De manera reiterada congresistas de sectores de izquierda, ministros del actual gobierno, el presidente Petro y la vicepresidente Francia Márquez, se refieren en muchas de sus intervenciones públicas, con desdén, rabia y odio a las elites y a los poderosos de Colombia a quienes responsabilizan de lo que ellos llaman “las injusticias sociales”, “la esclavitud”, “la gran desigualdad social” y otras atrocidades.

Como si por ser gobierno no estuvieran obligados por taxativas normas constitucionales a gobernar y proceder en todos sus actos con un espíritu de unidad nacional, de entender que somos una sociedad diversa y democrática y como si no fuera por tales condiciones que han llegado a donde están, precisamente, por ellas.

En las campañas políticas de plaza pública es muy común que se apele a ese tipo  de lenguaje  que abre brechas y crea una atmósfera de combate. Es el esfuerzo por diferenciarse del otro, de ese otro al que se le achacan todos los males y todo lo negativo.

A lo que quiero llegar es a que entendamos el significado de esos términos en cuanto nos permite ver todo lo que hay de falsedad, hipocresía y doble moral en los discursos de los primeros mandatarios del país.

Elites quiere decir sectores destacados de diferentes grupos de personas que ejercen un liderazgo, que marcan derroteros, señalan metas precisas, explican o muestran cómo es posible alcanzarlas. Aunque no faltan aquellos que se aprovechan del liderazgo para generar todo lo contrario, para dividir, para violentar al adversario o degradarlo, para estigmatizarlo, que es lo que la mayoría de los colombianos vemos casi a diario en las actuaciones del presidente y la vicepresidente.

Ellos se regodean hablando contra las elites sin reconocer que son parte de ellas, el presidente Petro, por ejemplo, se ha colocado al frente de una amplia convergencia de agrupaciones y tendencias de izquierda, y, la vicepresidente Francia Márquez lo es de las comunidades afro, aunque varios sectores la han desautorizado en razón de sus poses de falsa víctima y por el engreimiento que trasluce al hablar, además, con un tono de resentimiento.

Sobre la referencia despreciativa a lo “poderosos”, o también los “riquitos blancos”, a los banqueros, los grandes finqueros, los ganaderos, los azucareros, los caficultores, últimamente a los de El Poblado de Medellín y empresarios de Barranquilla, en particular, el presidente Petro se deleita impulsando sentimientos de odio de clase. En actitud a todas luces irresponsable les achaca crímenes, robos, alianzas con el narcotráfico, creación del paramilitarismo, generación de miseria y hasta de esclavitud, autoliberándose de la obligación de demostrar lo que afirma. Es decir, quiere hacer ver que sus temerarias afirmaciones son ciertas porque él las dice.

Tanto Petro como Francia sostienen un discurso sobre nuestra historia a la que despachan en una frase de cajón, se consideran “el cambio” en contra de 200 años (según Petro) o 500 (según Francia) en los que “as elites y la oligarquía” gobernaron sin “hacer nada”. Ellos ahora dicen ser el “pueblo” al que dicen representar y defender porque ellos lo declaran, y lo empoderan demagógicamente otorgándole poderes constituyentes y fuente legitima de su deseada continuidad en el poder más allá de 2026.

En este punto, podemos detectar una posición hipócrita ya que ambos, claramente, hacen parte de ese sector que nombran como los poderosos que, en ocasiones llaman “oligarquía”, ellos dos, en particular Petro, reciben un salario que solo se les reconoce a los más altos dignatarios del estado, cuentan con el apoyo de numerosos empleados, tienen equipos humanos para su seguridad, naves aéreas y vehículos para sus desplazamientos, iguales a las de aquellos que critican en plazas públicas. Petro no le ha dado un golpe a la tierra, pero es un poderoso de la clase política y como congresista se ha lucrado por más de 30 años.

Ofenden el pudor público con su lengua incendiaria, con su falta de coherencia y consistencia cuando por ejemplo se refieren a la corrupción siendo que recibe dineros en bolsas a hurtadillas, y han sido señalados de recibir sumas de dudosa procedencia  de personas relacionadas con el narcotráfico como el “hombre Marlboro”, han violado los topes de gastos de su campaña presidencial con dineros de sindicalistas y aportes de un gran capitalista y contratista del estado, el señor Torres, cabeza de un “poderoso” clan.

Y aunque Petro se infla diciendo que todos sus opositores son aliados del narcotráfico y el paramilitarismo, nombra gestores de paz a jóvenes bandidos para que no maten, limpia el rostro de miembros de la primera línea, debilita a la Fuerza Pública y anuncia que invitará al palacio de Nariño a uno de los más crueles jefes del paramilitarismo que no ha reparado una sola de las víctimas que por miles causó.

Darío Acevedo Carmona, 27 de marzo de 2024

El proyecto del Foro de Sao Paulo al que aludí en columna anterior, orienta a sus integrantes a revisar las versiones históricas de carácter fundacional de sus países. Por historia o relato fundacional, entendemos algo que todo país y nación poseen, un conjunto de elaboraciones míticas y rituales que procuran establecer y afirmar lo que hay de común en sentido identitario a una población.

Ahí encontramos personajes reales específicos, acontecimientos heroicos, fechas de especial significación y recordación, símbolos como la bandera, el escudo y el himno nacional cuyas notas y letras son específicas, distintivas en cada país. En general, estos elementos no están sujetos al debate, pues no se cambia de nacionalidad de manera caprichosa como no se cambia de familia ni de lugar de nacimiento. Como afirmó el filósofo francés Ernest Renán, la nación es una historia común, es un sentimiento, es un alma, un principio espiritual, un rico legado en recuerdos, un deseo de vivir juntos, la voluntad de continuar haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa, es la consecuencia de un largo pasado de esfuerzos, de sacrificios y de desvelos. El reconocimiento a los antepasados nos ha hecho lo que somos. Algunos la llaman historia patria o cívica y se educa a los niños desde la temprana infancia en la escuela primaria.

Esa historia es diferente a la historia académica que requiere una formación profesional o una dedicación profunda de parte de personas con algún grado de preparación. En las universidades del mundo se otorga grado universitario básico, de magíster y de doctorado.

Esta es una disciplina de las ciencias humanas que se caracteriza, entre otras cosas, por su dinamismo, por estar sujeta a contrastación, constatación y por supuesto a debate. La especulación en ella está reglada por requisitos establecidos en el campo disciplinar y siempre sus productos en tesis, libros o ensayos deben estar soportados en fuentes y elaborados en un estilo dialéctico, demostrativo. También se basa en hechos, fechas, lugares, personajes, sociedades y países.

Dicho esto, que no es, ni de cerca, todo lo que se ha dicho al respecto, a donde quiero llegar es a mostrar el atropello que, desde distintas corrientes de izquierda, de inspiración marxista, y hoy en día desde el gobierno de Gustavo Petro, se pretende imponer al revisar, cuestionar y hasta destrozar tanto nuestra historia fundacional como la naturaleza abierta y científica de la historia académica.

El primer gran pecado o absurdo cognitivo del marxismo radica en pretender mirar y entender el pasado a la luz del paradigma de la lucha de clases. No hay duda sobre la gran influencia de distintas formas de entender el marxismo entre la comunidad de historiadores colombianos e incluso de otros países. En ese manantial beben los que cometen la arbitrariedad reduccionista de referirse al pasado para plantear una revisión moralista de lo sucedido décadas y siglos atrás para concluir en la consigna de la deuda histórica. Recordemos el discurso de Petro sobre ese asunto en España. Una actitud anacrónica pues busca aplicar a otras épocas ideas, valores y principios de creación y aceptación reciente.

El presidente Petro, que no es, ni de lejos, mucho menos de cerca, un historiador, omitiendo que su voz tiene carácter oficial, algo que él parece no haber entendido, ha lanzado tesis asombrosas por desquiciadas que terminan borrando las profundas diferencias entre los tiempos, de ahí que sigamos siendo “esclavistas”, que la independencia fue obra de una “oligarquía”, que la violencia liberal conservadora fue motivada por el tema de la propiedad de la tierra, su negacionismo de una de las más grandes evidencias de crímenes incomparables por su crueldad como lo fue el holocausto judío, abuso que conduce a revictimizar al pueblo judío.

Petro y su élite asesora no pierden ocasión para causar estropicios tanto al relato fundacional, es decir, a nuestros sentimientos comunes de identidad, como para fungir de historiadores académicos y lucir galas en sus mediocres, simplistas y absurdos discursos ante públicos respetables. Ellos no entienden o no lo quieren aceptar que, al proceder de esa forma, están creando verdades oficiales propias de regímenes dictatoriales.

Y ahí sí nos tenemos que remitir a la historia reciente de dictaduras comunistas que se caracterizan por establecer verdades oficiales que circulan como dogmas inobjetables, desde los cuales se justifica borrar personas y hechos, se recrean o inventan otros, se crean nuevos héroes y algunos hechos son magnificados para deslumbrar y suscitar odios y falsos hitos. Stalin, p.e. borró a Trotsky, a Bujarin y a otros dirigentes bolcheviques de la historia de la revolución rusa de 1917. Fidel Castro hizo lo mismo con decenas de intelectuales, empresarios y escritores que fueron encarcelados o tuvieron que huir de la persecución por sus opiniones. Acá en Colombia, nos quieren hacer creer que el surgimiento de las guerrillas fue causado por la exclusión de la dictadura del Frente Nacional y no como expresión de proyectos políticos influenciados por experiencias revolucionarias comunistas de distintos centros de poder como la URSS, China y Cuba.

Temas de gran trascendencia a los que prestamos poca atención. Nos voltean la bandera al revés en la cara y nos quedamos impávidos

Darío Acevedo Carmona, 10 de diciembre de 2023

Las circunstancias del momento que vive el país hicieron de las elecciones del pasado 29 de octubre una especie de prueba de fuego sobre la gestión del presidente Petro. En efecto hubo señales en tal sentido, conviene ser muy puntuales en reconocer los eventos en los que las disímiles y numerosas fuerzas opositoras lograron victorias contundentes e impactantes.

Sin duda, la derrota en Bogotá de Gustavo Bolívar principal aliado del presidente tiene un significado muy especial dados los esfuerzos y abiertos apoyos del gobierno en pro de su candidatura. Todo un fiasco perder a Bogotá, la ciudad capital en la que las izquierdas siempre han sido decisivas y en varias ocasiones triunfantes. Las consecuencias se han empezado a ver desde ya, fuego amigo, divisiones, inculpaciones y, pérdida de influencia y poder sobre la alcaldía.

Casi en el mismo nivel de frustración para el petrismo son los resultados negativos en Medellín y Cali, más aplastantes en la capital antioqueña, pero en ambas con el inequívoco mensaje de descontento popular con la gestión de dos alcaldes que naufragan en corrupción, arbitrariedades e ineptitud.

Sumemos el triunfo de Char en Barranquilla y de candidatos adversos al petrismo en Bucaramanga, Cartagena, Manizales y otras capitales, y, las victorias en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Valle, Atlántico, Santander, Meta, entre otros.

Existe una gran dificultad para establecer las cifras exactas obtenidas por cada partido o movimiento de presencia nacional por al menos dos razones, la primera tiene que ver con el carácter regional y local del evento electoral en el que grupos muy diversos de rango circunscrito a un municipio o una región o departamento no articulados con fuerzas nacionales, participan en la disputa. La segunda, con las numerosas y multiformes alianzas en torno a candidatos de unidad no siempre identificados por su apoyo o cercanía con el gobierno. Distinguir cuántos votos aportó cada grupo o partido es imposible.

Sin embargo, lo que si se pudo definir con cierto grado de error es que en varios departamentos y ciudades capitales triunfaron tendencias claramente opositoras y solo unas pocas fueron favorables al petrismo.

No debe sorprendernos que Petro, acorde con su manía distorsionadora, haya salido a invertir los resultados reclamando un triunfo en una contienda en la que salió ampliamente derrotado.

Ahora bien, en cuanto a las conclusiones y perspectivas que podemos desprender del pasado certamen electoral, una excesiva actitud triunfalista no es recomendable, no solo por la naturaleza y el alcance político definido institucionalmente, sino porque la contundencia debe mirarse en concreto en localidades como las señaladas en principio, pero, también, porque a pesar de haberse puesto a prueba la favorabilidad del presidente, no se trató de un referendo o plebiscito que condujera a la renuncia del primer mandatario.

Por tanto, las fuerzas opositoras, no todas ellas en el mismo nivel de definición y compromiso e incluso con grandes diferencias entre algunas de ellas, están retadas a pensar y evaluar una estrategia común con miras a las elecciones para Congreso y Presidencia en 2026. No debe haber disculpas sobre la distancia por recorrer ya que los asuntos a acordar no son de menor monta.

El plan  estratégico debe conllevar a la conformación de un amplio frente unitario, es decir, a reunir, bajo la sombrilla de la unidad y la organización, sin la cual estaríamos perdidos, a tan numerosas agrupaciones. Basta solo con reconocer su atomización reinante en el campo democrático-institucional. Habrá que definir también los temas centrales del programa, el plan de acción inmediato, el papel de la calle, de la movilización de sectores, jornadas nacionales, campañas mediáticas, la estructuración de un frente legislativo de rechazo a los funestos proyectos del gobierno.

Porque si hay algo claro en el horizonte es que Petro y su Pacto Histórico obtendrán más poder con los próximos nombramientos de fiscal y procurador, que continuará llamando a alianzas sin eco, que insistirán hasta el final en los proyectos que han causado tanta alarma económica y social y que Petro estará cada vez más blindado ante la amenaza de un juicio político

Es decir, esta no es una pelea de toche con guayaba madura, ni para él ni para la oposición. Por ello, las fuerzas opositoras afectadas por su gran dispersión política y orgánica tienen que despertar y encarar el desafío, y por eso se justifica preguntarnos ¿quién o quiénes van a liderar la inmensa responsabilidad de iniciar el tejido de esa alianza. Podría darse desde una reunión exploratoria entre los jefes tradicionales de los movimientos y partidos que tienen mayor claridad respecto del peligro de una extensión del proyecto petrista más allá de 2026.

O que los expresidentes Uribe, Pastrana, Gaviria, con jefes políticos como Gómez, Vargas Lleras, verdes, etc., se reúnan para dar unas primeras puntadas. Todo ello pasa por acotar el campo de competidores para evitar la repetición de lo sucedido en 2022, convocar organizaciones y gremios de la sociedad civil, empresarios, retirados de la fuerza pública, cleros, artistas, etc.

Darío Acevedo Carmona, 4 de noviembre de 2023

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en entrevista de una de sus magistradas con la emisora colombiana La DobleW anunció el pasado 30 de agosto que el general Mario Montoya, excomandante del Ejército de Colombia y líder de la exitosa Operación Jaque, será llamado a juicio si en el término de 30 días no aclara si se decide a colaborar o no en el esclarecimiento de los falsos positivos y sobre su responsabilidad en los mismos y la de otras personas a las que debía obediencia.

Quiero expresar, antes de entrar en materia, que el delito en cuestión es condenable y es horroroso, causante además de profundos dolores, que agentes oficiales y funcionarios del estado colombiano están involucrados en varios de esos casos, que es necesario adelantar investigaciones judiciales para enjuiciar y castigar a sus responsables directos e indirectos como quiera que a la luz del derecho internacional humanitario y del estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, de la cual hace parte nuestro país, se trata de un crimen de guerra, imprescriptible, inindultable e inamnistiable.

La JEP por obra y gracia de un acuerdo de paz entre las antiguas Farc-Ep y el Gobierno de Juan Manuel Santos, se ha ocupado del problema llamando a cuentas a decenas de soldados y policías de distintos grados para escuchar sus aportes a la verdad judicial, y es en este proceso que tiene lugar el anuncio de la magistrada.

Como ha ocurrido con otros crímenes de guerra y de lesa humanidad, v. gr. el asesinato de sindicalistas, maestros y otros dirigentes políticos y sociales, organizaciones no gubernamentales (ONG), partidos y movimientos de clara orientación de izquierda han convertido el tema en asunto de agitación y propaganda culpando a expresidentes, ministros de defensa, instituciones oficiales, ejército y policía nacionales, etc.

La JEP abrió un macrocaso sobre falsos positivos en el marco del cual ha convocado el testimonio de agentes de la Fuerza Pública, después de haberles abierto la puerta a muchos de ellos que purgan extensas penas, para que cooperen y delaten a otros a cambio de recibir la misma pena que recibirán, supuestamente, los comandantes de las Farc. Ahí ya se detecta una muy posible acción interesada, la de gozar de una reducción considerable de sus penas.

En torno de este execrable delito ha girado una propaganda sistemática de grupos de izquierda y colectivos como el José Alvear Restrepo, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) dirigido por el senador Iván Cepeda,, entre otros, que se caracterizan por señalar al estado y al Ejército  como responsables, por apersonarse del dolor de las familias como sus defensores, asesorándolas en su proceso organizativo y utilizándolas en sus actividades propagandísticas, en culpar al expresidente Uribe y a altos mandos del Ejército, hacer énfasis en redondear el número de  víctimas (6402) con el claro fin de causar un impacto mediático.

La JEP “explicó que su conteo lo obtuvo al combinar cuatro bases de datos diferentes: dos de la Fiscalía, una del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de  Memoria Histórica -entidad oficial- y otra de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos”, declaró que “las cifras pueden ser mucho más altas“ y agregó “…solo entre 2002 y 2008 hubo 6.402 personas a las que mataron y las hicieron pasar ilegítimamente como guerrilleros”. (https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210218-colombia-jep-cifra-falsos-positivos-ejecuciones-extrajudiciales).

Según la fuente periodística antecitada “Ese número triplica el que estimaba la Fiscalía. El ente de investigación criminal reportó a la JEP que había 2.248 víctimas de 'falsos positivos', incluso en un periodo más largo que iba desde 1988 a 2014”.

De otro lado, según la crónica del portal France 24 “la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que reúne a varias organizaciones de derechos humanos, calcula que entre 2002 y 2010 hubo 3.512 civiles presentados falsamente como muertos en combate. Pero por más que este número supere el de la Fiscalía, sigue quedándose corto frente al que presentó la JEP este 18 de febrero de 2021”.

En cuanto a la fuente del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y su Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC), quiero aclarar que esta dependencia cuantifica 11 modalidades delictivas, ninguna de los cuales se refiere a “falsos positivos”. El OMC presenta informes sobre hechos de violencia: “A partir de la integración de 719 fuentes y 33.814 bases de datos y documentos. Entre las publicaciones que se hicieron bajo mi dirección, figura una importante serie llamada “Infografías” con cifras de hechos de violencia en distintas regiones y diversos responsables.

No sé cómo pudo la JEP usar estadísticas del OMC del CNMH si en la página web de esta entidad  no se encuentra nada al respecto. https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/estudios-e-investigaciones/infografias/

Acerca del origen oficial de este delito, la crónica de France 24 nos remite al año 2005, cuando “…el ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, firmó la Directiva Ministerial 029, donde se oficializaron los lineamientos para pagos de recompensas por cada homicidio presentado como baja en combate por miembros de la fuerza pública. Es decir: se exigían muertes de guerrilleros como prueba de efectividad al Ejército colombiano y, además, se les incentivaba con recompensas monetarias.” https://www.opendemocracy.net/es/6402-falsos-positivos-colombia-quien-dio-orden/.

Pienso que la sociedad colombiana y su sistema judicial aceptan de entrada que se investigue y se sancione a todos aquellos que usaron su posición de agentes de estado para cometer estas barbaries. Pero, que no hay claridad en cuanto al número de personas eliminadas, aunque el estupor es igual si fueron muchos menos o se descubrirá que fueron más.  Considero que el delito es más grave de lo que es si fue cometido por agentes del estado y más si se trató de distorsionar una directriz de guerra, que es de lógica en todas las guerras.

Opino que es muy floja la conclusión de la JEP en el sentido de que  hay un patrón común que conduce a responsabilizar al estado y a su ejército a que se califiquen esos hechos como crímenes de estado, rechazando que se pudo haber tratado de una distorsión de una directriz del alto gobierno orientada a exigir mayor eficacia en la confrontación con las guerrillas, en cuanto la situación era caracterizada como un conflicto armado interno.

La directriz del ministro Ospina no autoriza ni orienta matar a civiles o a gente inocente, para presentarlos como bajas en combate. El hecho de que exista patrón de conducta no deriva, necesariamente, en la culpa del estado. Equivaldría a asimilar una orden de guerra con una orden claramente violatoria de los Derechos Humanos como la aplicación de la ley segunda de las Farc que  ordenaba secuestrar a empresarios, políticos y personas pudientes para que, supuestamente, contribuyeran al triunfo de la revolución.

Insisto en que la manipulación ideologizada por parte de sectores de izquierda al señalar al estado  y al Ejército, tal como se lee en las crónicas citadas y en muchas otras, culpando a todos los comandantes de esta fuerza, es un acto de falsa justicia, de incitación a la condena de personas inocentes o no vencidas en juicio, de linchamiento mediático cuando se divulga en afiches masivos la pregunta tendenciosa “¿Quién dio la orden”? que termina por enlodar, sin demostración, a altos dignatarios del estado.

Concluyo, a título de hipótesis, preguntándome si no estamos en presencia de una jugada política de las izquierdas colombianas que, de insistir hasta el cansancio en calificar la situación que vive Colombia como un conflicto armado interno, quieren hacer ver hoy, a propios y extraños que lo vivido acá es igual a lo vivido en los países del cono sur y de Centroamérica, a saber, la represión, la arbitrariedad, la exclusión y la persecución de una dictadura contra el pueblo, contexto en el cual, las guerrillas serían expresión de lucha por la democracia, la libertad y la justicia. Absurdo indigerible e inaceptable.

Comparto link con la respuesta del expresidente Uribe, la principal víctima del matoneo sobre este tema, a la comunicación de la JEP. https://t.co/ZGX5CjM5oO

Darío Acevedo Carmona, 3 de septiembre de 2023

¿Qué tipo de verdad o verdades esperamos dilucidar sobre lo ocurrido durante el conflicto armado interno? ¿Es posible, como se ha dado en otros conflictos, explicarlo o reducirlo a una sola y definitiva versión?, ¿memoria y verdad son lo mismo?

Estas son unas cuantas preguntas de las muchas que podríamos formular en los debates sobre la verdad buscada y no hallada, relativas a la violencia política que hemos sufrido en las últimas seis décadas en Colombia.

Sugiero reconocer de entrada que, a pesar de los numerosísimos estudios e investigaciones publicadas, no ha sido posible arribar a una única verdad, a una gran verdad o versión, que dé cuenta de todo lo sucedido. Habría que aceptar, también, que el profundo desgaste de los paradigmas que desde las ciencias sociales se usaban para el análisis de conflictos y fenómenos sociales influye en dicha incapacidad.

Pero, no es solo la herramienta teórico-metodológica la que es insuficiente para generar un consenso interpretativo sobre la violencia política. La nueva historia francesa desde los trabajos de Marc Bloch y Lucien Febvre, fundadores de la Escuela de los Annales, condujo la disciplina a nuevos umbrales, por ejemplo, al reconocimiento del carácter profundo de los fenómenos sociales anclados en la economía, la cultura y la vida material, y, más allá, a nuevos horizontes como el estudio de las mentalidades (formas de comportamiento, usos y rituales religiosos y cívicos) y a una historia compleja que rebasa, sin anularlos, el estudio sobre el acontecimiento o los hechos.

Desde entonces, la verdad en sentido histórico, alude tanto al hecho o acontecimiento, a lo sucedido en un lugar, en un tiempo específico, de unas maneras y con intervención de personas o entidades, como al más difícil, consistente en interpretar un conjunto de hechos que pueden dar lugar a identificar tendencias, relaciones, orígenes, consecuencias y, en suma,  a su caracterización, soportadas en documentos y fuentes confiables. Esa es la forma de abordar la verdad histórica, más como explicación loable, demostrable, que se puede mirar como una constatación o una certidumbre que, no obstante ser compartida por una comunidad académica, está abierta al debate y a la controversia.

Por otra parte, el tema de la verdad del acontecimiento no requiere tanto e incluso puede no requerir, de un arsenal teórico, porque lo que se busca es aclarar o responder a preguntas del tenor: qué, quién, cuándo, cómo, dónde, las que aplicadas al conflicto armado colombiano, conduce a la precisión de lo sucedido, de los actores responsables, de las víctimas, de la tipología de delitos, de los daños materiales y espirituales, de la pérdida de seres queridos, etc.

Esto lo podríamos llamar, para efectos de mejor comprensión, la verdad jurídica, la que le sirve, en casos de violencia política o delincuencial, a un juez para fijar una sentencia. Alrededor de este tipo de verdades se ha desarrollado una intensa puja entre diversos sectores políticos, que ha terminado por dar a entender que esta es la verdad de verdades.

Se desconoce así, que, el hecho incontrastable de no estar ante una guerra civil sino de confrontaciones entre número plural de grupos armados irregulares: guerrillas de diversa inspiración, paramilitares sin unidad de mando y fuerza pública, que todos esas estructuras, legales e ilegales dejaron en el camino la muerte y el sufrimiento de millones de personas y miles de familias, a comunidades, a campesinos y hacendados a sindicalistas y empresarios, a religiosos, a maestros, a agentes del estado, etc., cada uno de los cuales tiene un relato de su experiencia, que es lo que conocemos como memoria.

Necesariamente, lo que narran esas personas o comunidades es lo que llamamos memoria, no es ni siquiera o siempre el relato jurídico del crimen sufrido, porque cada cual recordará lo que sintió, lo que aún recuerda, lo que perdió, sus vivencias, su drama, que, en todo caso, será muy diferente en cada víctima o grupo de víctimas, y por eso hablamos de memorias diversas y plurales según las circunstancias y actores que intervinieron.

Procede entonces, aunque es difícil que los agentes políticos lo admitan, aceptar la pluralidad de versiones, de memorias y en esencia de verdades sobre hechos sucedidos. Esa actividad hay que realizarla y se debe realizar con técnicas profesionales. Es posible conocer, desde esas memorias, los crímenes cometidos por las cerca de diez guerrillas, las 39 estructuras paramilitares, agentes del estado. Y en dicho ejercicio, el estado tiene la obligación de auscultar, investigar y escuchar a todas las víctimas, y a todos los victimarios llevarlos a declarar y reconocer sus culpas en el marco de las obligaciones de derecho internacional vigentes sobre graves y persistentes violaciones de los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Pero, cuestión diferente y delicada es aquella que enunciamos en un principio como la búsqueda de verdades de corte interpretativo cuando la anhelada verdad deja de girar en torno al hecho en sí mismo. Este tipo estudio se hace normalmente en el mundo académico, el de las ciencias sociales y humanas por parte de investigadores calificados. A veces se producen acuerdos sobre algunos puntos en otras no. En ningún caso la certidumbre o consenso debe depender del estado ni de los partidos ni de las iglesias, no puede derivarse de una comisión o de un argumento de autoridad ni de un dirigente, es algo siempre abierto, controversial.

Se me ocurren estos apuntes en vista de las especulaciones acerca de los aportes al esclarecimiento de la verdad por parte de altos jefes de guerrillas, paramilitares y agentes de la fuerza pública que crean la sensación de que de sus versiones se obtendrá tanto la verdad sobre algunos hechos, cosa que puede ser factible, y también sobre la complejidad del conflicto, que escapa a la formación académica de quienes están declarando.

Sin duda, habrá que mirar hasta qué punto lo que se denuncia tiene soporte, fundamento, y qué obedece a intereses personales o políticos para recibir reducción de penas aunque ello implique prenderle velas al diablo.

Darío Acevedo Carmona, 20 de agosto de 2023

La reciente intervención de Petro en París, reproducida por los canales nacionales de televisión el pasado 25 de junio, es una pieza maestra que muestra al presidente en el esplendor de lo que él ha sido y sigue siendo.

No hay necesidad de escribir un libro ni un ensayo para analizar los temas con los respectivos anatemas que enunció a rajatabla. Nadie está obligado a rebatir o a confrontar descalificación contra argumento, absurdos contra razón, mentiras contra hechos, porque la pieza en cuestión no pasó de ser un alarde de rabia y de odio contenido en tono ideológico y moralista.

Ante un público seleccionado de colombianos residentes en Francia, que lo aplaudían, Petro se despachó contra sectores a los que ha tomado, no por críticos ni opositores sino como enemigos, atacó a los empresarios que hacen negocios con la salud dejando entrever que son inmorales y corruptas todas las empresas que se lucran de prestar servicios de salud.

Insistió en posar de historiador al comparar algo supuestamente ocurrido en Bogotá en 1851 con motivo de la ley que eliminó totalmente la esclavitud bajo la presidencia del jefe liberal radical José Hilario López, con lo que, según él es su continuidad en pleno siglo XXI.  Así, abominó a todos los gobernantes, borró diferencias entre momentos y situaciones en una ramplonería y simplismo que da pena, despachó con dos frases la complejidad del mundo laboral, destruyó el capitalismo con dos adjetivos, etc.

Atacó a los medios porque son propiedad de familias de riquísimas casas de empresarios, y esgrimió la conclusión moralista que de ellos no se puede esperar información acertada,

Insistió en que el país siempre ha sido gobernado por una elite u oligarquía -haciendo pantomima de Gaitán- vieja consigna de movimientos y líderes populistas y de la izquierda dogmática y ortodoxa.

Denigró del Congreso porque no aprobó algunos de sus proyectos, queriendo indicar que, para él, acorde con su talante dictatorial, solo sirve todo y por eso no mencionó los que si le aprobaron.

Embriagado en su locuaz soberbia, lanzó afirmaciones mentirosas contra la oposición a la que descalificó moral, política y socialmente y culpó de todos los males e injusticias de nuestra sociedad. Se apropió la representación del “pueblo”, la “justicia”, la “verdad”, la “igualdad”, entre otras nociones de cobertura general.

En su desborde retórico afloró su afán por colocar todos los problemas en el marco de la lucha de clases, como lo hacía sin tapujos en sus primeros retozos con la civilidad, que había solapado en la campaña presidencial del 2022.

Volvió a renegar de nuestra democracia, de la cual siempre fue un negacionista a pesar de ocupar el solio de Bolívar y dominar buena parte del Congreso, gracias a ella.

¿Qué conclusiones se pueden sacar de ese discurso delirante, emocional, desafiante e insultante? Lo primero es no caer en la ingenuidad de ver el contenido como algo nuevo o como una sorpresa. Estamos ante el mismo personaje de siempre, pero, adobado con la investidura presidencial, con amplios poderes que manejados caprichosamente son un peligro para las libertades y la democracia. Estamos ante el antiguo guerrillero que quiso desde el M-19, tomar el poder con las armas, el que siempre moldeó su pensamiento y sus objetivos desde una retórica denigrante del país, de sus instituciones, de su democracia, de sus elecciones, de su modelo económico para posicionar y justificar la idea del cambio, que en cualquier momento llamará “revolución”.

Al referirse a temas delicados no cita estudios ni estadísticas, pretende hacer un diagnóstico acertado cuya fuente es su propia palabra. Abunda en mentiras como en el caso de la salud que la hace trizas, y a la que, afirmó, las gentes humildes y viejas no tienen acceso, es la peor, y no entiende como figura entre las mejores del mundo.

De otra parte, el “nuevo” Petro, retoma sin confesarlo, la línea marxista de atizar la lucha de clases, promoviendo estigmas contra los banqueros, los grandes empresarios, las elites y la oposición, culpándolos de todos los males  del país, estimulando el odio y el resentimiento contra los “poderosos” que se niegan a tratar merecidamente a sus empleados. Se lanza contra el capitalismo desde los países donde este sistema ha sido exitoso y defiende a ultranza un mayor papel del estado. No se si en el viaje que tiene programado a la China comunista y a Corea del Sur, se le ocurrirá darles lecciones a sus dirigentes de cómo combatir la pobreza implementando el modelo capitalista.

En su lógica anticapitalista, sobresale por su irresponsable y sistemático ataque a empresarios y a miles de trabajadores que viven del trabajo en las industrias del carbón, el petróleo, el azúcar y la ganadería, a las que amenaza sin decir que hará con esos trabajadores y sus familias de las que se declara, sin sonrojarse, su protector.

No hay espacio en una columna para hablar de otros temas, como el de haber incorporado a su morral de impertinencias, la lucha contra el cambio climático, campo en el que se ve como una caricatura de Greta Thunberg.

Termino haciéndome esta pregunta ¿Qué busca o por qué Petro viola adrede el mandato constitucional que define como característica fundamental del presidente de la república ser el representante de toda la nación, el que debe procurar la unidad nacional y la concordia? ¿Por qué se le ve rabioso, retador, amenazante tendenciosos, como un agitador en vez de un mandatario?

Pienso que en medio del sentido de auto seguridad que exhibe en su oratoria, Petro tiene miedo, miedo a la oposición, de la que se burló al caricaturizarla, y a las marchas cada vez más multitudinarias. Miedo a que algunas de las investigaciones y denuncias en su contra, presentadas ante el Congreso, por recepción de dineros sucios y no declarados en su campaña de 2022 o por alteración de los escrutinios, prospere y resulte condenado indigno del cargo. Por eso recurre a la experticia del guerrillero, golpear a la vez en muchas partes y evitar concentrarse en un solo lugar. Pero también, a la estrategia en la que es muy hábil: victimizarse y culpar a la oligarquía feudal y premoderna.

Darío Acevedo Carmona, 2 de julio de 2023

En una de sus intervenciones recientes, el presidente Gustavo Petro cifró el costo de la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno en 300 billones de pesos y alegando la insuficiencia de recursos del erario, el supuesto incumplimiento del gobierno de Iván Duque en la implementación del “acuerdo de paz” del 2016, propuso que el Banco de la República emitiera ese dinero. De no hacerlo, indicó, el estado se tomaría más de cien años en la ejecución de ese compromiso.

Varios son los aspectos que se deben considerar para estructurar una opinión razonable ante tan delicado asunto. El estado colombiano, en contra de lo que afirman sectores progres, de izquierda y ultraizquierda y hasta desmovilizados, ha puesto en marcha leyes de compensación y reparación integral para las víctimas.

Sin embargo, las consecuencias humanitarias de un conflicto armado extenso, atomizado, y que no termina, son tan profundas, horrendas, numerosas y dolorosas, que se dificulta el cumplimiento de metas establecidas sin tener en cuenta al menos tres variables, la primera es la referida a la complejidad del fenómeno, la segunda es que por parte de algunas legislaturas y en sentencias de altas cortes, la obligación de tener siempre en cuenta el costo de cada ley y la fuente de su financiación, la regla fiscal, no se ha tenido en cuenta, y la tercera, la pretensión de que el estado sea el único responsable de todos los programas de atención a las víctimas.

Pienso que es muy importante valorar algunas cifras estructuradas por el Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), basado en la consulta de 653 fuentes y 33.497 bases de datos y documentos por parte de funcionarios y contratistas profesionales en la materia.

El periodo cubierto va desde 1958, (debería ser desde 1964 que es el verdadero inicio del levantamiento armado de las guerrillas) al 31 de marzo de 2023, último corte realizado.

Total, hechos de violencia: 361.036. Personas directamente afectadas: 421.806. Víctimas fatales: 269.306.

Estas cifras difieren de las acopiadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado (UARIV), entidad creada por la Ley de Víctimas 1448/2011, que incluye a las víctimas indirectas y se acercan a los 10 millones de personas. Si se atendiera una por una tanto en la reparación material (tierras, retornos, indemnizaciones, compensaciones económicas, vivienda, proyectos, etc) como en la simbólica (relatos de memoria, investigación académica, lugares de memoria, museos y casa de memoria, etc.), el lapso para atenderlas sería de varios siglos.

Por otra parte, los 300 billones de que habla Petro se convertirían en una suma pírrica de tener que cumplirles a todas y cada una de las víctimas, es decir, en un tiempo razonable y sacrificando de paso todas las obligaciones que en otros campos debe cumplir el estado.

Si miramos las cifras sobre víctimas  y los responsables según el OMC, tenemos lo siguiente: grupos paramilitares 95.200, 22.57%. Dos o más grupos: 50.886, 12.06%. Guerrillas: 36.681, 8.70%. Autores desconocidos: 37.392, 8.86%. Grupos armados no identificados: 29.172, 6.91%. Agentes del estado: 8.569, 2.03%. Grupos armados posdemovilización: 5.703, 1.35%.

Como quiera que la desmovilización de varios de los grupos armados organizados (GAO) han asumido compromisos en las negociaciones con el estado para reparar a las víctimas, pidiéndoles perdón, contando la verdad de los hechos, aportando dinero, tierras, semovientes, entre otros insumos, es de esperar que la responsabilidad es plural y en sana lógica no puede recaer solo en el estado, no siendo este el culpable del mayor número de víctimas.

A todas luces, hasta la fecha no ha existido proporcionalidad en la inmensa tarea de reparar a las víctimas y, por tanto, es injusto que el presidente actual, las fuerzas que hacen parte de su coalición y sectores de la comunidad internacional y el mundo diplomático, responsabilicen y acusen solo al estado por supuesto incumplimiento.

Y una reflexión para ponerla en el tapete, urge revisar las categorías de víctimas: directas e indirectas, comunidades, familias, individuos, a la luz de las once conductas violentas violatorias del derecho internacional humanitario para planear y adoptar de manera realista las compensaciones materiales y simbólicas a que haya lugar en vez de lanzar disparatadas propuestas.

Darío Acevedo Carmona, 23 de abril de 2023

Fuente: Observatorio de Memoria y el Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, 31 de marzo de 2023.  https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/infografias/balance-general/