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  • Las ínfulas monárquicas de Santos y el camino al castrochavismo

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    No satisfecho con haber desconocido la voluntad popular en el plebiscito, el presidente Santos pretende hoy hacer lo mismo con el poder legislativo amenazándolo a través de su vasallo ministro del Interior con convocar el Estado de Conmoción Interior para dotarse de poderes omnímodos y así expedir por decreto la normatividad procesal y estatutaria de la JEP si el Congreso de la República no lo hace.

    En medio de la ofuscación que le causan los resultados ampliamente adversos en las encuestas, Santos apela a las esferas internacionales en las que aún goza de cierto eco su política de paz. Claro, cuenta a su favor el hecho de que los gobiernos y organismos, ocupados en sus propios problemas o en asuntos de mayor calado internacional, no se fijan en la letra menuda, que para nosotros es letra gruesa, pero bien gruesa, siendo esa la razón de sus extraviados apoyos a un proceso de alto riesgo para para nuestra democracia.

    A pesar de haber asegurado en 2012 que sometería los acuerdos a refrendación popular como consta en grabaciones periodísticas, no vaciló en dar marcha atrás e insistió en su aviesa política. En esta y otros reversadas es acolitado por un estrecho círculo que se lucra de su ancha mano para prodigar mermelada.

    Bien lejos quedó su propósito de unir a toda la nación alrededor de un acuerdo. Malogrado el consenso por sus propios yerros y traiciones no solo perdió la confianza de una ciudadanía a la que trató como súbdita, sino que se tapa los oídos ante las voces de alerta de la Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda en el sentido de que los acuerdos firmados, en particular en lo referente a la aplicación de castigos e imposibilidad de otorgar amnistías e indultos a responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra, contrarían la justicia internacional. Habrá que mirar en detalle la respuesta de la Cancillería colombiana que, según crónicas iniciales, descalifica las observaciones de Bensouda en términos desobligantes.

    Pero Santos es muy habilidoso para oxigenar su imagen y encubrir sus pecados. Ante las comprobadas irregularidades en la financiación de sus dos campañas presidenciales, primero, y ante las recientes revelaciones de estar involucrado en los Paradise papers, se inventa giras internacionales, la de esta semana incluyó contactos monárquicos, como los que le atraen, con la reina de Inglaterra, inmersa en el mismo escándalo y con el jeque de los Emiratos Árabes Unidos.

    Tras sus aires monarcales se esconde su aversión a la crítica y su incomprensión sobre lo que es la oposición en una democracia reduciéndola a un factor de molestia. A él solo le gustan las atenciones con tapete y aires marciales por parte de autoridades que no tienen más remedio que respetar los protocolos sin mirar lo que el visitante lleva a sus espaldas.

    Su mayor tortura en los últimos días tiene que ver con la posibilidad de que se malogre la aprobación de la ley reglamentaria de la JEP. Sectores de la Coalición comienzan a escabullirse temerosos de quedar castigados en las próximas elecciones por haberlo apoyado. Muy pocos quieren ser retratados a su lado.

    Y como para que no queden dudas de cuán lejos seguirá llegando, da la señal de estar dispuesto a decretar la Conmoción Interior. Ese tipo de medidas están contempladas en la política de paz diseñada por su ex alto consejero de paz, el filósofo Sergio Jaramillo, que contempla la toma de “medidas extraordinarias y excepcionales” para implementar los acuerdos por al menos un período de diez años llamado “periodo de transición”.

    El balance de sus ímpetus de monarca absolutista no puede ser más trágico. A los “logros” señalados en anteriores columnas agreguémosles las últimas proezas que nos acercan cada vez más a ese modelito del desastre venezolano que algunos intelectuales liberales y progres ven como un espantajo de nuestra imaginación o una argucia demagógica.

    La trinidad Justicia, Historia y Verdad, que no la ha logrado aún el régimen socialista bolivariano o castrochavista de Venezuela en 19 años, aquí, tan solo en unos meses, ya está en las manos de las Farc y sus amigos. Tendrán bancada en el Congreso sin necesidad de votos, a su alrededor orbitan varios movimientos sociales con rimbombantes nombres. Tienen dinero por montones, disidencias tipo retaguardia. Ligaron su reforma agraria con legalización del cultivo de coca, Quieren ir por la presidencia. No pagarán cárcel por delitos atroces. ¿Alguna duda?

    Darío Acevedo Carmona, 13 de noviembre de 2017

  • Paz por las vías de hecho

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    Si en Colombia aún hay rastros de democracia y legitimidad no es por obra del gobierno del señor Santos sino a pesar de él, y gracias al descontento e inconformismo de la población y de la labor persistente e inclaudicable de las fuerzas opositoras.

    Con todos los defectos que se le puedan señalar y con todas las correcciones que se le deben hacer a nuestras instituciones, pocas veces en nuestra historia se había presenciado una obra tan destructora sobre ellas como la que estamos presenciando y sufriendo, similar a un alud sin fin en el que cada piedra o roca cae sobre una ley, una tradición, un valor, un principio.

    Nada ha escapado a la dañina mano del presidente Santos, empezando por la verdad ahogada en su raudal de mentiras, cuál de todas más desvergonzadas. Sus declaraciones quedaron grabadas, por fortuna, para guardar la memoria de ellas, como que nunca se tocaría la Agenda Nacional en las negociaciones con la guerrilla más sanguinaria y cruel del país, ni la Constitución, que habría cárcel para delitos atroces, que no habría elegibilidad para responsables de estos sin antes ser juzgados y condenados, que la última palabra la tendría el pueblo…

    El proceder del gobierno y sus áulicos es tan turbio que no parece haber límites para frenar el desastre que están ocasionando. Seriamente averiados, como si hubiésemos sufrido un terremoto grado 9 en la escala de Richter han ido quedando la separación de poderes pues hasta la Corte Suprema que atinadamente concurrió al diseño de la Ley de Justicia y Paz para los paramilitares, se ha quedado muda, y la Constitucional ha emitido fallos que pretenden ser salomónicos en temas inadmisibles.

    Haber igualado a la guerrilla con el Estado legítimo, haberle dado estatus de guerra al enfrentamiento con grupos narcoterroristas, haberles dado calidad de representantes de la población, haber llamado guerra a lo que es terrorismo, y en esa senda de tragedias presentadas como conquistas, aceptar que un comunista español venga, cual Visitador colonial, a diseñar la JEP el nuevo órgano supremo que se superpone al poder judicial.

    ¿Será que seguimos con esta lista? ¿Cómo no registrar la humillación a nuestros soldados que quedaron sin honor, pues tienen que aceptar que hicieron una guerra que no valió la pena, que solo produjo sufrimiento, que nunca se debió hacer, y que, de acuerdo con una serie de fallos del Consejo de Estado son co-responsables de las masacres de las Farc?

    Ah, ¿Cómo no dar cuenta del desconocimiento, de hecho, de los compromisos del país incorporados a la Constitución, con la Justicia Internacional y la Corte Penal Internacional, cuyas observaciones no se han escuchado, con el estatuto riguroso de esa Corte sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad que no son amnistiables y que deben ser siempre condenados?

    Y ante la resistencia de quienes no hemos doblegado la cerviz y la de algunos que empiezan a caer en cuenta de la demolición del Estado, que los ha llevado a hacer modificaciones a la reforma política (que le da ventajas sin nombre al flamante nuevo partido) y a la vengativa Jurisdicción Especial para la Paz, este gobierno y sus enmermelados defensores en el Congreso y en los Medios, en vez de aceptar que hay que corregir, amenazan con un plan B para salvar la paz.

    La semana pasada los firmes y leales senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, sacaron del bolsillo trasero la carta ganadora para evitar dichos cambios. Le sugirieron al presidente Santos, un hombre hundido en las encuestas, en el ocaso de su pudor, si alguna vez lo tuvo, y en el cenit del cinismo, declarar el Estado de Conmoción Interior para decretar por su propia mano lo que el Congreso de la República se niega, según ellos, cumplir.

    No les bastó desconocer la voluntad popular que el 2 de octubre los derrotó en el plebiscito, sino que quieren desconocer la soberanía popular derivada, el Congreso, y castigarlo porque quiere recuperar su función de hacer y modificar las leyes y no ser un simple notario de las Farc y del presidente.

    La taza de despropósitos se rebosó con la proclamación de las candidaturas de criminales de guerra a la presidencia y al congreso de los jefes de las Farc sin haber rendido cuentas, ni siquiera, ante la justicia por ellos diseñada.

    El desafío para las fuerzas de oposición es pues, descomunal, porque no es cualquier elección la que se va a jugar en el 2018, es ganar o ganar, porque perder es, quizás, entrar en la boca sin fondo del agujero negro de una dictadura copiada, a la colombiana, del modelo chavista.

    Darío Acevedo Carmona, 6 de noviembre de 2017

  • Óscar Iván Zuluaga ¿Ahora sí?

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    De no haber sido por el montaje del Hacker urdido por servicios de inteligencia y de la fiscalía y por los aportes ilegales de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, quien tendría que estar en el sillón presidencial es el doctor Óscar Iván Zuluaga.

    Recuerdo que Santos en un mitin con sus entetados congresistas y dirigentes políticos de distintos partidos prometió destinar inmensos recursos a la campaña que, como bien se intuye, quería decir plata para comprar y movilizar electores a punta de tamal y ron, vieja costumbre que, como también se supo después, fue puesta en práctica por ñonos y musas en departamentos del litoral atlántico en donde, de la noche a la mañana, el que había perdido la primera vuelta por más de medio millón de sufragios apareció vencedor con una ventaja de casi un millón.

    El triunfo de Santos fue, pues, el fruto de montajes, maniobras y financiamiento irregular que hoy está siendo investigado por agentes de la Fiscalía General de la Nación gracias a las confesiones de Otto Bula, el intermediario de la multinacional brasilera en el reparto de las multimillonarias comisiones.

    Conviene tener en cuenta que las conductas investigadas a la campaña Santos constituyen delitos de carácter penal por tratarse de la figura presidencial en juego y de las evidencias sobre otorgamiento de costosos proyectos a esa firma como pago a la “ayuda” prestada en la campaña. Es decir, no era solo un asunto de infracciones en la contabilidad como insinuó el presidente al decir con frivolidad y cinismo que “apenas me vengo a enterar”.

    Y conviene tener en cuenta, igualmente, que el involucramiento de la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga en la recepción de pagos extras por la misma firma extranjera a raíz de declaraciones de su asesor de publicidad Duda Mendonca, en tanto no tipificaba aspectos penales, fue lo que llevó al Fiscal Néstor Humberto Martínez a dejar todo en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) aportándole todo el material recolectado hasta ese momento.

    Y conviene tener en cuenta, también, que el dr Zuluaga, perfilado como la opción más fuerte del Centro Democrático para las elecciones presidenciales del 2018, en gesto decoroso y de transparencia, en vez de aferrarse a su condición, decidió dar un paso al costado para dejar que la investigación del CNE fluyera libremente y sin presiones.

    Y todo lo anterior hay que rememorarlo por cuanto el fallo absolutorio a favor del doctor Zuluaga por parte del CNE removió como un tsunami el modorroso debate de precandidaturas presidenciales con la consecuente reincorporación del doctor Zuluaga a la competencia.

    Y no sé, si fue por eso o por otras razones que se tendrían que hacer explícitas, el Fiscal Martínez salió inmediatamente a la palestra y luego, presuroso, como si hubiese recibido alguna instrucción, lo hizo el Procurador, a decir que las declaraciones del señor Martorelli, el gerente de Odebrecht en el país en el sentido de que esa firma no le dio dineros ni a la campaña ni a Zuluaga, no era suficiente para eximirlo de culpa y que, por el contrario, habría pruebas para condenarlo.

    Se pregunta uno si, como ya ocurrió desafortunadamente en casos anteriores, no hay una colusión de intereses entre elementos de la política y del poder judicial, artimañas, mandados y montajes, en esta situación y en la reacción escandalosa que hemos presenciado generosamente amplificadas en las crónicas de la gran prensa contra el fallo del CNE.

    ¿Cuál es la razón, preguntamos al señor Fiscal General, para retomar un caso que él mismo ante la opinión pública transfirió al CNE? ¿Acaso el CNE, conformado en su gran mayoría por magistrados en representación de la coalición de gobierno se coludió con Zuluaga? ¿o es que, en el fondo del susto que les ha causado el regreso de un peso pesado a la campaña, sonaron las alarmas y hay que echar mano de nuevo a las viejas picardías y trampas para atravesarse en el camino del rival?

    ¿Será que en nuestro país ya ni siquiera es suficiente que un órgano de justicia electoral de por cerrado un caso porque otros órganos y autoridades judiciales se creen con el derecho a clavar una estaca en la espalda sobre aquellos a los que hay que cerrarles el camino para que no se les dañe el arreglito del espurio acuerdo de paz Santos-Farc?

    Coda: para bien de la credibilidad de la política seria, el doctor Zuluaga podrá tomar la decisión de si se lanza a la contienda por la presidencia invocando la enseña uribista de “tener siempre presente los altos interesas de la patria” o se deja paralizar por turbias maniobras.

    Darío Acevedo Carmona, 30 de octubre de 2017