No se aún cómo se podría llamar el movimiento promovido por rectores, directivas, profesores y estudiantes de las universidades públicas que se ha extendido por más de dos meses sin darle mérito a las conquistas alcanzadas hace un mes por los rectores.

Su bizarría es apreciable desde sus inicios. Primero, se desató contra un presidente que apenas cumplía dos meses de haber asumido el mando.

Segundo, la desfinanciación que afectaría la conclusión de actividades académicas fue provocada por el presidente saliente que hizo aprobar el presupuesto deficitario del año en curso.

Tercero, en la retórica del movimiento se usa como justificación el “ataque” a la universidad pública de donde se desprende la tarea de salir en “su defensa”. Medio siglo repitiendo la misma película.

Cuarto, es la primera vez que rectores, directivas y profesores forman una especie de sindicato con los estudiantes para estimular el movimiento, apoyarlo y hasta financiarlo, apartándose así de los procedimientos ordinarios que se usan para tramitar peticiones, en tratándose de funcionarios públicos con tan elevadas responsabilidades y por ello llamadas a dar ejemplo.

Quinto, Es cierto que en el discurso explícito los dirigentes llamaban a la protesta pacífica, pero, se cae por los hechos que a las movilizaciones siempre se sumaban personas no infiltradas ni ajenas a las instituciones educativas sino activistas beligerantes y violentos, que las utilizaron para destruir bienes públicos y privados y atacar a los agentes del Esmad. Se trata de los mismos personajes que realizan formaciones militares en algunos campus aprovechando la “autonomía universitaria” y abusando de la libertad que en ellos reina.

Sexto, el movimiento mostró rápidamente su carácter político en cuanto a él se sumó presuroso el sindicato de maestros, Fecode, destacado por el activismo y la manipulación de las izquierdas para enfrentar el estado colombiano y a los distintos gobiernos. Además, hubo amenazas de huelga general, paro de camioneros, caminatas de las robledistas “dignidades agrarias”, en suma, una concurrencia alineada con la convocatoria incendiaria de quien habiendo perdido las elecciones amenazó con adelantar la oposición en las calles, promoviendo movilizaciones y protestas durante los cuatro años de mandato de Iván Duque.

Séptimo, el movimiento, a todas luces impropio, impertinente e inflado, obtuvo unos objetivos de gran envergadura plasmados en el compromiso de elevar el presupuesto de educación como nunca antes y por encima del de Defensa, pero los rectores no hicieron lo suficiente para levantar el paro.

Octavo, el estudiantado radicalizado y unas pocas decenas de profesores se dejaron llevar de las voces más radicales y anarquistas para mantener el paro hasta asfixiar todas sus posibilidades y energías en una batalla sin fin.

Noveno, en el discurso de los rectores y algunos directivos se ha esgrimido y elevado al altar de “Misión” de la universidad la idea según la cual ella debe estar al servicio de la paz, un equívoco que no solo no figura en la misión y visión de la universidad pública, no solo es ajena a la autonomía académica, sino que desconoce el carácter inequívocamente político de las nociones “paz” y “guerra” que la obliga a no mezclarse ni inmiscuirse en asuntos que no son de su resorte.

La guerra o conflicto armado y su contra, la paz, son temas propios de gobiernos y entidades políticas y grupos armados o ejércitos que se ventilan no a la luz del conocimiento científico, nada se aporta desde un laboratorio, curso o clase a su tratamiento y por eso no es lógico que las universidades gasten millonadas de sus escasos recursos para pagar a profesores e investigadores, creando centros de pensamiento, cursos de pre y posgrado, costear onerosos medios: periódicos, emisoras y canales de tv en los que se dedica amplios espacios a temas políticos, partidistas e ideológicos.

Muy diferente sería que en los centros universitarios y sin mayores erogaciones se realicen foros, paneles y conferencias en los que, extracurricularmente, los miembros de la comunidad académica y sectores externos puedan escuchar los puntos de vista de corte interpretativo (no agitacional ni doctrinario) en juego acerca de candentes problemas de la vida política.

Téngase en cuenta que para preservar la autonomía está prohibido adelantar campañas electorales en los predios universitarios. Por asimilación temática y bajo la misma filosofía se podría invocar que temas que suscitan tanta polarización y militancia como la paz y la guerra no sean convertidos en preocupaciones misionales.

Coda: Un presidente abierto al diálogo, sereno y bien intencionado firmó un acuerdo con una multitud de representantes profesorales y estudiantiles que ni siquiera se comprometieron a levantar el paro so pretexto de consultar unas bases ya dispersas y ausentes.

Darío Acevedo Carmona, 17 de diciembre de 2018.

Motivo vacaciones esta columna volverá a publicarse a comienzos del 2019. Les deseo felices fiestas de fin de año y muchos éxitos a todos los lectores y seguidores en el año que viene.

Continuación. En la primera parte de esta columna me refería a la experiencia colombiana con comisiones de la verdad y terminé hablando de la que fue creada a comienzos del Frente Nacional (ver columna anterior).

… Tan abierto fue el informe de esa comisión que luego hubo una oleada de investigaciones sobre el tema todas ellas revelando la dificultad e imposibilidad para producir un relato global y único.

La segunda comisión investigadora de la violencia política fue creada por el presidente Virgilio Barco en 1986, su dirección fue encargada al historiador Gonzalo Sánchez hasta hace poco director del Centro Nacional de Memoria Histórica Gonzalo quien conformó un equipo con profesores de la Universidad Nacional conocidos como los “violentólogos”.

La violencia política se había convertido para entonces en algo monotemático y omnipresente, una moda, como un sufijo según apunte del fallecido historiador Germán Colmenares. Se buscaba una explicación científica, pero el resultado no cumplió esa meta, en vez de un discurso homogéneo el libro Colombia Violencia y Democracia compiló una serie de ensayos sobre todo tipo de violencias que afectaban a la sociedad colombiana dando una apariencia de igualación de todas ellas.

Además, en lo que respecta a la violencia política insistió en la tesis de que la tierra está en la base de los conflictos contemporáneos del país como también las falencias del estado, el carácter excluyente del régimen político, todas las cuales configurarían las llamadas “causas objetivas” del levantamiento armado.

Más aún, Sánchez reitero su tesis según la cual, los colombianos somos propensos a la violencia y el país se ha configurado endémicamente a partir de la violencia, como si se tratase de una enfermedad y todas las situaciones de violencia política y guerras civiles tuvieran el mismo leit motiv o circunstancialidad y procesos económicos, constitucionales, infraestructurales, educativos, urbanos e industriales carecieran de valor.

El sociólogo francés Daniel Pécaut en uno de sus ensayos posteriores a esta investigación escribió sobre la imposibilidad de explicar la Violencia de mediados del siglo XX a partir de un solo enfoque o paradigma. Que curiosamente es lo que quiere reintentar la Comisión de la Verdad del jesuíta De Roux.

Recordemos que desde La Habana hacia el final de las negociaciones entre el gobierno Santos y las Farc se ordenó a un grupo de académicos escribir un ensayo sobre el conflicto armado. Los miembros elegidos por las partes produjeron textos que confirmaron la diversidad de enfoques y visiones sobre el “conflicto armado” dando al traste con la pretensión de las Farc que rechazó algunos porque no se adecuaban a su narrativa, reconfirmando la tesis de Pécaut.

Por estos días la opinión ha estado informada de las dificultades que ha tenido el presidente Duque para nombrar el nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) por presiones de intelectuales, activistas de ONGs, profesores nacionales y extranjeros, organizaciones de diversa naturaleza que han vetado los nombres de posibles candidatos al cargo alegando que tales personajes tienen una visión contraria y negacionista sobre los problemas de violencia política vividos en el país en las últimas décadas.

La posición de quienes han propiciado el veto a estos candidatos apunta a dejar por sentado que lo realizado bajo la dirección de Sánchez es incuestionable y corre peligro si llegase a quedar en manos de quienes tienen puntos de vista diferentes a los de quienes han trabajado en la institución. Han llegado al extremo de exigirle al estado y al gobierno “respetar” la autonomía académica del Centro y negar el carácter controversial de la verdad y la memoria.

Retomando el tema de la Comisión de la Verdad, pienso que si lo que el país quiere es estudios académicos sobre la violencia política y el “conflicto armado” lo correcto, lo adecuado y lo pertinente es que se cree una línea macro de investigación dirigida por Colciencias con adecuadas finanzas para que investigadores de todas las disciplinas sociales y humanas y equipos de investigación reconocidos  propongan proyectos multi e interdisciplinarios, desde diversos enfoques y evaluados por expertos que se rijan por criterios estrictamente disciplinares.

No llegaremos a una verdad o explicación definitiva o única ni a un relato homogéneo porque siempre tendremos varias versiones o enfoques, pero, con seguridad tendremos como sociedad la posibilidad de enriquecer nuestra mirada y valoración de lo sucedido sin tanto apasionamiento y con más criticidad.

Darío Acevedo Carmona, 10 de diciembre de 2018

La pregunta por la verdad ha dado lugar a las más candentes controversias sobre su significado y la respuesta a la cuestión ha provocado desde los más enconados debates filosóficos, morales, religiosos y políticos hasta guerras civiles e internacionales.

La humanidad no ha podido ponerse de acuerdo en crear un significado aceptable para todas las culturas y para todo tipo de inquietudes y conflictos. El hecho de que algunas religiones se presenten como la verdad revelada o que una ideología política como el marxismo haya dado lugar a guerras devastadoras entre facciones que dicen ser la línea verdadera, la correcta, nos da la dimensión de su complejidad.

Retomo mi preocupación por este tema en lo que respecta al debate no saldado sobre la “verdad” de la violencia política de las últimas décadas en Colombia. La semana pasada tuvo lugar el lanzamiento de trabajos de la llamada Comisión de la Verdad surgida del acuerdo Santos-Farc. El sacerdote jesuíta Francisco De Roux, defensor de la teología de la liberación, es su director y está acompañado por un grupo de personas de clara tendencia izquierdista, entre los que sobresale Alfredo Molano un reconocido intelectual marxista que se ha esforzado por construir una retórica favorable a lo que considera un “levantamiento armado del campesinado por la tierra”.

Según palabras del jesuíta, la Comisión se va a desplazar a regiones que sufrieron los rigores de la violencia y va a entrar en contacto con las comunidades para escuchar a las víctimas, factor fundamental para hallar la verdad. Y es desde ese propósito que se pueden ver los equívocos a que se van a enfrentar.

El primero de ellos tiene que ver con el tipo de “verdad” que buscan (como si la verdad fuese un objeto externo, escondido, ajeno a nuestra forma de pensar), aclaró De Roux que la Comisión no se ocupará de la verdad jurídica porque para ella está la JEP, es decir, de aquellos hechos puntuales que responden a las preguntas por el qué, quién, cuándo, dónde.

Eso nos indicaría que la Comisión, para no repetir a la JEP, iría al fondo no ya de un asesinato, un secuestro, una masacre, sino al conjunto, a la realidad total del fenómeno, a las “causas” subyacentes, a la cuestión social, a las estructuras socioeconómicas, etc., quiere decir, al enfoque académico que parte de unas hipótesis que se ponen a prueba en el proceso de investigación dando lugar a un texto conclusivo o concluyente.

Parece muy atinado el planteamiento, sobre todo en el entendido de que se parte de una realidad poco o mal estudiada que requiere estudios en profundidad para que se sepa, al fin, que fue lo que pasó, porqué sucedió, etc. y para hacerlo es preciso trabajar de acuerdo con las reglas del mundo académico y no con las del mundo político. Y resulta que el área de la academia que estudia los problemas sociales, historia, antropología, sociología, economía, filosofía, etnología, sicología, entre otras, es adversa o contraria a la idea de establecer una verdad definitiva y única de esos problemas y es opuesta a que esa pretensión, falsa de toda falsedad, recaiga en una Comisión como si esta fuese un tribunal de cierre.

El mundo y la vida académica riñe con comisiones de cierre o cancelación, con pontífices y hechiceros, con dogmas. Su estilo y metodología no es la de religiones ni de teorías políticas totalitarias, historicistas y dogmáticas como el marxismo, corriente esta última con la que se ha usado y abusado en claustros y centros de investigación so pretexto de su cientificidad.

El segundo problema de esta arrevesada e impertinente Comisión que es fruto del interés político de las guerrillas por imponer una explicación justificadora de sus aventuras y crímenes en ropaje académico es que repite el error metodológico de las dos comisiones que se crearon en el pasado y cuyas limitaciones quedaron en evidencia tan pronto como sus resultados fueron dados a conocer.

La primera comisión fue creada por el presidente Alberto Lleras en los inicios del Frente Nacional con la finalidad de que se estudiara qué era lo que había sucedido en la llamada época de la Violencia (liberal-conservadora) de tal forma que de su resultado se desprendiera una lección: que nunca más se repitiera dicha tragedia. Estuvo integrada por el abogado profesor de la Universidad Nacional de Colombia Eduardo Umaña Luna, el sociólogo Orlando Fals Borda y el obispo Germán Guzmán Campos. Visitaron zonas de violencia y hablaron con las víctimas, de sus averiguaciones resultó el libro La Violencia en Colombia, que con algún detalle rescató información fáctica y documental. Tuvo la virtud no buscada de abrir el tema en vez de cerrarlo con conclusiones absolutas. Los marxistas que posteriormente estudiaron el tema le vieron demasiados defectos. (continuará)

Darío Acevedo Carmona, 3 de diciembre de 2018

Pienso que así como en las universidades públicas no debe haber intromisión religiosa, tampoco debe haberla de intereses políticos partidistas e ideológicos. Las instituciones están diseñadas para cumplir unos objetivos y ser fieles a una misión. No se aceptaría que un hospital se utilizara para un concierto musical o un cementerio para realizar un torneo de futbol.

Considero que ni la ideología ni la política son ciencias y que el conocimiento científico fruto del esfuerzo académico es ajeno a doctrinarismos partidistas y que cuando grupos o partidos intervienen en los espacios educativos para adoctrinar a los jóvenes e instrumentalizarlos proceden indebidamente.

Durante mi trayectoria por la universidad Nacional de Colombia como estudiante y docente, fui protagonista y la mayor parte del tiempo observador crítico del propósito de las diferentes agrupaciones y tendencias de izquierda de convertir la universidad pública en espacio para la agitación y la propaganda revolucionarias y reclutar jóvenes militantes, una de cuyas consecuencias es el distanciamiento de los estudiantes y parte del profesorado de sus obligaciones académicas.

En su camino esos grupos le han dado estatus de permanencia al movimiento estudiantil como si se tratara de un grupo o clase o etnia, dotándolo de objetivos asimilables a un deber ser, destino o misión revolucionaria como otrora quiso hacer el comunismo con la clase obrera.

No critico que estudiantes y profesores asuman, en tanto ciudadanos, posiciones políticas o partidistas, pero sí que se confunda y se use el credo político y se realice la militancia en las tareas académicas porque violan el carácter y la misión de las instituciones educativas: enseñar, formar, crear conocimiento.

Ese viejo sueño de las izquierdas no se ha estancado, si se quiere y para ser realistas, el uso y abuso de entidades académicas, de instituciones del saber por parte de estudiantes y docentes militantes que están cumpliendo con una causa política de izquierda o de extrema izquierda, prosigue de una manera que raya en el descaro.

En la carrera docente hay profesores que dedican buena parte de su jornada a organizar foros sobre el liderazgo de la clase obrera en la revolución proletaria, eventos conmemorativos de los 100 años de la muerte de Marx, del centenario de la revolución bolchevique rusa, que convierten el archivo de una familia víctima de violencia estatal en actividad proselitista, que nada tienen que ver con la vida académica. Y durante el octenio Santos aprovecharon para crear tanques de pensamiento sobre la guerra y la paz.

En la actual coyuntura se tomaron las redes institucionales para circular sus proclamas, emisoras y periódicos universitarios publican artículos de contenido poco o nada académicos. Una verdadera afrenta es que la plazoleta central de la Nacional no se llame Francisco de Paula Santander sino “Che Guevara” el juez del paredón castrista, y que sea utilizada para despliegues y paradas militares de milicianos guerrilleros.

Años atrás, y todavía, profesores de formación marxista investigan y reinvestigan movimientos, huelgas y líderes para “reescribir la historia dando campo a los excluidos, como si la academia tuviese la misión de reescribir la verdadera historia a la luz del paradigma de la lucha de clases.

María Cano, por ejemplo, fue ungida reina del proletariado a partir del relato del dirigente obrero comunista, Ignacio Torres Giraldo, su compañero sentimental, que la mantuvo en el ostracismo y el silencio por más de treinta años por orden del estalinista y prosoviético partido Comunista colombiano que la calificó de pequeñoburguesa y aventurera por su militancia en el partido Socialista Revolucionario en los años veinte. Y ya le están preparando un homenaje al ingrato Torres.

Los hay que lloraron la baja de Alfonso Cano, otros han dedicado horas, días y noches a seguir la “vida gloriosa” de Tirofijo o de Bateman o de Camilo el cura quien si les gustó ver metido en política e ingresando al ELN, y los que han escrito ensayos y libros con teorías sociológicas rebuscadas para justificar la lucha armada de las guerrillas colombianas.

La historia del país cayó en manos de FECODE, epicentro de las disputas de todas las tendencias rojas que han coincidido en deseducar a varias generaciones de adolescentes con un relato simplista, negativo, generalizante y tergiversado basado en el odio de clases.

En suma, las izquierdas controlan en amplia medida el aparato educativo público al que le han castrado o modificado su misión y su carácter académico cambiándolos por su motivación “liberadora”: se creen adalides de la revolución, del cambio social, de ser un sector cuyo deber no es con el saber científico ni con lo académico y profesional sino con la causa de los explotados y oprimidos, “con el pueblo”.

Es lo que nos lleva a entender su insistencia obsesiva en conquistar el cogobierno de la universidad y formar comisiones permanentes para discutir e intervenir en todos los asuntos de la universidad e incluso definir con el estado el presupuesto de la educación.

Va a ser muy difícil recuperar la universidad pública para el cumplimiento de la misión que le fue asignada por sus fundadores y reformadores liberales en 1867 y 1935.

Darío Acevedo Carmona, 26 de noviembre de 2018

La acción política en regímenes democráticos tiende a moverse en la polaridad aliados-rivales, diferencias-acuerdos. Los estudiosos de una de las facetas más importantes de la especie humana coinciden en asignarle un lugar irrenunciable a la dinámica de crear un campo propio que deje en claro sus diferencias con aquel o aquellos con los que se disputa el poder.

Esa realidad es fácil de apreciar en los países libres y democráticos, desde Colombia hasta Inglaterra. La identidad se construye, dicen los antropólogos de la política siempre en contraposición a otro u otros. Las diferencias interpartidistas se atenúan en ocasiones y circunstancias muy especiales y no muy comunes: guerras, desastres naturales, definiciones constitucionales.

Insisto en lo que en vez de ser una carga negativa es una virtud por cuanto la exposición pública de los diferentes puntos de vista sobre temas de interés colectivo es algo que favorece a los pueblos, es, además, la expresión más pura de la libertad de pensamiento y de la expresión de las contradicciones ideológicas y de intereses de una sociedad.

El problema de una política de unidad nacional como la que propone y adelanta el presidente Iván Duque es que soslaya esta lógica, aunque en su beneficio habría que pensar que los problemas de los colombianos son de tal magnitud que ameritaría considerar lo que Alvaro Gómez Hurtado llamaba un “Acuerdo sobre lo fundamental”.

Entre las consignas oficiales con propósitos de trascendencia sobresale la convocatoria a la unidad nacional y el lema “soluciones, no agresiones”. Sin embargo, movimientos y dirigentes situados en la oposición han respondido con agresividad, movilizaciones callejeras, desafíos, retos, reclamos y críticas en un tono beligerante y confrontacional

A las buenas maneras, a la actitud respetuosa, a la mano tendida, al diálogo y la exposición de razones del presidente Duque, la respuesta es el irrespeto, la afrenta, la amenaza con la movilización callejera de las masas.

De modo que no hay atenuantes, Petro, sus seguidores y aliados no solo han optado por la confrontación total sino que quiere llevar el país hacia una opción de corte revolucionario basada en el impulso y atizamiento del odio de clases -el pueblo contra la oligarquía- para su campaña presidencial del 2022 con su programas  de economía estatal y gratuidad de todas las políticas sociales, etc.

Así pues, Duque y sus asesores están retados y obligados a reestructurar su estrategia de gobernabilidad basada hasta ahora en una elusiva e irreal unidad nacional y en una alianza frágil, y entender que el gobierno, aunque representa a la nación, es el gobierno de un programa que triunfó por el voto popular.

Y en ese sentido, y sin que ello signifique caer en provocaciones ni igualarse por lo bajo el gobierno Duque debe entender que a la nación se le debe hablar con claridad meridiana sobre lo que nos separa de ese proyecto.

Entendamos que si hay algo claro para los extremistas y totalitarios es que entienden el apaciguamiento como una demostración de debilidad. De manera que insistir en enviarle flores a quien responde con piedras es inútil y por ello, un poco más de firmeza y energía en la actividad gubernamental cotidiana no estaría fuera de lugar ni se vería como una señal de beligerancia o de autoritarismo.

Así mismo, debería buscar una reconfiguración orgánica de la alianza con otros partidos de tal forma que se concedan plazas de poder importantes a quienes quieran hacer parte de ella. Hay que dejar de lado el prejuicio según el cual compartir responsabilidades de mando con otras fuerzas es lo mismo que dar mermelada.

Las encuestas que no le favorecen deberían servir justificar ese giro que muchos de sus votantes estamos esperando

Coda 1: Es claro que el movimiento estudiantil fue instrumentalizado para la estrategia político-electoral 2022 de la "Colombiahumana" liderada por el populista y demagogo castrochavista Gustavo Petro, que busca desestabilizar al gobierno Duque. Por eso se suman al paro nacional, gritan contra la reforma tributaria y reciben el apoyo de personajes ajenos a la universidad como el payaso sobrino del elefante, el atarván Bolívar, la hija del comandante "Papito", Fecode, Cut, CGT, UP, ColombiaHumana, Farc, encapuchados, militantes verdes.

Coda 2: Declaración del congresista petrista Gustavo Bolívar en una de las marchas estudiantiles: “Estas marchas, ya tomamos la decisión, van a ser continuas, van a ser sostenidas y no se van a mover, vamos hacia el paro cívico nacional… Ellos (el gobierno Duque) saben que esto es grande, esto no va a ser de un día, esto va a ser de cuatro años de luchas sostenidas en las calles”. Tomada de https://www.facebook.com

Darío Acevedo Carmona, 19 de noviembre de 2018

En el momento preciso en que el Congreso de la República discutía, soberanamente, la creación de una sala especial en la JEP para el juzgamiento de militares arribó al país el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI) James Kirkpatrick Stewart para advertir que de aprobarse tal iniciativa dicha corte podría intervenir en Colombia para enjuiciar a los agentes del estado responsables de crímenes de lesa humanidad, en particular los de los llamados “falsos positivos”.

Es rara, muy rara, la premura de este funcionario como también el tono amenazante que utilizó al señalar que la JEP era inmodificable que hacerlo ponía en peligro el acuerdo de paz Santos-FARC y abría las puertas a la impunidad para los militares acusados.

Y es raro porque la CPI no ha manifestado, hasta el presente, ninguna contrariedad, crítica, oposición o exigencias en relación con la total impunidad para los comandantes de las FARC responsables de crímenes de lesa humanidad consagrada en ese acuerdo.

En cambio y como fue corroborado por el fiscal adjunto, lo que más les ha preocupado es la aplicación de justicia a los militares colombianos sin tener en cuenta que ya miles de ellos desde soldados hasta generales están siendo juzgados, condenados y pagan cárcel hace años por fallos de los tribunales nacionales, circunstancia que desvirtúa cualquier posibilidad de intervención de la CPI por cuanto una de las causas para que se produzca es que no se haya podido hacer justicia o el Estado adherente reconozca su incapacidad para castigar a reos de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Sorprende la visita y las admoniciones fuera de foco del vicefiscal Kirkpatrick porque en muchos países de Africa y Medio Oriente el mundo presencia impotente la violación sistemática del estatuto de la CPI sin que ella realice intervención alguna. Sorprende que en medio de su debilidad, su carencia de herramientas adecuadas, un liderazgo de funcionarios obsecuentes con la burocracia internacional y los intereses de las grandes potencias, haya acudido tan velozmente al llamado de auxilio de quienes defienden la imposibilidad de modificar la JEP.

Es razonable pensar que su visita fue el fruto de un intenso loby adelantado por personas que se mueven a sus anchas en el concierto diplomático y en las esferas de los órganos encargados de supervisar los derechos humanos donde han logrado imponer su versión sobre el conflicto armado según la cual el Estado es responsable de organizar una guerra sucia y creado los grupos paramilitares, y las guerrillas son organizaciones populares, víctimas de exclusión y persecución.

Al cabo de 16 años de haber adherido al Acuerdo de Roma que creó la CPI y su estricto estatuto, el balance sobre su presencia en Colombia es bastante deficitario e ingrato ya que lo hasta ahora actuado está en una línea muy similar a la de otras cortes, como la CIDH, y órganos de derechos humanos que casi siempre condenan al estado colombiano al aplicar el principio de que solo los estados, en cuanto signatarios de los tratados de DDHH, son por acción u omisión los únicos responsables de sus violaciones.

La CPI ha fallado, como bien lo explica el periodista y analista Eduardo Mackenzie (periódico Debate 9/11/2018), en la observancia del estatuto que consagra el juzgamiento no ya de estados sino de individuos que haciendo parte de grupos armados insurgentes u oficiales han violado en materia grave los DDHH y el DIH.

La CPI en Colombia, añade Mackenzie, se ha preocupado más por el tema de los falsos positivos supuestamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública que por los de las guerrillas colombianas como el secuestro de miles de empresarios urbanos y rurales, agentes del orden, ciudadanos del común, el asesinato de personas indefensas y líderes democráticos como los diputados del Valle y los concejales de Rivera, los pobladores de Bojayá en Chocó refugiados en una iglesia, el secuestro de aviones con civiles, la voladura de un oleoducto que causó más de 80 muertos civiles, el reclutamiento de menores y la violación de mujeres adultas y menores..

La CPI exige al gobierno colombiano cumplir e implementar rigurosamente el impune acuerdo Santos-FARC gracias al cual criminales de guerra serán juzgados por un tribunal que no inspira confianza, que a lo mejor los condenará a ocho años sin penas de prisión intramuros y recibirán curules sin respaldo electoral en el Congreso.

Los colombianos que por mayoría rechazamos dicho acuerdo en el plebiscito de octubre de 2016, objeto de burla y desconocimiento por el presidente Santos y la dirigencia FARC, tenemos poderosas y contundentes razones para notificarle a la CPI la desazón, desconfianza y malestar que hemos expresado a otras cortes y organismos multilaterales y en esa medida, como sugiere el periodista Mackenzie, preguntarnos si tiene sentido que Colombia mantenga su membresía a la CPI o inicie su retirada.

Darío Acevedo Carmona, 12 de noviembre de 2018