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  • REVOCAR O RECOMPONER EL ACUERDO DE PAZ

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    Las elecciones para corporaciones públicas y presidente de la República el próximo año podrían ser un pulso definitivo sobre la paz impuesta. En principio, cada fuerza política habrá de definir sus objetivos en  concordancia con el diagnóstico de la situación.

    Me ocuparé en estas líneas del debate que va cobrando fuerza en las filas de la Oposición: uribistas, conservadores y liberales disidentes, militares en retiro, voceros del NO, entre otros. La cuestión está planteada en términos de hasta dónde se debe corregir, deshacer o revocar lo que se está imponiendo a través del llamado fast track. El debate se calentó a raíz de un trino del expresidente Uribe en el que manifestó que en caso de un triunfo del candidato del Centro Democrático en la elección presidencial no se revocaría todo el acuerdo de paz sino aquellos puntos que consagran impunidad total y que representen el peligro del modelo castro-chavista.

    Algunos intelectuales reviraron al planteamiento de Uribe calificándolo en los peores términos, casi como una traición o cuando menos un paso atrás y mostraban en cambio, la firme posición del precandidato conservador Alejandro Ordoñez. Estamos pues, ante un desacuerdo en el tema principal de la coyuntura que a no dudarlo es y seguirá siendo el de la paz.

    En mi parecer, pienso que los analistas no podemos esperar que nuestros puntos de vista sean plenamente adoptados por los dirigentes políticos. Son estos, en últimas, los que conocen sobre el terreno el estado de las fuerzas y las consecuencias positivas y negativas o el impacto de una propuesta en la población. La lucha política se parece en muchos aspectos a una guerra. Hay batallas de diverso calibre y aunque el objetivo final de cada bando es la victoria, los generales son los que conocen el método para librar cada batalla. Ellos saben, desde sus primeras lecciones, que no basta tener la razón o la justicia de su parte para ganar.

    Pienso que las batallas electorales en estos dos años cobrarán elevada importancia, pero, difícilmente serán definitivas, pueden venir otras de mayor calado después de la elección presidencial.

    El expresidente Uribe, en trinos siguientes al que provocó el alboroto, ha aclarado asuntos muy importantes que no siempre son tenidos en cuenta por los “teóricos” o “estrategas” de escritorio. Por ejemplo, que no se puede dar la impresión a la ciudadanía de que “somos enemigos de la paz”, que se debe insistir en la revocatoria de aquellos puntos que después del plebiscito se pusieron en la mesa de conversaciones con el Gobierno , y que no se debe confundir lo ideal con lo real. Esto último quisiera leerlo de la siguiente manera: la paz no será cien por cien acorde con los deseos de los del SÍ o los del NO.

    Si uno piensa en la envergadura del daño institucional que el gobierno Santos les está infligiendo a las instituciones, a la Constitución, a la Justicia y por ende a la sociedad, puede concluir, en teoría y con el deseo, que lo ideal es revocar todo e imponer nuestro punto de vista. Sin embargo, considero que ese pensamiento es exactamente igual a lo que piensan y hacen los impulsores del Acuerdo impuesto, es decir, que un sector importante de la sociedad pretenda imponerse sobre el otro sin escucharlo, pisoteando sus derechos. No se dan cuenta que es un error echar en un mismo saco al gobierno y a quienes han liderado la paz entreguista con los millones de personas que han creído, a pesar de sus imperfecciones, en el proceso Santos-Farc.

    Claro que los del NO ganamos el plebiscito, así hubiese sido por poca diferencia se ganó. Y cuando los voceros del NO aceptaron sentarse a discutir algunos puntos con De la Calle y compañía lo hicieron pensando en grande, pensando en la Nación, en la paz, en que había cosas rescatables aunque no fueran plenamente digeribles. Yo creo que esa actitud le ha ganado muchísimos nuevos adeptos al NO, que se podrían echar a perder si se adopta en esta coyuntura una posición radical de oposición en toda la línea a todo lo acordado.

    Es cierto que estamos ante un desastre, no dudo que el gobierno propició un golpe de estado al violar y sustituir la constitución. La cumbre de la ignominia es la aprobación de la peor monstruosidad de todo ese proceso de entrega, la Jurisdicción Especial de Paz, que será el órgano judicial supremo del país, que administrará justicia según la versión guerrillera. Militares, civiles, empresarios, políticos, intelectuales, serán  expuestos a acusaciones sobre la base de la teoría (Roxin) de “los responsables de atrás” y de que en ultimas la guerrilla fue la víctima de una ilegal política de estado.

    Para reversar en esos temas puntuales hay que obtener la presidencia y las mayorías en el Congreso. Eso está en el campo de lo posible, pero quizás no sea suficiente. El punto lo ha dado el analista Daniel Mera Villamizar planteando (elespectador.com 18/02/2017) que lo procedente en un nuevo gobierno es la convocatoria de un referendo derogatorio de todo aquello que ha sido impuesto de manera ilegal.

    Finalmente, lo mejor de todo es que sea el constituyente primario, como debió haber sido, el que decida con su voto qué asuntos (en 5 u 8 preguntas) acepta y cuáles rechaza. Y si esto no fuese posible por razones incontrolables, convocar una asamblea nacional constituyente para que redefina el rumbo de la Nación.

    Darío Acevedo Carmona, 27 de febrero de 2017

  • GOBIERNO Y FARC QUIEREN IMPONER NUEVA CONSTITUCIÓN

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    Al paso que va la demolición de la Constitución, la Corte Constitucional quedará sirviendo para fallar si las corridas de toros son o no legales, si el pico y placa es exequible o no, si las multas por violación al código de policía son las adecuadas.

    Porque lo que es su armazón ya está hecho trizas. El proyecto de reforma política que se discute en el Congreso contempla por ejemplo establecimiento del voto obligatorio, ampliación del periodo presidencial,  ciudadanía desde los 16 años, entre otras arbitrariedades que ni siquiera figuran en el Acuerdo Definitivo de Paz.

    Algunos analistas sostienen que este proyecto no es más que una cortina de humo para tapar el escándalo de los dineros de Odebrecht en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Tiene todo el perfil para ser eso, el neodictador de Colombia se ha revelado como un hábil cortinero y apostador que no bien pierde una mano apuesta la que sigue con más osadía.

    Sin embargo, no debemos descartar que aun siendo una cortina también puede llegar a convertirse en realidad y que en consecuencia en el 2018 no se realicen elecciones en aras de proteger la paz, implementar lo acordado y entrar en firme en el periodo de transición de 10 años del que habló el comisionado de paz Sergio Jaramillo que supone la realización de reformas extraordinarias y excepcionales (¿el golpe de estado o fast--track es la fórmula?) para aclimatar “la paz territorial”.

    Este Régimen y su líder, han dado ya categóricas e inequívocas señales de que no les tiembla el pulso, que no tienen pudor ni vergüenza para demoler la casa desde los cimientos y levantar una nueva con quienes intentaron, vanamente, destruirla con las armas del terror.

    Si alguien quiere saber hacia dónde está dirigiéndose nuestro país y apreciar cuánto sudor y lágrimas, destrucción y empobrecimiento y vidas y persecuciones nos tocará afrontar en los años venideros si no atajamos la trinca Santos-Timochenko, basta que miren la tragedia que vive Venezuela.

    Con ese oscuro panorama en el futuro inmediato, todas las fuerzas políticas están obligadas a sentar una posición sobre lo que está ocurriendo desde que en el pasado mes de noviembre el aún presidente Santos anunció al país y al mundo la mentira de que con el apoyo de la dirigencia del NO y luego de haber acogido sus recomendaciones, se había firmado un acuerdo definitivo de paz con las FARC.

    Al respecto, solo hay tres formas de actuar ante tan grave coyuntura. La primera consiste en continuar con la implementación de estos acuerdos, darles vigencia por 10 años más, seguir imponiendo vía fast track una nueva constitución acorde con el mandato y el interés de los constituyentes usurpadores: este Gobierno sin límites ni controles y las FARC.

    La segunda es que se abra camino la antipolítica impulsada por quienes han guardado cómodo silencio ante el desastre institucional como el fajardismo o los que con sus votos han apoyado en el Congreso todos los proyectos golpistas y la reforma tributaria de un gobierno a cuya sombra han medrado y comido, acaudillados por la senadora que piensa enseñarnos que todo se soluciona a punta de gritos e histeria. Para ellos, que se creen puros, impolutos e inmaculados y ajenos a la política, basta con predicar la anticorrupción para que todo marche bien, la suerte de la Constitución y la impunidad de la paz santista nada les importa.

    Y la tercera, y teniendo en cuenta que el Régimen en vez de parar la arbitrariedad, en vez de frenar el atropello a las instituciones, quiere ir más y más lejos, consiste en levantar de nuevo la bandera de la resistencia civil, de la movilización ciudadana pacífica y democrática, saliendo a las calles a las plazas públicas, a realizar marchas y plantones contra el golpe de estado, por el restablecimiento del orden constitucional, por reversar los acuerdos onerosos para la sociedad y para el país, para evitar que Colombia caiga en manos del experimento del socialismo bolivariano en alguna de sus variantes, para tumbar la reforma tributaria y en suma, recuperar la dignidad perdida.

    Esta última supondría de parte de las fuerzas del NO del plebiscito, un gran consenso que lleve a la constitución de un Frente Republicano para salvar las libertades y la democracia en el entendido de que fue el Gobierno quien llevó las cosas a un terreno confrontacional sin dejar opción distinta a que la Oposición acepte el desafío en los mismos términos.

    Darío Acevedo Carmona, 20 de febrero de 2017

  • EL BARCO HACE AGUA

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    Me refiero, por supuesto, al Gobierno de este bello y alegre país. Algún día tenía que llegar la hora en que el buque, con su casco agrietado, agujereado, carcomido por el óxido, la carroña y sobrecargado de ratas y pestilencias empezara a hundirse sin remedio.

    En una situación de profunda crisis moral de buena parte de la clase gobernante tiene precisa aplicación el principio de Murphy según el cual "todo lo que pueda salir mal, saldrá peor". Y en Colombia a ese punto hemos llegado aunque, sesudos sociólogos y virtuosos columnistas impolutos interpreten en hondas cavilaciones que la que anda mal es la sociedad, que lo que da vergüenza es este pueblo del cual abjuraron el 2 de octubre cuando la mayoría, “insignificante”, decían, rechazó la paz entreguista del Gobierno que han defendido a rabiar

    Hay que abrir bien los ojos para ver y entender que la inmundicia y el hedor tenían que aparecer después de tantas arbitrariedades, trampas, estafas, artimañas y mentiras dichas y cometidas que convirtieron el país y a su pueblo en rey de burlas.

    Y es que, como dicen los abuelos “lo que mal empieza mal termina”, con el agravante de que los perjudicados somos la inmensa mayoría que vivimos del trabajo honrado, que aún creemos en la ley como virtud máxima y elemental premisa de toda convivencia.

    Ayer el país avizoraba recuperación, confianza, seguridad, esperanza, y en cosa de pocos años tenemos la patria girando no alrededor de su Constitución sino del intragable Acuerdo de La Habana. ¿Puro pesimismo? Juzgue Usted amable lector:

    Todo empezó con la trampa que le tendió Juan Manuel Santos al uribismo y al expresidente Uribe con quienes se había comprometido a continuar sus exitosas políticas. En ninguna democracia seria es admisible que se gane el gobierno con un programa y se aplique el de los derrotados.

    El paso siguiente consistió en reversar el camino, declarar mejores amigos a los agresores, iniciar negociaciones de paz sin exigirles a guerrillas deshumanizadas el cese de sus acciones terroristas, prometer que no se discutiría la Agenda nacional, que habría cárcel para responsables de delitos atroces, que no se tocaría la Constitución, ni el estatus de las Fuerzas Armadas, etc. Todo ello fue tapado con tierra, cascajo y cemento.

    En nombre de la paz, el país fue dividido en dos mitades, sus instituciones deformadas y desnaturalizadas, su Constitución violada, eliminada la separación de poderes, anulados los órganos de control, apaleada la Justicia, pisoteada la voluntad popular.

    En nombre de la paz, convertida en principio supremo, este Gobierno concentró todos los poderes, se dotó, con la aquiescencia de las mayorías del Congreso y el visto bueno de la guardiana de la Constitución, de poderes absolutos para implementar los acuerdos con las FARC con los cuales podrá hacer y deshacer a su amaño porque el pacto con las FARC contempla todos los temas y asuntos de la sociedad.

    ¿Cómo es que hemos llegado a esta indeseable situación? ¿Será que nos gobierna un portento de líder, inmaculado, visionario, convincente y lleno de sabiduría? ¿Cómo, vale preguntar, si es todo lo contrario de lo dicho, ha deshecho un país promisorio hasta llevarlo a su perdición? haciendo honor a aquello de que “quien la hace a la entrada la hace a la salida”. Porque hay que reconocer, un desastre de esta magnitud no se logra en solitario y sin el apoyo de otros poderes.

    El líder del desastre es un virtuoso para engañar, hacer trampas, picardías, jugar a las cartas y es conocedor de las debilidades del bolsillo de quienes lo rodean. Sí, con eso que su exministro de Hacienda llamó la MERMELADA, que no es otra cosa que el erario público usado para asegurar la gobernabilidad, el habilísimo capitán del barco embadurnó a todos los poderes y a todos los poderosos. Alcanzó hasta para el nobel de paz. Esa mermelada tuvo ingredientes podridos, como el Odrebecht, según nos dijo en primera instancia el Fiscal antes de ser llamado al orden.

    Si el poder absoluto corrompe absolutamente todo, en nuestro caso ese principio fue ejercido hasta límites innombrables por quien se creyó invulnerable y pensó que podía, indefinidamente, “hacer lo que se le dé la gana”, por ejemplo, ganando la reelección con montajes hakerianos y gastando millonadas no declaradas en publicidad con dineros turbios de una multinacional corrompida hasta los tuétanos.

    Ese poder absoluto que no admite la intervención de la Procuraduría ni la del Fiscal ni la de ninguna otra instancia, está instalado y ha hecho, como cáncer terminal, metástasis, amenazando a toda la sociedad con sus desastres.

    Mientras el capitán, con desparpajo acusa del naufragio a quienes lo critican, pide a estribor una lancha salvavidas para él y su familia por si acaso, pues no sabe si podrá repetir la “gloriosa e inmarcesible” proclama del famoso elefante que gritó “¡aquí estoy y aquí me quedo, huepajé!”.

    Darío Acevedo Carmona, febrero 13 de 2017

  • COLOMBIA EN CAÍDA LIBRE

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    La historia de los hermanos Patrocinio y Odín Sánchez no puede ser más cruel. El primero de ellos fue secuestrado por la guerrilla ELN en condiciones infrahumanas por un largo periodo, su familia pagó una parte de la extorsión, enfermo, cadavérico y en vista de que no aceptaban liberarlo, su hermano Odín se canjeó por puro sentido de hermandad. Al cabo de 10 meses, este último, enfermo y agobiado, fue objeto de un canje de doble vía. El Estado liberó a dos guerrilleros a cambio de la liberación de Odín.

    El Estado fue incapaz de exigirle al ELN lo que a las FARC: abandonar la práctica del secuestro. De otra parte, la familia de Odín entregó una millonaria suma de dinero al ELN para que lo liberaran. El Gobierno Santos aceptó esa humillación para sentarse a negociar la paz con ese grupo.

    De encima, la comandancia elena en tono arrogante reconoció tener más secuestrados en su poder, entre ellos un soldado, y en el colmo de la sevicia, cara amenazante, dicen tener “derecho” a seguir secuestrando.

    En este estropicio contra la más elemental justicia y los derechos humanos, tan pregonados y defendidos por tantos falsos defensores, por hipócritas, por infiltrados de la extrema izquierda en organizaciones humanitarias y por despistados escribientes que guardan sus plumas frente al atropello, llegan al país, de cuenta del erario público, tres, cinco? premios nobel de paz a aplaudir a quien ha despojado nuestro Estado de toda dignidad y a avalar un proceso consagrado por un golpe de estado en la más impúdica impunidad posible en la historia reciente del mundo.

    No queda la menor duda, a Juan Manuel Santos le encantan los eventos de pompa y boato, es muy hábil para organizarlos y para hacerlos en el momento adecuado a sus intereses. No pierde detalle aunque le toque tirar la casa por la ventana, eso sí, quede claro, no es su casa, sus festines se pagan con los impuestos de los colombianos.

    Como quiera que la favorabilidad no le favorece y que no obstante sus esfuerzos por pasar a la Historia Grande de Colombia como artífice de la paz sigue de capa caída en las encuestas, busca ganar aplausos y apoyos con personalidades del exterior que poco conocen los dramas del país ni los costos políticos, constitucionales y morales de su política de capitulación ni sobre nuestras disputas y conflictos.

    Santos es luz de la calle y oscuridad de la casa, es un gran mago, todo un ilusionista, pues ha logrado atraer la mirada complaciente y el respaldo de instituciones, gobiernos y figuras extranjeras, vendiendo la idea de que Colombia sufría los estertores de una prolongada y cruel guerra de más de medio siglo, que las guerrillas colombianas no eran terroristas sino luchadoras por la justicia y habían tomado las armas inspiradas en ideales altruistas, que su poder era tan enorme que bien valía perdonarles todos sus abominables crímenes, en especial los de lesa humanidad, que no merecen la cárcel, que el secuestro es comprensible, etc.

    ¿Estarían al tanto de que la voluntad popular que rechazó el pacto con las FARC en el plebiscito del 2 de octubre, la Constitución, la separación de poderes y la institucionalidad, fueron lanzadas al abismo de la ignominia?

    El mal ejemplo del Acuerdo espúreo entre un Estado legítimo y un grupo terrorista, ha empezado a rendir sus frutos podridos. La negociación con el ELN se inicia a la sombra de un chantaje en que el Estado se humilla ante exigencias de una guerrilla que ni se sonroja justificando el secuestro y prometiendo que lo seguirá haciendo.

    ¿Se leerán los señores nobel de la paz esta dolorosa historia de la familia Sánchez, tan solo esta, aunque son miles las historias horrorosas que podríamos contarles? ¿Qué pensarán de la justificación del secuestro por parte de los jefes guerrilleros? ¿Seguirán pensando que la causa revolucionaria justifica todo tipo de crímenes? ¿Soportarían eso en sus países? ¿Estarían dispuestos a destruir la institucionalidad de sus países en aras de hacer la paz cerrando los ojos antes los crímenes atroces?

    Llegamos a pensar que en materia de ignominia este Gobierno había tocado fondo, pero, al observar el nuevo proceso de paz en Quito no podemos sino concluir que Colombia sigue en caída libre, lo que quiere decir que veremos hechos peores y más indignantes de los que hasta ahora hemos presenciado.

    Darío Acevedo Carmona, 6 de febrero de 2017

  • EL MATONEO DE LOS PAZÓLOGOS PACIFISTAS

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    El profesor Alejandro Reyes, columnista de El Espectador y asesor del gobierno Santos en las negociaciones de paz con las FARC en temas agrarios, publicó en dicho diario el pasado 14 de enero, una columna en la que señala al expresidente Alvaro Uribe como ordenador de violencias.

    Afirmó que Uribe Vélez aprovechando su don de mando “… ha dado órdenes directas a los ejecutores pasando por encima de las estructuras de mando establecidas y ha pedido cuentas de los resultados con la severidad de un censor que se hace temer por sus explosiones de furia. Desde el amanecer llamaba a coroneles y generales para exigir resultados en las veredas y muchos de ellos terminaron ofreciéndolos como sacrificios humanos…”, insinuando que en dicha función  habría algo ilegal en vez de acciones del jefe del Estado en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, para cumplir  con el deber constitucional de preservar el orden y combatir a los grupos armados ilegales. Es curioso que quienes hablan de una guerra civil en Colombia se asusten o descalifiquen la respuesta legítima del Estado.

    Refiriéndose a su gestión como gobernador de Antioquia, Reyes asegura que se excedió en sus funciones al promover: “las Convivir para asegurar la autodefensa de los hacendados acosados por las guerrillas, que luego pasaron a convertirse en grupos paramilitares” desconociendo que las Convivir fueron creadas bajo la presidencia de César Gaviria y las de Antioquia autorizadas por el ministro de Gobierno Horacio Serpa Uribe en la presidencia de Ernesto Samper. Comulga Reyes con el prejuicio extendido en las esferas de izquierdas y progres que ve a los hacendados como criminales y no empresarios con derecho a la protección del Estado.

    Rebasando los límites de todo respeto, Reyes sostiene sin empacho que “Las consignas de Uribe, simples y claras, reiteradas hasta el cansancio, son órdenes de batalla que tienen una probada eficacia en la trama de la violencia colombiana”, sumándose así a la denigrante campaña del mamertismo y la extrema izquierda para desprestigiar, acosar, acusar e intentar hacer condenar a quien, a través de una política de estado –la Seguridad Democrática- les propició los más duros golpes a las FARC.  

    Concluye en tono de advertencia y amenaza sobre la violencia que pueda llegar a desatarse con el pretexto de eliminar la amenaza castro-chavista: “Mucha gente armada se encuentra en espera de justificaciones, consignas y órdenes, y más le valdría a Uribe ser consciente de las consecuencias de las suyas para que las asuma cuando la historia se las demande.” Cuando lo que hemos visto de Uribe es llamados a la resistencia civil y argumental a la protesta pacífica a asistir a las elecciones y el plebiscito.

    No voy a defender al expresidente de un refrito que ya hemos leído ene veces, montado por quienes fueron derrotados por el Ejército de Colombia. Simplemente, quiero constatar que personas al servicio del gobierno Santos incapaces de responder a las críticas sobre impunidad en el acuerdo de paz, se han recostado en la versión mamerta del conflicto colombiano, en la consigna de estigmatizar al expresidente Uribe como el cerebro de todas las violencias, tarea en la que llevan 20 años los colectivos de abogados y ONGs enmascaradas en la defensa de los DD.HH.

    En este caso veo la incoherencia de quien quiere  justificar, tardíamente, algo que no fue capaz de sostener antes. Recuerdo que en diciembre de 2006 cuando se discutía la salida jurídica para los grupos de autodefensa inmersos en negociación de paz, el profesor Reyes asistió en muy buenos términos a una reunión en el Palacio de Nariño a la que asistieron también Enrique Santos Calderón, José Obdulio Gaviria, Alfredo Rangel, Darío Echeverri, el presidente Uribe y quien esto escribe. No estoy seguro si también se hizo presente semanas después en reuniones similares.

    Para entonces, la campaña de los colectivos y el mamertismo abierto y encubierto contra Uribe ya era de dominio público dentro y fuera del país, de tal forma que el profesor Reyes debió estar al tanto de esos rumores. Me pregunto, ¿compartía él esas infamias? Si las daba por ciertas ¿por qué fue a una reunión con el “ordenador de las violencias? ¿Por qué guardó su bocanada de hiel 10 años?

    Uno esperaría de la pluma de un académico el valor intelectual de tomar distancia de las consignas de la jauría que clama paz mientras busca el aplastamiento y la desaparición de Uribe y del uribismo. Porque de personas como Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Alirio Uribe, León Valencia o de los jefes guerrilleros o de la dirigencia del partido Comunista o de un buen número de columnistas y conductores de noticias, no se puede esperar cosa diferente al matoneo sistemático contra el líder de la Oposición.

    Lamentablemente, lo de Reyes no es aislado, la respetada profesora antioqueña de ética y filosofía política, Beatriz Restrepo, destacada por su mesura, su tolerancia y su pacifismo, escribió en diciembre de 2016 un semblante de Uribe Vélez que nada tiene que envidiar al pantano vocinglero que le arrojan desde orillas belicosas.

    Estamos, pues, en presencia de intelectuales que creen tener el derecho de destrozar la integridad de aquellos con quienes no simpatizan, que en nombre de la paz apelan al matoneo, de quienes predican democracia pero se niegan a reconocer que Uribe ha sido inspirador de dos partidos legales, que siempre ha sido elegido en democracia y que lideró la victoria del NO en el plebiscito “armado” de un megáfono y su twitter. Estamos rodeados de intelectuales que hablan de tolerancia y reconciliación pero quieren sacar del camino al líder de la bancada opositora, le exigen retirarse y “dejar de joder” y en cambio soportan a un Ernesto Samper, a un César Gaviria y a un Horacio Serpa y a guerrilleros que luego de tanta violencia durante medio siglo quieren ahora dominar la vida política de la Nación.

    Es la película del momento, en la que hablan de reconciliación mostrando sus garras y colmillos de odio. Las fieras quieren la paz pero no cesan de perseguir a su presa.

    Darío Acevedo Carmona, 30 de enero de 2017

  • ESPECULACIONES ELECTORALES (I)

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    Mientras se va instalando “pacífica, legal, decente e incruentamente” el golpe de estado vía fast track, va tomando forma la carrera por la presidencia de la República para el periodo 2018-2022. Hasta ahora una treintena de aspirantes a esa dignidad se han lanzado al agua, algunos dejando entrever para qué la quieren y la gran mayoría limitándose a sonar y dejar sonar el sonajero.

    La situación que vive el país ante la situación en que de hecho y a las malas lo metió el Gobierno Santos, es promisoria para sus seguidores, pero desastrosa para los opositores. Por ello pienso que este problema se mantendrá en primera plana y por tanto, cada partido o movimiento con sus candidatos definirá su línea de acción sobre la implementación del acuerdo de paz. No es descartable que algunas campañas traten de hacer girar el interés sobre otros temas de gran importancia e impacto en la coyuntura, como por ejemplo, la galopante corrupción, la reforma tributaria, la seguridad cotidiana, por nombrar solo unos.

    Esto quiere decir que las fuerzas políticas se alinearán en dos grandes tendencias, de un lado, la de quienes se agruparán alrededor de replantear las graves concesiones hechas a las guerrillas de tal forma que se retome el orden constitucional violado y mancillado. Ello no significaría dar al traste con todo lo acordado sino la derogación de las leyes expedidas bajo el modelo fast track, muy especialmente aquellas que consagran impunidad y elegibilidad para responsables de delitos atroces, la incorporación del acuerdo como capítulo transitorio de la constitución, la modificación del régimen electoral y la conexidad del narcotráfico con el delito político.

    Si la decisión del pueblo en las urnas es favorable a esta propuesta, que probablemente se presente bajo la enseña de defensa de la República y la Constitución, no habrá motivos para pensar que lo que de ella se desprende es volver a la guerra. Las guerrillas, que habrán participado en esta contienda, no tienen opción diferente a acatar ese mandato en cuanto es la expresión de la voluntad ciudadana que el Gobierno Nacional se negó a consultar. La obligación de un gobierno electo en esta dirección no se puede limitar a reversar aquellos asuntos sino también a brindar garantías efectivas para la agrupación política que las FARC hayan constituido y de cumplimiento de compromisos adquiridos que no conlleven a alteraciones institucionales.

    La otra gran agrupación estará integrada por las fuerzas que integran la llamada Unidad Nacional que apoyan el proceso de paz de manera integral e incondicional y que mantendrán sus campañas orientadas a facilitar la implementación de los acuerdos de paz. El hecho de que esos partidos estén enredados internamente y quieran adelantar campañas independientes no indica, necesariamente, que dicha unidad se vaya a romper de manera definitiva. Lo que pretende cada facción es alcanzar un resultado que les permita negociar un buen lugar en las listas para Congreso, en la repartición de cargos públicos y en la coalición y batalla definitiva que ellos piensan se  dará en la segunda vuelta presidencial.

    Los grupos de izquierda mantendrán su apoyo al acuerdo de paz, pero harán énfasis en otros aspectos programáticos para no dejar escapar sus tradicionales electores que esperan algo más que simplemente andar plegados como vagón de cola de la que ellos denominan “alianza oligárquica”. Sus candidatos irán por separado a la primera vuelta con el objetivo de obtener un buen resultado que les abra camino a un buen espacio en el bloque continuista. Y ahí, quien señalará en últimas las formalidades a seguir será el nuevo agrupamiento de las FARC.

    Los verdes en todos sus matices, fajardismo, navarristas, claudistas y mockusianos, harán el intento de hacer girar la campaña presidencial en torno a la lucha contra la corrupción, pero, no podrán zafarse de la cuestión dilemática sobre el acuerdo de paz y su implementación y, visto lo que ha mostrado hasta hoy, reingresarán a la Unidad Nacional después de la primera vuelta.

    Entre los candidatos presidenciales más opcionados del continuismo para ir a la segunda vuelta, de tener lugar, muy probablemente estará el ambivalente Germán Vargas Lleras y el retórico Humberto de la Calle. No le veo mayores posibilidades a candidaturas terceristas, sobre todo a las de quienes no van a tener representación importante en el Congreso.

    La campaña electoral va a estar sumamente concurrida, con listas abiertas y cerradas, escándalos, denuncias, amenazas, lenguaje ofensivo, puñaladas traperas, hasta llegar a las parlamentarias de marzo que seleccionará el numeroso grupo de precandidatos a un dígito. De haber segunda vuelta, tendríamos un duelo final que reeditará el del plebiscito del 2 de octubre. La incógnita por el lado del uribismo, el CD y los aliados es sobre quién ganará la nominación y qué propuestas liderará para recuperar la institucionalidad, una disputa para alquilar balcón.

    Darío Acevedo Carmona, 23 de enero de 2017