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  • ESAS COSAS QUE NOS DICEN

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    Nos invitan a pasar la página como si se tratara de resolver una pelea de alcoba o entre amigos. Que dejemos los odios y los rencores como si se tratara de una ofensa cualquiera. Que le abramos la puerta a la reconciliación con el “otro” y dejemos a un lado la sed de venganza.

    También nos dicen que los guerrilleros son unos campesinos que luchaban por la tierra, que el régimen los excluyó de la vida política, que sus crímenes horrendos no son tales sino que eran conexos con nobles y altruistas objetivos.

    Que por qué vamos a tener miedo de que lleguen al poder si carecen de fuerza para tal cometido y nunca van a ser mayoría o que su ideología marxista leninista y su propósito de hacer de Colombia un país socialista estilo Venezuela no es real. O sea, nos llaman a subestimar sus posibilidades y a banalizar su adhesión a una doctrina totalitaria.

    ¡Ah!, igualmente afirman que con el acuerdo de paz la historia de Colombia se parte en dos, que este es un momento fundacional y ahora sí la democracia (en la que nunca han creído) será amplia, real y auténtica y que el país, al fin, encontró su rumbo.

    Y cuando se les muestra el alto precio pagado al elevarlos a la calidad de alta parte contratante (Acuerdo depositado como tratado internacional ante la Cruz Roja Internacional) nos responden que la paz lo justifica todo, dan cifras de reducción de muertos sin que se inmuten del chantaje subyacente en tal ejercicio. Dan a entender que la apelación a las armas legítimas del Estado de derecho para combatir a terroristas degenerados por el narcotráfico, el secuestro, el reclutamiento de menores, etc., es guerrerismo.

    Sostienen, sin pudor por la democracia, que el desconocimiento del resultado del plebiscito adverso a ellos se justificó porque los del NO triunfaron apoyados en mentiras, pero, omiten que el gobierno destinó sumas multimillonarias a favor del sí amenazando con una terrible guerra urbana de ganar el NO y con el fin de las negociaciones porque nada se podía modificar.

    Engañan al mundo y a la CIDH, diciendo que habrá castigó para responsables de crímenes de lesa humanidad sin aclarar que no habrá un solo día de cárcel y podrán ocupar curules en el Congreso los ordenadores del asesinato a sangre fría de los diputados del Valle, los concejales de Rivera, del secuestro por largos años de civiles de Neiva y otros municipios, de quienes dinamitaron el club El Nogal y la iglesia de Bojayá, etc.

    El Alto Comisionado de Paz, el filósofo Sergio Jaramillo, cual experto en sociología rural, se inventó el paradigma de la territorialidad según el cual el “conflicto armado colombiano” se reduce a un problema de injusta distribución de la tierra y por ello a las guerrillas, expresión del campesinado, se les debía entregar el control de la ruralidad.

    En una línea de pensamiento similar, algunos intelectuales jugando a la idea de “justicia social” del discurso comunista, plantean que quienes se oponen a la implementación de los acuerdos son la extrema derecha, los terratenientes, los religiosos, reaccionarios, en suma, dicen, el pasado, mientras ellos, los “progre”, los liberales, socialdemócratas, chavistas, comunistas salidos del closet o vergonzantes o aparecidos de última hora y socialbacanes, son la flamante vanguardia, el futuro, la Modernidad, la Ilustración.

    Como si defender la Constitución, pedir castigo para criminales de lesa humanidad, la vigencia de los derechos humanos, la reparación de las víctimas y la aplicación de convenios del Estado colombianos con instituciones de Justicia Internacional como la CPI, constituyera un signo de atraso.

    No es de extrañar, por tanto, que el ministro del Interior haya declarado en lenguaje propio de dictadores, que gane quien gane en las elecciones de 2018, los acuerdos son inmodificables. Pensamiento expuesto por el inefable Humberto de la Calle y otros que entregaron la institucionalidad por un plato de lentejas, convirtiendo la Ley de leyes un vulgar juguete arma-todo.

    Los promotores de la impunidad han desafiado no solo a la sociedad colombiana sino a los tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional. Esta Corte, so pena de quedar como rey de burlas, debe decidir si cumple o no el mandato de castigar crímenes masivos y sistemáticos contra la humanidad como los cometidos por las guerrillas y otros grupos violentos de Colombia.

    Si la CPI no actúa ni pone orden exigiendo el cumplimiento de su estatuto, en particular de los artículos 5 a 8 (http://www.derechoshumanos.net/tribunales/cortepenalinternacional.htm) y hace excepción so pretexto del “bien supremo de la paz”, entonces le habrá dado un knockout a los derechos humanos.

    Los intelectuales del nuevo dogma, inflexibles cuando se trató de exigir al Estado el respeto por los derechos humanos, nos invitan, por esta vez, a ser flexibles y a pasar de agache la traición a esos valores que ellos colonizaron. La hipocresía de los Colectivos, de los eclesiales de paz, de los Juristas de paz de las Comisiones de paz, de las ONG pacifistas no tiene parangón en la historia reciente de la humanidad.

    Si queremos entender en parte y solo en parte esta fatídica incongruencia debemos remitirnos  al discurso que por décadas no reconocía nada positivo, nada rescatable de nuestra historia, de nuestra democracia y de nuestras instituciones.

    Darío Acevedo Carmona, 10 de julio de 2017

  • La soledad del pueblo venezolano

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    El fracaso de la asamblea general de la OEA para expedir una declaración de rechazo a la convocatoria de una constituyente por el gobierno dictatorial de Maduro confirma la abrumadora y desconcertante ausencia de solidaridad para con la lucha democrática de la inmensa mayoría de venezolanos.

    El voto abstencionista de tres pequeños países frustró el intento de veinte Estados liderados por México, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Perú que representan más del 90 por ciento de la población continental. Es un tema para repensar a futuro las reglas del juego de un organismo internacional.

    Las Naciones Unidas, por ejemplo, tienen un Consejo Permanente de Seguridad conformado por cinco países con más poder que la asamblea general. El Consejo de Seguridad se amplía con presencia rotativa de países de distintos continentes, pero las superpotencias (USA, Rusia, Inglaterra, China y Francia) hacen valer su poderío porque pueden vetar cualquier resolución.

    El juego de poderes se sobrepone al método de un voto por cada país en igualdad de condiciones. No obstante, pienso que tal resultado no da para subvalorar la importancia de la creación de una atmósfera de apoyo, solidaridad y estímulo a la lucha de los venezolanos para restablecer la democracia por vía pacífica. Ese ambiente, hay que reconocerlo, fue creado hace poco tiempo y los gestores del mismo no han sido otros que los protagonistas de esas épicas jornadas.

    Los que han fracasado en toda la línea han sido los gestores de un diálogo interpartes que no partió del reconocimiento del derecho de la Oposición en su clamor por adelantar elecciones. El expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero y el desacreditado liberal colombiano Ernesto Samper, en veces acompañados por la voz del Papa Francisco, Felipe González y otros exmandatarios fallaron porque no se percataron o no quisieron entender que el gobierno de Maduro es una dictadura que ha desconocido el poder popular consagrado en la Asamblea Nacional y ha manipulado los demás poderes públicos e ideologizado a las fuerzas armadas. No la han tenido ni la tienen ni la tendrán fácil los venezolanos.

    Las adversidades son muchas y el Régimen se hace cada vez más sanguinario. La presencia de miles de agentes cubanos desde generales hasta agentes de seguridad, convertida en fuerza de ocupación impone la estrategia de la represión brutal para atemorizar a la población. Las fuerzas armadas venezolanas dirigidas por un numeroso grupo de generales corrompidos con dádivas y privilegios sin límites impide la organización de los oficiales de menor rango y de los suboficiales.

    Para quienes miramos desde afuera el curso de los acontecimientos, hay comprensión acerca de lo insuficiente e impotente que es la solidaridad moral, sobre todo cuando los sátrapas se muestran impasibles ante el descrédito internacional. Pero hay algo que es mucho más desconsolador y desconcertante. Me refiero al silencio de la izquierda latinoamericana que se precia de demócrata frente a las atrocidades de la dictadura.

    El director de una institución académica continental que nada debe decir sobre temas políticos, Clacso, se ha dedicado a enviar circulares de apoyo a Maduro y de rechazo a las movilizaciones, varios intelectuales han expresado sin rubor que lo que hay de por medio es una política de desestabilización de un gobierno del pueblo. Bien, entendemos que los comunistas de siempre lo digan o los anticapitalistas y antiimperialistas de todo cuño pues para ellos el socialismo es perfecto, impoluto y carente de llagas.

    Pero, que fuerzas políticas, personalidades y académicos que se ubican en el centro político o en la izquierda moderada, socialdemócratas, con honrosas excepciones como la del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, no hayan sido capaces de condenar los asesinatos salvajes de jóvenes que solo tienen banderas y piedras en sus manos, es una vergüenza sin parangón. No sé, pero al recordar la gran movilización de la opinión pública latinoamericana con la lucha de los sandinistas contra la dictadura de Somoza, por parte de muchísimos y diversos sectores, no puedo dejar de preguntarme ¿si la lucha fue por la democracia y la libertad en aquella ocasión y lo es en la de Venezuela de hoy, por qué no se asume la misma actitud?

    Y no puedo dejar de remitirme a la cada vez más arraigada convicción de que las izquierdas latinoamericanas tienen un doble rasero, siguen creyendo que las dictaduras de ese color no son tal y que no hay razón para sumarse a la derecha en su propósito de abatirlas. Ahí está como ejemplo perenne la ceguera y la contemporización con la policíaca dictadura castrista, a la que rinden pleitesía y a cuyas momias les derraman lágrimas cuando al fin se mueren de muerte natural.

    Una izquierda así, que es incapaz de solidarizarse al menos con las fuerzas de izquierda que tienen presencia en la MUD, deshonra los espacios generosos que les brinda la democracia.

    Darío Acevedo Carmona, 26 de junio de 2017

  • Las armas y la Ley de leyes

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    Están de plácemes los negociadores de la paz Santos-Farc, su séquito de escribanos y la gran prensa aconductada porque supuestamente esa guerrilla “entregó” todas sus armas. Quieren darle a ese hecho la calidad de “acontecimiento fundacional de la nueva Colombia” de la auténtica ampliación de la democracia y de la verdadera ciudadanía.

    Pero hay más de un problema que agua el festejo. Las cifras, por ejemplo, no cuadran, el presidente Santos afirmó (17/03/2017) que la ONU había hecho un registro de 14 mil armas que las Farc debían entregar, Sergio Jaramillo dijo hace 5 meses que el 100% era 7200 armas. Al final del proceso (26/06/2017), la Misión-ONU reconoce haber recibido 7132 armas y dice quedar a la espera de recibir las que aún están en manos de los guerrilleros concentrados.

    Una periodista que no puede ser tildada de enemiga de la paz, Paola Ochoa, hizo un sugerente ejercicio matemático (eltiempo.com 26/06/2017). Según ella y tomando por cierto la cifra de siete mil fusiles “si cada fusil trae 1.500 cartuchos, ¿cuántos cartuchos corresponden a 7.000 fusiles? La respuesta me dejó perpleja: 10,5 millones de cartuchos. ¡Más de diez millones de balas!”  Esa millonaria munición que costaría en el mercado negro 5 millones de dólares, ¿dónde está y quién la tiene?

    La Misión-ONU dijo que había registrado 77 caletas de las 900 reconocidas, quedarían por liquidar 867. Si en cada una de ellas hay diez fusiles (muy probablemente hay más) daría la bicoca de 8670 por entregar, que sumados a los 7132 da 15700 darían por fin el 100% de las armas de mano, nadie ha dicho nada de cohetes tierra-aire, etc. Si 15700 es el 100%, entonces, los 8670 representan el 53.7%, ¡más de la mitad! por entregar. Se justifica preguntar: ¿qué es lo que celebran?

    Hay más dudas e inquietudes, ¿por qué no hubo testigos independientes fuera de los de la Misión-ONU? ¿Por qué ningún periodista presenció la “entrega” siendo que se trataba de una noticia mundial y de un hecho fundamental que “parte en dos” la historia nacional?

    El presidente Santos quiso, por enésima vez, convencer a los colombianos con sus fastos y luces de bengala con las que deslumbra al mismo grupo de lagartos y personajes que ni vieron ni presenciaron la publicitada “entrega”.

    Retomemos la tesis expuesta al comienzo en el sentido de que la dejación de armas no es el hecho más destacable del proceso. La primera gran claudicación consistió en renunciar a la primacía moral del Estado al igualar a las guerrillas con el Estado y asumir su versión según la cual se estaba enterrando una cruel guerra de más de 50 años fruto de un levantamiento armado de campesinos que luchaban por la tierra.

    Mucho más grave fue el desconocimiento del gobierno Santos del resultado del plebiscito en el que la mayoría de los ciudadanos votantes bajo condiciones ampliamente favorables al gobierno dijo NO al acuerdo con las Farc.

    El texto del nuevo acuerdo definitivo de paz se incrusta en la Constitución como si los negociadores, el presidente y los jefes guerrilleros fueran constituyentes. Así, sembrada como piedra de mármol, inmodificable, se implementarán importantes temas y políticas públicas  en concordancia con el pacto de La Habana por 12 años prorrogables.

    Como si la Constitución fuese un lego se adoptó el fast track para modificarla, además, por ley habilitante le concedieron amplios poderes al Ejecutivo y castraron la función legislativa del Congreso cuyos proyectos, supervisados por una comisión paritaria (Csivi) de gobierno y Farc, no pueden ser modificados y han de ser votados en bloque.

    Por algo las Farc dicen que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es el corazón del Acuerdo. Dicha jurisdicción queda por encima de todas las altas cortes y tribunales superiores, podrá revisar sentencias y proceso judiciales ya cerrados, validará la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, no castigará con cárcel a ningún responsable de estos, desconocerá los tratados sobre derechos humanos y DIH firmados por el país que tienen rango de bloque de constitucionalidad como la adhesión a la CIDDHH y a la  CPI.

    Para que no queden dudas de la alta cirugía a la que sometieron el ordenamiento estatal, se modificó la doctrina militar, el régimen electoral, se otorgará representación parlamentaria a criminales de guerra, se abre la puerta a reformar la propiedad privada en el agro. En fin, son estos asuntos, no de carácter menor sino superlativo, en los que se abrió una tronera.

    Un costo excesivo para una paz incierta, con jefes como Santrich y Márquez que nos recuerdan que si el Estado incumple siempre habrá la opción de retomar las armas.

    La obra de este gobierno y sus flamantes negociadores se puede asimilar a la de quien destruye los cimientos de su casa para reconciliarse con aquél que infructuosamente trató de destruirla desde afuera.

    Y de contera, nos amedrantan, cual dictadores, acusándonos de “traición a la patria”, diciendo que los Acuerdos de paz “son inmodificables” y desdibujando la crítica y la Oposición como surgidas de la rabia, la ignorancia, los celos y el guerrerismo. Solo les falta recuperar la consigna de un desgraciado senador que llamó a “fusilar a los enemigos de la paz”.

    Darío Acevedo Carmona, 3 de julio de 2017