelecta con apoyo de 146 países, miembro de la Comisión de Derechos de la ONU. ¡Como para re-pensar… ¡

Darío Acevedo Carmona, 15 de octubre de 2023.

Darío Acevedo Carmona, 15 de octubre de 2023.

Eliminar a Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez es, para sectores radicales de la izquierda, movimientos y personalidades progre, la encarnación del enemigo total. Por eso, no es de extrañar lo que viene sucediendo con él. Desde semanas atrás se observan claros signos conducentes a involucrarlo, de nuevo, en delitos de diverso rango.

El presidente Petro, envuelto en graves acusaciones por el escándalo de las maletas con dinero en que se vieron envueltos dos de sus principales alfiles, Laura Sarabia y Armando Benedetti, y en el que se produjo, presuntamente, el suicidio del coronel Dávila, a falta de un contrincante al que pudiera inculpar de estar detrás de todo lo malo que le estaban descubriendo, no encontró a alguien más apropiado para reverdecer sus iras que el expresidente Uribe. Recurso ideal para desviar la atención, en lo que es muy hábil Petro.

Previo concurso de la JEP, fue interrogado con toda la parafernalia del caso, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso que, como de la nada y sin pruebas distintas a su palabra, acusó al expresidente Uribe de ser copartícipe en la creación del paramilitarismo y corresponsable de horribles crímenes. Después, el convocado fue el otrora jefe del Bloque Bolívar, alias “Macaco” quien habló en la misma línea. Como quiera que el efecto buscado no se dio en la medida pretendida, Petro, presuntamente, sacó un as de su manga, nombrarlos asesores de paz invocando su falsa “paz total” y con el compromiso, presunto, de enlodar al expresidente Uribe.

En la medida en que los escándalos del presidente Petro se incrementan y adquieren tanta gravedad como que podría iniciarse un juicio político en el Congreso, creció la necesidad de hallar un personaje en quien descargar el peso de las tragedias del país, y como en sus viejos tiempos, su brújula le señaló que había que retrotraer a Uribe como sparring.

Recordemos que Uribe visitó a Petro una vez electo, para manifestarle que él haría con su partido, el Centro Democrático, una oposición basada en argumentos y que no apelaría a la confrontación personal. Uribe ha sido fiel a ese compromiso, hasta el punto de sufrir, en principio, el beneficio de la duda y hasta críticas fuertes de personas que lo han apoyado.

Pero Uribe no es un líder que se quede quieto y sea ajeno al acontecer político. Con motivo de las elecciones regionales y locales en octubre, se echó sobre sus hombros la campaña de su partido y sus candidatos a alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y hasta ediles. Ha recorrido el país por todos sus costados, incansable, con discursos ajenos al odio sin apelar a la demagogia, proponiendo, incluso, llegar a acuerdos en algunos temas con el gobierno Petro. El resultado de esta gran faena democrática ha sido tal, que Uribe ha resurgido del ostracismo, ha recuperado su antiguo lugar como gran referente de la política nacional.

De modo que estamos en presencia de un fenómeno en el que la imagen de un Uribe recargado crece en la misma proporción en que decae la del presidente Petro por motivos de amplio dominio.

Y es en este punto, precisamente, en el que, contra toda lógica jurídica y a contrapelo de la no comprobación de las pruebas en su contra y del reconocimiento del Tribunal Superior de Bogotá de tal insuficiencia, que el expresidente Uribe es llamado a juicio en el caso que lo enfrenta a uno de sus más enconados enemigos y verdugos, el reconocido vengador de la izquierda, senador Iván Cepeda.

Detener el avance de la campaña que con gran éxito adelanta el expresidente y distraer a la opinión pública de los escándalos que comprometen al presidente es lo que se puede deducir del conjunto de maniobras y decisiones que coinciden en la misma meta. Provocaciones, como las del intelectual progre Uprinmy quien cree tener el derecho de insinuar responsabilidades criminales al expresidente y estar a salvo de que le respondan.

Y  mirando en una amplia perspectiva temporal, no podemos dejar de constatar que la extrema izquierda, las Farc-ep, el exM-19, los elenos y hasta líderes progre y ONGs de izquierda, desde décadas atrás, se han coligado con el objetivo de eliminar de una forma u otra a Álvaro Uribe Vélez, y que la inclemente persecución se remonta a su mandato como gobernador de Antioquia.

Tal parece que en nuestra Colombia no existiera la presunción de inocencia para Uribe, y si en cambio la presunción de culpa. Se nota en las consideraciones de magistrados que han invertido el principio de que quien debe demostrar la culpabilidad, en primer lugar, es el acusador-demandante y no su inocencia, el acusado. No es casual que en días recientes el gobierno y otros de sus detractores hayan aprovechado el tema de los falsos positivos para cerrar el cerco contra el expresidente y eliminarlo políticamente por vía de montaje judicial.

A Uribe lo trataron de asesinar varias veces, y no pudieron. Lo quisieron sacar del juego político a punta de groseros debates en su contra propiciados entre otros por Petro y Cepeda, le organizaban mítines insultantes en todas las ciudades de países que visitaba como presidente, pero, no lo doblegaron. Un magistrado lo hizo encarcelar como si Uribe no hubiera atendido todos los llamados de los jueces. Ha sido y es objeto del odio más enardecido en las redes mamerto-comunistas, petristes y progre, en ambientes intelectuales de marxistas de todos los colores. Sus enemigos predican el amor al prójimo, a la vez que desencadenan furiosos ataques y amenazas de guerra contra él y sus seguidores.

A Uribe lo quieren eliminar enviándolo a la cárcel ya que no pudieron asesinarlo ni fulminarlo políticamente. Lo necesitan como la encarnación del enemigo absoluto, porque el odio contra él es lo que une a las siempre divididas izquierdas y por haber liderado la desmovilización de los grupos paramilitares y la derrota estratégica de las guerrillas.

Darío Acevedo Carmona, 8 de octubre de 2023

Petro debe ser enjuiciado y destituido por el Congreso

El presidente Petro y su equipo de colaboradores más cercanos han tomado una decisión radical, pasar, como lo dijo él en intervención agitacional previa a su viaje a la Asamblea General de la ONU, como cualquier agitador de cafetín: “Hoy las armas están al servicio del pueblo …Este apenas es el preludio …La fase que sigue es el gobierno popular…que no se atrevan …nos vamos a movilizar millones en Colombia”.

No se debe olvidar que días o semanas atrás arremetió contra el Congreso porque no le aprobaban sus reformas y citó una marcha en su favor que resultó fallida. Petro quiere anular el órgano legislativo lo que significa un golpe de estado, si como amenaza, llegare a cristalizar su cometido dictatorial. Llamó a organizar y movilizar en su apoyo a millones de campesinos, etnias, jóvenes y trabajadores en defensa de su “cambio”, amedrentando a sus opositores para que no obstaculicen sus iniciativas: “que no se atreven” pues según él, “se encontrarán con un gigante”.

La excongresista y exministra Nancy Patricia Gutiérrez en reciente video denuncia con toda lógica que Petro conduce el país a la “Polarización, la guerra civil y la dictadura”.

El comportamiento de Gustavo Petro incitando y amenazando de la manera citada y de forma tan reiterada constituye un peligro extremo para la democracia colombiana.

Su retórica estertórea con la que busca despertar el entusiasmo del “pueblo” no requiere de un análisis profundo para desnudar que tras ella se esconde su viejo espíritu guerrillero, solapado con habilidad hasta el presente.

Desde el punto de vista de su esfuerzo emocional por convertirse en un caudillo internacional por la salvación del planeta, Petro está dispuesto a saltarse todas las barreras institucionales que para él representen un obstáculo a su proyecto estatizante. Su ego desmesurado lo lleva a perder los estribos a hacer malos cálculos y a sobredimensionar sus capacidades de convocatoria.

En otra perspectiva, Petro puede estar siendo afectado por el miedo a ser destituido bien sea por las denuncias por exceder los gastos de campaña y el ingreso de dineros turbios a su campaña. Varias investigaciones cursan trámite en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y nada seguro es que sus alianzas sean suficientes para disipar el peligro de llevarlo a  juicio al Senado.

Petro sabe que la oposición es aún muy débil, que su imagen negativa en las encuestas es manejable, que los escándalos por corrupción, violación de topes de campaña e ingreso de dineros narcos a su campaña pueden tener consecuencias en el muy largo tiempo a sabiendas de la lentitud de nuestra justicia y en particular de la inoperancia de su juez natural, la Comisión de Acusaciones del Congreso. A lo mejor cree que puede meterle miedo a la sociedad con sus amenazas.

La movilización del próximo 27 de septiembre en Bogotá hay que tomarla en serio. Petro con su habitual verborragia revolucionaria mancilla la investidura presidencia. No está dentro de sus funciones presidenciales acudir a ese tipo de llamados. Es ilegal, además, porque se traduce en el desconocimiento de una de las funciones esenciales del Congreso de la República. El presidente no se puede inventar caminos no contemplados en la constitución y de hacerlo, asumiría un rol dictatorial pues de facto anula o decapita el poder legislativo y lo reemplaza por la muchedumbre, la multitud, reunida sin ser un mecanismo reglado en el marco de la institucionalidad, lo cual significa que Petro incurre en un golpe de estado duro.

Colombia no se había visto en una situación tan dramática y azarosa pues las marchas promovidas tendrán lugar en época electoral, y, por tanto, estaríamos ante una abierta participación del presidente en política, en indebida presión contra los otros poderes del estado, en desconocimiento de su autonomía, en una provocación y amenaza a la Oposición. Y de contera en clara incitación a la violencia.

Con todos los escándalos protagonizados en Colombia y en el exterior, con las evidencias de corrupción, con los incumplimientos que deshonran la figura presidencial con diversos sectores, con su indecorosa e insultante palabrería que desdice de la altura y la donosura propia de un primer mandatario, por sus amenazas y desafíos, por sus llamados al caos y al desorden y su desconocimiento de los canales regulares, Petro debe ser enjuiciado con prontitud y antes de que produzca más daños a las instituciones y a nuestra democracia, llevado a juicio y ser destituido.

Darío Acevedo Carmona, 24 de septiembre de 2023

A los colombianos demócratas no nos debe caber la menor duda sobre la lealtad del presidente Gustavo Petro con su forma de pensar de siempre y con el libreto revolucionario del Foro de Sao Paulo que, aunque no define con rigidez cada paso o etapa del proceso, si establece pautas o lineamientos para los partidos y movimientos según las circunstancias de cada país

Ello no quiere decir que los objetivos de fondo sean maleables. El objetivo central es tomar el poder, punto incuestionable. Las maneras o los métodos están abiertos, y, aunque el Foro creado por Fidel Castro y Lula da Silva, criticó el uso de las armas, no exigió su exclusión del programa de acción. Así se puede constatar con las alusiones a la situación en Colombia claramente incluyentes y favorables a las guerrillas del Eln y las Farc.

Quiero destacar varios de los puntos en los que el Foro establece una especie de libreto o sine qua non, guía o derrotero para los impulsores del socialismo latinoamericano en su versión creada para encarar el hundimiento estruendoso de la URSS y del socialismo soviético, para sobrevivir a costa de sacrificar temporalmente o enmascarar la adhesión a la doctrina marxista leninista.

Muy importante el ya reconocido recurso para cambiar o revisar la historia en cada país apoderándose de las instituciones educativas, de los planes y programas académicos que reducen el pasado a la lucha de clases y simplifican los conflictos y las complejidades a fórmulas impactantes como que en el antes reinó la injusticia social, gobernó una oligarquía infame, estuvo vigente la esclavitud, en suma, una leyenda negra que justifica el cambio. Es lo que ocurrió en la Cuba de los Castro y con la manipulación con Bolívar por la dictadura Chávez-Maduro en Venezuela. Es lo que pregona en Colombia Petro y su equipo de gobierno al referirse a un pasado esclavista que, según él, sigue vigente, y su desprecio y negacionismo de la democracia que tilda de “oligárquica”, y a las instituciones que sostienen el edificio estatal.

Por otro lado, es latente su hostilidad con las fuerzas militares y de policía. No tenemos idea del impacto negativo causado por la cascada de golpes propinados por el ministro de Defensa, quien detrás de su ropaje, en apariencia y solo en apariencia, de ignorante e incompetente, esconde su tenebrosa misión de reducir a la inacción a quienes tienen la misión de defender el país y la institucionalidad.

Otra de las peripecias es la inversión semántica que trastoca el sentido usual de nociones claves en el ordenamiento social. Por ejemplo, cuando al secuestro se le llama retención, y si es contra miembros de la fuerza pública por parte de grupos de campesinos controlados por guerrillas, se les hace el favor, desde el ministerio del Interior de llamarlos corredores humanitarios. Se le llama sociedad civil a la reunión de activistas, se traslada a la noción de democracia contenidos ajenos. Se les otorga beneficios y premios a criminales de guerra, nombrándolos voceros de paz, no se le exige a las guerrillas que dejen de atentar contra los agentes de la FP ni la dejación de las armas y su desmovilización al cabo de la firma de acuerdos Convocar desde el gobierno a marchas y movilizaciones de campesinos, estudiantes y trabajadores para que apoyen la expropiación de tierras que llaman redistribución. Prohibir bombardeos para supuestamente proteger a niños cuando lo real es que se les regala a las guerrillas un escudo defensivo.

Otra de las maniobras es la realizar alianzas con sectores del establecimiento combatido, a los que poco a poco, después de haberlos utilizado y permitido amasar fortunas vía corrupción, van haciendo a un lado. Una copia de los antiguos frentes populares de Stalin y Mao.

Capítulo aparte es el cuestionamiento del modelo económico que consideran a secas como “neoliberal”, para reemplazarlo con medidas de corte estatizante, con expropiaciones, que deriva al estado todopoderoso y totalitario, bajo la enseña de la “justicia social”, la “redistribución de la riqueza”, “la igualdad social”, la imposición de altos impuestos.

Por último, en esta columna, más no en el arsenal de sus conductas, tenemos la generación de un ambiente caótico del que siempre culparán a sus enemigos, a los empresarios y al imperialismo yanqui. Se crea con medidas y declaraciones abundantes, mentiras, anuncios, proyectos, todo en cascada, atropelladamente, todos los días, con declaraciones escandalosas que impiden centrar el debate y el trámite de los problemas.

El caos, el empobrecimiento, la división, la manipulación del lenguaje, el trabajo de zapa, la destrucción de las instituciones, la siembra de la desesperanza, la desconfianza y la impotencia entre sus enemigos y la población configura la atmósfera ideal para la consolidación de las dictaduras que se inician en y desde la democracia.

Darío Acevedo Carmona, 17 de septiembre de 2023   

El presidente Petro no solo se defiende, sino que contraataca sin escrúpulos y con mucha fuerza a las denuncias que se le están formulando desde diversos flancos y medios por hechos de corrupción y las críticas al carácter destructivo de sus proyectos de “cambio”.

Petro reafirma su compromiso con grupos criminales ofreciendo a sus jefes medidas como la excarcelación, el “perdón social”, la liberación de miles de mujeres cabeza de familia, la invasión de tierras, el nombramiento de gestores de paz y el pago de un millón de pesos a jóvenes que hayan asesinado para que no lo vuelvan a hacer.

Sin duda, se trata de cumplirles las promesas a los capos que, según su hermano, movieron el electorado a votar masivamente por Petro en regiones en las que la presencia o influencia de él y su Pacto Histórico era nula o insignificante.

No me referiré a la violación de los principios éticos y morales que deben legitimar los actos de un primer mandatario. Tampoco me ocuparé de criticar el desgastado y oportunista recurso que encubre irresponsabilidad e incoherencia al justificar estas alianzas porque en el pasado otros las hicieron, aunque es fácil decir que entonces los parapolíticos fueron privados de su investidura de congresistas y penalizados con años de cárcel, mientras que Petro, los ensalza, los renombra, los envía a embajadas, los perdona.

Expondré cómo, a la luz de las ideologías revolucionarias de las izquierdas marxistas y neocomunistas, el compromiso con la revolución es total, sin esguinces, por ella, el militante se debe sacrificar en lo personal y en lo familiar. Nada puede estar más allá o por encima de la lealtad con la revolución, ni siquiera la propia vida ni el círculo familiar.

De tales actitudes encontramos abundante y detallada información en textos literarios e históricos que revelan las maneras del individuo común absorbido por la masa o multitud que pierde su sentido crítico. Como también la manipulación promovida desde las altas esfera del poder que, en nombre de ella, venden hasta humo y caspa. Un Stalin, un Mao, un Hitler, un Mussolinni, un Fidel un Ché, etc., fueron maestros en este tipo de experticias idiotizantes.

En China durante la Revolución Cultural de Mao en los años 60 del siglo pasado, jóvenes aculturados en la religión maoísta realizaban jornadas de masas de linchamiento mediático contra descendientes de los shenshi malvados (terratenientes). En la URSS de Stalin los comunistas primero repartieron tierra y una vez consolidado su poder la colectivizaron. En Cuba crearon una guardia revolucionaria que vigilaba lo que sucedía en cada cuadra y barrio. En Alemania del Este (comunista) la vigilancia oficial afectaba hasta las familias cuyos miembros se delataban entre sí para obtener favores. Pol Pot en Cambodia desocupó las ciudades y envió a sus habitantes al campo para que aprendieran lo duro que era trabajar la tierra. Se dice que Fidel ordenó, en medio de la pobreza de su pueblo por el derrumbe de la URSS, a un general y varios oficiales traficar cocaína con la condición de que, en caso de ser pillados, ellos se tenían que inmolar asumiendo toda la culpa.

Esto para no hablar de otras actividades lumpen, robos, corrupción, abuso de poder, favoritismo, paralización de la Fuerza Pública, alianzas con mafias y bandas criminales, perdón de delitos comunes y crímenes de guerra, etc., que se justifican porque se cometen para hacer avanzar la revolución, y, si a la vez, como está ocurriendo en nuestra Colombia en manos  de la pandilla revolucionaria, se aprueban medidas como las que impulsan Petro y sus ministros para destruir la democracia, las libertades, el estado, la propiedad privada y las Fuerzas Militares y de Policía, la conclusión, para caer en cuenta del abismo al que caímos, es que este estado de cosas no tiene mejor nombre que el de ser una revolución.

No hay constitución que marque el límite de su accionar, no hay instancias judiciales y de control que se sientan capaces de intervenir, mostrar y parar el desastre y la humillación de las reglas del juego político, económico y cultural. No contamos con una oposición organizada y unida en torno a la defensa de la nación.

Los integrantes de este gobierno, todos a una como en Fuenteovejuna, o como como Rolando y su cueva de ladrones, se juntan para hacer fiesta con los recursos públicos, como cuando los neo ricos coronan un envío de drogas tirando la casa por la ventana.

Entender la gravedad del momento y saber que vendrán cosas peores, nos debe servir para reaccionar y actuar en defensa de nuestros más preciados valores, de nuestro tejido social, de la libertad y de la democracia, de nuestra Fuerza Pública con la mayor contundencia posible.

Darío Acevedo Carmona, 10 de septiembre de 2023

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en entrevista de una de sus magistradas con la emisora colombiana La DobleW anunció el pasado 30 de agosto que el general Mario Montoya, excomandante del Ejército de Colombia y líder de la exitosa Operación Jaque, será llamado a juicio si en el término de 30 días no aclara si se decide a colaborar o no en el esclarecimiento de los falsos positivos y sobre su responsabilidad en los mismos y la de otras personas a las que debía obediencia.

Quiero expresar, antes de entrar en materia, que el delito en cuestión es condenable y es horroroso, causante además de profundos dolores, que agentes oficiales y funcionarios del estado colombiano están involucrados en varios de esos casos, que es necesario adelantar investigaciones judiciales para enjuiciar y castigar a sus responsables directos e indirectos como quiera que a la luz del derecho internacional humanitario y del estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, de la cual hace parte nuestro país, se trata de un crimen de guerra, imprescriptible, inindultable e inamnistiable.

La JEP por obra y gracia de un acuerdo de paz entre las antiguas Farc-Ep y el Gobierno de Juan Manuel Santos, se ha ocupado del problema llamando a cuentas a decenas de soldados y policías de distintos grados para escuchar sus aportes a la verdad judicial, y es en este proceso que tiene lugar el anuncio de la magistrada.

Como ha ocurrido con otros crímenes de guerra y de lesa humanidad, v. gr. el asesinato de sindicalistas, maestros y otros dirigentes políticos y sociales, organizaciones no gubernamentales (ONG), partidos y movimientos de clara orientación de izquierda han convertido el tema en asunto de agitación y propaganda culpando a expresidentes, ministros de defensa, instituciones oficiales, ejército y policía nacionales, etc.

La JEP abrió un macrocaso sobre falsos positivos en el marco del cual ha convocado el testimonio de agentes de la Fuerza Pública, después de haberles abierto la puerta a muchos de ellos que purgan extensas penas, para que cooperen y delaten a otros a cambio de recibir la misma pena que recibirán, supuestamente, los comandantes de las Farc. Ahí ya se detecta una muy posible acción interesada, la de gozar de una reducción considerable de sus penas.

En torno de este execrable delito ha girado una propaganda sistemática de grupos de izquierda y colectivos como el José Alvear Restrepo, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) dirigido por el senador Iván Cepeda,, entre otros, que se caracterizan por señalar al estado y al Ejército  como responsables, por apersonarse del dolor de las familias como sus defensores, asesorándolas en su proceso organizativo y utilizándolas en sus actividades propagandísticas, en culpar al expresidente Uribe y a altos mandos del Ejército, hacer énfasis en redondear el número de  víctimas (6402) con el claro fin de causar un impacto mediático.

La JEP “explicó que su conteo lo obtuvo al combinar cuatro bases de datos diferentes: dos de la Fiscalía, una del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de  Memoria Histórica -entidad oficial- y otra de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos”, declaró que “las cifras pueden ser mucho más altas“ y agregó “…solo entre 2002 y 2008 hubo 6.402 personas a las que mataron y las hicieron pasar ilegítimamente como guerrilleros”. (https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210218-colombia-jep-cifra-falsos-positivos-ejecuciones-extrajudiciales).

Según la fuente periodística antecitada “Ese número triplica el que estimaba la Fiscalía. El ente de investigación criminal reportó a la JEP que había 2.248 víctimas de 'falsos positivos', incluso en un periodo más largo que iba desde 1988 a 2014”.

De otro lado, según la crónica del portal France 24 “la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que reúne a varias organizaciones de derechos humanos, calcula que entre 2002 y 2010 hubo 3.512 civiles presentados falsamente como muertos en combate. Pero por más que este número supere el de la Fiscalía, sigue quedándose corto frente al que presentó la JEP este 18 de febrero de 2021”.

En cuanto a la fuente del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y su Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC), quiero aclarar que esta dependencia cuantifica 11 modalidades delictivas, ninguna de los cuales se refiere a “falsos positivos”. El OMC presenta informes sobre hechos de violencia: “A partir de la integración de 719 fuentes y 33.814 bases de datos y documentos. Entre las publicaciones que se hicieron bajo mi dirección, figura una importante serie llamada “Infografías” con cifras de hechos de violencia en distintas regiones y diversos responsables.

No sé cómo pudo la JEP usar estadísticas del OMC del CNMH si en la página web de esta entidad  no se encuentra nada al respecto. https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/estudios-e-investigaciones/infografias/

Acerca del origen oficial de este delito, la crónica de France 24 nos remite al año 2005, cuando “…el ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, firmó la Directiva Ministerial 029, donde se oficializaron los lineamientos para pagos de recompensas por cada homicidio presentado como baja en combate por miembros de la fuerza pública. Es decir: se exigían muertes de guerrilleros como prueba de efectividad al Ejército colombiano y, además, se les incentivaba con recompensas monetarias.” https://www.opendemocracy.net/es/6402-falsos-positivos-colombia-quien-dio-orden/.

Pienso que la sociedad colombiana y su sistema judicial aceptan de entrada que se investigue y se sancione a todos aquellos que usaron su posición de agentes de estado para cometer estas barbaries. Pero, que no hay claridad en cuanto al número de personas eliminadas, aunque el estupor es igual si fueron muchos menos o se descubrirá que fueron más.  Considero que el delito es más grave de lo que es si fue cometido por agentes del estado y más si se trató de distorsionar una directriz de guerra, que es de lógica en todas las guerras.

Opino que es muy floja la conclusión de la JEP en el sentido de que  hay un patrón común que conduce a responsabilizar al estado y a su ejército a que se califiquen esos hechos como crímenes de estado, rechazando que se pudo haber tratado de una distorsión de una directriz del alto gobierno orientada a exigir mayor eficacia en la confrontación con las guerrillas, en cuanto la situación era caracterizada como un conflicto armado interno.

La directriz del ministro Ospina no autoriza ni orienta matar a civiles o a gente inocente, para presentarlos como bajas en combate. El hecho de que exista patrón de conducta no deriva, necesariamente, en la culpa del estado. Equivaldría a asimilar una orden de guerra con una orden claramente violatoria de los Derechos Humanos como la aplicación de la ley segunda de las Farc que  ordenaba secuestrar a empresarios, políticos y personas pudientes para que, supuestamente, contribuyeran al triunfo de la revolución.

Insisto en que la manipulación ideologizada por parte de sectores de izquierda al señalar al estado  y al Ejército, tal como se lee en las crónicas citadas y en muchas otras, culpando a todos los comandantes de esta fuerza, es un acto de falsa justicia, de incitación a la condena de personas inocentes o no vencidas en juicio, de linchamiento mediático cuando se divulga en afiches masivos la pregunta tendenciosa “¿Quién dio la orden”? que termina por enlodar, sin demostración, a altos dignatarios del estado.

Concluyo, a título de hipótesis, preguntándome si no estamos en presencia de una jugada política de las izquierdas colombianas que, de insistir hasta el cansancio en calificar la situación que vive Colombia como un conflicto armado interno, quieren hacer ver hoy, a propios y extraños que lo vivido acá es igual a lo vivido en los países del cono sur y de Centroamérica, a saber, la represión, la arbitrariedad, la exclusión y la persecución de una dictadura contra el pueblo, contexto en el cual, las guerrillas serían expresión de lucha por la democracia, la libertad y la justicia. Absurdo indigerible e inaceptable.

Comparto link con la respuesta del expresidente Uribe, la principal víctima del matoneo sobre este tema, a la comunicación de la JEP. https://t.co/ZGX5CjM5oO

Darío Acevedo Carmona, 3 de septiembre de 2023

Por la revolución hasta la dictadura y corrupción

No debe caber duda sobre la tendencia, ya inexorable, hacia la dictadura que pretende imponer en Colombia el presidente Petro. Las señales son contundentes, que vea el que quiera ver. En esta columna me detendré en dos o tres temas que así nos lo revelan: la evidente alianza con el mundo delincuencial, la corrupción y la reforma a la salud.

Desde su campaña por la presidencia, Petro empezó a tejer una estrategia para asegurar el triunfo. Esta era la tercera y definitiva aspiración por la presidencia. Poco importaba si el plan conducía hacia una declinación de objetivos y principios o al menos pasar por encima de ellos.

En reuniones con sus asesores, su hermano y personas de confianza, se llegó a la conclusión de que no se podía perder esta oportunidad y que, si era necesario, habría que sacrificar coherencia y lealtad a sus viejas banderas ideológicas. Más importante que los dogmas es la victoria costare lo que costare.

Tal diseño se concretó en campaña y luego desde presidencia. Petro le reduce intensidad a su brutal tradición retórica sobre el modelo, la oligarquía, la vieja política, el paramilitarismo y las mafias y los disolventes discursos apocalípticos, con el fin de ganar votos en sectores de indecisos.

En el tema de corrupción, por ejemplo, los colombianos supimos del “pacto de La Picota” gestionado por su hermano Juan Fernando y por su amigo, hoy Alto Consejero para la Paz, Danilo Rueda, del que surge en forma de consigna la idea del “perdón social” y la “reconciliación nacional” en el marco de su política “paz total”.

En apariencia, Petro transmitía a la ciudadanía uno de los ejes de su propuesta de “Paz total” con el que, en aras de ese gran anhelo nacional, es necesario tomar decisiones dolorosas y hasta contrarias a la justicia. Ese burladero quedó instalado desde las negociaciones de Santos con las Farc. Pero, y eso no fue lo que se descubrió de inmediato, dicho “pacto” supuso un acuerdo con el bajo mundo, con el lumpen, con los jefes de bandas, clanes y grupos ilegales, para que le hicieran campaña en sus zonas de influencia y a cambio, él, ya presidente, impulsaría su proyecto de perdón que los pondría en libertad.

Esto significaba, ni más ni menos, hacer lo mismo que tanto les criticó a los políticos tradicionales que se aliaron con frentes  paramilitares para obtener votos, la “parapolítica”, y por el cual decenas de dirigentes que sucumbieron a ese apoyo, terminaron enjuiciados por la justicia condenados a cárcel y a pagar multas, a pedir perdón y a resarcir a las víctimas.

Estamos ante una reedición de aquello que condenaba con toda su energía el entonces congresista Gustavo Petro, con el agravante de que hoy, ya como presidente, lo hace con ropaje de paz, de legalidad, de reconciliación. Las negociaciones de paz con los paramilitares en Santafé de Ralito decía, era una negociación de “yo con yo”. Petro va más lejos pagándoles su apoyo electoral al atraerlos hacia su “paz total” que quiere decir: no más cárcel, designación como gestores de paz, pago a asesinos para que dejen de matar, no persecución al narcotráfico, estatus político, protección oficial, silencio sobre ingreso de dineros ilegales a su campaña entre otros beneficios. Todo porque lo importante por encima de la ley, la constitución, el honor, la ética, los principios, la coherencia, del pudor, del respeto a la democracia, era ganar la presidencia.

Se ha llegado tan lejos en esta política, (en cuyas sombras se distinguen tres personajes siniestros con “gestas” en pro de la impunidad, del debilitamiento de la Fuerza Pública y de la normalización del delito: los ministros de Defensa, de Justicia y de Relaciones Exteriores) que estamos ante la claudicación de nuestro estado, ese estado atacado con total fiereza por Petro y la extrema izquierda, que ahora en sus manos les brinda estatus político a grupos de connotados criminales comunes y mafiosos borrando de esa forma la diferencia insuperable entre el delito político y el delito común, bandera muy apreciada por las guerrillas colombianas.

Avanza a pasos de gigante en la táctica leninista de destrucción del estado burgués, del Ejército que lo sostiene y de su falsa justicia

Otro asunto que descubre de un todo y por todo la calaña dictatorial e irrespetuosa de la separación de poderes por parte de Petro es la burla que trata de llevar a cabo con la reforma a la salud. El chantaje económico a las EPS para arruinarlas a punta de impagos para que ellas, como “en el juego de dominó” terminen de fracasar y entonces, el estado, su nuevo estado socialista, asuma esas funciones, burlándose de cualquier intento del Congreso si negara su ruinosa reforma.

Estamos ante un presidente camorrero, arbitrario, que no admite el equilibrio de poderes. Vendrá luego el chantaje contra la Justicia con amenazas de reducción de su presupuesto si no se hace lo que él propone.

Y para cerrar, por ahora, sus alianzas con sectores de “la vieja y tradicional política” para ganar la gobernabilidad que nuestra democracia en franca lid no le dio. Traiciona también su retórica demagógica, convierte el gobierno y la gobernabilidad en una piñata: reparte embajadas, ministerios, viceministerios, nombra personas de dudosa reputación moral o en líos con la justicia o carentes de mérito, sostiene tesis que causan desconcierto y pánico económico, lleva a Ecopetrol a la quiebra, ataca a los empresarios, a los medios y le escurre el bulto a la muy presumible recepción de dineros ilícitos en su campaña.

Con toda razón se puede decir que hoy Colombia enfrenta la más delicada crisis institucional desatada por un presidente que se comporta como le da la gana, irrespetuoso de la institucionalidad, del orden y la economía. Nos invita a lo imposible: reconciliarnos con el crimen como si todos fuéramos criminales.

Darío Acevedo Carmona, 27 de agosto de 2023   

¿Qué tipo de verdad o verdades esperamos dilucidar sobre lo ocurrido durante el conflicto armado interno? ¿Es posible, como se ha dado en otros conflictos, explicarlo o reducirlo a una sola y definitiva versión?, ¿memoria y verdad son lo mismo?

Estas son unas cuantas preguntas de las muchas que podríamos formular en los debates sobre la verdad buscada y no hallada, relativas a la violencia política que hemos sufrido en las últimas seis décadas en Colombia.

Sugiero reconocer de entrada que, a pesar de los numerosísimos estudios e investigaciones publicadas, no ha sido posible arribar a una única verdad, a una gran verdad o versión, que dé cuenta de todo lo sucedido. Habría que aceptar, también, que el profundo desgaste de los paradigmas que desde las ciencias sociales se usaban para el análisis de conflictos y fenómenos sociales influye en dicha incapacidad.

Pero, no es solo la herramienta teórico-metodológica la que es insuficiente para generar un consenso interpretativo sobre la violencia política. La nueva historia francesa desde los trabajos de Marc Bloch y Lucien Febvre, fundadores de la Escuela de los Annales, condujo la disciplina a nuevos umbrales, por ejemplo, al reconocimiento del carácter profundo de los fenómenos sociales anclados en la economía, la cultura y la vida material, y, más allá, a nuevos horizontes como el estudio de las mentalidades (formas de comportamiento, usos y rituales religiosos y cívicos) y a una historia compleja que rebasa, sin anularlos, el estudio sobre el acontecimiento o los hechos.

Desde entonces, la verdad en sentido histórico, alude tanto al hecho o acontecimiento, a lo sucedido en un lugar, en un tiempo específico, de unas maneras y con intervención de personas o entidades, como al más difícil, consistente en interpretar un conjunto de hechos que pueden dar lugar a identificar tendencias, relaciones, orígenes, consecuencias y, en suma,  a su caracterización, soportadas en documentos y fuentes confiables. Esa es la forma de abordar la verdad histórica, más como explicación loable, demostrable, que se puede mirar como una constatación o una certidumbre que, no obstante ser compartida por una comunidad académica, está abierta al debate y a la controversia.

Por otra parte, el tema de la verdad del acontecimiento no requiere tanto e incluso puede no requerir, de un arsenal teórico, porque lo que se busca es aclarar o responder a preguntas del tenor: qué, quién, cuándo, cómo, dónde, las que aplicadas al conflicto armado colombiano, conduce a la precisión de lo sucedido, de los actores responsables, de las víctimas, de la tipología de delitos, de los daños materiales y espirituales, de la pérdida de seres queridos, etc.

Esto lo podríamos llamar, para efectos de mejor comprensión, la verdad jurídica, la que le sirve, en casos de violencia política o delincuencial, a un juez para fijar una sentencia. Alrededor de este tipo de verdades se ha desarrollado una intensa puja entre diversos sectores políticos, que ha terminado por dar a entender que esta es la verdad de verdades.

Se desconoce así, que, el hecho incontrastable de no estar ante una guerra civil sino de confrontaciones entre número plural de grupos armados irregulares: guerrillas de diversa inspiración, paramilitares sin unidad de mando y fuerza pública, que todos esas estructuras, legales e ilegales dejaron en el camino la muerte y el sufrimiento de millones de personas y miles de familias, a comunidades, a campesinos y hacendados a sindicalistas y empresarios, a religiosos, a maestros, a agentes del estado, etc., cada uno de los cuales tiene un relato de su experiencia, que es lo que conocemos como memoria.

Necesariamente, lo que narran esas personas o comunidades es lo que llamamos memoria, no es ni siquiera o siempre el relato jurídico del crimen sufrido, porque cada cual recordará lo que sintió, lo que aún recuerda, lo que perdió, sus vivencias, su drama, que, en todo caso, será muy diferente en cada víctima o grupo de víctimas, y por eso hablamos de memorias diversas y plurales según las circunstancias y actores que intervinieron.

Procede entonces, aunque es difícil que los agentes políticos lo admitan, aceptar la pluralidad de versiones, de memorias y en esencia de verdades sobre hechos sucedidos. Esa actividad hay que realizarla y se debe realizar con técnicas profesionales. Es posible conocer, desde esas memorias, los crímenes cometidos por las cerca de diez guerrillas, las 39 estructuras paramilitares, agentes del estado. Y en dicho ejercicio, el estado tiene la obligación de auscultar, investigar y escuchar a todas las víctimas, y a todos los victimarios llevarlos a declarar y reconocer sus culpas en el marco de las obligaciones de derecho internacional vigentes sobre graves y persistentes violaciones de los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Pero, cuestión diferente y delicada es aquella que enunciamos en un principio como la búsqueda de verdades de corte interpretativo cuando la anhelada verdad deja de girar en torno al hecho en sí mismo. Este tipo estudio se hace normalmente en el mundo académico, el de las ciencias sociales y humanas por parte de investigadores calificados. A veces se producen acuerdos sobre algunos puntos en otras no. En ningún caso la certidumbre o consenso debe depender del estado ni de los partidos ni de las iglesias, no puede derivarse de una comisión o de un argumento de autoridad ni de un dirigente, es algo siempre abierto, controversial.

Se me ocurren estos apuntes en vista de las especulaciones acerca de los aportes al esclarecimiento de la verdad por parte de altos jefes de guerrillas, paramilitares y agentes de la fuerza pública que crean la sensación de que de sus versiones se obtendrá tanto la verdad sobre algunos hechos, cosa que puede ser factible, y también sobre la complejidad del conflicto, que escapa a la formación académica de quienes están declarando.

Sin duda, habrá que mirar hasta qué punto lo que se denuncia tiene soporte, fundamento, y qué obedece a intereses personales o políticos para recibir reducción de penas aunque ello implique prenderle velas al diablo.

Darío Acevedo Carmona, 20 de agosto de 2023