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  • SIETE REFLEXIONES SOBRE COLOMBIA

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    En razón de un cuestionado e impopular proceso de paz, Colombia enfrenta en la actualidad una crítica situación de incertidumbre. Querámoslo o no estamos abocados a encarar el presente y el futuro del país. Viviremos momentos muy tensos, mucho más de los que hemos encarado en los últimos meses.

    Considero del caso realizar un ejercicio de razonamiento para el que propongo el uso de una metáfora y siete reflexiones. Imaginemos que el Estado colombiano es un edificio grande que tiene unas bases profundas y potentes columnas que sostienen los pisos en los que tiene lugar todo tipo de relaciones conflictivas, problemáticas, agradables, etc. Base y columnas son la garantía de que nada de lo que suceda en él puede o debería caer estrepitosamente.

    Primera reflexión: Nuestro edificio Colombia fue sometido a un proceso de paz de manera sorpresiva, sin consensos previos, sin exigencias perentorias de cese de la violencia a las Farc. Ese experimento ha impactado de manera grave la solidez de la edificación.

    Segunda reflexión: El presidente Santos tomó dos decisiones que es necesario tener en cuenta en cualquier análisis por sus consecuencias determinantes, a saber: darle carácter de guerra civil al accionar terrorista de unos grupos que fracasaron en su pretensión de hacer la revolución socialista por medio de la lucha armada. Y dos, convirtió el ideal de la paz, contemplado en nuestro ordenamiento constitucional en paradigma absoluto que justifica cualquier concesión, reforma o cambio drástico de las instituciones.

    Tercera reflexión: fue el propio presidente Santos quien prometió  realizar una consulta a la población, referendo primero, plebiscito luego, para refrendar el extenso acuerdo firmado en La Habana. El plebiscito, no obstante la destinación de inmensos recursos públicos en publicidad favorable al Acuerdo, dio un resultado negativo para el Gobierno Nacional. Aun así, en vez de renunciar como había prometido, Santos se aferró al poder, prometió renegociar aspectos esenciales del mismo y ante tal actitud los voceros del NO aceptaron la idea de un Pacto Nacional por la Paz.

    Cuarta reflexión: Santos engañó de nuevo al pueblo colombiano y a los líderes del NO firmando el mismo acuerdo al que solo se le hicieron cambios cosméticos y sin haber consultado previamente a estos últimos, burlando la voluntad popular. La razón del afán de Santos era la obtención del Nobel de Paz, como si la suerte de la patria no mereciera total consideración.

    Quinta reflexión: A lo largo de las negociaciones, el Gobierno Nacional fue hostil con las críticas y observaciones formuladas por diversos sectores de la sociedad. En cambio, adelantó una estrategia de amansamiento de la opinión con altas dosis de canonjías y dádivas, mal llamadas “mermelada”. Obtuvo así el apoyo incondicional de las mayorías del Congreso, de magistrados y altas cortes de la justicia colombiana, realizó giras para ganar solidaridad y promesas de gobiernos y personalidades mundiales que desconocían los contenidos de lo firmado, se ganó el apoyo de los grandes medios nacionales, radio, prensa y televisión. Utilizó trampas y métodos deleznables para ganar la elección presidencial en 2014, gastó sumas multimillonarias del erario público en publicidad.

    Sexta reflexión: de forma consecuente con todo lo anterior,  Santos y su ministro del Interior, el señor Cristo, lograron el visto bueno de la Corte Constitucional para impulsar las reformas y cambios acordados -en un auténtico harakiri- pues la guardiana de las bases del edificio calificó un problema que se presentaba en alguno lugar del mismo, la calidad de grave y esencial como para remover sus bases. Varias columnas de la edificación han sido afectadas notoriamente: las Farc adquirieron calidad de constituyentes primarios, la Constitución podrá ser reformada o cambiada por vía express o fast track, el Congreso se privó de su función principal, legislar, la Justicia nacional quedó por debajo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que tendrá poderes omnímodos e ilimitados en materia penal y será autónoma. Las FF MM cambiaron su doctrina y fueron debilitadas en su capacidad de combate para enfrentar a los violentos, etc.

    Séptima reflexión: La Constitución de 1991 ha sido suplantada por un acuerdo diseñado por dos voceros de las Farc y dos del Gobierno Santos en clara usurpación de funciones del constituyente primario. El país será supervisado por una comisión de seis personas, tres de las Farc y tres del Gobierno y en caso de empate en cualquier aspecto del Acuerdo, delegados de Cuba, Venezuela, Holanda y Chile definirán qué se hace, quedando en manos de gobiernos extranjeros, algunos de ellos bien hostiles, decisiones importantes de la vida nacional. Durante doce años o más, denominado “periodo de transición”, Santos y Farc pretenden implantar un nuevo orden a espaldas de la población.

    Quedan muchas cosas por decir, pero ahí están las que marcarán la política de los próximos meses y años. Soy de los que creemos que gran parte del mal causado al edificio puede ser subsanado y que no debemos dejarnos chantajear con el fantasma de la guerra como intentó hacerlo el Gobierno antes del plebiscito. El reto es claro o retomamos el rumbo o viviremos décadas de desgracia.

    Darío Acevedo Carmona, 17 de abril de 2017

  • JEP sinónimo de chantaje y retaliación

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    El miércoles pasado (5 de abril) el Congreso de la República, con la retirada del recinto del Centro Democrático y de uno que otro parlamentario digno, formalizó el golpe de Estado en curso que se ha estado perpretando desde fines de noviembre de 2016 cuando se anunció el nuevo acuerdo definitivo de paz.

    La Jurisdicción Especial de Paz será autónoma, no rendirá cuentas a nadie, tendrá varios magistrados extranjeros, estará por encima de las Cortes colombianas, dictará sentencias inapelables, condenará criminales de guerra para dejarlos libres y elegibles para desempeñar cargos públicos y de representación popular, podrá revisar todo lo actuado por jueces y tribunales en el pasado, igualará a terroristas con militares, y funcionará por doce o más años poniendo en ascuas no solo a las instituciones históricas y legítimas que nos hemos dado los colombianos por vía constitucional sino también a miles de ciudadanos que por un solo señalamiento o sospecha de haber colaborado o participado “directa o indirectamente” con los grupos paramilitares podrán ser investigados.

    En el mismo acto legislativo se aprobó, bajo una farragosa retórica declaración de principios que ya figura en nuestros códigos, el reconocimiento de las víctimas y de sus derechos. Además, fue aprobada la llamada Comisión de la Verdad que estará integrada a partes iguales por elegidos del gobierno y de las Farc y el desempate, luego de un enredado método, probablemente favorable a esta guerrilla. Se pretende con ese instrumento establecer, como si ello fuese posible y válido, una “verdad”, única, inapelable, indiscutible, eterna, sobre el conflicto, para algunos una guerra, y he ahí una discusión que no se salda ni se saldará.

    Todo apunta a que se produzca un texto acorde con la versión ideológica, pasada por académica, de la intelectualidad y la academia de izquierda y progre según la cual lo que ocurrió en Colombia “durante más de medio siglo de guerra civil” fue un “alzamiento en armas del campesinado en lucha por la tierra y contra la exclusión política y las injusticias sociales”. En tal situación, el Estado oligárquico habría apelado a la “guerra sucia”, habría  implantado “un Régimen de terror y antidemocrático de persecución y represión contra el pueblo y sus luchadores”. Colombia, según dicha versión siguió el mismo camino de las dictaduras del Cono Sur.

    Detrás de ese discurso que se ha inoculado con anestesia por vía intravenosa en los cerebros de los defensores e ideólogos de la paz que les entregaron a los derrotados la presea más valiosa de un conflicto bélico, la VERDAD, ha germinado un desestructurante y disolvente sentimiento de culpa que conduce, indefectiblemente, a entregarles todo para sanar la culpa y de contera, darles la razón para expiar el pecado.

    Por parte alguna habrá referencias a la influencia de la revolución cubana, a la copia de proyectos guerrilleros continentales, eso, dirán, es pura imaginación de mentes complotistas que niegan la existencia de causas objetivas y materiales de la insurrección popular. Será marginal la alusión a la “guerra fría” a la ideología comunista, al rechazo masivo con que la inmensa mayoría del “pueblo” que dicen “representar”, recibió las promesas de redención de unas guerrillas que nunca fue convencido de sus supuestas bondades.

    Esa Comisión que no es más que una descarada pretensión de torcerle el pescuezo a la realidad para lavar los crímenes de guerra y justificar lo injustificable, fracasará como les ha ocurrido a ese tipo de organismos en otras partes del mundo. Porque, entre otras cosas, algo bien diferente es que la justicia y los jueces establezcan la verdad de lo ocurrido en acciones y hechos delictivos puntuales e identifiquen los culpables y los condenen  a que se nos diga que hay una verdad a la que debemos plegarnos.

    Retomando el tema de la JEP, lo sucedido esta semana con el exministro del gobierno Uribe, Palacio y el gerente de la JEP, es algo que tenderá a generalizarse. Vendrán en búsqueda de la ansiada libertad, que no justicia, militares, políticos, funcionarios, empresarios, muchos de ellos condenados sin pruebas suficientes o con penas exageradas, sin derecho a segunda instancia, a tocar las puertas del frankestein creado por gobierno las Farc y el Congreso.

    Porque esa es la lógica perversa que subyace en esa arma letal concedida por Santos, Jaramillo y de la Calle al grupo terrorista Farc, eximir de cárcel a criminales de guerra dejándolos habilitados políticamente y convocar a sus “enemigos” con el instrumento del chantaje: declárense culpables y se les dejará libres.

    Esta será “la verdad definitiva del conflicto” que Santos les entregó a las Farc. Y a decir verdad, el instrumento es tenebroso y eficaz “o cantas o te pasas la vida en la  cárcel”. El método usado por el senador del Polo Iván Cepeda consistente en recorrer prisiones buscando testigos contra Uribe a cambio de reducción de penas y exilios, es el mismo que emplean sin tapujos los señores Alvaro Leyva y el neocolonialista español Enrique Santiago que visitan guarniciones militares para pintarles pajaritos de oro a condenados sin esperanza.

    La idea de Justicia que se puso en marcha está fundada en el chantaje contra hombres condenados a decenas de años que ya no tienen opción de libertad. Un método basado en la humillación y el aprovechamiento indigno de la debilidad extrema del otro.

    Darío Acevedo Carmona, 10 de abril de 2017

  • Los mensajes de la Marcha

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    La marcha nacional adelantada en varias ciudades del país y del exterior por convocatoria de distintas fuerzas y movimientos políticos, agrupaciones cristianas, líderes ciudadanos, exmagistrados, sindicatos y movimientos cívicos tuvo una concurrencia multitudinaria y debe ser apreciada como una legítima manifestación de descontento y protesta, mecanismos contemplados en nuestra Constitución.

    A la colorida, alegre y variopinta jornada asistieron personas de muy diversa condición social, económica, religiosa, partidista, ideológica, de género, raza y edades, siendo un mentís a quienes la estigmatizaron y descalificaron tildándola de ser una maniobra de los amigos de la guerra, de fascistas nostálgicos del poder, de gentes intolerantes y violentas.

    La gran prensa oficialista, agradecida con un gobierno que la ha subsidiado con elevadas pautas publicitarias intentó, en vano, desacreditarla atacando como de costumbre al expresidente Uribe, tan solo uno aunque el más sobresaliente, de sus promotores. Fracasó la trillada apelación al san Benito de excusar los yerros y la corrupción del señor Juan Manuel Santos en los supuestos grandes pecados del exmandatario.

    Varias cosas van quedando en claro para las fuerzas promotoras de la marcha. Digamos que las consignas agitadas referidas a una variada gama de problemas -la corrupción del gobierno Santos, la violación de la Constitución, el entreguismo a las Farc, la docilidad del gobierno con los países donde impera el modelo castro-chavista, las mentiras de Santos, la reforma tributaria, el desbarajuste institucional, la impunidad para criminales de guerra, la humillación de las Fuerzas Militares y muchas otras que no caben en este escrito- constituyen el ámbito de la unidad.

    Los dos ejes centrales en las consignas de los marchistas que exigían la renuncia de Santos fueron las relativas a su política entreguista de paz y la corrupción oficial. Digamos que en torno de estos asuntos las fuerzas involucradas dieron un paso muy significado en la consolidación de una amplia alianza opositora con proyección hacia las elecciones para Congreso y por la Presidencia en el 2018. Ese acercamiento que se había logrado muy espontáneamente alrededor de la campaña por el NO en el plebiscito del 2 de octubre se mantiene y se afirma en medio de una gran acogida ciudadana.

    De la marcha debemos destacar su alto grado de civismo, a diferencia de las que son citadas por tendencias extremistas y populistas que degeneran, casi siempre, en enfrentamientos con la policía, desmanes, destrucción de vidrieras, cajeros electrónicos, insultos, escupitajos y provocaciones al ESMAD.  

    Ningún miembro de las fuerzas del orden fue mancillado o agredido, no hubo un solo hecho de violencia o conductas que lamentar, las gentes acudieron en familia, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, de todas las condiciones sociales, unidos en el rechazo a la impunidad, a la desinstitucionalización, a la corrupción gubernamental y por la renuncia de Santos, el principal responsable de la desastrosa situación que vive hoy el país.

    Nadie se tapó su rostro, nadie invocó la fuerza o la violencia, nadie llamó a la guerra, nadie clamó por un golpe de estado. Un comportamiento bien opuesto al impulsado en los bloqueos de Transmilenio en la capital por las huestes de un  exalcalde que apela a métodos propios del fascismo para alcanzar su meta de tumbar al alcalde bogotano.

    Los manifestantes de la marcha, en paz y en orden, dieron testimonio de su preocupación por el quiebre de las instituciones, por la ruptura de la separación de poderes, por la creación de la monstruosa Jurisdicción Especial de Paz y por tantos otros valores y leyes puestos en peligro por un gobierno al que se le criticó por mentiroso, por entreguista y por corrupto.

    Esta marcha deja enseñanzas importantes, por ejemplo, que la aplanadora oficial ha llegado al límite de su vigencia. Los escándalos en el oficialismo están produciendo fisuras y grietas internas de suerte que es muy probable que la Unidad Nacional arribe a las elecciones del 2018 en un alto nivel de atomización, en cambio, los impulsores de la protesta dieron muestras de poder erigirse en una seria alternativa de poder enarbolando las banderas de retomar el rumbo, recuperar la primacía del Estado en el establecimiento de la paz, restablecer la separación de poderes, salir del caos institucional y proponer políticas  conducentes al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más desvalidos de la sociedad.

    El mensaje que queda, así le pese a frágiles demócratas que se asustaron con la protesta y quisieron sabotearla, es que la nueva alianza política nacida con ocasión del plebiscito de la paz, ha dado un salto para asumirse como una opción con vocación de poder.

    CODA: El golpe de estado del gobierno chavista de Maduro en Venezuela puede ser visto en doble pantalla. En una, podemos ver la expresión del miedo de quienes, como la facción más dictatorial liderada por Diosdado, ven su única salida en la represión. Y en la otra se puede apreciar el declive inexorable del modelo castrochavista. Ojalá los colombianos sepamos extraer las debidas conclusiones.

    Darío Acevedo Carmona, 3 de abril de 2017