Apreciados amigos y lectores. Con estas notas concluyó un importante ciclo en mi papel de columnista en el diario El Espectador que me acogió desde el año 2012 para que yo expusiera, sin límites, sin cortapisas, sin sugerencias, es decir, con entera libertad, mis opiniones sobre diversos asuntos, muy especialmente sobre temas de la vida política nacional.

El presidente Iván Duque me ha concedido el honor de dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica, organismo creado por la Ley de Víctimas 1448 de 2011. La delicada tarea de proseguir en la labor de escuchar con respeto y técnicas adecuadas los testimonios de las comunidades y las personas que sufrieron pérdidas materiales y humanas y asegurar su divulgación, su ubicación en lugar propicio y seguro y disponer para las investigaciones que los académicos a bien tengan hacer, es razón más que suficiente para dedicarme de tiempo completo a esa tarea.

Mi nominación ha suscitado reacciones de diferente índole. He recibido felicitaciones y apoyos de personas que leen mi columna y me siguen en las redes sociales, en especial en Twitter. También hay voces críticas de distinto calibre y rigor. Y más allá de cualquier posibilidad de controversia, expresiones de mal gusto, insultos, descalificaciones morales, mentiras y afrentas.

En estas últimas se percibe un ánimo inquisidor. Es como si se quisiera condenar a alguien porque en su vida como ciudadano autónomo y en uso del derecho constitucional de la libertad de opinión, haya expresado puntos de vista y apreciaciones que, según su peculiar sentido ético, me inhabilitaría para desempeñar un cargo hecho a la medida para un historiador que es lo que más me ha caracterizado en los últimos 30 años de mi vida.

De acuerdo con mi trayectoria como profesor de la Universidad Nacional de Colombia, pienso que uno no debe utilizar los cargos de responsabilidad en el campo de la educación, la ciencia o la salud, por mencionar algunos, para realizar adoctrinamiento ideológico, religioso o proselitismo político, de manera que no se confundan espacios ni roles, ni se abuse de la posición de autoridad o jerarquía para reclutar adeptos o atizar pasiones y causas partidistas, y que en la Función Pública como funcionario de alto rango, con mayor razón se debe evitar mezclar o imponer las creencias personales en los procesos de trabajo y en el desempeño de las funciones.

Me he topado con unos cuantos periodistas que tergiversan frases de una entrevista concedida con la confianza que uno tiene de no ser manipulado. Se titula erróneamente, se recorta una frase, se destaca lo que es secundario, y se le sirve un plato al gusto de quienes, desde las redes como una jauría atacan en manada, hacen bulling y divulgan mentiras e insultos.

Se ha instalado arteramente, sin que podamos reaccionar, el delito de opinión o el veto inquisitorial contra quien piensa diferente a quien va a reemplazar. Se desconoce que el presidente elegido democráticamente tiene el poder nominador en ciertos cargos.

Hay líderes de opinión que fungen de pontífices de la moral y dueños de la verdad, para quienes no son los méritos académicos y profesionales los que deben tenerse en cuenta para nombrar a una persona en un cargo de responsabilidad, sino lo que esa persona haya opinado libremente. Y mancillan el principio de no impregnar con sus opiniones la labor informativa.

Hay dirigentes políticos, columnistas, opinadores y algunos entrevistadores que dejan ver impúdicamente sus sesgos que se quedan en la lapidación mediática y en el ataque ad hominem.

Y entonces, después de llenarse la boca hablando de paz, reconciliación, entendimiento, cordura, proceden como las fieras hambrientas sobre sus víctimas para destrozarlas moralmente pisoteando el derecho a la honra y al buen nombre.

Se que la lucha política es cruel en todas partes, todos los que participamos en ella hemos hecho daño. Pero, aquí hemos llegado al extremo de validar, sin rubor, de legitimar el delito de opinión, pues según lo manido de la manada, el pecado consiste en pensar diferente a ella.

Darío Acevedo Carmona, 11 de febrero de 2019

No hay nada peor en el mundo de la política que fracasar en un proyecto y negarse a reconocerlo. Es lo que le ha restregado en la cara a la comunidad internacional la dictadura castro-comunista cubana que este año, con mucha pena y sin gloria, cumplió 60 años en el poder.

El magro balance político, económico y cultural de esa revolución es la lógica consecuencia de la aplicación del pensamiento totalitario marxista que se ha ensayado y ensañado tercamente sobre una población empobrecida, vigilada y controlada por un partido y una tenebrosa policía política que, a la manera de la Stassi, la Checa y las SS, no les pierden respiro ni pisada a los ciudadanos en su vida pública y privada.

El pueblo ruso tardó 74 años en caer en cuenta del error del experimento comunista que nada bueno dejó como legado. La comunista Alemania del Este sucumbió con el derrumbe de su muro de la infamia en 1988 y en una seguidilla fantástica todos los países de Europa Oriental, Bulgaria, Checoeslovaquia, Rumania, Ukrania, Polonia, Hungría, etc, (integrantes con la URSS de la alianza militar conocida como el Pacto de Varsovia rival de la Occidental OTAN) que habían sido subyugados, recuperaron su soberanía e iniciaron el camino de la recuperación democrática adoptando el sistema capitalista de libre empresa y propiedad privada.

La República Popular China, por entonces, se acomodó a la economía de mercado en auge en el mundo capitalista bajo la inspiración y guía del redimido disidente Deng Xiao Ping, aunque mantuvo el control dictatorial del poder en manos del partido comunista.

De suerte que hoy en día, en teoría, solo hay dos países que insisten en el experimento comunista a costa de una represión total de las voces opositoras y disidentes que claman libertad y democracia. Se trata de la Cuba de los Castro y la Corea del Norte de la dinastía Kim (abuelo, padre e hijo). En ellos no hay libertad de información ni de prensa, existe un solo partido, a su vez dirigido por un gran dirigente rodeado de un aparato o clique o mafia que lo rodea y usufructúa las gabelas inalcanzables para las inmensas mayorías de la población y la iniciativa privada no tiene lugar.

Corea del Norte ha desarrollado un vasto plan de armas nucleares a expensas del hambre de sus habitantes. Cuba ha logrado sostenerse, primero, por los subsidios soviéticos y luego por los del régimen venezolano de Chávez y Maduro o socialismo bolivariano del siglo XXI, ante su incapacidad de generar riqueza. El castrismo desvergonzadamente acusa del empobrecimiento de su pueblo al capitalismo, es decir, al sistema que eliminó y reemplazó por el más positivo, justo y eficiente socialismo. Y al imperialismo yanki al que juró combatir y que ha usado como burladero explicativo de su estancamiento y desgracias.

Fidel y Raúl no ahorraron esfuerzos para intentar replicar su proyecto en Latinoamérica y en algunos países de África, de lo que queda, por fortuna, un estruendoso fracaso. La dictadura castrista reúne toda la bazofia y oscurantismo de las peores dictaduras del continente habiéndolas superado en represión, torturas a disidentes, control policíaco y privación de derechos.

Con motivo de los 60 años de su flamante revolución vendida como esperanza para el continente, el partido comunista, el único permitido, pretende a través de un referendo “cambiar” la Constitución que en letra clara estipula la consagración del país al comunismo, al partido único, al secretario general, y que, por tanto, seguirá negando a los cubanos sus derechos a ser una nación con libertades y a escoger por vía democrática a sus gobernantes.

El summum del pensamiento totalitario será refrendado en un evento regido, reglamentado y ejecutado por el partido único que trata a los ciudadanos como menores de edad, como comunidad de hormigas, como entes. Lo más reaccionario y obtuso de lo que podamos hablar en una época en que la democracia a pesar de sus falencias y vacíos sigue siendo el paradigma de la convivencia entre los seres humanos.

El pueblo cubano llora y sufre la entelequia de un par de iluminados que se abrogaron el poder de usurpar su derecho a decidir su futuro, mientras la gran mayoría de países que integran la ONU mantiene una actitud de tolerancia y pasividad cómplice ante un régimen que vive del cuento.

Allá hay cientos de detenidos políticos por pensar diferente, están las valientes Damas de Blanco que soportan los atropellos de la policía y valerosos activistas de derechos humanos que luchan para no ser olvidados por gobiernos y por la opinión mundial que ha sucumbido, por inercia, a convivir con una de las peores dictaduras de la historia.

Darío Acevedo Carmona, 28 de enero de 2019

El aleve ataque terrorista a la escuela de policía Francisco de Paula Santander en Bogotá, debe, además de suscitar el repudio de la ciudadanía, llevarnos a entender algunas lógicas de la política del presidente Duque sobre el acuerdo de paz, no tener retrovisor, la convocatoria a la unidad nacional y el combate a los grupos armados organizados por fuera de la ley.

Pero, antes de entrar en esas materias, digamos que la intención de los atacantes no es otro que el de provocar al presidente, llevarlo a una a una reacción desencajada y obligarlo a negociar bajo las condiciones que quieren imponer la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC.

La respuesta de Duque, lejos de estar salida de tono es, de nuevo, un mensaje a la nación y al mundo en el sentido de que no va a cabalgar ni a escudarse sobre los errores y el entreguismo de su antecesor con las Farc, pero, igual, que no cometerá los mismos errores dejando que le marquen el rumbo y la iniciativa y lo chantajeen con atentados terroristas.

En su discurso a la nación después de conocido el trágico saldo del ataque, Duque se mantuvo en su línea de conducta: no dejarse provocar, no asumir reacciones radicales, confiar en la legalidad, en la fuerza pública y en las investigaciones institucionales.

Y deslizó un giro en cuanto se decidió a convocar de manera clara y directa a la población a colaborar con el gobierno y con las Fuerzas Armadas en la confrontación al terrorismo, política que ha sido la base del éxito de muchos gobiernos en el mundo y en Colombia, en los de Uribe Vélez 2002-2010 afectados por dicha amenaza.

Por otra parte, el ataque terrorista debería ser útil para que el mundo, la ONU, la OEA, personalidades democráticas, medios masivos, entre otros organismos y personalidades, entiendan que en Colombia no hay paz, que el acuerdo del gobierno Santos con las procomunistas FARC fue desventajoso para el país y para la justicia internacional de los derechos humanos. Que tienen razón quienes han aseverado que la impunidad de dicho acuerdo se ha convertido en semilla de nuevas violencias.

Aunque se haya reducido el número de muertos y de ataques después de la firma del acuerdo con las Farc no ha pasado una semana sin que un soldado o un policía no haya sido asesinado o herido por guerrillas y grupos mafiosos o bandas criminales que se empeñan en mantener activos sus dispositivos para el terror y el delito. De manera que el atentado en comento no fue un hecho aislado, sino que hace parte de una estrategia de esos grupos con la que pretenden doblegar la voluntad del gobernante e imponer sus condiciones.

Aunque parece que los colombianos tenemos mala memoria, creo que aún está fresco en nuestros recuerdos los ataques sufridos por soldados y empresarios acometidos por las FARC cuando supuestamente se negociaba el fin del conflicto y ella realizaba ataques como aquel en el que asesinaron una columna de 20 soldados en el departamento del Cauca. Y todavía se recuerda al presidente Santos anunciando al mundo en sesión de la ONU el “fin de la guerra”

Es innegable que ese crimen ha sacudido los sentimientos de los colombianos por la cantidad y la calidad de las víctimas, jóvenes policías desarmados, en proceso formativo. Y también llama la atención que el perpetrador no haya tenido ningún reato en inmolarse, eso no debe pasar desapercibido para los organismos de inteligencia.

Ahora bien, en el intento de analizar los problemas de seguridad nacional no es correcto que se le haga el juego a los terroristas trazando una situación apocalíptica afirmando que el país está en manos del terrorismo y que el presidente no está procediendo como es debido, pues es eso lo que los terroristas quieren que se diga y se sienta.

Este domingo como en la memorable jornada del 4 de febrero de 2008 contra las FARC, la ciudadanía ha sido convocada a marchar contra el terrorismo y contra el ELN el domingo 20 de enero. Es loable que en tal convocatoria hayan convergido los medios, los partidos políticos, Ongs, sindicatos, iglesias y el propio gobierno. Que concurran todos los sectores de la sociedad por esta causa es muy importante pero insuficiente si no se le suma a la marcha la exigencia al ELN y demás organizaciones armadas ilegales que renuncien a sus acciones terroristas, a toda hostilidad militar y liberen a todos los secuestrados si en verdad desean iniciar negociaciones de paz.

Darío Acevedo Carmona, 21 de enero de 2019