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corrupción oficial

  • ¿Quién ha propiciado esta corrupción?

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    “La Justicia está herida”, fue lo que expresó la juez 40 de control de garantías en la audiencia de imputación de cargos contra el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, después de que el fiscal investigador manifestara que lo ocurrido “Es demoledor para el Estado de derecho”.

    Apoyada en los resultados de la pesquisa, la juez agregó un dato escabroso, el grupo criminal se había concertado desde 2003: "En el 2003 usted y Gustavo Moreno se conocieron a través de José Leónidas Bustos, fue usted quien citó a su apartamento al señor Moreno y le explicó cómo funcionaba la organización, indicándole cómo manejarían los procesos. Luego era usted quien, generalmente, beneficiaba a los congresistas, políticos y gobernadores de quienes se supiera que tuvieran investigaciones en la Corte Suprema de Justicia o en la Fiscalía".

    Y más adelante fue más directa: “Usted y José Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron, entre otros, a Gustavo Moreno, a Leonardo Pinilla y a Gustavo Malo; organización dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad, la administración pública y la recta impartición de justicia (...) nunca antes a tan alto nivel se había prostituido la profesión de abogado en el ejercicio de la magistratura” (citas tomadas de Caracol radio y El Espectador).

    Esa red se burló a la sociedad al convertir el castigo o la absolución en moneda de cambio, deterioró la confianza social en la Corte Suprema y en los órganos de justicia. Resulta asombroso que hubiera estado activa desde hace tantos años sin ser detectada y alarma constatar que esos magistrados hayan sido tan influyentes y decisivos en la politización de la Justicia y en los enfrentamientos de la Corte con el presidente Uribe.

    Resulta entonces que habría que tomar en serio la versión obtenida por el antiguo DAS en el sentido de que una sesión del organismo acogió la propuesta de que las decisiones a tomar contra funcionarios del uribismo serían de orden político y no jurídico. La consecuencia de todo esto, si es que se pretende remediar así sea parcialmente el daño, es que se adelante una revisión por conjueces intachables y no politizados de las sentencias contra ciudadanos, exministros y funcionarios de ese gobierno que la soliciten.  

    Tomando como punto de reflexión el solo caso del magistrado activo de la Corte, Gustavo Malo, el periodista independiente, Alberto Donadío, afirmó en su última columna (El Espectador 20/09/2017) que de la misma manera y por los mismos motivos que se le está pidiendo la renuncia a Malo, el presidente Santos debería “retirarse del poder”.

    No es una exageración ni un exabrupto esa propuesta puesto que mirando atentamente lo que ha salido a flote en los sobornos multimillonarios de Odebrecht y el caso de los magistrados de la Corte se detectan lazos que unen los hechos de corrupción que no son pocos: Reficar, Isagen, Coopsalud, Interbolsa, “mermelada”, topes de campañas presidenciales y otros, con el poder gubernamental.

    El senador Bernardo el Ñoño Elías, pieza fundamental en el andamiaje del presidente Santos ya reconoció el uso de los dineros de Odebrecht en el cubrimiento de costos de la campaña del 2014 “no sé si el presidente sabia o no. Esa fue la propuesta que me hizo Otto Bula, quien señala que ellos, Odebrecht, quieren ayudar a la campaña, pero ellos necesitan recursos vía adjudicación de ese contrato (Ocaña-Gamarra) Cuando Otto me aborda para tratar ese tema, eso ya estaba casi listo, eso era una decisión del ejecutivo."

    Donadío refresca la memoria: “Los 285.000 votos que Musa y el Ñoño acumularon en las elecciones parlamentarias y le endosaron a Santos fueron los que le permitieron al presidente tener la mayoría en el Senado”. Y es tan grave el asunto que hasta el senador Armando Benedetti, otra ficha importante de la trinca oficial incurso en investigaciones, raramente frenadas, expresó que faltaba llegar “al penthouse”, o sea a la cabeza principal del andamiaje.

    Lo que está destapando de forma valiente el Fiscal General Néstor Humberto Martínez de congresistas muy cercanos al gobierno como el “Ñoño” Elías, Mussa Besaile, Andrade y otros, refuerza las sospechas sobre manejos y arreglos inmorales que se habrían realizado para obtener ciertos resultados. Suena sospechoso que varios precandidatos presidenciales quedaran tendidos en el camino por montajes judiciales y que, a lo mejor, sean muchos los inocentes en prisión.

    Hay cada vez mayor evidencia de que Santos extralimitó gastos de campañas con dineros de la multinacional Odebrecht a la que después favoreció con el otorgamiento de costosas concesiones de infraestructura que tienen a punto de ser llamados a versión libre a todos los ministros que firmaron esos proyectos en un CONPES.

    Las escandalosas revelaciones permiten apreciar la confluencia de diversos personajes de la política (congresistas), del mundo privado y funcionarios en obtener jugosas comisiones y de como una parte de esos dineros fueron a parar a las dos campañas de Santos.

    Es lo que se desprende del anuncio de inicio de investigación penal contra Roberto Prieto, otro gran amigo del presidente Santos, gerente financiero de sus campañas, por recibir dinero destinado a gastos extras de publicidad, y, factiblemente la masiva compra de votos en la Costa Atlántica en la segunda vuelta presidencial del 2014. Prieto, además, se benefició con más de una veintena de contratos milmillonarios con Presidencia y otras agencias estatales.

    Y el círculo no se cierra ni con la vergonzosa negativa de las exministras Gina Parody y Cecilia López a comparecer por tercera vez ante la Fiscalía para explicar su papel en el otrosí Ocaña-Gamarra con el que se habría beneficiado la familia de la primera.

    Cae pues un telón negro sobre la cortina trasparente que Santos dijo haber puesto a toda su gestión.

    Darío Acevedo Carmona, 25 de septiembre de 2017

  • La crisis institucional de Colombia y el reto electoral

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    Preocupa en grado superlativo la crisis de las altas cortes, no solo por lo que representan idealmente ellas en tanto guardianas de las leyes sino también porque su mayor desprestigio puede redundar en la acogida y validación del mal parido monstruo de la JEP en La Habana.

    Con solo ver el punto al que se está llegando en la selección de integrantes de la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión de la Verdad y otros aparatos no menos azarosos que los mencionados hay razones de peso para que los demócratas estemos con la guardia en alto.

    Entre los candidatos a todos esos órganos parajudiciales hay perfiles preocupantes, no solo de arribistas de ocasión, avivatos tras un salario pomposo y profesionales no conscientes del uso que harán de ellos en nombre de la paz. También hay personajes de oscuros antecedentes por el lobby hecho a favor de guerrillas y guerrilleros y juristas que justifican sociológicamente a las guerrillas.

    También hay exmilitantes de grupos ya sometidos que no han cesado un instante en usar su poder político, social y judicial para perseguir a quienes consideran sus enemigos o a quienes los combatieron por vías violentas.

    A la hora de nona veremos qué clase de humo saldrá de las largas y tediosas entrevistas que cinco magos escogidos por delegados de los negociadores de Gobierno y Farc realizarán a miles de aspirantes. Esa comisión carece de idoneidad porque nació de un acuerdo espurio e impregnado de trampas, engaños, mentiras y concesiones ilegales e inconstitucionales.

    Para la Comisión de la Verdad, desde la que se intenta producir una versión oficial, única y definitiva de la “guerra” que, se da por sentado, “afectó y dividió a todos los colombianos por más de cincuenta años” suena como candidato a presidirla el sacerdote jesuita Francisco De Roux, una persona nada imparcial, por cuanto toda su vida ha usado su investidura y su sotana para darle rostro teológico la versión del conflicto que las guerrillas quieren imponer.

    En ese papel, al parecer, sería secundado por el sociólogo de los tenis pisahuevos, reconocido por su militancia ideológica en el mamertismo cultural y “científico”. No sabemos que otras monjas y monjes están haciendo fila, pero de lo que si estoy seguro es que la verdad que saldrá de esos conciliábulos es la que hemos leído en el periódico Voz, en las muchas columnas que pueblan los grandes medios nacionales y en los ensayos de académicos que hablan con propiedad de las “causas objetivas del conflicto” y ven en las guerrillas a luchadores sociales y excluidos y no comunistas totalitarios.

    Con la JEP amenazan Timochenko, Márquez, Losada y Santrich a empresarios, políticos, hacendados, ganaderos, estigmatizados estos últimos por intelectuales “modernos” y urbanos para quienes todo lo que huela a campo es sinónimo de atraso y que piensan que debemos abandonar la ruralidad a la suerte de las políticas comunitaristas y reaccionarias de las Farc.

    Y que se cuiden también de esa justicia revolucionaria, los políticos uribistas, conservadores y Uribe y todos sus seguidores, pues serán llamados a comparecer y a responder por el paramilitarismo. Esa es la dimensión de su llamado a la reconciliación que consiste en que el Estado los perdone, los financie, los repare y, eso sí, se castigue con cárcel a sus enemigos.

    Ahora se viene en carga de caballería uno de los tipos más poderosos de la izquierda de civil, el congresista Alirio Uribe, el mismo que persiguió al coronel Plazas con mítines callejeros a la usanza de la “justicia de masas” del fascismo, contra el expresidente y senador Álvaro Uribe al lograr que la Corte Suprema compulsara copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para investigarlo.

    El sujeto de marras no es un simple opositor del gobierno sino adherente y militante del marxismo leninismo, fue uno de los líderes del proceso contra el general Uscátegui por la masacre de Mapiripán en cuyo proceso se descubrió un montaje de testigos falsos. Miembro del renombrado Colectivo José Alvear Restrepo que hace parte de la coalición de más de 15 ongs unidas bajo el lema “Colombia nunca más” que también firmó la ong del revolucionario jesuita Javier Giraldo, cuyo documento fundacional estipula, bajo el manto de la defensa de los derechos humanos, la lucha contra el Estado, la democracia colombiana, las Fuerzas Armadas y otros objetivos inspirados en el Foro de Sao Paulo.

    He sostenido que el proyecto bolivariano castrochavista resulta beneficiario de la crisis institucional. Ese plato ya está servido. Confluye la crisis de las Cortes con la de los partidos llamados a garantizar la continuidad del sistema. Ahora este gobierno, que para congraciarse con Chávez rechazo las bases antidrogas de USA, levanta camorra porque es advertido de que los compromisos asumidos en el Plan Colombia se deben cumplir, todo por quedarle bien a las Farc a las que se les concedió irresponsablemente el “favor” de triplicar el área de cultivos de coca desde 2013 eliminando la aspersión aérea.

    De manera que el reto que tenemos los que ganamos el plebiscito con el NO a los acuerdos es crucial. Está en juego el futuro del país y así hay que plantear el problema: solo una fuerte victoria en las elecciones del 2018 bajo el liderazgo de una amplia alianza nos permitirá retomar el rumbo.

    Darío Acevedo Carmona, 18 de septiembre de 2017

  • Los mensajes de la Marcha

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    La marcha nacional adelantada en varias ciudades del país y del exterior por convocatoria de distintas fuerzas y movimientos políticos, agrupaciones cristianas, líderes ciudadanos, exmagistrados, sindicatos y movimientos cívicos tuvo una concurrencia multitudinaria y debe ser apreciada como una legítima manifestación de descontento y protesta, mecanismos contemplados en nuestra Constitución.

    A la colorida, alegre y variopinta jornada asistieron personas de muy diversa condición social, económica, religiosa, partidista, ideológica, de género, raza y edades, siendo un mentís a quienes la estigmatizaron y descalificaron tildándola de ser una maniobra de los amigos de la guerra, de fascistas nostálgicos del poder, de gentes intolerantes y violentas.

    La gran prensa oficialista, agradecida con un gobierno que la ha subsidiado con elevadas pautas publicitarias intentó, en vano, desacreditarla atacando como de costumbre al expresidente Uribe, tan solo uno aunque el más sobresaliente, de sus promotores. Fracasó la trillada apelación al san Benito de excusar los yerros y la corrupción del señor Juan Manuel Santos en los supuestos grandes pecados del exmandatario.

    Varias cosas van quedando en claro para las fuerzas promotoras de la marcha. Digamos que las consignas agitadas referidas a una variada gama de problemas -la corrupción del gobierno Santos, la violación de la Constitución, el entreguismo a las Farc, la docilidad del gobierno con los países donde impera el modelo castro-chavista, las mentiras de Santos, la reforma tributaria, el desbarajuste institucional, la impunidad para criminales de guerra, la humillación de las Fuerzas Militares y muchas otras que no caben en este escrito- constituyen el ámbito de la unidad.

    Los dos ejes centrales en las consignas de los marchistas que exigían la renuncia de Santos fueron las relativas a su política entreguista de paz y la corrupción oficial. Digamos que en torno de estos asuntos las fuerzas involucradas dieron un paso muy significado en la consolidación de una amplia alianza opositora con proyección hacia las elecciones para Congreso y por la Presidencia en el 2018. Ese acercamiento que se había logrado muy espontáneamente alrededor de la campaña por el NO en el plebiscito del 2 de octubre se mantiene y se afirma en medio de una gran acogida ciudadana.

    De la marcha debemos destacar su alto grado de civismo, a diferencia de las que son citadas por tendencias extremistas y populistas que degeneran, casi siempre, en enfrentamientos con la policía, desmanes, destrucción de vidrieras, cajeros electrónicos, insultos, escupitajos y provocaciones al ESMAD.  

    Ningún miembro de las fuerzas del orden fue mancillado o agredido, no hubo un solo hecho de violencia o conductas que lamentar, las gentes acudieron en familia, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, de todas las condiciones sociales, unidos en el rechazo a la impunidad, a la desinstitucionalización, a la corrupción gubernamental y por la renuncia de Santos, el principal responsable de la desastrosa situación que vive hoy el país.

    Nadie se tapó su rostro, nadie invocó la fuerza o la violencia, nadie llamó a la guerra, nadie clamó por un golpe de estado. Un comportamiento bien opuesto al impulsado en los bloqueos de Transmilenio en la capital por las huestes de un  exalcalde que apela a métodos propios del fascismo para alcanzar su meta de tumbar al alcalde bogotano.

    Los manifestantes de la marcha, en paz y en orden, dieron testimonio de su preocupación por el quiebre de las instituciones, por la ruptura de la separación de poderes, por la creación de la monstruosa Jurisdicción Especial de Paz y por tantos otros valores y leyes puestos en peligro por un gobierno al que se le criticó por mentiroso, por entreguista y por corrupto.

    Esta marcha deja enseñanzas importantes, por ejemplo, que la aplanadora oficial ha llegado al límite de su vigencia. Los escándalos en el oficialismo están produciendo fisuras y grietas internas de suerte que es muy probable que la Unidad Nacional arribe a las elecciones del 2018 en un alto nivel de atomización, en cambio, los impulsores de la protesta dieron muestras de poder erigirse en una seria alternativa de poder enarbolando las banderas de retomar el rumbo, recuperar la primacía del Estado en el establecimiento de la paz, restablecer la separación de poderes, salir del caos institucional y proponer políticas  conducentes al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más desvalidos de la sociedad.

    El mensaje que queda, así le pese a frágiles demócratas que se asustaron con la protesta y quisieron sabotearla, es que la nueva alianza política nacida con ocasión del plebiscito de la paz, ha dado un salto para asumirse como una opción con vocación de poder.

    CODA: El golpe de estado del gobierno chavista de Maduro en Venezuela puede ser visto en doble pantalla. En una, podemos ver la expresión del miedo de quienes, como la facción más dictatorial liderada por Diosdado, ven su única salida en la represión. Y en la otra se puede apreciar el declive inexorable del modelo castrochavista. Ojalá los colombianos sepamos extraer las debidas conclusiones.

    Darío Acevedo Carmona, 3 de abril de 2017

  • CON LAS MANOS EN LA MASA

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    Así comenta el vecindario cuando un ladrón es descubierto in fraganti cometiendo un delito. En una situación así, se piensa que el pillo no tiene salvación, aunque pudieran darse casos en que este, viéndose en apuros, descargue el objeto robado a un lado y exclame “Yo no fui” o “Requísenme, pero eso no es mío”.

    Ni más ni menos es lo que estamos presenciando en el bochornoso episodio, uno más en la larga cadena que tiene en su haber el señor Juan Manuel Santos. Su proceder es tan grave que han resultado vanos y hasta ridículos los esfuerzos de sus escuderos por liberarlo de toda culpa en el episodio de la financiación ilegal de sus dos campañas presidenciales.

    Las declaraciones de Roberto Prieto, su gerente, lo dejan por el suelo, sin opción distinta a la renuncia si en conciencia le quedase un resticio de decoro y de respeto por la ciudadanía. El problema no es que unos millones de camisetas hayan sido o no decisivos, como espetó Horacio Serpa, el escudero de Ernesto Samper en el escándalo del “ochomil”, ni que con afiches o sin afiches de todas formas hubiese ganado la presidencia en 2010 como dijo sin inmutarse el matemático Mockus a quien al parecer se le extravió su brújula ética y quizás por ello no atinó que el problema fue la financiación ilegal de la campaña Santos. Y claro, no faltan los que todo lo miran desde un retrovisor que alcanza a gobiernos anteriores, que remite a la culpa colectiva que diluye la falta en análisis soporíferos con tal de echarle un salvavidas a quien se está ahogando en el mar de sus propias sandeces.

    La cuestión con Santos no puede ni debe pasarse por alto, como si nada hubiese sucedido, como si fuera verdad el “me acabo de enterar”, con que trató de autojustificarse y que en las calles suscitó reacciones de rabia e ironías por su cinismo.

    Lo de Santos es, sin atenuantes, una forma de ser de la que él se ufanó y se sigue ufanando. No es ni siquiera la del tradicional jugador de póker que arriesga y engaña con sus gestos y miradas pero sin dar patadas ni esconder cartas. Santos, para recordar la memorable caracterización que le hiciera Carlos Gaviria, es una persona a la que “no han podido pillar diciendo una verdad”. Aunque él se ha encargado de demostrar que esa no es su completa personalidad. Es una larga órbita desde la organización fallida de un golpe de estado contra Samper y la financiación de su campaña por Odebrecht, las mentiras de la paz y el desconocimiento de la voluntad popular del plebiscito del 2 de octubre.

    La lista de engaños, mentiras, ardides, trampas, mañas y ya hasta delitos es tan profusa como para no dejar dudas de que su problema es irremediable. Lo grave de todo ello es que este señor, bien educado, adinerado, miembro de una de las más rancias familias de la oligarquía cachaca y centralista que se cree dueña del país, con sus procederes ha llevado a la nación a una situación deprimente, de caos institucional, golpe de estado, sustitución de la Constitución, abolición de la separación de poderes.

    Las consecuencias del desorden creado por el señor Santos son catastróficas desde cualquier ángulo y en casi la totalidad de los aspectos. Hay que repetirlo porque no estamos hablando del arroz que se le quemó o de un simple traspié. Se trata de temas capitales para Colombia. Es la demolición sistemática de la confianza y la credibilidad, no mucha por cierto, de un pueblo sufrido, aguantador, doliente, generoso y trabajador.

    Digan lo que quieran los estudiosos de las “causas estructurales” del desastre institucional, échenle la culpa a la clase política, a la política, generalicen, repartan la culpa a tirios y troyanos, enmascaren a su dirigente, tapen su vergüenza por haberlo apoyado refiriéndose a otros gobernantes. Pero no podrán tapar el inmenso peligro que hoy encaramos: en la línea de sucesión caso de que se obtenga su renuncia por presión ciudadana estaría el general Naranjo, el mismo que asesoró la paz entreguista de La Habana y el presidente del Congreso, Lizcanito, envuelto en más de un lío y acusaciones varias, como para decir, “peor el remedio que la enfermedad”.

    Y luego, el panorama de cara a las presidenciales de 2018. Están dadas casi todas las condiciones ideales, según Lenin y Gramsci, para que se produzca el “estallido revolucionario”: división irreparable de las “clases dominantes”, vacío de poder, crisis institucional, amplia desconfianza de la población en sus líderes tradicionales y en sus instituciones, existencia de fuerzas que ya están tratando, ni bobos que fueran, de aprovechar el momento para llamar a la formación de un “gobierno de transición” o “alternativo” e idiotas útiles que perteneciendo al establecimiento piensan que hay que darles su oportunidad.

    ¿Cómo no pensar en la Venezuela de los noventa? Se podría repetir algo parecido? No tengo la menor duda, eso puede llegar por la vía menos pensada y no tan dolorosa, en principio. No sobra advertir que, los que nos dicen que eso no será posible, son los que nos quieren meter como sea el modelito chavista.

    Darío Acevedo Carmona, 20 de marzo de 2017