Comentarios en torno de las implicaciones de la emergente guardia campesina sobre la unidad e integridad orgánica y funcional de la Fuerza Pública.
A raíz de los dolorosos sucesos en la localidad de Los Pozos, Caquetá, en los que una multitud, prevalida de insignias de guardia campesina y guardia indígena, esgrimiendo armas cortopunzantes y garrotes, rodea y reduce a un grupo de agentes del escuadrón antimotines de la Policía Nacional, ESMAD, uno de cuyo integrantes resultado asesinado y cerca de 90 secuestrados, afloró un delicado problema que preocupa en sumo grado por sus negativas repercusiones.
La guardia campesina es una fiel copia de la ya existente guardia indígena y de la mencionada guardia cimarrona o afro. Son varios los factores que debemos tener en cuenta para abordar el análisis de una situación que puede conducir a un deterioro incontrolable del orden público en el país.
Lo primero que debemos tener en cuenta es que Colombia es un estado centralista que deposita el cuidado de la soberanía nacional, la integridad del territorio y el ejercicio de la autoridad, en su Fuerza Pública compuesta por las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea, Armada) y la Policía Nacional. A través de ellas es que se ejerce el monopolio de la fuerza y por ende de las armas y se evita que dicha función sea asumida por grupos o sectores civiles que defienden intereses de naturaleza privada. Es decir, la garantía del orden y la seguridad son asuntos a cargo del estado, es una función delegada en cuerpos reglados, es armada y es de carácter nacional.
En segundo lugar, debemos aludir a la situación vivida por el país, tanto en la confrontación entre liberales y conservadores durante la llamada época de la “Violencia” -1948 a 1958, como en el marco del extenso conflicto armado interno desde 1964 hasta el presente. En ambos momentos, aunque con diferentes nombres y motivaciones, surgieron en el país grupos de civiles armados, chusmas, el fenómeno del bandolerismo, guerrillas, autodefensas campesinas, grupos paramilitares, bandas criminales, milicias locales, carteles mafiosos, entre otras modalidades.
Es importante recordar que el inicio del conflicto armado interno en 1964 tuvo relación con la existencia de civiles rurales organizados en “autodefensas campesinas”, orientados por el partido Comunista de Colombia y liderados por alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo que controlaban zonas conocidas por el remoquete de “repúblicas independientes”.
De otra parte, el fenómeno del paramilitarismo nacido como expresión del deterioro de la Fuerza Pública en proporcionar la seguridad demandada por empresarios y hacendados ante los secuestros y extorsiones a que eran sometidos, principalmente en áreas rurales.
Todos sabemos cuan pernicioso y dañino fue el accionar de estos grupos en todas partes del territorio, fuimos testigos del esfuerzo y las contingencias, sacrificios y hasta concesiones que hubo de realizar el estado para desmovilizarlos y recuperar el monopolio de las armas que siguió en entredicho por la persistencia de varias agrupaciones ilegales.
No está por demás apelar a algunas referencias históricas sobre el recurso de las organizaciones de extrema izquierda y de las guerrillas, no solo a presumir que son la expresión del pueblo en armas y las abanderadas de la justicia. En nombre de una supuesta nueva sociedad se han entronizado en distintos sectores sociales y entes civiles y estatales con fines de adoctrinamiento. Las juventudes, los obreros, las comunidades afro y las etnias indígenas han sido instrumentalizadas y en varias ocasiones, esa actividad se ha traducido en la desviación y usurpación de funciones de organizaciones legales o en la creación de grupos civiles que ejercen autoridad de facto.
Un caso peculiar por su complejidad cultural e idiosincrasia es el de las etnias indígenas. Ellas, por tradición e historia están dotadas de mecanismos y medios para ejercer su autoridad, eso ha sido reconocido por nuestra constitución. Pero, cabe aclarar que, en el caso de la llamada Guardia Indígena, su campo de acción no puede ir más allá de sus territorios, de su población y tampoco puede actuar en contra de la Fuerza Pública, única que por su carácter nacional y su función de garantizar la paz y el orden en todo el territorio no tiene espacios vedados.
El gobierno actual y en especial su presidente, Gustavo Petro, al que le gusta convocar y agitar a las masas, ha incorporado en su lenguaje y proyectos, la idea de extender la experiencia de estas etnias a otros sectores como los campesinos y los afros, la primera línea, y no sabemos si quieran hacer lo mismo con otros sectores como los estudiantes, los obreros, los habitantes de barriadas, etc., todo bajo la máscara de organizaciones de protección de la protesta y las movilizaciones sociales, cuando de veras se trata de una política acorde con la idea ya puesta en práctica de debilitar a la Fuerza Pública y desestructurar la unidad del estado, como se deduce de la vulgar purga de más de 70 altos oficiales de todas las armas del estado.
Como quiera que la paz definitiva del 2016 resultó en una gran mentira y que la situación de violencia con agentes y grupos de toda clase y origen que la propician y que una solución no está a la vuelta de la esquina, se busca vender a la sociedad la idea de que, por tratarse de sectores populares, ellos tienen el derecho a organizarse de manera miliciana y servir de semilleros de la defensa del “cambio”. Así, se avanzaría hacia la sociedad civil armada de la que tenemos ejemplos horrorosos como las camisas pardas, las camisas negras y los guardias rojos.
Darío Acevedo Carmona, 12 de marzo de 2023