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  • Le cobran al presidente Duque cuentas ajenas

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    Tan pródigo es el legado que Juan Manuel Santos le dejó al nuevo gobierno y al país que el listado incluye un paro nacional de profesores, estudiantes y directivas del sistema educativo público y privado.

    Los problemas de desfinanciamiento de las universidades públicas, según palabras de un rector que habló en el Congreso se remontan a la Ley 30 de 1992. Un líder estudiantil dijo que vienen desde 1998. Y no pueden faltar los dinosaurios marxistas que remiten todo a fallas estructurales del sistema y el modelo.

    Nadie se refiere al descuadre gigantesco de las finanzas públicas ocasionado por el expresidente Santos. Y ningún rector habla de los problemas que agobian a los claustros en materia de calidad de la enseñanza y la investigación, la carga de los profesores, la politización de los claustros y todo aquello que signifique mirarse el ombligo.

    El presidente Duque apenas está echando a andar sus políticas públicas, de modo que no se le puede responsabilizar del estado calamitoso de las finanzas universitarias ni de las fallas de las universidades en el cumplimiento de sus fines misionales. En cambio, hay políticos populistas y demagogos y activistas al acecho de las carencias sociales, que existen y deben resolverse, prestos a capitalizar el descontento y promover las movilizaciones callejeras que consideran más efectivas que la discusión razonable en los espacios en donde se definen los problemas con argumentos.

    La politización de la academia por parte de fuerzas de izquierda y del gobierno en el pasado octenio nos da la clave para entender el por qué se adelanta este cobro de cuentas a todas luces injusto. No se hizo antes porque la orientación de esas izquierdas era la de apoyar la paz de Santos, a su vez, el expresidente irrigó algunos recursos para pagar dicho apoyo. Las universidades públicas y privadas apoyaron acríticamente las negociaciones de La Habana, reventando la autonomía académica al casarse con una política gubernamental y creando centros de pensamiento, cátedras, usar las redes y medios institucionales, organizar eventos no académicos en los campus, foros en los que se anuló el debate y muchas otras actividades.

    El trasfondo político de la movilización se aprecia con claridad en muchas de las consignas y el contenido de los discursos de los dirigentes. En ellos culpan al uribismo, al Centro Democrático y al presidente Duque por la crisis de las universidades como se lee en uno de los miles de mensajes: “señor @IvanDuque, Uribismo, aquí está el mensaje de la sociedad crítica ante las nefastas decisiones de invertir más en guerra que en educación.”.

    Cuando lo cierto es que en los ocho años precedentes quien dilapidó el presupuesto nacional en publicidad pacifista y mermelada corruptora a borbotones a expensas del erario fue el expresidente Santos. Se omite decir que el gobierno actual trabaja con el presupuesto aprobado por esa administración, desfinanciado en 25 billones de pesos y que cualquier cambio o reforma que se le quiera hacer debe atenerse a procedimientos de ley.

    No podía faltar el recurso contra la privatización de la Universidad pública, una bandera que se esgrime desde fines de los años sesenta tan deshilachada que no genera credibilidad, pero es eficaz para convocar a un público que por su condición transitoria no cae en cuenta de la demagogia que encierra.

    Y el esfuerzo por resucitar las viejas consignas de cogobierno y gratuidad total, muy atractiva esta última a primera vista, pero que esconde grandes equívocos y falacias propias de quienes creen que el Estado debe y puede, sin especificar de dónde han de salir los recursos, establecer esa prerrogativa, que, además, es sumamente inequitativa puesto que eximiría de pagar a quienes pueden hacerlo.

    Tampoco se les aclara a los estudiantes que la otra forma de financiar tal gratuidad es elevando impuestos considerablemente, medida que rechazan los profesores universitarios que aprovechan este movimiento para protestar contra la reforma fiscal de Santos que gravó sus salarios.

    ¿Por qué, entonces, le quieren cobrar al presidente Duque, los platos rotos, las cargas e incumplimientos que recibió de su antecesor? ¿Creen los rectores y los líderes del movimiento que los costos del acuerdo de paz, el inclemente menoscabo de los dineros públicos, la ofensiva corrupción oficial, el bajísimo crecimiento de la economía colombiana y la llegada de millones de hermanos venezolanos que huyen del terrible desastre de la dictadura castrochavista, no afectan las finanzas del estado?

    Los rectores coincidieron con Petro en exigirle a este gobierno resolver positivamente la totalidad de demandas y por eso consideran insuficiente lo planteado por la ministra de Educación, el presidente Duque con aval de todas las bancadas del Congreso (partida adicional de 500mil millones, aumento del presupuesto de educación en términos reales en 4 años por encima del 15 por ciento, 42 billones para 2019, por encima del presupuesto de defensa).

    Por lo anotado es que tenemos razones para pensar que el movimiento es desproporcionado y extraño. Desproporcionado porque la paralización de las actividades educativas nunca podrá ser un recurso aceptable ante un gobierno democrático y abierto al diálogo.

    Y extraño porque ha sido contaminado por Petro y sus activistas, porque se han sumado los establecimientos privados a quienes les queda bien feo pedir comida con el estómago lleno y porque de las directivas de las universidades públicas es de esperarse una actitud de diálogo y concertación en vez de contemporización con los llamados a la parálisis.

    Darío Acevedo Carmona, 15 de octubre de 2018

  • La batalla por la Verdad y la Memoria

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    La verdad y la memoria, el ideal de justicia, la defensa de la integridad de la Constitución, la convicción moral en la causa democrática, fueron objeto de negociación claudicante en La Habana. Allá y en escenarios como la ONU, el expresidente Santos demeritó la lucha del Estado contra las guerrillas terroristas.

    Al aceptar el establecimiento de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y su conformación con personas claramente favorables a la mirada izquierdista sobre la violencia política colombiana reciente, le abrió campo a uno de los sueños más preciados de las guerrillas comunistas: imponer su verdad definitiva del “conflicto armado”.

    La CEV trabaja en simultáneo con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) cuya misión es procesar judicialmente a responsables de graves delitos en el marco, no de la justicia internacional y de nuestra constitución, sino en el de la justicia transicional. También funciona una Comisión de la Memoria Histórica.

    Sobre esos temas se libra una intensa batalla  entre quienes sostienen que en Colombia hubo una guerra civil o conflicto armado o un levantamiento justiciero contra la dictadura civil del Frente Nacional con el trasfondo de la propiedad de la tierra y la exclusión política, de un lado, y quienes pensamos que la confrontación de las guerrillas con el Estado colombiano surgió como expresión de proyectos revolucionarios comunistas en la dinámica de la guerra fría, que pretendieron acceder al poder a través de la lucha armada y en dicho camino fracasaron y se criminalizaron cometiendo innumerables crímenes de lesa humanidad.

    El diseño y las funciones asignadas a las comisiones creadas terminarán consolidando el control de la verdad jurídica, la verdad histórica y la memoria por parte de la narrativa guerrillera.

    La jurídica porque no tendrá como referente la normatividad vigente de la justicia humanitaria internacional ni el bloque de constitucionalidad colombiano sino una legislación transicional benévola que tiende a la impunidad.

    La histórica porque se adopta un modelo ensayado para países en franca guerra civil o gobernados por déspotas o dictadores sanguinarios, situaciones con las que no encaja el sistema democrático colombiano.

     Y la memoria porque se privilegia el testimonio de las víctimas del Estado al que, de paso, se culpa de impulsar una política oficial de violación de los derechos humanos.

    En relación con la verdad histórica, hay que añadir que se pretende deformar su carácter académico, libre de sesgos ideológico e intereses políticos. Por los trabajos realizados hasta el presente por la comisión presidida por el sacerdote De Roux se puede decir que está invadiendo competencias de la JEP.

    Debemos reiterar que el espíritu académico riñe con comisiones. La CEV quiere hallar la verdad final, de cierre queriendo ignorar que la verdad histórica, en sentido académico, es más especulativa, puede inspirarse en diferentes enfoques, metodologías y paradigmas que en vez de cerrar pueden llevar a la apertura de debates no necesariamente contradictorios ni necesariamente complementarios. Los resultados en esta perspectiva son sometidos al escrutinio y evaluación de pares, de la comunidad académica y del público crítico.

    Lo explica más nítidamente el prestigioso historiador francés Maurice Agulhon[i] cuando plantea que hablar de verdad o falsedad “corresponde a la llamada ´historia del acontecer´”, pues “es con relación a un hecho preciso que podemos hablar de lo verdadero o de lo falso”. Y agrega, “Pero los historiadores no se contentan con esto. Buscan alcanzar interpretaciones y conclusiones generales.” Y afirma que es dudoso que a ese nivel se pueda calificar una interpretación como verdadera o falsa.

    La verdad histórica, por tanto, es del resorte de la academia no de comisiones cuyos resultados presumen de incuestionables.

    Sobre la memoria de la violencia y el terror político creo pertinente acudir a la reflexión del escritor y reportero del New York Times, David Rieff[ii], quien advierte sobre los peligros de usarla con fines de retaliación o venganza o con intencionalidad política o ideológica: “La memoria histórica colectiva tal como las comunidades, los pueblos y las naciones la entienden y despliegan… ha conducido con demasiada frecuencia a la guerra más que a la paz, al rencor más que a la reconciliación y a la resolución de vengarse en lugar de obligarse a la ardua labor del perdón.”

    La memoria puede llegar a ser un sentimiento colectivo unificador en la narrativa de un pueblo o nación o comunidad como en el caso de los judíos ante el horror nazi. Pero, también puede ser selectiva, no unificadora, como en los Balcanes o los colombianos.

    Por tanto, lo deseable es que la verdad y la memoria sean abordados con criterios profesionales y técnicos abiertos. En tal sentido, los productos de la memoria deberían ser clasificados, divulgados y puestos a disposición del público y de los académicos en su sitio adecuado: el Archivo General de la Nación. Y la verdad histórica remitida a Colciencias como una línea macro de investigación bajo los mismos parámetros vigentes para los conflictos políticos y sociales.

    Coda: La propuesta formulada por el Centro de Estudios DeJusticia y la Universidad de Oxford[iii] (con el apoyo de Open Society Human Rights Initiative) a la CEV de crear una sección que investigue la “complicidad empresarial” en el “conflicto armado” con grupos paramilitares y en violaciones a los DDHH, revela un injustificado sesgo antiempresarial en línea con la narrativa guerrillera que estigmatiza a finqueros, hacendados y ganaderos como promotores del paramilitarismo. Por coherencia deberían proponer que se haga lo mismo con intelectuales, académicos, periodistas, activistas de Ongs, sindicalistas, congresistas, partidos, personalidades que apoyaron o financiaron de alguna manera las acciones criminales de las guerrillas.

    Darío Acevedo Carmona, 8 de octubre de 2018

    [i] Gadofre Gilbert, director, Certidumbres e incertidumbres de la Historia. Editorial Universidad Nacional de Colombia y Editorial Norma S. A. Bogotá, 1997, pp. 251-259.

    [ii] Rieff David, Contra la Memoria. Random House Mondadori, SAS, Cota, Colombia, 2012, pp. 37-38

    [iii] Autores varios, Cuentas claras. DeJusticia, Ediciones Antropos, Bogotá, D.C. febrero 2018.

  • Fronteras de la política

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    Para decir lo que voy a decir quiero dejar claro que parto del principio de que cualquier ciudadano puede y debe participar en política sin perjuicio de entender la conflictividad entre actividades, oficios, profesiones y dignidades con la acción política.

    El estado republicano y democrático-liberal instauró la ciudadanía, un valor altamente político acompañado de deberes y derechos cuyo ejercicio supone atributos e impedimentos, reconocimiento de fronteras fuertes o leves, duras o porosas que las personas deben discernir y respetar de tal forma que se entienda qué corresponde y qué no al mundo de la política.

    Una primera frontera de la política moderna es la que se da con la religión y las iglesias. Alude a la implantación, lenta pero firme, de la separación de la iglesia y el estado, acuñada en la frase romana “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahí se resguarda la acción política de la muy fuerte influencia moral que tenían los curas sobre la población y de la utilización del púlpito, la sotana y la investidura sacerdotal para fines partidistas y proselitistas, lo cual no les impide, en tanto ciudadanos, ejercer sus derechos electorales.

    Una segunda frontera es la que existe con la Justicia. Este sí que es un mundo en el que permitir que lo político contamine o franquee la impartición de justicia es fatal para el ordenamiento institucional y social. Por eso la Justicia es representada por una diosa (Artemisa o Astrea) vendada para que no vea el reo, espada en mano para castigar y una balanza para sopesar lo bueno y lo malo del reo. Juez, magistrado, corte o tribunal que actúe bajo imperativos partidistas o de facción distorsiona su misión. Al igual que con los curas, los jueces no pierden sus derechos políticos.

    Una tercera frontera es la que tiene que ver con la academia. De alguna manera el profesor se asemeja al sacerdote por su estatus especial de persona escuchada, con autoridad y liderazgo, además de contar ambos con públicos cautivos. Pero su función principal es la de educar, crear y divulgar conocimiento.

    La misión de la institución educativa estipula con rigor que el docente o el científico no deben usar el aula, la cátedra, el laboratorio y sus clases para difundir sus ideas políticas o adoctrinar a sus discípulos. Además, que no se use el prestigio alcanzado en el ejercicio académico como carta de presentación para justificar o darles brillo a sus posturas políticas.

    ¿Se puede ser un buen académico y un buen político?, aunque es raro, no es imposible, pero ser lo uno no garantiza lo otro. Un docente o investigador puede ser muy exitoso en su labor académica, pero ello no tiene por consecuencia que en su actividad política le ocurra algo similar, o que por ello sea más creíble.

    La experiencia vivida desde hace varias décadas en las universidades públicas respecto de la relación conflictiva entre vida académica y militancia y actividad política es algo sobre lo que es preciso debatir mucho más de lo que se ha visto. Las universidades han sido utilizadas de manera sistemática como espacio de confrontación política, arena de combate ideológico, fortín de propaganda y publicidad de ideas de izquierda y hasta campo de paradas cuasimilitares de encapuchados.

    Nada de eso tendría que ocurrir en las instituciones académicas puesto que esa no es su misión, pero, se arguye que la universidad no puede ser neutral o insensible frente a los problemas de la nación, una idea con la que se quiere validar el aprovechamiento de la libertad de los campus y la presencia de una población joven que tiende a ser crítica, para promocionar causas político-partidistas.   

    Se trata, sin duda, de una grave distorsión de la misión de la academia. No porque los miembros de ella deban ser indiferentes con los temas políticos sino porque se confunde a las personas y su condición ciudadana con la misión institucional. Es comprensible que investigadores, profesores y estudiantes pueden interesarse e intervenir en política, pero, es deseable que cuando lo hagan entiendan y respeten la autonomía académica y que la acción política discurre por otros espacios: la calle, la plaza, los medios, las urnas, el congreso, entre otros.

    Un ejemplo concreto que ilustra lo dicho es el movimiento que algunas directivas, profesores y estudiantes de universidades públicas están fraguando en estos momentos para exigir un presupuesto adecuado, la derogatoria de los artículos de la última reforma tributaria que graban los gastos de representación de los profesores y otros temas puntuales.

    Sus gestores no reconocen el error de haberse comprometido con la causa política de la paz de Santos, cuyos costos jurídicos, institucionales y económicos son elevadísimos. Mientras aplaudían, Santos pasaba sin resistencia su reforma tributaria que ahora quieren cobrarle a un presidente que apenas se posesiona y que aún no ha echado a caminar toda su política educativa.

    El sistema universitario público y privado fue cooptado para una causa política, que nos interesa a todos como ciudadanos mas no a instituciones académicas. Bajo la sombra del alero pacifista se crearon centros de pensamiento, grupos de investigación, se organizaron foros, congresos de los pueblos, se han usado masivamente las redes y los medios académicos para divulgar las negociaciones de paz, profesores se convirtieron en activistas de esa causa, se crearon cátedras sobre el tema, en esta ocasionan proponen la creación de un movimiento profesoral permanente.

    El signo invariable de este conjunto fue el sesgo izquierdizante, la ausencia de debate, el aplauso incondicional a la paz Santos-Farc y la condena y exclusión a sus críticos.

    Darío Acevedo Carmona, 1 de octubre de 2018