Durante décadas, desde su gestión como gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez ha sido víctima de una persecución implacable por parte de las guerrillas, del eficaz frente civil de aquellas y por ongs claramente influenciadas por sectores y líderes de extrema izquierda.
En el marco de tal acción, se fijó el objetivo indeclinable de destruirlo políticamente y hasta físicamente. Borrarlo del escenario, en tanto era calificado como el "enemigo" más peligroso para su conquista del poder.
Con ese fin, diseñaron poderosas campañas de difamación callejera, consignas, denuncias penales, denuncias internacionales (recordemos los mítines de la mamertería en ciudades visitadas por AUV siendo presidente de la República.
Esa campaña nacida en Antioquia pretendía mostrarlo como un líder autoritario, violador de los derechos humanos, fundador de grupos paramilitares y coautor de asesinatos de líderes sociales y de masacres, recibió el apoyo de un pequeño sector de servidores judiciales dirigido por quien fuera uno de los jefes del M-19, quien, prevalido de su cargo y haciendo caso omiso de su impedimento ético (guerrilleros perdonados en proceso de paz convertidos en jueces investigadores de grupos paramilitares entre los cuales sembraron la presencia del expresidente), compulsó copias a la Corte Suprema siendo presidente el Dr Uribe.
De esa manera se produjo un inmenso salto en toda la campaña cuando un sector de la rama judicial de Antioquia otorgó validez a lo que hasta entonces era una burda, y lo sigue siendo, campaña que se renueva en época electoral con el nefando propósito de afectar electoralmente las aspiraciones del expresidente y del partido Centro Democrático por él creado.
La campaña no cesa, pero hay una novedad inadvertida, Álvaro Uribe Vélez, ha sido convertido en el gobierno del exguerrillero del M-19, Gustavo Petro, en un objetivo de estado, tan claro como el brillo del sol, que, funcionarios de alto nivel como el senador Cepeda, entre otros, utilizan espacios y cargos de estado para reforzar el máximo objetivo que se trazaron hace ya casi tres décadas: destruir a Uribe y a su legado. Ya se cuestiona que pueda defenderse en ley y se busca sabotear los fallos que le han sido favorables.
Es hora de que el uribismo organizado y sus amigos en política, unan esfuerzos para organizar una poderosa y vibrante campaña en defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tanto en el orden nacional como en la esfera internacional.
Darío Acevedo Carmona, 20 de febrero de 2026