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  • Santos juega con candela

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    La no aprobación por falta de mayoría en el Congreso de la República de las 16 “circunscripciones especiales de paz” debería llevarnos a los colombianos a hacer reflexiones serias sobre nuestra democracia y nuestro estado.

    Si el estado es el conjunto de instituciones, aparatos, normas y procedimientos que regula la vida de los asociados y si ese estado tiene, además, unos fundamentos republicanos, es decir, está regido por la separación de poderes y cada uno de ellos es autónomo y se correlaciona con los otros en pie de igualdad, se complementan sin fundirse y sin conjurarse, y el gobierno se estructura a partir de un sistema electoral universal, garantista a través del cual los ciudadanos delegan su representación en unos dirigentes, entonces estamos ante un estado democrático.

    En un estado tal, por supuesto, no todo funciona como un relojito, pero las columnas vertebrales sobre las que se levanta deben ser auténticas fortalezas para resistir los problemas y evitar que estos degeneren en crisis profundas: en este punto es en el que cabe destacar el rol que juega la constitución política como la ley de leyes que acolchona, circunscribe y delimita lo que le corresponde a cada autoridad, a los representantes y a los jueces para, de esa forma, proscribir y eliminar cualquier tentación autoritaria y la consumación de hechos arbitrarios.

    Estas anotaciones deben ser útiles para comprender que los señalamientos que se hacen a la conducta del presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de haber procedido con un espíritu autoritario, extralimitándose en sus funciones, y habiendo confundido su papel de jefe de estado con el estado mismo en las prebendas concedidas a las Farc, son completamente razonables.

    Su desconocimiento del resultado del plebiscito es una falta en materia grave contra el ordenamiento constitucional que reconoce en la ciudadanía el poder supremo y primario. Fue un atropello enmascarado en mendaces afirmaciones, en la irrelevancia de la diferencia entre el SÍ y el NO, en una promesa convertida en engaño de incorporar profundas modificaciones en el acuerdo de paz negado, sin que se hayan presentado fallas en el conteo de los votos, sin señales de fraude y en el marco de unas ventajosas condiciones para que hubiera ganado el SÍ.

    En el curso de sus siete años de mandato, Santos ha tratado de someter a sus designios a los otros poderes y a los organismos de control llegando al punto de convertir algunos de ellos en apéndices del ejecutivo.

    Quiso después que la Corte Constitucional, a la que sobó con prebendas popularmente conocidas como mermelada, le aprobara la inmodificabilidad de esos acuerdos por 12 años, con lo que de paso estrangulaba a un poder legislativo donde si bien contaba con mayorías aplastantes, no quería dejar lugar a dudas en sus compromisos con las Farc. Ahí fue donde empezó a desgranarse la mazorca de sus mayorías pues hasta la propia Corte en gesto de independencia señaló límites al Acuerdo Santos-Farc, mantuvo su condición de política pública y aunque llamó a las instituciones a desarrollar e implementar lo acordado, dejó la puerta abierta para que el Congreso de la República, en uso de su fuero legislativo procediera a hacer las reformas que a bien tuviera.

    Y sucedió lo que nadie esperaba. Se desbarató la mayoría gobiernista por las razones que fueran, eso no importa ni invalida lo ocurrido, pues fueron decisiones por interés político, como lo son todas las que se toman en un congreso. Ni el propio gobierno con su infatigable acoso político a los parlamentarios, en una mezcla de mermelada agotada, incompetencia de sus ministros y amenazas veladas y hasta exóticas, pudo obtener las mayorías necesarias para la aprobación de varios de esos acuerdos.

    Y ¿cuál fue la reacción de quien hemos llamado con total fundamento un tirano, un autócrata? Desde antes de que el presidente del Congreso resolviera las dudas sobre lo que es mayoría y quórum, ya viéndose perdido, de manera cínica amenazó con decretar el estado de conmoción interior, citar una constituyente y con un misterioso plan B como si bajo estas figuras se pudiese, de buenas a primeras suplantar el Congreso.

    Producida la aclaración a la que hemos aludido, Santos, reafirmándose en su habitual desconocimiento y violación de sus funciones e irrespetando el poder legislativo, se vino lanza en ristre contra el Congreso que días atrás adulaba. Anunció con todo el desparpajo que acudiría a las cortes, léase el dócil y obsecuente Consejo de Estado, al que logró arrancarle en tiempo récord (30 minutos) un concepto a su favor que no es vinculante.

    También, que pondría el asunto en manos de la Corte Constitucional, terminando en el exabrupto de llevarlo ante un Tribunal de nivel secundario. La consecuencia de esta tramoya surgida de su profundo desespero e irresponsabilidad no es otra que la de desatar una profunda crisis de estado en la medida en que el presidente de la república crea las condiciones para una colisión entre los tres poderes públicos.

    Darío Acevedo Carmona, 11 de noviembre de 2017

  • Las gracias del tirano tahúr

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    Los tiranos imponen su voluntad a como dé lugar, se inventan leyes o las interpretan a su amaño. Una y otra vez y cada vez más descaradamente, Juan Manuel Santos procede como un tirano, como dictador de una “banana republic” y se reafirma en su papel de abrecaminos del modelo castrochavista en Colombia.

    Sus atropellos a la democracia y a la institucionalidad han superado con creces todas las barreras posibles de la ignominia. Primero desconociendo el resultado del plebiscito en el que los colombianos que votaron bajo las reglas del juego por él impuestas le dijeron NO a su propuesta de paz. Ahora amenaza con dar el paso del aventurero enloquecido que quiere hacer de la derrota su victoria retorciendo el resultado adverso del Congreso.

    El castillo de naipes que había forjado a punta de mermelada se le está derrumbando en un Congreso que, en demostración inusual de autonomía, le negó las mayorías a la ley que estipulaba la creación de “16 circunscripciones especiales de paz” en zonas de conflicto que en realidad caerían en manos de las Farc en vez de ser espacios de representación para las víctimas del conflicto.

    Lo que están tratando de imponer con rebuscadas interpretaciones de códigos, artículos de la Constitución y hasta ecuaciones matemáticas es tan abyecto que no han mostrado el más mínimo rubor al decir que el gobierno tenía “un as bajo la manga”, típica expresión de tramposos, tahúres y fulleros, similar a la de jugar con los dados marcados.

    Santos ha violentado todos los umbrales de la decencia de la ética y de la moral y por ello pretende ubicarse por encima de todo, como un ser amoral, al pensar que su palabra empeñada a los criminales de guerra en La Habana y en Bogotá, es la palabra del Estado colombiano y creyéndose a lo Luis XIV que él es el Estado, que ser jefe de estado es lo mismo que ser el Estado.

    A quienes nos acusan de querer volver a la guerra y de exagerar o fantasear con el peligro castrochavista, les decimos que el mejor argumento para demostrar la pertinencia de nuestros temores nos lo proporciona quien hoy ejerce de presidente de la república. Él, con sus actuaciones no solo ha pisoteado la constitución nacional y la institucionalidad, sino que le ha abierto la puerta de la política a quienes quieren implantar ese modelo en Colombia.

    El presidente Santos, o más bien, el tirano, el dictador, el campeón de la arbitrariedad vestida de galas, quiere notificar a la población que dos por dos son seis, que donde por reglamento solo se pueden hacer dos votaciones se pueden hacer tres, que donde una vez se cierra el tiempo de votación hay forma de abrirle el margen para que un amigo salve el proyecto con su voto en extra tiempo, que la mitad más uno de 99 es 50 y no 50 y medio que se acerca al siguiente número entero, es decir, 51.

    Solo un presidente arbitrario y uno que otro consueta pueden entender al revés el artículo 134 de la Constitución y su parágrafo transitorio que claramente estipula el régimen de faltas absolutas y temporales de los congresistas y de la pérdida de investidura por condena, situación en la que aún no están los tres congresistas investigados con los cuales, supuestamente, se rebajaría el quorum del Senado de 102 a 99.

    No hay necesidad de citar a este u otro sabio de la ciencia política para pensar que este hombre ha causado un daño a la democracia comparable al de cualquiera otro de los sátrapas del socialismo del siglo XXI. ¿Con qué o cómo, le vamos a cobrar a Juan Manuel Santos haber hecho añicos la Constitución, la Justicia, la separación de poderes?

    No nos ha dejado el maestro de las trampas otro camino que el de salir a las calles a exigir su renuncia y al de pedirle a la Corte Constitucional que se amarre los pantalones y de muestras de autonomía y rechace la presión de los grandes medios y del Ejecutivo para convertir en nuestra constitución en un papirote.

    Golpe tras golpe Santos se ratifica como un auténtico golpista escondido con el disfraz de la paz. Reúne ya todos los méritos para ser juzgado y destituido.

     Coda, Dice el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández “El Acto Legislativo 2 de 2015 señala que, “para efectos de conformación de quórum” (no de mayorías) “… se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas”.  La norma no es aplicable a las faltas temporales de quienes, aún no condenados, tienen orden de captura en su contra. Así que, al tenor del artículo 375 de la Constitución, para un Acto Legislativo, “la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara”. Son 102 miembros del Senado, y la mitad más uno es 52, no 50 votos.”

    Darío Acevedo Carmona, 4 de diciembre de 2017

  • Verdad e Historia, y II

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    En mi columna anterior termine sosteniendo que la verdad en sentido histórico no podía ser fruto de un tratado o acuerdo político y tampoco estar en manos de una comisión.

    No es la primera vez que se intenta tal cosa. Durante el gobierno liberal de Virgilio Barco (1986-1990) se conformó una Comisión para el estudio la violencia, se designó para ello un equipo de historiadores profesionales dirigido por el investigador Gonzalo Sánchez. Un nuevo libro fue el resultado y las tesis expuestas no han dejado de causar polémicas.

    Son varias las hipótesis explicativas que los estudiosos han lanzado sobre la violencia política en distintos momentos de nuestra historia sin que se haya alcanzado un consenso. Se ha dicho, por ejemplo, que el hilo conductor de la violencia ha sido el problema de la tenencia de la tierra o que nuestro pasado está construido sobre la violencia, que esta es un fenómeno permanente. Hay quienes igualan, sin mayor evidencia, los enfrentamientos fratricidas entre liberales y conservadores con el fenómeno de las guerrillas comunistas  

    Es bueno mirar hacia atrás lo que se ha hecho y observar también experiencias ajenas para tener la certeza de que una cosa es encontrar la verdad jurídica de los hechos cuya función es hallar los responsables de crímenes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, castigar y de ese modo contribuir a la reparación de las víctimas, tarea que debe estar en manos de la Justicia.

    Y muy otra es el estudio sistemático de todo el fenómeno que debe promoverse en universidades y estar a cargo de investigadores sin ataduras con misiones oficiales o partidistas ni paradigmas ideológicos.

    De manera que las preocupaciones que estoy planteando no deben entenderse como la imposibilidad de establecer consensos académicos respecto del conflicto armado sino que estos deben ser ajenos al interés político y al deseo de las partes por descubrir “que fue lo que pasó”. Más crudamente: firmar la paz no deriva en que tenga que haber un acuerdo en el estudio de la guerra o del conflicto armado o de la lucha del estado contra el terrorismo.

    Mírese no más lo ocurrido con el trabajo de unos especialistas designados a dedo y con criterios más ideológicos que académicos en La Habana para, supuestamente, establecer las bases de la verdad deseada por las Farc. Sus jefes siguen pensando que su versión del problema es la verdad verdadera: que su levantamiento obedeció a unas circunstancias internas y que nada o poco tenía que ver la ideología marxista en su decisión de irse a las armas mientras su partido comunista se dedicaba a la política electoral y legal.

    Preocupa que en aras de la paz no solo tengamos que tragarnos todas las canonjías dispensadas a una organización sobre el supuesto histórico de su justa lucha en favor de los oprimidos, de la tierra para los campesinos y que se borre o se traslape el fondo marxista-leninista de su proyecto y su programa.

    Preocupa que entre activistas de izquierda prime la convicción de que la situación colombiana es asimilable a lo ocurrido en las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile, y que el desastre humanitario fue el producto de una política de estado, idea plasmada en la creación e integración de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Comisión de la Verdad, aparatos arrancados al gobierno de turno en el marco de una negociación en la que este capituló ante las Farc sus razones políticas y sus motivaciones morales.

    ¿Qué podríamos esperar, por ejemplo, de la pluma del antropólogo Alfredo Molano cuyos textos, muy bien escritos desde el punto de vista narrativo, presentan una versión idílica, heroica y justiciera de las guerrillas? O ¿de la visión de sociólogos que sembraron la idea de las “causas objetivas” y a la vez solapan el rol de miembros del Comité Central del Partido Comunista como Manuel Cepeda, Jacobo Arenas, Alfonso Cano y el mismo Manuel Marulanda Tirofijo en el adoctrinamiento marxista-leninista de campesinos y en el de emprender el camino de las armas?

    Y se nombra para presidirla a Francisco de Roux, sacerdote jesuita, como queriéndonos decir que la sotana inspira autoridad histórica. No es nada en especial contra él sino por lo que hemos dicho, porque no es pertinente una Comisión de la verdad y adicionalmente porque sus miembros fueron escogidos con claro sesgo ideológico.

    ¿Para qué se quiere esa verdad oficial, definitiva y de cierre? ¿Será la que le van a enseñar a nuestra juventud en la escuela, colegios y universidades? La verdad oficial es cosa propia de dictaduras para deformar los hechos y homogenizar a la población con dogmas políticos como la supremacía de una raza, de una nación o de una clase, entiéndase nazismo, fascismo y comunismo.

    El asunto, para dejar aquí, por ahora, es que la Comisión de la Verdad carece de sentido, y que de una Comisión integrada con claro sesgo izquierdista por Alfredo Molano, el jesuita De Roux, la excompañera del excomandante guerrillero León Valencia y caracterizados activistas políticos, no podemos esperar sino la reedición pulida de textos que ya han circulado ampliamente en las columnas de Molano, de De Roux y en las diatribas de literatos como William Ospina.

    Darío Acevedo Carmona, 27 de noviembre de 2017

  • Verdad e Historia I

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    La palabra verdad nos remite a una de las nociones más complejas en la vida de los humanos. Sobre ella se ha hablado desde la religión, la filosofía, la lógica, la justicia y la historia.

    Es desde esta última disciplina desde donde quiero hacer unos cuantos apuntes relacionados con lo que se espera develar a través de una comisión acordada entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

    Empecemos por reconocer que alrededor de la palabra son más los desacuerdos que los consensos. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de buscar y encontrar la verdad?, ¿es ella algo que está oculto en algún lugar, algo que se revela? ¿O es una construcción coherente y fundamentada resultante del análisis de todos los elementos que intervienen en la situación o problema que se estudia?

    Si la verdad residiera en los hechos y solo en ellos no tendríamos, como tenemos, miles de estudios sobre acontecimientos importantes u otros fenómenos del pasado, por ejemplo, la revolución francesa, las revoluciones de independencia en América o la colonización.

    La época de la violencia liberal conservadora de mediados de siglo pasado en Colombia es un buen caso para ilustrar las dificultades subyacentes a la pretensión de hallar la verdad. El presidente Alberto Lleras Camargo conformó una “Comisión” con un sacerdote, Germán Guzmán Campos, un jurista, Eduardo Umaña Luna y un sociólogo, Orlando Fals Borda para que investigara la tragedia recién superada por el pacto del Frente Nacional.

    El resultado fue el libro “La Violencia en Colombia”, pionero de las investigaciones subsiguientes que por centenares se adelantaron por parte de profesionales de diversas disciplinas. Esta es la hora que no hay un consenso total y definitivo sobre esa “verdad histórica”. A lo mejor no hemos querido entender que abordar un problema desde la óptica simple de causas y consecuencias es insuficiente, inútil y en veces imposible porque una cosa es dar cuenta, v. gr., de un magnicidio y otra, explicar un conjunto de situaciones.

    Eso no quiere decir que un historiador tiene carta libre para escribir y decir lo que se le ocurra. Entre nosotros existe, como en otras disciplinas de carácter especulativo de las ciencias humanas, métodos forjados a través de la experiencia para realizar investigaciones y consensos en torno a algunos temas o hechos suficientemente documentados.

    En la historia sobre el nazismo hay amplios y fundados acuerdos acerca del carácter criminal de los regímenes basados en la teoría de la supremacía aria. No sucede lo mismo con los estudios sobre el comunismo por razones que no alcanzamos a incluir en este texto. Y, por tratarse de una situación del pasado reciente la historia se entrecruza con decisiones políticas que establecen penas de cárcel en algunos países para quienes nieguen el holocausto de los judíos a manos del nacionalsocialismo y su inherente xenofobia.

    Hace algunos años un grupo de historiadores muy respetables y reconocidos, incluidos algunos judíos, se pronunciaron contra la pena de cárcel en Austria e Inglaterra contra historiadores que negaran el holocausto. No defendían el “derecho” a decir cualquier barrabasada, sino a tener confianza en las investigaciones hechas con espíritu académico.

    Tendríamos que ponernos de acuerdo en que el estudio del pasado es más complicado que escribir un relato de los hechos, que el pasado es tan complejo como el presente y por ello, intentar una verdad oficial de cierre es, cuando menos, un camino al dogmatismo.

    Ello no quiere decir que no existan acuerdos sobre hechos puntuales. Por ejemplo, a la pregunta ¿Quién mató a Gaitán? Mal que bien se responde, con elementos de prueba que fue Juan Nieto Roa. Los que dicen algo diferente, que fue la CIA, la oligarquía colombiana, el partido comunista, el gobierno, solo tienen en su favor un alegato fantasioso o ideológico sin sustento fáctico.

    De esta manera, sobre todo en lo que tiene que ver con el acontecer político, terminamos, por una parte, reconociendo la complejidad de las situaciones estudiadas y de otra, la existencia de los hechos, sin los cuales la historia derivaría en un ejercicio caprichoso.

    La verdad en sentido jurídico es de una dimensión diferente, sobre todo en lo que respecta a las investigaciones sobre conductas delictivas en el marco de guerras, insurrecciones, revoluciones, golpes de estado, magnicidios, crímenes de guerra.

    Ahí está el ejemplo del Tribunal de Nuremberg que juzgó a los jefes nazis. Allí, si bien se tuvo en cuenta el papel jugado por una ideología que justificaba el horror, los jueces tuvieron que individualizar responsabilidades en la comisión de X o Y crímenes. Ahí se puede apreciar que la verdad jurídica es diferente (y es un insumo) a la verdad en Historia.

    Termino con la reflexión del historiador francés de origen judío y tendencia marxista ejecutado por los nazis, Marc Bloch, quien planteó que la historia no es tribunal para juzgar el pasado, para absolver o condenar están los jueces. Y es que si la historia, como disciplina, tuviese la función de ser ejemplarizante, hace siglos los seres humanos habrían dejado de apelar a la guerra.

    En próxima columna explicaré mi opinión en el sentido de que la historia sobre el llamado conflicto armado en Colombia no puede ser fruto de un tratado o un acuerdo político ni puede estar en manos de una comisión.  

    Darío Acevedo Carmona, 20 de noviembre de 2017