Petro debe ser enjuiciado y destituido por el Congreso

El presidente Petro y su equipo de colaboradores más cercanos han tomado una decisión radical, pasar, como lo dijo él en intervención agitacional previa a su viaje a la Asamblea General de la ONU, como cualquier agitador de cafetín: “Hoy las armas están al servicio del pueblo …Este apenas es el preludio …La fase que sigue es el gobierno popular…que no se atrevan …nos vamos a movilizar millones en Colombia”.

No se debe olvidar que días o semanas atrás arremetió contra el Congreso porque no le aprobaban sus reformas y citó una marcha en su favor que resultó fallida. Petro quiere anular el órgano legislativo lo que significa un golpe de estado, si como amenaza, llegare a cristalizar su cometido dictatorial. Llamó a organizar y movilizar en su apoyo a millones de campesinos, etnias, jóvenes y trabajadores en defensa de su “cambio”, amedrentando a sus opositores para que no obstaculicen sus iniciativas: “que no se atreven” pues según él, “se encontrarán con un gigante”.

La excongresista y exministra Nancy Patricia Gutiérrez en reciente video denuncia con toda lógica que Petro conduce el país a la “Polarización, la guerra civil y la dictadura”.

El comportamiento de Gustavo Petro incitando y amenazando de la manera citada y de forma tan reiterada constituye un peligro extremo para la democracia colombiana.

Su retórica estertórea con la que busca despertar el entusiasmo del “pueblo” no requiere de un análisis profundo para desnudar que tras ella se esconde su viejo espíritu guerrillero, solapado con habilidad hasta el presente.

Desde el punto de vista de su esfuerzo emocional por convertirse en un caudillo internacional por la salvación del planeta, Petro está dispuesto a saltarse todas las barreras institucionales que para él representen un obstáculo a su proyecto estatizante. Su ego desmesurado lo lleva a perder los estribos a hacer malos cálculos y a sobredimensionar sus capacidades de convocatoria.

En otra perspectiva, Petro puede estar siendo afectado por el miedo a ser destituido bien sea por las denuncias por exceder los gastos de campaña y el ingreso de dineros turbios a su campaña. Varias investigaciones cursan trámite en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y nada seguro es que sus alianzas sean suficientes para disipar el peligro de llevarlo a  juicio al Senado.

Petro sabe que la oposición es aún muy débil, que su imagen negativa en las encuestas es manejable, que los escándalos por corrupción, violación de topes de campaña e ingreso de dineros narcos a su campaña pueden tener consecuencias en el muy largo tiempo a sabiendas de la lentitud de nuestra justicia y en particular de la inoperancia de su juez natural, la Comisión de Acusaciones del Congreso. A lo mejor cree que puede meterle miedo a la sociedad con sus amenazas.

La movilización del próximo 27 de septiembre en Bogotá hay que tomarla en serio. Petro con su habitual verborragia revolucionaria mancilla la investidura presidencia. No está dentro de sus funciones presidenciales acudir a ese tipo de llamados. Es ilegal, además, porque se traduce en el desconocimiento de una de las funciones esenciales del Congreso de la República. El presidente no se puede inventar caminos no contemplados en la constitución y de hacerlo, asumiría un rol dictatorial pues de facto anula o decapita el poder legislativo y lo reemplaza por la muchedumbre, la multitud, reunida sin ser un mecanismo reglado en el marco de la institucionalidad, lo cual significa que Petro incurre en un golpe de estado duro.

Colombia no se había visto en una situación tan dramática y azarosa pues las marchas promovidas tendrán lugar en época electoral, y, por tanto, estaríamos ante una abierta participación del presidente en política, en indebida presión contra los otros poderes del estado, en desconocimiento de su autonomía, en una provocación y amenaza a la Oposición. Y de contera en clara incitación a la violencia.

Con todos los escándalos protagonizados en Colombia y en el exterior, con las evidencias de corrupción, con los incumplimientos que deshonran la figura presidencial con diversos sectores, con su indecorosa e insultante palabrería que desdice de la altura y la donosura propia de un primer mandatario, por sus amenazas y desafíos, por sus llamados al caos y al desorden y su desconocimiento de los canales regulares, Petro debe ser enjuiciado con prontitud y antes de que produzca más daños a las instituciones y a nuestra democracia, llevado a juicio y ser destituido.

Darío Acevedo Carmona, 24 de septiembre de 2023

A los colombianos demócratas no nos debe caber la menor duda sobre la lealtad del presidente Gustavo Petro con su forma de pensar de siempre y con el libreto revolucionario del Foro de Sao Paulo que, aunque no define con rigidez cada paso o etapa del proceso, si establece pautas o lineamientos para los partidos y movimientos según las circunstancias de cada país

Ello no quiere decir que los objetivos de fondo sean maleables. El objetivo central es tomar el poder, punto incuestionable. Las maneras o los métodos están abiertos, y, aunque el Foro creado por Fidel Castro y Lula da Silva, criticó el uso de las armas, no exigió su exclusión del programa de acción. Así se puede constatar con las alusiones a la situación en Colombia claramente incluyentes y favorables a las guerrillas del Eln y las Farc.

Quiero destacar varios de los puntos en los que el Foro establece una especie de libreto o sine qua non, guía o derrotero para los impulsores del socialismo latinoamericano en su versión creada para encarar el hundimiento estruendoso de la URSS y del socialismo soviético, para sobrevivir a costa de sacrificar temporalmente o enmascarar la adhesión a la doctrina marxista leninista.

Muy importante el ya reconocido recurso para cambiar o revisar la historia en cada país apoderándose de las instituciones educativas, de los planes y programas académicos que reducen el pasado a la lucha de clases y simplifican los conflictos y las complejidades a fórmulas impactantes como que en el antes reinó la injusticia social, gobernó una oligarquía infame, estuvo vigente la esclavitud, en suma, una leyenda negra que justifica el cambio. Es lo que ocurrió en la Cuba de los Castro y con la manipulación con Bolívar por la dictadura Chávez-Maduro en Venezuela. Es lo que pregona en Colombia Petro y su equipo de gobierno al referirse a un pasado esclavista que, según él, sigue vigente, y su desprecio y negacionismo de la democracia que tilda de “oligárquica”, y a las instituciones que sostienen el edificio estatal.

Por otro lado, es latente su hostilidad con las fuerzas militares y de policía. No tenemos idea del impacto negativo causado por la cascada de golpes propinados por el ministro de Defensa, quien detrás de su ropaje, en apariencia y solo en apariencia, de ignorante e incompetente, esconde su tenebrosa misión de reducir a la inacción a quienes tienen la misión de defender el país y la institucionalidad.

Otra de las peripecias es la inversión semántica que trastoca el sentido usual de nociones claves en el ordenamiento social. Por ejemplo, cuando al secuestro se le llama retención, y si es contra miembros de la fuerza pública por parte de grupos de campesinos controlados por guerrillas, se les hace el favor, desde el ministerio del Interior de llamarlos corredores humanitarios. Se le llama sociedad civil a la reunión de activistas, se traslada a la noción de democracia contenidos ajenos. Se les otorga beneficios y premios a criminales de guerra, nombrándolos voceros de paz, no se le exige a las guerrillas que dejen de atentar contra los agentes de la FP ni la dejación de las armas y su desmovilización al cabo de la firma de acuerdos Convocar desde el gobierno a marchas y movilizaciones de campesinos, estudiantes y trabajadores para que apoyen la expropiación de tierras que llaman redistribución. Prohibir bombardeos para supuestamente proteger a niños cuando lo real es que se les regala a las guerrillas un escudo defensivo.

Otra de las maniobras es la realizar alianzas con sectores del establecimiento combatido, a los que poco a poco, después de haberlos utilizado y permitido amasar fortunas vía corrupción, van haciendo a un lado. Una copia de los antiguos frentes populares de Stalin y Mao.

Capítulo aparte es el cuestionamiento del modelo económico que consideran a secas como “neoliberal”, para reemplazarlo con medidas de corte estatizante, con expropiaciones, que deriva al estado todopoderoso y totalitario, bajo la enseña de la “justicia social”, la “redistribución de la riqueza”, “la igualdad social”, la imposición de altos impuestos.

Por último, en esta columna, más no en el arsenal de sus conductas, tenemos la generación de un ambiente caótico del que siempre culparán a sus enemigos, a los empresarios y al imperialismo yanqui. Se crea con medidas y declaraciones abundantes, mentiras, anuncios, proyectos, todo en cascada, atropelladamente, todos los días, con declaraciones escandalosas que impiden centrar el debate y el trámite de los problemas.

El caos, el empobrecimiento, la división, la manipulación del lenguaje, el trabajo de zapa, la destrucción de las instituciones, la siembra de la desesperanza, la desconfianza y la impotencia entre sus enemigos y la población configura la atmósfera ideal para la consolidación de las dictaduras que se inician en y desde la democracia.

Darío Acevedo Carmona, 17 de septiembre de 2023   

El presidente Petro no solo se defiende, sino que contraataca sin escrúpulos y con mucha fuerza a las denuncias que se le están formulando desde diversos flancos y medios por hechos de corrupción y las críticas al carácter destructivo de sus proyectos de “cambio”.

Petro reafirma su compromiso con grupos criminales ofreciendo a sus jefes medidas como la excarcelación, el “perdón social”, la liberación de miles de mujeres cabeza de familia, la invasión de tierras, el nombramiento de gestores de paz y el pago de un millón de pesos a jóvenes que hayan asesinado para que no lo vuelvan a hacer.

Sin duda, se trata de cumplirles las promesas a los capos que, según su hermano, movieron el electorado a votar masivamente por Petro en regiones en las que la presencia o influencia de él y su Pacto Histórico era nula o insignificante.

No me referiré a la violación de los principios éticos y morales que deben legitimar los actos de un primer mandatario. Tampoco me ocuparé de criticar el desgastado y oportunista recurso que encubre irresponsabilidad e incoherencia al justificar estas alianzas porque en el pasado otros las hicieron, aunque es fácil decir que entonces los parapolíticos fueron privados de su investidura de congresistas y penalizados con años de cárcel, mientras que Petro, los ensalza, los renombra, los envía a embajadas, los perdona.

Expondré cómo, a la luz de las ideologías revolucionarias de las izquierdas marxistas y neocomunistas, el compromiso con la revolución es total, sin esguinces, por ella, el militante se debe sacrificar en lo personal y en lo familiar. Nada puede estar más allá o por encima de la lealtad con la revolución, ni siquiera la propia vida ni el círculo familiar.

De tales actitudes encontramos abundante y detallada información en textos literarios e históricos que revelan las maneras del individuo común absorbido por la masa o multitud que pierde su sentido crítico. Como también la manipulación promovida desde las altas esfera del poder que, en nombre de ella, venden hasta humo y caspa. Un Stalin, un Mao, un Hitler, un Mussolinni, un Fidel un Ché, etc., fueron maestros en este tipo de experticias idiotizantes.

En China durante la Revolución Cultural de Mao en los años 60 del siglo pasado, jóvenes aculturados en la religión maoísta realizaban jornadas de masas de linchamiento mediático contra descendientes de los shenshi malvados (terratenientes). En la URSS de Stalin los comunistas primero repartieron tierra y una vez consolidado su poder la colectivizaron. En Cuba crearon una guardia revolucionaria que vigilaba lo que sucedía en cada cuadra y barrio. En Alemania del Este (comunista) la vigilancia oficial afectaba hasta las familias cuyos miembros se delataban entre sí para obtener favores. Pol Pot en Cambodia desocupó las ciudades y envió a sus habitantes al campo para que aprendieran lo duro que era trabajar la tierra. Se dice que Fidel ordenó, en medio de la pobreza de su pueblo por el derrumbe de la URSS, a un general y varios oficiales traficar cocaína con la condición de que, en caso de ser pillados, ellos se tenían que inmolar asumiendo toda la culpa.

Esto para no hablar de otras actividades lumpen, robos, corrupción, abuso de poder, favoritismo, paralización de la Fuerza Pública, alianzas con mafias y bandas criminales, perdón de delitos comunes y crímenes de guerra, etc., que se justifican porque se cometen para hacer avanzar la revolución, y, si a la vez, como está ocurriendo en nuestra Colombia en manos  de la pandilla revolucionaria, se aprueban medidas como las que impulsan Petro y sus ministros para destruir la democracia, las libertades, el estado, la propiedad privada y las Fuerzas Militares y de Policía, la conclusión, para caer en cuenta del abismo al que caímos, es que este estado de cosas no tiene mejor nombre que el de ser una revolución.

No hay constitución que marque el límite de su accionar, no hay instancias judiciales y de control que se sientan capaces de intervenir, mostrar y parar el desastre y la humillación de las reglas del juego político, económico y cultural. No contamos con una oposición organizada y unida en torno a la defensa de la nación.

Los integrantes de este gobierno, todos a una como en Fuenteovejuna, o como como Rolando y su cueva de ladrones, se juntan para hacer fiesta con los recursos públicos, como cuando los neo ricos coronan un envío de drogas tirando la casa por la ventana.

Entender la gravedad del momento y saber que vendrán cosas peores, nos debe servir para reaccionar y actuar en defensa de nuestros más preciados valores, de nuestro tejido social, de la libertad y de la democracia, de nuestra Fuerza Pública con la mayor contundencia posible.

Darío Acevedo Carmona, 10 de septiembre de 2023

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en entrevista de una de sus magistradas con la emisora colombiana La DobleW anunció el pasado 30 de agosto que el general Mario Montoya, excomandante del Ejército de Colombia y líder de la exitosa Operación Jaque, será llamado a juicio si en el término de 30 días no aclara si se decide a colaborar o no en el esclarecimiento de los falsos positivos y sobre su responsabilidad en los mismos y la de otras personas a las que debía obediencia.

Quiero expresar, antes de entrar en materia, que el delito en cuestión es condenable y es horroroso, causante además de profundos dolores, que agentes oficiales y funcionarios del estado colombiano están involucrados en varios de esos casos, que es necesario adelantar investigaciones judiciales para enjuiciar y castigar a sus responsables directos e indirectos como quiera que a la luz del derecho internacional humanitario y del estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, de la cual hace parte nuestro país, se trata de un crimen de guerra, imprescriptible, inindultable e inamnistiable.

La JEP por obra y gracia de un acuerdo de paz entre las antiguas Farc-Ep y el Gobierno de Juan Manuel Santos, se ha ocupado del problema llamando a cuentas a decenas de soldados y policías de distintos grados para escuchar sus aportes a la verdad judicial, y es en este proceso que tiene lugar el anuncio de la magistrada.

Como ha ocurrido con otros crímenes de guerra y de lesa humanidad, v. gr. el asesinato de sindicalistas, maestros y otros dirigentes políticos y sociales, organizaciones no gubernamentales (ONG), partidos y movimientos de clara orientación de izquierda han convertido el tema en asunto de agitación y propaganda culpando a expresidentes, ministros de defensa, instituciones oficiales, ejército y policía nacionales, etc.

La JEP abrió un macrocaso sobre falsos positivos en el marco del cual ha convocado el testimonio de agentes de la Fuerza Pública, después de haberles abierto la puerta a muchos de ellos que purgan extensas penas, para que cooperen y delaten a otros a cambio de recibir la misma pena que recibirán, supuestamente, los comandantes de las Farc. Ahí ya se detecta una muy posible acción interesada, la de gozar de una reducción considerable de sus penas.

En torno de este execrable delito ha girado una propaganda sistemática de grupos de izquierda y colectivos como el José Alvear Restrepo, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) dirigido por el senador Iván Cepeda,, entre otros, que se caracterizan por señalar al estado y al Ejército  como responsables, por apersonarse del dolor de las familias como sus defensores, asesorándolas en su proceso organizativo y utilizándolas en sus actividades propagandísticas, en culpar al expresidente Uribe y a altos mandos del Ejército, hacer énfasis en redondear el número de  víctimas (6402) con el claro fin de causar un impacto mediático.

La JEP “explicó que su conteo lo obtuvo al combinar cuatro bases de datos diferentes: dos de la Fiscalía, una del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de  Memoria Histórica -entidad oficial- y otra de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos”, declaró que “las cifras pueden ser mucho más altas“ y agregó “…solo entre 2002 y 2008 hubo 6.402 personas a las que mataron y las hicieron pasar ilegítimamente como guerrilleros”. (https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210218-colombia-jep-cifra-falsos-positivos-ejecuciones-extrajudiciales).

Según la fuente periodística antecitada “Ese número triplica el que estimaba la Fiscalía. El ente de investigación criminal reportó a la JEP que había 2.248 víctimas de 'falsos positivos', incluso en un periodo más largo que iba desde 1988 a 2014”.

De otro lado, según la crónica del portal France 24 “la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que reúne a varias organizaciones de derechos humanos, calcula que entre 2002 y 2010 hubo 3.512 civiles presentados falsamente como muertos en combate. Pero por más que este número supere el de la Fiscalía, sigue quedándose corto frente al que presentó la JEP este 18 de febrero de 2021”.

En cuanto a la fuente del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y su Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC), quiero aclarar que esta dependencia cuantifica 11 modalidades delictivas, ninguna de los cuales se refiere a “falsos positivos”. El OMC presenta informes sobre hechos de violencia: “A partir de la integración de 719 fuentes y 33.814 bases de datos y documentos. Entre las publicaciones que se hicieron bajo mi dirección, figura una importante serie llamada “Infografías” con cifras de hechos de violencia en distintas regiones y diversos responsables.

No sé cómo pudo la JEP usar estadísticas del OMC del CNMH si en la página web de esta entidad  no se encuentra nada al respecto. https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/estudios-e-investigaciones/infografias/

Acerca del origen oficial de este delito, la crónica de France 24 nos remite al año 2005, cuando “…el ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, firmó la Directiva Ministerial 029, donde se oficializaron los lineamientos para pagos de recompensas por cada homicidio presentado como baja en combate por miembros de la fuerza pública. Es decir: se exigían muertes de guerrilleros como prueba de efectividad al Ejército colombiano y, además, se les incentivaba con recompensas monetarias.” https://www.opendemocracy.net/es/6402-falsos-positivos-colombia-quien-dio-orden/.

Pienso que la sociedad colombiana y su sistema judicial aceptan de entrada que se investigue y se sancione a todos aquellos que usaron su posición de agentes de estado para cometer estas barbaries. Pero, que no hay claridad en cuanto al número de personas eliminadas, aunque el estupor es igual si fueron muchos menos o se descubrirá que fueron más.  Considero que el delito es más grave de lo que es si fue cometido por agentes del estado y más si se trató de distorsionar una directriz de guerra, que es de lógica en todas las guerras.

Opino que es muy floja la conclusión de la JEP en el sentido de que  hay un patrón común que conduce a responsabilizar al estado y a su ejército a que se califiquen esos hechos como crímenes de estado, rechazando que se pudo haber tratado de una distorsión de una directriz del alto gobierno orientada a exigir mayor eficacia en la confrontación con las guerrillas, en cuanto la situación era caracterizada como un conflicto armado interno.

La directriz del ministro Ospina no autoriza ni orienta matar a civiles o a gente inocente, para presentarlos como bajas en combate. El hecho de que exista patrón de conducta no deriva, necesariamente, en la culpa del estado. Equivaldría a asimilar una orden de guerra con una orden claramente violatoria de los Derechos Humanos como la aplicación de la ley segunda de las Farc que  ordenaba secuestrar a empresarios, políticos y personas pudientes para que, supuestamente, contribuyeran al triunfo de la revolución.

Insisto en que la manipulación ideologizada por parte de sectores de izquierda al señalar al estado  y al Ejército, tal como se lee en las crónicas citadas y en muchas otras, culpando a todos los comandantes de esta fuerza, es un acto de falsa justicia, de incitación a la condena de personas inocentes o no vencidas en juicio, de linchamiento mediático cuando se divulga en afiches masivos la pregunta tendenciosa “¿Quién dio la orden”? que termina por enlodar, sin demostración, a altos dignatarios del estado.

Concluyo, a título de hipótesis, preguntándome si no estamos en presencia de una jugada política de las izquierdas colombianas que, de insistir hasta el cansancio en calificar la situación que vive Colombia como un conflicto armado interno, quieren hacer ver hoy, a propios y extraños que lo vivido acá es igual a lo vivido en los países del cono sur y de Centroamérica, a saber, la represión, la arbitrariedad, la exclusión y la persecución de una dictadura contra el pueblo, contexto en el cual, las guerrillas serían expresión de lucha por la democracia, la libertad y la justicia. Absurdo indigerible e inaceptable.

Comparto link con la respuesta del expresidente Uribe, la principal víctima del matoneo sobre este tema, a la comunicación de la JEP. https://t.co/ZGX5CjM5oO

Darío Acevedo Carmona, 3 de septiembre de 2023