La izquierda internacional se solidariza con Gustavo Petro por supuesto "golpe blando" en su contra a través de carta que deja claro su rechazo al derecho a la crítica, al ejercicio de la oposición, a las protestas cívicas, a su autoritarismo, a sus recesivos proyectos, y al imperio de la separación de poderes.

Las razones en que se apoyan Chomsky, Zapatero, Pérez Esquivel, la alcaldesa de Barcelona, entre centenares de firmas (más de 350), se basa en afirmaciones  del presidente colombiano en el sentido de que está en marcha un golpe blando en su contra por la obstrucción y saboteo a sus proyectos y persecución de órganos de la justicia.

Conviene hacer un recorrido por situaciones que se están viviendo desde mucho antes de su posesión el 7 de agosto de 2022.

Petro fue uno, quizás el principal instigador, de los dirigentes de la izquierda colombiana que impulsaron un largo y violento paro en 2021 contra el gobierno de Iván Duque con fines de obligarlo a renunciar por un proyecto de reforma tributaria y aumento de la pobreza y el hambre.

Petro Ganó las elecciones en un marco de garantías democráticas. Se posesionó a su manera con un discurso que causó alarma en la opinión pública.

Sobre su gobernabilidad: conformó una alianza con sectores políticos tradicionales del liberalismo, el conservatismo, el partido de la U, la Alianza Verde. El único partido que se declaró en oposición fue el Centro Democrático. De esa forma, gozó de una muy favorable bancada en las dos cámaras del Congreso de la república, suficiente para la aprobación de sus iniciativas. En esas condiciones el legislativo aprobó la reforma tributaria, más onerosa que la de Duque. También el Plan Nacional de Desarrollo en el que se inspiran los principales ejes de su gobierno.

Como es de lógica en una democracia, fueron sometidos a intensas discusiones proyectos sobre salud, pensiones, régimen laboral, educación, bajo la enseña del cambio e invocando su triunfo como su fundamento. Dichos temas suscitaron escozor por su calado e implicaciones. El presidente se obstinó en sus propuestas negándose a hacerles cambios. Ahí se produjo, muy tempranamente, la primera crisis de su alianza que se tradujo en la salida de tres ministros liberales y cambios en otros que no estaban marchando bien, como el del Interior, la de Deportes, el de áreas Tic.

Una de las primeras medidas que causó fuerte revuelo y descontento fue el llamado a calificar servicios a más de sesenta (60) generales y otros altos oficiales con el propósito no revelado de evitar o conjurar un golpe de estado.

Es de anotar que la narrativa petrista y de gran parte de sectores de izquierda se caracteriza por su recurrente negación de la democracia colombiana, por reducir nuestra historia a dos o tres frases con las que se inculpa a una supuesta oligarquía de la existencia de un régimen de opresión, esclavitud, racismo y de injusticias sociales. Dicha doctrina se extiende a demeritar las otras ramas del poder. De ahí se desprende la conclusión de que Petro apunta a hacer una transformación revolucionaria de las instituciones y la vida colombianas a punta de reformas y que por ello es por lo que se molesta y se queja de un supuesto e inexistente golpe blando.

Desde marzo de este año. Petro ha asumido una posición amenazante sosteniendo que le están impidiendo gobernar por las buenas, convocando al “pueblo” a las calles y lanzando desafíos en el sentido de que el irá hasta donde “el pueblo se lo autorice”. Esa retórica es la que ha causado preocupación de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General que le ha resultado, como lo ha dejado ver en numerosos escenarios, incómoda. Debe entenderse que este es el resultado de su negacionismo de la democracia y sus instituciones y de su ignorancia o rechazo a la figura sagrada de la separación de los poderes públicos.

Lo más reciente fue el escándalo alrededor de unas maletas con dólares que comprometen a dos de sus más cercanos alfiles involucrados en chuzadas a empleadas domésticas realizadas desde organismos de inteligencia adscritos a Presidencia que derivó en la renuncia de los dos cercanos colaboradores de Petro. En uno de los capítulos de la controversia Laura Sarabia-Armando Benedetti, el exembajador en Venezuela afirmó que a la campaña de Petro habrían ingresado quince mil millones de pesos de personas que no eran propiamente emprendedores. El presidente Petro en vez de dar explicaciones se ha victimizado y reiteró su denuncia de “golpe blando”

Vistos así los hechos, resulta inaudito que los firmantes de la carta se hayan prestado para sumarse a la versión oficial. Pienso que obedece más bien a la prelación que entre los círculos de izquierda tiene el sentido de la solidaridad ideológica, hasta hace unos años conocida como “internacionalismo proletario”. En esa dinámica, recientemente, se le hizo un homenaje por parte de mandatarios y personajes de estas corrientes a Cristina Kirchner, condenada por corrupción por la justicia argentina, se pudo conocer la causa del silencio ante las atrocidades que esta cometiendo el dictador comunista Daniel Ortega y se saque en limpio al autoritario Rafael Corra y al demagogo Evo Morales.

A esas personalidades no les cabe en la cabeza que lo que está sucediendo en Colombia es un debate en democracia y en libertad, propio de la separación de poderes, en torno a problemas reales. Y que los ataques a la Fiscalía, a la oposición y a los medios con un lenguaje amenazante y autoritario solo tiene la pretensión de liberarse de las acusaciones por la vía de la propaganda interna y externa para consolidar su estrategia antidemocrática y dictatorial, tan recurrida por los movimientos inspirados en el socialismo del siglo XXI.

Deberían saber los firmantes de la carta que el presidente de Colombia sea quien fuere, sólo puede ser enjuiciado por el Senado por decisión de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Al momento, Petro encara una demanda por rebasar gastos de campaña. Los demás problemas no han sido elevados a demandas, lo que está ocurriendo es lo normal en cualquier democracia, modelo adverso a la figura de inimputables y a funcionarios que se consideren por encima de todo control.

Darío Acevedo Carmona, 18 de junio de 2023

Sin duda, el presidente Petro ha demostrado una gran destreza en imponer su agenda al país. En un régimen presidencialista como el nuestro, cabe esperar eso de su primer mandatario, y, a decir verdad, es lo que viene ocurriendo entre errores y desaciertos, incoherencias, distorsiones, falsedades, amenazas y su apego literal a un libreto que, bajo el nombre de reformas, lo real es que se propone instalar un proyecto de corte revolucionario, populista y muy inclinado a la extrema izquierda.

Petro ha dejado en claro que con él los proyectos, los procesos y el estilo de mando, no se caracterizan por la elegancia ni el decoro, sino por su radicalismo, su presentación brutal, su bizarra obcecación, por el carácter desafiante y en veces ordinario que le imprime a su discurso. Para muchos de sus críticos, Petro no ha podido dar el salto a gobernar, sigue preso de su estilo de opositor. Para él, no parece existir diferencia entre las dos condiciones, muy al contrario, da la impresión de sentir un gran placer en fundirlas de tal forma que sigue siendo el opositor y como tal quiere gobernar, atacando a sus críticos, peleando con los otros poderes públicos, con insolencia, sin cuidar el efecto de sus palabras.

Petro está marcando de manera tan funesta la política que no hay día en que no provoque un escándalo, una gran polémica, como si le interesara estar, a cualquier costo y siempre, en primera línea en los titulares. Seguirle el ritmo a cada una de sus peroratas repletas de insensatez es casi imposible, y lo cierto del caso es que logra enredar a sus opositores pues en la misma medida que se descubren sus desatinos, estos pasan a segundo plano con el escándalo siguiente.

¿Hay algo de trama, algo conspirativo en todo lo que hace y dice el presidente? Los revolucionarios siempre se han valido de métodos conspirativos y aunque en el caso que nos ocupa también se detecta improvisación, espontaneísmo e irresponsabilidad, los hechos recientes dan para pensar en una trama urdida con el fin de superar la caída abrupta de su imagen en las encuestas. Me refiero a tres hechos en los que claramente se aprecia un esfuerzo por confundir a la opinión pública y a la oposición. 1. La reanimación del caso Odebrech a través del señalamiento, al cabo de las quinientas, de la acusación contra Óscar Iván Zuluaga, eso sí, sin tocar a quien podría ser el mayor implicado según el expresidente Uribe, Juan Manuel Santos. 2. La negativa de la juez que negó la preclusión la investigación sobre Álvaro Uribe. Y 3. El tema bomba, resucitado de buenas a primeras por gestión de la JEP luego de muchos meses de negativa, escuchar al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso quien se tomó los medios y el estrado judicial para dar rienda suelta a su rencor contra de todas las instituciones, los altos mandos militares, los empresarios, expresidentes, etc., a los que acusó de ser corresponsables de los más graves crímenes de guerra ocurridos en Colombia en las últimas décadas. Versión coincidente con la de sus enemigos de antaño.

Ni corto ni perezoso, el presidente Petro salió a pasar factura y a aprovecharse de las acusaciones y señalamientos de Mancuso, sin que lo dicho por el personaje haya sido soportado con pruebas y fuentes como lo exige la norma penal: “Nombró las personas, les puso nombres propios, pero millones de personas no salieron a la calle, millones de personas no sintieron sensibilidad ante el hecho de que han sido gobernados por grandes criminales” manifestó el presidente, otorgándole la razón a Mancuso a pesar de la ausencia de demostración fáctica.

Fiel a su estilo difamador, en el que acredita vasta experiencia, Petro lanzó hirientes y temerarias glosas que dejan mal paradas todas las instancias del estado y de gobiernos, como cuando afirmó, cual juez de la república, que “Colombia ha sido gobernada por grandes criminales”, y ordena a la JEP investigar a políticos, expresidentes y empresarios ligados con los grupos paramilitares, desconociendo todo lo que se ha procesado y penalizado.

Petro omitió, de la misma manera que lo hizo en el pasado y lo siguen haciendo sectores de izquierda, referirse a la investigación de lo que se ha dado en llamar el frente civil de las guerrillas y a los graves, sistemáticos y horrendos crímenes cometidos por las guerrillas colombianas a lo largo de casi seis décadas de ignominioso y sanguinario accionar. Los comandantes de las Farc-ep ocupan curules en el Congreso, en asambleas y concejos, y sus  auxiliadores en la vida civil con presencia en sindicatos y Ongs y empresarios testaferros, gozan del beneficio de la impunidad gracias al oneroso acuerdo de 2016.

A qué viene o qué sentido tiene para este gobierno armar el batiburrillo de citar a la Corte Penal Internacional para que investigue y sancione a los gobernantes criminales que han gobernado a Colombia. Eso sí, sin que se le vaya a ocurrir que toquen a los criminales de guerra que hoy fungen de padres de la patria ni a los que están invitados a negociar su “paz total”.

Es obvio que uno de los fines apunta a silenciar al expresidente Uribe a quien Petro teme y a quien ha tratado, inútilmente, de derrotarlo y llevarlo a la cárcel. Él y su Pacto Histórico ven en Uribe la persona a  culpar de las dificultades habidas en el tránsito de los proyectos oficiales.

La jugada petrista, además, tiene como consecuencia la negación de que lo sucedido en el país ha sido y sigue siendo uno y varios conflictos armados, ya que todo lo agitado por sus seguidores y sus aliados se ha orientado a culpar al estado como el más grande y en veces el único responsable de los más graves hechos de violencia, convirtiendo, por tanto, el conflicto en un tema de represión de la “oligarquía sanguinaria” contra el pueblo. Cosas de la vida, mientras por un lado y bajo ciertas condiciones califican como un conflicto armado, cuando están de cara a la opinión, a gobiernos internacionales y a organismos defensores de derechos humanos, el discurso da el giro a señalar como únicos responsables al estado colombiano y a varios expresidentes.

A pasos agigantados, el accionar del gobierno petrista, claramente, busca incrementar la confusión reinante, el sentimiento de estar desgobernados, la humillación a la fuerza pública, el desprestigio del estado, de los empresarios, atizar el odio de clases y el resentimiento social, estigmatizar a las personas adineradas y destruir la confianza de la sociedad en nuestras instituciones, en la democracia y en la constitución.

Todo un sancocho indigerible adobado con las más letales hierbas del odio, la mentira, la demagogia, el populismo, el insulto, las amenazas y el autoritarismo.

Darío Acevedo Carmona, 4 de junio de 2023