En una de sus intervenciones recientes, el presidente Gustavo Petro cifró el costo de la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno en 300 billones de pesos y alegando la insuficiencia de recursos del erario, el supuesto incumplimiento del gobierno de Iván Duque en la implementación del “acuerdo de paz” del 2016, propuso que el Banco de la República emitiera ese dinero. De no hacerlo, indicó, el estado se tomaría más de cien años en la ejecución de ese compromiso.

Varios son los aspectos que se deben considerar para estructurar una opinión razonable ante tan delicado asunto. El estado colombiano, en contra de lo que afirman sectores progres, de izquierda y ultraizquierda y hasta desmovilizados, ha puesto en marcha leyes de compensación y reparación integral para las víctimas.

Sin embargo, las consecuencias humanitarias de un conflicto armado extenso, atomizado, y que no termina, son tan profundas, horrendas, numerosas y dolorosas, que se dificulta el cumplimiento de metas establecidas sin tener en cuenta al menos tres variables, la primera es la referida a la complejidad del fenómeno, la segunda es que por parte de algunas legislaturas y en sentencias de altas cortes, la obligación de tener siempre en cuenta el costo de cada ley y la fuente de su financiación, la regla fiscal, no se ha tenido en cuenta, y la tercera, la pretensión de que el estado sea el único responsable de todos los programas de atención a las víctimas.

Pienso que es muy importante valorar algunas cifras estructuradas por el Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), basado en la consulta de 653 fuentes y 33.497 bases de datos y documentos por parte de funcionarios y contratistas profesionales en la materia.

El periodo cubierto va desde 1958, (debería ser desde 1964 que es el verdadero inicio del levantamiento armado de las guerrillas) al 31 de marzo de 2023, último corte realizado.

Total, hechos de violencia: 361.036. Personas directamente afectadas: 421.806. Víctimas fatales: 269.306.

Estas cifras difieren de las acopiadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado (UARIV), entidad creada por la Ley de Víctimas 1448/2011, que incluye a las víctimas indirectas y se acercan a los 10 millones de personas. Si se atendiera una por una tanto en la reparación material (tierras, retornos, indemnizaciones, compensaciones económicas, vivienda, proyectos, etc) como en la simbólica (relatos de memoria, investigación académica, lugares de memoria, museos y casa de memoria, etc.), el lapso para atenderlas sería de varios siglos.

Por otra parte, los 300 billones de que habla Petro se convertirían en una suma pírrica de tener que cumplirles a todas y cada una de las víctimas, es decir, en un tiempo razonable y sacrificando de paso todas las obligaciones que en otros campos debe cumplir el estado.

Si miramos las cifras sobre víctimas  y los responsables según el OMC, tenemos lo siguiente: grupos paramilitares 95.200, 22.57%. Dos o más grupos: 50.886, 12.06%. Guerrillas: 36.681, 8.70%. Autores desconocidos: 37.392, 8.86%. Grupos armados no identificados: 29.172, 6.91%. Agentes del estado: 8.569, 2.03%. Grupos armados posdemovilización: 5.703, 1.35%.

Como quiera que la desmovilización de varios de los grupos armados organizados (GAO) han asumido compromisos en las negociaciones con el estado para reparar a las víctimas, pidiéndoles perdón, contando la verdad de los hechos, aportando dinero, tierras, semovientes, entre otros insumos, es de esperar que la responsabilidad es plural y en sana lógica no puede recaer solo en el estado, no siendo este el culpable del mayor número de víctimas.

A todas luces, hasta la fecha no ha existido proporcionalidad en la inmensa tarea de reparar a las víctimas y, por tanto, es injusto que el presidente actual, las fuerzas que hacen parte de su coalición y sectores de la comunidad internacional y el mundo diplomático, responsabilicen y acusen solo al estado por supuesto incumplimiento.

Y una reflexión para ponerla en el tapete, urge revisar las categorías de víctimas: directas e indirectas, comunidades, familias, individuos, a la luz de las once conductas violentas violatorias del derecho internacional humanitario para planear y adoptar de manera realista las compensaciones materiales y simbólicas a que haya lugar en vez de lanzar disparatadas propuestas.

Darío Acevedo Carmona, 23 de abril de 2023

Fuente: Observatorio de Memoria y el Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, 31 de marzo de 2023.  https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/infografias/balance-general/

En Francia ante la presentación de un proyecto de reforma pensional las fuerzas de oposición se han lanzado a las calles para expresar su descontento. Igual está ocurriendo en Israel donde todo tipo de sectores de la sociedad hacen lo mismo para oponerse al proyecto de reforma del poder judicial presentado por el primer ministro Netanyahu.

Ambos países están regidos por una sólida democracia que respeta tales manifestaciones y donde los gobiernos que a ella se deben, entran en negociaciones con los representantes de la oposición con el fin de buscar acuerdos. Es de toda lógica que así ocurra, pues democracia quiere decir transacción, negociación y no imposición. Y porque en regímenes republicanos, liberales y democráticos como lo son Francia e Israel, la movilización y la protesta social ante medidas de gobiernos de turno, es respetada y escuchada, diferente a lo que ocurre en gobiernos populistas y dictatoriales, como lo hemos visto en tiempos recientes en Cuba y Nicaragua donde se castiga con violencia oficial, con cárcel y hasta con deportación de líderes toda expresión de protesta masiva.

En Colombia, tal como discurre el debate en torno de los proyectos presentados por el gobierno de Gustavo Petro sobre salud, pensiones, régimen laboral, plan de desarrollo, paz total, entre otros, corre peligro el derecho de la oposición y de sectores que se verían afectados por tales iniciativas, a manifestarse en las calles, en los medios y aún desde algunos entes del estado.

Sin que el repudio o el debate haya llegado a los niveles que se han vivido en Francia e Israel, es decir, sin que se hayan realizado grandes movilizaciones, a las que se tendría, además, todo el derecho, el presidente Petro se ha desmadrado en atacar a los gremios, a la prensa y a los partidos de oposición, traspasando las líneas rojas que separan una democracia de una dictadura.

Es lo que se desprende de su retórica agitacional con la que apela en genérico al “pueblo” que él dice ser y representar y al referirse a un supuesto “golpe de estado” que nadie está proponiendo o ventilando, al menos, desde quienes son sus adversarios, y más bien, se hace desde su propio territorio donde se llama a “salir a las calles” a “la revolución”, a “dar el paso definitivo”. O como  en un mitin con líderes de Juntas de Acción Comunal a las que ha tratado de conquistar empoderándolas en funciones políticas que nunca han desempeñado, como la de movilizarse en defensa de los proyectos del gobierno.

En dicho mitin Petro hizo gala de su tono amenazante, impropio de un mandatario elegido en democracia y de todos los colombianos, advirtiendo a quienes rechazan sus proyectos a que “ni se atrevan” a impulsar “un golpe de estado blando” porque “el pueblo está empoderado, ejerce el poder” y se puede desatar “un estallido social”, etc.

Hay imágenes y videos que demuestran la manera como el presidente Petro se deleita enervando a sus seguidores, apelando a las bajas pasiones que, al decir de los estudiosos del comportamiento de la masa, como Elías Canetti en Masa y poder, Sergio Daniel Labourdette en Mito y política y Serge Moscovici en La era de las multitudes, es la técnica que facilita la absorción del individuo, es decir, la pérdida de su autonomía, su conversión en un simple número que se mueve y reacciona pasionalmente a lo que dicta el caudillo.

De a pocos, la población colombiana se va dando cuenta del dañino proceder de un presidente que enarbola la consigna “del gobierno del cambio”, que, a decir verdad, es un retroceso a momentos y a experiencias de ingrata recordación en diferentes países.

Una cosa es hablar de las ideas y la personalidad de quien no ha dejado de ser un gran agitador revolucionario, muy otra es que, las gentes puedan constatar por su propia mirada y vivencia, la aventura destructiva a la que está siendo conducida nuestra nación.

Ya lo decía, y perdón por apelar a lo que escribí hace unas semanas, que la alianza forjada por Petro fracasaría en pocos meses, es lo que estamos presenciando, y que lo que sigue puede ser tan peligroso si se da el paso, como incitó un irresponsable pero firme comunista precandidato presidencial (Alfredo Saade), a la vía insurreccional para consolidar el proyecto revolucionario y sea convocada una asamblea constituyente citada con las condiciones de Petro.

Darío Acevedo Carmona, 9 de abril de 2023