Por la revolución hasta la dictadura y corrupción

No debe caber duda sobre la tendencia, ya inexorable, hacia la dictadura que pretende imponer en Colombia el presidente Petro. Las señales son contundentes, que vea el que quiera ver. En esta columna me detendré en dos o tres temas que así nos lo revelan: la evidente alianza con el mundo delincuencial, la corrupción y la reforma a la salud.

Desde su campaña por la presidencia, Petro empezó a tejer una estrategia para asegurar el triunfo. Esta era la tercera y definitiva aspiración por la presidencia. Poco importaba si el plan conducía hacia una declinación de objetivos y principios o al menos pasar por encima de ellos.

En reuniones con sus asesores, su hermano y personas de confianza, se llegó a la conclusión de que no se podía perder esta oportunidad y que, si era necesario, habría que sacrificar coherencia y lealtad a sus viejas banderas ideológicas. Más importante que los dogmas es la victoria costare lo que costare.

Tal diseño se concretó en campaña y luego desde presidencia. Petro le reduce intensidad a su brutal tradición retórica sobre el modelo, la oligarquía, la vieja política, el paramilitarismo y las mafias y los disolventes discursos apocalípticos, con el fin de ganar votos en sectores de indecisos.

En el tema de corrupción, por ejemplo, los colombianos supimos del “pacto de La Picota” gestionado por su hermano Juan Fernando y por su amigo, hoy Alto Consejero para la Paz, Danilo Rueda, del que surge en forma de consigna la idea del “perdón social” y la “reconciliación nacional” en el marco de su política “paz total”.

En apariencia, Petro transmitía a la ciudadanía uno de los ejes de su propuesta de “Paz total” con el que, en aras de ese gran anhelo nacional, es necesario tomar decisiones dolorosas y hasta contrarias a la justicia. Ese burladero quedó instalado desde las negociaciones de Santos con las Farc. Pero, y eso no fue lo que se descubrió de inmediato, dicho “pacto” supuso un acuerdo con el bajo mundo, con el lumpen, con los jefes de bandas, clanes y grupos ilegales, para que le hicieran campaña en sus zonas de influencia y a cambio, él, ya presidente, impulsaría su proyecto de perdón que los pondría en libertad.

Esto significaba, ni más ni menos, hacer lo mismo que tanto les criticó a los políticos tradicionales que se aliaron con frentes  paramilitares para obtener votos, la “parapolítica”, y por el cual decenas de dirigentes que sucumbieron a ese apoyo, terminaron enjuiciados por la justicia condenados a cárcel y a pagar multas, a pedir perdón y a resarcir a las víctimas.

Estamos ante una reedición de aquello que condenaba con toda su energía el entonces congresista Gustavo Petro, con el agravante de que hoy, ya como presidente, lo hace con ropaje de paz, de legalidad, de reconciliación. Las negociaciones de paz con los paramilitares en Santafé de Ralito decía, era una negociación de “yo con yo”. Petro va más lejos pagándoles su apoyo electoral al atraerlos hacia su “paz total” que quiere decir: no más cárcel, designación como gestores de paz, pago a asesinos para que dejen de matar, no persecución al narcotráfico, estatus político, protección oficial, silencio sobre ingreso de dineros ilegales a su campaña entre otros beneficios. Todo porque lo importante por encima de la ley, la constitución, el honor, la ética, los principios, la coherencia, del pudor, del respeto a la democracia, era ganar la presidencia.

Se ha llegado tan lejos en esta política, (en cuyas sombras se distinguen tres personajes siniestros con “gestas” en pro de la impunidad, del debilitamiento de la Fuerza Pública y de la normalización del delito: los ministros de Defensa, de Justicia y de Relaciones Exteriores) que estamos ante la claudicación de nuestro estado, ese estado atacado con total fiereza por Petro y la extrema izquierda, que ahora en sus manos les brinda estatus político a grupos de connotados criminales comunes y mafiosos borrando de esa forma la diferencia insuperable entre el delito político y el delito común, bandera muy apreciada por las guerrillas colombianas.

Avanza a pasos de gigante en la táctica leninista de destrucción del estado burgués, del Ejército que lo sostiene y de su falsa justicia

Otro asunto que descubre de un todo y por todo la calaña dictatorial e irrespetuosa de la separación de poderes por parte de Petro es la burla que trata de llevar a cabo con la reforma a la salud. El chantaje económico a las EPS para arruinarlas a punta de impagos para que ellas, como “en el juego de dominó” terminen de fracasar y entonces, el estado, su nuevo estado socialista, asuma esas funciones, burlándose de cualquier intento del Congreso si negara su ruinosa reforma.

Estamos ante un presidente camorrero, arbitrario, que no admite el equilibrio de poderes. Vendrá luego el chantaje contra la Justicia con amenazas de reducción de su presupuesto si no se hace lo que él propone.

Y para cerrar, por ahora, sus alianzas con sectores de “la vieja y tradicional política” para ganar la gobernabilidad que nuestra democracia en franca lid no le dio. Traiciona también su retórica demagógica, convierte el gobierno y la gobernabilidad en una piñata: reparte embajadas, ministerios, viceministerios, nombra personas de dudosa reputación moral o en líos con la justicia o carentes de mérito, sostiene tesis que causan desconcierto y pánico económico, lleva a Ecopetrol a la quiebra, ataca a los empresarios, a los medios y le escurre el bulto a la muy presumible recepción de dineros ilícitos en su campaña.

Con toda razón se puede decir que hoy Colombia enfrenta la más delicada crisis institucional desatada por un presidente que se comporta como le da la gana, irrespetuoso de la institucionalidad, del orden y la economía. Nos invita a lo imposible: reconciliarnos con el crimen como si todos fuéramos criminales.

Darío Acevedo Carmona, 27 de agosto de 2023   

¿Qué tipo de verdad o verdades esperamos dilucidar sobre lo ocurrido durante el conflicto armado interno? ¿Es posible, como se ha dado en otros conflictos, explicarlo o reducirlo a una sola y definitiva versión?, ¿memoria y verdad son lo mismo?

Estas son unas cuantas preguntas de las muchas que podríamos formular en los debates sobre la verdad buscada y no hallada, relativas a la violencia política que hemos sufrido en las últimas seis décadas en Colombia.

Sugiero reconocer de entrada que, a pesar de los numerosísimos estudios e investigaciones publicadas, no ha sido posible arribar a una única verdad, a una gran verdad o versión, que dé cuenta de todo lo sucedido. Habría que aceptar, también, que el profundo desgaste de los paradigmas que desde las ciencias sociales se usaban para el análisis de conflictos y fenómenos sociales influye en dicha incapacidad.

Pero, no es solo la herramienta teórico-metodológica la que es insuficiente para generar un consenso interpretativo sobre la violencia política. La nueva historia francesa desde los trabajos de Marc Bloch y Lucien Febvre, fundadores de la Escuela de los Annales, condujo la disciplina a nuevos umbrales, por ejemplo, al reconocimiento del carácter profundo de los fenómenos sociales anclados en la economía, la cultura y la vida material, y, más allá, a nuevos horizontes como el estudio de las mentalidades (formas de comportamiento, usos y rituales religiosos y cívicos) y a una historia compleja que rebasa, sin anularlos, el estudio sobre el acontecimiento o los hechos.

Desde entonces, la verdad en sentido histórico, alude tanto al hecho o acontecimiento, a lo sucedido en un lugar, en un tiempo específico, de unas maneras y con intervención de personas o entidades, como al más difícil, consistente en interpretar un conjunto de hechos que pueden dar lugar a identificar tendencias, relaciones, orígenes, consecuencias y, en suma,  a su caracterización, soportadas en documentos y fuentes confiables. Esa es la forma de abordar la verdad histórica, más como explicación loable, demostrable, que se puede mirar como una constatación o una certidumbre que, no obstante ser compartida por una comunidad académica, está abierta al debate y a la controversia.

Por otra parte, el tema de la verdad del acontecimiento no requiere tanto e incluso puede no requerir, de un arsenal teórico, porque lo que se busca es aclarar o responder a preguntas del tenor: qué, quién, cuándo, cómo, dónde, las que aplicadas al conflicto armado colombiano, conduce a la precisión de lo sucedido, de los actores responsables, de las víctimas, de la tipología de delitos, de los daños materiales y espirituales, de la pérdida de seres queridos, etc.

Esto lo podríamos llamar, para efectos de mejor comprensión, la verdad jurídica, la que le sirve, en casos de violencia política o delincuencial, a un juez para fijar una sentencia. Alrededor de este tipo de verdades se ha desarrollado una intensa puja entre diversos sectores políticos, que ha terminado por dar a entender que esta es la verdad de verdades.

Se desconoce así, que, el hecho incontrastable de no estar ante una guerra civil sino de confrontaciones entre número plural de grupos armados irregulares: guerrillas de diversa inspiración, paramilitares sin unidad de mando y fuerza pública, que todos esas estructuras, legales e ilegales dejaron en el camino la muerte y el sufrimiento de millones de personas y miles de familias, a comunidades, a campesinos y hacendados a sindicalistas y empresarios, a religiosos, a maestros, a agentes del estado, etc., cada uno de los cuales tiene un relato de su experiencia, que es lo que conocemos como memoria.

Necesariamente, lo que narran esas personas o comunidades es lo que llamamos memoria, no es ni siquiera o siempre el relato jurídico del crimen sufrido, porque cada cual recordará lo que sintió, lo que aún recuerda, lo que perdió, sus vivencias, su drama, que, en todo caso, será muy diferente en cada víctima o grupo de víctimas, y por eso hablamos de memorias diversas y plurales según las circunstancias y actores que intervinieron.

Procede entonces, aunque es difícil que los agentes políticos lo admitan, aceptar la pluralidad de versiones, de memorias y en esencia de verdades sobre hechos sucedidos. Esa actividad hay que realizarla y se debe realizar con técnicas profesionales. Es posible conocer, desde esas memorias, los crímenes cometidos por las cerca de diez guerrillas, las 39 estructuras paramilitares, agentes del estado. Y en dicho ejercicio, el estado tiene la obligación de auscultar, investigar y escuchar a todas las víctimas, y a todos los victimarios llevarlos a declarar y reconocer sus culpas en el marco de las obligaciones de derecho internacional vigentes sobre graves y persistentes violaciones de los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Pero, cuestión diferente y delicada es aquella que enunciamos en un principio como la búsqueda de verdades de corte interpretativo cuando la anhelada verdad deja de girar en torno al hecho en sí mismo. Este tipo estudio se hace normalmente en el mundo académico, el de las ciencias sociales y humanas por parte de investigadores calificados. A veces se producen acuerdos sobre algunos puntos en otras no. En ningún caso la certidumbre o consenso debe depender del estado ni de los partidos ni de las iglesias, no puede derivarse de una comisión o de un argumento de autoridad ni de un dirigente, es algo siempre abierto, controversial.

Se me ocurren estos apuntes en vista de las especulaciones acerca de los aportes al esclarecimiento de la verdad por parte de altos jefes de guerrillas, paramilitares y agentes de la fuerza pública que crean la sensación de que de sus versiones se obtendrá tanto la verdad sobre algunos hechos, cosa que puede ser factible, y también sobre la complejidad del conflicto, que escapa a la formación académica de quienes están declarando.

Sin duda, habrá que mirar hasta qué punto lo que se denuncia tiene soporte, fundamento, y qué obedece a intereses personales o políticos para recibir reducción de penas aunque ello implique prenderle velas al diablo.

Darío Acevedo Carmona, 20 de agosto de 2023

Para un amplio sector de columnistas y líderes opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro los escándalos que han causado el deterioro de la imagen del gobierno y del primer mandatario tienen su origen en el entorno que lo rodea y en la persona misma del presidente.

Las expresiones de malestar de la ciudadanía lejos están de la virulencia, el extremismo y la violencia de las promovidas, organizadas y azuzadas por el petrismo y las izquierdas radicales   durante el gobierno Duque a quien exigían renunciar en sus movilizaciones y derrocar en el ensayo insurreccional de 2021. Las movilizaciones del presente, por el contrario, se han caracterizado por su pacifismo y espíritu civilista. Una foto para la historia es el mejor argumento para demostrar lo que decimos. Un grupo de policías del Esmad o policía antimotines, se ven sentados alrededor de una estatua dentro del edificio del Congreso mientras en la plaza de Bolívar desfilan miles de miembros de la reserva activa de las Fuerzas Militares y de Policía y ciudadanos en protesta contra el gobierno Petro. Ni en esa ni en anteriores marchas y concentraciones realizadas en varias ciudades hubo desórdenes ni piedra ni incendios ni destrucción de instalaciones policiales ni enfrentamientos fatales como los promovidos por la primera línea en Colombia en 2021.

Toda la bulla, todo el descontento actual, nace como lógica manifestación de rechazo con los desvaríos, errores, proyectos destructivos, improvisaciones, ignorancia de la función pública y del manejo de las instituciones, del irrespeto a la institucionalidad, de los choques  con las otras ramas del poder del estado, de las mentiras, del nepotismo, de las amenazas, del estilo pendenciero de Petro, de las denuncias explícitas y sugeridas de sus alfiles sobre malos manejos de dineros en la campaña presidencial, de su cercanía y favorecimiento a grupos armados guerrilleros y de mafias y criminales comunes. En fin, se cosecha lo que se siembra.

Algunos sectores piden la renuncia de Petro, esa consigna en sí misma no constituye una acción ilegal, debe leerse como una reacción ante la evidencia de tan malos procederes y pésimos resultados. Por otra parte, nadie les ha negado el derecho que tienen a defenderse todos los que están involucrados en los escándalos de corrupción, ni el hijo de Petro, ni él mismo ni ninguno de sus funcionarios caídos en desgracia.

Esto nos debe llevar a dos conclusiones, no es correcto que el gobierno y quien lo preside asuma una actitud de autovictimización o de autoexpiación de culpa diciendo que los mandatarios de antes cometieron iguales desmanes. La discusión no tiene porqué girar en torno a si hay o no garantías para los señalados, sobre si es legal o ilegal el manejo que se le está dando a la situación, puesto que todos los pasos dados no han rebasado los límites de la legalidad.

Por eso, las palabras pronunciadas por el expresidente y jefe del partido Liberal, César Gaviria Trujillo al fijar como un deber de los colombianos “luchar para garantizar que el mandato de Petro vaya hasta el 2026…” Han causado gran revuelo y desconcierto. No es para menos porque no hay señales de un complot que tenga por fin “tumbar” al presidente o darle un golpe de estado. Reiteremos, todos los elementos de la crisis que atraviesa salen del interior del gobierno.

¿Qué busca, entonces, el capitán del resquebrajado y dividido partido liberal? ¿Retomar el liderazgo perdido de su partido venido a menos bajo su dirección? ¿Busca firmar una alianza con Petro sirviéndole de salvavidas? ¿Naufragar dándole la mano a quien se arrojó a aguas profundas sin saber nadar?

No se entiende ni se ve bien que uno de los partidos, sostén con el conservatismo desde mediados del siglo XIX de las instituciones que nos han regido, que uno de los dos partidos tradicionales fustigado por las izquierdas armadas y civiles como estandarte de una sociedad esclavista y de una oligarquía sanguinaria, salga en defensa de un gobierno que se destruye a sí mismo, de un presidente que no es víctima de una oposición violenta, y que se consume en el fuego de sus incoherencias, yerros e incapacidad y de las denuncias de su hijo y de su jefe de campaña.

Darío Acevedo Carmona, 13 de agosto de 2023

A escaso un año de cumplir 60, intentando inútilmente tomar el poder con las armas, el Eln se sienta a negociar la paz con el estado que no ha podido derrotar, empezando por un breve cese al fuego que no es tal y con un gobierno que tiene el agua al cuello por las acusaciones contra la campaña de haber recibido dineros de origen espurio y rebasado los topes de ley.

Varias reflexiones afloran sin gran dificultad. La primera se origina en el discurso del presidente Petro en Corferias (Bogotá) en el que les pidió a los jefes del grupo guerrillero dejar de usar esos “fusiles oxidados”, armas que a pesar de su corrosión han matado a miles de inocentes. Aunque suenan razonables las palabras de Petro porque los fusiles no han sido eficaces para alcanzar el objetivo final y principal, la metáfora de la oxidación de esas armas omite una conclusión merecida, ya que, habría que reclamarles a los comandantes elenos, que, con ellas, han cometido innumerables crímenes de guerra y causado tragedias inenarrables contra poblaciones, personas, soldados, policías y medio ambiente. Oxidados sí, pero embadurnados con sangre.

La segunda tiene relación con el abrazo entusiasmado del presidente Petro a alias “Pablo Beltrán”, que constituye una burla a la majestad del cargo que ostenta. Porque una cosa es tratar con cortesía al enemigo, a pesar de que ese enemigo haya sido tan inclemente con la sociedad, y muy otra es despojarse de esa dignidad para abrazar con viva emoción, cual camaradas, con los comandantes de esa guerrilla. De esa forma se transmite un peligroso mensaje a la opinión en el sentido de que ellos, los elenos, son hermanos que equivocaron el rumbo,  se da a entender que es lo mismo la institucionalidad que la ilegalidad, que hay que abrirles todos los campos posibles para que dejen sus oxidados fusiles, que no se les exija el cese del secuestro y la extorsión, que no se les va a juzgar ni a penalizar, que recibirán todo tipo de recursos y garantías. Que su socorrida, mentirosa y demagógica idea de que ellos se atendrán a lo que diga “el pueblo en las asambleas populares” que serán convocadas, y que lo que de ellas salga debe ser de obligatorio cumplimiento, por tanto, elevadas a rango constitucional, con el consecuente desconocimiento del Congreso y la Justicia, o sea, otro golpe de estado como el del acuerdo de La Habana 2016, y así, hasta que el estado y la sociedad les quede debiendo.

Es que no parece ser el presidente de Colombia el que llega defendiendo lo que representa sino, sonrisas de por medio, los llena de carantoñas, promesas y garantías de impunidad, su amigo, el exguerrillero que los comprende y los quiere convencer de que sin las armas oxidadas es mejor y hasta más fácil tomarse el poder.

Y una última reflexión que inicio con esta pregunta: ¿qué lleva a la ONU y a sus altos representantes en Colombia a tolerar una negociación con un grupo terrorista (según el Departamento de Estado USA) sin la garantía de cesar en todas sus actividades delictivas, en especial el secuestro y la extorsión? ¿Acaso ha olvidado el contenido moral, ético y civilista de la universal Declaración de Derechos Humanos expedida en su asamblea general de 1948? ¿Han olvidado el más reciente avance que, en materia de sanciones y condenas no ya solo a los estados y gobiernos sino a todo grupo armado con pretensiones de poder político, representa el Estatuto de Roma y la subsecuente creación de la Corte Penal Internacional, entidad encargada de investigar, judicializar y penalizar a los responsables individuales de crímenes de guerra y de lesa humanidad?

Omitieron hacerlo con los altos comandantes de las Farc que hoy se solazan en las curules del Congreso de la República sin posibilidad de pagar un minuto de cárcel. Si con los llamados “carniceros” de los Balcanes en las guerras de la antigua Yugoeslavia y con dictadores sanguinarios de países africanos, la CPI ha sido implacable, ¿por qué en Colombia han avalado la impunidad de sistemáticas violaciones de los derechos humanos? Con el estado colombiano, un estado democrático, que ha optado por el camino de las reformas políticas y sociales, que se dotó de nueva constitución de 1991, que ha ofrecido negociaciones con políticas de reinserción, perdón y justicia transicional desde 1982, en cambio, la ONU, su Consejo de Seguridad y sus altos delegados en el país sí han procedido con todo el rigor que se requiere cuando se han descubierto graves violaciones a los DDHH.

No es justo que una sociedad que mal que bien vive en democracia y viene superando problemas sociales, pero, azotada por numerosas guerrillas, por grupos paramilitares ilegales y mafias surgidas alrededor del narcotráfico, deba declinar su ordenamiento jurídico, premiar a los criminales y garantizarles impunidad.

Es como si no mereciera respeto y respaldo nuestro estado de derecho, nuestra democracia. Es como si el carácter universal de los derechos humanos no tuviese sentido cuando se trata de los crímenes de guerrillas en apariencia justicieras, pero en realidad arbitrarias, corruptas y criminales.

Darío Acevedo Carmona, 6 de agosto de 2023

Entre los argumentos que esgrime el gobierno Petro y sus altos funcionarios para defender sus iniciativas y proyectos encontramos que hay desde los que denotan ignorancia, ineptitud, ofuscación, incoherencia, descaro hasta los que son clara irresponsabilidad. No es solo el desconocimiento sobre el funcionamiento del estado, de sus leyes esenciales, de respetables tradiciones de la población.

La mayor incoherencia  se observa a simple vista, recordemos las maneras que utilizaron durante décadas para oponerse a gobiernos que tildaban con los más negativos adjetivos que se puedan encontrar en el diccionario de lengua española, recordemos sus protestas violentas, sus acciones provocadoras y destructivas contra agentes de la fuerza pública, bienes públicos y privados, su promoción del caos, todo en nombre del derecho a la protesta. La retórica agresiva, desbordada, persistente  y sin pausa del actual presidente contra varios mandatarios y funcionarios de alto rango. El torpedeo incesante de proyectos en el congreso, la campaña de desprestigio contra nuestro estado de derecho y contra el Ejército dentro y fuera del país, el desprestigio y negacionismo de nuestra democracia, la tergiversación de los hechos, la magnificación de los abusos de poder y la generalización en la atribución de responsabilidades contra las instituciones.

El petrismo y sus aliados consideran que por haber ganado las elecciones tienen derecho a imponer todas sus iniciativas y proyectos. De esa forma desconocen que la democracia es un modelo de gobierno que exige diálogo, concertación, debate, derechos a ejercer la oposición con todas las garantías. Que los principios republicanos modernos deben ser respetados, en particular el de la separación de poderes y su colaboración armónica y que, el origen en la conformación del poder judicial, aunque no es de tipo electoral tiene un procedimiento legal que lo hace tan legítimo como los que se deben al voto ciudadano.

El petrismo y su Pacto Histórico quieren darle a su triunfo en las elecciones presidenciales un carácter absoluto, como si también lo hubiesen logrado en las elecciones para congreso, y como si se tratara del triunfo de la revolución que han soñado. Por eso vemos que proceden a su libre arbitrio, con descaro y mancillando principios de la moral y el decoro republicano. Por ejemplo, al nombrar representantes de la nación ante otros gobiernos a personajes que no reúnen las condiciones establecidas por la función pública de experticia y formación o que tienen a sus espaldas conductas inmorales.

Ellos creen que por ser “el primer gobierno de izquierda en la historia” tienen automáticamente derecho a gobernar como les de la gana violando normas y principios constitucionales en materia del modelo económico que reconoce el libre mercado, la propiedad privada, la regla fiscal, la ortodoxia y la larga tradición reconocida en el mundo en el manejo de nuestra economía.

Han humillado el estado colombiano en declaraciones oficiales ante auditorios nacionales y organismos y públicos internacionales, al tildarlo como un estado asesino, negando la democracia en actitud cínica pues gracias a ella están en gobernando. Han debilitado en profundidad a nuestra fuerza pública, tanto por el descabezamiento de su alto mando, como al colocarlo en igualdad de condiciones morales y políticas con organizaciones delincuenciales y grupos armados ilegales de ultraizquierda.

Este gobierno, por boca de su ministro de justicia quiere vender la idea de que la cárcel para grandes delincuentes es inapropiada como castigo. Su idea revela tanto ingenuidad como estupidez y confunde su opinión con lo que es política judicial de estado construida a lo largo de muchos años y en medio de profundos debates sobre filosofía jurídica.

A Petro le ha dado la ocurrencia de seguir el ejemplo de la ecologista Greta Thunberg, llevando un mensaje profético sobre la inminente extinción de la humanidad, la sexta, según su discurso anual ante el Congreso colombiano. En su deriva de marxista versión socialismo del siglo 21 hacia el militantismo ecológico en el que emula a Nostradamus con sus infundadas profecías, no hay certeza si lo hace por ganarse un lugar en el liderazgo internacional utilizando la causa ambiental o si lo que busca es crear un ambiente de distracción para ocultar su militancia comunista.

En todo caso, poco parece importarle el daño que le hace a la economía nacional con su retórica contra el petróleo, el carbón, el gas (aunque hace venias al dictador Maduro para comprárselos), contra el azúcar y sus productos derivados, la ganadería y su tolerancia con los cultivos de coca.

Para rematar, el presidente Petro incurre con frecuencia en ausencias e incumplimientos sobre los que ya circulan rumores de malas o impropias conductas de un primer mandatario, dando a entender su irresponsabilidad con respecto al deber ser de su cargo. Ataca a los medios, al poder judicial, a los ricos, a los blanquitos. Pretende que el congreso de la república debe acatar sumiso sus proyectos.

Gobernar en el marco de una democracia implica tolerancia, rectitud, diálogo, respeto, reconocimiento del adversario, escucha, en vez de amenazas, demagogia, exabruptos y  rimbombancia. Entender que las elecciones no se realizaron para validar una revolución o para crear una situación caótica.

Darío Acevedo Carmona, 29 de julio de 2023